miércoles, 31 de diciembre de 2014
El Instituto de Crédito Oficial incumple la Ley de Transparencia y oculta el sueldo de su presidenta
Por Antonio M. Vélez
El diario.es, 30/12/2014.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) no parece haberse dado
por aludido y todavía no ha cumplido con la Ley de Transparencia, tres semanas
después de la entrada en vigor del título preliminar, el título I y el título
III de esa norma, que desde el pasado 10 de diciembre obligan a publicar, entre
otros datos, las retribuciones brutas anuales de los máximos responsables de
las sociedades mercantiles estatales.
El ICO, que como entidad pública
empresarial está sujeto a la Ley de Transparencia, todavía no ha hecho
público el sueldo bruto de sus primeros ejecutivos en 2013 (tuvo dos), ni
sus convenios y contratos adjudicados, a diferencia de lo que ya han hecho la
mayoría de empresas públicas, desde la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI) y sus principales participadas hasta Paradores de Turismo,
por citar sólo dos ejemplos.
Estos datos no están disponibles
ni en la propia página web del ICO ni en el portal de la
transparencia que ha puesto en marcha el Gobierno. El ICO tiene
un año para adaptarse a la ley, pero la omisión es relevante, tratándose de la
séptima entidad de crédito en España y de un agente clave del sector público
empresarial.
"Nosotros no somos los
publicadores en el portal de transparencia", dicen fuentes del banco
público, que señalan que "para dar cumplimiento a dicha Ley, desde el día
10 de diciembre, en la home de www.ico.es existe un enlace de acceso directo al
Portal de Transparencia", donde estará disponible esa información
"para hacerla homogénea".
Las mismas fuentes declinan explicar por qué el organismo todavía no ha
publicado esos datos en su propia web, como han hecho la mayoría de empresas
públicas. Por su parte, el Ministerio de Economía, al que está adscrito, no
comenta este asunto.
Del Congreso a la presidencia
Desde septiembre del año pasado,
la presidenta del ICO es Irene Garrido, primera mujer al frente del organismo
desde su creación en 1971. Muy vinculada al mundo universitario, desde finales
de 2011 hasta su nombramiento fue diputada del PP en el Congreso (fue la número
dos de la lista de los populares por Pontevedra, tras la ministra Ana Pastor) y
sustituyó en el cargo a Ramón Escolano, nombrado vicepresidente del Banco
Europeo de Inversiones (BEI) en sustitución de la exministra socialista
Magdalena Álvarez.
Escolano, presidente del ICO
desde enero de 2012, había sido anteriormente director de Relaciones
Institucionales de BBVA y formó parte del segundo Gobierno de José María Aznar
como director del gabinete de Economía del presidente.
El ICO, que este año ha concedido
la cifra récord de 21.469 millones de euros en préstamos, es una entidad
pública empresarial adscrita a la secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa del Ministerio de Economía y Competitividad. El instituto actúa como
Agencia Financiera del Estado y como banco público, a través de líneas de
financiación para autónomos y pymes (que comercializan las entidades de crédito
con las que suscribe convenios de colaboración) y proporcionando financiación
directa a grandes proyectos mediante préstamos por un importe mínimo de 10
millones de euros.
Con activos totales por valor de
102.203 millones de euros al cierre de 2013, el banco público es la séptima
entidad de crédito en España por volumen de activos, sólo superada por
Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Popular. Al cotizar en bolsa,
desde 2013 estas entidades están obligadas a detallar las retribuciones anuales
de todos sus consejeros por exigencia de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), un listón que el Gobierno no ha estimado conveniente aplicar a
los consejos de administración de las empresas públicas (sólo se publica la
retribución del presidente o el director general y el total agregado del máximo
órgano de gestión).
Las funciones del ICO son
principalmente promover actividades económicas que contribuyan al crecimiento,
al desarrollo del país y a la mejora de la distribución de la riqueza nacional.
El organismo se financia en los mercados de capitales (no a través de los
Presupuestos del Estado), aunque las deudas y obligaciones que contrae tienen
garantía incondicional e ilimitada del Estado.
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martes, 30 de diciembre de 2014
La izquierda del partido demócrata desafía a Hillary Clinton
Por Marc Bassets
El País, 30/12/2014.
Hillary Clinton es la estrella indiscutida del
Partido Demócrata, la candidata a suceder a Barack Obama en la Casa Blanca tras
las elecciones presidenciales de 2016. Mas la estrella ideológica del partido
del mandatario es otra. Elizabeth Warren, senadora por Massachusetts desde 2013, es la
voz más combativa contra Wall Street, el Partido Republicano y el establishment
demócrata identificado con el matrimonio Clinton.
Es probable que en los próximos
meses Hillary Clinton —exsecretaria de Estado, exsenadora, ex primera dama y
aspirante fallida a la Casa Blanca en 2008— anuncie su candidatura.
Los sondeos la consagran como la principal opción para competir por el Partido
Demócrata e incluso como la favorita en las elecciones presidenciales que la
enfrentarán al contendiente por el Partido Republicano. La potencia de su
candidatura es indudable: tras la elección, en 2008, del primer presidente
negro, Estados Unidos elegiría a la primera mujer.
Warren descarta disputar a
Clinton la nominación demócrata. Lo repite en cada entrevista. Pero hay que
tomar sus palabras con cautela. Primero, porque no es insólito que, hasta que
un político declare su candidatura, asegure que él no es candidato: no lo es,
pero quizá lo sea. Y segundo, porque aunque no se presente —personas cercanas a
la senadora sostienen que no lo hará— ha logrado definir los términos del debate
en el Partido Demócrata y ha forzado a Clinton a abordar cuestiones que hasta
hace poco no figuraban en su agenda, como las desigualdades y los excesos de
Wall Street.
“Ella me ha dicho a mí y a mucha
otra gente que no será candidata”, dice Roger Hickey,
codirector de la Campaña para el Futuro de América, una organización
adscrita a la izquierda demócrata. “Pero incluso sin presentarse a la
presidencia, Elizabeth [Warren] impulsa a los demócratas y Hillary Clinton
hacia una dirección más progresista. Hillary está aprendiendo del liderazgo de
Elizabeth”.
El itinerario de Warren es atípico. De 65 años y profesora de
Derecho, se especializó en el endeudamiento privado y las bancarrotas
familiares. Publicaba libros como The two-income trap, (La trampa del
doble ingreso, Basic Books, 2004), que mezclaba el estudio de las finanzas
familiares con consejos sobre cómo gestionarlas mejor. La suya era una
disciplina técnica y poco mediática, hasta que estalló la crisis en 2008 y el
endeudamiento de los norteamericanos y las prácticas abusivas de los bancos
ocuparon de repente el centro de la discusión sobre las causas y las soluciones
de la emergencia.
