lunes, 30 de junio de 2014
Los bancos centrales acusan a las entidades de tener morosidad oculta
Por Amanda Mars
El País, 29/06/2014.
La banca no ha logrado despejar de
sí la sombra de duda que le acompaña desde aquel verano
de 2007 en el que la mayor parte de público descubrió el anglicismo
subprime, el nombre que se daba a las hipotecas basura que estallaron en
Estados Unidos y que supusieron el inicio de una enorme crisis financiera
global. La ola no llegó a Europa hasta un año después (y en España se demoró
otro), pero hoy por hoy son las entidades europeas las que más inquietudes
generan. El Banco de Pagos Internacionales (el BIS, en sus siglas en inglés),
que es una suerte de organismo coordinador mundial de los bancos centrales,
lanzó ayer una dura advertencia sobre la morosidad oculta o “pérdidas no
declaradas” en determinadas entidades que, a su juicio, frenan la recuperación
del crédito al destinar demasiados recursos a sostener créditos problemáticos.
Aunque valora la recuperación de
solidez en el sector y las recapitalizaciones de los últimos años, enciende
algunas alarmas. “A pesar de los esfuerzos de captación de capital tras la
crisis, persisten las dudas sobre la calidad de los balances de determinados
bancos”, recalca la institución dirigida por Jaime Caruana,
exgobernador del Banco de España, en su informe anual. El motivo, según explica
el BIS, es que “la capacidad del capital para absorber pérdidas futuras se ve
gravemente socavada por las pérdidas no reconocidas de los activos heredados”.
“Las pérdidas no reconocidas distorsionan los incentivos de los bancos,
desviando recursos para mantener a flote a prestatarios con problemas en lugar
de financiar nuevos proyectos. A medida que estas pérdidas van emergiendo,
aumentan las tasas de morosidad de los préstamos bancarios”.
Los planes de liquidez aprobados
desde 2011 por el Banco Central Europeo (BCE) para reactivar los préstamos han
servido para calmar los mercados financieros, pero no para animar el flujo de
dinero hacia las empresas y las familias, a falta de ver los resultados del
último gran programa, aprobado en junio, que supone una inyección de 400.000
euros y la rebaja de tipos de interés a prácticamente cero, el 0,15%. Lo que
dice el BIS es que el dinero destinado por muchas entidades financieras
sostenimiento a los esos créditos problemáticos ha impedido concederlo a
familias para que aumente su consumo y las empresas para que inviertan y creen
puestos de trabajo.
Las advertencias sobre la
morosidad oculta van especialmente a la banca europea, ya que acto seguido
advierte de que “en los países periféricos de la zona del euro, las tasas NPL
[de morosi-dad] han seguido creciendo seis años después del punto álgido de la
crisis al tiempo que la concesión de nuevos préstamos sigue mostrándose
anémica”. En la misma línea, el informe destaca las tasas de mora
“obstinadamente elevadas” en los bancos de Europa central.
En total, las entidades europeas han visto duplicarse los créditos morosos
desde 2009, hasta sumar la friolera de 800.000 millones de euros.
No es el único organismo que
destaca los problemas de la banca europea. El pasado abril el FMI alertó de que
la revisión de calidad de activos y las pruebas de resistencia que Europa
prepara para despejar las dudas sobre su industria bancaria “podría señalar la
necesidad de más ayuda pública en algunos países”. Además, la debilidad
bancaria frena la recuperación al paralizar las reestructuraciones de deuda de
muchas empresas viables y, por ende, ralentizaba la recuperación de la zona
euro.
El BIS, en cambio, marca las
diferencias con la banca estadounidense, que fue la primera en caer, pero
también en recuperarse. Después de 2009, “el sector bancario del país registró
continuos descensos en la tasa de mora agregada, que cayó por debajo del 4% a
finales de 2013”. Esto, junto con el “sólido” crecimiento de activos, “sugiere
que el sector ha conseguido avances significativos en la superación de la
crisis”. Advierte eso sí de las tensiones sobre los deudores hipotecarios.
Los bancos de la zona euro aún afrontan el importante reto de reparar el
balance de sus bancos, que tienen el examen de resistencia a la vuelta de la
esquina. Pero, tal y como advierte el BIS, esta depuración de los balances “se
complica aún más por el prolongado periodo de tasas de interés extremadamente
bajas”, ya que, “en la medida en que las bajas tasas de interés respaldan unos
márgenes de intermediación financiera amplios, dan cierto respiro a los bancos
con peores resultados”.
El informe del BIS se publica tres días
después del de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en
inglés) del mes de junio, en el que señalaba un inquietante dato: el 39% de los
activos totales del sector tenía una tasa de rentabilidad sobre recursos
propios (ROE) inferior al 4% al finalizar 2013, un nivel que el mercado
considera demasiado bajo para captar capital. “Este hecho, combinado con el
nuevo entorno regulatorio, la modesta perspectiva de crecimiento y un entorno
de tipos bajos, presenta un desafío sobre la sostenibilidad de los modelos de
negocio de algunos bancos”, apuntó el documento de la autoridad que va a
dirigir el análisis de la calidad de los activos europeos.
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domingo, 29 de junio de 2014
La banca pública solo gana el 4% de las demandas por preferentes
Por Iñigo de Barrón
El País, 29/07/2014.
Los tribunales se han convertido
en un hueso duro de roer para los bancos nacionalizados. Los clientes de las
preferentes y, en menor medida, de la deuda subordinada de Bankia, Novagalicia
(ahora Abanca) y Catalunya Banc que han demandado a las entidades financieras
han tenido buenos resultados. Según un informe oficial fechado el 6 de junio,
al que ha tenido acceso este periódico, sólo en el 4% de los casos resueltos
los jueces han dado la razón a las entidades.
Hasta la fecha citada, se han
presentado un total de 30.048 demandas, por un importe de 1.773 millones de
euros. Se han resuelto 8.788 demandas en primera instancia, por un importe
global de 488 millones. Un 61% de sentencias resolvieron a favor del cliente,
un 4% a favor de la entidad y el 35% restante fueron procesos con desistimiento
del cliente porque pactó con el banco una buena salida. Las entidades usan esta
vía cuando ven claramente que son casos perdidos y el acuerdo les permite
ahorrarse tiempo y las costas judiciales.
Los datos reflejan que los bancos
públicos tienen pendiente 1.285 millones en los tribunales, una cantidad que
pueden dar por perdida en su inmensa mayoría porque, a medida que pasan los
meses, el porcentaje de demandas a favor de los bancos disminuye. Hace poco más
de un año estaba cerca del 10% y ahora han caído al 4%. El caso más llamativo
ha sido el de Adicae, que el 2 de junio interpuso una demanda colectiva contra
Bankia de 7.500 preferentistas por valor de 121,5 millones.
