domingo, 30 de junio de 2013

Preguntas sobre los bancos


Augusto Klappenbach
Escritor y filósofo

Permítaseme hablar de economía sin tener idea de esta disciplina. A fin de cuentas, la reciente historia parece confirmar que en esta ignorancia uno no está solo sino felizmente acompañado por muchos políticos y economistas ilustres. Mi atenuante consiste en que me limitaré a plantear preguntas sobre los bancos, sin aventurarme a proponer respuestas. Eso sí, he de confesarlo,  con malas intenciones.

¿Por qué razón el Banco Central Europeo presta dinero a los bancos privados a un interés del 1% para que estos bancos vuelvan a prestarlo a los Estados a un interés de 5, 6 ó 7%? ¿El dinero del Banco Central Europeo no es acaso dinero público, es decir, nuestro? ¿Y en ese caso tiene sentido que nos lo prestemos a nosotros mismos dejándole el beneficio a los bancos privados? ¿No desmiente este hecho la repetida afirmación de que no se ha regalado dinero público a esos bancos? ¿Cuál es la razón por la cual no existe una banca pública que cumpla esa función? ¿Las nacionalizaciones parciales que se han hecho de bancos y cajas en quiebra serán definitivas o se volverán a privatizar una vez saneadas? ¿Un banco público sería necesariamente menos eficiente que uno privado? ¿No existe una sanidad pública, una enseñanza pública y un transporte público razonablemente eficientes? ¿Por qué no puede suceder lo mismo con la banca? ¿Por qué los ciudadanos no podemos confiar nuestros ahorros a un banco que sea propiedad de Estado, es decir, de todos? ¿Por qué los ciudadanos debemos avalar con nuestro propio dinero las deudas de bancos privados? ¿El desastre de las Cajas de Ahorros, cuya dirección se confió a políticos entre los cuales abundaban los incompetentes y corruptos, implica que cualquier banco público repetirá ese fracaso? ¿Si sumáramos los beneficios que obtienen los bancos aun en tiempos de crisis, qué importe obtendríamos? ¿Y si ese importe en lugar de destinarse en buena parte a la especulación se destinara a atender las necesidades más urgentes del país, como campañas contra el paro reactivando la economía? ¿Y a conceder créditos racionalmente seleccionados en función de su utilidad pública? ¿Por qué razón los informes acerca de los bancos nacionalizados se hacen ante una subcomisión del Congreso a puerta cerrada? ¿No podrían permitir esos posibles bancos públicos el acceso por internet a su contabilidad por parte cualquier ciudadano, con excepción de algunos datos reservados? ¿No sería este un medio de evitar en buena medida no solo la corrupción sino también la mala gestión de esos bancos? ¿Y, ya puestos, no podría extenderse esta publicidad a todos los organismos públicos, ahora que existen medios técnicos para hacerlo? ¿Por qué razón la Unión Europea (¿Alemania?) desconfía de la gestión económica de los gobiernos mientras confía en los bancos, que han tenido una importante participación en la crisis que padecemos? ¿Por qué la legislación europea exige igualdad de trato a la banca pública y privada, teniendo en cuenta que la primera estaría gestionada democráticamente y sus beneficios revertirían en la sociedad, mientras que la segunda dirige sus beneficios a accionistas que destinan buena parte de ellos a una especulación improductiva o a sus propios lujos personales? ¿Por qué las autoridades de la Unión Europea se niegan a considerar ilegítimas las operaciones financieras con sede en paraísos fiscales, algunos de ellos incluso miembros de la Unión? ¿Por qué cualquier operación comercial paga impuestos mientras que las operaciones financieras internacionales están exentas de ellos?

Uno de los recursos ideológicos más eficaces del actual sistema económico consiste en presentarlo como inmodificable, como resultado de leyes tan necesarias como las leyes naturales. Y convencernos de que esas leyes se justifican en complejas razones que solo están al alcance de unos pocos iniciados. Por supuesto que las respuestas a estas y otras preguntas similares no son sencillas y algunas de ellas quizás sean imposibles. Pero no hay que confundir la complejidad con un oscurantismo intencionado que pretende reducir al silencio y a la obediencia  a la mayor parte de quienes protagonizan la vida económica. Y uno de los pocos resultados positivos de esta crisis consiste en que este fatalismo oscurantista se está poniendo en duda y que muchos ciudadanos están comprendiendo que tienen derecho a saber cuál es el destino de la riqueza que están creando con su trabajo.

Diario Público.es, 30/06/2013. Disponible en:

sábado, 29 de junio de 2013

La subida del IVA


En la quebrada Caja de los curas todos eran pecadores


Por Andrés Muñiz.
Diario Público.es, 29/06/2013.

El descontrol y la imprudencia, y no las virtudes cristianas, presidieron la gestión de la entidad cordobesa Cajasur,  bajo la órbita de la Iglesia católica hasta que en el año 2010 tuvo que ser intervenida por el Estado y posteriormente vendida al BBK. Así lo reflejan las sentencias dictadas en las últimas semanas por la Audiencia Nacional, que confirmó multas de 2,5 millones de euros a 38 exdirectivos de la caja, entre ellos un obispo, y por el Supremo, que añadió una sanción de 600.000 euros por incumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales.

No sólo en el Vaticano hay problemas con las finanzas. La Audiencia Nacional ha ratificado este mes las sanciones económicas que el Ministerio de Economía estableció en enero de 2012 para expresidentes y exdirectivos de Cajasur, confirmando a su vez la decisión del Banco de España.

Los jueces no dan relevancia a la alegada condición de sacerdotes de una decena de los recurrentes --entre ellos los expresidentes Santiago Gómez Sierra y Juan Moreno Gutérrez--, al entender que ello "no constituye una circunstancia eximente de la responsabilidad que adquirieron cuando aceptaron hacerse cargo de los puestos respectivamente ocupados en Cajasur".

Las multas son más graves para aquellos miembros del Consejo de Administración que votaron en contra de la fusión con Unicaja, incumpliendo las directrices del Banco de España, lo que abocó a la intervención de la caja cordobesa y su posterior subasta, lo que obligó a una inyección de dinero del Estado de cerca de 400 millones de euros.Sin embargo, los exdirectivos decían en sus recursos que, pese a que la entidad se vendió por un solo euro, no supuso ningún perjuicio para inversores, ni para el Estado ni para la Junta de Andalucía.

La mayor sanción, de 180.000 euros, es para Santiago Gómez Sierra, antiguo vicario general de Córdoba y actualmente obispo auxiliar de Sevilla. Presidió la caja desde 2006 hasta la intervención en 2010, y votó contra la fusión con Unicaja. Los recurrentes alegaron ante la Audiencia Nacional que la caja malagueña nunca tuvo voluntad de llegar a la fusión que quería imponer el Banco de España, mientras que ellos entendían más beneficioso un acuerdo con Caja Murcia.

La Audiencia Nacional, en sentencia del pasado 12 de junio que confirma 1,4 millones de euros en sanciones para 16 exdirectivos, incluido el obispo Gómez Sierra, destaca que durante el mandato de estas personas "tuvieron lugar graves deficiencias en materia de control interno".