El demócrata Obama adoptó la
propuesta de Warren para crear un organismo de protección del consumidor de productos financieros,
destinada a evitar que se repitiesen estafas como las de las hipotecas
basura. Warren debía presidir la nueva institución, la Oficina de
Protección Financiera del Consumidor, pero el previsible veto en el
Senado de los republicanos y los recelos de algunos demócratas cercanos a Wall
Street frustraron la candidatura. Warren se convirtió en la voz de la
conciencia de la izquierda que atribuye a Wall Street la responsabilidad de la
recesión y reprochaba a Obama su timidez a la hora de reformar el sistema
financiero.
“El juego está trucado”, dice
Warren en sus discursos. “Trucado”, añade en sus memorias —A fighting
chance (Una oportunidad de lucha, MacMillan, 2014)—
“en favor de los que tienen dinero y poder”. “Las grandes corporaciones”,
argumenta, “contratan a ejércitos de lobistas para obtener exenciones
de miles de millones de dólares en el sistema impositivo y persuadir a sus
amigos en el Congreso de que apoyen leyes que inclinan las reglas del juego a
su favor. Mientras tanto, a las familias que trabajan duro se les dice que
tendrán que vivir con sueños más modestos para sus hijos”.
Warren no rehúye la etiqueta de populista, una palabra que en EE UU carece de las connotaciones negativas que tiene en Europa o América Latina. En la tradición norteamericana, significa la defensa del pueblo frente a las élites. Hickey opina que el populismo económico de la senadora por Massachusetts —el norteamericano de pie frente a los bancos y las corporaciones— puede apelar a las clases trabajadoras blancas de la América interior, distanciadas del Partido Demócrata de Obama.
Warren no rehúye la etiqueta de populista, una palabra que en EE UU carece de las connotaciones negativas que tiene en Europa o América Latina. En la tradición norteamericana, significa la defensa del pueblo frente a las élites. Hickey opina que el populismo económico de la senadora por Massachusetts —el norteamericano de pie frente a los bancos y las corporaciones— puede apelar a las clases trabajadoras blancas de la América interior, distanciadas del Partido Demócrata de Obama.
Porque Warren es progresista,
pero busca un votante transversal, a las clases medias que no se benefician de
la recuperación. Aunque técnicamente la recesión terminó en 2009, el 72% de los
norteamericanos cree que la recesión no ha acabado, según un sondeo reciente.
Desde entonces la tasa de paro se ha reducido a menos del 6% y la economía
crece al nivel más alto de los últimos 11 años. Si decidiese desafiar a Hillary
Clinton en las primarias demócratas, sus posibilidades de derrotarla serían
escasas, pero sus ideas marcan el tono la campaña demócrata para suceder a
Obama.
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lunes, 29 de diciembre de 2014
Qué es un test de estrés bancario y por qué lo hemos superado
Por José Moisés Martín
El diario.es, 27/10/2014.
El pasado día 26 de octubre, el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea han hecho
públicos los resultados
del análisis comprensivo del sistema bancario europeo, formado por
un ejercicio doble: la revisión la calidad de los activos bancarios (AQR) y los
denominados Test de Stress, analizando la solvencia de 150 entidades bancarias
de los países de la Unión y, especialmente, de países de la eurozona. Los
resultados publicados dejan en buen lugar a las 25 entidades bancarias
españolas analizadas, y, salvo en el caso de Italia, muestran un panorama
tranquilizador sobre la salud del sistema financiero europeo.
Son buenas noticias, pero… ¿qué
es un test de stress bancario?
Para comprender su significado,
hay que comenzar por conocer la estructura financiera de una entidad bancaria.
Como el de todas las empresas, los bancos tienen un balance formado por activos,
pasivos y capital. Los activos son los derechos de los bancos, es decir,
aquello que tienen o que pueden reclamar: dinero en las cajas, inversiones y
préstamos a clientes. Los pasivos son aquellas obligaciones por las cuales los
bancos deben responder: dinero que han pedido prestado o los depósitos de los
ahorradores. El negocio bancario es pedir prestado –en los mercados
interbancarios o al Banco Central Europeo- o captar depósitos –de inversores o
de ahorradores- y luego invertirlo ellos mismos dando prestamos a las empresas
o particulares o invirtiendo en acciones y otros títulos. El capital del banco
son aquellos fondos que, no siendo exigibles por los prestamistas o los
depositantes, también sirve para financiar las operaciones del banco. En condiciones
de equilibrio el balance de un banco debe cumplir el criterio:
Activos=pasivo+capital
Es decir, las operaciones del banco son financiadas por terceros (pasivo) o por
el propio banco a través de sus recursos (capital). Como en cualquier empresa,
este equilibrio contable es fundamental, pero al mismo tiempo, y por tratarse
de entidades en las cuales los inversores y depositantes dejan su dinero con la
esperanza de recuperarlo, su tratamiento es especialmente sensible. Si un
cliente abre una cuenta de ahorro en un banco, espera poder contar con su
dinero siempre y con independencia de los buenos o malos resultados que tenga
la entidad con sus operaciones financieras. De no ser así, la confianza en las
entidades bancarias se desplomaría y con ella el sistema financiero.
Para evitar que esto pueda
ocurrir, las entidades bancarias se someten a una regulación internacional que
exige un mínimo de capital propio, suficiente para cubrir eventuales pérdidas
en las operaciones de inversión y préstamo, sin tener que “tocar” los depósitos
de los clientes. De esta manera, si un banco concede un crédito hipotecario y
este crédito es fallido –no se devuelve nunca- las pérdidas serían absorbidas
por el capital del banco, y no por los depósitos de los ahorradores. Estas
normas son dictadas por el Comité Internacional de Supervisión Bancaria, y se
conocen como normas de Basilea. En estos momentos, y tras la crisis financiera
internacional, estamos en pleno proceso de transición hacia la tercera versión
de estas normas ( Basilea III).
Forman parte del capital propio el capital social de la entidad, los beneficios
no distribuidos, las provisiones, las reservas, y otros instrumentos de
inversión denominados “hibridos”, como, por ejemplo, las participaciones subordinadas
o las preferentes (de infausto recuerdo en el caso de las cajas de ahorro). El
capital se divide entre diferentes niveles de calidad, siendo el de más calidad
el denominado “Core Capital” o “Tier 1”.
Se supone por lo tanto que un
banco debe tener capital suficiente para absorber un porcentaje determinados de
pérdidas en sus operaciones de crédito e inversiones –deterioros del activo-
sin dejar de poder responder a sus obligaciones con prestamistas y ahorradores
depositantes (pasivo). Para que ello ocurra, se debe cumplir la condición:
Capital propio >
deterioros probable de activo.