El desglose, con datos hasta
abril, es el siguiente: Bankia ha ganado el 10% de las demandas y un 4% han
sido desestimadas; Novagalicia (Abanca) triunfó en un 0,3% de los casos, el 40%
fue a favor del cliente y resto, acuerdos. Los tribunales dieron la razón a
Catalunya Banc en un 7% de los casos y el 83% a los clientes.
Según algunos abogados consultados, los casos de éxito para el banco son más
frecuentes en clientes de altos patrimonios, aunque la casuística es dispar.
Elvira Rodríguez, presidenta de
la CNMV, se pronunció el 25 de junio pasado sobre estos productos:
“Inicialmente, las preferentes no eran un producto podrido. Daban un tipo de
interés alto o muy alto, cuyo cobro de rendimientos dependía de la solvencia y
de que tuviera beneficios la entidad que las emitía”. También dijo que, desde
un punto de vista legal, no se podían haber prohibido.
Con estas palabras, Elvira
Rodríguez parecía echar un capote a Julio Segura y Fernando Restoy, presidente
y vicepresidente de la CNMV respectivamente en los años de la comercialización
de estos productos. Sin embargo, la actual presidenta admitió errores: la labor
supervisora se debía haber dilucidado si el público objetivo del producto “era
o no, un ahorrador de libreta”.
Así, Rodríguez apuntó a la causa
principal por la que los jueces están condenando a las entidades: una mala
praxis comercial en su venta. Entre 2006 y 2009, los máximos responsables de
las entidades ahora nacionalizadas dieron órdenes de venta de las preferentes
como si fueran productos similares a los depósitos.
En general, los jueces entienden
que los inversores de alto nivel adquisitivo tienen más conocimientos
financieros (e inversiones más sofisticadas) por lo que podían saber los
riesgos de las preferentes y rechazan sus casos.
La mayoría de los clientes que no
han querido demandar a la entidad (una vía lenta y costosa económicamente) han
optado por el arbitraje. En total, había 534.150 clientes minoristas en
preferentes y subordinadas, según un informe de la CNMV. De ellos, 425.210 solicitaron
arbitraje. Un experto independiente valoró si el cliente tenía conocimientos
suficientes para entender el producto. Hasta el 13 de junio, ha dado la razón a
303.379 clientes, el 71%, que recibirán todo su dinero. Sobre el total de los
que invirtieron, el 57% han ganado este partido.
Sin embargo, si el cálculo se
hace sobre el dinero invertido, las cifras cambian. Los clientes invirtieron
9.772 millones. Pidieron arbitraje inversores con 6.763 millones y solo han
recibido el visto bueno para recuperar su inversión clientes con 3.258
millones. Es decir, el 48% de la inversión que pidió mediación y el 33% del
total invertido. Aun quedan unas semanas para concluir el proceso de arbitraje
en Bankia.
Como refleja el cuadro adjunto,
los casos no son iguales en las tres entidades. La mayor inversión corresponde
a Bankia: 6.231 millones y afecta a 294.905 clientes, de los que 229.931 (por
valor de 4.038 millones) fueron arbitrados. Han sido admitidos 176.674. El
procedimiento está en fase final y se espera que prácticamente todos los que
tengan informe positivo del árbitro, reciban el laudo favorable de Consumo. En
Novagalicia solo se han aceptado el 62% de los arbitrajes solicitados y el
67,8% en Catalunya Banc. El arbitraje ha minimizado un escándalo que marcará la
historia de la crisis financiera.
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¿No es la vivienda un derecho?
Por Carlos Huerga
Público.es, 27/06/2014.
Hoy viernes Kutxabank ha
desahuciado a una familia con tres menores (uno de ellos un bebe de
tres semanas). Esta familia había ocupado la vivienda, propiedad del banco,
porque estaba vacía y no tenían donde vivir. Este era el tercer intento de
desahucio y, gracias al desproporcionado despliegue de la Policía Nacional,
esta familia se ha quedado en la calle.
Lo más grave de este hecho no es
que los desahucios sigan siendo un drama en este país sin que el Gobierno tome
medidas efectivas para evitarlo.
Según el Banco de
España y el Consejo General del Poder Judicial, año a año el número
de desahucios ha ido aumentando. Mientras tanto, el Gobierno ha tomado medidas
como el Código de Buenas conductas o el Real Decreto de Moratoria hipotecaria y
se ha lavado las manos. Los datos demuestran lo poco efectivas que han sido
estas medidas.
Lo más grave de esto tampoco es
que esta familia haya tenido que ocupar una vivienda ante la pasividad del
IVIMA o la EMVS.
Estas empresas públicas son las
responsables de garantizar una vivienda a personas en riesgo de exclusión
social en la comunidad y la ciudad de Madrid. Sin embargo, están
vendiendo la poca vivienda pública (vivienda que es de todos) a
precio de saldo a fondos buitres. Estas ventas se llevan a cabo con la excusa
de que es la única manera de asegurar la viabilidad de estas empresas públicas
debido a la cuantía de sus deudas, ocasionadas por el expolio que han hecho de
ellas Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.
Por último, sigue sin ser lo más
grave que los bancos que han recibido dinero público (dinero de todos, también
de la familia que han desahuciado) sigan echando a la gente de sus casas.
Hemos desviado fondos públicos a
la banca y pedido un rescate
bancario a la Unión Europea para sanear sus maltrechas cuentas. Uno
de los motivos de la crisis del sector son sus prácticas abusivas en el mercado
hipotecario. Sin embargo, el Gobierno no ha sido capaz de poner como
contrapartida a esta ayuda pública la paralización de los desahucios que llevan
a cabo. Lo único que ha sido capaz de hacer es crear la SAREB para que los
bancos no tengan que preocuparse más de las viviendas problemáticas para ellos.
Lo más grave es que la pasividad
que las administraciones públicas demuestran en estos tres hechos, contrasta
con su efectividad en el uso de las fuerzas de seguridad para desahuciar.
La Policía Nacional ha llevado a
cabo un despliegue desmesurado para ejecutar este desahucio, que ha acabado con
seis personas detenidas y otras tantas han tenido que ser atendidos por el
SAMUR. En otras palabras, vivimos en un país que en lugar de garantizar los
derechos humanos, los combate desde “su” legalidad. ¿No sería mejor desarrollar
políticas efectivas para garantizar que familias como la que ha sido
desahuciada no se tengan que quedar en la calle?, si hay casa vacías ¿no se
pueden poner a disposición de la gente que las necesita?, ¿no es la vivienda un
derecho?
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sábado, 28 de junio de 2014
Montoro regala miles de millones a la gran banca
Por Manuel Arias
Diario Progresista,
27/0672014.
