viernes, 28 de febrero de 2014
Mejoría financiera pero no de la economía real
Por Íñigo de Barrón
El País, 23/02/2014.
La recuperación de los mercados
financieros siempre se adelanta a la economía real. Por eso, Mariano Rajoy tiene
recursos para presentar un balance positivo de la situación económica y
financiera desde el anterior debate del estado de la nación. El Gobierno ha
firmado el final del rescate bancario por el que las entidades quebradas
recibieron 40.000 millones. Las autoridades europeas consideraron que el
sistema financiero no necesitará más dinero de la línea de crédito que llegaba hasta
los 100.000 millones. No obstante, eso no significa que la poderosa
troika (Comisión Europea, FMI y BCE) no mantengan una vigilancia intrusiva de
la política económica.
Además, en el terreno financiero,
la prima de riesgo, que mide la confianza de los inversores extranjeros en
España, ha mejorado desde los 352 puntos hasta los 189 actuales. La Bolsa
también se ha enderezado: el Ibex 35 ha subido un 23,2%. Y la deuda pública ha
seguido este mismo camino virtuoso: en febrero de 2013 el Estado tenía que
pagar un 5,18% para que un inversor comprara la deuda del Estado a 10 años y
ahora se conforma con el 3,53%.
Esta mejoría es incuestionable,
aunque es cierto que se partía de cifras muy deterioradas. Los mercados
reflejan las expectativas que tienen los grandes inversores en que la economía
mejore. Igual que se han enderezado en poco tiempo, se pueden dar la vuelta. Y
la clave para ello será el papel que juegue la banca, que mantiene cerrado el
grifo del crédito porque duda de la solidez de la recuperación económica. De
hecho, los principales directivos bancarios han declarado que este año seguirán
cayendo los préstamos. La semana pasada, el propio
Fondo Monetario Internacional alertó del “abrupto” corte del crédito
que vive España y recomendó drásticas medidas para que se refuerce el capital
de los bancos si se pretende que los préstamos fluyan para empresas y familias.
Según el Banco de España, hasta
diciembre de 2013 las entidades habían concedido 1,86 billones en créditos a
empresas y familias, un 5,6% menos que en 2012. La cifra supone regresar a los
niveles de 2006. Las familias siguen sin consumir, el paro está en el 26% y la
morosidad bancaria alcanza el récord del 13,6%, que puede llegar al 15% en
pocos meses. Las incógnitas planean sobre el futuro de algunos bancos, mientras
los contribuyentes han visto cómo se ha vendido Novagalicia Banco con una
pérdida definitiva para el contribuyente de 8.000 millones. Por mucho que salga
una pequeña parte del capital de Bankia a Bolsa, es imposible recuperar la
mayoría de los 61.000 millones enterrados en las antiguas cajas quebradas. Mientras,
la ciudadanía ve con impaciencia que los procesos judiciales contra los
banqueros corruptos no ha hecho más que empezar y que el escándalo de las
preferentes sigue abierto para buena de los inversores. Rajoy puede alardear de
la recuperación de los mercados pero sin crédito la mejora de la economía
seguirá cogida por alfileres y no lo percibirá el contribuyente.
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jueves, 27 de febrero de 2014
La banca debe a las comunidades de vecinos 342 millones de euros
El País, 26/02/2014.
Las comunidades de propietarios
soportan 1.798 millones de euros de deudas; tras crecer la morosidad un 12%
durante 2013. Un aumento nada despreciable pero inferior al 19% experimentado
en 2012 respecto a 2011, según el Observatorio de las Comunidades de
Propietarios.
A la hora de fijar el perfil del
moroso, aumenta la presencia de las entidades financieras. La gestión de sus
activos inmobiliarios crea problemas en el proceso de enajenación y por la
propia gestión de su patrimonio externalizado en muchos casos. La banca ha
pasado de adeudar 256 millones de euros hace dos años, a los 341,62 millones de
euros del pasado ejercicio. Supone el 19% de la morosidad total de las
comunidades de propietarios. El 46% se debe a vecinos que no pueden abonar sus
cuotas por problemas económicos y laborales y el 35%, a los profesionales del
impago: pueden pagar pero no lo hacen.
A pesar de la gravedad de los
problemas que acompañan la morosidad en las comunidades de vecinos, la sangría
va frenando. En el "Tercer Estudio Global sobre la morosidad en las
Comunidades de Propietarios en España", el Observatorio prevé que este año
se mantenga el nivel de 2013 o bien aumente ligeramente, basándose en una
encuesta contestada por 800 administradores de fincas colegiados y algunos
presidentes de comunidades (43.000 fincas).
En la encuesta se refleja que
también aumentó (14%) el periodo medio de cobro respecto al año anterior. La
media nacional se sitúa en casi seis meses. En cambio, se mantuvo el porcentaje
de deuda que se abona en fase amistosa, el 30%.
En 2013 el 93% de las comunidades
mantuvo o aumentó el presupuesto de gastos y, por tanto las cuotas, en
previsión de tener que afrontar problemas por morosidad. Ahora bien, el
Observatorio -del que forma parte la editorial jurídica El Derecho- alerta
sobre la falta de capacidad de afrontar derramas extraordinarias: para más del
41% de los comuneros no existe holgura.
Este dato es importante de cara a
la ley de las tres erres: rehabilitación, regeneración y renovación de espacios
urbanos. La norma aprobada en 2013 prevé la rehabilitación obligatoria para los
edificios que superen los 50 años entre los periodos 2013-2018.
Teniendo en cuenta que de los 25
millones de viviendas, la mitad tiene más de 30 años y una quinta parte (tres
millones de viviendas) más de medio siglo, si se quiere que los comuneros
afronten gastos de rehabilitación "se hace necesario un esquema de
subvenciones públicas adecuado, créditos bancarios a bajo interés y una mayor
colaboración entre las empresas de rehabilitación, los propietarios de las
viviendas y las distintas administraciones públicas", indica.
En el Observatorio se evidencia
que la morosidad está siendo mal gestionada, especialmente en las comunidades
sin administrador de fincas profesional: retrasos en la reclamación por falta
de recursos; defectos formales que dificultan la iniciación del procedimiento,
entre ellos, la ausencia de firmas en todas las páginas del escrito de
reclamación; la ausencia de la documentación requerida; certificaciones
deficientes; o defectos de notificación, entre otras. Por todo esto, se
registra un repunte de las inadmisiones en fase judicial, principalmente
reclamación monitoria.
Junto a la radiografía de la
morosidad en las comunidades de vecinos, el Observatorio también destaca en el
análisis de 2013 la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal "que recogió
la propuesta de los administradores de fincas colegiados para que se elevara el
plazo de la afección real para que los deudores respondieran de las deudas
comunitarias correspondientes al año en curso y los tres años anteriores, en
lugar del año actual y el anterior que marcaba la anterior Ley". Una buena
baza de seguridad jurídica de cara a la morosidad de las cajas y bancos
propietarios de miles de inmuebles por ejecución hipotecaria"
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miércoles, 26 de febrero de 2014
La deuda pública arregló las cuentas de la gran banca en 2013
Por Vicente Clavero
Público.es, 26/02/2014.
La deuda pública española cerró 2013
por encima de los 960.000 millones de euros, muy cerca, por tanto, de igualar
al PIB. Los grandes beneficiarios de este hecho sin precedentes son los
prestamistas, que cobraron cerca de 40.000 millones en concepto de intereses.