Así, "no existieron políticas prudentes de financiación y de mecanismos de control internos eficaces que redujeran las altas tasas de morosidad, ni existieron mecanismos de control para moderar el elevado perfil de riesgo, ni existió el control adecuado sobre los procesos de inversión y desinversión de las empresas participadas, ni se controló debidamente el riesgo de liquidez, ni el riesgo tecnológico".
Cajasur incumplió el Plan de Actuaciones aprobado por el Banco de España que incluía la fusión con Unicaja, que era la garantía de viabilidad de la entidad. Ello fue una infracción muy grave a la Ley de Disciplina e Intervención de entidades de crédito. 

La Audiencia estima acreditado que la oposición de los consejeros a la fusión con Unicaja trajo consigo la subasta final de la entidad con un coste para el FROB (el Fondo de reestructuración bancaria)  de 392 millones de euros.

Otra falta muy grave fue permanecer durante 6 meses, entre octubre de 2009 y mayo de 2010, en situación de infracapitalización, y a partir de diciembre de 2009 se superaron los umbrales de grandes riesgos.

A estas sanciones se une la confirmada por el Tribunal Supremo el pasado 29 de abril a la caja cordobesa, de un total de 600.000 euros, por cinco infracciones de la normativa que le obliga a colaborar con las autoridades en la prevención del blanqueo de capitales.
De las cinco multas --impuestas por el Ministerio de Economía en el año 2008--, la más grave, por importe de 200.000 euros, se debió al incumplimiento de comunicar al Servicio Ejecutivo del Banco de España "cualquier hecho u operación respecto al que exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales", así como "la obligación de abstención de ejecución de operaciones con indicios o certeza de relación con el blanqueo de capitales en tanto en cuanto no se hayan comunicado al Servicio Ejecutivo".

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La CUP-Alternativa d'Esquerres proposa la constitució d'una Banca Pública de Catalunya


Quim Arrufat: "Cal recuperar les caixes i bancs nacionalitzats per posar-los a treballar en benefici de l'economia productiva i no especulativa".

La CUP-Alternativa d'Esquerres porta a debat al Parlament de Catalunya una moció que insta al govern de la Generalitat a iniciar els tràmits per la constitució d'una Banca Pública de Catalunya. La moció que serà debatuda el proper dijous, demana la fusió de l’entitat financera Catalunya banc amb l’Institut Català de Finances (ICF) i Avalis, fusió que s’ha de convertir en la base a partir de la qual constituir la Banca Pública de Catalunya. En una segona fase, s’hauria de promoure la integració al nou banc públic de tots els actius en mans del SAREB que es trobin a Catalunya.

El diputat Quim Arrufat ha destacat "la necessitat imperiosa de recuperar les caixes i bancs nacionalitzats amb diners públics per posar-los a treballar en benefici de l'economia productiva i no especulativa, sota control públic i popular." Així mateix, el diputat de la CUP-AE ha remarcat que "cal acabar amb la profunda injustícia que suposa que el SAREB -el banc dit dolent que agrupa les caixes i bancs rescatats amb diners públics- mantingui desenes de milers de pisos buits a Catalunya i segueixi executant desnonaments. Cal posar aquests pisos al servei de l'estat d'extrema necessitat de la societat".

La moció demana que el projecte de Banca Pública hauria de treballar des del principis de la banca ètica i "focalitzarà l’activitat creditícia en el foment de l’activitat productiva, la construcció del país al servei de les necessitats del poble i a gestar un nou model econòmic basat en la justícia social". La Banca Pública de Catalunya hauria de ser propietat majoritàriament de la Generalitat de Catalunya (entre el 65% i el 75%) i la resta a mans dels ciutadans de Catalunya que ho desitgin.

Finalment la moció reclama al Govern espanyol i al Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROP) el retorn dels diners dipositats en aquest fons que corresponen a la part proporcional dels impostos pagats pels ciutadans de Catalunya a l’Estat espanyol, diners s’utilitzaran per capitalitzar el Banc Públic Català. I demana la creació d'una comissió d’experts, tan catalans com estrangers, que acompanyin el debat sobre la creació del Banc Públic de Catalunya.

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viernes, 28 de junio de 2013

La banca y Alí Baba


Escatología financiera


Por Alberto Montero Soler
Diario Público.es, 28/06/2013.

“Me saqué el dinero del rescate del culo”. Así, de esta forma tan escatológica, comentaban telefónicamente entre sí dos altos ejecutivos del Anglo Irish Bank el mecanismo con el que habían conseguido embarcar al gobierno irlandés en el rescate de su banco. Un rescate que acabó suponiéndole al bolsillo de los irlandeses la friolera de 30 mil millones de euros, que se dicen pronto y se traducen, silenciosamente y como quien no quiere la cosa, en dolor y sufrimiento para millones de personas que ven cómo se les recorta el acceso a las prestaciones sociales básicas necesarias para mantener un nivel de vida digno.

Así, de esa manera tan escatológica, se vanagloriaba uno de los ejecutivos de banco (John Bowe, director de Mercados de Capital y director de Tesorería de la entidad, para más señas) de cómo había engañado al gobierno irlandés sobre la magnitud del pufo que habían cometido en el banco planteándole, inicialmente, que iban a necesitar una menor cantidad de dinero para sanear el banco de la que realmente era necesaria. Una vez que el gobierno inyectó 7.000 millones de euros, se descubrió que la magnitud del agujero era mucho mayor pero, claro, el gobierno ya había comprometido esos recursos y prefirió nacionalizarlo a dejarlo quebrar. La resultante final fue que al Estado irlandés, la nacionalización de un banco quebrado le costó 30 mil millones de euros.

Así, de esa manera tan escatológica, Bowe nos demuestra cómo los financieros son capaces, desde el más absoluto desprecio, de sacrificar el bienestar de los ciudadanos para preservar el interés de los rentistas y todo ello, al parecer, por nuestro propio bien. Y es que si hay algo que los medios de comunicación —propiedad en muchos casos de esos grupos financieros— se han encargado de meter en nuestras conciencias es que un banco nunca puede quebrar; que cuando quiebra un banco es como si a una persona le diera un infarto, todo puede colapsar. Asumir eso significa, ni más ni menos, que mientras que cualquier pequeño o gran empresario puede ver como su proyecto empresarial se despedaza en un concurso de acreedores para poder hacer frente a sus deudas, un banco que tenga de su parte a un gobierno afín o cooptado estará en disposición de sustraer todos los recursos públicos posibles para evitar que sus accionistas y bonistas vean volatilizarse su inversión.

La conclusión no deja de ser interesante: este capital financierizado, que necesita crecientemente de la desigualdad para poderse mantener en funcionamiento, ha comenzado un ejercicio de canibalismo sobre su propia clase. De la ofensiva contra el trabajo y el Estado (sus enemigos naturales) ya no se salvan tampoco el pequeño y mediano capitalista, el industrial o el emprendedor (sic).

