miércoles, 31 de julio de 2013
El impacto del rescate financiero en las desigualdades de renta
Por Vicenç Navarro
Diario Público.es,
31/07/2013.
Resultado de la aplicación desde
la década de los años ochenta de las políticas públicas neoliberales, ha habido
una enorme concentración de las rentas y de las riquezas, que se ha acentuado
todavía más durante la crisis actual. Niall Ferguson, profesor de la Harvard University,
acaba de publicar un artículo “The End of the American Dream? How Rising
Inequality and Social Stagnation are Reshaping US for the worse”, que documenta
hasta qué punto dicha concentración ha ocurrido en EEUU. El 1% de la población
(los súper ricos) con mayores rentas y riquezas del país, posee el 42% de todo
el capital financiero del país, y son los que se han beneficiado más de los
rescates públicos de la banca con fondos públicos federales. “Salvar a la
banca” (expresión ampliamente generalizada) ha sido, en realidad, salvar a este
1%. Es este 1% el que es el centro del poder financiero y económico del país,
al cual se refiere el movimiento social de rebelión llamado Occupy Wall Street.
Esta enorme concentración,
facilitada por el gobierno federal de EEUU, ha incrementado las desigualdades
hasta tal punto que las posibilidades de ascenso social en aquel país han
disminuido notablemente. El “sueño” americano, que se basaba en el supuesto de
que todo el mundo, por muy humildes que fueran sus orígenes, podía alcanzar la
cúspide, está desapareciendo muy rápidamente. Hoy en EEUU la variable más
importante para conocer la clase social (y el nivel de renta) de una persona es
conocer la que tenían sus padres cuando nació. Y las variaciones existentes se
limitan a movilizaciones dentro de tramos relativamente próximos. La movilidad
social es limitada dentro de estrechos márgenes. Aunque los medios de
información se centran en los casos exitosos de movilidad ascendente, la
evidencia muestra que son casos excepcionales, es decir, no comunes. En
realidad, hay menos movilidad en EEUU que en muchos países europeos, y mucha
menos que en los escandinavos. En EEUU existe una cúspide, que posee la mayoría
de recursos financieros, que se ha distanciado de la mayoría de la población y
que, consecuencia de su enorme poder político, no contribuye al resto de la
sociedad. Su aportación al Estado a través de impuestos ha disminuido
considerablemente.
El falso conflicto entre
grupos etarios esconde el conflicto de clases.
Esta observación es de particular
importancia a raíz de la constante argumentación promovida por el capital
financiero de que existe un conflicto entre los grupos etarios de nuestras
sociedades, de manera que la gente mayor está consumiendo recursos públicos en
exceso y a costa de los grupos jóvenes, que reciben mucho menos. Constantemente
se hace referencia al hecho de que el 10% del gasto social del gobierno federal
va a los jóvenes y el 41% a los ancianos, subrayando que hay mayor pobreza
entre los jóvenes que entre los ancianos.
Este argumento ignora y oculta
que el mayor problema no es en el gasto, sino en los ingresos al Estado. Es el
enorme dominio de las élites financieras (el 1%) y sus aliados (que incluyen el
20% de renta superior), que no contribuyen lo que deberían, lo que empobrece al
Estado, y por lo tanto, al Estado del Bienestar. Y es esta élite la que utiliza
el Estado directamente para su beneficio, como queda claro con el caso del rescate
bancario. Un caso idéntico está ocurriendo en España (ver mi artículo
“España es un país extraordinariamente desigual”. Público 25.07.13)
No es por casualidad que el padre
del neoliberalismo, Friedrich Hayek, sustituyera la lucha de clases (que es el
expolio de la mayoría social por la élite financiera y empresarial) por un
supuesto expolio de los jóvenes por los ancianos, profetizando, en 1960, que “a
finales del siglo XX los ancianos dependerán de la caridad de los jóvenes (…)
pero ello tendrá sus límites; los jóvenes que trabajen en la policía y en el
ejército decidirán la solución: se crearán campos de concentración para los
ancianos que no puedan sostenerse por ellos mismos y que se sostenían antes con
las rentas derivadas de la explotación de los jóvenes” (citado en el artículo
de Ferguson). Hayek, el gran reaccionario neoliberal, gurú de los economistas
neoliberales, se muestra tal y como es en realidad en este párrafo.
La realidad es que, en nuestros
países, el 20% de la población tiene la gran mayoría de la renta y de la
riqueza, y que dentro de ella, el 1% tiene el 42% de todo el capital financiero
(basado en gran parte en especulación), una realidad ocultada en esta supuesta
lucha de los jóvenes en contra de sus padres y abuelos. No es de extrañar que
sea esta la teoría (la lucha generacional) preferida por el 1% y sus aliados
(que incluyen la mayoría de los medios). Así de claro.
Disponible en:
martes, 30 de julio de 2013
El expresidente de Caixa Catalunya asegura que estaba obligado a ir a las Caimán para colocar preferentes
Diario Público.es, 29/07/2013. (Extracto)
El expresidente de Caixa
Catalunya Antoni Serra Ramoneda ha sostenido que la domiciliación de Caixa
Catalunya Preferentia Inssuance Limited, la entidad emisora de
participaciones preferentes, en las Islas Caimán, le
"repugnaba", aunque la entidad no tenía más remedio para colocar
estos títulos porque así se lo exigía el Banco de España y
"por imperativo" fiscal y con conocimiento de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
"Sinceramente, me repugnaba,
pero si querías colocar títulos, o pasabas por las Islas Caimán, con la
bendición del Banco de España y el Ministerio de Hacienda, o no te comías ni un
rosco", ha aseverado en una comparecencia parlamentaria sobre las
posibles responsabilidades derivadas de la actuación y gestión de las entidades
financieras y la posible vulneración de los derechos de los consumidores.
En la misma comisión de
investigación participaba el exdirector general Josep Maria Loza,
quien ha asegurado que "era una cosa ilógica, pero por normativa se
tenía que hacer así". Caixa Catalunya Preferential Issuance Limited puso
en marcha en el año 1999 una emisión de participaciones preferentes por importe
de más de 200 millones de euros y de acuerdo con la legislación de las islas
Caimán. Dado que la sede de la filial estaba en el Caribe,
tres miembros del consejo de Catalunya Caixa y que eran directivos de esta
sociedad viajaban a las islas Caimán una vez al año.
"Iban allí, hacían la
reunión y volvían con la documentación y guardábamos los billetes de
avión", ha apuntado Loza, quien ha asegurado que él nunca asistió a
ninguna de estas reuniones de la filial caribeña. Serra Ramoneda ha señalado
que "era el Banco de España el que obligaba a hacerlo" desde este
territorio británico de ultramar. "El problema era que estos
títulos se colocaban, sobre todo, en el extranjero, pero si se tenía que hacer
la retención, la colocación era imposible", ha añadido. Loza ha
mantenido que Catalunya Caixa realizó dos emisiones de participaciones
preferentes a través de esta sociedad ─ una en 1999 de 300 millones de euros y
otra en 2001 de 180 ─, y Serra Ramoneda lo ha corroborado.
Disponible en:
Barclays admite que tiene un agujero de capital de casi 15.000 millones
Diario El
País, 30/07/2013.
Barclays Bank ha anunciado hoy
que lanza una ampliación de capital de 5.800 millones de libras (unos 6.700
millones de euros) después de que las pruebas de resistencia realizadas a la
banca británica hayan desvelado un agujero de capital de 12.800 millones de
libras (casi 15.000 millones de euros) para cumplir con las ratios de
apalancamiento exigidas.
Las nuevas acciones se emiten a
un precio de 185 peniques, lo que representa un descuento del 40,1% con
respecto al cierre de la acción de ayer en Bolsa. La colocación, coordinada por
la unidad de banca de inversión del propio Barclays, está asegurada por un
sindicato de bancos entre los que están Credit Suisse, Deutsche Bank, BofA
Merrill Lynch y Citi.
Junto a la ampliación de capital,
Barclays tomará otras medidas complementarias. Entre ellas, una colocación de
2.000 millones de libras deuda híbrida, una reducción de exposición al riesgo
de 65.000 a 80.000 millones de libras y la retención de beneficios (suprimiendo
o minimizando los pagos de dividendos en metálico).
El grupo bancario espera cumplir con los requisitos de
capital exigidos a mediados del año próximo.
Al tiempo, Barclays ha presentado
sus resultados del primer semestre. En su
informe, la entidad señala que ha reducido su exposición a la deuda
pública de España e Italia, pero donde ha concentrado sus ventas ha sido en
deuda pública española. El banco ha reducido su inversión en títulos del Tesoro
español en el primer semestre un 86%, de 2.067 a 292 millones de libras, de
unos 2.400 a unos 340 millones de euros al tipo de cambio actual. Barclays
también ha reducido su exposición al sector financiero español (de 1.525 a
1.028 millones de libras), pero eleva la exposición a empresas (de 4.138 a
4.976 millones) y a hipotecas para vivienda (de 13.305 a 13.546 millones).