Entre ellos destacan los principales bancos nacionales (Santander,
BBVA,
Caixabank,
Bankia,
Sabadell y Popular),
en cuyas manos está alrededor del 20% de la deuda pública.
Si se suman los títulos del
Tesoro y los prestamos a las administraciones públicas, esas seis entidades
financieras son acreedoras de más de 190.000 millones de euros.
A la cabeza figura el BBVA, con 53.000 millones; seguido de Caixabank (39.000),
Santander (38.000), Bankia (32.000) y Sabadell (20.000). La menor exposición
corresponde al Popular, al que se le adeudan 9.000 millones de euros en números
redondos, según datos a 31 de diciembre.
La gran banca tiene alrededor de
una quinta parte de la deuda pública en circulación
La deuda pública es un magnífico
negocio para todos ellos, que toman dinero del Banco Central Europeo (BCE) casi
sin coste alguno y lo colocan en deuda pública a los tipos de mercado
(alrededor del 3,5% el bono a diez años). Como su peso en el conjunto de la
deuda pública española se sitúa torno al 20%, esa operativa les
permitió ingresar unos 7.700 millones de los 38.500 millones que el año pasado
estaban presupuestados para el pago de intereses.
Pese a la baja de los tipos
consecuente con la caída de la prima de riesgo registrada en los últimos meses,
para 2014 está previsto que ese capítulo baje sólo hasta los 36.000 millones de
euros. Por lo tanto, si mantiene sus actuales posiciones, la deuda pública
proporcionará de nuevo un importante balón de óxigeno a la gran banca española,
que podrá compensar así otra vez la contracción del negocio doméstico
derivado de la crisis económica y de su resistencia a ofrecer crédito al sector
privado.
Beneficios crecientes
En 2013, según los resultados
dados a conocer recientemente, los seis
principales bancos españoles ganaron 8.134 millones euros, con una
mejora sustancial respecto a los del ejercicio precedente. Santander
tuvo 4.370 millones de beneficios (+90,5%); BBVA, 2.228 (+32,9%), y Caixabank,
503 (+119%). Sabadell, con 247 millones, los tríplicó, mientras que Bankia (460
millones) y Popular (325,3 millones) volvieron a los números negros
después de dejar atrás las pérdidas de 2012.
Eso significa que, en conjunto,
los intereses de la deuda pública proporcionaron el 95% de los
beneficios obtenidos por la gran banca, gracias a embolsarse 7.700
millones limpios de polvo y paja.
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martes, 25 de febrero de 2014
La cúpula del Banco Pastor imputada por presuntos delitos de fraude y estafa
Público.es, 24/02/2014.
El expresidente del consejo de
administración del Banco Pastor José María Arias Mosquera y el que fuera
consejero delegado Jorge Gost Gijón han sido imputados por presuntos delitos de
administración fraudulenta, societario, un delito de falsedad en documento
mercantil y otro de estafa.
El juzgado de instrucción número
3 de A Coruña que lleva el caso ha citado mañana a ambos directivos para
prestar declaración y responder a la querella criminal interpuesta por un
pequeño accionista.
Los hechos se remontan a los
ejercicios 2008, 2009 y 2010 cuando el querellante supuestamente demuestra que
"las cuentas de la sociedad eran falseadas
mediante una trama financiera articulada con sociedades de las que el propio
Banco Pastor era propietario", agregan las mismas fuentes.
"La operativa diseñada
permitía dar apariencia de solvencia a un banco -continúan- que estaba en
quiebra legal y en esa situación se dirigía al mercado de valores y lanzaba
preferentes y acciones para ser suscritas las emisiones por pequeños clientes
minoristas".
La querella, acompañada de dos
informes económicos, relata cómo el Banco Pastor inició la actividad de
"Promotor Inmobiliario" mediante la constitución de sociedades con
ese objeto social -precisan las fuentes-, "que realizaron cuantiosas
inversiones a crédito del propio Banco Pastor y obtenían pérdidas continuadas
de más de 200 millones de euros, derivadas de no ingresar dinero con su
actividad y tener que responder de unos intereses de los créditos hipotecarios
otorgados por su propio dueño".
Los abogados del querellante
sostienen que si el Banco Pastor hubiera contabilizado en su balance la pérdida
generada por el crédito hipotecario fallido mediante la pertinente dotación
estaría en "quiebra legal".
Para "ocultar" esta situación,
los querellados "orquestaron todo un artilugio fraudulento" por el
que "la captación y contabilización de tesorería obtenida mediante engaño
en sus oficinas a costa de inversores minoristas y en el mercado, y
contabilizada como financiación propia en sus balances, era dirigida como
crédito participativo o capital a las sociedades inmobiliarias fallidas".
Seguidamente, alegan los
letrados, parte de esa tesorería era utilizada para pagar los intereses de los
créditos hipotecarios fallidos como si estos se fueran cumpliendo
ordenadamente.
De esta forma, sostienen, el
banco reingresaba el dinero como beneficio en la cuenta de resultados, y por
tanto como recurso propio en su balance, con lo que "contabilizaba dos
veces el mismo dinero como financiación propia".
"En conclusión, en vez de
créditos hipotecarios fallidos, presentaban el espejismo de ser fantásticos, en
vez de tener participaciones en sociedades fallidas, presentaban el espejismo
de ser fantásticas inversiones en participaciones sociales", apostillan.
Y mediante una pirámide de
captación de dinero en el mercado de los minoristas, concluyen los abogados,
"maquillaban su cuenta de resultados mediante unos beneficios derivados
del pago de unos intereses que en realidad era parte del dinero captado a
clientes desinformados, que además eran idóneamente engañados con la
publicación de unas cuentas fraudulentas a los que se les vendían los productos
de más riesgo".
Según detalla el bufete que
representa al querellante, a pesar de la obligación de presentar las cuentas
por parte de estas sociedades en fecha 30 de junio de 2011, no se publicaron en
el Registro Mercantil de A Coruña hasta final de 2011, todo ello "con el
fin de ser presentadas expresamente" después del anuncio de una Oferta Pública
de Acciones (OPA) formulada por Banco Popular.
El accionista demandante acredita
que el Banco Pastor está en pérdidas desde el ejercicio 2008, y así lo
indican los abogados, que sostienen que "la trama se parecería al juego de
los 'trileros': se capta dinero para 'core capital' de preferentistas y
accionistas, se saca disimuladamente del banco y se ingresa en sociedades
aparentemente en funcionamiento", con "unos beneficios positivos que
son simplemente una alucinación".
Esta "argucia
financiera" ha "permitido a los miembros del consejo de
administración y a los directivos de la ejecutiva del Banco Pastor cobrar bonus
e incentivos no justificados", y "sembrar desconfianza en los
mercados profesionales, lo que hizo bajar el valor de las acciones", por
lo que la acción Banco Pastor fue devaluada en la opa de 2012, argumenta.
Por todo ello y a tenor tanto del
informe pericial como de los documentos públicos aprobados por el consejo de
administración del Banco Pastor, la querella concluye que se ha producido un
"perjuicio" a los accionistas y a los suscriptores de preferentes.
Fuentes de la entidad han eludido pronunciarse sobre estos hechos.
El banco pastor considera
"injusta" la querella
"Ante la injusta
interposición de la querella contra el antiguo consejo del Pastor, tanto los
querellados como el propio banco se reservan el ejercicio de cuantas acciones
le correspondan en la defensa de su buen nombre, incluidas las de índole
penal", sostiene la entidad bancaria en un comunicado, en el que aboga por
"dejar a los tribunales hacer su trabajo".