El capitalismo de crisis ya no da para que todos los capitalistas puedan pertenecer al club de los privilegiados, a ese 1% que controla la mayor parte de la riqueza y de las conciencias a nivel mundial, y ha empezado a devorar sus tentáculos más débiles. O eres o no eres del club y, si no eres, no esperes clemencia: bienvenido a la olla en la que nos están cocinando a todos a fuego lento; al fondo hay sitio.

Así, de esa manera tan escatológica, Bowe nos muestra cómo un banco puede engañar a un gobierno; cómo un gobierno puede empobrecer a sus ciudadanos; cómo la democracia de baja intensidad ya no sirve para protegerse frente al retorno del Absolutismo revestido, esta vez, no de armiño sino del poder de crear deuda; cómo el poder popular ya no puede ponerse en manos de representantes que obtienen de las urnas una legitimidad democrática que convierten en patente de corso para actuar contra quienes los eligieron y a favor de quienes los financian. En definitiva, Bowe nos enseña cómo y cuánto de podrido está el sistema.

Así, de esta manera tan escatológica, Bowe nos trae la sospecha de que, si en Irlanda pudo suceder, por qué aquí no. Si allí el gobierno fue engañado, para que mantuviera el banco con vida, ¿por qué aquí no ha podido ocurrir en el caso de Bankia algo similar existiendo unos canales aún más estrechos entre su dirección y el gobierno? ¿Qué diferencias existen, en definitiva, entre el caso del Anglo Irish Bank y el caso de Bankia? ¿Tan sólo un ejecutivo soberbio y mal hablado? No, no es esa la única diferencia. Hay, al menos, un par de ellas más.

La primera es que, mientras que aquí el principal gestor de la institución durante muchos años entra y sale de la cárcel casi instantáneamente a golpe de presión de la fiscalía para que no se investigue su gestión o que su sucesor le ofrecieron un puesto de ejecutivo en Telefónica por los servicios prestados por llevar el banco a la quiebra definitiva, en Irlanda se abrió una investigación que llevó al banquillo a sus principales ejecutivos.

Y la segunda es que allí, viendo el agujero sin fondos en que se había convertido la institución rescatada y posteriormente nacionalizada, el gobierno decidió liquidarla y dejar de inyectar dinero público en un banco quebrado. Aquí la historia de Bankia aún no sabemos cuánto costará finalmente al erario público, cuántos derechos tendremos que ver recortados para mantener con vida un banco zombi que supo repartir, a diestra y siniestra, innumerables prebendas. De momento sabemos que ya nos ha costado cerca de 37.500 millones de euros. Así que puede que en Irlanda las cosas vayan tan mal como aquí, pero allí al menos hay algún banquero en la cárcel y, aunque sabemos que una flor no hace primavera, no por ello deja de alegrar la vista.

En definitiva, de esa forma tan escatológica como directa, Bowen nos decía que la banca y las finanzas nos están ahogando en su mierda. Y disculpen por la grosería, pero esta vez no empecé yo.

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La Policía italiana detiene a un alto prelado italiano por fraude en el Banco Vaticano


Diario Público.es, 28/06/2013.

Un alto prelado italiano, un agente de los servicios secretos de Italia y un intermediario financiero han sido arrestados, acusados de fraude y corrupción, en el marco de una investigación sobre las presuntas irregularidades en la gestión del llamado banco del Vaticano, el Instituto para las Obras de Religión (IOR).

Los medios italianos informan este viernes de esta operación realizada por la Guardia Di Finanza (policía fiscal italiana) tras la orden de la juez de investigaciones preliminares Barbara Callari.

Se desconocen más detalles sobre los delitos que se les imputan y sólo que se trata de una investigación que ha surgido de las varias pesquisas que la Fiscalía de Roma mantiene abiertas sobre las presuntas irregularidades en el IOR. El diario Corriere della Sera, en su edición digital, añade que el prelado arrestado es el obispo de Salerno, Nunzio Scarano, responsable del servicio de contabilidad del APSA, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, el ente que gestiona el inmenso capital inmobiliario del Vaticano.

Las detenciones se han producido después de que el pasado miércoles, el Vaticano informara de que el papa Francisco había nombrado una comisión, formada por cinco miembros, que se dedicará en los próximos meses a investigar todo lo que ocurra en el banco del Vaticano, envuelto desde hace años en numerosos escándalos financieros, para una posible reforma.

En un primer momento se había comunicado que se trataba del obispo de Salerno, sin embargo, el arrestado es un alto prelado que pertenece a esta archidiócesis.

Scarano ya había sido suspendido por el Vaticano de todos sus cargos después de que se conociera que la Fiscalía de Salerno le investigaba por blanqueo de dinero por un caso relacionado con cheques justificados como donaciones de origen poco claro, por un total de 580.000 euros. Los otros detenidos son Giovanni Maria Zito, exagente de los servicios secretos internos italianos (AISI), ya que había sido destituido hace algunos meses de su cargo, y Giovanni Carinzo, un intermediario financiero.

Según los medios italianos las pesquisas que han llevado a las detenciones se concentraban en la entrada ilegal en Italia de 20 millones de euros desde Suiza.

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jueves, 27 de junio de 2013

Los socialistas recurren en el Constitucional la quita a las preferentes


Diario Público.es, 24/06/2013.

La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha presentado este lunes en el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley sobre preferentes, que recoge la quita establecida por el Gobierno para estos complejos instrumentos de inversión, y ha asegurado que el PSOE "seguirá trabajando en todos los frentes" para saber "qué pasó con la venta de estos productos". Rodríguez se ha comprometido ante medio centenar de preferentistas que se concentraron a la puerta del Constitucional para respaldar la iniciativa del PSOE y exigir la devolución de su dinero con una pancarta en la que podía leerse: "Bankia ladrones, devuelve nuestros ahorros".

En declaraciones a los medios y acompañada del portavoz adjunto del PSOE en la Comisión de Economía del Congreso, Antonio Hurtado, Soraya Rodríguez ha dicho que confía en que el recurso sea estimado y "visto con preferencia" y que anule el decreto ley que aplica "injustas y desproporcionadas" quitas a estas personas.

La portavoz ha recordado que los afectados son personas mayores "que confiaron en sus entidades bancarias el ahorro de toda su vida, en lo que era un depósito y no un producto de alto riesgo". El decreto-ley, según la portavoz socialista, ha venido a avalar el acuerdo del Gobierno para imponer una quita a los titulares de preferentes y deuda subordinada y que, en algunos casos, alcanzó el 70% de su valor.

Rodríguez ha subrayado que el decreto ley recurrido "hace el número 36" de los dictados por el Gobierno en quince meses de mandato. La portavoz socialista ha insistido en que los preferentistas se encuentran en esta situación por una "decisión política injusta" del Gobierno que "trató como inversores a los pequeños ahorradores", que tienen, ha dicho, "todo el derecho a recibir el cien por cien de lo que colocaron como un producto de ahorro".

El grupo socialista ha incidido en que el decreto no atiende la situación de los preferentistas sino que la "agrava" ya que debería haber contemplado "la restitución de las inversiones realizadas de personas que no habían sido adecuadamente advertidas y que se han visto gravemente perjudicadas y engañadas".