En efecto, el ministro ha urdido
el mayor despropósito de ‘ingeniería financiera’ que ni el más osado de los
tiburones fiscales habría soñado siquiera con atreverse a plantear en una mesa de
negociación. En esencia, se trata de convertir una figura más que discutible,
que ya existía, los Activos Fiscales Diferidos en, simple y llanamente, una
‘deuda’ que contrae el Estado con los bancos que puedan incurrir en pérdidas.
Por las bravas, directamente, una transferencia de renta desde el dinero
recaudado por el Estado entre todos los españoles a las cuentas de resultados
de la gran banca.
Muchos expertos fiscales han criticado en el pasado la figura de los Activos Fiscales Diferidos. En esencia, es una figura que permite compensar las pérdidas del pasado, con los beneficios en el futuro. Cuando una empresa incurría en números rojos, generaba una especie de ‘bono impositivo’. Con el retorno a los beneficios, y por tanto a la obligación de pagar impuestos, las empresas podían deducirse de su factura fiscal, un porcentaje en función de las pérdidas sufridas en ejercicios anteriores. Este regalo fiscal tenía un límite temporal, 18 años.
Muchos expertos fiscales han criticado en el pasado la figura de los Activos Fiscales Diferidos. En esencia, es una figura que permite compensar las pérdidas del pasado, con los beneficios en el futuro. Cuando una empresa incurría en números rojos, generaba una especie de ‘bono impositivo’. Con el retorno a los beneficios, y por tanto a la obligación de pagar impuestos, las empresas podían deducirse de su factura fiscal, un porcentaje en función de las pérdidas sufridas en ejercicios anteriores. Este regalo fiscal tenía un límite temporal, 18 años.
El atraco de Montoro
Sin embargo, el mismo ministro que estrenó el cargo con una amnistía fiscal, el mismo ministro que acaba de anunciar una reforma fiscal para que los pobres y clases medias financien las rebajas de impuestos para las clases altas y las empresas, el mismo ministro que, en aras del control del déficit ha impuesto recortes sin fin en prestaciones y derechos sociales, el inefable Cristóbal Montoro, redondea la jugada y convierte un chanchullo contable en una deuda del Estado para con los bancos.
Con algo muy parecido a la nocturnidad y, desde luego, con alevosía pero sin ruido, enmascarado en el farragoso informe sobre el Anteproyecto de Ley del Impuesto de Sociedades, Cristóbal Montoro, y el Consejo de Ministros que le secunda y apoya, con Mariano Rajoy a la cabeza, ha diseñado una bomba de relojería contra las cuentas públicas: El Estado se convierte en deudor de todos los bancos que han incurrido en pérdidas o que, en el futuro, puedan perder dinero, sin límite de cantidad, sin límite de tiempo, sin matices. Es el asalto a cara descubierta de las arcas del Estado.
Con la modificación que se propone del artículo 130 de este Impuesto, la Agencia Tributaria pasa de ‘permitir’ generar los dichosos Activos Fiscales Diferidos a convertirse en deudora de los bancos que tengan números rojos, que pasarán a poder exigir a la Agencia el pago de una cantidad equivalente a la aplicación de un tipo del 0,30 % a sus pérdidas.
Todo esto suena confuso, jerga de expertos, ‘jueguecitos’ para asesores fiscales. Pero se entiende mucho mejor cuando se traducen estas alambicadas fórmulas en cifras contantes y sonantes.
Así, la aplicación de este atropello a las cuentas públicas que ha diseñado Montoro le reportará al Banco de Santander la obscena cantidad de 19.757 millones de euros anotados, tamizados por el porcentaje citado del 0,30%. El BBVA, el otro gigante financiero, se prepara para beneficiarse en sus 9.871 millones de pérdidas anotadas. Y así con cada gran o mediano banco.
Por si faltaba algún escarnio en la nueva norma que prepara el PP, se suprime el límite temporal de los 18 años. Durante este largo periodo, se podrá aplicar directamente el proceso descrito anteriormente. Pero, pasado ese plazo, no pasa nada. Las cantidades que se pretendan cobrar a cuenta de las pérdidas, serán canjeadas por Deuda Pública del Estado. Sí, la que –también- pagamos entre todos. Aunque, como queda evidente, algunos más, mucho más que otros.
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viernes, 27 de junio de 2014
La banca se niega a que los dictámenes de órganos rectores tengan carácter vinculante
Bolsamania, 24/07/2014.
La banca se niega a que los dictámenes de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), la Dirección General de Seguros (DGS) y
el Banco de España tengan carácter vinculante en las reclamaciones
sobre productos polémicos, por lo que los clientes de estos productos
tendrán que seguir acudiendo a la justicia ordinaria para reclamar
indemnizaciones, según ha informado el portal digital Hispanidad.
La presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, sigue luchando para que los dictámenes de los órganos supervisores tengan carácter de ley y para que los usuarios afectados por productos polémicos no tengan que acudir a la justicia ordinaria, debido al aumento de coste y tiempo que esto supone, a pesar de que el carácter no vinculante de estas resoluciones no implique que los jueces no puedan consultarlas.
De todos modos, Rodríguez ha destacado que sin un acuerdo con la banca, la nueva regulación tendría un encaje jurídico complicado. Para solucionar este problema, el Parlamento debería aprobar un mandato presentado por los grupos del Partido Popular (PP) y de Unión Progreso y Democracia (UpyD) para que estas resoluciones tengan carácter de ley.
La aprobación de esta regulación supondría que la banca podría llevar ante los tribunales ordinarios a los órganos rectores si considera que sus resoluciones no se ajustan a la legalidad, ya que estos órganos asumirían una responsabilidad patrimonial.
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El 40% de la banca europea tiene problemas, según la EBA
Por Iñigo Barrón
El País, 25/07/2014.
Las entidades financieras
españolas y europeas siguen sin salir de la tormenta en la que entraron en
2008. La Autoridad
Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), publicó este
miércoles su informe de junio sobre los riesgos y vulnerabilidades del sector.
En su opinión, los ingresos y la rentabilidad de los bancos de la UE continúan
enfrentándose a dificultados. La autoridad, que pilotará el análisis de la
calidad de activos (AQR) de la banca, considera que el 39% de los activos
totales del sector tiene una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) de menos
del 4% hasta diciembre de 2013. Esta cifra dificulta captar capital en los
mercados. “Este hecho, combinado con el nuevo entorno regulatorio, la modesta
perspectiva de crecimiento y un entorno de tipos bajos, presenta un desafío
sobre la sostenibilidad de los modelos de negocio de algunos bancos”, concluye.
Para la EBA, el deterioro de la
calidad de los activos plantea interrogantes sobre el futuro a corto plazo de
los resultados de los bancos. No obstante, reconoce la mejoría de la confianza
de los mercados, el proceso de desapalancamiento de las entidades, la reducción
de los activos de riesgo, pero apunta: “La calidad de las carteras de crédito
de algunos bancos ha seguido disminuyendo y sigue siendo una preocupación”. Con
estas palabras, augura duros resultados en los exámenes de la banca.