Los tests de stress miden
precisamente esta condición: partiendo de un escenario base en términos
económicos y suponiendo unas condiciones de crecimiento económico, desempleo,
etc., los test de stress someten a simulación qué pasaría con los activos de
los bancos en diferentes condiciones, cuánto se deteriorarían, y qué capacidad
tendría el banco de asumir dichas pérdidas con su capital propio. ¿Qué le
ocurriría al banco si el desempleo se dispara y se producen nuevos impagos
hipotecarios? ¿Cuánto perdería si hay una bajada de acciones en la bolsa? Una
vez determinadas las pérdidas por fallidos (créditos hipotecarios, inversiones,
etc. que están contabilizadas por su valor y que lo pierden), se calcula cómo
quedaría el banco en términos de capital –qué deterioro sufriría el capital
propio del banco- y se valora si cumple con los criterios mínimos para no poner
en peligro los depósitos de los ahorradores:
Activo “simulado” (contando
las pérdidas)=Pasivo real +Capital simulado (tras absorber pérdidas).
Y esto es exactamente lo que ha
hecho la Autoridad Bancaria Europea: someter a condiciones de “stress” los
balances de los bancos, examinar cuál sería el deterioro probable de sus
activos en situaciones económicas adversas, y valorar si cuentan con el capital
propio suficiente para seguir siendo solventes. Este es el tercero de los test
realizadosy su importancia se centra en que es el test previo a la puesta en
marcha de la Unión
Bancaria aprobada en el primer semestre de este año.
En este ejercicio, los límites
establecidos en el peor de los casos –escenario más adverso- sitúan el límite
de capital exigido en el 5,5% del balance. La mayoría de los bancos españoles
lo superan con creces y sólo uno, Liberbank, se acerca a ese límite. No fue así
en las anteriores pruebas, realizadas en 2010
y 2011,
donde cinco entidades financieras españolas suspendieron en necesidades de
capital y la mayoría de las mismas estuvieron mucho más cerca de los límites
exigidos.
La razón fundamental de este
cambio en el examen de solvencia de nuestras entidades financieras es la intervención
pública desarrollada entre 2012 y 2013.
Durante esos años, España, a
través del FROB, inyectó más
de 37 mil millones de euros en el capital de las cajas de ahorro, concentró el
sector, y desagregó los
llamados activos problemáticos para su gestión a través del SAREB, por un valor
de 50 mil millones de euros adicionales, para que nuestro sector
financiero pudiera cumplir estos requisitos de solvencia. Hubiera sido motivo
de profunda reflexión que, tras esta inyección de fondos en nuestro sistema
financiero, no se hubiese mostrado como uno de los más solventes del
continente.
¿Significa esto que fluirá el
crédito más y mejor que antes? No necesariamente. Los problemas de acceso al
crédito por parte de la economía española no tienen, ahora, tanto que ver con
la solvencia de las entidades, como con la situación de familias y empresas.
Tras las recapitalizaciones, los rescates, y los fondos prestados por el Banco
Central Europeo, el mercado financiero español cuenta con solvencia y liquidez
suficiente, pero el crédito se sigue dando con cuentagotas. Hemos solucionado
el problema de solvencia de las entidades financieras, pero no los problemas de
endeudamiento de familias y sector productivo. Desde el año 2011, las tasas
interanuales de variación del crédito a familias y empresas están en negativo y
nuestra deuda total apenas ha descendido. Nos queda todavía un largo camino.
Disponible en:
domingo, 28 de diciembre de 2014
Kutxabank, de labor social al IRPH, las preferentes, los desahucios y la privatización
Por Eduardo Azumendi
El diario.es, 27/12/2014.
El título honorífico de banco español más solvente concedido a
Kutxabank en 2014 por el Banco Central Europeo no ha servido para tapar todas
las sombras que han acechado a la entidad financiera vasca en el año que está a
punto de despedirse. La obra social de su fundación no ha sido suficiente para
arrojar luz. La renuncia de Mario Fernández como presidente y consejero de
Kutxabank ha marcado la recta final y ha dejado en evidencia las diferencias
que laten en el banco en su proceso de privatización. Fernández defendía la
estrategia de incorporar accionistas independientes al banco y sacar la entidad
a Bolsa. Pero este proyecto estuvo jalonado de dificultades debido a la fuerte
oposición de los socios.
La gota que colmó el vaso fue la
exigencia del Banco de España a las cajas vascas de crear un elevado fondo de
reserva para afrontar posibles problemas en Kutxabank. Una demanda así
obligaría a dar entrada a inversores privados, ante la dificultad de cubrir el
fondo de unos 700 millones de euros. Así que el PNV, que mantiene su poder en
la vizcaína BBK (hoy ya convertida en fundación bancaria) y en la guipuzcoana
Kutxa se opuso. La privatización de Kutxabank ha sido el caballo de batalla de
EH Bildu, que gobierna en la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San
Sebastián.
La solvencia de Kutxabank
encierra un dudoso honor: se trata de la entidad financiera que más desahucios ejecuta en el País
Vasco por impagos de hipoteca. Y con diferencia sobre el resto.
Prácticamente, una de cada cinco desahucios en Euskadi tiene detrás a
Kutxabank, según los datos de un informe elaborado por el Departamento de
Justicia del Gobierno vasco con datos de 2013 y primer trimestre de 2014. En
ese periodo, de 1.127 ejecuciones, más de 200 fueron firmados por Kutxabank.
Además de las tensiones generadas
por la privatización y los desahucios, Kutxabank ha tenido que hacer frente a
una importante contestación ciudadana por sus cuestionables procedimientos a la
hora de conceder préstamos con la fórmula del IRPH. Los tribunales le han llegado
a condenar por usar “maquinaciones engañosas” al no informar a
los afectados de la posiblidad de acogerse a un tipo de interés mucho más
conveniente para ellos e introducir un tipo de referencia "claramente
favorable al prestamista".
La aplicación del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH)
es otra cuestión que le puede salir muy cara a Kutxabank. La
plataforma IRPH Stop Gipuzkoa contabiliza ya más de 30 victorias judiciales
contra el banco vasco por aplicar este índice hipotecario, que resulta muy
gravoso para los ciudadanos y que ha desaparecido por ley. La justicia ha
dictaminado en todos los casos que la aplicación de IRPH es "contraria a
la normativa vigente" y ha condenado a la entidad financiera a recalcular
con efecto retroactivo todas las cuotas pagadas y a devolver a los demandantes
las "cantidades indebidamente cobradas". Las sentencias dejan muy
claro que Kutxabank no fue “transparente” a la hora de suscribir las hipotecas
con el IRPH al no advertir a los compradores que la propia entidad era una de
las que más influía a la hora de determinar su cuantía, ya que se trata de un
índice propio de las cajas.
Kutxabank también se enfrenta a
demandas judiciales por la forma de vender las aportaciones subordinadas de
Eroski y Fagor Electrodomésticos. Incluso ha llegado a cobrar por los gastos de custodia de los títulos de
las aportaciones subordinadas financieras de Fagor Electrodomésticos. Ese
cobro es legal, pero es que las aportaciones subordinadas financieras de Fagor
Electrodomésticos se encuentran suspendidas de cotización desde noviembre del
año pasado y los últimos intereses se abonaron en diciembre de 2012. A pesar de
que los titulares de esas aportaciones financieras subordinadas han
perdido todo el dinero que invirtieron en ese producto, que no valen nada,
Kutxabank (y otros bancos) han seguido cobrando. Solo cuando el afectado se ha
dado cuenta y ha pedido que no le cobren, Kutxabank ha accedido.