Esta iniciativa se suma a otras presentadas por el grupo parlamentario socialista, desde junio de 2012, como es la Proposición de Ley sobre las operaciones de canje de participaciones preferentes o la interpelación urgente para conocer la posición del Gobierno en este asunto. Además, el grupo socialista ha llevado al Congreso y al Senado varias preguntas orales sobre las preferentes, tres proposiciones no de ley sobre la falta de transparencia y una moción en la que pedían soluciones para los afectados.

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martes, 25 de junio de 2013

Hipotecas


Hipotecas con efecto retardado


Diario El País, 23/06/2013.
                 
El precio del dinero en la eurozona está en mínimos históricos. El Banco Central Europeo presta a un interés del 0,50% tras pasarse todo 2012 en el 0,75%, lo que no tiene precedentes desde la creación de la Unión Monetaria en 1999. Sin embargo, para España, este descenso en los tipos no se ha traducido en más crédito, tal y como se encargan de denunciar periódicamente el Gobierno, las empresas y las familias que quieren comprarse una casa. Aunque hay más. El recorte de la tasa de referencia tampoco ha servido para mejorar las condiciones de financiación, ya que el interés medio de las hipotecas firmadas durante el pasado año, lejos de bajar, ha subido hasta llegar al 4%, según los datos recogidos por los registradores, otro récord, pero en este caso contrario a los intereses de los hogares.

El balance de los registradores, testigos de todas y cada una de las escrituras que firman los españoles, revela que las hipotecas se han cerrado con un diferencial de entre 2,5 y 3 puntos porcentuales sobre los índices de referencia. Estos niveles no tienen parangón en la estadística y encierran un claro riesgo con vistas al futuro. La pregunta que empiezan a hacerse algunos observadores es: ¿qué pasará cuando pase la crisis y los tipos oficiales vuelvan a subir?

Aunque es difícil fijar una media por la elevada disparidad que hay entre hipotecas y condiciones, sí que se puede realizar una aproximación del impacto que tendría para una familia tipo la evolución al alza del euríbor. Este es el indicador que se utiliza para fijar el precio del 90% de las hipotecas a tipo variable que hay en España y su evolución viene marcada por la tasa de referencia del BCE. Así, si el índice, que ahora está en torno al 0,50%, volviese a tocar el máximo del 5,3% que marcó en 2008, la cuota mensual de una hipoteca de 120.000 euros al euríbor más 2,5 puntos subiría de 570 euros a 910 euros. Es decir, 4.000 euros al año. Si este mismo crédito se hubiera firmado con un tipo del euríbor más uno, el repunte sería inferior, de 2.700 euros, y no estresaría tanto los presupuestos de las familias.

La vivienda es, precisamente, la partida de gasto más significativa de los hogares, por lo que este aumento tendría un efecto “terrible y nefasto” sobre las familias, opina Gerard Costa, profesor de ESADE y responsable del observatorio de consumo de esta escuela de negocios. Sobre todo, añade, si se tiene en cuenta que, frente a otras épocas, ahora la mayoría de los trabajadores espera que no suban sus ingresos porque, por primera vez en décadas, los salarios han empezado a bajar.

“En España no hacemos cálculos de futuro, la gestión presupuestaria no existe y la cultura financiera es mínima”, se lamenta Costa. Según el último informe sobre presupuestos familiares que ha dirigido, la capacidad de ahorro de las familias ha ido reduciéndose a medida que se deterioraba la economía y ahora son muchas las que apenas llegan a fin de mes. Por tanto, augura que van a tener problemas si no cuentan con tiempo suficiente para rehacer el colchón antes de que vuelvan a subir los tipos.
 
Actualmente, la hipoteca no aprieta, lo que la convierte en una de las pocas alegrías de las familias, si no la única, en materia financiera. Esto es así porque el euríbor a un año está a la par con el interés del BCE. Incluso llegó a situarse por debajo del precio oficial del dinero en mayo, cuando su media mensual marcó un mínimo histórico al caer al 0,484%.

Los beneficiados en sus cuotas son los que compraron en los años del boom inmobiliario —los que pagaron mucho por su casa, pero con créditos baratos— siempre y cuando no tuviesen la controvertida cláusula suelo. Hasta que la tormenta financiera estalló en 2008, el exceso de liquidez que llegaba a España desde los bolsillos de los inversores extranjeros trajo consigo las hipotecas por el 100% del valor del inmueble. Era la época del “llévese algo más y así amuebla el piso” porque la premisa era que la vivienda nunca iba a bajar de precio y siempre cabría la posibilidad de recuperar la inversión. Junto a las hipotecas millonarias, la abundancia de dinero también dio lugar al crédito con diferenciales históricamente bajos de solo medio punto ya que al venderse tantos préstamos, los márgenes de beneficio para los bancos estaban asegurados.

No obstante, la situación ha cambiado mucho desde entonces y tanto el precio de las hipotecas como el euríbor han tomado el camino contrario. De hecho, algo ha tenido que pasar cuando en la publicidad de las entidades ya se vende como un logro la concesión de hipotecas al 2,25% por el 80% del valor de la hipoteca.

A este respecto, el presidente del Banco Popular, Ángel Ron, justificaba hace apenas unos días el aumento de los diferenciales en apenas una frase: “Las hipotecas al 1% no cubren los costes”. En el mismo sentido, la Asociación Hipotecaria Española (AHE) sostiene que las restricciones del crédito están en línea “con la escasez y el encarecimiento” de las condiciones de financiación de las entidades, que siguen sin poder acceder a los mercados interbancarios por falta de confianza, y la caída de la demanda. Pero eso no es todo.

Joaquín Maudos, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y colaborador de Funcas, pone el énfasis en que el aumento de los intereses está más condicionado por la mayor aversión al riesgo de las entidades. “La banca se protege del aumento de la morosidad cobrando una prima de riesgo”, afirma antes de recordar que la tasa de impagos en las hipotecas cerró abril en el 4%, su nivel más alto desde que el Banco de España empezó a recoger estos datos en 2003. “Y seguirá subiendo”, añade. A corto plazo por las refinanciaciones y, luego, por el paro, que es el principal factor que provoca que las familias dejen de pagar al banco.

Además, a estos factores se une ahora la incertidumbre en torno a lo que pasará con la cláusula suelo tras la decisión del Supremo de anular los contratos sin transparencia. Entre las posibilidades futuras está el que las entidades suban los tipos de los nuevos contratos para compensar la pérdida de ingresos provocada por el fin de dichas cláusulas. No obstante, también hay otro punto interesante en la resolución. Junto a la denuncia de falta de información, el alto tribunal también dejó en evidencia la desproporción entre unos suelos relativamente cercanos, del 2,5% o el 2,8%, y unos techos bastante lejanos, de entre el 10% y el 15%. Asimismo, puso de relieve que estas otras cláusulas están mucho menos extendidas que las que limitan el impacto de los descensos del euríbor en las cuotas. Esto juega claramente en beneficio de la banca y en detrimento de los clientes, ya que ni pueden sacar partido de los descensos en el precio del dinero ni dejar de pagar más cuando los tipos suben.