La reducción de deuda pública
española se ha concentrado en el segundo trimestre, cuando ha pasado de 1.816 a
292 millones de libras, con la venta o vencimiento sin renovación de casi 1.800
millones de euros en títulos del Tesoro.
En el caso de Italia, las ventas
de deuda pública han sido el equivalente a unos 700 millones de libras (algo
más de 800 millones de euros), con lo que su cartera pasa a ser de 1.967
millones de libras.
Disponible en:
lunes, 29 de julio de 2013
La guerra verbal del 15M
Por Paco
Cerdà
Diario Levante-EMV,
01/07/2013.
El 15 de mayo de 2011 estalló
una guerra. Fue una contienda sin heridos, una batalla sin víctimas, una lucha
incruenta entablada en las plazas. Las balas eran verbales: lemas y
eslóganes en pósits, carteles o grandes pancartas exportadas vía Twitter al
ciberespacio.
Por aquellos días, el joven filólogo valenciano
José Manuel Martín Corvillo recorrió sin descanso la Plaça de l´Ajuntament de València
y la Puerta del Sol de Madrid. Al principio, como simpatizante del movimiento. Pero desde la segunda semana,
colgó el mono de activista „por ética profesional„ y se enfundó el de
investigador filólogico. Con una cámara fotográfica en la mano, retrató todos
los lemas que encontraba a su paso. En total, más de 900. Y eliminando los
repetidos salieron 620 eslóganes. Quería analizar, desde el punto de vista
lingüístico, esa ingeniosa y efectiva guerra verbal de los indignados
valencianos y madrileños. Ahora, tras dos años de intenso trabajo, acaba de
defender en la Universitat de València la primera tesis doctoral sobre el 15-M
que analiza la entropía comunicativa del movimiento que agitó la
política española. Es una anatomía lingüística de la indignación validada por
la Academia. Constituye una radiografía del esqueleto del 15M,
de su arma más mortífera en aquella guerra: la comunicación.
«Considerando que estamos en mitad de una guerra mental,
hemos de tener en cuenta que la agresión sobre la ciudadanía es de tipo legal
(reales decretos, rescates a la banca o dictados europeos), y que la respuesta a esta agresión es emocional y,
por tanto, comunicativa», sintetiza José Manuel Martín Corvillo. Según su
investigación, la clave del éxito comunicativo del 15M reside en tres aspectos.
Primero, la concreción de los mensajes: menos es más. Segundo, la postergación
de temas secundarios y la primacía de preocupaciones comunes y muy generales
como la austeridad, la corrupción, el empobrecimiento de la población o el
desempleo. Y tercero, los juegos inteligentes de palabras para captar la
atención del receptor y estimular la propagación del mensaje con más pancartas
o el reenvío masivo del lema a través de las redes sociales. Esos juegos
léxicos se nutrían de parasitismo: esto es, la utilización de eslóganes
publicitarios con un uso muy diferente, o la utilización manipulada de lemas
provenientes de campos como la música, la literatura o la teoría política
antigua.
Es revelador el listado de palabras más empleadas en los
lemas de carteles y pancartas: son los vocablos «democracia, somos, políticos,
mundo, revolución, todos, pueblo, miedo y nosotros».
Los campos semánticos más recurridos reflejan, según Martín
Corvillo, que «se trata de un problema político y económico, de un descontento
con la democracia, pero también se trata de una guerra mental entre quienes se
aprovechan del sistema, reescribiéndolo y alterando las normas del juego, y
quienes protestan porque sufren o empatizan con quienes sufren las
consecuencias de este juego sucio».
«Nosotros» contra «ellos»
Se palpa en el lenguaje indignado
esta oposición latente entre «nosotros» y «ellos». El choque comunicativo
diferencia a los dos grupos en combate: «La gente que está utilizando el
sistema ilegítimamente, a través de la economía de casino y de la corrupción
política, contra los que somos llamados antisistema y que realmente sólo
pedimos un respeto al sistema. Todo forma parte, añade el ya doctor en
Filología Inglesa de una guerra mental. Antes se invadían territorios para
violar a mujeres y aprovecharse de los recursos. Luego se pasó a guerras por
conversiones religiosas. La guerra actual es mental. Y el arma principal es la
comunicación. Aquí, a la gente se la intenta convencer de que la crisis es
culpa de todos y de que hemos de seguir siendo obedientes, cuando en realidad
la crisis es culpa de quienes no han respetado el sistema que ellos mismos han
diseñado», señala.
Una nueva conciencia
En esta guerra comunicativa librada en las plazas del 15M, José Manuel Martín Cervillo destaca el uso simultáneo de «unas herramientas complementarias como la plaza y el Twitter, lo físico y lo virtual». Las repercusiones de esta combinación de activismos, el tradicional y el 2.0, tienen largo alcance. A juicio del autor, está creándose un «inconsciente en red». Se está configurando, dice, «un nuevo tipo de conciencia, que es grupal y que depende de una conexión a internet. Esta conciencia hace que los colectivos adopten actitudes consensuadas a través de intereses compartidos», afirma.
En esta guerra comunicativa librada en las plazas del 15M, José Manuel Martín Cervillo destaca el uso simultáneo de «unas herramientas complementarias como la plaza y el Twitter, lo físico y lo virtual». Las repercusiones de esta combinación de activismos, el tradicional y el 2.0, tienen largo alcance. A juicio del autor, está creándose un «inconsciente en red». Se está configurando, dice, «un nuevo tipo de conciencia, que es grupal y que depende de una conexión a internet. Esta conciencia hace que los colectivos adopten actitudes consensuadas a través de intereses compartidos», afirma.
En el aspecto formal estudiado, José Manuel Martín Corvillo
concluye que en la comunicación de aquellos días agitados en que todo parecía
posible, que se tradujo en una victoria aplastante del PP en las urnas„ «la
gente no gritaba ni preguntaba, sino que afirmaba porque tenía certezas».
Predominaron las formas verbales de presente y las no temporales aludían al
momento presente. «Se estaba buscando, por tanto, la resolución de un problema,
no su creación», explica en la tesis.
A través de la comunicación, «sin ella, el 15M no hubiera
sido nada», advierte el investigador, el fenómeno de los indignados «posee una
condición determinista e inevitable» como resultado de unas circunstancias
sociales pésimas y unas nuevas vías de comunicación. Martín Corvillo se
explica, y tal vez aquí resida la gran importancia del movimiento. «El 15M y
los movimientos análogos modifican cognitivamente a corto plazo a parte de la
sociedad, lo cual implica una modificación inevitable de la mayor parte de la
sociedad a largo plazo. Esta modificación cognitiva está muy relacionada con el
subconsciente colectivo y con la manera de percibir al resto de la sociedad.
Como consecuencia, estamos en una fase de crecimiento y asimilación de la
empatía social».
Es decir: nos identificamos más con el prójimo y somos
menos egoístas. Demostramos mayor conciencia por la sociedad y menos
ombliguismo. «El motor de este cambio es netamente comunicativo», advierte. Y
remata: «Tan sólo un apagón o una catástrofe natural puede frenar un proceso
que es, de acuerdo con la lógica de sistemas, inexorable». Bajo los adoquines,
si bien no esté la arena de la playa prometida en el París del 68, aún quedan
las palabras para empezar a transformar la realidad.
Un estudio «descriptivo» que se publicará en libro
Dirigida por los profesores Ricardo Morant Marco y Montse Veyrat Rigat, la tesis titulada «15M: Análisis de la entropía comunicativa» reviste una originalidad y un interés fuera de discusión. De hecho, su autor ya ha acordado con una editorial la publicación de un libro con la esencia de esta investigación de 490 páginas defendida con éxito el pasado 3 de junio. José Manuel Martín Corvillo está satisfecho de haber evitado caer en el alegato panfletario y haber escrito una tesis «muy descriptiva y muy estadística» que ha seguido como perspectiva teórica la Teoría del Caos.
Dirigida por los profesores Ricardo Morant Marco y Montse Veyrat Rigat, la tesis titulada «15M: Análisis de la entropía comunicativa» reviste una originalidad y un interés fuera de discusión. De hecho, su autor ya ha acordado con una editorial la publicación de un libro con la esencia de esta investigación de 490 páginas defendida con éxito el pasado 3 de junio. José Manuel Martín Corvillo está satisfecho de haber evitado caer en el alegato panfletario y haber escrito una tesis «muy descriptiva y muy estadística» que ha seguido como perspectiva teórica la Teoría del Caos.