Y la situación en España también
tiene señales peligrosas. Según los datos de la Asociación
Española de Banca (AEB), el desglose de las cuentas consolidadas e
individuales permite comprobar el gran problema del sector: el 75% del margen
de intermediación, la principal partida de la cuenta, se obtiene fuera de
España hasta marzo. Es decir, son las filiales extranjeras del Santander y BBVA
las que logran un margen que ya no se encuentra en España. Este supone que el
resto de bancos, que solo están en España, tendrán dificultades para ser
rentables el futuro.
Para compensar este frenazo en
los ingresos, las entidades en España (sin tener en cuenta el negocio en el
extranjero) han vendido sus carteras de deuda pública con lo que han logrado
beneficios de 2.346 millones, un 87% más. Pero esta inyección de ingresos no es
recurrente, es decir, se quema y no vuelve. Así, el margen de intermediación
cae un 11%. Esto se refleja en la rentabilidad sobre recurros propios, ROE, que
cae del 7,8% al 5,38%.
La esperanza para el sector es,
como indicó Pedro Pablo Villasante, secretario general de la AEB, que se
recuperen las grandes dotaciones realizadas: 174.000 millones desde el comienzo
de la crisis, y que se apunten como beneficios. Esta cifra supone casi 2,5
veces el beneficio neto declarado por los bancos en este periodo. La patronal
cree que la “la normalización del sector no llegará hasta 2016”.
Disponible en:
http://economia.elpais.com/economia/2014/06/25/actualidad/1403724344_186124.htmljueves, 26 de junio de 2014
El coste del rescate a la banca en España dobla la media europea
Por Conchi Lafraya
La vanguardi.com,
23/06/2014.
A España le pasará factura el rescate de su banca.
Es uno de los países de la Unión Europea a los que más caro le
va a salir sanear el sector financiero en relación al tamaño de su economía:
casi el doble de la media europea, siempre en proporción al PIB (producto
interior bruto).
Según el último informe de la Comisión Europea, con datos de 2008 a 2012, en España, las ayudas totales de capital ascendieron a 88.140 millones, lo que representa un 8,4% del PIB. Mientras que la media en Europa es del 4,6% sobre PIB, hasta un total de 591.900 millones.
Sólo superan a España cuatro países. Se trata de Bélgica, dónde las ayudas directas supusieron un 10,7% de su economía; Irlanda, que se dispara, hasta un 40% del PIB; Grecia, con un 19,2% y Chipre, con un 10,1%. En el resto de países, la proporción ayuda total respecto al PIB se sitúa por debajo de España (ver gráfico).
Otra cosa es en términos absolutos. En ese caso, Alemania encabeza el ranking, con una inyección directa de 144.150 millones; seguido del Reino Unido, donde el capital que se le proporcionó ascendió a 122.800 millones. Y en tercera posición, aparece España, con esos 88.140 millones.
El rescate a la banca en España suscita muchas preguntas entre los ciudadanos sobre el coste real o cómo se pagará. Cada organismo ofrece cifras diferentes. En España, hasta ahora, el Tribunal de Cuentas y el Banco de España han realizado algunas aproximaciones. El primero estima que las ayudas se elevan a 107.913,5 millones mientras que el regulador calcula que son 94.157. De esta última cantidad 61.495 millones corresponden con inyecciones de capital mientras que la Comisión Europea reconocía 26.645 millones más en 2013. El subgobernador, Fernando Restoy, explicó la semana pasada que ese desfase se debe a la contabilización de los activos del banco malo, la Sareb.
Sea como sea, el Estado español calcula que, por ahora, sólo se podrán recuperar unos 4.000 millones. De los cuales, 1.760 millones proceden de la venta de Novagalicia y las devoluciones que hizo CaixaBank a cuenta de Banca Cívica. Otros 1.135 millones por la amortizaciones de obligaciones convertibles de Ibercaja, Unicaja y Liberbank. Y los 1.300 millones restantes por la venta del 7,5% de Bankia, aunque estos siguen en el balance de su matriz, BFA.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló la semana pasada en Santander que el resultado final de la reestructuración del sector no se conocerá hasta la venta total de Bankia. Novagalicia se colocó con más de 8.000 millones de pérdidas. Y ahora se trabaja en la venta de Catalunya Banc para la que ya se diseñan nuevas ayudas o garantías. El FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) también sigue presente en el capital de BMN, entidad para la que no se descarta una futura colocación en bolsa.
Sea como sea, no es sólo un problema al que ha tenido que hacer frente España, sino que en muchos otros países de la Unión Europea también se ha salido al rescate de sus respectivos sistemas financieros. En España casi el 50% del sector, las antiguas cajas de ahorro, atravesaba situaciones muy complicadas, al borde de la quiebra. Si hubieran sido otro tipo de empresas, hubieran acabado en liquidación. Guindos defendió que no es bueno mirar atrás, sino que la clave es que el sector ya está saneado.
El tema no ha sido fácil de resolver en Europa porque desde que comenzó la recesión, hace ya siete años, los gobiernos tuvieron que ir saliendo al rescate de sus bancos para solventar problemas de liquidez y solvencia. En una primera fase, articularon medidas de liquidez mediante la emisión de avales y la compra de activos financieros. En algún caso, como España, se garantizó la emisión de los bonos emitidos por los bancos malos creados, asumiendo en consecuencia más riesgo. En la segunda fase hubo que inyectar capital a los bancos, lo que elevará la deuda pública.
Para el catedrático, Joaquín Maudos, de la Universidad de Valencia, en España se aplicaron varias partidas. Las inyecciones del fondo de garantía de depósitos (FGD), que la Comisión Europa lo considera público, pero el origen de su financiación procede de las aportaciones de la banca. El FROB 1 (8.317 millones) el FROB 2 (5.183 millones) y los fondos procedentes de Europa a través del Mede, que se repartieron en 39.078 millones para la banca y 2.192 millones para la Sareb.
De las ayudas directas en forma de capital a la banca, cuatro entidades absorbieron el 93%: 22.424 millones en el caso de Bankia; 12.055 millones Catalunya Banc; 9.055 millones Novagalicia y 5.500 millones fueron a parar a Banco de Valencia.
Otras (CAM, Unnim...) recibieron esquemas de protección de activos (EPAS), lo que garantiza futuras pérdidas a sus compradores por el deterioro de los activos a futuro.
Para Maudos, en el caso de la banca española, "sólo el tiempo y la recuperación del cuadro macroeconómico dirán si las ayudas públicas a la banca se traducirán en una nueva carga para el contribuyente, ya que de esa recuperación dependerá el valor de venta de las entidades nacionalizadas, las potenciales pérdidas asociadas a los esquemas de protección de activos (EPA) otorgados por el FROB en la adjudicación de algunas entidades y la rentabilidad del plan de negocio de la Sareb, cuyos bonos están garantizados por el estado y una parte de su capital es propiedad del FROB".