El último encontronazo con la
justicia es por la demanda de la asociación de Consumidores en Acción-Facua,
que ha denunciado ante el Banco de España y las autoridades de consumo a 11
entidades bancarias por cobrar comisiones "abusivas" cuando se ingresa
dinero en efectivo en una cuenta de otra persona o entidad por ventanilla.
Entre los bancos denunciados se encuentra Kutxabank, que es la entidad que más
cobra por indicar el nombre de la persona o el concepto si el usuario no es
cliente de la entidad. Hasta cuatro euros reclama Kutxabank por este concepto.
Disponible en:
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Kutxabank-IRPH-preferentes-desahucios-privatizacion_0_338416285.htmlsábado, 27 de diciembre de 2014
Las reclamaciones al Banco de España se disparan un 142% por las cláusulas suelo
Público.es, 22/12/2014.
El Banco de España
recibió en 2013 un total de 34.645 reclamaciones y quejas, lo que supuso un
notable incremento del 142,1% en comparación con el año precedente, que se
debió, fundamentalmente, a las relacionadas con las cláusulas suelo, que
concentraron más de la mitad del total de las quejas.
Según los datos recogidos en la Memoria de Reclamaciones que hoy ha publicado el Banco de España, de esas 34.645 quejas y reclamaciones, 18.387 estaban relacionadas con las cláusulas suelo, el 53,1% del total, un incremento que también hubiera sido elevado, del 13,6% si no se contabilizan las presentadas con ese motivo.
Las cláusulas suelo establecen el mínimo que hay que pagar en una cuota por una hipoteca inmobiliaria, con independencia de que los intereses bajen. Estas cláusulas fueron anuladas por abusivas y poco transparentes por el Tribunal Supremo en 2013.
En un 82% de los expedientes relacionados con las "cláusulas suelo", el reclamante obtuvo, por una u otra vía, un resultado favorable, frente al 18% en los que se emitió un informe a favor de las entidades.
De las restantes
16.258 reclamaciones no referidas a las citadas cláusulas, en 2013 se emitieron
6.121 informes, de los cuales, 3.334 fueron favorables al reclamante y 2.492, a
las entidades, en tanto que en 295 informes no hubo pronunciamiento.
A los informes favorables al reclamante habría que sumar los 2.291 allanamientos, es decir, aquellos casos en los que las entidades se avinieron a dar la razón al cliente una vez iniciado el correspondiente informe por parte del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones.
En otros 68 casos, los que los reclamantes desistieron por haber visto satisfecha su pretensión, explica la Memoria.
Disponible en:
viernes, 26 de diciembre de 2014
Credit Suisse se enfrenta a una nueva multa de 8.200 millones en EE UU
El País, 25/12/2014.
Un juez de la Corte Suprema del
Estado de Nueva York rechazó la solicitud del banco para desestimar la demanda,
y dio luz verde a la petición del fiscal general Eric Schneiderman, al entender
que hay indicios de que el banco pudiera haber cometido ese fraude. El fallo
puede fortalecer la autoridad de Schneiderman para perseguir a otros bancos en
el futuro ante su responsabilidad en la crisis financiera.
Schneiderman demandó a Credit
Suisse en noviembre de 2012, alegando que el segundo mayor banco de Suiza
tergiversó los riesgos asociados a los valores respaldados por hipotecas de
activos dudosos, las denominadas hipotecas basura. El año pasado, el
banco argumentó para desestimar la demanda en una audiencia en la corte de
Manhattan que el Estado había tardado tres años en presentar la demanda pero el
fiscal alegó que el plazo para presentar la denuncia era de seis años.
Armado con la Ley Martín, una
herramienta legal de lucha contra el fraude muy poderosa, Schneiderman ha
tratado de presentar demandas similares contra otros bancos, junto con la
introducción de programas para proporcionar alivio a los propietarios en
dificultades y frenar el aumento de las ejecuciones hipotecarias.
JPMorgan Chase también fue demandado por la oficina de Schneiderman, por el
mismo asunto pero llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para
cerrar el caso pagando 13.000 millones de dólares.
Credit Suisse ya fue sancionado este año con una multa de 2.600 millones
de dólares (1.800 millones de euros) por haber asesorado a clientes
estadounidenses para evadir el pago de impuestos bajo la protección del secreto
bancario.
Disponible en:
jueves, 25 de diciembre de 2014
Aumentan un 13,5% las ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual
Por Jairo Vargas
Público.es, 22/12/2014.
Las ejecuciones hipotecarias, el embargo de una propiedad para su venta tras el
impago de una hipoteca, aumentaron un 10,5% en el tercer trimestre en
comparación con el mismo periodo de 2013, hasta 23.240, de las que 6.787 fueron
sobre viviendas habituales, un 13,5 % más.
Sin embargo, esas cifras suponen una caída del 29,5% y del 29,4%, respectivamente, respecto al periodo abril-junio de 2014, según los datos del estudio sobre ejecuciones hipotecarias publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Atendiendo a las
ejecuciones iniciadas e inscritas en los registros de la propiedad, la mayoría,
22.135, eran fincas urbanas, un 9,8 % más que el año pasado, en tanto que las
1.105 restantes eran rústicas, un 25,4 % más.
Un total de 8.870 correspondían a particulares, un 14,7 % más, mientras que 4.961 eran de empresas, un 6,8 % más.
En el caso de las viviendas de particulares embargadas, el 77,3 % de las propiedades eran el domicilio habitual, un 13,5 % más que hace un año, y 1.993 no eran la residencia habitual de los propietarios, un 18,9 % más.
Tomando como referencia las viviendas familiares existentes en España en el tercer trimestre de 2014, que el INE sitúa en 18.355.700, se inició una ejecución hipotecaria sobre el 0,037%.
Por comunidades autónomas, las que mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias contabilizaron fueron Andalucía, con 5.771; Catalunya (4.066) y la Comunidad Valenciana (3.652), y Navarra, con 89, Cantabria (151) y Asturias, las que menos.
Disponible en:
miércoles, 24 de diciembre de 2014
Los partidos prohíben que los bancos les condonen las deudas
Por Anabel Díez
El País, 23/12/2014.
El final no está escrito ni
tampoco cuántos grupos políticos votarán con el PP, pero después de tres
reuniones de los portavoces de todos los grupos parlamentarios sí hay acuerdo
en restringirse privilegios que hasta ahora tenían. Así se pondrá de manifiesto
en las leyes de control financiero de los partidos, estatuto de altos cargos y
otras tres que se modificarán para achicar el espacio a las posibilidades de
corrupción. Pero no solo, también que se ponen restricciones a beneficios
existentes hasta ahora. Las fuentes consultadas de la oposición coinciden en
que todos están de acuerdo en prohibir la condonación de deudas de los partidos
por parte de las entidades financieras como ha ocurrido a lo largo de la
historia de la democracia recuperada. Por otro lado, los portavoces se han
reducido a la mitad las cantidades de las donaciones privadas que pueden
recibir: de 100.000 euros al año a 50.0000.