Disponible en:
Protesta social
Antonio Antón
Diario Público.es,
29/07/2013.
La protesta social progresista ha
adquirido una nueva dimensión y tiene un nuevo carácter respecto a los
movimientos sociales anteriores. Se han conformado corrientes sociales amplias,
de fuerte contenido social y democrático, de indignación y rechazo a la
austeridad y al déficit democrático de las instituciones y la clase política
gobernante, demostrando la persistencia en la sociedad, y particularmente entre
los jóvenes, de una amplia cultura democrática y de justicia social.
Frente a la prolongación de la
crisis socioeconómica y la gestión antisocial del bloque dominante de poder
europeo, se ha producido, especialmente en los países europeos meridionales,
una fuerte contestación popular. En España se han ampliado las protestas
sociales y resistencias colectivas, configurándose una ciudadanía activa, de
fuerte contenido social, con un carácter sociopolítico progresista y
democrático; se puede cifrar entre cuatro y cinco millones de personas
participantes en los procesos huelguísticos y entre uno y dos millones en las
grandes manifestaciones sindicales o ciudadanas (y según diversas fuentes en
torno a un millón de participantes en las redes sociales vinculadas a estas
protestas); se ha encauzado, fundamentalmente, a través del movimiento 15-M (y
derivados) y el movimiento sindical (con fórmulas mixtas como las mareas
ciudadanas), conformando una representación social doble, no exenta de
tensiones, con sus respectivos representantes o grupos de activistas.
El movimiento 15-M sigue contando
con una gran legitimidad social. Se pueden distinguir tres niveles de
intensidad en la vinculación cívica: un primer nivel de unos pocos miles de activistas
más comprometidos y persistentes; un segundo nivel de una ciudadanía activa,
personas participantes, sobre todo, en las masivas formas colectivas de
expresión popular, que se puede cifrar en varios centenares de miles; un tercer
nivel, ciudadanía indignada o descontenta, en torno a dos tercios de la
población que simpatiza de alguna manera con objetivos y acciones de ese
movimiento.
Persisten motivos y condiciones
para la continuidad de estos movimientos de protesta colectiva. Existen
debilidades y limitaciones para encarar la complejidad y la dimensión de estos
problemas y oportunidades. Los riesgos de su fragmentación, desorientación o debilitamiento
son evidentes. No obstante, son acertadas las ideas clave que conforman el
núcleo de su orientación: 1) la democratización del sistema político y la más
amplia participación ciudadana en los asuntos públicos; 2) el rechazo a la
política de austeridad, el reparto injusto de las consecuencias de la crisis
(paro, desahucios, desigualdad…) y la exigencia de un cambio de la política
socioeconómica hacia mayor justicia social. Y mantienen una amplia legitimidad
en la sociedad.
La respuesta popular masiva de
este periodo no ha sido sólo emocional o superficial, destinada a su evaporación
inmediata. Ha estado y está enraizada en una profunda y persistente
conciencia ciudadana indignada y de denuncia de la injusticia social. Es, sobre
todo, una respuesta colectiva, con gran fundamentación ética igualitaria y
solidaria, e incrustada en la realidad de las graves condiciones de vida y las
aspiraciones de mejora de millones de personas. Se incardina en los mejores
valores democráticos e igualitarios de los movimientos sociales progresistas o
la izquierda social europea de las últimas décadas.
Un aspecto que conviene
clarificar es la relación entre gestión política del poder institucional y
acción sociopolítica de la ciudadanía en los asuntos públicos, entre clase
política dominante con componentes oligárquicos y movilizaciones sociales
progresistas, expresivas del descontento popular y la participación ciudadana.
En ese sentido: a) la deslegitimación de ‘esta’ clase política gobernante, en
lo fundamental, está justificada y es merecida y, por tanto, hay que ampliarla,
no debilitarla, para promover su renovación y la democratización del sistema
político; b) la solución viene de la mano de la más profunda, firme y
consistente participación ciudadana, de una activación de los sectores
progresistas. Por tanto, la alternativa principal está en el refuerzo de las
resistencias ciudadanas, en avanzar hacia una democracia más participativa y
más social.
Cuando la ciudadanía critica a la
política o rechaza a los políticos se está refiriendo no a todos
los políticos, sino a la gestión institucional actual de la clase política
gestora o gobernante, fundamentalmente, a las élites o aparatos de los grandes
partidos con responsabilidades gubernamentales en los recientes planes de
ajuste y austeridad, con incumplimiento de sus compromisos con sus electorados
e involucrados en graves casos de corrupción (caso Bárcenas…).
La crítica ciudadana a ‘ese’ tipo
de política es una posición (política) más democrática, realista y progresista
que la justificación (política) de esas medidas de austeridad, el
embellecimiento o disculpa de ‘esos’ políticos mayoritarios que aplican
políticas antisociales o el intento persistente de relegitimación de la actual
élite política gestora que, fundamentalmente la derecha, sigue sin reorientar
sus estrategias económicas de austeridad ni respetar las opiniones mayoritarias
de la sociedad. Supone un juicio ético y ‘político’ progresista e igualitario
frente a unas decisiones de las clases corporativas (gobernante y
gestora de los mercados financieros) regresivas e injustas. Constituye un
proceso cívico globalmente positivo (con distintas sombras e insuficiencias),
un factor relevante para promover un cambio social progresista, el
fortalecimiento de la democracia y los valores igualitarios y una renovación de
las izquierdas.
El nuevo ciclo sociopolítico,
iniciado en el año 2010, tiene varias fases y presenta diversas enseñanzas. El
hecho social más significativo, en este periodo, es la consolidación de una corriente
social indignada, una ciudadanía activa y una doble representación social, el
sindicalismo y los grupos de activistas del 15-M.
El nuevo escenario sociopolítico,
con un emergente campo social autónomo y diferenciado de las instituciones
políticas, tiene la particularidad de que cristaliza frente a la gestión
antisocial del gobierno socialista y luego se desarrolla contra la derecha.
La especificidad del actual
proceso de resistencias colectivas es que señala su rechazo a componentes
‘sistémicos’ de la realidad socioeconómica y política y apunta a reformas
profundas de carácter social y democrático.
El descontento ciudadano con esa
gestión institucional y la desconfianza en sus líderes políticos, incluido el
aparato socialista en la medida que no corrige claramente su orientación ni
renueva su liderazgo, está fundamentado, es justo y conveniente. Supone un
valor positivo y democrático para regenerar el sistema político y reorientar la
acción socioeconómica y laboral. Tiene insuficiencias y una débil y fragmentada
representación social. Esa corriente indignada está relativamente huérfana de
representación política y gran parte de ella sigue votando a los mismos
partidos mayoritarios, por más que ya ha tenido un significativo efecto en el
apoyo electoral a otros partidos minoritarios y de izquierda, aunque esté por
ver su repercusión posterior en el campo electoral e institucional.
Su evolución depende, sobre todo,
de la consolidación de una dinámica creíble para derrotar la estrategia de
austeridad, abrir un horizonte más justo en la salida de la crisis y una mayor
democratización del sistema político. El bloqueo de esa expectativa colectiva,
progresista, solidaria y democrática, podría generar otras dinámicas
contraproducentes, adaptativas individualmente y segmentadas o, entre ciertos
sectores, de carácter populista, xenófobo o exclusivista.
En definitiva, la indignación
ciudadana es una corriente social a impulsar, encauzar y madurar, no a
debilitar, desprestigiar o minusvalorar. La apuesta progresista debe ser frenar
o impedir la actual deriva regresiva y promover un giro más social en la
política socioeconómica y la democratización del sistema político, con una
mayor activación de la ciudadanía.
Disponible en:
domingo, 28 de julio de 2013
Ada Colau: Tiene que haber un tipo de banca pública o con un control democrático real
Diario El
País, 28/07/2013.
"Un, dos, tres, ¡fuerte!”.
Levantar la reja del local de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH) en Barcelona, cuyo sistema eléctrico
se ha estropeado, ha sido mi acto solidario de hoy. Solidario con su portavoz, Ada Colau,
que quizá no habría podido sola porque pesa un quintal, pero en el fondo
interesado, porque quiero ver dónde opera una de las organizaciones sociales
más activas y exitosas de este país. Superada la prueba, entramos en una amplia
lonja con aires de garaje en la que se reparten unas cuantas mesas con sus
ordenadores y sus sillas de oficina. Todo es espartano y con pinta de segunda
mano, como supongo corresponde a un movimiento de base.