A tenor tanto del informe
pericial como de los documentos públicos aprobados por el consejo de
administración del Banco Pastor, la querella concluye que se ha producido un
"perjuicio" a los accionistas y a los suscriptores de preferentes.
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lunes, 24 de febrero de 2014
Ada Colau: "Si nos rendimos a la corrupción estructural, estamos perdidos como sociedad"
Público.es, 24/02/2014.
Ada Colau es la cara más visible del movimiento social
que ha conseguido transformar el drama individual de miles de familias en una
cuestión política de la agenda nacional. En la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que acaba de cumplir cinco años, es la voz de quienes no
pueden afrontar el pago de la deuda con los bancos por su vivienda y que se han
unido para buscar soluciones colectivas a un drama que antes se vivía,
tristemente, en silencio. Su crítica profunda a la política de vivienda en
España y su defensa de la desobediencia civil la han convertido en objeto de
animadversión de dirigentes políticos, así como una líder social aclamada por
millones de ciudadanos.
Tras cinco años de lucha de la PAH y siguiendo en medio de una crisis
enorme, ¿observáis cambios en la política de vivienda en España?
En absoluto, no ha habido ningún
cambio en la política de vivienda, pero sí que se han tomado diferentes
direcciones. A nivel estatal, seguimos igual. Tanto los gobiernos del PSOE,
como los del PP, actúan de la misma forma. Los dos partidos han ayudado, desde
el gobierno, con miles de millones de euros al rescate de entidades
financieras, y lo han hecho con nuestro dinero, con fondos públicos. A cambio
de esto, a los bancos y a las cajas de ahorros no se les ha exigido nada. Se ha
seguido, se ha priorizado, una política de rescate a la banca a costa de
menospreciar a las miles de familias estafadas por las hipotecas.
La orientación de la política de
vivienda no ha variado porque la última ley, aprobada en 2013 por el gobierno
del PP -la llamada Ley de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores
Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social, más conocida como
ley antidesahucios-, fue una gran reacción a la gran movilización ciudadana,
pero este caso también es sólo para ganar tiempo. Recientemente, han salido los
datos y se comprueba que pocas personas pueden acceder a los supuestos
previstos por la ley, por ejemplo, para acogerse a la dación en pago, un tercio
de los afectados queda excluido de las condiciones previstas por la ley ya
desde el inicio.
Desde los movimientos, como las
plataformas de afectados, o desde los mismos juzgados, se están consiguiendo
más resultados que con la ley del Gobierno. Después, está el hecho que varios
jueces han denunciado la ley española ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo
porque incumple, de nuevo, la normativa comunitaria. En este sentido, nuestras
denuncias se han confirmado. Es una ley inútil, que sólo sirve a los intereses
de las entidades financieras y no a los de las personas.
En cambio, a nivel municipal y autonómico, comenzamos a ver algunas
tímidas, aunque insuficientes, reacciones. Es el caso de Andalucía, donde se
empieza a hablar de la "función social de la vivienda" o de limitar
los intereses aplicados por los bancos, Navarra es otro caso positivo también.
En Catalunya, por ejemplo, la PAH ha iniciado una campaña de mociones en los
ayuntamientos para multar a los propietarios de pisos vacios, y tenemos una muy buena
respuesta, más de 60 ayuntamientos se han adherido ya a la iniciativa. Quizás
porque los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía es
también la que más sufre los golpes de la crisis. Recibe a la mayoría de
afectados y cada vez cuenta con menos recursos, sufre también los recortes y
las políticas de austeridad que acaban con el gasto social.
Los tribunales nos han dado la razón con las hipotecas y con los
escraches, pero en una democracia saludable los problemas no se deberían
solucionar por vía judicial, el hacerlo así es una señal que la política
democrática actual no funciona. Hay diferentes niveles de movilización democrática,
una vía de emergencia es la organización social, que no sólo se realiza para
movilizar y dar visibilidad a un problema, sino para ofrecer respuestas.
Por ejemplo, en Lleida no se ha aprobado la moción porque, según el
ayuntamiento, se quiere impulsar un programa de alquileres sociales reclamando
a los bancos que pongan en el mercado las viviendas que mantienen desocupadas.
Cuando una administración dice
que no a una medida de este tipo, se tiene que ver si está endeudada, a qué
nivel y con quién. De hecho, y en un caso parecido, la Generalitat ha intentado
desactivar estas mociones municipales. ¿Qué ocurre con esto? Pues que está muy
endeudada y en manos de los bancos. Cada vez que desde las administraciones se
critican medidas de ayuda, se niegan estas medidas o se aplazan, se tiene que
mirar su nivel de deuda para comprobar que sus opiniones no son libres.
¿La ausencia de medidas concretas en las políticas de vivienda, el
recorte en el gasto social... Siguen siendo una muestra de que, desde las
administraciones, se carga la responsabilidad en los compradores de viviendas?
A estas alturas defender la tesis
que la culpa es del comprador no se la cree nadie. Se ha demostrado ya de forma
suficiente, la estafa generalizada que se ha producido, el alcance que ha
tenido en todo el estado. Es cierto que la desinformación generalizada que se
daba no es una única responsabilidad de las entidades financieras, la deben
compartir los gobiernos que indujeron a la ciudadanía a creer que la vivienda
era la mejor de las inversiones posibles y la más segura, algo que repetían
mucho los ministros socialistas.
"Si se
hubiese informado, seguro que mucha gente no se hubiese endeudado jamás" Es
por todo esto que hablamos de estafa, ¿qué deben hacer los ciudadanos entonces,
desconfiar de sus gobiernos? ¿Creer que directamente les mienten? A nadie se le
informó que no sólo se podía perder la vivienda, sino que la deuda se
mantendría de por vida. Si se hubiese informado, seguro que mucha gente no se
hubiese endeudado jamás. Los afectados asumen su parte de culpa. El gran
problema es que son los únicos que la están asumiendo, se les ha cargado toda la
responsabilidad y son los menos beneficiados. Perder tu hogar es asumir una
responsabilidad. Significa perder toda la inversión realizada, perder la casa y
quedarte en la calle. Pretender que además se quede con la deuda de por vida,
es simplemente extorsión, robo y esclavitud. No tiene nada que ver con la
justicia.
¿Se hace algún caso a las recomendaciones de la Unión Europea sobre
vivienda?
Ninguno. El Partido Popular lo
que busca al aprobar la ley del 2013 es desactivar la sentencia del Tribunal de
Luxemburgo. Hace ver que incorpora las clausulas antidesahucios, que cambia los
aspectos más abusivos de la legislación hipotecaria, pero de una manera tan
restrictiva y tan limitada que no tienen un efecto concreto.
¿Sirve Europa para algo más que para seguir las políticas económicas
que se indican desde Bruselas?
Europa tiene que demostrar que
sirve para algo más. Cuando la Troika presiona e impone sus políticas, se le
hace caso, cuando las decisiones vienen del Parlamento Europeo o del Tribunal
de Luxemburgo, no se les hace ninguno. La Europa más democrática es la que
menos capacidad de incidencia tiene, y la menos democrática, la del Banco
Central Europeo, la de mayor capacidad de presión sobre los gobiernos.
¿El Parlamento de Estrasburgo o los tribunales europeos son entonces
sólo instituciones simbólicas a efectos prácticos?
Es una democracia secuestrada. En
las instituciones en que se debe decidir, no reside ningún poder. La Troika es
quien decide y sobre la Troika, la sociedad no tiene capacidad de presión,
ninguna incidencia.