Disponible en:
miércoles, 25 de junio de 2014
Se deniega compensación a un 30% de los preferentistas
Público.es, 2470672014.
Más de 300.000 clientes que
compraron participaciones preferentes o deuda subordinada han sido o serán
compensados en breve gracias al proceso de arbitraje, que ha rechazado sin
embargo las solicitudes de más de 120.000 afectados.
El presidente del FROB, Fernando
Restoy, estimó el martes en 2.486 millones el volumen
provisional de los laudos arbitrales favorables a la clientela
minorista por la venta fraudulenta de las participaciones preferentes y deuda
subordinada de BFA-Bankia y NCG Banco. "Los laudos siguen avanzando a buen
ritmo y ya se han resuelto de forma favorable al cliente procedimientos con un
volumen de 1.990 millones de euros, correspondientes 163.000 clientes",
dijo el martes el presidente del FROB, Fernando Restoy, en relación con la
nacionalizada BFA-Bankia, cuyo proceso arbitral debería estar finalizado este
mismo mes.
Durante su comparecencia en la
Comisión de Economía del Congreso, Restoy ha anunciado que los
expertos independientes han admitido las reclamaciones de más de 300.000
clientes, que ya han sido resarcidos o lo van a ser próximamente por el importe
equivalente a su inversión. Estas cifras todavía aumentarán algo en las
próximas semanas, pero lo cierto es que a día de hoy supone que se ha dado la
razón al 57 % de los inversores minoristas que tenían acceso a los arbitrajes y
más del 70 % de los que lo han solicitado.
Eso se traduce en que casi
un 30% de las reclamaciones han sido rechazadas, lo que equivale a más
de 120.000 afectados, mientras que otros 100.000 clientes más con derecho a
solicitar el arbitraje no lo han hecho, por lo que previsiblemente reclamarán
su inversión en los tribunales.
Respecto a NCG Banco,
el presidente del FROB ha recordado que la entidad desembolsó 496 millones
después de que el arbitraje diera la razón a más de 58.000 clientes, el 62 % de
los solicitantes.
En cuanto a Catalunya
Banc, hasta el momento se han admitido por el experto independiente
reclamaciones correspondientes a cerca de 69.000 titulares, el 67 % del total
presentadas, por importe de 465 millones de euros. La cifra puede aumentar
porque se espera que el proceso culmine en la segunda mitad del año.
Por último, en el caso de BFA-Bankia,
el también subgobernador del Banco de España ha destacado que se han admitido
las solicitudes de 177.000 titulares, el 77 % de las presentadas, por 2.296 millones
de euros.
"Los laudos siguen avanzando
a buen ritmo: ya se han resuelto de forma favorable al cliente procedimientos
por un volumen de 1.990 millones de euros, correspondientes a más de 163.000
clientes", ha añadido Restoy.
Disponible en:
CCOO denuncia que Triodos Bank despidió a una empleada tras ser elegida representante sindical
Por Ana Requena Aguilar
El Diario.es, 23/06/2014.
Triodos Bank España, una de las entidades que forman parte de la llamada 'banca
ética', despidió hace tres semanas a una trabajadora justo el día después de
que ésta fuera elegida en asamblea Secretaria General de la sección sindical de
CCOO en la entidad. Para el sindicato se trata de un despido
"estrictamente sindical" que la trabajadora recurrirá por vía
judicial y denuncia la falta de respeto que el banco tiene hacia los derechos
de sus trabajadores. La entidad, sin embargo, asegura que se trata de un
despido por bajo desempeño y que desconocía la actividad sindicial de la
trabajadora.
La empleada llevaba tres años y
medio trabajando en una de las sedes que Triodos Bank tiene en Madrid. El 5
junio, las personas afiliadas a CCOO del banco celebraron una asamblea para
constituir la sección sindical en la entidad. La trabajadora, de nombre Silvia,
salió elegida por unanimidad Secretaria General de la sección.
Es al día siguiente, 6 de junio,
cuando la empleada recibe una carta de despido en la que el banco le achaca
trabajo ineficiente. Desde el banco aseguran que se trata de un despido
"por razones de desempeño laboral y no de vinculación con una organización
sindical". "Lamentablemente, como en cualquier organización formada
por personas, pueden surgir diferencias profesionales en la valoración del
desempeño de las funciones de los empleados, al igual que pueden darse casos en
que la institución no cumpla con las expectativas generadas por los
trabajadores o viceversa, independientemente del enfoque social de la
entidad", dice la entidad en un comunicado.
El sindicato asegura que no
existía ningún apercibimiento previo por escrito a la trabajadora y que dos
semanas antes dio formación a sus propios compañeros sobre productos de
inversión. La entidad, en cambio, señala que el departamento de recursos
humanos contaba con una evaluación de su desempleño, tal y como sucede con
todos los trabajadores, y que hubo conversaciones al respecto con la empleada.
Representantes de CCOO han mantenido en las últimas semanas dos reuniones con
miembros de la dirección de Triodos para intentar llegar a un acuerdo que
finalmente no se ha producido. "Pedimos la readmisión de la trabajadora
porque entendemos que es un depido estrictamente sindical, no disciplinario;
hemos intentado buscar una solución con la empresa pero aún estamos esperando
la respuesta", dice el secretario general de Comfia-CCOO en Madrid, Felipe
Gutiérrez.
Triodos dice que desconocía la actividad
sindical de la trabajadora, algo que rechazan de plano en CCOO, que subraya que
numerosas personas de la empresa sabían que Silvia estaba manteniendo contactos
para poner en marcha la Sección Sindical. La sucursal de Triodos Bank en España
tiene 230 trabajadores y no cuenta con comité de empresa.
"La empresa da la bienvenida
a cualquier iniciativa que promueva la representación de los trabajadores, ya
que ofrece la oportunidad de contar con un nuevo cauce para favorecer la
colaboración y el diálogo", insiste el banco.
Disponible en:
martes, 24 de junio de 2014
En riesgo de desahucio
Por Elías Trabada Crende
Público.es, 24/06/2014.
Según la estadística del Consejo
General del Poder Judicial, el número de lanzamientos con cumplimiento positivo
(desahucios ejecutados) sobre bienes inmuebles ascendió a 39.206 en 2013.