Baile de referencias:

Euríbor. Es el índice por excelencia, ya que fija el precio de la mayoría de las hipotecas que se firman en España.
IRS. El Banco de España ha puesto en marcha un índice paralelo al euríbor para establecer el precio de las hipotecas, pero aún no se ha generalizado. El IRS ahora está en el 0,827%. Se calcula como una media del mercado de futuros sobre los tipos a un mismo plazo.
IRPH. Atrapó a más de un millón de familias y caduca en octubre. En algunos casos, se firmó algún tipo de sustituto
Tipo fijo. La Asociación Hipotecaria Española destaca que el número de créditos referenciados a un tipo fijo en algún momento de su vida ha aumentado del 9% hasta el 17% del total de los nuevos préstamos.

Junto a los afectados por tener cláusulas suelo en sus créditos, de los que se calcula que quedan más de un millón, hay otro amplio colectivo que también sabe lo que es vivir pagando más que el resto de hipotecados. Ellos son los que firmaron con algunos de los índices de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH), que pese al descenso a mínimos del precio oficial del dinero no han bajado a lo largo de la crisis del 2,5% o, en el caso de las cajas, del 3%. “Te lo venden diciendo que es más estable que el euríbor. Y es verdad, pero lo que no te cuentan es que nunca baja”, explica Jacob Molina, presidente de la agrupación de afectados por el IRPH. Estos índices, recuerda, tienen fecha de caducidad en octubre por imposición de Bruselas, pero los que en su día no incluyeron un sustituto en su escritura, todavía no saben qué es lo que pagarán a la vuelta del verano.

Independientemente de la alternativa, lo que está claro es que dependerá del precio oficial del dinero, que en todo caso todavía se tomará un tiempo para subir, tal y como pasará con el euríbor. Sobre este último, aunque es poco probable que en un futuro a corto o medio plazo vuelva al 5,3%, nada ni nadie puede asegurar dónde estará dentro de cinco años. De momento, el índice mayoritario de las hipotecas, que se establece a partir del interés al que se prestan una serie seleccionada de bancos de la eurozona, no ha dejado de subir tras tocar en mayo lo que parece que se va a quedar como un mínimo histórico en el 0,484%. Lo único que le haría darse la vuelta otra vez es que el instituto emisor europeo baje los tipos de referencia, lo que sería una señal inequívoca de que la economía va realmente mal.

José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citigroup en España, considera que “un nivel normal” de los tipos de interés del BCE sería de entre el 3% y el 4% para afrontar una inflación del 2%. Pero, no ve ninguna razón para llegar a estas cotas hasta 2016 o 2017. Así, añade que la subida será muy lenta y augura un escenario de cierta estabilidad a medida que España y Europa dejan atrás la crisis, lo que tendría que dar algo de margen a los hogares para ir adaptando su presupuesto al aumento de las cuotas.

En esta hipótesis de paulatino regreso del crecimiento, los diferenciales hipotecarios volverían a una cierta normalidad. Con ello, se restringiría el número de familias hipotecadas con diferenciales de récord a un 5% del total de los 6,77 millones de créditos con vivienda como garantía que hay en España. A medida que la morosidad se normalice y los riesgos se reduzcan, añade Maudos, “el sobreprecio del crédito tenderá a reducirse”, por lo que sostiene que un euríbor alto será señal de un mercado normalizado.

Un escenario diferente, advierten los expertos, no solo sería malo para los hipotecados, ya que indicaría una economía todavía estancada y, lo que es peor, más paro. Con ello, se producirían nuevos incrementos de la morosidad, por lo que el crédito seguiría sin reactivarse y España caería en un círculo vicioso de difícil salida.

En cualquier caso, frente a los retos de futuro, se puede decir que las familias han aprendido su parte de la lección tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Primero, porque ya no se embarcan en hipotecas sobre el 100% del valor de la vivienda, siempre y cuando el inmueble no sea propiedad del banco, y porque han limitado al 30% la proporción de salario que destinan a pagar la casa. También, porque son créditos a menor plazo, aunque este descenso viene provocado por algo sobre lo que no tienen influencia: la caída del precio de la vivienda.

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lunes, 24 de junio de 2013

¡Qué lastima!


Los jueces se preparan para decenas de miles de acciones por las preferentes


Diario El País, 14/06/2013.

La justicia y la fiscalía deben dar respuesta a las decenas de miles de afectados por la comercialización de participaciones preferentes que aún no han recuperado su dinero. El arbitraje es una de las soluciones, pero no será una opción para todos. Habrá afectados que decidirán acudir al juzgado, a la vía civil. Y otros que consideren que los bancos no solo deben devolver el dinero depositado, sino que deben responder penalmente por lo que creen que fue un delito: la venta masiva de productos de riesgo previstos para expertos a un público no preparado para saber lo que estaba comprando.

El Consejo General del Poder Judicial busca fórmulas para afrontar la situación y evitar el colapso ante la presentación de decenas de miles de acciones de preferentistas. Para tratar de anticiparse a un aluvión de demandas, hoy se anunciará en Santiago de Compostela un plan de actuación para implantar medidas de refuerzo, de organización, tecnológicas... que garanticen el derecho a la tutela judicial de los afectados. Entre otras, se crearán unos servicios específicos de tramitación de asuntos —en un primer momento en A Coruña y Vigo— que permitan agilizar los casos. Se trata de medidas que, previsiblemente, se exportarán al resto de España.

En Galicia se preparan para recibir unas 15.000 demandas individuales según los cálculos realizados en función de la gente que no llegará el arbitraje y de los que pueden confiar razonablemente en que su caso prospere. El número final que llegue a los juzgados de toda España, en todo caso, dependerá de si se sigue potenciando el arbitraje y de si los requisitos se abren. “Si todos los que han invertido 10.000 o 15.000 euros recuperaran su dinero, llegarían muchas menos demandas a los tribunales”, señala Manuel Almenar, vocal del Consejo. En Valencia y Madrid se espera también que decenas de miles de afectados acudan a los tribunales.

Si la carga de entradas al año en un juzgado civil es de unos 700 asuntos, cada uno puede asumir, con retrasos, 800 o 900. Con más de 1.000 se podría paralizar la justicia. Los cuellos de botella serían dos: la tramitación de las demandas en la oficina judicial y la toma de decisiones del juez. Serían necesarias medidas de excepción en ambos ámbitos.

El primer problema es el que pretende paliar el plan de Santiago de Compostela que se anuncia hoy con la creación de unos servicios comunes y con las medidas de refuerzo de personal, de jueces, de los servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados y de las oficinas de atención al ciudadano, entre otras. Será necesario también  incorporar aplicaciones informáticas y articular mecanismos para que las citaciones sean telemáticas o establecer parámetros comunes para la parte documental de forma que al juez le llegue ya el tema preparado.

Para abordar el segundo problema hay dos vías posibles: especializar juzgados y dedicarlos en exclusiva a las demandas por preferentes o repartirlas entre todos. En este último caso, los servicios comunes serán esenciales para la gestión y trámite de los asuntos.

