jueves, 31 de octubre de 2013
La CNMV dice al juez que Bankia vendió casi todas sus preferentes a familias
Diario El País,
30/10/2013.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha
enviado a la Audiencia Nacional los documentos que acreditan que las
participaciones preferentes comercializadas por las cajas de ahorro que luego
se integraron en Bankia se vendieron en su práctica totalidad a particulares.
La certificación había sido
solicitada por el juez de este tribunal Fernando Andreu a petición de la
acusación ejercida por el colectivo 15mPaRato, que el pasado mes de septiembre
entregó al magistrado varios documentos recibidos "de forma anónima"
y según los cuales Caja Madrid vendió el 98,9 % de su emisión de preferentes de
2009 a familias.
Andreu solicitó a la CNMV, cuyo
membrete aparecía en la documentación, que verificaba si los datos que ésta
contenía eran reales y pidió además al supervisor que le remitiera "toda
la información que contenga la distribución de suscriptores de participaciones
preferentes" de las cajas integradas en la entidad nacionalizada.
En su respuesta, el organismo
presidido por Elvira Rodríguez confirma que los documentos aportados por
15mPaRato "forman parte del expediente de emisión" de las preferentes
colocadas por Caja Madrid en 2009.
La CNMV ha enviado además al juez
los "cuadros de difusión" de distintas emisiones de estos títulos
comercializadas por la caja madrileña y por Bancaja, Caja Rioja, Caja de Ávila,
Caja Segovia, Caixa Laietana y La Caja de Canarias.
Esos cuadros revelan que de los
500.000 títulos de los que constaba la emisión que la entidad valenciana hizo
en 1999, el 83 % -es decir, 415.363- se vendieron a suscriptores que en los
documentos figuran bajo el epígrafe de "familias".
Ese porcentaje es aún mayor en la
emisión que Bancaja lanzó el año siguiente, cuando los particulares adquirieron
440.948 de los 500.000 títulos, es decir, el 88,2 %.
Las emisiones del resto de las
cajas que luego se integraron en Bankia fueron de menor entidad, pero en ellas
se repetía el patrón: Caja Rioja colocó en 2004 el 96 % de los títulos -48.019
de 50.000- a particulares y Caja de Ávila el 96,5 % de los 30.000 valores de
los que constaba su emisión de 2001.
El juez Andreu también preguntó a
la CNMV desde cuándo disponía de esa información, a lo que el supervisor
contesta que todos los documentos que le ha remitido se encuentran en sus
registros "y están disponibles al público en general desde el momento de
su incorporación a los registros", lo que coincide con la fecha de
registro del folleto y de recepción de los cuadros de emisión.
Eso significa, según la
acusación, que la CNMV tenía todos los documentos en su poder en cuanto los
títulos se terminaban de vender, lo que en opinión de 15mPaRato revela que el
supervisor "sabía todo desde el principio" y que ocultó esa
información al juez a pesar de que le habían sido requeridos hace más de un
año.
Disponible en:
miércoles, 30 de octubre de 2013
El ICO apuesta por el capital riesgo para financiar a las empresas
Por Jorge
Otero
Diario Público.es, 29/10/2013
"Ahora hay mucho apetito por
invertir en España", señalan desde el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Y para que nadie se quede con hambre, el ICO se ha propuesto impulsar e
incentivar la inversión en empresas españolas —sobre todos medianas y pequeñas—
a través de su gestora AXIS, la sociedad gestora de capital riesgo del Grupo
ICO, y por eso ha puesto en marcha FOND-ICO Global, el primer "fondo de
fondos" público español.
El proceso es sencillo: a través
de AXIS, el Grupo ICO pondrá 1.200 millones de euros en cuatro años disposición
de los inversores que se animen a venir a España para financiar proyectos tanto
de grandes empresas españolas como de otras de nueva creación. Para participar
en FOND-ICO Global, el ICO hará licitaciones públicas cada cierto tiempo.
La primera convocatoria se abrió el pasado 7 de octubre y finalizará el 31 de
octubre y lo hace por un importe de 200 millones de euros. El objetivo es
seleccionar hasta tres gestoras o sociedades de capital riesgo de fondos de Venture
Capital y otros tres de fondos de Capital Expansión. Todo se hará de
forma"transparente".Tras esta primera licitación se llevarán a cabo
otras posteriores en sectores que atenderán a la demanda del mercado.
"Ayudaremos a aquellas
gestoras que se presenten al concurso a levantar los fondos [traer el dinero a
España] aportando hasta un tercio del capital. Hemos hablado recientemente con
inversores en Estados Unidos y están interesados". El Grupo ICO, a través
de Axis, se compromete a aportar hasta un 40% del total del fondo de capital
riesgo, hasta un límite de 20 millones de euros; y un 30% en los fondos de
Capital Expansión, con un límite de 70 millones. A cambio, los inversores
tendrán que cumplir una serie de requisitos: entre otros, los fondos deberán
invertir en España, como mínimo el 50% de sus recursos propios o dos veces lo
que ponga el FOND-ICo Global.
"El sector de capital
riesgo se ha pasado un par de años sin levantar dinero"
"La empresa española
necesita base de capital, sobre todo las pymes. Este tipo de fondos de capital riesgo
son necesarios para dinamizar la economía, son la levadura que hará crecer a
las empresas", señalan esas mismas fuentes. El ICO pretende seguir el
modelo que ha implantando Israel: "Queremos diversificar, no dar todo a
cuatro o cinco grandes fondos, sino a 40 o 50 para que compitan entre sí".
Según el ICO, "la puesta en
marcha de FOND-ICO Global es una de las medidas de mayor alcance en el sector
del capital riesgo en España". El propio organismo señala que esta medida
responde al encargo del Gobierno de impulsar la financiación no bancaria de
proyectos que combinen innovación y emprendimiento, todo "con el fin de
mejorar su competitividad, fomentar la internacionalización, y la generación de
empleo".
Las fuentes del ICO han precisado
que con estas licitaciones el fondo público español estará presente en
"diversos estadios de capital riesgo". "El sector de capital
riesgo se ha pasado un par de años sin levantar dinero", reconocen en el
ICO, que apuestan fuerte por este proyecto. A principios de mes la propia
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba el proyecto
y confesaba que el objetivo es facilitar a las pymes financiación alternativa a
la bancaria y movilizar recursos por importe superior a 3.000 millones de
euros.
Balance
Por otro lado, el ICO hizo
balance de su actuación: concedió financiación por 4.275 millones de euros en
el tercer trimestre, un 37,89% más que en el segundo, y casi la mitad de lo
aprobado en todo el año. Así, en los primeros nueve meses del año el importe
total concedido ascendió a 8.659,1 millones de euros, de los que 7.941 millones
correspondieron a líneas de mediación por las que el organismo distribuye
financiación en colaboración con las entidades bancarias.
El 76 % de las operaciones fueron
de menos de 60.000 euros, y el 56% de los créditos se concedió a empresas con
menos de diez empleados. Por otra parte, el ICO subrayó que se ha producido un
incremento de la demanda de las líneas destinadas a impulsar la expansión
internacional de las empresas españolas: hasta el 30 septiembre 4.351 empresas
obtuvieron financiación para ello, por importe de 586 millones de euros.
En los primeros nueve meses del
año el ICO ha concedido 8.659,1 millones de euros en prestámos
El ICO ha aumentado su peso entre
las entidades financieras, y mientras que en 2008 el importe de los créditos
concedidos por el organismo a empresas representó el 4,7 % del total de los
otorgados por bancos y cajas a pymes, en agosto este porcentaje se elevó al
11%.
Para financiar su actividad, el
Instituto de Crédito Oficial, que no depende de los presupuestos generales del
Estado, emitió hasta septiembre 9.352 millones de euros en bonos en los
mercados. Respecto a sus resultados, el ICO obtuvo un beneficio después de
impuestos de 52,2 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un
incremento de más del 55% con respecto al mismo periodo del año anterior.
El índice de solvencia se situó
en el 17,33%, frente al 12,57 % de los primeros nueve meses de 2012. Asimismo,
la morosidad se situó en el 4,83%, por debajo del nivel del primer semestre, y
muy por debajo de la media del sector bancario.
Disponible en:
martes, 29 de octubre de 2013
En las tripas de un concurso
Por Víctor Romero
Diario Levante-EMV, 21/10/2013.
La crisis económica se ha llevado
por adelante a centenares de empresas por diversos motivos. El principal ha
sido el brutal desplome de la actividad, que ha dejado sin cartera de negocio a
muchas compañías, seguido del sobreendeudamiento de las promotoras
inmobiliarias, incapaces de afrontar sus vencimientos tras hundirse el mercado
inmobiliario. Sin embargo, muchas empresas con un funcionamiento óptimo, con
cartera de clientes y una cuenta de explotación saneada han sido víctimas del
proceso de saneamiento y reestructuración del sistema bancario. El Mercantil
Valenciano ha entrado en las tripas de uno de estos concurso, el que el pasado
mes de julio llevó a una firma industrial con cuarenta años de experiencia como
Aleaciones Estampadas a suspender pagos.
Con sede en Catarroja AESA es una
empresa familiar mediana que en la última década había logrado transformar su
negocio tradicional de forja de metales para fabricar picaportes y piezas
destinadas al mercado de la construcción en una producción diversificada hacia
sectores como automoción, material eléctrico, material médico, iluminación,
calefacción o válvulas, investigando en nuevos materiales como magnesio,
titanio, aluminios, latones especiales, bronces o aceros inoxidables. Con una
constante apuesta por la I+D+i puede presumir de haber situados sus piezas en
vehículos de Maclaren, BMW o Aston Martin. El 70 % de su producción tiene como
destino la exportación y sus clientes se concentran en Alemania, locomotora
industrial de Europa.
