Por Luis García Montero
Diario Público, es.
11/4/2013.
Las contradicciones son útiles.
Sirven para entender los conflictos existentes en la realidad y para intentar
un acuerdo que permita imaginar soluciones. Los escraches han situado el debate
político español en un lugar contradictorio por lo que se refiere a la
ideología y a los sentimientos. Se trata así mismo de un lugar sintomático.
El significado último de las presiones sobre los domicilios privados de algunos
responsables del PP nos indica que la nación está al borde de un antagonismo
social grave. Caminamos por el filo de un desequilibrio que empieza a ser
difícil de soportar con paciencia.
Dice el expresidente Felipe
González que los escraches son injustos porque ejercen violencia sobre la vida
privada de algunos inocentes, por ejemplo los hijos de los políticos acosados.
Y tiene razón. Pero esa razón choca con la realidad de que miles de niños en
España están hoy aterrorizados. Temen las llamadas de los banqueros que
presionan a sus padres o esperan la orden judicial que les deje sin una
habitación en la que estudiar o en la que dormir. El desahucio es la forma más
grave y cruel de escrache que pueda imaginarse. Cuando la política no soluciona
la crueldad, lo legal deja de ser legítimo y la realidad se llena de protestas
extremas que uno alcanza a entender de manera sentimental. No es que el
conflicto se acerque al portal de una casa, es que llega hasta el cuarto de
estar y la cama de las pesadillas. Llega incluso hasta el espejo del baño donde
cada cual se mira a los ojos.
¿Cómo hacer que se respeten los
domicilios de los políticos del PP? Hay una respuesta inmediata: haciéndolos
respetables. El peligro inminente de un conflicto social grave en España invita
a que todos pongamos de nuestra parte para sostener lo que nos queda de
dignidad democrática. Se pueden fijar grados de responsabilidad en este asunto
y las personas que hacen los escraches en una situación de angustia no son los
más culpables.
Los primeros en poner de su parte
deberían ser los banqueros. La Transición española fue un proceso limitado y
lleno de carencias porque no afectó nunca a las élites económicas del franquismo.
Todavía permanece hoy la prepotencia de una banca propia de la dictadura. Sus
privilegios tienen poco que ver con la democracia como quedó de manifiesto en
el dictado de la Unión Europea sobre nuestra ley hipotecaria. La crueldad de
los bancos españoles es extrema, y no sólo contra los afectados por los
desahucios, sino contra el PP. La política en España la dirigen los bancos. Son
ellos los que de manera muy cruel no le han dado permiso a Mariano Rajoy para
aceptar una iniciativa popular razonable sobre el cambio de la injustísima ley
hipotecaria actual. Con ese grado de presión de la banca sobre el PP, no se
puede esperar que una población acosada y empobrecida pueda respetar a los
dirigentes del partido.
Conviene después considerar la
responsabilidad de los propios militantes del PP. La situación en su cúpula es
escandalosa. Cada vez queda más clara la trama de corrupción, de comisiones
ilegales y de dinero negro que ha circulado entre las grandes empresas, los
tesoreros y los dirigentes de su formación política. Sus declaraciones y sus
estrategias están llenas de indignidad. Los papeles de Bárcenas son tan reales
como el desmantelamiento de la sanidad pública, la pérdida de derechos
laborales de los españoles y el empobrecimiento generalizado de la población.
¿Cómo no exigen los militantes del PP la dimisión inmediata de Mariano Rajoy y
una regeneración profunda de su partido? Sería una forma de devolverle el
respeto a sus siglas.
La Junta de Andalucía es la única
que hasta ahora ha hecho algo para que los hijos de los políticos del PP no
sufran el abucheo de los ciudadanos indignados. Más allá del debate legal, el
decreto sobre la banca, las inmobiliarias y los desahucios, nos ha recordado
que la política está para solucionar los problemas de los ciudadanos y que el
mundo avaricioso del dinero debe someterse a las leyes de la convivencia justa.
La consejera de Fomento ha presentado la primera medida de nuestra historia
reciente que exige a la banca española una transición democrática. Por ese camino
pueden solucionarse muchas contradicciones y pueden evitarse injusticias y
contradicciones de carácter muy diverso.
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