Definitivamente, las empresas no
podrán hacer donación alguna a los partidos políticos. “Hay un acuerdo general
sobre rendición de cuentas y control de las mismas, así como de medidas
relacionadas con la ejemplaridad”, dijo a este periódico el secretario general
del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, que junto al portavoz del
partido, Carlos Floriano, y el diputado José Antonio Vera negocian este paquete
de leyes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó en el Congreso
el pasado 27 de noviembre.
Las donaciones solo las podrán
hacer los afiliados porque desaparecerá de la legislación la figura de
militantes y simpatizantes ya que detrás de esas denominaciones podría haber
donaciones encubiertas. Estas serán, además, nominales y serán publicadas a
partir de los 10.000 euros. Cuando la ley salió del Consejo de Ministros la
cantidad era de 25.000 y solo a partir de ahí los donantes tendrían que dar su
nombre. Los espacios para la corrupción y la ausencia de transparencia se
acortan. Los responsables financieros de los partidos tendrán que dar cuenta de
su gestión al Parlamento. La financiación ilegal de partidos entrará en el
Código Penal, algo que los grupos no habían hecho durante estas tres décadas
largas de democracia. Los plazos de prescripción de estos delitos se aumentarán
de manera que si se descubre una ilegalidad la redención no se produzca hasta
un tiempo muy dilatado. El trasvase de dinero de las fundaciones a los partidos
también será vetado que era otra forma de financiación irregular.
Disponible en:
El juez procesa a Narcis Serra: se subió el sueldo mientras Catalunya Caixa era rescatada
Público.es, 23/12/2014.
Un juzgado de
Barcelona mantiene acusados al expresidente de Caixa Cataluña Narcís Serra,
al exdirector Adolf Todó y más de 30 exmiembros del consejo de administración
de la entidad por los sueldos supuestamente desproporcionados, con lo que están
a un paso de ser juzgados.
En un auto que cierra la fase de instrucción, el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona considera que todos los acusados actuaron "en perjuicio y desprecio de los intereses de la entidad, de su finalidad, y de los intereses generales".
El juez acusa, por tanto, a Serra y a Todó, pero también a los miembros del consejo de administración que votaron a favor de los presuntos sobresueldos de los altos cargos mientras la entidad en 2010 recibía dinero público por su grave crisis financiera, y ve indicios de un delito de administración desleal.
El magistrado instructor rechaza archivar la causa, como pedían
las defensas, y dicta un auto que cierra ya la investigación del caso al
considerar que no es necesario practicar más diligencias.
La Fiscalía Anticorrupción les acusa "retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real de solvencia", y les reprocha su espúreo manejo de los fondos de la entidad.
Por su parte, la CUP, que ejerce de acusación popular en la causa, se ha felicitado este martes en un comunicado por la decisión judicial, y lo ven como "el primer paso en la fiscalización del saqueo de Cataluña Caixa y de la lucha contra la impunidad de los responsables de la dramática situación social y económica actual".
A las defensas todavía les queda la posibilidad de presentar recursos de apelación a la Audiencia de Barcelona, que tendrá que confirmar o revocar la decisión del juzgado de instrucción.
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martes, 23 de diciembre de 2014
Rusia se prepara para salvar a sus bancos
El diario.es, 22/12/2014.
Un pequeño banco pero con una
agresiva política de marketing ha sido la primera víctima de la crisis
financiera rusa. El Trust Bank recibirá una inyección de 30.000 millones de
rublos (unos 530 millones de dólares) para no caer en bancarrota. No es una
entidad grande. Ocupa el puesto 32º en activos y el 15º en depósitos de
particulares. Pero apuntaba alto en su publicidad. La imagen es de la campaña
para la que contrató a Bruce Willis, que aparece en varios lugares de su página
web y hasta en una tarjeta de
crédito.[imagen suprimida]
500 millones de dólares para un
banco así es una cantidad significativa. El Gobierno está dispuesto a soltar el
dinero necesario. El viernes la Duma
aprobó la ley que permitirá llevar a cabo el rescate bancario de
aquellas entidades que lo necesiten. Para ello, destinó el equivalente a 16.500
millones de dólares con el que aumentar el capital de los bancos que ahora
mismo no tienen acceso a los mercados internacionales.
La sensación de alarma es difícil
de ignorar. La Duma hizo en un día los trámites parlamentarios que
habitualmente suponen semanas. Ahora la ley pasa a la Cámara Alta y luego será
firmada por Putin para que entre en vigor. Se espera que en enero los bancos
comiencen a recibir los fondos.
El hundimiento del rublo ha aumentado
de forma exponencial la deuda, denominada en euros o dólares, de estos bancos.
Habrá bancos como el ya rescatado que necesitarán ese dinero para sobrevivir,
otros solucionarán así sus problemas de liquidez para que no se conviertan en
un problema de solvencia.
La intención del Gobierno es que
los bancos continúen prestando dinero a la economía real. Con unos tipos de
interés al 17%, eso es francamente poco probable. El programa de
recapitalización con fondos públicos intenta evitar esa situación.
Los primeros que no se fían son
los propios bancos. Están pidiendo unos tipos del 28% para
prestarse dinero entre ellos a tres meses vista. Nadie sabe cuántos bancos van
a sobrevivir en esta purga financiera.
Nada de esto funcionará si el
Gobierno no consigue detener la caída del rublo. El comienzo de la semana ha
sido bueno, no obstante, con una revalorización del 6,6%
hasta llegar a los 55 rublos por dólar.
Rusia tiene margen para ayudar a
sus bancos con sus amplias reservas, a las que ya ha pegado un buen bocado en
su defensa infructuosa del rublo. Lo que no sabe es si esos 16.500 millones
serán suficientes. Cuando sus bancos pidieron créditos en el exterior a
entidades extranjeras, no pensaban que el rublo iba a caer más de un 40% en un
año. Ahora tienen que pagar los intereses de una deuda de 7,3 billones de
rublos que con los tipos de interés actuales supone un pago de 1,2 billones al
año (20.000 millones de dólares), según la
estimación del economista jefe del Sberbank, el mayor banco del
país.
La crisis de Rusia no ha hecho
más que empezar.
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lunes, 22 de diciembre de 2014
La estafa Madoff implica de nuevo al Banco Santander
Por Carlos Elordi
El diario.es, 21/12/2014.
En un largo artículo publicado de
forma destacada este sábado, el Financial Times informaba que un
tribunal de Ginebra está a punto de imputar, puede incluso que lo haya hecho
ya, al Banco de Santander por una implicación directa en la estafa
protagonizada por Bernard Madoff descubierta hace seis años y que se considera
la mayor de la historia financiera mundial. Ninguno de los grandes medios
españoles se ha hecho el mínimo eco de la noticia, aunque cabe recordar que
varios de ellos son importantes deudores del Santander y que el banco es
incluso destacado accionista de alguno.