A pesar de que, según datos del Banco de España, los desahucios han
aumentado, han perdido importancia en los medios de comunicación.
Pienso que hay dos motivos para
esto. Los bancos siempre intentan minimizar el problema. Hace ya un año que
comparecí en una comisión del Congreso y llame "criminal" a aquel
señor -el vicesecretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB),
Javier Rodríguez Pellitero-, por entre cosas, decir que teníamos las mejores
leyes hipotecarias de Europa y que los bancos no desahuciaban; se demuestra
ahora que ese señor estaba mintiendo abiertamente. Sus propios datos, los de
los bancos, indican que durante el primer semestre de 2013 se ha desahuciado
más que nunca.
En cuanto al nivel mediático, los desahucios han dejado de
ser una novedad informativa en términos de consumo. A esto, y es lo importante,
se suma que hemos conseguido más capacidad de negociación con los bancos, con
lo que las concentraciones de protesta para impedir desahucios y los
despliegues policiales para llevarlos a cabo, ya no se producen con tanta
frecuencia. Ahora cuando llega un caso a la plataforma, forzamos la negociación
para que no se llegue a la fecha de la ejecución hipotecaria. Paramos los
desahucios sin tener que salir a la calle.
¿La PAH realiza un trabajo que deberían hacer las administraciones?
Si, tenemos esa sensación. Es un
hecho que hemos denunciado desde el primer día. La ciudadanía sin recursos está
representando el papel de las administraciones. Hay una indefensión absoluta,
una desatención de los derechos de la ciudadanía. Es la propia sociedad la que
se organiza para demostrar que si hay voluntad se puede luchar, se pueden
frenar los desahucios. Si lo hemos conseguido nosotros sin contar con recursos,
cómo no lo podría conseguir el estado. Si no lo hacen, y no parecen dispuestos
a hacerlo, es porque siguen las órdenes de los bancos.
¿Qué alternativas quedan? ¿Seguir con las movilizaciones, volver a los
escraches?
La PAH ha parado más de mil
desahucios, se ha forzado a los bancos a sentarse a negociar, se han conseguido
centenares de daciones en pago. Se recuperan viviendas y se negocian alquileres
sociales, apretamos a los ayuntamientos con las mociones sobre pisos vacios.
Buscamos mecanismos efectivos y sólo recurrimos a la desobediencia civil si no
hay más remedio, pero a medio y largo plazo es evidente que hace falta una
regeneración democrática en este país. Hace falta que en las instituciones se representen,
de forma efectiva, los intereses generales, los de la ciudadanía y no nos
podemos rendir ante esto. Si nos rendimos a la corrupción estructural, estamos
perdidos como sociedad.
A la regeneración democrática se
le debe unir unos partidos políticos transparentes, más democráticos, que
respondan de sus acciones, que se puedan revocar mandatos por incumplimientos
de programa, que las iniciativas legislativas populares (ILP) y los referéndums
sobre asuntos centrales puedan ser vinculantes. Estos mecanismos funcionan en
muchos países, y de lo que se trata aquí es que se dé una organización social
suficiente para impulsar estos cambios.
La Sareb se está deshaciendo del stock de pisos de más calidad, no
parece un gran cambio...
El problema es que las políticas
de vivienda las siguen decidiendo las entidades financieras, que mantienen un
enorme poder de presión sobre el gobierno. No necesitan manifestarse, usan la
línea directa que tienen con el gobierno. Se están siguiendo políticas que no
sólo no están solucionando los problemas creados, sino que están generando una
nueva ola de desahucios y poniendo las bases para una nueva especulación
inmobiliaria. Se han agilizado las medidas para los desahucios por impagos en
los alquileres, se ha precarizado todavía más el mercado inmobiliario. Todo
esto para dar más beneficios a los grandes inversores, para reactivar el
mercado. Es una medida que sólo sirve a corto plazo. Es pan para hoy y hambre
para mañana. Es una política suicida desde un punto de vista económico, está
pensada para ofrecer altas rentabilidades económicas a unos pocos, pero en
términos sociales es un fracaso total.
La poca vivienda pública existente se está privatizando.
Es una medida que no sirve para
nada, sólo les permitirá cuadrar algo el presupuesto de un año. Y al siguiente
¿qué harán? No resuelve el problema. La Generalitat dice que no cambiará los
criterios de acceso a la vivienda pública y en Madrid se venden los pisos a
Goldman Sachs. Es intolerable que la poca vivienda pública de este país se
venda a fondos de inversión especulativa. Esto sólo puede agravar el problema.
Cada vez que se habla de una medida nueva, por ejemplo, de apoyo a los
afectados por las hipotecas o por la pobreza energética, poca gente acaba
beneficiándose de estas iniciativas, ¿por qué se establecen criterios tan
restrictivos para recibir ayudas?
Es una política de apariencias,
que en su letra pequeña se preocupa de no colisionar con los intereses de los
grandes poderes financieros. Paso con las hipotecas y pasa ahora con los
afectados por la pobreza energética.
Gamonal ha dejado un ejemplo de movilización ciudadana ¿es una muestra
del camino a seguir? ¿Ahora qué?
La situación general es muy dura,
mucha gente se encuentra en circunstancias muy complicadas. En la PAH, vemos
que aumenta la tensión y la crispación en la gente que sufre situaciones
límite. Son años difíciles y aún lo serán más. La parte positiva es que cada
vez más personas se están dando cuenta que lo peor que pueden hacer es quedarse
en casa. Sólo nos queda la movilización y la organización social. Si lo
hacemos, conseguiremos cosas.
"Nos
dijeron que manifestarse no servía para nada, pero si nos organizamos vemos que
somos mayoría" En Gamonal lo han hecho, en Madrid se ha paralizado
la privatización de la sanidad pública. Nos dijeron que manifestarse no servía
para nada, pero si nos organizamos vemos que somos mayoría. Al poder lo que le
interesa es que la ciudadanía esté desorganizada, tenemos que conseguir ser una
sociedad permanentemente movilizada en defensa de nuestros derechos, sino
siempre aparecerán otros que harán política por ti.
De hecho, es lo que hace la clase política en este país.
En una democracia real y
efectiva, los políticos responden ante la ciudadanía, pero aquí, ahora, los
políticos de este país viven de espaldas a la sociedad y se manejan con una
impunidad total. Los casos de corrupción se tapan, si se procesan, acaban
prescribiendo. Nadie va a la cárcel, en cambio, los robos para poder subsistir
se penan con varios años de prisión.
¿El proyecto de ley de seguridad pública es la respuesta del poder a la
movilización social?
Por un lado, sirve para intentar
atemorizar a una población que se está movilizando, pero por otro, es una clara
demostración de debilidad. Se les han acabado los argumentos, la gente tiene
muy claro para quién gobiernan. Sólo les queda amenazar con la policía y con multas.
Cuando te faltan y te fallan cosas tan básicas como la casa o la comida, ya
pueden meter miedo con multas o con porras que no tendrán policía para
pararnos. Si nos dejamos amedrentar por esta ley, acabaremos en una dictadura
pura y dura. En esta lucha va nuestro futuro y el de nuestros hijos.
En la presentación de la Alianza contra la pobreza energética, en la
que la PAH participa, y que demanda que no se produzcan cortes por impagos en
los suministros básicos, habláis de "insensibilidad y desconexión de la
realidad" de la Generalitat a la hora de aplicar unas medidas concretas
que ayuden a solucionar esta cuestión. ¿Qué es necesario para que este tipo de
medidas vayan más allá de las buenas intenciones?