Con esta carta de presentación,
¿por qué el concurso de acreedores? «Perdimos un millón de euros que ya nos
habíamos gastado de una ayuda a la innovación del CDTI porque el Banco de
Valencia no nos concedió un aval», explica Rafael Belloch, consejero delegado
de Aleaciones Estampadas. Habituados a trabajar con el Banco de Valencia, la
empresa se vio afectada por el tránsito que llevó a la entidad centenaria a ser
intervenida por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, sufrir sus
proceso de saneamiento y pasar finalmente a manos de Caixabank. «No
encontrábamos a nadie con quien hablar», dice Belloch. El banco, como hizo con
muchos otros clientes, cortó el grifo del crédito a corto plazo, el circulante,
lo que agravó la situación de la empresa, incapaz de renovar sus pólizas.
Finalmente Aleaciones Estampadas, para evitar una hipotética ejecución de
bienes, optó por solicitar el concurso voluntario de acreedores, aceptado por
el juez.
El de AESA es un caso singular. Su concurso no ha conllevado ajuste de empleo ni una situación traumática en la empresa, ya que esta sigue funcionando con normalidad y mantiene una relación fluida con clientes y proveedores (aunque estos últimos deberán esperar a conocer el convenio elaborado por la administración concursal para saber cuándo y cómo cobrarán los pagos pendientes). «Cuando se aprueba el concurso se hace una foto de cómo está la empresa y se congela lo de detrás, pero hacia delante se funciona con normalidad. Ahora somos mucho más estrictos con los pagos porque una factura devuelta te puede llevar a liquidación», afirma el consejero delegado de la empresa. Belloch sostiene que como en toda suspensión de pagos entre clientes y proveedores surgen rumores que perjudican la imagen de la empresa. En su caso se ha llegado a afirmar incluso en ámbitos del sector que iba a cerrar. Pero Belloch afirma que no solo no tienen previsto echar la persiana, sino que cuentan con planes estratéticos de expansión y crecimiento, sobretodo en el mercado alemán. Su planteamiento cuenta con el respaldo del administrador concursal, Adolfo Núñez Astray, para quien la empresa cuenta con los elementos necesarios para proteger su continuidad.
Antonio Tormo, socio del despacho
ATF Abogados y Asesores Fiscales, experto en derecho concursal y que tiene a
Aleaciones Estampadas como cliente, asegura que tanto la administración como
las entidades financieras deberían colaborar con este tipo de empresas
industriales. «Componen el tejido productivo, son exportadoras y no tiene
sentido que encima se les ponga trabas», afirma. Actualmente, Aleaciones
Estampadas cuenta con una plantilla de algo más de medio centenar de
trabajadores. Rafael Belloch afirma: «Nunca hemos despedido a nadie, si ha
habido algún problema siempre hemos negociado la salida».
Negociación con una
ingeniería alemana
Uno de los primeros efectos que un concurso de acreedores tiene en la empresa es la repercusión sobre su propia imagen. Aleaciones Estampadas estaba en pleno proceso de negociación con una ingeniería alemana para darle entrada en su capital. La alianza, que significa trasladar el domicilio social de la empresa a Alemania y consolidarse en el mercado de las exportaciones de las manufacturas metálicas, ha quedado en suspenso. La ley alemana no contempla la continuidad de las empresas cuando estas suspenden pagos, de ahí que los futuros socios hayan tenido que entender que la situación concursal no tiene porqué significar un cierre. «El proyecto era perfecto porque significaba hacer productos con sello alemán pero con los costes de España. Ahora tenemos que esperar a que se levante el concurso para cerrar el acuerdo», dice Rafael Belloch, consejero delegado de AESA. Sus hipotéticos socios son además uno de sus principes prescriptores de productos para el mercado alemán. Belloch y su hermano José enseñan orgullosos las piezas que han fabricado para clientes proveedores de marcas como BMW, Mercedes, Aston Martin o Maclaren.
AESA nació en la década de los
años sesenta del siglo pasado como fabricante de piezas de latón para el sector
de la grifería. Experimentó un fuerte crecimiento en los años ochenta y noventa
y trató de anticiparse a la irrupción de los productos asiáticos con la entrada
del nuevo siglo. Tras invertir en maquinaria e I+D ha logrado abrirse un
pequeño hueco en el sector de los metales destinados al mercado del lujo. El
año pasado facturó más de 4,6 millones de euros.
Disponible en:
lunes, 28 de octubre de 2013
Prestamistas y deudores, idiotas y ladrones
Por Andrés
Montes
Diario La
Nueva España, 02/10/2013.
El esquema clásico del choque de
opuestos como motor de la historia admite muchas variantes que permiten
articular el devenir del mundo. Para el periodista Philip Coggan, «la historia
económica ha sido una carrera entre acreedores y deudores, con la naturaleza
del dinero como campo de batalla. La crisis actual es tan solo la más reciente
escaramuza». Para el antiguo «broker» Michael Lewis esa escaramuza se libra
entre idiotas y ladrones. Así identifica a los contendientes en La gran
apuesta, un relato desde dentro de Wall Street de cómo se gestó el petardazo
que hace cinco años colapsó el sistema.
Philipp Coggan es el editor de la
sección de Mercado de Capitales del semanario británico «The Economist».
Presenta Promesas de papel. Dinero, deuda y un nuevo paradigma financiero como
un «trabajo periodístico basado en mis veintiocho años de profesión y en mis
lecturas exhaustivas de estudios históricos». La idea central del libro, el
cuarto de su autor, consiste en que «el dinero moderno es deuda, y la deuda es
dinero». En esa perspectiva, Coggan anticipa malas noticias para algunos y
liberadoras para otros: «Las ingentes deudas acumuladas en los últimos cuarenta
años no se pueden pagar íntegramente, y no se pagarán». Ante la implacable
socialización de pérdidas sobra decir quiénes apurarán el cáliz de lo que deben
hasta la última gota y quienes serán exonerados.
«El mundo desarrollado construyó
un modelo económico cimentado en la deuda», escribe Coggan. El crédito engrasa
el sistema, y «la oferta de dinero (deuda) se expandió para satisfacer el deseo
que tenían consumidores y empresas de una mayor actividad económica
(comercio)». Con el añadido de un «gran cambio de los tiempos modernos»,
consistente en «que el crédito al consumo venga proporcionado a través del
sistema bancario». Para el autor de Promesas de papel el cataclismo económico
«tardó cuarenta años en gestarse», por lo que «no es de extrañar que a los
pronosticadores les tomara por sorpresa el momento elegido para su llegada».
Coggan, poco optimista sobre la forma de superar esta coyuntura, atribuye
responsabilidades de forma equitativa: «En cualquier crisis de deuda, es muy
posible que los acreedores imprudentes sean tan culpables como los deudores
imprudentes». No obstante, identifica a algunos culpables potenciales. Lo amos
del mundo que Tom Wolfe retratara en La hoguera de las vanidades no se extinguieron
con la crisis de los 80. Al contrario, «el éxito de las firmas de Wall Street y
la complejidad intelectual de las finanzas modernas hacían que los ejecutivos
financieros se percibiesen como las personas más inteligentes del país».
Soslayando la advertencia de Galbraith sobre el error de identificar dinero con
inteligencia, los banqueros se convirtieron en «la nueva oligarquía americana»
y acuñaron la idea dominante de estos tiempos: «El mercado tiene la razón».
A mayor complejidad de ese mundo
financiero, mayor oscuridad. A velar la naturaleza del negocio contribuyeron
matemáticos e ingenieros cuya habilidad con los números cotizaba alto en las
firmas de inversión de Wall Street, «chicos prodigio», afirma Coggan, «que eran
necesarios para bregar con los complejos productos derivados que se habían
desarrollado desde los setenta y que iban a tener un papel muy importante en la
crisis de las subprime». Así, «cuanto más complejo es el producto, más difícil
es para los inversores ver el precio». El resultado de ello «fueron unos
pingües beneficios para el sector bancario, si bien es posible que los bancos
se estuvieran engañando a largo plazo». Ahora afrontamos las consecuencias y
«el mundo desarrollado ha hipotecado su futuro con una apuesta disparatada por
el precio de los activos y su dependencia excesiva del sector financiero».
Michael Lewis pone la lupa sobre
ese mundo en La gran apuesta. El ahora profesor de Berkeley lo conoce bien,
antes fue uno de ellos. Su libro se construye a partir del relato de algunos
pequeños inversores, de perfiles variados, marginales en ese gran baile de
cifras desorbitantes pero cuya proximidad a sus mecanismos y la desconfianza
sobre las reglas que imponen los grandes les permitieron ganar dinero apostando
contra el sistema y librarse de la hecatombe.
Lewis no tiene buena opinión de
sus antiguos compañeros: «Cualquier negocio donde puedes vender un producto y
ganar dinero sin tener que preocuparte acerca de cómo funciona ese producto
atrae fácilmente a mala gente». A diferencia del mercado bursátil ordinario, el
de los bonos es un sector oscuro y alevoso. «En el mercado de las acciones era
posible que las grandes firmas de Wall Street te timaran, pero ello requería un
verdadero esfuerzo. El mercado entero operaba en pantallas, de modo que uno
siempre tenía una visión clara de la cotización de las acciones de cualquier
empresa». Sin embargo, «los vendedores de bonos podían decir y hacer cualquier
cosa sin temor a que se informara de ello a alguna autoridad».