Según la información del diario
británico, el fiscal federal suizo Marc Tappolet cree que un fondo del Banco
Santander con base en Suiza, el Optimal Investment Services, "conocía o
sospechaba" que el montaje de Madoff era un esquema piramidal (esto es,
una estructura financiera que pagaba los intereses que prometía con las nuevas
inversiones que captaba, práctica absolutamente prohibida y que terminó
reventando) y, que sin embargo, se aprovechó de ese negocio en detrimento del
interés de sus clientes.
El personaje clave del asunto es
el entonces directivo de Optimal Manuel Echeverría, que según el Financial
Times "conectó al Santander y a los Botín con Madoff" y trasladó
dinero de clientes del Santander al fondo de Madoff. Entre los testigos que el
fiscal Tappolet ha interrogado figura también el fallecido Emilio Botín, quien,
según evidencias documentales que el diario británico asegura haber leído, en
febrero de 2008 recibió un correo electrónico de Manuel Echeverría en el que
éste agradecía al presidente del Santander el apoyo que de su parte había
recibido en una reunión empresarial en torno al asunto Madoff.
Las relaciones entre el banco
español y el estafador norteamericano, que desde hace cinco cumple una condena
de 105 años en su país, ya salieron a la luz cuando estalló el escándalo. Botín
mismo reconoció que había pagado indemnizaciones a clientes estafados por valor
de 500 millones de dólares, y una parte de ese total, 235 millones, sirvieron
para frenar la demanda que en contra del Santander se había presentado en un
tribunal neoyorquino. Pero el Financial Times añade que la iniciativa del
fiscal suizo –que ha encontrado nuevas pruebas suficientes para acusar a Emilio
Echeverría de enriquecimiento indebido y mala administración delictiva- podría
invalidar el citado acuerdo norteamericano.
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domingo, 21 de diciembre de 2014
Más de 225.000 millones en ayudas a la banca en dos años a costa de los consumidores
Adicae, 01/12/2014.
Las
entidades financieras en España se llevaron en los años 2011 y 2012 un total de
225.150 millones de euros en ayudas públicas, según el último informe redactado
por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Contrasta con las
ayudas al resto de sectores, que apenas superaron los 4.000 millones en 2012.
La CNMC acaba de
publicar su Informe Anual de ayudas públicas en cumplimiento de la normativa
nacional de competencia; su balance confirma que las "ayudas
regulares" a la economía productiva alcanzaron los 3.944 millones de
euros, lo que equivale al 0,38% del PIB, manteniendo la trayectoria descendente
respecto a 2011. Y que, sin embargo, las entidades financieras se llevaron más
de 140.000 millones en diversos mecanismos de ayuda.
Sobre las ayudas al sector
financiero, dice la CNMC, de acuerdo con la metodología de
la Comisión Europea, en España "en 2012 las medidas de recapitalización
alcanzaron 40.418 millones de euros (3,85% del PIB), el rescate de activos
deteriorados 25.533 millones de euros (2,43% del PIB), las garantías
representaron un compromiso de gasto de 71.696 millones de euros (6,86% del
PIB) y el resto de medidas de liquidez 3.475 millones de euros (0,33% del PIB).
Esto es, el 13% del PIB español
en 2012 fue a parar a ayudas directas a las entidades financieras, que ya el
año anterior se llevaron un buen pico, por encima de los 83.000 millones de
euros. O lo que es lo mismo, más de 225.000 millones de euros han sido puestos
a disposición de la banca para recapitalizarse, eludir su situación de quiebra
y cargar a los consumidores con
sus irresponsables y abusivas prácticas durante los años del boom.
Se trata de cifras que suponen
que entre el 95 y el 98% del volumen total de las subvenciones otorgadas por
las administraciones públicas para empresas se va a la banca, a un puñado de
entidades, una docena apenas. Esto demuestra el enorme agujero negro que ha
representado el sistema bancario español para la economía del país, detrayendo
recursos que podrían estimular otros sectores y ayudar a la recuperación de la
economía.
A esta inyección de dinero
público se añaden al menos 100.000 millones más costeados directamente por los
consumidores en diversos fraudes como las preferentes o las cláusulas suelo,
aparte de intereses abusivos, comisiones leoninas... El abuso al consumidor
sigue guiando la reestructuración bancaria con la complicidad de las
autoridades españolas y europeas, que advirtieron de efectos funestos si no se
realizaba de esta manera. Sin embargo, Competencia recuerda que "la
concesión de ayudas públicas constituye una forma de intervención en la
economía que puede alterar el funcionamiento de los mercados".
Eso sí, 2014 volverá a ser un año
favorable para las entidades bancarias en España, que declararon un beneficio
total de cerca de 2.250 millones de euros en apenas los tres primeros meses del
año. No servirán estos beneficios, como tampoco los de años pasados, para
devolver los múltiples rescates que los consumidores hemos puesto de nuestros
bolsillos, una intervención económica en toda regla, eso sí, dirigida a unos
pocos poderosos y no al conjunto de la ciudadanía.
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sábado, 20 de diciembre de 2014
El BCE publica el cruce de cartas entre Trichet y Zapatero
Por Claudi Pérez y Carmen
Pérez-Lanzac
El País, 20/12/2014.
El BCE publica este viernes, con
tres años de retraso —y a instancias
de un obstinado abogado extremeño, Isaac Ibáñez—, la
correspondencia entre el ex jefe del Eurobanco, Jean-Claude Trichet,
y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Las cartas demuestran que
Trichet reclamó a España recortes, y que el Gobierno socialista atendió
prácticamente todas las exigencias a cambio de un programa de compra de deuda
que salvó al país de la bancarrota en verano de 2011. Zapatero ya publicó ambas
misivas en 2013, en su libro El dilema (Planeta), donde resume escuetamente por qué
satisfizo las demandas de Trichet: “Dependíamos del BCE”.
La carta de Trichet está fechada
el 5 de agosto, y la respuesta de Zapatero es del día siguiente: eso permitió
al Eurobanco comprar bonos y rebajar la prima de riesgo a cambio de una primera
oleada de recortes que incluyó una reforma exprés de la Constitución para
incluir la regla de oro fiscal, pactada entre PSOE y PP.
Nunca se aclaró si la reforma de
la Constitución estaba incluido en ese menú. Trichet reclamó una serie de
recortes, en particular del mercado laboral. Y Zapatero respondió anunciando
medidas de inmediato, con una posible referencia indirecta a la Constitución:
“En agosto tendrán lugar dos consejos de ministros extraordinarios para aprobar
un conjunto de medidas adicionales”, dice Zapatero el 6 de agosto. La reforma
constitucional se aprobó el 23 de agosto. Zapatero ha explicado que además hubo
varias llamadas telefónicas. La versión de Trichet, a pesar de la carta, es que
el BCE “no dio órdenes ni negoció nada con el Gobierno de Zapatero”, según dijo en
una entrevista con este diario.