Colau se sienta y, en cuanto
empiezo a preguntar, sale de su boca un discurso tan torrencial que dan ganas
de unirse a la lucha o, si estás en el otro lado de la barricada, de rendirse y
entregarse. Esta barcelonesa de 39 años es la voz pública de muchas personas
que han estado o están a punto de ser desahuciadas de sus hogares por no poder
pagar su deuda con los bancos, y que se han unido para pelear. Su defensa de
acciones tan polémicas como los escraches la ha convertido en favorita de unos
medios y en punching ball de otros. En esperanza blanca de muchos
progresistas… y en bestia negra del Partido Popular, algunos de cuyos
dirigentes no dudaron en relacionarla con el terrorismo en un inútil intento de
mermar su popularidad.
P. ¿Es usted
ETA?
R.
Evidentemente, no. Tener que decirlo demuestra ya el nivel político de nuestro
país y de nuestro Gobierno. Es ridículo.
P. Vayamos
entonces con asuntos más serios. La plataforma de la que es portavoz se
enfrenta a un problema crónico, la vivienda, y a un drama,
los desahucios. ¿Algún país lo está haciendo bien en este terreno?
R. Nadie lo está
haciendo perfecto, pero no hay otro país que lo haga tan mal como España. Es un
ejemplo negativo ante el mundo. Vienen medios de comunicación ultraliberales y
se escandalizan: lo nuestro no se entiende ni desde esa ideología. Si excluyes
a millones de personas del sistema de por vida, generas economía sumergida y
ningún incentivo para retomar la actividad económica.
P. ¿Algún caso
le ha tocado especialmente?
R. Todos,
porque, a diferencia de lo que quiere hacernos creer el PP, no hay unos casos
más graves que otros: en todos hay vulnerabilidad extrema. La pérdida de
vivienda rompe familias y te desestructura emocionalmente. Aunque consigamos
cambiar la ley y resolver los casos que nos están llegando, habrá una
generación traumatizada.
P. ¿Cómo
responde la gente cuando logran parar su desahucio? Responden ya no con
agradecimiento, sino con implicación. Independientemente de lo que consiga de
las Administraciones, la plataforma ya ha ganado. La gente llega con la
autoestima por los suelos, encuentran apoyo y después tienen más ganas de
ayudar a otros. Es un proceso que casi todo el mundo explica como un renacer:
el paso de afectado a activista. Es lo más bonito que he visto en mi vida.
P. ¿No son
responsables los individuos de haberse entrampado al firmar hipotecas enormes?
R. Ellos no
rehúyen su parte de responsabilidad. ¿Qué entendió la gente y qué le explicaron
en el banco cuando firmaba? Que el banco tasaba el piso y decía que valía, por
ejemplo, 300.000 euros, y que por eso a ti te dejaban 250.000, 300.000 o más.
Entonces el banco te decía: “Tranquilo, si no puedes pagar, vendes la vivienda
y no pasa nada”. Ni el banco, ni la inmobiliaria, ni el notario, ni la
Administración pública explicaron que podías perder la vivienda y quedarte con
una deuda de por vida. Si lo hubieran explicado, mucha gente no se habría
hipotecado. Los bancos redactaron contratos plagados de cláusulas abusivas,
engañaron y estafaron. Es increíble que no estén pasando cosas más graves en
este país, es de escándalo.
P. ¿Cómo son sus
negociaciones con las entidades financieras? Porque para ellas esta situación
también es un problema.
R. Es un
problema, pero saben que son rescatados sistemáticamente. Unos se jubilan con
millones de euros o siguen con sueldos millonarios. En España es ministro de
Economía el señor De Guindos, tras ser directivo responsable de unas de las
entidades que han fracasado. El mensaje oficial es que puedes ser un
mafioso, un estafador y hundir la economía de un país, que vas a recibir todo
el reconocimiento institucional. Cuando empezamos a negociar con los bancos
había desprecio y humillación. Pero David está pudiendo con Goliat. Hemos
descubierto su punto débil: la imagen pública. Ponernos delante de sus oficinas
explicando a la gente que entra que ese banco está engañando y estafando les ha
obligado a negociar.
P. ¿Apuesta
usted entonces por su desaparición?
R. No. Sería
infantiloide pensar que no tiene que haber una organización económica. Claro
que tiene que haber algún tipo de banca, o pública o con un control democrático
real, que priorice las necesidades básicas de la población y anteponga la vida
humana y la dignidad sobre cualquier interés particular.
P. ¿Ha sido
siempre tan guerrera?
R. Sí. Siempre
he tenido una inquietud social crítica; si no, no habría estudiado Filosofía,
que no sirve precisamente para tener un trabajo muy bien remunerado.
P. ¿Cuándo se da
cuenta de que quiere convertirse en esa especie de superhéroe social?
R. Superhéroe,
no. El mensaje más importante de la PAH es que la gente sencilla, si se
organiza y se apoyan unos a otros, puede mover montañas, conseguir lo que parecía
imposible. Si se presenta como una cuestión de superhéroes, lanzamos el mensaje
de que es muy complicado, y es falso. Es lo que el poder quiere que creamos.
¿Me preguntaba por mi
implicación personal?
P. Sí, cuándo
empieza.
R. Inquietud la
tenía desde el instituto. Me acuerdo de participar en manifestaciones por la
primera guerra del Golfo. En la universidad participé en el proceso asambleario
con muchos otros. El activismo más fuerte surgió en 2001 con la
antiglobalización. Muchísima gente de muchos colores diferentes salió a la
calle para visibilizar que aquí están mandando unos que no hemos votado nunca:
el FMI, entidades financieras… Poderes nada transparentes que mueven como
marionetas a los Gobiernos a escala planetaria. La mayoría de los que
participamos en esas experiencias dijimos: “Bueno, ¿y ahora qué?
¿Qué hacemos con nuestra vida?”. Porque ahora, cada día hay que luchar contra
la precariedad. Y en el Estado español, uno de los principales factores de
precariedad era la vivienda.
P. Usted vivió
en casas ocupadas. ¿Cuál es su visión de la ocupación? ¿La ve legítima?
R. Por supuesto.
Más que nunca. España es el
país de Europa que más vivienda vacía acumula y, al mismo tiempo, el
que más desahucia. El desalojo por la fuerza por motivos económicos es la peor
vulneración del derecho a la vivienda. Debe ser el último recurso, pero en
España es el primero. Quizá será legal, pero es absolutamente inmoral.
P. Entonces,
¿discute usted la propiedad privada inmobiliaria?
R. Hay que
discutir la forma de tenencia. La gente tiene derecho a acceder a una vivienda
segura, estable e incluso de por vida. Eso se puede hacer de varias maneras:
aquí se ha impulsado solo a través de la propiedad privada, y nos dijeron que
era la manera más estable. Ahora eso es falso: miles de personas no eran
propietarias, sino sobreendeudadas. Y el alquiler no es una alternativa real
porque era ya precario y el PP lo
acaba de precarizar más: ha reducido de cinco a tres años el contrato,
y eso no es una vivienda estable. Hay que exigir otras formas. Primero,
alquiler de calidad y accesible; luego, una propiedad privada que no sea
especulativa.
P. ¿Cómo se ha
ganado la vida en todo este tiempo de activista?
R. He trabajado
en una consultora de comunicación, en producción de televisión, de traductora…
y todos los trabajos eran precarios.
P. Salió hasta
en una serie de televisión, Dos + una.
R. Sí.
P. ¿Lo quiere
olvidar?
R. Sí, porque es
una de las peores cosas que he hecho.
P. ¿Y ahora qué
hace aparte de ser activista?
R. Tengo la
suerte de llevar cinco años en el Observatorio
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero no creo que dure
mucho porque depende de la financiación pública.
P. ¿Lleva usted
una vida austera?
R. Necesito poco
para vivir. Tampoco lo veo como una renuncia: no tengo coche, ni propiedades,
ni grandes caprichos.
P. ¿Qué cosas le
llenan entonces?
Soy austera: no tengo coche, ni
propiedades, ni grandes caprichos”
R. He comprobado
que con menos tienes más. Compartir con otros en experiencias como la
plataforma, eso es lo que más me llena. Creo que es mucho mejor, incluso en
términos egoístas. Es mil veces más satisfactorio vivir con menos que no esa
sociedad del consumo que promete felicidad y al final solo hace que te sientas
solo, pobre y desgraciado.
P. No tiene casa
en propiedad, algo que se le ha criticado siendo portavoz de una plataforma de
afectados por las hipotecas.
R. Si hay que
ser esclavo para luchar contra la esclavitud, mal iríamos. No me veo afectada
por la hipoteca, pero sí por la vivienda, y la plataforma, desde el primer día,
defendió el derecho a una vivienda digna, en propiedad o alquiler.
P. ¿En el
altruismo hay una parte de egoísmo?