Sorprende la desfachatez que
muestran algunos operadores de esos bonos reflejada en el libro de Lewis a
través de testimonios indirectos. Lo único que queda claro es que el objetivo
explícito de ciertas firmas consistía en desvalijar a quienes les confiaban su
dinero. Clientes a los que, a su vez, la codicia les hacía desafiar el temor a
lo desconocido a través de productos financieros que no entendían. «En el
mercado de bonos todavía era posible ganar enormes sumas de dinero gracias al
miedo, y la ignorancia, de los clientes», resume Lewis. El lector, desbordado
por la dificultad de entender una mecánica de inversión que en La gran apuesta
se desmenuza con detalle, puede apreciar el grado de sofisticación y falsedad a
que ha llegado esa abstracción que llamamos los mercados.
El mayor mercado de capitales del
mundo había dejado de ser lo que se suponía que era para convertirse en un gran
engaño, un enredo con un resultado previsible, porque en el juego «había más
idiotas que ladrones, pero los ladrones estaban más arriba». Pero ¿quiénes son
los idiotas? Uno de esos exitosos vendedores de bonos identifica con total
cinismo a algunos de ellos como «alemanes estúpidos» que «se están tomando en
serio a las agencias de calificación. Ellos creen en las reglas». Las mismas
agencias de calificación que han marcado las decisiones políticas en Europa
durante los últimos cinco años fueron colaboradoras necesarias en ese
descomunal enjuague financiero, unas veces por su incapacidad para calibrar los
productos que se sometían a su evaluación, otras porque, como cuenta Lewis, sus
estimaciones de riesgo eran una simple formalidad que no entraba en mayores
honduras.
«Durante más de veinte años, la
complejidad del mercado de bonos había ayudado a los operadores de Wall Street
a engañar a sus clientes», expone el autor de La gran apuesta, y desde finales
de los años noventa esa mecánica perversa «estaba llevando a los propios
operadores de bonos a engañarse a sí mismos». Así, «la catástrofe resultaba
previsible, pero sólo unos pocos inversores lo advirtieron», esos pocos que
protagonizan el complejo y crudo retrato de Wall Street que es el libro de
Michael Lewis.
Frente a tales fieras la
propuesta de establecer unos límites morales al mercado puede conmover por
ingenua. A ello se aplica el catedrático de Harvard Michael J. Sandel en Lo que
el dinero no puede comprar. Sandel analiza cómo los criterios economicistas han
invadido «esferas de la vida que no les pertenecen», y este muy recomendable
libro tiene como objetivo «repensar el papel que los mercados deben desempeñar
en nuestra sociedad». Paso imprescindible para no seguir abocados a repetir
todo lo que ahora vivimos.
Disponible en:
domingo, 27 de octubre de 2013
La PAH prepara una denuncia en la Audiencia Nacional contra Botín
Diario Público.es,
24/10/2013.
La Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) no para: estos días está asesorando a decenas de afectados
Madrid, Catalunya y Murcia que el próximo 30 de octubre presentarán una
denuncia en la Audiencia Nacional contra Emilio Botín, presidente del Banco
de Santander, su hija, Patricia Botín así como contra los máximos
responsables de los grupos BNP Paribas y la Unión de Créditos Inmobiliarios
(UCI), a los que acusa de un delito de estafa continuada a través de la
comercialización sistemática de productos financieros tóxicos, denominadas hipotecas
basura o subprime.
Según una nota de prensa
difundida por la PAH de Madrid, "los denunciantes pedirán a la Audiencia
Nacional que abra una investigación judicial para depurar responsabilidades
de quienes diseñaron y ordenaron la puesta en práctica del sistema de
comercialización de productos tóxicos".
Los denunciantes aseguran tener
indicios de que el Santander y BNP Paribas concedieron préstamos hipotecarios
"en condiciones tales que hacían previsible el impago de un elevado número
de ellos sin avisar a los clientes del riesgo de la operación". Para la
PAH y los afectados el "objetivo de esta comercialización con gestión
temeraria del riesgo es el ánimo de lucro y la posterior venta de los
préstamos a inversores internacionales". Entiende que las entidades
financieras sacan de sus balances internos estos activos tóxicos para conseguir
nueva financiación con la que continuar el negocio de préstamo hipotecario.
"Las entidades financieras
concedieron a través de la financiera UCI préstamos a jóvenes, población
inmigrante y personas con intención de cambiar de casa con escasa solvencia
económica. Aparecen indicios de estafa en la concesión de tales préstamos al
provocar endeudamientos durante décadas con falta de información y engaño
acerca del riesgo contraído. Los préstamos incluyen además condiciones
declaradas abusivas por los tribunales", se puede leer en la nota de prensa.
Según la PAH, la venta de estos
productos hipotecarios se realizaba a través de una compleja red de sociedades
mercantiles y profesionales del ámbito inmobiliario, como la tasadora asociada
a UCI, Valtecnic, y de la asesoría financiera, que cumplían los planes de UCI
de colocación de hipotecas tóxicas.
El volumen de cotización de
los fondos de UCI entre los años 1999 a 2009 asciende a 14.365,8 millones de
euros, con un total de 133.701 hipotecas y 22.831 préstamos personales
no hipotecarios. Entre un 11 y 15% de las hipotecas concedidas lo fueron
sobre viviendas de protección oficial, y por encima del 30% a jóvenes menores
de 39 años.
Disponible en:
sábado, 26 de octubre de 2013
La UCE alerta de malas prácticas bancarias con las cláusulas suelo
Diario Levante-EMV
, 24/10/2013.
La Unión de Consumidores de
España en la Comunitat Valenciana (UCE) advirtió ayer de que está detectando
«nuevas malas prácticas bancarias» relacionadas con la supresión de la cláusula
suelo de las hipotecas, tumbadas por el Supremo. En un comunicado, la asociación
explica que a raíz de la tramitación de las reclamaciones a las entidades
solicitando la revisión del condicionado del préstamo hipotecario que hace
referencia tanto a las cláusulas suelo y techo como a los intereses de demora
por considerarlas «abusivas», las entidades «están iniciando negociaciones con
los clientes en las que se detecta una falta de transparencia y claridad».
«Desde diversas entidades, con el objetivo de evitar más reclamaciones o demandas judiciales en las que se solicite la nulidad de las cláusulas suelo así como su retroactividad, están intentando negociar con el cliente del banco unas nuevas condiciones del préstamo hipotecario que en ocasiones no le es beneficioso», asegura en la nota. Así, cuando reciben una reclamación de los afectados por este motivo los bancos «informan a su cliente de que efectivamente le van a eliminar la cláusula suelo (por ejemplo un 3 %), pero que para ello van a llevar a cabo una novación» o modificación de las condiciones del préstamo hipotecario, con los gastos que esto conlleva para el usuario.
Además, esta novación que proponen supone modificar el diferencial que se incrementa al euríbor «pasando en la mayoría de los casos del 0,70 % u 0,90 % a un diferencial de 2,5 % o el 3,5 % por lo que al sumar el nuevo diferencial al euríbor, el interés resultante y al que tiene que hacer frente el consumidor es mayor al que tendría que abonar si tuviera cláusula suelo».
Disponible en:
viernes, 25 de octubre de 2013
La banca engorda mientras los españoles pagamos su rescate
Por Vicente
Clavero
Diario Público.es,
23/10/2013.
La capitalización de los
siete grandes bancos españoles que cotizan en Bolsa (Santander, BBVA,
Caixabank, Bankia, Popular, Sabadell y Bankinter) superaba los 170.000
millones de euros al cierre de la sesión de ayer. Eso supone un 34%
más que al inicio del año, mejora que supera ampliamente la del conjunto de los
valores (22%), pese al avance de las últimas semanas, que ha devuelto al Ibex
35 a la cota de los 10.000 puntos por primera vez desde julio de 2011.
El espectacular aumento del valor
de la banca española en Bolsa se produce mientras los contribuyentes
seguimos pagando el costoso saneamiento de las entidades que
estuvieron al borde del colapso a raíz del estallido de la burbuja
inmobiliaria. Sin contar avales y algunos otros conceptos, las ayudas públicas
al sector ascienden a 61.366 millones de euros, es decir, el 6% del PIB
en números redondos, de los que se dan por definitivamente perdidos al
menos 6.500 millones, según el Banco de España.
Todos beneficiados
De esas ayudas no sólo se han
beneficiado las entidades atrapadas por su excesiva exposición al ladrillo (en
su inmensa mayoría cajas de ahorros), sino también aquellas otras que han
aprovechado la situación para crecer sin apenas riegos. La necesidad de colocar
entre la banca sana a la que no lo estaba ha hecho que el Estado, en previsión
de posibles fallidos, se viera forzado a ofrecer a los compradores los
llamados Esquemas de Protección de Activos (EPA), que sobrepasan ya los 15.000
millones de euros.
Ese dinero ha facilitado el
crecimiento doméstico en un tiempo récord de las principales entidades, que hoy
disfrutan cuotas de mercado muy superiores a las que tenían antes de la crisis,
gracias al dinero aportado por todos los españoles. Su favorable evolución en
Bolsa en lo que va de año, según los expertos, no es ajena a ello, aunque
existan otros factores macroeconómicos, internos y externos, que también
contribuyan a explicarla.
La mejora más espectacular ha
sido la de Bankia, que de una capitalización de 780 millones de euros
ha pasado a 13.000 millones, después de recibir la última inyección de
capital, procedente del rescate europeo. Aparte de este caso excepcional, es
notable el de Bankinter, cuyo valor se ha más que duplicado
desde primeros de año, o los de Caixabank y el BBVA,
que han visto aumentar los suyos un 54% y un 40%, respectivamente. Más
moderadas, pero significativas también, han sido las subidas del Sabadell
(27%), del Popular (20%) y del Santander (18%).