Todo sería más sencillo si pudieran ejercitarse acciones colectivas pidiendo que la demanda se abra a todos los perjudicados, o si la propia fiscalía pudiera pedir que se declaren nulos estos contratos y que se resarza a los afectados. Pero estas fórmulas, defendidas, entre otros, por organizaciones de consumidores y por la Fiscalía de Galicia —que trató de iniciar esta vía—, plantean problemas jurídicos para algunos juristas que defienden que hace falta que se demuestre en cada caso y de forma individual que el banco no dio información suficiente.

Por otro lado está la vía penal, abierta en algunos casos. El más conocido es la investigación del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por las preferentes en el caso Bankia —en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que defendió de manera férrea la vía civil—. Pero algunas fiscalías sí han iniciado diligencias de investigación por preferentes. Y la Unión Progresista de Fiscales manifestó en su último congreso su preocupación por “la pasividad que está mostrando la Fiscalía General ante un problema de gran impacto social y posible trascendencia penal como es el de las participaciones preferentes” a pesar de que puede tratarse de “una estafa a gran escala”. La organización afirmaba que no había “un planteamiento estratégico global para poder articular una respuesta jurídico-penal eficaz y uniforme en todo el territorio español”.

La Fiscalía General del Estado acaba de pedir a los fiscales superiores que envíen información sobre las diligencias incoadas por preferentes; las denuncias y querellas presentadas; las diligencias previas; y las acciones civiles emprendidas. Pero el Ministerio Público aún debe definir cuál va a ser su línea de actuación ante este grave problema social.

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Los jueces llevan ejecutados 216 desahucios diarios en 2013


Por Andrés Muñiz
Diario Público.es, 17/06/2013.

Los Juzgados de lo Civil de toda España ejecutaron en el primer trimestre de este año 19.468 desahucios, lo que arroja una media diaria de 216. El drama de los desalojos forzosos de viviendas se mantiene así muy vivo en España, de acuerdo a los datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial.

La estadística incluye por primera vez desde principio de año el dato de los desahucios realmente practicados --19.468--, distinguiendo los que procedieron de ejecuciones hipotecaria (impago de la hipoteca), que fueron 7.300, de los 11.238 correspondientes a impagos de alquileres. 

Sin embargo, el Consejo del Poder Judicial sigue sin distinguir entre vivienda habitual de las familias, donde el desahucio es más dramático, del resto de inmuebles, ya que incluye pisos, locales, o fincas rústicas. Asimismo, no establece comparación de los datos con el primer trimestre de 2012, ya que en aquel año no disponía el dato de los lanzamientos --desahucios-- realmente llevados a efecto.

Por comunidades autónomas. el récord de desahucios ejecutados en los primeros tres meses de 2013 lo ostenta Catalunya, con 4.778; seguida de la Comunitat Valenciana, con 2.990; Madrid, 2.593; Andalucía, 2.521; y Canarias, con 1.180. El resto se situaron por debajo de la cifra de los 1.000 desalojos forzosos, con La Rioja (121) y Navarra (111) con la tasa más baja.

El Consejo facilita además el dato de los desalojos que se solicitaron a los servicios comunes de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas, que fue en el primer trimestre de 2013 de 16.521, un 15,8% menos que en el mismo periodo de 2012. De ellos, terminaron con cumplimento positivo --es decir, con el desalojo forzoso-- un total de 10.074, lo que supone un 23,3% menos que en el mismo trimestre del año pasado.

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias, el primer paso hacia el desahucio, en el primer trimestre de 2013 se iniciaron 21.272, un 13,9% menos que el año anterior. El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en Andalucía representa el 22,5% del total. Le siguen Catalunya con el  21,4%,  la Comunitat Valenciana con el 13,2% y la de Madrid con el 10,1%.

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domingo, 23 de junio de 2013

Caperucita y la banca


Los universitarios con préstamos creen que la banca actúa ilegalmente


Diario Público.es, 20/06/2013.

La plataforma de Afectados por el Préstamo Renta Universidad ha exigido al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, un ejercicio de "transparencia" para aclarar públicamente de dónde procedía el dinero que utilizó el ICO para conceder estos créditos a los graduados que querían cursar estudios de máster y que ahora, por falta de un trabajo, no los pueden devolver.

En un comunicado, la organización solicita tanto al ministerio como al propio ICO y a las entidades bancarias colaboradoras que publiquen los Convenios de Colaboración en la línea crédito ICO-Préstamo Renta Universidad, porque en su opinión "es la única manera de delimitar las competencias de las entidades implicadas y aclarar si el origen de los fondos es público o privado".

Según afirma, el ministerio, ante las quejas de estos jóvenes a quienes las entidades bancarias están reclamando un dinero que por estar en paro no pueden devolver, dijo que los fondos eran de carácter privado y que su papel en la concesión era de aval e intermediación.

La plataforma sostiene, por contra, que el dinero era del Estado porque así lo indicó el Boletín Oficial del Estado cuando publicó la convocatoria al consignarlo a una partida presupuestaria e incide, además, en que si el ministerio fue el avalista, debería responder ahora por los posgraduados que no pueden afrontar la devolución de los créditos.

"Este dinero fue traspasado al ICO para, más tarde, ser cedido a las entidades de crédito colaboradoras con el fin de formalizar los préstamos. El BOE especifica claramente un total de 450 millones de euros más una cuantía adicional para pagar los intereses acumulados durante el periodo de carencia, una cuantía que en algunos casos las entidades bancarias están cobrando a los estudiantes, incumpliendo el contrato", denuncian los afectados.

Según explica, "es vital" saber a qué organismos y/o entidades corresponde actuar en caso de impago, porque las entidades bancarias "ya han amenazado a los deudores con proceder con litigio judicial y sólo ofrecen como solución una refinanciación de la deuda con la concesión de nuevos préstamos personales privados". "Desde la plataforma solicitamos los Convenios de Colaboración internos para delimitar hasta qué punto tienen potestad los bancos para refinanciar las deudas con nuevos préstamos o, incluso, a proceder con acciones judiciales sin consentimiento del prestamista final, el Estado", explican.

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Andalucía investiga a 20 bancos por cláusulas suelo abusivas


Diario Público.es, 18/06/2013.

La Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía ha abierto una inspección a los 20 bancos denunciados por FACUA-Consumidores en Acción por las cláusulas suelo de sus hipotecas, según un comunicado de FACUA. El Servicio de Consumo de Sevilla ha indicado a FACUA que "detectadas presuntas irregularidades en los hechos denunciados, se procede a la realización de las actuaciones legalmente establecidas" ante una de las primeras denuncias presentadas. Andalucía es una de las primeras comunidades que inicia inspecciones a los bancos por la aplicación de estas cláusulas abusivas a raíz de las denuncias de FACUA.

Ahora, el organismo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales está inspeccionando y analizando los casos denunciados en los que incluye como documentación decenas de contratos con estas cláusulas aportados por socios de la organización.