R. Seguro. El
activismo de miles de personas no se explicaría si no fuera porque es altamente
gratificante. Si fuera solo sacrificio, no habría miles de personas entregadas
a esta causa. El proceso de empoderamiento, de ver que nuestra capacidad de
transformación es mayor de lo que nos habían dicho, produce satisfacción. La
plataforma te da más de lo que tú le das a ella. Eso explica que el movimiento
crezca cada día.
P. Dada su
popularidad, ¿no ha sentido la tentación de cambiar las cosas desde un partido?
R. No. Como
ciudadana, creo que todos tenemos que ocuparnos de renovar nuestras
instituciones democráticas. Claramente ahora son fallidas. Hay unos partidos
plagados de corrupción, cada día más lejos de la ciudadanía, endogámicos,
preocupados de perpetuarse, con falta de transparencia absoluta… Me han
propuesto ser diputada y he dicho que no, porque la plataforma está haciendo
más que cualquier partido. Hemos
impulsado una Iniciativa Legislativa Popular, parado más de 700
desahucios, negociado centenares de daciones en pago y alquileres sociales. A
ver qué estructuras con un montón de dinero y muchísimos cargos están
consiguiendo eso: diría que ninguna.
P. ¿Tienen
futuro los partidos?
R. Como están
ahora, no. Hay que resetearlos. Es posible que haga falta algún tipo de
organización, de representación; no puede ser todo el mundo opinando todo el
rato. Pero se pueden pensar cosas más actuales: Internet permitiría, por
ejemplo, cotas de participación brutales.
P. ¿Le gusta que
le definan como izquierdista?
R. Yo no me
definiría así, sino como demócrata radical y defensora de los derechos humanos.
Es necesaria una democracia, pero una real, no una democracia secuestrada como
la de ahora. Izquierda y derecha han servido durante mucho tiempo, pero yo creo
que ahora hay una mayoría social que no se identifica con esas etiquetas. Los
partidos han machacado su propia imagen: el PSOE se ha cargado la idea de
izquierda en este país. En temas de derechos civiles, de libertades, me
reconozco más con una tradición de izquierdas, pero con la representación
actual no me identifico.
P. ¿Qué balance
hace de los escraches a diputados del PP?
R. Han sido un
acierto. Han generado un debate sobre por qué parece tan excepcional que los
ciudadanos pidan explicaciones a sus representantes. En otras democracias, los
diputados reciben a cualquier ciudadano que quiera poner una queja. Si eso
sucediera aquí, seguramente no habríamos llegado a los escraches.
P. ¿Pero era
necesario hacerlos en domicilios? ¿No es una invasión de la privacidad?
R. Es que lo
otro ya lo habíamos hecho. Nos concentrábamos ante las sedes del PP y del
Congreso, y nos ignoraban sistemáticamente.
P. Eran un
último recurso, entonces.
R. Se trataba de
señalizar que vamos a estar allí donde vayas y no vas a poder no vernos. Y si
es en tu domicilio, en tu domicilio, que a esta gente la están echando de su
casa y nosotros simplemente vamos a la tuya y nos ponemos delante con pancartas
y pegatinas en las que pone “Sí se puede”. No hemos invadido la casa de nadie,
mientras que a la gente le están echando la puerta abajo.
El partido socialista se ha
cargado la idea de izquierda en este país”
P. Ante las
cosas que han dicho sobre usted los dirigentes del PP y sus medios afines, ¿no
ha sentido miedo?
R. Quizá en
algún momento sí, porque hubo días muy duros… Ellos apuntan, y luego saben que
cuando despiertan lo del imaginario terrorista, hay un sector reducido pero muy
radicalizado de la población que puede actuar. He recibido algunas amenazas
bastante fuertes, ya no solo contra mí, sino contra mi familia, que todo el
mundo sabe que es lo que más duele. Pero en realidad miedo, miedo, no he
tenido, porque participo en un colectivo muy amplio en el que todos nos
apoyamos los unos a los otros.
P. Y su entorno
¿cómo lleva que esté ahí, en la diana?
R. Mi compañero
y yo estamos igual de implicados. Los dos impulsamos la plataforma y nos
conocimos en el activismo. Mi vida personal no está separada. Otros familiares
nos apoyan. Ha podido haber momentos incómodos, pero nadie ha tenido ninguna
duda de que estamos haciendo lo que hay que hacer, parafraseando a Rajoy.
P. ¿Cómo
desconecta de todo este lío?
R. Con mi hijo
de dos años. Es la mejor manera, llegas a casa y no te lo tienes que plantear.
Te reclama, juega; si te ve con el teléfono, te lo coge y lo tira.
P. ¿Se puede
conciliar vida laboral, familiar y, encima, la de activista?
R. Se puede. Yo
veo a un montón de gente trabajando en dos empleos para poder llegar a final de
mes, a muchísimas mujeres haciendo muchos más esfuerzos de los que hago yo. Yo
me he llevado a mi hijo a parar desahucios y a manifestaciones con otros niños
de la plataforma. Somos de hecho un movimiento muy familiar donde hay
muchísimos niños que llevamos a nuestras actividades. No separamos una cosa de
la otra. Los niños forman parte de nuestra vida, y que así sea, porque desde
luego su alegría y su energía son la mejor receta contra la crisis.
P. Tras estos
años, ¿cuál sería la mayor enseñanza personal que ha sacado del activismo?
R. Vaya
pregunta. No sé… La idea de que el determinismo es falso. El mensaje oficial es
que no hay nada que hacer, que aunque te muevas no vas a conseguir nada, que
todo lo que te pasa es culpa tuya y te tienes que avergonzar: escóndete, has vivido
por encima de tus posibilidades y eres un fracasado. Ese mensaje
responde a unos intereses. Hay alguien a quien le interesa que tú creas que
estás solo. Cuando empezamos, nuestra primera dificultad no fue el poder de la
banca, sino lo destrozada que estaba la gente. El mayor aprendizaje ha sido
comprobar que las personas con menos recursos, los más hechos polvo, si
encuentran un espacio de solidaridad y se les restituye la dignidad, se
convierten en superhéroes.
(Nota: hemos cambiado el título
del artículo)
Disponible en:
<http://elpais.com/elpais/2013/07/25/eps/1374754845_971730.html>
sábado, 27 de julio de 2013
El Estado da por perdidas la gran mayoría de las ayudas a la banca
Diario El País,
26/07/2013.
La historia del rescate de las
antiguas cajas nacionalizadas es un cúmulo de malas noticias. Y lo peor es que
las últimas siempre superan a las anteriores por desgracia para el
contribuyente, que es el principal pagano. Este viernes se conocieron las
cuentas de 2012 del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que asume que se perderán
la mayor parte de las ayudas a la banca. La conclusión es que el fondo de
rescate da por perdidos 36.000 millones de los 52.000 millones que inyectaron
el año pasado en Bankia, Novagalicia (NCG), Catalunya Banc, Banco de Valencia,
Caja España Ceiss y BMN. Son unas cifras similares a los recortes en Sanidad y
en Educación.
Para llegar a estas conclusiones,
el FROB, de propiedad estatal, ha realizado una valoración económica de sus
participaciones en los bancos nacionalizados. Ese deterioro es la principal
explicación por la que el fondo estatal cerró 2012 con unas pérdidas de 26.060
millones, según comunicó esta tarde, ocho días después de aprobar sus cuentas.
En tres años el fondo de rescate ha perdido casi 37.000 millones
Son las mayores pérdidas
registradas nunca por una sociedad española. Estos números rojos se unen a los
que tuvo el FROB en 2011: 10.557 millones, mientras que en 2010 llegaron a 314 millones.
En tres años, la crisis de las cajas ha costado a los contribuyentes 36.931
millones. Y este año no parece que será positivo: el FROB deberá asumir las
subastas de Catalunya Banc y Novagalicia, que pueden acarrear nuevos costes, y
tendrá que asumir la inyección de fondos a cuatro entidades: BMN, Caja3,
Liberbank y Caja España.
Los casi 37.000 millones que ha
perdido el FROB son algo superiores a los que apuntó Miguel Martín, presidente
de la Asociación Española de Banca (AEB). En junio cifró en 33.000 millones las
pérdidas reconocidas en la crisis. Una parte correspondían al FROB y otra,
(13.356 millones), al Fondo de Garantía de Depósitos financiado por las
entidades.
No obstante, Martín advertía que
aun existían compromisos por otros 34.333 millones más en ayudas condicionadas
a la morosidad que aparezca en las carteras crediticias de las entidades
vendidas, con inquietante futuro.