Resultados y dividendos
El Santander continúa
siendo el mayor banco de España por capitalización bursátil, con
74.000 millones de euros, 20.000 millones más que su inmediato seguidor, el
BBVA. Caixabank vale en Bolsa 18.000 millones, mientras que Popular y Sabadell
se encuentran prácticamente empatados por encima de los 7.000. Bankinter es el
más pequeño, con 4.000 millones de euros.
Todos ellos tienen previsto presentar
sus resultados entre finales de esta semana y principios de la próxima
y algunos también repartirán dividendos. El Santander, en concreto, va a
distribuir 1.700 millones de euros, a razón de 153 céntimos por título. Se
trata del segundo dividendo a cuenta de 2013, que se puede cobrar tanto en
efectivo como en acciones.
Disponible en:
<http://www.publico.es/dinero/476600/la-banca-engorda-mientras-los-espanoles-pagamos-su-rescate>
jueves, 24 de octubre de 2013
Adicae critica que la banca sigue incluyendo cláusulas abusivas en la mitad de sus contratos
Diario Levante-EMV,
20/10/2013.
La Asociación de Usuarios
de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) aseguró ayer que «la mitad de los contratos
financieros contienen cláusulas abusivas», por lo que ha iniciado una campaña
de revisión gratuita de los mismos en toda España. Fuentes de la organización
explicaron que «tras un ligero parón en la comercialización de productos
tóxicos de ahorro a raíz del escándalo de las participaciones preferentes, la
banca ha vuelto a vender productos complejos como bonos, pagarés, obligaciones,
cédulas hipotecarias, cédulas territoriales o warrants cuya venta puede acabar
provocando un fraude masivo similar».
Así, desde Adicae recordaron que el Real Decreto-ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito permite a los bancos destinar a simples ahorradores hasta el 50% de las emisiones de productos de deuda convertibles, y apuntaron que «la banca sigue afanándose en ello».
Así, fuentes de la organización precisaron que «la mitad de los contratos de ahorro de 17.228 consumidores analizados en los últimos 3 meses contiene cláusulas o condiciones abusivas».
Según apuntaron, Banco Santander, CaixaBank, Bankinter, y BBVA pretenden emitir hasta 36.500 millones de euros en productos complejos, de los que colocarán una gran parte a pequeños ahorradores. «Si los contrata, el consumidor tendrá retenidos sus ahorros durante un largo periodo de tiempo y, además, con una rentabilidad muy difícil de prever», advirtieron desde Adicae.
miércoles, 23 de octubre de 2013
España no va mejor porque Botín sea más rico
Por Juan Torres López
Diario Público.es, 21/10/2013.
Las últimas declaraciones de
Emilio Botín diciendo que España vive un momento fantástico son una verdad como
un templo. Siempre, claro está, que diga que para él y los suyos.
Es cierto que España vive un
momento de gloria: las reformas que han venido realizando antes el gobierno de
Zapatero y ahora el de Rajoy, han ido exclusivamente encaminadas a recuperar a
los bancos privados insolventes por su irresponsable política crediticia y a
dar más poder de negociación y decisión a las grandes empresas. Los resultados
son claros: una caída gigantesca de los salarios, que directamente redunda en
aumento de beneficios empresariales, mayor concentración bancaria y negocios
impresionantes para los bancos y las grandes empresas que han hecho de España
la nación más desigual de nuestro entorno. A costa, eso sí, de una destrucción
de empleo gigantesca, de miles de empresas arruinadas y de millones de personas
que han perdido todo, bienes, viviendas y derechos sociales.
Todo ha sido concebido para que
los banqueros como Botín y los grandes propietarios recuperen las posiciones
que tenían antes de la crisis que ellos han provocado y ahora es lógico que
todas esas medidas den resultados que les parecen fantásticos.
Pero ni siquiera así se puede
admitir que lo que dice Botín sea del todo cierto.
Por un lado, las entradas de
capital a las que alude no se han reflejado aún en los datos oficiales del
Banco de España, de modo que si se atreve a decir que están produciéndose debe
ser porque las nota en sus bolsillos. Y las empresas normales y corrientes no
sienten, por el contrario, que les haya mejorado la afluencia del crédito y el
impulso financiero que necesitan para salir adelante. De hecho, se estima que
en 2014 van a cerrar un 25% más empresas que en este año.
Sí parece que se están
produciendo entradas de capital procedentes de fondos de inversión que se están
quedando con miles de inmuebles y propiedades de todo tipo, lo que debe estar
dejando buenas comisiones en bancos e inmobiliarias ligadas a ellos y lo que
seguramente se traduzca en unas décimas de incremento en el PIB de los próximos
meses.
Pero ¿acaso se puede considerar
eso suficiente, o fantástico, cuando los datos que reflejan la evolución real
de la economía (exportaciones, crédito, empleo, producción industrial, ventas
al por menor etc.) empeoran?
Es muy posible que estas entradas
de capital puramente especulativo y voraz sigan produciéndose pero de ninguna
manera puede considerarse, ni siquiera aunque vayan a traducirse con toda
probabilidad en un leve crecimiento del PIB, como un augurio de que la economía
española se recupera porque ni van a traer aumento del empleo, ni más o mejor
vida para las empresas, ni más competitividad (suponiendo que sea eso lo que
necesitemos), ni más actividades que a medio plazo permitan generar nuevos
ingresos.
Lo que le ocurre a Botín no es
nuevo. Sufre el mismo tipo de distorsión cognitiva que ha afectado siempre a
las clases ricas españolas: confunden el todo con la parte, sus intereses con
los del conjunto de los españoles.
Y lo lamentable no es que
personajes como Botín sufran ese tipo de maligna disonancia sino que actúan en
consecuencia y nos llevan a todos al precipicio.
Botín es un banquero que si en
España hubiera Justicia, gobiernos decentes y democracia estaría en la cárcel
desde hace tiempo.
Como he explicado en varios
lugares, el diario El País informó el 27 de mayo de 2008 que, para defenderse
de la acusación de supuestos favores al Banco de Santander, el ex Ministro de
Economía Rodrigo Rato presentó un escrito de la ex-Secretaria de Estado de
Justicia y luego Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la
Vega, “en la que ésta pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al Abogado
del Estado “instrucciones” sobre su actuación en el caso de las cesiones de
crédito”, concretamente, pidiendo que no se dirigiera “acción penal alguna por
presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o
sus representantes”. Gracias a ello, su presidente no tuvo que ser juzgado por
unas actuaciones que el diario digital el Confidencial de 21 de septiembre de
2006 describió de la siguiente forma: “Durante los años 1988 y 1989, el
Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía
de fuentes financieras más o menos inconfesables (…) El banco entregó al Fisco
información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban
145.120 millones de pesetas. (…) A tal efecto, no dudó en declarar como
titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en
España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del
banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad,
etcétera. Como consecuencia del descubrimiento de esa serie de irregularidades,
la acusación solicitó para el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín
un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros
(7.694.060.334 pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86
euros (14.132.027.499 pesetas), que es el perjuicio causado con su actuación a
la Hacienda Pública”.
Como digo, si en España hubiera
Justicia al señor Botín se le hubiera enjuiciado y condenado. Si hubiera
gobiernos decentes la señora Fernández de la Vega (que ahora se sienta en el
Consejo de Estado) nunca hubiera dado esa orden. Y si hubiera democracia toda
la gente sabría qué sucedió y al señor Botín le daría vergüenza de decir las
cosas que dice porque lo correrían a gorrazos por las calles. Mejor dicho, con
toda probabilidad, por los patios de una cárcel.
De la misma naturaleza es su
juicio sobre el ex ministro de Economía Rodrigo Rato de quien dice que fue el
mejor de la democracia. Es natural que lo diga: solo con la vergonzosa
concesión de desgravaciones fiscales con el dinero de todos los españoles a las
empresas que invirtieran en el exterior (como el banco del señor Botín) ya le
hizo un favor suficiente como para justificar que lo siente ahora en sus
sillones y lo mitifique de esa forma. Su gestión en Bankia engañando a miles de
personas, su política que dio lugar a la crisis, o su ceguera para anticiparla
aquí o en el FMI no tiene importancia. Pelillos a la mar que el negocio es el
negocio.
Una ventaja tienen, eso sí, las
declaraciones de Botín. Permiten comprobar a quien tuviera alguna duda qué tipo
de salida es la que quieren darle a la crisis y la que le van a dar si no hay
una respuesta social contundente que quite de una vez el Boletín Oficial del
Estado a los gestores del señor Botín y compañía que gobiernan contra España:
no la que recupere el empleo, el salario, la actividad empresarial y el bienestar
social, sino la que permita que siga aumentando la riqueza de los ya de por sí
más ricos que provocaron la crisis, los que fomentaron artificialmente una
deuda privada y empresarial gigantesca a base de endeudarse ellos mismos y
cuyos costes quieren ahora pasar a las espaldas de los de siempre.
Disponible en.
martes, 22 de octubre de 2013
“Ha llegado la hora de proteger a los consumidores ante la banca”
Por Raquel Vidales
Diario El País 20/10/2013. (Extracto)
El pasado 1 de julio el croata
Neven Mimica se convirtió en el primer comisario europeo dedicado en exclusiva
a la protección de los consumidores, una cartera que hasta entonces estaba
unida a Sanidad y que fue desgajada para dar representación a Croacia tras su
entrada en la Unión Europea. Desde ese momento, este político y diplomático de
60 años solo tiene una preocupación en la cabeza: conseguir que los derechos
escritos en papel se trasladen a la práctica. A lo largo de los años la UE ha
desarrollado un sólido marco legislativo en materia de consumo, pero los datos
de las reclamaciones recopilados en los países miembros llevan a pensar que la
normativa no se cumple correctamente, sobre todo en sectores como las
telecomunicaciones, los servicios financieros, el transporte o el comercio
electrónico.