La teoría, las intenciones, son
buenas, pero las medidas que se han concretado hasta el momento son más que
insuficientes. No resuelven el problema, es una simple paralización parcial, a
la que resulta difícil acogerse, de efectos muy limitados y, además, no se
trata más que de un aplazamiento en el pago, una moratoria. La gente que en
estos momentos tiene cero ingresos, es muy posible que en seis meses tampoco
los tenga. Es una medida que no tiene en cuenta la realidad a la que se dirige.
¿El problema sólo se
aplaza por una cuestión de imagen? ¿De mala conciencia?
Claro, el problema sólo se alarga
en el tiempo, se hace ver que se intenta algo, pero no es más que una maniobra
política para ganar tiempo. A quién realmente se concede tiempo suficiente es a
las eléctricas y las grandes empresas de suministros básicos. Así pueden seguir
con la misma política que han practicado hasta el momento, que es repartirse
grandes beneficios entre los accionistas a costa de mercantilizar necesidades
básicas de los ciudadanos.
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domingo, 23 de febrero de 2014
La PAH denuncia que “el PP es el gobierno de la banca”
El País, 22/02/2014.
Cerca de 500 miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de toda España
se han reunido hoy en Barcelona para conmemorar el quinto aniversario de un
movimiento que se pone, como reto de futuro, presionar a las administraciones
locales para que protejan el "derecho a una vivienda digna".
Conscientes de la
"dificultad" de conseguir cambios en la legislación estatal, las más
de 200 asociaciones que se han constituido en España buscan
"interpelar" a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para
responder a una situación que califican de "emergencia" social.
"El Gobierno del PP se ha sacado la careta y se ha convertido en el
gobierno de la banca. Ha desoído un clamor popular. Frente a ese bloqueo,
estamos interpelando mucho más a los gobiernos de las Comunidades Autónomas,
así como a los ayuntamientos", ha explicado Ada Colau, portavoz de la PAH de Barcelona y una de las caras más
visibles del movimiento.
Colau ha admitido que hace cinco
años era imposible pensar que serían capaces de paralizar más de un millar de
desahucios, obtener miles de daciones en pago y realojar a más de 1.000
personas en la obra social del movimiento. "Era imposible imaginar que
podríamos llegar hasta aquí. Queremos dar un mensaje de que el ciudadano tiene
mucho más poder de lo que se cree. Si persistimos y nos organizamos, la
ciudadanía tiene mucha más capacidad de incidencia y de organización", ha
resaltado Colau.
La voz más visible de este
movimiento, nacido en Barcelona, ha hecho estas declaraciones antes de la
celebración de una multitudinaria asamblea que se ha celebrado en el Centro
Cívico 'La Báscula' de la capital catalana. En ella los miembros de las
distintas PAH estatales de Andalucía, Valencia, Andalucía, Asturias, Madrid,
Cataluña y Murcia han podido compartir su experiencia y debatir los objetivos
para seguir con "la acción popular y la desobediencia civil" ante lo
que consideran una vulneración de los derechos humanos.
Durante los cinco años de vida de
la PAH, ésta ha protagonizado, entre otras acciones, una Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) por la dación en pago y el alquiler social que recogió un millón
y medio de firmas. En el futuro próximo, uno de sus objetivos estará centrado
en mantener el pulso a las administraciones locales para que se instaure el
alquiler social en las viviendas vacías que están en manos de las entidades
bancarias.
"No podemos dejar de
interpelar a la administración, porque deben responder a una situación de
emergencia. Cualquier institución es competente para defender a los
ciudadanos", ha enfatizado Colau. Asimismo, ha reivindicado que, ante el
"descontento" de la ciudadanía por los recortes sociales, la PAH
también pretende articular otras demandas conectadas en las áreas de la sanidad
y la educación.
En un ambiente reivindicativo,
pero no por ello festivo, las camisetas verdes con el popular lema 'Stop
Desahucios' han inundado una reunión en la que, tras su finalización, sus
miembros conmemorarán su quinto aniversario con una paella multitudinaria para
seguir reivindicando que "sí se puede".
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sábado, 22 de febrero de 2014
Que vuelva el crédito
Editorial de El País, 22/02/2014.
El sistema bancario español,
dañado por las quiebras de las cajas de ahorros y salvado gracias a una
aportación pública europea de más de 40.000 millones de euros, está todavía
bajo la tutela lejana del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de las autoridades
europeas. La conclusión oficial del rescate bancario no ha mitigado los temores
del FMI, que en su último informe sigue insistiendo en su clásico repertorio
argumental: la banca española ha mejorado, pero sigue sin ofrecer crédito; es
imperativo que los bancos refuercen su capital de primera calidad (core
capital) para que el estado de los balances mejore y vuelvan a conceder
préstamos; la mejora en sus condiciones de capital debe hacerse mediante
emisiones de acciones, aunque el FMI avala también el proyecto de las
autoridades españolas de facilitar la conversión de préstamos en capital.
Pues bien, este mensaje ofrece
una imagen contradictoria que el Fondo tendría que aclarar en el futuro. Es
confuso sostener que el rescate ha concluido al tiempo que se insiste en que
hay que reforzar el core capital. La confusión procede de que puede ser cierto
que la recapitalización está terminada con éxito, pero no por ello se ha
estabilizado el negocio bancario. De hecho, parece estancado. Cualquiera pueda
comprobar que el préstamo no ha vuelto a ser la actividad principal de los
bancos desde que se inició la crisis; que las cuentas de resultados siguen
viviendo de atípicos y que la morosidad está creciendo a demasiada velocidad.
Concretamente afecta ya a casi el 14% de los créditos totales, quizá por el
efecto de la calificación de las refinanciaciones como dudosas; el peso de esta
mora dificulta el retorno del crédito.
La recuperación de la economía es
casi inviable sin el crédito, y parece que los bancos creen a medias las
expectativas de recuperación; por lo menos, no se fían de los proyectos que se
les presentan para su financiación. Arguyen que sí hay dinero para proyectos
viables; el caso es que antes consideraban viables más proyectos que ahora. La
explicación poco tiene que ver con la viabilidad inversora; la causa está sobre
todo en la incertidumbre que planea sobre los balances bancarios por las
pruebas de solvencia y resistencia. Por más recapitalizadas que estén las
entidades, la morosidad sigue siendo una amenaza; y las posibles exigencias
regulatorias después de los tests, un riesgo.
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La Reserva Federal tuvo dificultad para valorar la gravedad de la crisis
Por Sandro Pozzi
El País, 21/02/2014.
La Reserva Federal acaba de
publicar la transcripción de las conversaciones internas que se mantuvieron en
2008, en pleno estallido de la crisis financiera. Revelan detalles clave que
permitirán dar más sentido a lo sucedió en ese periodo crítico, entender la
influencia del sistema financiero en el conjunto de la economía y que servirán,
además, para valorar el legado de Ben Bernanke al frente del banco central y la
visión de su sucesora.
El detalle de
las conversaciones se da a conocer cuando Janet Yellen no lleva ni un mes
presidiendo la autoridad monetaria. La Fed publica la transcripción pasados
cinco años, para dar más transparencia a su labor. Las de 2007 ya mostraron
como creció el escepticismo entre los miembros conforme avanzaba el año y el
mercado hipotecario se hundía. Los nuevos documentos revelan la dificultad que
tuvieron para valorar la gravedad de la crisis.