La Ley 13/2003 de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía establece un régimen sancionador que en casos de infracciones muy graves puede alcanzar "el comiso del beneficio obtenido con la infracción" y, "con carácter excepcional", el "cierre" temporal de los establecimientos o "la suspensión del servicio o de la actividad en la que se cometiera la infracción" hasta por un año. "El beneficio ilícito se calculará, cuando no pueda ser determinado exactamente, con criterios estimativos", establece la norma.

Según el comunicado, los bancos denunciados son Bankia, BBVA, Caja España-Duero, Unicaja, Caja Rural del Sur, Banco Popular, Cajasol Caixabank, Novagalicia Banco (antes Caixa Galicia), Cajasur (del grupo Kutxabank), Banco Pastor (del grupo Banco Popular), Banco Gallego, Cajamar Caja Rural, Banco Etchevarría, Caja Granada (del grupo Banco Mare Nostrum), Arquia, Sabadell Atlántico y Caixa Penedès (ambas del grupo Banco Sabadell) y las entidades Banco Castilla-La Mancha CCM, Caja de Extremadura y Cajastur (del grupo Liberbank).

FACUA ha solicitado a las comunidades autónomas que insten a la cesación de la cláusula suelo y la devolución del dinero, y la aplicación de multas proporcionales a los miles de millones de euros obtenidos por la banca con uno de los mayores fraudes financieros que se han producido en España. La organización de consumidores ha argumentado la ilegalidad de las cláusulas suelo y las competencias de las autoridades de consumo para intervenir en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, las leyes y estatutos autonómicos de protección al consumidor y la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

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viernes, 21 de junio de 2013

Intereses bancarios



Los bancos británicos tienen un agujero de 31.000 millones


Diario Público.es, 20/06/2013.

Los bancos británicos necesitan cubrir un déficit de capital de 27.000 millones de libras (casi 31.500 millones de euros), según ha indicado este jueves la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA, según sus siglas en inglés), el nuevo regulador financiero del Reino Unido. Este organismo consideró que los principales bancos nacionales y las entidades más relevantes de créditos hipotecarios deben recabar miles de millones en capital para cubrir los agujeros de sus reservas, para cumplir a finales de 2013 con el objetivo de tener un ratio de capital del 7% de sus activos de riesgo.

Al precisar las necesidades de capital de cada una de las instituciones, la PRA apuntó que el Royal Bank Of Scotland es el banco que más le preocupa pues representa un déficit de capital de 13.600 millones de libras (15.848 millones de euros) del total.

Por su parte, el parcialmente nacionalizado Lloyds Banking Group acapara 8.600 millones de libras (10.020 millones de euros), el Barclays debe elevar sus reservas en 3.000 millones de libras (3.495 millones de euros ) y Nationawide tiene que tapar un agujero de 400.000 libras (466.217 euros), según el informe del regulador financiero británico.

El PRA reveló además que el Co-operative Bank, el mayor banco mutualista del país, ha identificado un déficit de capital valorado en 1.500 millones de libras (casi 1.800 millones de euros). Ese banco anunció el pasado 17 de junio un plan para recaudar esa cantidad de nuevo capital para cubrir pérdidas y fortalecerse ante futuras crisis. El plan, diseñado para evitar un rescate estatal y que afecta a la rama de inversión, implicará un canje de acciones para sus socios (los propios clientes) que llevará a la entidad a cotizar por primera vez en Bolsa el próximo octubre.

En cambio, la PRA no encontró déficit de capital en el HSBC, el Santander UK (la filial británica del Banco Santander) y Standard Chartered.

Los bancos han anunciado ya medidas destinadas a tapar sus agujeros, equivalentes a alrededor de 12.500 millones de libras (14.633 millones de euros), por lo que ahora sólo deberán identificar acciones por valor de 13.700 millones de libras (16.037 millones de euros), algunas de las cuales necesitarán ser aprobadas por los reguladores antes de ser implementadas."Un número de estas medidas requerirán el visto bueno de las autoridades regulatorias antes de poder ponerse en marcha", ha subrayado el  PRA.

El Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra encargó a ese organismo que revisara el estado de los bancos del país frente a las nuevas normativas internacionales, conocidas como Basilea III, para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario.Según el regulador, a finales de 2012, Barclays, Co-op, Lloyds, Nationawide y RBS "se quedaron por debajo de estos estándares", pero desde entonces, las entidades adoptaron medidas destinadas a enderezar sus cuentas. La PRA considera que los bancos que aún no cumplan con los requisitos exigidos deben detallar nuevos planes sobre cómo recabarán el dinero que necesitan para cubrir sus agujeros.

Por su parte, el ministro británico de Finanzas, George Osborne, señaló este miércoles en un discurso pronunciado en la City, el centro financiero de Londres, que el Gobierno está preparándose para vender su participación en el Lloyds Banking Group al sector privado.Según el titular de Economía del Reino Unido, ese banco, propiedad en un 39% del Ejecutivo británico, se encuentra en una buena posición y el interés de los inversores va en aumento.

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La morosidad de la banca alcanza por tercera vez el 11%


Diario Público.es, 18/06/2013.

La morosidad del crédito concedido por todas las entidades financieras que operan en España -bancos, cajas, cooperativas y financieras- a hogares y empresas continuó en abril su trayectoria ascendente y se situó en el 10,87 %, frente al 10,47 % de marzo.

Según los datos que este martes publica el Banco de España, referidos al mes de abril, la mora de la banca española, excluidas las mencionadas financieras de crédito (EFC), alcanzó, por su parte, el 11 % por tercera vez desde que existen registros.

La cartera crediticia global del sistema financiero español sumaba 1,536 billones de euros a finales de abril, frente a los 1,558 billones de marzo, en tanto que el crédito dudoso crecía hasta los 167.087 millones de euros desde los 163.257 millones del mes anterior.

Este leve repunte de la mora mensual contrasta con los más de dos puntos porcentuales que subió en doce meses, ya que en abril de 2012 el porcentaje de impagados era del 8,73 %. La cartera crediticia total era entonces de 1,751 billones de euros, de los cuales 152.800 millones eran dudosos.

Aunque el Banco de España ya no facilita los datos divididos según el tipo de entidad, sí distingue entre bancos, cajas y cooperativas, por un lado, y establecimientos financieros de crédito, por otro, como hemos señalado más arriba.

De esta forma, la morosidad de estos últimos establecimientos, que se conocen como EFC y financian compras a plazos de grandes bienes de consumo como automóviles, mobiliario o electrodomésticos, se mantuvo por segundo mes consecutivo en el 9,81 %, con un volumen de crédito de 36.652 millones de euros, de los que 3.596 estaban catalogados como dudosos.

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jueves, 20 de junio de 2013

¡Cuidado con los bancos!


El arbitraje de las preferentes de Bankia puede durar, a este paso, 280 años


Por Vicente Clavero
Diario Público.es, 19/06/2013.

Desde que se inauguró el proceso el pasado 18 de abril, sólo se han resuelto definitivamente 73 arbitrajes relativos a los productos híbridos —participaciones preferentes y deuda subordinada— que comercializaron en su momento las siete cajas de ahorros fundadoras de Bankia. Eso equivale a menos de uno por día, con lo que —si no se agilizan los trámites— pueden pasar 280 años hasta que el último afectado cobre su dinero, toda vez que aún hay más de 126.000 en lista de espera.