El comisario croata ha puesto el
foco precisamente en uno de estos frentes, el de los servicios financieros, que
en España fue el que más reclamaciones recibió en 2011 y el segundo en 2012.
“En los últimos años los políticos de los países más castigados por la crisis
han centrado sus esfuerzos en estabilizar el sistema financiero. Pero ahora hay
que mirar más allá: ha llegado la hora de proteger a los consumidores ante la
banca”, aconseja. “Justo en los países más castigados por la crisis los
consumidores son más vulnerables y pueden sufrir más abusos a la hora de firmar
créditos. Tenemos que trabajar más para hacer valer los derechos de estos
ciudadanos”.
Con este objetivo viajó la semana
pasada a Madrid, donde presentó una
campaña financiada por su departamento para informar a los consumidores
españoles de sus derechos a la hora de solicitar un crédito al consumo,
recogidos en una directiva de 2008, tras detectar en un sondeo que el 70% de
los que habían contratado uno en los dos últimos años no estaba seguro de haber
elegido el producto adecuado. “Los productos crediticios se hacen cada vez más
complejos y más difíciles de entender para los ciudadanos. Así es más fácil que
se produzcan abusos”, advierte.
Disponible en:
lunes, 21 de octubre de 2013
#MotivosDeJorge y de muchxs
Por Shangay Lily
Diario Público.es, 20/10/2013.
Desde el sábado 12 Jorge Arzuaga
se ha plantado en Sol, y en nuestras conciencias, para recordarnos que, como
dice en el cartel que, hace ya 9 días, pega cada mañana a la estatua
ecuestre de Carlos III, “Lo que no sirve de nada es no hacer nada”. Por eso se
animó a convertirse en Jorge, el
joven que no probará bocado hasta que dimita el Gobierno.
Jorge planteó unos objetivos
claros desde el principio: “la dimisión de este gobierno que es ilegítimo ya
que ha incumplido el programa que su electorado votó”. Yo añadiría que no sólo
lo ha incumplido, sino que ha hecho lo opuesto a lo que vendieron como su
programa para atacar a sus rivales del PSOE (que ya había hecho lo propio
antes). Por supuesto, el argumento de la caverna mediática, voceros y
propagandistas contratados por el PP, es que eso no es ilegal y que no hay nada
malo en estafar al pueblo para luego hacer lo contrario. Entendiendo este
argumento de “estafar no es ilegal y nosotros tenemos la maquinaria para hacerlo”,
creo que una de las primeras ideas que la acción de Jorge pone sobre el tapete
es la de que debería ser ilegal incumplir el programa electoral, como es ilegal
y punible la publicidad engañosa o fraudulenta.
Pero Jorge no se ha limitado a
pedir con esta acción una dimisión del Gobierno que sabe, el primero, que no es
realista y que en el mejor de los casos nos dejaría en manos del ala más
extremista del Partido Popular, acechando en la oscuridad para pisar el
acelerador en cuanto Rajoy caiga. Jorge pide ante todo la reacción de las
fuerzas sociales y, específicamente, de la izquierda. Porque, al contrario que
muchos de los que se han unido a su acción luego y algunas de las personas que
están circundándole en Sol, Jorge se declara nítidamente de izquierdas. Algo
que le aleja de ese “buenrrollismo” indefinido que conecta peligrosamente con
el anarcocapitalismo de ciertos sectores del 15M o movimientos sociales que
en el fondo están apoyando la antipolítica, la privatización de la
política y la liberalización del sistema que dicen atacar. Si se mejora el
sistema, se le hace más fuerte, no más justo.
De hecho Jorge me comentaba: “Yo
no sólo me considero de izquierdas, sino de muy a la izquierda. Aunque me gusta
más pensar en una lucha de los de abajo contra los de arriba. Yo creo en
derrocar este capitalismo salvaje que nos está devorando. Acabar con el sistema
capitalista que cada vez crea más pobres y más ricos, que aumenta la brecha
entre unos y otros”.
Me alegra saber que Jorge no
defiende una pataleta sin más. Jorge pide la unidad de la izquierda, de los
agentes del cambio social, no de los que quieren que el capitalismo se arregle
para que me incluya a mí o que la opresión cambie de manos para que yo no esté
en el bando de los oprimidos y sea un feliz opresor que ignora a quién está
pisando.
Desde el primer momento a un
grupo de personas que estamos con Jorge, nos preocupa la adhesión a la huelga
de hambre de un número de personas que en algunos casos ni conocen los
#MotivosDeJorge y usan un preocupante “los enemigos de mis enemigos son mis
amigos” como argumentario. Estos días les he repetido que la huelga de Jorge es
muy seria y que si un medio de derechas (o sea, prácticamente todos) les pilla
comiéndose un bocadillo a escondidas, van a acusar a Jorge de también comer.
Igualmente, si una persona sin formación política se une y empieza a poner como
#MotivosDeJorge los suyos (como ocurrió con un señor que pretendía unirse el
tercer día para conseguir que echasen a su hermano del piso heredado de su madre
para dárselo a él, motivos personales y nada altruistas o políticos), van a
acusar a Jorge y a los que le apoyamos de intereses personales.
Jorge no quiere ser el
protagonista o un héroe. “Díle a la gente que yo no soy diferente a ellos. Que
todos somos iguales. Y que si yo he hecho esto, ellos pueden hacer mucho más.
Yo no quiero que se unan a la huelga de hambre, quiero que salgan a la calle y
se organicen contra estos políticos que sirven a los bancos y a los intereses
de las oligarquías. Que la gente reaccione y cree estructuras de lucha”, repite
cada noche cuando le llevamos en el coche a la casa en la que descansará para
no sumar agotamiento al ayuno. Esta decisión la tomamos tras unos cuantos
incidentes desagradables la segunda noche en la que una heroinómana le intentó
robar la manta, entre otros muchos percances.
A pesar de ello se le unió un
grupo de personas que se han sumado a esa huelga de hambre de formas más o
menos serias. A todas les pedimos que estuviesen controladas por el SAMUR y
fuesen conscientes de la seriedad de la acción. Pero repito que ésa no es la
meta de Jorge con esta acción: “me gustaría que la izquierda se uniese y que
los indignados saliesen a la calle a combatir como antes”, me cuenta con un
aire de añoranza. No sabe si lo conseguirá, pero él pone su grano de arena, su
semilla. “Llevo ya años pensando cuál sería la mejor manera de llamar la
atención sobre la inacción y era la violencia o esto”, le cuenta mil veces a
los pocos medios que se han ido acercando.
También ha repetido estas
estrategias a los curiosos que se han ido acercando sin llegar a eclosionar en
aquel 15M. Por eso me decía hoy que era importante que le dijese a la gente que
él agradece el apoyo en redes sociales, pero pide, tanto él como sus
acompañantes, que la gente no se limite a poner un tuit o un estado de
facebook, sino que salga a las calles y se organice para combatir y oponerse a
este sistema corrupto, a este capitalismo que se nutre de su inacción.
El mensaje lo tiene claro, pero
el lento goteo de medios y curiosos no le ha facilitado exponerlo masivamente.
A esto se suma el cansancio que 9 días de ayuno provoca. Quizás por eso, esta
mañana de domingo un periodista de El Mundo me comentaba que su mensaje no era
potente, nada nuevo. “Creo que se te olvida que lleva 9 días sin comer y
repitiendo lo mismo a todas horas”, le respondí molesto y dolido. “Si queréis
fotos, poses y frases coloridas, id a un concierto de Madonna”, añadí
enfurecido. El sistema crea sus propios filtros. Y la sociedad los asimila. Mimetiza
procesos.
Y es que lo más revelador de esta
acción no está siendo lo que ha hecho la sociedad, sino lo que no ha hecho. La
inacción de la mayoría de la población, de las y los políticos, de ciertas
asambleas del 15M que no sólo no han apoyado esta acción sino que la han
boicoteado activamente y, especialmente, de los medios de comunicación que
habitualmente nos informan detalladamente de sucesos morbosos familiares con
detalle casi cómico y que en este caso han vetado la noticia.
El vacío ha sido espeluznante y
lo sigue siendo. Pero Jorge no desiste. “Yo seguiré hasta que el cuerpo aguante
y no entre en procesos irreversibles”, dice con esa determinación de quien
sueña con la utopía y no con el marketing.
Nadie sabemos qué saldrá de esto,
pero sabemos que hemos conocido los #MotivosDeJorge… que son los de muchxs (yo
no estoy de acuerdo con decir eso de “de todxs”, porque no creo que Botín,
Rajoy, Gallardón o la Familia real compartan los #MotivosDeJorge).
Desde ya, gracias Jorge por
aportar unos motivos cuando la mayoría sólo tenía reacciones de última hora.
Disponible en:
domingo, 20 de octubre de 2013
PROPUESTA DE ENMIENDA A LA TOTALIDAD DE LA LEY DE CAJAS DE AHORRO Y FUNDACIONES BANCARIAS, DE LA PLATAFORMA POR LA BANCA PÚBLICA, A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
Conforme se indica en la exposición de motivos que precede al texto articulado del Proyecto de Ley de cajas de ahorro y fundaciones bancarias, la justificación de tal iniciativa legislativa deriva principalmente de las consecuencias que la crisis económica ha tenido sobre las cajas de ahorro y que hace necesario, según el Gobierno, replantear de manera exhaustiva e integral su régimen jurídico. En dicha exposición de motivos se realiza una explicación de lo ocurrido en el sistema financiero del Estado español que culpabiliza a buena parte de las cajas de ahorro de comprometer gravemente la estabilidad financiera en España.