Los tipos de
interés estaban en el 4,25% al acabar 2007. En la primera reunión de enero se
recortaron al 3,5% y ese mes de nuevo al 3%. Hubo en total siete rebajas
consecutivas, hasta quedar en una banda entre el 0% y el 0,25% en la última
reunión de 2008. Ahí siguen desde entonces y no parece que la Reserva Federal
vaya a tocarlos hasta al menos mediados de 2015.
Las líneas
generales de los debates internos ya se conocieron en las actas que se dan a
conocer a las tres semanas de celebrarse cada reunión. Estos documentos, sin
embargo, revelan también una parte más humana y todo el trabajo de fondo. La
atención se dirigió así directamente a la transcripción del encuentro del 16
septiembre, un día después de que quebrara Lehman Brothers.
Bernanke arrancó
la cita pidiendo permiso para utilizar su propio “bazuca”, haciendo referencia
en concreto a los problemas que estaban teniendo los bancos centrales
internacionales para hacerse con dólares. Se refería a la posibilidad de
prestar dinero sin límites a sus socios. Algunos miembros, como William Dudley,
sin embargo, se mostraron reacios y por eso pidió ir con cuidado.
Yellen,
calificada tradicionalmente como una paloma por su laxitud, consideró en esa
reunión que los tipos deberían quedarse intactos. Pero los documentos muestran
claramente que retó con insistencia a sus colegas sobre la severidad de la
crisis. “El riesgo de un recesión severa y de una crisis de crédito es
inaceptablemente alto”, dijo ya en enero, señalando a los mercados globales.
La primera
reunión del año fue de emergencia. Bernanke habló también entonces de que la
economía estaba “patinando” y admitía que lo que se había hecho no era
suficiente para reducir los riesgos potenciales al crecimiento, que calificó de
“significativos”. Dos meses después tuvo que ser rescatado Bear Stearns. Su
colapso se atribuyó a que los inversores abandonaron la entidad.
Timothy
Geithner, entonces presidente de la Fed de Nueva York, defendió la importancia
de que el banco central ejerciera su función de prestamista de último recurso.
Pero le planteaba un problema salir al rescate de Wall Street, porque eso
podría convertirse en un incentivo o atractivo para que cualquier entidad
acudiera pidiendo ayuda. “Es un equilibrio muy difícil de lograr”, remachó.
Las palabras de
Geithner son de marzo. Tanto la Fed como el Tesoro se negaron seis meses
después a intervenir en Lehman. Pensaron que fue lo correcto, pese a los
problemas que iba a crear en los mercados financieros. James Bullard, de la Fed
de St. Louis, opinó que al negarle los fondos se reestablecía la idea de que el
banco central no iba a estar ahí ayudando en cualquier ocasión.
Sí se salió al
rescate de la asegurado AIG. "Hay críticas de la derecha y de la
izquierda", comentó Bernanke en la reunión de octubre. Como en Lehman, se
pedía que se hubiera dejado caer y que fuera el mercado el que se hiciera
cargo. Pero el presidente señaló que no se podía quitar la red de seguridad a
una "institución crítica en plena crisis financiera y esperar que no fuera
un problema".
Como ya había indicado Yellen en
enero, entonces presidenta de la Fed de San Francisco, la intensidad del
recorte de tipos era la manera de reconocer que se llegaba tarde y de que había
reaccionado muy lenta. Aún así, los miembros se muestran reacios al admitir que
la economía ya se estaba contrayendo a comienzos de 2008, como señaló David
Stockton, el economista del banco.
Bernanke se fió
más bien en ese momento en la evolución de los mercados para justificar el
recorte. El índice S&P500 se dejaba un 16% desde la reunión de diciembre de
2007. "Es un síntoma de la preocupación creciente por la economía y por
los problemas en el mercado de crédito", indicó. Para Wall Street, la
recesión era ya un hecho. "Tenemos que movernos, aunque sea al menos para
reducir el miedo y la incertidumbre", imploró a sus colegas.
La recesión
empezó en EE UU en diciembre de 2007. El problema es que la Fed parecía vivir
en su propia burbuja. Incluso en la reunión de septiembre, los economistas
pensaban que el mercado inmobiliario conseguiría estabilizarse en 2009. Eso
pese a que Yellen insistió en que la economía estaba más débil de lo que se
anticipó. Un detalle. En el encuentro de septiembre se cita 129 veces la
inflación pero solo cinco el término “recesión”.
Ben Bernanke,
como Janet Yellen, tampoco era partidario de reducir tipos en esa reunión de
septiembre. Es más, en otra negación de la gravedad de la crisis, se habló
incluso de que sería un error dejar el precio del dinero tan bajo tanto tiempo
por el riesgo de inflación en el momento de la recuperación. También le
preocupaba las implicaciones en el dólar y las materias primas.
En diciembre,
tres meses después, la Fed no tuvo más remedio que decir que esperaba que “la
recesión sería profunda y prolongada, y que la recuperación sería lenta”. Como
dijo Yellen, el alza en la tasa de paro y su combinación con la vulnerabilidad
del mercado inmobiliario y el financiero planteaba un reto mayor. De nuevo, la
Fed llegaba tarde para prevenir esa espiral.
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viernes, 21 de febrero de 2014
La banca creará un 'banco malo' contra la quiebra de empresas
Por Marisa Recuero
El Mundo, 21/02/2014.
Luis de Guindos y los
principales bancos españoles preparan una ley para crear un fondo o sociedad de
capital riesgo donde traspasar la deuda financiera no solvente de
empresas en crisis. Dicho de otra manera, un vehículo similar al banco
malo, que permita segregar la deuda que las empresas no pueden seguir
sosteniendo y evitar su quiebra. Se llama Proyecto Midas y su
objetivo es rescatar a sociedades que pueden ser solventes a medio y largo
plazo. Así se ha bautizado el documento de siete páginas, al que ha tenido
acceso este diario, y que sirve de base para elaborar la nueva ley de refinanciaciones
que aprobará el Gobierno en breve.
Estudia crear un fondo o sociedad
de capital riesgo donde traspasar la deuda financiera no solvente de empresas
en crisis.
El proyecto pasa por reducir el
nivel de endeudamiento de la empresa a través de la capitalización de
deuda no sostenible, de manera que los bancos acreedores participen en
el capital de la compañía, aunque de forma indirecta. Y es que esas
participaciones pasarán a la citada sociedad de capital riesgo, que hará
funciones de vehículo inversor destinado al repago de la deuda. En concreto, el
plan pasa por desinvertir en un periodo de entre cinco y siete años, bajo la
dirección de una gestora independiente, según consta en el documento.
La deuda capitalizada sería
cubierta con las provisiones que los bancos destinaron para hacer frente a la
deuda total de la empresa, mientras que el resto sería catalogada como riesgo
normal y, por tanto, al corriente de pago. No obstante, el documento deja
constancia de que ese volumen de créditos normales podría dejar de serlo y
convertirse en subestándar -con riesgo de impago- o moroso, lo que obligaría a
las entidades a costear la situación con más provisiones.
El Gobierno tendrá que modificar
algunas leyes
Para poner en marcha estas
sociedades de capital riesgo, el Gobierno tendrá que modificar algunas leyes,
ya que «se han identificado una serie de elementos del marco regulatorio y
normativo español que podrían limitar o desincentivar la creación de dichos
vehículos de reestructuración», según advierte el documento, elaborado por el
banco de inversión N+1.