Bankia puso en circulación 6.900 millones de euros en productos híbridos, con un número de afectados que, según fuentes oficiales, asciende a 206.000. De ellos, a principios de la presente semana, 126.342 habían solicitado acogerse al procedimiento de arbitraje establecido por el Gobierno, cuyo plazo vence el próximo 30 de junio. A ese procedimiento sólo pueden acogerse los minoristas y tienen prioridad aquellos que son titulares de preferentes o deuda subordinada por un importe no superior a los 10.000 euros.

Trámite complejo

El primer paso que deben dar es presentar su solicitud y toda la documentación necesaria en las oficinas de la propia Bankia, donde el lunes seguían estancadas 45.419 peticiones. Otras 80.045 ya habían pasado a manos de KPMG, encargada de determinar si reúnen las condiciones exigidas y el importe máximo que los titulares están en condiciones de recuperar. Ese importe resulta de restar al valor nominal los intereses percibidos y sumar los que hubieran logrado con una imposición a plazo.

KPMG ha remitido 803 solicitudes a la Junta Nacional de Arbitraje, que es la que tiene la última palabra y cuyos laudos no son recurribles ante la justicia. A fecha 17 de junio, la Junta había resuelto 73 expedientes a favor de los clientes y Bankia había procedido a su abono, descontando lo que hubieran podido ingresar por la venta de las acciones obtenidas en el canje fijado por el FROB. Un canje lastrado por importantes quitas, en cumplimiento de las condiciones al rescate bancario impuestas por las autoridades europeas.

Rapidez frente a seguridad

La lentitud de la que, al menos hasta ahora, está adoleciendo el proceso de arbitraje contradice una de las ventajas que sus defensores arguyeron frente a la vía judicial, que en teoría debería requerir más tiempo. Hay asociaciones de consumidores que siempre lo han desaconsejado, al entender que la apelación a los tribunales ofrece más garantías, aunque también resulta más cara. Una de las circunstancias que mayores recelos despierta es que la encargada de filtrar las solicitudes sea la propia auditora de Bankia.

Sin embargo, KPMG no es el único elemento que no reúne la necesaria apariencia de neutralidad. Al fin y al cabo, la respuesta al problema de los productos híbridos ha sido diseñada por el Gobierno y por el FROB, que se han erigido así en jueces y parte, pues Bankia es una entidad nacionalizada a través del Fondo. Lo mismo ocurre con Novagalicia con Catalunya Banc, aunque en este último caso los trámites van algo más rápidos en cuanto al arbitraje, que dio comienzo antes.

Las otras nacionalizadas

Desde que se abrió el plazo el pasado otoño, se han aprobado 9.000 solicitudes y se han dictado 1.250 laudos favorables a los clientes de Catalunya Banc. Como consecuencia de ello, la entidad asegura haber devuelto 510 millones de euros correspondientes a preferentes y 102 millones de deuda subordinada perpetua. No obstante, las cosas se le han complicado al incluirse en el arbitraje la deuda subordinada con vencimiento, de la que se emitieron 1.098 millones de euros. El plazo concluye el 12 de julio.

En cuanto a Novagalicia, sobre un total de 75.000 minoristas atrapados en productos híbridos, están inmersos en el proceso de arbitraje 36.000. Los demás, ya sea porque se han rechazado sus solicitudes o porque no han querido sumarse a él, tienen hasta el 28 de junio para canjear sus títulos por depósitos a plazo o por acciones. Si optan por las acciones, pueden revendérselas al FROB antes del 13 de julio, pero con un descuento obligatorio del 13,8%

Las preferentes de Novagalicia son las que más protestas sociales han generado y las que con mayor frecuencia han acabado en la vía judicial. Se han presentado 1.250 demandas, de las que 1.088 siguen pendientes de sentencia. De las ya falladas, 49 lo han sido a favor de la entidad y 113 en contra.

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Multa de 2,1 millones a HSBC en España por violar la ley de blanqueo


Diario Público.es, 17/06/2013.

La sucursal en España del banco británico HSBC ha sido multada con 2,1 millones de euros por cometer infracciones muy graves de la Ley de prevención de blanqueo de capitales, según consta en una resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Estas sanciones fueron impuestas por el vicepresidente económico del Gobierno socialista, Pedro Solbes, en noviembre de 2002, aunque posteriormente el banco interpuso recurso de casación contra la resolución dictada por el entonces ministro de Economía.

El Tribunal Supremo, con fecha 12 de marzo de este año, desestimó dicho recurso, confirmando de este modo las sanciones impuestas en su día a la oficina española de la entidad británica.

Los 2,1 millones de euros de sanción impuestos a HSBC España son consecuencia de tres infracciones de la normativa contra el blanqueo de capitales. En concreto, la entidad tendrá que pagar una multa de 925.000 euros por incumplir la obligación de identificación de clientes recogida en dicha Ley.

Asimismo, la sucursal española de HSBC tendrá que abonar una sanción de 300.000 euros por incumplir las obligaciones de examinar "con especial atención" cualquier operación, con independencia de su cuantía, que pudiera estar vinculada con el blanqueo de capitales; por no haber comunicado de motu propio al Servicio Ejecutivo dichas operaciones sospechosas, y por no haberse abstenido de ejecutarlas.

Por último, se impone a HSBC España una sanción de 875.000 euros por incumplir la obligación de establecer procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación para prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

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miércoles, 19 de junio de 2013

Cuidado con los bancos


Rajoy la toma ahora con los bancos para que den crédito: "Hagan un esfuerzo"


Diario Público.es, 15/06/2013.
(Extracto)

Esta semana, el presidente del Gobierno la ha tomado con los bancos y hoy sábado, en un acto del PP en Tarragona, no se ha desviado ni un ápice de su discurso del martes, cuando presentó la ley de Emprendedores en La Moncloa ante medio centenar de pequeños y medianos empresarios: el Gobierno va a dar "la batalla por el crédito", así que aquellos que lo están dando "sigan haciéndolo" y los "más reacios" a prestar dinero "hagan un esfuerzo" y déjenlo.

Mariano Rajoy, durante su intervención en el acto del partido sobre empresa y crédito, celebrado en la nave industrial de Calditec (Tarragona),  ha asegurado que su principal objetivo es ahora que vuelva a fluir el crédito, sin el cual, ni se crean empresas ni se genera empleo, ha reflexionado.

El jefe del Ejecutivo lleva una semana lanzando mensajes a los bancos, especialmente a los que han recibido ayudas públicas, para que hagan fluir un crédito que impide a las pymes aflorar y desarrollarse. Rajoy ha recordado que el ICO ha puesto a disposición de autónomos y empresas 22.000 millones de euros y ha pedido a los bancos que los hagan llegar a los ciudadanos, incluso, superando esa cifra si es necesario, porque el plan del Instituto no está funcionando como al Ejecutivo le gustaría y había previsto, ha reconocido el orador.

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