También nos indica que el 38,4% de los lanzamientos practicados, o desahucios
tramitados, en ese mismo año (67.189) por los Juzgados de Primera Instancia son
consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria (inmuebles en
propiedad) y el 56,8% derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (inmuebles
en alquiler). Los datos publicados por el CGPJ consideran todo tipo de bienes
inmuebles (“sin tener en cuenta si se trata de una finca rústica o urbana, ni
si es o no una vivienda”), por consiguiente no nos permiten conocer la magnitud
concreta de las viviendas principales o habituales afectadas. De ahí que sea
necesario recurrir a la información estadística publicada por otras fuentes
para clarificar esta importante cuestión.
Según la Nota Informativa del
Banco de España (19/05/2014), en 2013 se entregaron 49.694 viviendas a las
entidades financieras mediante procedimientos de ejecución hipotecaria que
reclamaban el pago de deudas hipotecarias a los hogares, de las cuales el 78,4%
fueron viviendas habituales (38.961). Con respecto a 2012, se observa un
incremento relevante del 11,1% en el total de viviendas entregadas (44.745),
así como una evolución estable en cuanto al número de viviendas principales
entregadas (39.051 que representaban el 87,3% del total entregado). Resumiendo,
ocho de cada diez viviendas entregadas a los bancos en 2013 por impago del
crédito hipotecario corresponden a viviendas principales, dato que nos advierte
de la gravedad del problema de la vivienda motivado por las numerosas ejecuciones
hipotecarias y desahucios de vivienda habitual en España.
Ahora bien, ¿podemos estimar el
colectivo de hogares que se encuentran en riesgo de ejecución hipotecaria?.
Según el Censo de Población y Viviendas de 2011, unos 5.940.930 hogares residen
en una vivienda propia con pagos pendientes (hipotecas), los cuales significan
el 33% del total de hogares censados en España (18.083.690). En riesgo de
precipitarse a un proceso de ejecución hipotecaria se situaría el 5,2% de los
hogares españoles, pues habitan en una vivienda de su propiedad con hipoteca
pero ninguno de sus miembros estaba ocupado en noviembre de 2011: en términos
absolutos, hablamos de 934.895 hogares. En perspectiva autonómica, esa Tasa de
Hogares en Riesgo de Ejecución Hipotecaria de la vivienda en Propiedad que
habitan muestra sus porcentajes más elevados en Canarias (5,6%), Illes Balears
(5,8%), Murcia (6,2%), Andalucía (6,9%) y Comunitat Valenciana (7% del total de
hogares).
En cuanto a posibles desahucios
por impagos de la renta de alquiler, el Censo de 2011 también nos permite
calcular una Tasa de Hogares en Riesgo de Desahucio de su vivienda principal en
Alquiler: de los 2.438.575 hogares que habitan en una vivienda en régimen de
arrendamiento, 820.580 tenían a todos sus miembros sin ocupación, significando
el 4,5% del total de hogares censados en España. En el panorama autonómico, la
Tasa expresa sus mayores porcentajes entre los hogares de Asturias (5,2%),
Canarias (5,6%), Catalunya (6,6%) e Illes Balears (8% del total de hogares).
Desde la elaboración del Censo de Población y Viviendas de 2011, los indicadores sobre desempleo y pobreza han empeorado, por consiguiente pensamos que esas Tasas de Hogares en Riesgo de Ejecución Hipotecaria o de Desahucio de la vivienda en Alquiler seguramente han crecido entre los hogares españoles. En este sentido, si el 7% de los hogares entrevistados en 2011, mediante la Encuesta de Condiciones de Vida (INE), tuvieron retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos…) en los últimos 12 meses, en el año de 2013 el valor del indicador se elevó al 9,3% del total de hogares. Señalar que esta carencia material resulta más frecuente entre los hogares entrevistados en Castilla-La Mancha (11,2%), Comunitat Valenciana (11,6%), Andalucía (11,7%), Canarias (15,1%), Illes Balears (17,2%) y Murcia (19,8%).
Los retrasos en el pago de gastos
relacionados con la vivienda principal pueden desembocar en la exclusión
residencial y social de los hogares afectados, tal como se refleja en los
resultados de la Encuesta a las Personas Sin Hogar de 2012 (INE). Así, respecto
a la razón por la que las personas sin hogar abandonaron el alojamiento que
tenían antes de verse sin hogar, el 45% contestó porque perdió el trabajo y el
47,7% manifestó motivos directamente relacionados con el problema de la
vivienda: porque la persona entrevistada o su pareja no pudieron pagar más el
alojamiento (26,1%), le desahuciaron de la vivienda (12,1%), se le acabó el
contrato de alquiler (5,8%) o el edificio donde vivía estaba en ruina, fue
demolido o ardió (3,7%).
Si retomamos la estadística del
Consejo General del Poder Judicial referida al primer trimestre de 2014,
observamos que el número de ejecuciones hipotecarias presentadas (24.226) y de
lanzamientos con cumplimiento positivo (desahucios ejecutados) sobre bienes
inmuebles (12.018) se incrementaron un 13,9% y 8,3%, respectivamente, en
relación al primer trimestre del año anterior. Ambos indicadores nos informan
que el problema de la vivienda continúa empeorando. La Ley 1/2013, de 14 de
mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social aprobada por el Gobierno del PP, no
parece que haya contribuido a resolver la grave crisis residencial y social
producida por la confluencia de una injusta legislación hipotecaria y una
crisis capitalista que produce desempleo masivo y creciente pobreza severa
entre la población española.
Más bien nos encontramos ante una
reforma hipotecaria fallida, por su clara insuficiencia e ineficacia para
abordar las causas y consecuencias, residenciales y sociales, del grave
problema de la vivienda provocado por las numerosas ejecuciones hipotecarias y
desahucios de viviendas principales, en propiedad y alquiler. De ahí que
aboguemos por un cambio urgente de la política gubernamental y legislación
española en el sentido de la ILP defendida por la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca y otras organizaciones sociales: dación en pago, moratoria en las
ejecuciones hipotecarias y desahucios de vivienda habitual, y un cambio
copernicano en las políticas de vivienda de las Administraciones del Estado
español hacia la promoción prioritaria y continuada del alquiler social,
persiguiendo el objetivo estratégico de alcanzar un porcentaje cercano al
promedio de la Unión Europea (9% de las viviendas principales) en un horizonte
de medio plazo. A ese parque público de viviendas de alquiler social se
deberían movilizar las viviendas y el suelo urbano y urbanizable en manos de
las entidades financieras intervenidas y de la Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, el banco malo). En suma,
tenemos que pensar y actuar en favor de una reconciliación de la política y la
economía de la vivienda con el ser humano y la naturaleza, impulsando su valor
de uso y sostenibilidad ambiental en detrimento de su valor de cambio,
rescatando la vivienda del egoísmo-beneficio neoliberal y su política
thanática, liberando del sufrimiento nuestras ciudades, barrios y villas con
vivienda asequible, trabajo digno, educación y salud como quiere el clamor
popular.