En 2012 el FROB contabilizó
deterioros en el valor de sus participaciones, según los criterios de tres
expertos independientes. El criterio ha sido alinear el valor neto contable con
el valor económico estimado de la participación. Los deterioros suman 25.205
millones. Se han seguido los mismos criterios contables que se utilizaron para
aplicar la quita a los clientes que tenían participaciones preferentes y deuda
subordinada.
En términos absolutos, el mayor
deterioro de 2012 corresponde al Banco Financiero y de Ahorros (BFA), el grupo
de Bankia, con 9.176 millones, seguido por Catalunya Banc (6.674 millones),
Banco de Valencia (5.498 millones), Novagalicia Banco (3.091 millones), Caja
España CEISS (525 millones) y BMN (241 millones).
Por entidades, entre lo perdido
entre 2011 y 2012, Bankia suma 13.641 millones por 9.642 millones de Catalunya
Banc, 6.649 millones de Novagalicia y 5.498 millones del Banco de Valencia
vendido por un euro a CaixaBank.
Sin embargo, en proporción a su
tamaño, el dinero enterrado en Catalunya Banc es mucho mayor que el de Bankia.
No hay que olvidar que la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri es
cuatro veces más grande que la catalana. Además, Bankia está cotizada, con
beneficios, y con una perspectiva de ganar valor con la gestión de sus actuales
directivos, mientras que Catalunya Banc está bajo una dirección provisional que
prepara un ERE de grandes proporciones, que desembocará en una subasta.
Para el FROB, Catalunya Banc aun
tiene un valor de 2.410 millones, que podría reducirse a cero o negativo si los
compradores exigen ayudas para quedarse con la entidad. La participación en
Novagalicia está valorada en 2.334 millones, una cifra que también puede ser
cuestionada en su subasta. Caja España se valora en cero, mientras que BFA, la
matriz de Bankia, está en 8.783 millones.
“Los deterioros suponen el
reconocimiento de la pérdida de valor de las inversiones en las entidades
participadas”, admite el FROB, que con ello viene a echar por tierra la tesis
oficial de que las ayudas se recuperarían.
El deterioro ha dejado al FROB
con un agujero patrimonial de 21.831 millones. Para taparlo, el fondo utilizará
el dinero del préstamo de las autoridades europeas, el MEDE, que ascendió a
40.000 millones. El objetivo es que el FROB tenga un patrimonio neto positivo
de 5.000 millones, por lo capitalizará casi 27.000 millones del crédito a fondos
propios de la sociedad estatal. De esa forma, el fondo de rescate será
rescatado. El resto, 13.000 millones, se mantendrá en el pasivo del FROB como
préstamo.
En la nota del organismo dirigido
por Antonio Carrascosa se aclara que “el deterioro contable” de 25.205 millones
“no coincide con el déficit público que implica la recapitalización”. “El
déficit sigue criterios de Contabilidad Nacional, según la cual se incluye en
el déficit la parte de la inyección de capital que se destina a cubrir
patrimonio negativo de la entidad. Es decir, usa un concepto contable estático
frente al valor económico dinámico. El efecto en déficit de 2012 ha sido de
38.343 millones”, añade.
Pese a estas cifras más que
ruinosas, el FROB parece querer tranquilizar al aclarar que dispone de “una
cómoda posición de tesorería para hacer frente a sus compromisos a medio
plazo”. Hasta finales de junio de 2013, “el monto de la tesorería ascendía a
12.137 millones”.
Disponible en:
viernes, 26 de julio de 2013
El Banco de Valencia desaparece
Por Jordi Cuenca
Diario Levante-EMV,
21/07/2013.
El Banco de Valencia
puso ayer punto y final a una trayectoria de 113 años una vez que la operación
de absorción del mismo por su nuevo propietario, CaixaBank, quedó consumada con
la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de fusión de ambas
entidades, según informó en un comunicado el banco catalán. De esta forma, ayer
fue el último día oficial de vida del Banco de Valencia -también ayer dejó de
cotizar en Bolsa-, que fue intervenido en noviembre de 2011 por el FROB y adjudicado
un año más tarde a CaixaBank por un euro -más unas ayudas públicas cifradas en
6.000 millones- para evitar su liquidación. El consejo de administración del
Banco de Valencia, integrado en los últimos meses por hombres de CaixaBank y el
presidente de Feria Valencia, Alberto Catalá, también dejó ayer de estar
operativo. El negocio de la entidad en la Comunitat Valenciana y Murcia, que el
presidente de CaixaBank, Isidre Fainé, calificó ayer de "territorios
prioritarios", pasa ya a quedar integrado en la territorial del banco
catalán.
En virtud de los acuerdos de fusión se va a aplicar un canje de una acción de CaixaBank por cada 479 de Banco de Valencia, de tal forma que 4.669 millones de acciones de este último acudirán al canje. Por su parte, el número máximo de acciones de CaixaBank necesarias para atender esta operación será de 9,74 millones. Los antiguos accionistas de Banco de Valencia que adquieran títulos de CaixaBank podrán negociar libremente dichas acciones a partir del lunes 22 de julio. Esta operación supone la incorporación de aproximadamente 25.000 accionistas de la entidad valenciana al accionariado de CaixaBank, con una representación del 0,2 % del capital.
Paralelamente, ayer comenzó también el cambio en la rotulación exterior de las oficinas del fenecido banco en las provincias de Castelló (27 sucursales) y Valencia (143) -en Murcia, se recupera la marca Banco de Murcia-, que CaixaBank tiene previsto culminar a finales de julio. Se mantiene la vieja marca arropada por el logo del banco catalán. Los clientes dispondrán a partir de ahora de un horario más amplio para realizar sus gestiones, según CaixaBank. Fruto de la integración, las oficinas que provienen de Banco de Valencia estarán abiertas de lunes a viernes de 8.15 a 14 horas y los jueves, además, entre las 16.30 y las 19.45 horas entre los meses de octubre y abril.
Disponible en:
jueves, 25 de julio de 2013
DesBankant la bancarització de les caixes que enforteix l'oligopoli financer
Por Dani Font
Diario Directa,
23/07/2013
La Plataforma desBanka va dur a terme l’11 de Juliol una
taula rodona per denunciar que “la bancarització de les caixes i el repartiment
del botí entre la banca privada”. “Aquest fet està duent a la consolidació i
enfortiment d’un oligopoli bancari constituït per grans grups financers” va
apuntar Agustí Colom, professor d’economia de la UB. Els dos darrers casos són
els de CatalunyaCaixa i Novacaixagalicia. Les entitats estan sent
recapitalitzades amb grans injeccions de diner públic i per tant “pertanyen
legítimament a la ciutadania, però el govern es prepara per tornar-los a posar
en mans privades sense cap reglamentació per evitar que continuïn especulant”,
afirma el manifest de desBanka. La plataforma denuncia com “la banca ha
utilitzat aquests ajuts (més de 180.000 milions d’euros) en benefici propi,
especulant amb el deute públic i pagant part dels deutes contrets amb la banca
centreeuropea i els mercats internacionals”.
Enric Marín, membre de desBanka
va apuntar que “ja hi ha hagut dues subhastes fallides per vendre Catalunya
Caixa i Nova Caixa Galicia”, i va destacar el fet que “ara l’Estat es farà
càrrec de possibles pèrdues que tinguin aquestes empreses fins i tot quan es
trobin en mans privades”. A l’inrevès del que està fent el Govern, Marín va
proposar mantenir la titularitat pública de les entitats nacionalitzades i
crear una política de lloguer social amb els seus actius immobiliaris. Andreu
Missé, director de la revista Alternativas Económicas, va aprofitar l’acte per
lamentar el fet que “tota l’economia actual funciona a base de crèdit, i aquest
està en mans dels bancs i per tant, són aquestes empreses privades les que
controlen l’economia del Estats i nosaltres ho permetem”.
Com a alternativa a aquest model
financer, des de desBanka aposten per una Banca Pública. Colom va apuntar que
“disposar d’una Banca Pública permetria a l’Estat accedir al crèdit del BCE
(Banc Central Europeu) enlloc d’haver de fer-ho a les entitats privades, i per
tant, a un interès molt més baix que el del mercat”. Per altra banda, davant
les veus que afirmen que construir una Banca Pública seria molt costós (xarxa comercial,
estructures de dipòsits, etc.) va recordar que de fet “aquesta infraestructura,
avui, la tenim: la banca nacionalitzada que hem pagat entre tots”.
Disponible en:
miércoles, 24 de julio de 2013
El decreto andesahucios, el PP y la Troika
Por Beatriz Gimeno
Diario Público.es,
24/07/2013.
El decreto andaluz antidesahucios
es una medida modesta e insuficiente para la gravedad del problema al que se
supone que se enfrenta, como denunció en su día la plataforma Stop-desahucios.