Por ello, obligado resulta analizar si el diagnóstico es el adecuado para concluir si el proyecto remitido podrá cumplir o no con los objetivos que pretende alcanzar. En España el proceso de reestructuración y salvamento del sistema bancario está lejos de terminar. Y no precisamente porque las entidades financieras de nuestro país formaran parte del sistema “más solvente del mundo”, sino más bien porque se optó desde el primer momento por no reconocer el problema. Las actuaciones que los Gobiernos del PSOE y el Partido Popular han llevado a cabo se han caracterizado por minimizar, desde un primer momento, los problemas existentes en las entidades financieras e intentar, en todo caso, circunscribirlos a problemas de liquidez y no de solvencia. Además, la explicación ha pretendido limitar las dificultades financieras a las cajas de ahorro y excluir de las mismas a los bancos.
Con estas premisas, las vías de solución aplicadas no podían hacer otra cosa que establecer procesos de integración para que las entidades más fuertes pudieran solventar las dificultades de las más dañadas, y el establecimiento de medidas muy limitadas y puntuales de recapitalización, siempre con el objetivo de que las entidades apoyadas volvieran rápidamente a manos privadas.
Desde el inicio de la crisis, los sucesivos Gobiernos han articulado un conjunto de medidas legales que han resultado insuficientes para abordar la magnitud de la misma y que pueden provocar gravísimos problemas en el futuro. El sector bancario avanza hacia la conformación de un poderoso oligopolio constituido con ayudas públicas y formado por entidades sistémicas a las que será imposible exigir un comportamiento prudente que no comprometa al propio Estado. Todo el desarrollo legal ha ido acompañado de un fuerte apoyo económico público para evitar el derrumbe de las entidades. Aunque las declaraciones públicas han intentado ocultar el coste para los ciudadanos, las actuaciones de los sucesivos Gobiernos no han sido inocuas para el erario público.
La diversidad de instrumentos utilizados ha sido extensa: desde inyecciones directas de capital a las entidades, a elevar el aval implícito a los depósitos que los ahorradores tienen en las entidades bancarias a 100.000 euros por titular, pasando por suscripción de participaciones preferentes convertibles, adquisición de activos, avales a emisiones de deudas, seguros que garantizan pérdidas futuras (esquemas de protección de activos) y préstamos del Banco Central Europeo.
Por ello, obligado resulta analizar si el diagnóstico es el adecuado para concluir si el proyecto remitido podrá cumplir o no con los objetivos que pretende alcanzar. En España el proceso de reestructuración y salvamento del sistema bancario está lejos de terminar. Y no precisamente porque las entidades financieras de nuestro país formaran parte del sistema “más solvente del mundo”, sino más bien porque se optó desde el primer momento por no reconocer el problema. Las actuaciones que los Gobiernos del PSOE y el Partido Popular han llevado a cabo se han caracterizado por minimizar, desde un primer momento, los problemas existentes en las entidades financieras e intentar, en todo caso, circunscribirlos a problemas de liquidez y no de solvencia. Además, la explicación ha pretendido limitar las dificultades financieras a las cajas de ahorro y excluir de las mismas a los bancos.
Con estas premisas, las vías de solución aplicadas no podían hacer otra cosa que establecer procesos de integración para que las entidades más fuertes pudieran solventar las dificultades de las más dañadas, y el establecimiento de medidas muy limitadas y puntuales de recapitalización, siempre con el objetivo de que las entidades apoyadas volvieran rápidamente a manos privadas.
Desde el inicio de la crisis, los sucesivos Gobiernos han articulado un conjunto de medidas legales que han resultado insuficientes para abordar la magnitud de la misma y que pueden provocar gravísimos problemas en el futuro. El sector bancario avanza hacia la conformación de un poderoso oligopolio constituido con ayudas públicas y formado por entidades sistémicas a las que será imposible exigir un comportamiento prudente que no comprometa al propio Estado. Todo el desarrollo legal ha ido acompañado de un fuerte apoyo económico público para evitar el derrumbe de las entidades. Aunque las declaraciones públicas han intentado ocultar el coste para los ciudadanos, las actuaciones de los sucesivos Gobiernos no han sido inocuas para el erario público.
La diversidad de instrumentos utilizados ha sido extensa: desde inyecciones directas de capital a las entidades, a elevar el aval implícito a los depósitos que los ahorradores tienen en las entidades bancarias a 100.000 euros por titular, pasando por suscripción de participaciones preferentes convertibles, adquisición de activos, avales a emisiones de deudas, seguros que garantizan pérdidas futuras (esquemas de protección de activos) y préstamos del Banco Central Europeo.
Es preciso resaltar el apoyo adicional fundamental que han recibido las entidades bancarias por parte del Banco Central Europeo, organismo público que ha otorgado financiación ilimitada a los bancos y cajas españoles -que en diciembre de 2012 le adeudaban más de 357.000 millones de euros a un tipo de interés concesional del 1 por ciento. Además, el rescate obtenido a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad incluye a los socios europeos entre los actores que han contribuido a sostener el sector bancario español.
El último elemento utilizado ha sido la creación de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración del sector bancario). Aunque Sareb se presenta como una sociedad “que no forma parte del sector de Administraciones Públicas”, somos conscientes de que no es más que una forma de ocultar una realidad evidente. Para adquirir 50.653 millones de euros de activos tóxicos, el Estado ha aportado más de 52.000 millones de euros entre capital, deuda subordinada y deuda avalada. Sin embargo, el FROB tendrá una participación minoritaria en el capital para evitar que las pérdidas de Sareb computen como déficit público y la deuda sea considerada como pública. Esta sociedad y su operativa ha sido diseñada por el Ministerio de Economía y Competitividad con el auxilio del Banco de España. Cuenta además con una Comisión de Seguimiento que controlará su actuación y que estará formada además de por los anteriormente citados, por el Ministerio de Hacienda y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Simular que no es una empresa pública no es otra cosa que un flagrante fraude de ley. Sin embargo, las declaraciones del Gobierno olvidan las ayudas públicas que para las entidades ha supuesto la adquisición de esos activos irrealizables en el momento actual. Además, el efecto más importante no es el obtenido por las entidades nacionalizadas que han traspasado sus activos a la misma.
Los mayores beneficiarios de la constitución de Sareb son el resto de entidades bancarias privadas a las que se les permite no valorar sus activos inmobiliarios a los mismos precios que a las entidades nacionalizadas, además de permitirles participar en la gestión de la entidad en un evidente y flagrante conflicto de competencia con sus propios intereses que, en ningún caso pasan por la bajada generalizada de los precios de los activos inmobiliarios, lo que mostraría con claridad su situación de insolvencia. Solamente realizando un adecuado diagnóstico de lo ocurrido que conlleve la determinación de las actuaciones social e incluso penalmente denunciables, podrán ponerse las bases para poner en marcha soluciones reales a la quiebra del sistema financiero.
El sistema bancario ha demostrado, no solo en esta última crisis, que la gestión en busca del “máximo interés privado” se acaba convirtiendo en el “máximo desastre social”. Es una evidencia que el sistema bancario es incapaz de cumplir su función sin la inyección de ingentes cantidades de fondos públicos. Salvo en el caso de las honrosas excepciones de las iniciativas de banca ética o de algunas cooperativas de crédito que no han incurrido en actuaciones de idéntica gravedad, el sistema bancario en general carece de capacidad para cumplir la función que la sociedad le asigna.
No es aceptable por lo tanto, la consideración de que el tamaño de las cajas de ahorro, la falta de profesionalización de los órganos de gobierno o la participación en los mismos de las Administraciones Públicas, son los elementos que han causado la actual crisis.
El último elemento utilizado ha sido la creación de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración del sector bancario). Aunque Sareb se presenta como una sociedad “que no forma parte del sector de Administraciones Públicas”, somos conscientes de que no es más que una forma de ocultar una realidad evidente. Para adquirir 50.653 millones de euros de activos tóxicos, el Estado ha aportado más de 52.000 millones de euros entre capital, deuda subordinada y deuda avalada. Sin embargo, el FROB tendrá una participación minoritaria en el capital para evitar que las pérdidas de Sareb computen como déficit público y la deuda sea considerada como pública. Esta sociedad y su operativa ha sido diseñada por el Ministerio de Economía y Competitividad con el auxilio del Banco de España. Cuenta además con una Comisión de Seguimiento que controlará su actuación y que estará formada además de por los anteriormente citados, por el Ministerio de Hacienda y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Simular que no es una empresa pública no es otra cosa que un flagrante fraude de ley. Sin embargo, las declaraciones del Gobierno olvidan las ayudas públicas que para las entidades ha supuesto la adquisición de esos activos irrealizables en el momento actual. Además, el efecto más importante no es el obtenido por las entidades nacionalizadas que han traspasado sus activos a la misma.
Los mayores beneficiarios de la constitución de Sareb son el resto de entidades bancarias privadas a las que se les permite no valorar sus activos inmobiliarios a los mismos precios que a las entidades nacionalizadas, además de permitirles participar en la gestión de la entidad en un evidente y flagrante conflicto de competencia con sus propios intereses que, en ningún caso pasan por la bajada generalizada de los precios de los activos inmobiliarios, lo que mostraría con claridad su situación de insolvencia. Solamente realizando un adecuado diagnóstico de lo ocurrido que conlleve la determinación de las actuaciones social e incluso penalmente denunciables, podrán ponerse las bases para poner en marcha soluciones reales a la quiebra del sistema financiero.