Disponible en:
lunes, 23 de junio de 2014
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domingo, 22 de junio de 2014
“El Estado es el problema y los mercados la solución”
Por Fernando Luengo
Público.es, 21/0672014.
Este es uno de los pilares
centrales sobre los que se han edificado las políticas económicas llevadas a
cabo para gestionar y salir de la crisis actual. Pero este planteamiento va
mucho más allá de la consecución de determinados objetivos de déficit y deuda
públicos; está relacionado con ello, pero trasciende ampliamente la coyuntura.
Por supuesto, para sus defensores, seguir este principio es necesario para
abordar la crítica situación que nos ha tocado vivir; debe impregnar
permanentemente –en momentos de crisis, sí, pero también en periodos de auge-
la actuación de los responsables políticos.
¿Cuál es el meollo de ese
razonamiento? Muy simple: Se supone que la intervención del sector público es
intrínsecamente ineficiente en relación a los estándares que garantiza el
mercado. Partiendo de la conocida definición de la ciencia económica (que no
hay manual de economía que se precie que no la incorpore) de que su objeto es
asignar recursos escasos entre diferentes alternativas, el asunto queda claro:
dejemos que sea el mercado quien, dado su plus de eficiencia frente al Estado,
realice esa tarea de distribución de los recursos cuya dotación es limitada.
Podemos escribir de nuevo el axioma de esta manera: la intervención del Estado
es siempre un problema (o, siendo condescendientes, un mal menor), mientras que
el mercado, por definición, porque así lo sostiene la teoría económica
dominante, es, en todos los casos, la mejor opción.
Poco importa que la crisis
económica se haya incubado en los mercados financieros globalizados,
ampliamente hegemonizados por el sector privado, en torno a los cuales los
grupos económicos y las grandes fortunas han cosechado enormes beneficios; que
los intereses articulados alrededor de esos mercados se hayan aprovechado de
las permisivas y sesgadas regulaciones de los bancos centrales, creando de este
modo las condiciones para que los operadores privados pudieran hacer sus
negocios sin apenas control público.
El resultado está a la vista. El
crecimiento exuberante e irracional del segmento financiero de la economía y su
progresiva desregulación, la escalada de endeudamiento de bancos, promotores
inmobiliarios y constructoras y la asunción de riesgos excesivos en busca de
ganancias a corto plazo están en el origen de la economía de la deuda y del
posterior crack financiero. Los mercados han sido, por lo tanto, ineficientes,
y al mismo tiempo muy lucrativos para algunos.
Tampoco importa gran cosa que una
parte fundamental de la intervención de los Estados nacionales en la economía,
tanto en lo que concierne a los ingresos como a los gastos públicos, haya
consistido en fortalecer el proceso de acumulación capitalista. De muy diferentes
maneras: promoviendo un régimen fiscal claramente favorable a los intereses del
capital y permitiendo que las grandes empresas eludan sus obligaciones
tributarias, ofreciendo espacios de negocio a los capitales privados en ámbitos
tradicionalmente cubiertos por los servicios públicos, o invirtiendo, con los
recursos de todos, en infraestructuras y capital social, utilizado y
rentabilizado por la iniciativa privada.
¿Cómo encajar en ese diagnóstico
culpabilizador del Estado que, antes del estallido de la crisis, las cuentas
públicas estuvieran relativamente saneadas, según los estrictos criterios
establecidos en Maastricht, y que en algunos casos exhibieran incluso un
superávit? Si, como sostiene la economía convencional, la virtud se encuentra
en unos presupuestos equilibrados, en modo alguno cabe apelar al despilfarro
público como responsable de la crisis.
Pero nada de esto es relevante;
el rodillo avanza, como si nada, inexorablemente: El Estado debe retirarse,
quedar reducido a la mínima expresión, y el mercado debe ocupar los espacios
dejados por lo público.
Ya sabemos que tras esta
formulación se cobijan las pretensiones de firmas que atisban nichos de
negocio, bien con las privatizaciones de empresas estatales, bien con la
externalización de servicios públicos. Estos últimos años ofrecen numerosos
ejemplos al respecto en tres de las economías más afectadas por la crisis:
España, Grecia y Portugal. Como acompañamiento y también como justificación de
estos intereses, hay mucha escolástica acerca de las virtudes de los mercados.
Como si en ellos impregnara la competencia perfecta, en lugar de estar
dominados por un puñado de grandes corporaciones que operan en condiciones de
oligopolio, con densas conexiones accionariales que generan una inextricable
malla de intereses cruzados y opacos.
En mi opinión, los grandes
desafíos que tienen por delante las economías comunitarias, sobre todo las más
débiles, necesitan de una intervención rotunda, decisiva y estratégica del
Estado; justo lo contrario de lo postulado desde las tribunas neoliberales y de
la orientación de las denominadas políticas de austeridad. Para la provisión de
servicios públicos que detengan la creciente fractura social; para la
implementación de una reforma fiscal progresiva que permita obtener recursos
necesarios para sostener las políticas públicas; para promover una profunda
renovación y modernización de las capacidades productivas con criterios de
sostenibilidad; para la desactivación del potencial desestabilizador de los
mercados financieros; para la reversión de las reformas laborales que han
entregado el poder a empresarios y patronales; para la configuración de un polo
financiero público que, liberado de las servidumbres actuales (entregar
recursos a los bancos privados sin contrapartida alguna en cuanto a la
utilización que se hace de los mismos), haga posible sostener una política de
reconstrucción del tejido productivo y social; y para abrir un proceso de
reestructuración de la deuda pública que, necesariamente, supondrá que
los grandes acreedores asuman una parte del coste y que, posiblemente,
implicará la denuncia de otra parte como ilegítima.
Reivindico sin complejos, incluso
con urgencia, al Estado como actor decisivo en una estrategia de superación de
la crisis, sin que ello signifique aceptar o cargar con la parálisis, la
corrupción y el desprecio hacia la ciudadanía que recorre las actuales
instituciones estatales y a buena parte de la clase política. Por todo ello, se
impone, es una exigencia de una agenda de estas características, una amplia y
profunda refundación democrática de los espacios públicos y de la política, una
acción social y ciudadana que permita expresar y canalizar las demandas de la
mayoría, ahora ignoradas en el contexto de una inercia con tonos crecientemente
antidemocráticos.
Disponible en:
La CNMV se da cuenta ahora de que la banca vende productos complejos al pequeño inversor
Público.es, 20/06/2014.
El organismo supervisor de la
bolsa prepara una circular, que será de obligado cumplimiento, para que los
emisores indiquen el grado de riesgo de cada producto financiero complejo
con un sistema de banderas, de modo que la gente sepa en todo momento lo que
compra. Así lo ha anunciado la responsable del organismo que vigila el
mercado bursátil, Elvira Rodríguez, en un curso organizado por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en colaboración con la
Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), y patrocinado por
BBVA. La presidenta de la CNMV ha subrayado que esa circular persigue que tanto
inversores minoristas como institucionales sepan lo que compran.