Es una medida que en la mayoría de los casos sólo va a retrasar el problema,
que no acoge a todas las familias que lo necesitan sino únicamente a aquellas
que están en una situación ya desesperada, que fija un plazo temporal demasiado
breve para garantizar la estabilidad vital necesaria en esta situación de paro
masivo y que, además, no supone una mejora sobre lo más importante: la
existencia de cientos de miles de familias atrapadas por deudas que no van a
poder pagar, con vivienda o sin ella, ya que estamos en un contexto no sólo de
paro, sino también de importantes rebajas salariales.
No obstante, el decreto supone
una solución de emergencia para familias en situación límite, visibiliza
el derecho a la vivienda como derecho social básico y además incluye una
batería de medidas complementarias que incentivan el alquiler y
desincentivan la posesión de viviendas vacías. Esto sirve para
visibilizar también algo que debería ser obvio, que está incluso en la
Constitución, pero que se ha convertido en un tabú innombrable en estos
tiempos: la función social de la propiedad. Por eso, el decreto abre una
grieta, aunque sea pequeña, en el discurso único y monolítico de
que no existen otras políticas posibles que las que se están aplicando con mano
de hierro. Existía, además, la posibilidad de que otras comunidades se fueran
sumando a esta medida (Canarias, Navarra…) extendiéndose así la idea no sólo de
que es posible hacer otras políticas que no sean las de salvaguardar los
intereses de los bancos a toda costa, sino que también, a la sombra de éstas,
se podría ir extendiendo la certeza de que estas políticas que se nos imponen
son inhumanas y profundamente inmorales, así como de que es posible cambiar las
cosas, mediante el voto, por ejemplo. Resulta que si se comprueba que –incluso
en esta situación- es posible hacer cosas diferentes, tener en cuenta otros
intereses, los de la gente, por ejemplo, entonces los mercaderes que nos
gobiernan quedan en evidencia como lo que son. Su obsesión es que parezca que
no hay opción.
El decreto abre una grieta en el
hasta ahora único argumento de que lo único que importa es la “estabilidad
financiera”, frase que parece inocua, alejada de la realidad de las
personas normales pero que, en realidad, en este contexto, es una manera de
decir que lo único que importa son los intereses financieros, caiga quien
caiga, es decir, nosotros. El Partido Popular no podía permitir que esta grieta
se fuera haciendo más y más grande y ha corrido a recurrir el decreto, lo que
ha supuesto su paralización temporal. Para hacerlo necesitaba una excusa, algo
que pudiera ayudarles a no dar la impresión de que ayudan sólo a los bancos y
no a la gente, sino que lo que ocurre es que hay problemas mayores, como la
“estabilidad financiera” que no permiten otra manera de actuar. Porque
naturalmente la inmensa mayoría de la gente apoya el decreto, incluida la
mayoría de los votantes del PP. Recordemos que la simpatía popular por la PAH,
por sus acciones, por sus reivindicaciones, ya obligó al PP a tener que hacer
el paripé de admitir a trámite la IPL presentada por la PAH, para poder
desactivarla luego desde el mismo parlamento. Y les obligó después a hacer otro
paripé, el de presentar y aprobar su propia ley antidesahucios, presentada
entre sollozos por la vicepresidenta y que no sirve absolutamente para nada
porque, ésta sí, se preocupa por la estabilidad financiera, y no por los
desahuciados.
La excusa que el PP buscaba se la
prestaron raudos los mercaderes de la Comisión Europea y del Banco Central con
un informe en el que advierten de los males que se avecinan en caso de que el
decreto siguiera adelante. A Bruselas no le ha hecho falta mucha presión para
venir en auxilio del Partido Popular porque tampoco allí se pueden permitir una
grieta, siquiera dialéctica, en los argumentos utilizados para implantar sus
políticas de expolio generalizado. Estas políticas se ejecutan en medio de una
batalla ideológica en la que el lenguaje juega un papel fundamental. Por eso
todas estas medidas vienen siempre con su correspondiente “kit” de
instrucciones que consiste en un argumentario construido en base a su
particular neolengua; una lengua que sirve para ocultar y hacer ininteligible
la realidad. La Comisión Europa y el Banco Central han escrito una carta
y han presentado un informe en el que presentan el decreto andaluz como un
terrible peligro para el sistema financiero, nada menos; ese mismo que se llevó
por delante Lehman Brothers, con el ahora ministro de Guindos al frente. Así
que con la “estabilidad financiera” como bandera, la Troika demuestra una
vez más que no es más que el brazo armado de una panda de mercaderes preocupados
por sus propios intereses y sin ninguna relación con la ciudadanía, con sus
parlamentos o sus democracias. El parlamento europeo está desaparecido ¿alguien
sabe para qué sirve exactamente? La democracia está tomada por los poderes
financieros que nos han dejado claro que es posible expropiar cientos de casas
particulares para construir campos de golf, como se ha venido haciendo a lo
largo de todo el territorio, pero no es posible retener la propiedad de los
pisos que tienen vacíos los bancos (no es realmente una expropiación) durante
tres años para que familias sin otra vivienda tengan un techo.
En otra muestra de ese lenguaje
con el que se busca que la realidad no se haga presente, el gobierno ha
recurrido el decreto antidesahucios diciendo que vulnera el derecho a la
vivienda, de la misma manera que nos roban la sanidad pública argumentando que
lo hacen para mejorar la sanidad pública, o acaban con la educación
mientras dicen que lo hacen buscando la excelencia. Ahora Bruselas le da al
gobierno la coartada que buscaba para paralizar este decreto argumentando que
ayudar a familias en situación límite para que no sean expulsadas de sus casas
durante tres años, puede afectar negativamente a la recuperación económica… de
los bancos. ¡Acabáramos! Me suena a que, sin quererlo, la Comisión Europea ha
dado por una vez en el clavo: aquí, o nos recuperamos nosotros y nosotras, o se
recuperan los bancos; que nadie se crea que es lo mismo o que vamos en el mismo
barco. No es lo mismo y esto me suena a lucha de clases; y no es broma.
Disponible en:
martes, 23 de julio de 2013
Hay que enjuiciar a los bancos. Contra los préstamos tóxicos de las administraciones locales
Por Patrick Saurin
Aunque las autoridades de control
se muestran incapaces de reaccionar ante el estrangulamiento de las finanzas
locales por parte de los préstamos tóxicos, las administraciones sí pueden
hacerlo. Aquí tenemos varias vías.
Los préstamos tóxicos, que los
bancos denominan sin pudor “préstamos estructurados”, abarcan todo un abanico
de préstamos propuestos a las administraciones, a los hospitales y organismos
de viviendas sociales que han llevado a esos actores públicos a especular,
cuando esa actividad les está prohibida por ley. La particularidad de este tipo
de préstamos es hacer soportar sólo a los prestatarios un riesgo muy importante
puesto que la evolución del tipo de interés, imprevisible y a menudo sin
límite, viene determinado por un mecanismo poco comprensible, tal que la tasa
de cambio de moneda o la diferencia entre tasas cortas y tasas largas. El banco
prestador nunca pierde: si los tipos de interés están al alza el prestatario
verá en consecuencia cómo su deuda aumenta, si éstos bajan (raramente ocurre),
el banco prestador no sufrirá ninguna pérdida puesto que ha tomado la
precaución de asegurarse contra ese peligro a través de otro banco llamado
banco de compensación. Para atraer al cliente, la receta es simple: los
primeros años se le propone un tipo de interés bonificado, inferior al tipo del
momento. La evolución no se da hasta al cabo de ese primer periodo de 3 a 5
años, tal y como se confirmará con la crisis financiera de 2007-2008 que hará
estallar los tipos de los préstamos alcanzados durante el segundo periodo de
vida.
¿Por qué han propuesto
los bancos este tipo de préstamos?
El motivo es simple y vil: con
este tipo de productos, los bancos han multiplicado sus márgenes por dos, tres,
e incluso más. En los inicios de su comercialización, a partir de 1995, los
préstamos estructurados se proponían a las entidades públicas locales para
financiar sus nuevas inversiones, pero muy pronto, durante los años 2000, Dexia
y los otros bancos iban a aconsejar a sus clientes que reorganizaran la
totalidad de sus saldos de deuda. Así, en 2008, la deuda del consejo general de
Seine-Saint-Denis estaba constituida por un 97% de préstamos tóxicos.
¿Se pueden evaluar los
riesgos que representan los préstamos tóxicos?