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viernes, 19 de diciembre de 2014
Anulada la multa a Jaime Botín por el retraso de Economía en tramitarla
Por Iñigo de Barrón
El País, 18/12/2014.
La Audiencia Nacional ha acordado anular la
multa que impuso el Ministerio de Economía a Jaime Botín
por valor de 700.000 euros. La sanción, propuesta por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), se ha tramitado durante un año, 11 meses y un día,
es decir, 23 meses, cuando el máximo legal es de 18 meses. La sanción fue la
más alta que había impuesto la CNMV en su historia y ahora queda en papel
mojado.
La Audiencia, además de estimar el
recurso de Botín, presentado por Francisco Palá y Rafael Mateu de Ros del
despacho Ramón y Cajal, impone al Ministerio de Economía la publicación
inmediata de la resolución en el Boletín Oficial del Estado “para reestablecer
el crédito personal” del Botín. La sala de la Audiencia condena, además, a
costas al Ministerio. Ante la resolución solo cabe recurso de casación si se
encontrara otra sentencia sobre el mismo tema con un fallo contrario.
La CNMV impuso a Jaime Botín una sanción
muy grave por ocultar al mercado desde 1993 hasta 2010 que una
fundación de su familia poseía el 7,85% del capital de Bankinter. Jaime Botín
fue consejero y presidente de Bankinter hasta 2002, cuando abandonó el banco.
Hasta entonces solo había declarado tener el 16% del capital. Estas acciones se
conocieron cuando se descubrieron 2.000 millones de euros de la fortuna de la
familia Botín en el HSBC de Ginebra.
La sanción se dividió en 500.000
euros para Jaime Botín (que fueron depositados y se van a reclamar con
intereses de demora) y otros 200.000 euros a la Fundación XYZ Heritage, cuyo
único beneficiario es el propio Jaime Botín.
Se da la circunstancia de que el
difunto Emilio Botín también fue sancionado con 200.000 euros, pero sus
abogados no han recurrido.
La sentencia es especialmente
dura cuando señala que la sanción impuesta se hizo haciendo caso omiso al hecho
de que era un procedimiento que ya había caducado, como señalaron los abogados
de Botín.
La larga tramitación del
expediente se debe a que el consejo de la CNMV, presidida por Elvira Rodríguez,
alteró la propuesta de los instructores del organismo que propusieron el
archivo de las actuaciones, según fuentes cercanas al caso. La CNMV reinició el
proceso con una nueva propuesta de resolución, en contra del criterio de los
instructores con gran lentitud.
La resolución de la Audiencia no
valora otros aspectos de la demanda, como si la infracción habría prescrito por
transcurrir cinco años desde que se cometió.
(Nota de Carlos J. Bugallo: Estos son algunos de los datos sobre Jaime Botín que ofrece Wikipedia:
- Jaime Botín-Sanz de Sautuola García de los Ríos (Santander, Cantabria, 20 de abril de 1936) es un banquero español. Es hijo de Emilio Botín-Sanz de Sautuola López, nieto de Emilio Botín López, sobrino de Marcelino Botín López, y hermano de Emilio Botín, familiares que ocuparon la presidencia del Banco de Santander. Está casado con Belén Naveda Agüero.
- Jaime Botín ingresó en 1957 en el Banco Santander, llegando al cargo de vicepresidente primero en 1999. El 26 de julio de 2004 abandonó el cargo, siendo sustituido por Fernando de Asúa Álvarez.
- Jaime Botín también fue presidente de Bankinter entre 1986 y marzo de 2002. En esta entidad había sido consejero director general desde su fundación en 1965, y consejero delegado desde 1977 hasta 1986. En la actualidad es el máximo accionista, con el 23,871% de las acciones.)
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miércoles, 17 de diciembre de 2014
Renace la Banca Pública en Andalucía
Por Javier Moreno
Mundo Obrero.es, 15/12/2014
Uno de los argumentos que más se
ha repetido a la hora de introducir la creación de la banca pública en
Andalucía es que se ha retrocedido tanto en las últimas décadas que ahora
genera polémica una iniciativa que en los años 70 formaba parte del consenso en
torno a los instrumentos financieros de carácter público.
En un contexto de desmantelamiento del sector público y de pérdida de músculo de las instituciones democráticas para hacer frente a la pérdida de derechos y a las agresiones del neoliberalismo, Andalucía toma la iniciativa con la creación de una Banca Pública, uno de los compromisos del Acuerdo por Andalucía que justificó la coalición entre PSOE e IU en el gobierno de la Junta de Andalucía.
El funcionamiento de la Banca Pública estará sujeto a criterios sociales, éticos, de transparencia y de apoyo al desarrollo económico de Andalucía y nace con el objetivo de ser un instrumento financiero que facilite el crédito a autónomos, cooperativas, economía social y pymes, los actores que verdaderamente crean empleo y que están siendo asfixiados por la banca privada, que cierra el grifo del crédito tras haber recibido miles de millones de dinero público para sanear sus cuentas.
El proceso de elaboración de la Ley, que actualmente está en la fase de anteproyecto aprobado por el Consejo de Gobierno, es el fruto de un trabajo que durante meses ha llevado a cabo un grupo de trabajo en el Parlamento de Andalucía en el que Izquierda Unida presentó una propuesta construida junto con agentes sociales como CCOO, FACUA, ATTAC, Economía Crítica y expertos provenientes del ámbito universitario.
Tensiones
Desde el principio la elaboración del Anteproyecto de Ley no ha estado exenta de tensiones, y no solo con el PSOE sino, sobre todo, con los representantes de la banca privada en Andalucía. No es casual que a medida que iba avanzando la propuesta el PSOE ha intentado rebajar las expectativas de la iniciativa legislativa a la vez que lanzaba guiños de complicidad a los representantes de las entidades financieras con intereses en Andalucía, que solo estaban dispuestas a aceptar la creación de un instituto de crédito que no fuera más allá del modelo de ICO estatal.
No obstante, las conclusiones del grupo de trabajo que han sido refrendadas en al Anteproyecto de Ley se alejan de las limitaciones de un instituto de crédito al contemplar como naturaleza jurídica la de empresa pública con la forma de sociedad anónima, que deberá evolucionar para convertirse en una banca pública especializada de apoyo al tejido productivo. Esto significa que la nueva entidad solicitará la ficha bancaria al Banco de España para poder operar como Banca.
Una vez obtenida, la ficha bancaria permitirá obtener financiación de recursos públicos y privados provenientes del Banco Central Europeo, del Banco Europeo de Inversiones, de cualquier mercado financiero nacional o internacional e incluso de la captación de ahorro privado de clientes. Es la obtención de esta ficha bancaria lo que levanta más ampollas en la banca privada, que ven a la Banca Pública como una seria competidora por ser una alternativa viable en el sector financiero.