El sistema bancario ha demostrado, no solo en esta última crisis, que la gestión en busca del “máximo interés privado” se acaba convirtiendo en el “máximo desastre social”. Es una evidencia que el sistema bancario es incapaz de cumplir su función sin la inyección de ingentes cantidades de fondos públicos. Salvo en el caso de las honrosas excepciones de las iniciativas de banca ética o de algunas cooperativas de crédito que no han incurrido en actuaciones de idéntica gravedad, el sistema bancario en general carece de capacidad para cumplir la función que la sociedad le asigna.
No es aceptable por lo tanto, la consideración de que el tamaño de las cajas de ahorro, la falta de profesionalización de los órganos de gobierno o la participación en los mismos de las Administraciones Públicas, son los elementos que han causado la actual crisis.
Históricamente, las cajas de ahorro han cumplido una función fundamental, universalizando y posibilitando el acceso de las clases populares a los recursos financieros y facilitando el ahorro popular. Al mismo tiempo, han desarrollado una obra social de considerable magnitud que, aunque criticable en ocasiones, contribuía a la cohesión social y territorial. El balance que la propia exposición de motivos del proyecto de Ley reconoce, es claramente positivo en cuanto a la consecución del acceso al crédito de las clases sociales más empobrecidas y a su sensibilidad hacia las necesidades y peculiaridades propias de los territorios en los que actuaban.
Sin embargo, el proceso de liberalización del régimen jurídico de estas entidades las ha convertido progresivamente en entidades de crédito similares a los bancos. Por ello, cuando se produce la explosión de la burbuja financiera, parece claro que una de las soluciones que podrían salvar a las entidades bancarias privadas era la culpabilización de las cajas de ahorro y su correspondiente demonización. No hay elementos objetivos que puedan apoyar este diagnóstico. Ni las cajas de ahorro tenían más morosidad ni sustancialmente más exposición al sector inmobiliario que los bancos. Las cajas de ahorro estaban en quiebra, exactamente igual que las entidades bancarias; pero si la reducción de un sector financiero absolutamente sobredimensionado se hacía a costa de las cajas de ahorro, quedarían ocultas las actuaciones en el resto de entidades.
El Estado, en nuestro país como en el resto, ha intervenido para paliar el colapso financiero y proteger los ahorros de la ciudadanía pero no lo ha hecho sirviendo a los intereses generales sino a los de las élites económicas que no quieren asumir las consecuencias de la quiebra económica del sector financiero.
La superación de la actual situación requerirá inevitablemente la nacionalización de la práctica totalidad del sector financiero por la conversión de gran parte de las ayudas públicas ya desembolsadas en capital y el radical saneamiento de las pérdidas ocultas en los balances. Pero de nada serviría esa medida si únicamente se plantease de forma temporal porque la gestión y la administración de los ahorros de la sociedad son demasiado sensibles y vitales como para dejarlas en manos privadas. Tampoco puede ser admitida la opción a la que parecemos abocados en el presente: que el Estado sanee las entidades bancarias con fondos que detrae de las partidas presupuestarias destinadas al gasto social para regalárselas a continuación a los mismos que las han llevado a la ruina.
Cobra todo sentido que se reivindique la Banca Pública como instrumento que coadyuve a una salida diferente a la actual crisis. Pero, además, es fundamental para que ejerza la función que el sistema financiero que debería ejercer, esto es, la de canal de comunicación entre el ahorro y la inversión productiva. La banca privada ya ha demostrado sobradamente que, buscando altas tasas de rentabilidad superiores a las que podría proporcionar la inversión en la economía real, ha incurrido en riesgos desmesurados que han causado los perversos efectos que la sociedad está sufriendo. Por ello la Banca Pública no debe ser únicamente un medio legítimo que permita la apropiación de los beneficios por parte de la ciudadanía a través del Estado, sino que debe ser parte de una estrategia más amplia que permita que aquella ejerza el poder económico y democrático.
Sin embargo, el proceso de liberalización del régimen jurídico de estas entidades las ha convertido progresivamente en entidades de crédito similares a los bancos. Por ello, cuando se produce la explosión de la burbuja financiera, parece claro que una de las soluciones que podrían salvar a las entidades bancarias privadas era la culpabilización de las cajas de ahorro y su correspondiente demonización. No hay elementos objetivos que puedan apoyar este diagnóstico. Ni las cajas de ahorro tenían más morosidad ni sustancialmente más exposición al sector inmobiliario que los bancos. Las cajas de ahorro estaban en quiebra, exactamente igual que las entidades bancarias; pero si la reducción de un sector financiero absolutamente sobredimensionado se hacía a costa de las cajas de ahorro, quedarían ocultas las actuaciones en el resto de entidades.
El Estado, en nuestro país como en el resto, ha intervenido para paliar el colapso financiero y proteger los ahorros de la ciudadanía pero no lo ha hecho sirviendo a los intereses generales sino a los de las élites económicas que no quieren asumir las consecuencias de la quiebra económica del sector financiero.
La superación de la actual situación requerirá inevitablemente la nacionalización de la práctica totalidad del sector financiero por la conversión de gran parte de las ayudas públicas ya desembolsadas en capital y el radical saneamiento de las pérdidas ocultas en los balances. Pero de nada serviría esa medida si únicamente se plantease de forma temporal porque la gestión y la administración de los ahorros de la sociedad son demasiado sensibles y vitales como para dejarlas en manos privadas. Tampoco puede ser admitida la opción a la que parecemos abocados en el presente: que el Estado sanee las entidades bancarias con fondos que detrae de las partidas presupuestarias destinadas al gasto social para regalárselas a continuación a los mismos que las han llevado a la ruina.
Cobra todo sentido que se reivindique la Banca Pública como instrumento que coadyuve a una salida diferente a la actual crisis. Pero, además, es fundamental para que ejerza la función que el sistema financiero que debería ejercer, esto es, la de canal de comunicación entre el ahorro y la inversión productiva. La banca privada ya ha demostrado sobradamente que, buscando altas tasas de rentabilidad superiores a las que podría proporcionar la inversión en la economía real, ha incurrido en riesgos desmesurados que han causado los perversos efectos que la sociedad está sufriendo. Por ello la Banca Pública no debe ser únicamente un medio legítimo que permita la apropiación de los beneficios por parte de la ciudadanía a través del Estado, sino que debe ser parte de una estrategia más amplia que permita que aquella ejerza el poder económico y democrático.
Pero los problemas del sector financiero no pueden abordarse por separado de lo que le sucede al conjunto de la economía. Hemos de tener presente que la banca no crea riqueza en sí misma y el proceso de crecimiento basado en el ámbito financiero sin relación con la economía real está condenado a saltar de una burbuja a otra. La riqueza es el producto del trabajo humano, los recursos naturales y los medios de producción.
Dicho en otros términos, si los ciudadanos no tienen trabajos y salarios dignos no pueden devolver ninguna deuda. De hecho, no faltan recursos para que todo el mundo tenga una existencia digna, el problema está en quién los tiene y en beneficio de quién se usan. A partir de una fuerte Banca Pública y ante el evidente fracaso de la “iniciativa privada”, es necesario poner en marcha un plan de desarrollo del sector público en todos los terrenos que permita alcanzar el pleno empleo, unos servicios públicos de una calidad y cuantía suficientes, y empezar a revertir de forma veraz el expolio de los recursos naturales. Es decir poner la economía al servicio de las personas, y no al revés.
Los ejes fundamentales de un texto alternativo que tuviera resultado eficaz ante el problema existente en el área financiera, tendría que tener en cuenta los siguientes hitos:
I. Nacionalización definitiva e irreversible de todas las cajas de ahorros y sus bancos participados, a fin de convertirlos en una banca pública. Su gestión será sometida a un control democrático y vinculada a las políticas sociales y económicas. Sus directivos serán elegidos de forma democrática y con salarios limitados a los que se marque para cualquier trabajador del sector público.
II. Todas las ayudas públicas directas o indirectas que hayan recibido el resto de entidades financieras se transformarán en acciones públicas (los préstamos del BCE también tendrán el carácter de ayudas públicas), con entrada de representantes públicos en los consejos de administración de las mismas, que velarán por el estricto cumplimiento de unas normas de gestión que marquen un límite de endeudamiento máximo para dichas entidades mucho más bajo que el actual, que prohíban la especulación, y establezcan criterios de transparencia, utilidad social y racionalidad en la concesión de créditos. La conversión de las ayudas en capital supondrá la nacionalización del conjunto del sector bancario para constituir una verdadera Banca Pública, controlada democráticamente y con una finalidad social.
III. No se transferirá ni un solo euro público más a ninguna entidad hasta que se complete una auditoría pública y transparente de las cuentas de todas las entidades financieras españolas, que permita establecer un plan de saneamiento efectivo. Dicha auditoría incluirá a las grandes empresas, dado que ellas son las responsables de la mayor parte de la deuda. Su realización correrá a cargo de un organismo público formado por técnicos no vinculados a los órganos directivos de las entidades financieras, bajo supervisión democrática y sus resultados serán públicos y expuestos de forma asequible para todos los ciudadanos. Esta investigación ha de servir para establecer el estado real de los balances de los bancos y grandes empresas, así como quiénes son los acreedores de dichas deudas y quiénes se han beneficiado de la política de sobreendeudamiento practicada durante los años de auge económico.
IV. Hasta que no esté terminada la auditoría se decretará una moratoria en el pago de la deuda pública, la cual también tendrá que ser sometida a una auditoría por el mismo procedimiento y con los mismos criterios que la realizada a las entidades financieras.
V. La nueva banca pública tendrá como objetivo fundamental gestionar de manera prudente los ahorros de la ciudadanía y proporcionar crédito a familias y empresas.