La comisión de investigación
parlamentaria que trabajó sobre esta cuestión durante el segundo semestre de
2011 publicó su informe con unas cifras sorprendentes: a finales de 2011 había
en Francia 32.100 millones de euros de préstamos estructurados, repartidos en
10.688 contratos. El informe concreta: "El saldo total de prestamos
estructurados de riesgo asciende a 18.828 millones de euros para el conjunto de
las entidades públicas locales, de las cuales 15.787 millones de euros
presentan un riesgo elevado". Este mismo informe estima en 730 millones de
euros el sobrecoste anual ocasionado por estos préstamos, al cual se le suman
252 millones de euros de gastos consecuencia de swaps peligrosos. Mil millones
de euros de sobrecoste anual representa 40.000 empleos, es decir, ¡una empresa
de 400 personas por departamento!
¿Por qué las entidades
públicas no rescinden esos contratos?
Simplemente porque o no es
posible, o les costaría demasiado caro. De hecho, los bancos ya se cuidaron de
sellar sus contratos con cláusulas de transformación o de baja previendo
compensaciones (o indemnizaciones de reembolso anticipado) de una suma
considerable.
Es frecuente que, para transformar un préstamo tóxico en un préstamo clásico a tipo de interés fijo o revisable, el banco exige en contrapartida una indemnización que puede ser superior a la suma del préstamo.
A día de hoy, la mayoría de las negociaciones amistosas efectuadas por las administraciones locales con los bancos han fracasado porque estos, en posición de ventaja, no quieren ceder en nada.
¿Por qué no han
reaccionado los poderes públicos?
El informe de la comisión de
investigación parlamentaria de 2011 puso en evidencia una serie de carencias y
de chapuzas por parte de las autoridades de control. Desde la prefectura,
encargada del control de la legalidad, a las cámaras regionales de cuentas,
pasando por las tesorerías, la delegación general de las administraciones
locales y los ministerios, todas las instancias públicas han fracasado en sus
respectivas misiones. A día de hoy, el ejecutivo y el legislativo no han
propuesto ninguna solución válida para aclarar esta situación.
¿Qué soluciones tienen a
su disposición los agentes públicos locales?
Para las administraciones
territoriales, los hospitales públicos y los organismos de vivienda social
contaminados por los préstamos tóxicos, la solución pasa por la suspensión del
pago de los intereses de los prestamos incriminados, la acción de la justicia contra
los bancos y la llamada a la población (en particular a los miembros de las
colectividades locales para una auditoría ciudadana) para apoyarles en su
lucha. Habiendo ya como hay más de un centenar de colectivos, un combate así,
se puede ganar. Como muestra de ello, tres decisiones recientes han dado el
pistoletazo de salida animando a los agentes públicos locales que han optado
por tomar esa vía.
Para empezar, el 31 de mayo de
2012, la cámara regional de cuentas de Auvergne-Rhône-Alpes consideró que los
gastos relativos al pago de los intereses de los préstamos tóxicos del
municipio de Sassenage no presentaban un carácter obligatorio en la medida en
que no eran susceptibles de ser impugnadas en su principio y en su suma.
Luego, el 24 de noviembre de 2011,
el Tribunal comarcal de primera instancia de Paris dio la razón al municipio de
Saint-Étienne, el cual había interrumpido el pago de los intereses al Royal
Bank of Scotland, una decisión confirmada por el Tribunal de Apelación de
París, el 4 de julio de 2012. El 11 de noviembre de 2012, RBS concluyó un
acuerdo amistoso con la ciudad aceptando hacerse cargo del 50% de la
compensación para deshacer dos contratos de swap impugnados.
Y por último, el 8 de febrero de
2013, en un enfrentamiento entre el consejo general de Seine-Saint-Denis y
Dexia, el tribunal comarcal de primera instancia de Nanterre decidió la nulidad
de la cláusula de interés de tres contratos por falta de mención de la tasa
efectiva global (TEG) en el fax de confirmación de los préstamos.
Desde el punto de vista del
derecho, existe una multitud de pruebas susceptibles de ser utilizadas contra
los bancos (el fraude o engaño, la falta de consejo, falta de TEG, el carácter
especulativo de las operaciones, etc.) para conseguir que los préstamos tóxicos
sean reconocidos como ilegales o ilegítimos.
¿Qué deben reclamar las administraciones públicas locales contaminadas por los préstamos tóxicos?
Tienen que pedir a los bancos que
sustituyan a los préstamos tóxicos por préstamos no arriesgados (a tipo fijo o
a tipos revisables clásicos), sin compensación, sin ampliación de duración, sin
cláusula leonina o abusiva. Puesto que son ellos los que han estado siempre
tras el origen de este tipo de préstamos, los bancos deben soportar la
totalidad de los sobrecostes que les han provocado a los prestatarios.
Deben igualmente exigir de los poderes públicos una profunda reforma de la financiación de las entidades públicas locales para que se pongan a disposición de estas últimas los préstamos no arriesgados a tasas preferentes o nulas. Los poderes públicos deberán igualmente tomar todas las medidas necesarias para obligar a los bancos a sustituir los préstamos tóxicos que ellos comercializaron por unos préstamos no arriesgados en las condiciones enunciadas.
¿Por qué a las
administraciones públicas les interesa emprender acciones legales antes del 19
de junio de 2013?
Es importante que las
administraciones públicas locales emprendan sus acciones legales lo antes
posible, pues los prestatarios que han firmado sus contratos de préstamos antes
de junio de 2008 tienen hasta el 19 de junio de 2013 para emprender una acción
de responsabilidad contractual.
De hecho, la ley 2008-561 del 17 de junio de 2008 (aprobada el 17 de junio, publicada en el “Boletín Oficial” el 18 y aplicable el 19) reformando la prescripción en materia civil modificó el artículo 2224 del Código Civil que dispone: “Las acciones personales o mobiliarias prescriben a los cinco años a partir del día en el que el titular de un derecho conoce o debe conocer los hechos permitiéndole ejercerlo”. Una acción después del 19 de junio de 2013 será siempre posible, pero será más complicado para el prestatario, que deberá aportar la prueba de los motivos objetivos que le impidieron percatarse del carácter erróneo del contrato antes de esa fecha.
Si se les pide a los
bancos soportar la totalidad de los sobrecostes, ¿no deberían los
contribuyentes ser llamados a pagar por Dexia ’in fine’?
En la medida en la que cerca de
10 mil millones de préstamos tóxicos de Dexia Municipal Agency (DEXMA) fueron
recuperados por la Sociedad de financiación local (SFIL participada al 75% por
el Estado, al 20% por la CDC y al 5% por la Banca postal), es ahora el Estado
Francés el que asume el riesgo. Pero yo creo que existe una prueba de derecho
para evitar que los contribuyentes, a través del Estado, sean obligados a pagar
los sobrecostes. Yo recomiendo que los bancos de compensación de los bancos que
consintieron préstamos tóxicos sean convocados solidariamente con esos bancos
prestadores a soportar la totalidad de los sobrecostes consecuentes de los
montajes financieros en los que han participado. Así, el prestamo estructurado
no podrá tenerse en cuenta de manera aislada sino que debe ser examinado en el
cuadro de una asociación entre el prestatario, el prestador y el banco de
compensación. En la medida en el que los préstamos estructurados sean
considerados como ilegales o ilegítimos, el banco de compensación también debe
ser corresponsable del montaje delictivo en el que ha participado. Aceptar la
exoneración de los bancos de compensación de este tipo de responsabilidad sería
equiparable a considerar legales y legítimas las contra-garantías que podrían
aportar a traficantes de droga, a delincuentes dedicados al tráfico de seres
humanos o a criminales dedicados al blanqueo de dinero.
Los bancos tienen la obligación
de informarse sobre la moralidad de sus clientes y sobre la licitud de las
operaciones efectuadas por éstos. En este caso concreto, es incuestionable que
los bancos de compensación han incumplido esta obligación. Esto permitiría que
se hicieran cargo de los sobrecostes de los préstamos tóxicos de DEXMA, ya no
la SFIL (y a través de ella el Estado y los contribuyentes), sino los bancos de
compensación que intervinieron en esos préstamos tóxicos. Estos bancos de
compensación, entre los cuales se encuentran sobre todo Goldman Sachs, Morgan
Stanley, Royal Bank of Scotland, HSBC, Dexia Bank Belgium, Deustche Bank, etc.,
son en gran parte responsables de la crisis financiera que comenzó en 2007 y
tienen todos los medios financieros para soportar esos sobrecostes.
Patrick Saurin,
miembro del sindicato francés SUD BPCE, del CADTM y del CAC en Francia
(Colectivo para una Auditoria Ciudadana de la deuda pública). Se ha encargado
durante diez años de la atención al público en las administraciones locales en
las Cajas de ahorros. Es miembro del ejecutivo nacional de SUD BPCE, del
Colectivo por una auditoría ciudadana y del Comité para la anulación de la
deuda del tercer mundo (CADTM).
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