Primero, la Ley Concursal, en sus
artículos 92 y 93, referidos al reparto de la liquidación de la deuda
en caso de que la empresa quiebre. Es decir, en qué orden cobrarán los
acreedores. La norma actual contempla que los accionistas sean los últimos en
cobrar. Con el Proyecto Midas, la banca se convertiría en accionista,
además de ser acreedor. Fuentes financieras precisaron que se está negociando
volver a considerar a los bancos acreedores y no accionistas en caso de
quiebra.
Es más, el documento baraja la
necesidad de «poder dotar de una especial protección a los instrumentos de
deuda que permitan la aportación de nueva liquidez a las compañías
reestructuradas». Es decir, que las entidades sigan inyectando dinero en la
empresa. En este sentido, N+1 aconseja darle un «carácter super-senior» frente
al resto de la deuda. Es decir, que sean unos de los primeros en cobrar.
El segundo de los cambios de la
Ley Concursal que se negocia se refiere a la tasa de acuerdo entre los
acreedores. En este sentido, el plan pasa por introducir esquemas
similares a la regulación inglesa, donde cuando un 75% apoya una decisión, el
resto tiene que acceder por mandato judicial. De esta manera, se pretende
flexibilizar y agilizar el proceso de quitas y liberación de garantías en los
créditos.
La nueva ley por la que se
regulan las entidades de capital riesgo también deberá flexibilizarse, en lo
que al régimen de inversiones se refiere, para que puedan invertir a través de cualquier
forma de financiación. Dicho esto, uno de los riesgos que correrían los bancos
que participen en la constitución de este vehículo será el hecho de que la
deuda computará como capital. Por eso, el documento deja claro que la sociedad
que se constituya deberá diversificar el riesgo.
(Nota de Carlos Bugallo: con esta
iniciativa se deja el camino más expedito a la banca para hacerse con el
control de la economía nacional, acelerándose el proceso previsto por Marx de
la concentración y centralización del capital)
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jueves, 20 de febrero de 2014
La morosidad de la banca se dispara hasta el 16% si se incluye la traspasada a Sareb
Por Eduardo Segovia
El Confidencial,
19/02/2014.
La morosidad de la banca en España cerró 2013 en un nuevo récord histórico
del 13,6%, según publicó ayer el Banco de España, por encima del
anterior del 13,08% marcado noviembre. Pero esta cifra no recoge toda la
morosidad real del sector. Y no hablamos de la famosa "morosidad
oculta", normalmente en forma de refinanciaciones, sino que tampoco
incluye los créditos morosos traspasados a Sareb por las entidades que han
recibido ayudas públicas. Si se tienen en cuenta, la cifra se elevaría
hasta el 16% aproximadamente.
La doctrina oficial del Banco de
España y del propio banco malo es que esa morosidad no debe tenerse en
cuenta puesto que Sareb "no es un banco". Es más,
precisamente se ha traspasado el crédito promotor de la banca con problemas
para sacarla del sistema financiero, luego no tiene sentido añadirla. E incluso
en Sareb explican que a ellos no les interesa recuperar esa mora, sino
adjudicarse los inmuebles que están como garantías de los créditos para
venderlos. Sin embargo, la banca 'sana' no opina lo mismo: el consejero
delegado del Santander (primer accionista privado de Sareb), Javier
Marín, acusó a la banca rescatada de disfrazar su morosidad gracias a
Sareb en la presentación de los resultados
anuales. Por eso, considera que no se puede comparar la mora del
Santander con la de estas entidades.
Es difícil calcular la morosidad
de Sareb para añadirla a la oficial de la banca, puesto que no
ofrece cifras dentro de la habitual opacidad que rodea toda
su actividad. Además, como esta sociedad semipública no tiene estatus jurídico
de banco, no está obligada a facilitar estos datos, y la normativa por la que
se rige tampoco contempla esta transparencia. Por tanto, hay que hacer un
ejercicio aproximado a partir de los datos del Banco de España.
La morosidad global del sistema
se redujo en diciembre del año pasado (fecha del traspaso del crédito promotor
de las entidades nacionalizadas: Bankia, NCG Banco, Catalunya Banc y Banco
de Valencia) en 24.120 millones. En febrero -cuando se traspasó el de las
rescatadas: BMN, Liberbank, Ceiss y Caja3-, disminuyó en otros 8.718 millones.
(Esta cifra puede ser inferior a la morosidad real traspasada a Sareb, porque
si en esos meses hubiera subido la mora de la banca sana, habría ocultado parte
de la cifra real; el BdE sólo da el saldo neto). Pero dado que no
existen cifras más precisas, no hay más remedio que tomar estas como buenas.
Por tanto, se pueden sumar estos 32.838 millones de morosidad de Sareb a los
197.045 del conjunto de la banca publicados ayer, y tenemos una
mora total de 229.883 millones.
El gobernador del BdE, Luis María Linde.La
tasa de mora resulta de dividir el crédito moroso entre el crédito total. Por
tanto, en el denominador hay que añadir el total de crédito traspasado a
Sareb, que asciende a 74.534 millones de valor nominal (si se aplica
el descuento del 45,6% con que fueron traspasados, se quedan en 39.459, pero
hay que tomar el importe inicial de los créditos). Si lo añadimos a 1,448
billones de crédito total sobre el que se calcula la mora, tenemos 1,523
billones. Al dividir por esa cantidad los 229.883 millones de mora total de
banca más Sareb que hemos calculado antes, obtenemos una tasa del
15,09%.
Pero este cálculo tiene un
problema: toma la morosidad de Sareb como algo estático que no ha evolucionado
desde los traspasos de diciembre y enero. Y si en la banca ésta ha
crecido –y de qué modo–, parece lógico que en el banco malo
habrá empeorado lo mismo o incluso más, puesto que el crédito
traspasado es todo promotor, el que tiene más mora.
De nuevo, no es posible saber
cómo ha evolucionado concretamente. Si asumimos un deterioro similar al de
la banca, del 24,12% desde el traspaso a Sareb, su mora alcanzaría 40.758
millones. Sumando esta cifra a la mora bancaria (los 197.045
millones) y dividiéndola por los activos de la banca más Sareb (1,523 billones)
da una tasa del 15,6%. Y no es difícil imaginar un empeoramiento
mayor de la mora del banco malo, en cuyo caso la cifra se acercaría al 16%.
Popular y Sabadell
dan cifras no comparables
Estos cálculos están refrendados
por algunas estimaciones, como la del Banco Popular, que en la presentación de
sus resultados hasta septiembre calculaba que la morosidad del sistema
subiría dos puntos si se incluía la de Sareb: del 12,12% en que se
encontraba entonces la cifra oficial hasta el 14,12%. Gurusblog daba
ayer la cifra de 16,5% como morosidad total con la del banco malo, pero no
explicaba cómo llegaba a ese resultado. En todo caso, estas tasas ilustran la
impresionante escalada de la morosidad en el último trimestre, sobre todo por
la reclasificación de créditos refinanciados impuesta por el Banco de España.
Y todavía no ha aflorado toda esa "morosidad oculta", el punto más
temido por el sector, junto a la deuda pública, de cara a los próximos test de
estrés.
Esta escalada ha hecho que
algunas entidades disfracen sus verdaderas cifras de morosidad. Es el caso del
citado Popular, que calcula la tasa sobre el total del activo, no
sobre el crédito como hace el Banco de España, como ya reveló El
Confidencial en noviembre. Así, alcanza una morosidad al cierre de 2013
del 14,27%, cuando si se calcula de forma estándar estaría en el 18,88%.
