Por Andrés
Muñiz
Diario Público.es, 09/04/2013.
Más de 50 juristas españoles han
firmado un manifiesto para apoyar expresamente la Iniciativa Legislativa
Popular que tramita el Congreso de los Diputados para resolver el drama de los
desahucios, lo que consideran "una obligación moral" y una
"cuestión de vida o muerte" en los tiempos que corren. El
documento avala expresamente la dacion en pago retroactiva para liquidar una
deuda hipotecaria y la paralización de los desalojos, en ambos casos cuando
afecten a la vivienda habitual.
El manifiesto está firmado por 53
jueces, magistrados, secretarios judiciales, abogados, procuradores,
catedráticos de Derecho, funcionarios y también por un notario. Entre ellos
figura el juez de Barcelona José María Fernández Seijo, que elevó la
consulta a los tribunales europeos que derivó en la condena a España por no
tener mecanismos para frenar los abusos en materia de ejecuciones hipotecarias.
El documento está redactado en
forma de "carta a todos los/las compañeros/as juristas de España a
propósito de la tragegia de los denominados 'desahucios'".
La misiva destaca que los
firmantes dan su apoyo a la iniciativa legislativa que puede suponer "un
cambio importantísimo en la vida de muchísimas personas, presentada con el
apoyo de más de 1.400.000 firmas".
"No nos dirigimos a ti
--dicen estos juristas a sus compañeros-- para que nos ayudes a buscar soluciones
o a realizar estudios de carácter jurídico sobre la cuestión. Tampoco vamos a
hacer contigo gestos grandilocuentes, ni queremos animarte a
desarrollar comportamientos de desobediencia civil (...) Únicamente estamos
mostrando nuestro apoyo a una iniciativa para que, por los mecanimos
democráticos, una determinada norma sea modificada, como tantas otras son
modificadas todos los días."
Los firmantes se desmarcan de las
"voces de expertos en Economía (y también de “supuestos expertos” en
Economía) diciendo que no es viable la dación en pago. Estos expertos sólo
representan a una parte de los técnicos en la materia. Pero es que el hecho de
que España se constituya como Estado Social y Democrático de Derecho (art. 1.1
de la Constitución) implica entre otras cosas la sumisión de todos los poderes,
no a criterios económicos, sino al imperio de la Ley. Y en cuestión de
Leyes, los expertos somos nosotros. Y sabemos de qué hablamos cuando
decimos que la ley, en un régimen democrático, debe ser la expresión de la
voluntad del pueblo".
Agregan que "no es
consustancial a la hipoteca el que una persona, además de perder su vivienda
entregándola a la entidad financiera (con la posibilidad para ésta de volver a
enajenarla, en definitiva de volver a obtener beneficio de ella), haya de
responder con todo su patrimonio actual y futuro de una deuda hipotecaria que
sigue subsistiendo a pesar de la entrega del bien. Tampoco que
haga frente a unos altísimos intereses fijados unilateralmente por el Banco.
Todo eso no sucede en otros países".
Por ello, entienden que en España
se modifique la regulación es sólo cuestión de voluntad política. "Sólo
están pidiendo, con nosotros, dación en pago cuando la vivienda
hipotecada sea la vivienda habitual (con efecto retroactivo, sí), y la
paralización de los desahucios cuando se trata también de vivienda habitual y
de deudores de buena fe, con conversión en alquiler social, de modo que un
máximo del 30% de sus ingresos se destinen a pagar por el uso del
inmueble".
"Pero que ese deudor
--añaden los firmantes-- no se quede en la calle. Estas medidas afectan, según
los cálculos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a un porcentaje muy
reducido de las ejecuciones hipotecarias".
"Te pedimos que,
públicamente, apoyes la proposición de ley. Con ellos, podemos hasta
salvar vidas humanas. Dar esperanza a muchísma gente, ayudarles para que
puedan tener una segunda oportunidad. La presión social, para que se apruebe
la propuesta, es fundamental. Y nosotros somos. Entre otras cosas, porque
cada día vemo una voz relevante en el debate que se está abriendos
de cerca las consecuencias que en las personas tiene la aplicación de las
normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico", agrega la carta.
"Sólo te ruego --señalan los
firmantes-- que nos coloquemos junto al dolor de tantos seres humanos. Somos
juristas; en muchos casos, además, servidores públicos. Pero la neutralidad y
objetividad que debemos observar en el desarrollo de nuestras actividades
profesionales, son compatibles con nuestro legítimo ejercicio del derecho a la
libertad de expresión, como ciudadanos. Nada hay ilegal, nada reprochable, en
expresar nuestra voluntad de que una norma jurídica sea modificada por los
trámites legalmente previstos".
"Para nosotros, apoyar esta
causa, es una obligación moral. Más que nunca, una cuestión de vida o muerte.
Literalmente. Porque por comportamientos de las entidades financieras,
calificados ya como “abusivos” en muchas instancias, incluso judiciales, hay
personas que están muriendo".
Como colofón, señalan: "Nos
ha tocado vivir un momento histórico, y el día de mañana, queremos
tener la conciencia tranquila de que, pacíficamente, luchamos. Hicimos
todo lo que estaba en nuestra mano. Y mucho de lo que está en nuestra mano, no
está en la de todas esas personas que esperan que les ayudemos. ¿Te unes a
nosotros?"
Paralelamente a esta carta, la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha iniciado una campaña de apoyo de
juristas de toda España a la misma Iniciativa Legislativa Popular, a través de
la página: www.juristasporlailp.wordpress.com
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