Dicho en otros términos, si los ciudadanos no tienen trabajos y salarios dignos no pueden devolver ninguna deuda. De hecho, no faltan recursos para que todo el mundo tenga una existencia digna, el problema está en quién los tiene y en beneficio de quién se usan. A partir de una fuerte Banca Pública y ante el evidente fracaso de la “iniciativa privada”, es necesario poner en marcha un plan de desarrollo del sector público en todos los terrenos que permita alcanzar el pleno empleo, unos servicios públicos de una calidad y cuantía suficientes, y empezar a revertir de forma veraz el expolio de los recursos naturales. Es decir poner la economía al servicio de las personas, y no al revés.
Los ejes fundamentales de un texto alternativo que tuviera resultado eficaz ante el problema existente en el área financiera, tendría que tener en cuenta los siguientes hitos:
I. Nacionalización definitiva e irreversible de todas las cajas de ahorros y sus bancos participados, a fin de convertirlos en una banca pública. Su gestión será sometida a un control democrático y vinculada a las políticas sociales y económicas. Sus directivos serán elegidos de forma democrática y con salarios limitados a los que se marque para cualquier trabajador del sector público.
II. Todas las ayudas públicas directas o indirectas que hayan recibido el resto de entidades financieras se transformarán en acciones públicas (los préstamos del BCE también tendrán el carácter de ayudas públicas), con entrada de representantes públicos en los consejos de administración de las mismas, que velarán por el estricto cumplimiento de unas normas de gestión que marquen un límite de endeudamiento máximo para dichas entidades mucho más bajo que el actual, que prohíban la especulación, y establezcan criterios de transparencia, utilidad social y racionalidad en la concesión de créditos. La conversión de las ayudas en capital supondrá la nacionalización del conjunto del sector bancario para constituir una verdadera Banca Pública, controlada democráticamente y con una finalidad social.
III. No se transferirá ni un solo euro público más a ninguna entidad hasta que se complete una auditoría pública y transparente de las cuentas de todas las entidades financieras españolas, que permita establecer un plan de saneamiento efectivo. Dicha auditoría incluirá a las grandes empresas, dado que ellas son las responsables de la mayor parte de la deuda. Su realización correrá a cargo de un organismo público formado por técnicos no vinculados a los órganos directivos de las entidades financieras, bajo supervisión democrática y sus resultados serán públicos y expuestos de forma asequible para todos los ciudadanos. Esta investigación ha de servir para establecer el estado real de los balances de los bancos y grandes empresas, así como quiénes son los acreedores de dichas deudas y quiénes se han beneficiado de la política de sobreendeudamiento practicada durante los años de auge económico.
IV. Hasta que no esté terminada la auditoría se decretará una moratoria en el pago de la deuda pública, la cual también tendrá que ser sometida a una auditoría por el mismo procedimiento y con los mismos criterios que la realizada a las entidades financieras.
V. La nueva banca pública tendrá como objetivo fundamental gestionar de manera prudente los ahorros de la ciudadanía y proporcionar crédito a familias y empresas.
Eso implica definir un modelo de gestión distinto al realizado en las cajas de ahorro que tenga en cuenta criterios sociales y de financiación de la economía productiva eficaces. Solo así podrá ponerse en marcha un plan estratégico de salida social a la crisis.
VI. La banca pública se caracterizará por la transparencia en sus políticas y por el rendimiento público y transparente de sus cuentas anuales en un lenguaje asequible para el conjunto de la ciudadanía.
VII. La Obra Social de las antiguas Cajas, cuya utilidad social se acredite, se incorporará mediante un proceso adecuado a los servicios sociales de las diferentes administraciones.
Por todo lo anteriormente citado, consideramos que el proyecto de Ley presentado por el Gobierno no es admisible y refuerza la postura que sostenemos de enmendar la totalidad del proyecto y de pedir, consecuentemente, su devolución al Gobierno.
VI. La banca pública se caracterizará por la transparencia en sus políticas y por el rendimiento público y transparente de sus cuentas anuales en un lenguaje asequible para el conjunto de la ciudadanía.
VII. La Obra Social de las antiguas Cajas, cuya utilidad social se acredite, se incorporará mediante un proceso adecuado a los servicios sociales de las diferentes administraciones.
Por todo lo anteriormente citado, consideramos que el proyecto de Ley presentado por el Gobierno no es admisible y refuerza la postura que sostenemos de enmendar la totalidad del proyecto y de pedir, consecuentemente, su devolución al Gobierno.
sábado, 19 de octubre de 2013
Botín insiste en Harvard: "España está en un momento magnífico"
Diario Público.es, 18/10/2013. (Extracto)
El presidente del Banco
Santander, Emilio Botín, insistió hoy en sus declaraciones de
que "España está en un momento magnífico" y aseguró estar
"encantado" de hacer esta afirmación en países como Estados Unidos.
"Estoy convencido de lo que
he dicho", afirmó Botín a los medios tras la entrevista que mantuvo hoy
con la presidenta de la Universidad de Harvard, Drew Gilpin Faust, y en
compañía del director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha.
Preguntado por el revuelo que
habían provocado sus declaraciones del día anterior, en las que
afirmó que en estos momentos "llega dinero de todas partes" a España,
el presidente del Banco Santander se reafirmó en sus comentarios.
"Creo que España está en un
momento magnífico, están haciendo cosas fantásticas, está llegando cantidad de
inversión para la bolsa, para la deuda, y por lo tanto estoy encantado y me
encanta decirlo en Estados Unidos y en otros sitios", manifestó. "De
modo que nada de líos, muy buena noticia", remachó el presidente del
Santander.
Disponible en:
viernes, 18 de octubre de 2013
Bancaja y CAM llegaron a vender preferentes al triple de su valor real
Por David Navarro
Diario Levante-EMV,
17/10/2013.
Los clientes de la antigua Caja
Mediterráneo (CAM) y de la valenciana Bancaja llegaron a pagar por sus
participaciones preferentes más del triple del valor real que estos títulos
hubieran alcanzado en el mercado en condiciones normales. Así lo pone de manifiesto
un informe elaborado por la CNMV en septiembre de 2011 y que acaba de hacer
público la denominada Plataforma CAM -la asociación que reúne a unos 750
afectados por la debacle de la entidad alicantina- con la intención de que el
documento se incluya en la causa que instruye la Audiencia Nacional contra la
excúpula de la caja. En concreto, el supervisor señala que ambas entidades
vendieron preferentes por el 100% de su valor nominal cuando en condiciones de
libre mercado su precio apenas hubiera alcanzado el 30% del mismo.
En este caso, la investigación de la CNMV no trata de las numerosas irregularidades cometidas por las entidades durante la emisión de estos títulos y que ya han sido denunciadas en múltiples ocasiones -como la colocación de las preferentes a personas que carecían de los conocimientos necesarios para entender la complejidad de este producto-, sino que se refiere a las operaciones realizadas con posterioridad. Es decir, a las que se producían cuando algún cliente deseaba recuperar el dinero invertido, lo que obligaba a la caja a buscar un nuevo comprador para esos títulos.
En teoría, estas transacciones debían realizarse a un precio de mercado, que debía fijarse en función de la oferta y la demanda, pero la mayoría de las entidades lo que hacía era buscar a otro cliente al que le endosaban las preferentes por el 100% de su valor nominal. De esta forma se evitaban dar explicaciones al vendedor, que en muchos casos pensaba que había contratado un depósito a plazo fijo y no unos valores que podían fluctuar, pero salía perdiendo el comprador, que pagaba por las preferentes un precio que no era real.
Ignoraron las recomendaciones
En el momento de realizar el informe había hasta diez entidades -varias de ellas desaparecidas hoy en día- que aplicaban esta operativa: Liberbank, BMN, Catalunya Caixa, La Caixa, CAI, Banesto y Unnim, además de Bancaja y la CAM. Otras también realizaban estos cases entre clientes pero con algún tipo de medida para corregir el precio y ajustarlo al precio teórico de mercado, aunque sin conseguirlo del todo, según el criterio de la CNMV. En este grupo estarían, por ejemplo, Bankinter, Ibercaja, Caja España o Novagalicia.
La propia CNMV llama la atención sobre el elevado número de entidades en las que detecta estas "malas prácticas", sobre todo porque su investigación se producía después de que el año anterior, en 2010, ya hubiera remitido varias cartas exigiendo que realizaran estas operaciones a través del SEND -el mercado secundario de renta fija- o bien que implantasen las garantías necesarias para que los precios se ajustaran al valor real. Sin embargo, la mayoría de bancos y cajas aseguraban que seguían en el proceso de adaptación.
No obstante, también cabe señalar que no en todos los casos el perjuicio causado fue el mismo, según el supervisor, ya que en algunas de las emisiones el precio real se hubiera aproximado bastante al 100% que se pagó, según la estimación que realizó el departamento de Estudios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En otros casos, como el de las dos cajas de la Comunitat Valenciana, las diferencias eran sustanciales.
Así, las preferentes que emitió la CAM en 2009 deberían haberse pagado al 85% de su valor nominal a finales del 2010, mientras que las correspondientes a emisiones anteriores ya sólo conservaban entre el 40% y el 30% de su valor original, debido a su escasa rentabilidad, según el citado informe. Aún así, todos los clientes pagaron religiosamente el 100%, es decir, más del triple de lo que correspondía.
En el caso de Bancaja, la deuda subordinada emitida en 2009 también debió cotizar a un precio de entre el 81% y el 89% de su valor inicial, mientras que las preferentes más antiguas debían cotizar a un 30% de su precio de salida, según la CNMV. La entidad entonces presidida por Jose Luis Olivas, que también había sido apercibida un año antes, señalaba en su respuesta que estaba "revisando" su operativa para acabar con estas prácticas.
Disponible en:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)