Otro ejemplo es Sabadell, que da una tasa sin contar el crédito moroso de la CAM cubierto
por el EPA (esquema de protección de activos) concedido por el Fondo de
Garantía de Depósitos. Si se tuviera en cuenta, la tasa oficial del 13,63% superaría
el 19%, lo que justifica que la entidad que preside Josep
Oliu pidiera unas garantías tan elevadas.
Disponible en:
Los jefes de la CAM, a juicio por sus sueldos millonarios
Público.es, 18/02/2014.
El juez de la Audiencia Nacional
Javier Gómez Bermúdez ha decretado la apertura de juicio oral para el
exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López
Abad y el expresidente de la Comisión de Control de la caja Juan Ramón Avilés,
a los que ha concedido un plazo de 24 horas para depositar una fianza por
responsabilidad civil de 1,9 y 6,6 millones de euros, respectivamente.
En un auto al que ha tenido
acceso Europa Press, el magistrado acusa a ambos de apropiación
indebida, administración desleal y delito societario y añade, en el caso de
Avilés, un cuarto delito, de otorgamiento de contrato simulado. Los dos
están acusados
de fomentar el cobro de dietas abusivas y participar en la concesión de
préstamos irregulares.
López Abad se enfrenta a penas de
entre 4 y 14 años de prisión, mientras que Avilés podría ser condenado a entre
2 años y seis meses y 16 años y seis meses de cárcel, de acuerdo con los
escritos de acusación provisionales presentados por la Fiscalía Anticorrupción
y la propia CAM a través del Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario
(FROB).
El magistrado designa además,
como partícipes a título lucrativo, a 18 miembros de la Comisión de
Seguimiento y Control de la Tenedora de Inversiones, participada por la
CAM, a los que acusa de haber cobrado dietas de entre 9.000 y 308.000 euros.
También considera partícipes a título lucrativo a la mujer, el hermano y dos
hijos de Avilés.
Según precisan Anticorrupción y
el FROB en sus escrito a partir del año 2005, el acusado López Abad, que había
sido nombrado director en 2001, "buscó la fórmula para superar límites
retributivos fijados por la caja y posibilitar que los directivos de CAM
cobrasen mayores emolumentos".
Entre las maniobras que llevó a
cabo con la intención de sobrepasar los límites económicos establecidos por los
estatutos de la caja, López Abad dio los pasos necesarios para la creación de
Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI) y que debía funcionar como
Comisión de Control de todas las empresas participadas por la caja.
En opinión de la Fiscalía este
órgano "fue un mero y burdo instrumento ideado por López Abad para
permitir que los miembros de la Comisión de Control de CAM "cobraran unos
emolumentos muy superiores a los que tenían derecho conforme a la normativa
sobre Cajas de Ahorro y los propios estatutos de CAM, sin realizar ningún
trabajo adicional para la entidad que justificara dichas retribuciones".
La Junta General de TI, reunida
el 26 de junio de 2006 acordó doblar las anteriores retribuciones y estableció
para el segundo semestre de 2006 una 'dieta' de 16.400 anuales --frente a los
8.200 que tenía establecida la caja hasta ese momento-- y para los años
sucesivos de 32.800. Un año después ratificó las anteriores retribuciones y
estableció que los "cargos internos" cobrarían el doble.
En 2008 TI acordó elevar la
anterior "dieta" a la cantidad de 80.000 euros anuales para el
presidente, cargo que había asumido para entonces Juan Ramón Avilés, 40.000
anuales para el vicesecretario y el secretario, y 20.000 anuales para el resto
de los miembros. En septiembre de 2011 la Comisión de Seguimiento y Control de
TI fue suprimida, y todos sus miembros cesados, por decisión de los
administradores provisionales de CAM designados por el FROB.
La Comisión se reunió en 16
ocasiones y en todos estos encuentros y con excepción de los casos en que
procedía hacer algún nombramiento dentro de la propia estructura, "la
actitud de sus miembros fue meramente pasiva, limitándose a escuchar las
informaciones facilitadas por el administrador de la sociedad, sin que en
ninguna de las actas de estas reuniones conste una sola aportación sustantiva
que los miembros de esta Comisión hicieran para el efectivo seguimiento y
control de la sociedad". Avilés llegó a cobrar en concepto de dietas un
total de 308.700 euros. Él y otros 20 integrantes del órgano, dos de ellos
fallecidos, cobraron casi 1,5 millones de euros.
El escrito también recoge la
participación de ambos exdirectivos en una simulación de venta de acciones de
la sociedad 'La Vereda de Sucina', dedicada a inversiones inmobiliarias, por
parte de la esposa de Avilés a la hermana de éste a través de un pago de 90.000
euros que la compradora ficticia había sido ingresado previamente.
Esta operación causó una pérdida
de 4,91 millones de euros al Banco CAM, sucesor del negocio de la caja de
ahorros, después de que la entidad desistiera de solicitar los créditos
concedidos a la empresa, que fueron autorizados por el Consejo de
Administración y el Instituto Valenciano de Finanzas.
El Banco Sabadell, que adquirió
la CAM por un euro, informó el 27 de noviembre de 2013 que los préstamos
concedidos a 'La Vereda de Sucina' fueron refinanciados en abril de 2011 y se
encuentran actualmente "impagados".
La investigación partió de un
informe del Banco de España emitido el 25 de enero de 2012 en el que se
apuntaba que Avilés habría cobrado dietas irregulares entre los años 2007 y 2011
y obtuvo "créditos en condiciones ventajosas" para empresas
vinculadas a su familia.
Disponible en:
miércoles, 19 de febrero de 2014
La OCDE avisa de que la recapitalización de la banca “está incompleta”
El País, 17/02/2014.
Lo que comenzó en los bancos
terminará en los bancos: a pesar de las tácticas de distracción, la gran
pregunta era y sigue siendo cuánto dinero (más) habrá que inyectar en la banca
europea para que quede como recién pintada. Las tensiones financieras se han
relajado y la
fragmentación bancaria —pedir un crédito en España es más difícil y
más caro que en Alemania— empieza a remitir, y a pesar de eso la OCDE ha dejado
claro este lunes que la pesadilla no termina. “Europa ha
sido más lenta que EE UU para lidiar con las debilidades del sector financiero
que destapó la crisis”, según el informe de la institución que dirige Ángel
Gurría.
En EE UU, las autoridades
hicieron una prueba de esfuerzo y activaron un bazuka multimillonario que
disipó todas las dudas. En Europa van ya varias tandas de exámenes e
inyecciones de dinero público, pero el BCE se ha embarcado en una más y solo
hay una conclusión segura: aún falta
capital.
Pese a que el análisis del
Eurobanco será distinto, para cumplir uno de los
requisitos de Basilea (el llamado ratio de endeudamiento: el peso de
las deudas de los bancos sobre el total de sus activos) se requerirá un capital
adicional de máxima calidad de 3.650 millones en 10 de los países más
destacados del euro (524 millones en el caso español), según cálculos de este
diario sobre la base de las cifras de la OCDE. Pero atención: si la banca
europea tuviera que cumplir con los requisitos que reclama EE UU (un ratio de
endeudamiento del 5%), las necesidades de capital de máxima calidad adicional
se irían por encima de los 26.000 millones (1.533 millones para España).
“Basilea da tiempo hasta 2018, y para entonces las necesidades de España serían
inferiores a las de Francia y Alemania, cuyos bancos están más apalancados”,ha
advertido Joaquín Maudos, del Ivie.
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