Por otro lado, la nueva Banca Pública funcionará sobre principios éticos de gestión. Por ello, en primer lugar, tendrá la prohibición expresa de realizar políticas redistributivas o fiscales, así como realizar cualquier tipo de subsidiación de los tipos de interés u otras ayudas. En segundo lugar, de manera complementaria, contará con mecanismos para la gestión del riesgo que garanticen la solvencia de la entidad, limitando la concentración de riesgo por operaciones, clientes y sectores y fijando criterios de independencia, profesionalización y experiencia en el análisis del riesgo. Finalmente, la entidad estará dirigida por una presidencia nombrada a propuesta del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y una comisión de control nombrada por el Parlamento de Andalucía que contará con representantes de los agentes sociales, ambas instancias regidas por un estricto código ético de transparencia y participación y con una composición de contrastada independencia y profesionalidad.
Camino por recorrer
Aunque Izquierda Unida haya conseguido la aprobación del Anteproyecto de Ley, vinculándolo a la aprobación definitiva del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2015, todavía queda un largo camino por recorrer hasta la materialización de la Banca Pública, un camino que no está exento de obstáculos como reconoció el coordinador andaluz de IULV-CA, Antonio Maíllo, en la última reunión de la Ejecutiva andaluza. Maíllo garantizó que se va a estar vigilante ante el cumplimiento de los acuerdos y se va a seguir trabajando para que los trámites pendientes no sean torpedeados por la banca privada ni por el propio Banco de España, del que depende la concesión de la ficha bancaria.
Queda por delante todavía la aprobación definitiva de la Ley y la obtención de la ficha bancaria, lo que se espera que suceda antes de concluir el año 2015. Por ahora, se ha plantado la semilla de una Banca Pública y se ha abierto el debate sobre la función social de la banca y las finanzas. Lo que queda por recorrer dependerá de la acumulación de fuerzas y de las alianzas que se puedan articular desde la izquierda desde el compromiso de que una Banca Pública andaluza solo tiene sentido si sirve para apoyar aquellos sectores estratégicos que apunten hacia un nuevo modelo productivo.
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Cómo el banco central alemán está dañando a España
Por Vicenç Navarro
Público.es,16712/2014.
El pasado sábado
13.12.14 la portada de El País tenía en el lugar más prominente un
titular que decía “El Bundesbank dice que las propuestas de Podemos amenazan la
economía”. Estas declaraciones se atribuían al Presidente del Bundesbank, el
Banco Central Alemán, el Sr. Weidmann, a lo largo de una entrevista que dicho
rotativo le hizo hace unos días. Lo que, en realidad, tal señor estaba
comentando no era el programa económico de Podemos, sino el documento que Juan
Torres y yo presentamos a Podemos, a petición suya, para que se iniciara un
debate dentro y fuera de tal partido. Como coautor de ese documento siento la
necesidad de responderle, señalando que no son las propuestas que Juan Torres y
yo hacemos en el documento, sino las políticas públicas promovidas por el
Bundesbank, las que han ido destruyendo la economía española, contribuyendo a
crear las enormes crisis económicas y financieras que nuestras propuestas
intentan resolver. La gran cantidad de deuda pública de la que se lamenta el
Sr. Weidmann no se debe a un inexistente derroche de gasto público (en
realidad, cuando la crisis se inició en el año 2007, el Estado español estaba
en superávit), sino a las políticas llevadas a cabo por el Banco Central
Europeo bajo la influencia del Bundesbank. Veamos los datos.
Como resultado del diseño del Banco Central Europeo (BCE), consecuencia de la excesiva influencia del Bundesbank en su establecimiento, el BCE no es un banco central como lo es el Federal Reserve Board (el Banco Central de EEUU), el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón. Lo que un banco central hace, frente a la especulación de los mercados financieros, es ayudar a los Estados comprándoles su deuda pública, protegiéndolos así de tener que pagar unos intereses elevadísimos a la banca privada para conseguir dinero prestado. El hecho de que el BCE no haga esto –es decir, que no compre deuda pública- está en la raíz de que España haya tenido que pagar unos intereses artificialmente altos, a beneficio de la banca privada, incluyendo la banca alemana.
La segunda razón de
que el Bundesbank haya estado perjudicando a España es que, a través de su
influencia, el BCE ha estado también presionando para que no se estimule la
economía, exigiendo políticas de austeridad del gasto público y reformas
estructurales (que quiere decir reformas laborales que han reducido los
salarios y los puestos de trabajo), las cuales han disminuido la demanda
doméstica, creando un grave problema como consecuencia de ello. España y Europa
han tenido tres recesiones durante estos últimos años de la Gran Recesión.
Y la tercera razón de este daño es que, como resultado de su defensa de la banca alemana y de sus intereses, y de la escasa vocación reguladora del Bundesbank, este permitió que la banca alemana fuera la que estimulara y facilitara la burbuja inmobiliaria española, cuya explosión fue la causa del colapso del crédito. Ante esta realidad, lo primero que hizo el Bundesbank no fue ayudar a la población española, sumamente endeudada, sino proteger a su banca, presionando para que se prestara al Estado español millones de euros (que aumentaron la deuda considerablemente) para que el Estado pudiera pagar la deuda contraída con la banca alemana por parte de los bancos españoles. De esta manera, una deuda privada se hizo pública.
Cualquier persona conocedora de la realidad que nos rodea concluirá que el Banco Central Alemán, presidido por el Sr. Weidmann, es muy responsable, no solo de la elevada deuda pública española, sino también de las dificultades que tenemos para pagarla. En realidad, todos los enormes recortes de servicios públicos que España está sufriendo se deben, en parte, a la necesidad de pagar una deuda que es claramente desorbitada. Si no tuviéramos la elevada deuda que tenemos ni tuviéramos que pagar los intereses de la deuda (en parte a los bancos alemanes), no tendríamos que hacer los recortes de gasto público que están reduciendo la demanda doméstica y, por lo tanto, reduciendo el estímulo y el crecimiento económico. Es extraordinario que los periodistas de El País que hicieron la entrevista no resaltaran estos hechos en la entrevista al Presidente del Bundesbank.
Pero la situación es incluso peor. Una de las propuestas de lo que se define erróneamente como el programa económico de Podemos es la reestructuración de la deuda, que afectaría a los intereses de la banca alemana, reduciendo sus beneficios. Y de ahí que el Sr. Weidmann no quiera que se hable de esta medida. Insiste en que la deuda pública debe siempre pagarse, olvidándose de que Alemania ha sido el país de Europa donde el no pago de la deuda pública del Estado ha sido más grande. Los Aliados que derrotaron a la Alemania nazi perdonaron la deuda del Estado alemán, adquirida después de la II Guerra Mundial, a fin de que pudiera recuperarse y salir del hoyo económico en el que se encontraba como resultado de haber sido vencida en aquel conflicto mundial. Es más que paradójico que el Estado europeo que se ha beneficiado más de la mayor quita que haya existido en Europa, ahora se presente como el mayor opositor a que se redefina la deuda pública, creada, además, por un sistema financiero que se diseñó a su gusto y que está destrozando la economía española y la europea.
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