A modo de ejemplo, Elvira
Rodríguez ha indicado además que en la actualidad existe una emisión de un
producto que está comercializando la banca privada, y que por tanto no es
masivo, que puede resultar "poco adecuado" para su comercialización.
"El mercado no está actualmente para emisiones masivas", afirmó la
presidenta del organismo supervisor, quien ha asegurado que la CNMV vigilará
para que se produzca la adecuada transparencia en todos los productos.
Sobre la nueva circular, la
responsable del supervisor bursátil ha explicado que se trata de un sistema de
clasificación objetiva del riesgo que determine qué productos no son adecuados
para inversores minoristas. Eso no significa, ha añadido, que posteriormente no
puedan comprarlos, pero sí que estén siempre informados con detalle de sus
características. Además, el organismo determinará la obligación de que los
productos con retribución variable se acompañen de un esquema de previsión de
estos rendimientos.
La presidenta de la CNMV no ve
probable que en el ámbito europeo se opte por prohibir que sea el emisor el
mismo que comercializa una emisión de gran tamaño. Pero en cualquier caso si
coinciden el emisor y el comercializador de una emisión "muy potente"
habrá que hacer un seguimiento desde el primer momento. Es preciso escuchar,
intervenir en la documentación, y más que prohibir o no prohibir lo que hay que
ver es si se trata de una emisión adecuada para particulares: lo que hay que
hacer es "objetivar" y dejar claro si un producto te puede hacer
perder el 25% de lo invertido.
Dicho esto, Rodríguez ha
asegurado que la preocupación de la CNMV es que "no dejar que los
monstruos crezcan, como sucedió en la etapa anterior, en la que parece
sorprendente que las hipotecas subprime dieran lugar a una crisis
mundial".
Pese a ello, la presidenta de la
CNMV ha considerado que las participaciones preferentes no se habrían prohibido
aunque el organismo supervisor hubiese tenido competencias para hacerlo, sino
que habría intentado clarificar la situación a los inversores minoristas.
Rodríguez ha explicado que la labor supervisora se hubiera centrado en
dilucidar si el público objetivo de este producto era "ahorrador de
libreta".
Para la presidenta del organismo
supervisor, la comercialización de preferentes ha sido un caso
"desgraciado", ya que ha considerado que se dieron
"todas las circunstancias posibles para que fuera un fiasco para muchos
inversores". Rodríguez ha concentrado este "fiasco" en los
preferentistas de las cajas de ahorros intervenidas y ha aclarado que los
titulares de estos productos de BBVA, Telefónica o La Caixa "no han
perdido dinero". "No era un mal producto", ha señalado.
En cuanto a la masiva venta de
acciones de Bankia en los días previos a la admisión a
negociación de los valores procedentes de la ampliación de capital de la
entidad, la presidenta de la CNMV ha indicado que "no ha venido mal"
abrir esta investigación, en un proceso que ha sido coordinado entre varios
supervisores. "No nos ha venido nada mal para que se perciba que los
supervisores nos tomamos en serio las ventas a corto", ha explicado.
Con todo, la presidenta de la
CNMV ha enfatizado que para llevar a cabo todas estas labores es
preciso engordar las plantillas del organismo y mejorar salarios. En
este sentido, ha asegurado que el 40% de los técnicos tienen "un salario
deprimido", puesto que se trata en muchos casos de personal joven al que
le han afectado las congelaciones. Además, Rodríguez ha dicho que la CNMV tiene
menos plantilla que hace tres años, puesto que, a pesar de haber incorporado
personal recientemente, éstos nuevos empleados no han compensado las bajas por
jubilación sufridas.
Así, tras asegurar que tiene
"envidia sana" del personal con el que cuenta el Banco de España, ha
lanzado un mensaje al Ministerio de Hacienda y ha recalcado que la CNMV
"cada vez tiene más obligaciones" y que eso se saca adelante
"con personal en buena medida". "La CNMV ya ha cumplido 25 años
y ya tiene edad suficiente para saber qué necesitamos", ha concluido.
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sábado, 21 de junio de 2014
Dexia, cómplice de gravísimas violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados por Israel
Por Eric Toussaint , Renaud Vivien y Robin Delobel
CADTM, 04/06/2014.
En 2001, el grupo Dexia (Dexia S.A.) tomó el control del
banco israelí « Otzar Hashilton Hamekomi» . Está comprobado que esta filial
–Dexia Israel- financia las colonias en los Territorios Palestinos
Ocupados |1|, lo que convierte al grupo Dexia en una
empresa comercial implicada en la ocupación de Palestina. Como declara la
plataforma «Palestina ocupada Dexia implicada», «la financiación de las colonias
viola el derecho internacional, en particular la IV Convención de Ginebra cuyo
artículo 49 estipula que «la potencia ocupante no podrá proceder a la
deportación o a la transferencia de una parte de su propia población civil a
los territorios ocupados por ella» |2|.
Por lo tanto se puede responsabilizar al grupo Dexia de
violación del derecho internacional, así como a los Estados belga y francés,
principales accionistas de Dexia. En 2008, el administrador delegado de Dexia,
Pierre Mariani, se justificaba proclamando que las inversiones de Dexia Israel
representaban un pequeño porcentaje de los créditos concedidos por el banco (el
1%). Sin embargo esos préstamos continúan financiando el desarrollo de colonias
en Cisjordania y Jerusalén. Además, como Dexia Israel ha experimentado un gran
crecimiento, el montante de los financiamientos de las colonias ha aumentados
proporcionalmente. Pierre Mariani, cuyos argumentos asumió el banco,
consideraba que las colonias son simples comunidades israelíes mientras el
Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado la política de ocupación israelí en
numerosas ocasiones.
Gracias a las acciones llevadas a cabo por la plataforma
«Palestina ocupada Dexia implicada» |3|,
que agrupa a más de 30 comunidades, asociaciones, partidos políticos y
sindicatos, los dirigentes de Dexia son interpelados regularmente con respecto
a Dexia Israel. Todos los años se les cuestiona en la asamblea general.
Otro personaje responsable de las actuaciones de Dexia
Israel fue Jean-Luc Dehaene, antiguo primer ministro belga fallecido en mayo de
2014. Aunque todos los medios de comunicación del país han multiplicado los
elogios sobre su carrera, Jean-Luc Dehaene desempeñó un papel eminentemente
nefasto en el asunto Dexia y en octubre de 2011 rechazó cualquier
responsabilidad en el naufragio de Dexia |4|.
Sin embargo fue el Gobierno del cual Dehaene fue primer
ministro el que decidió la privatización de este banco en 1996 e instauró la
desregulación bancaria en Bélgica. En 1996 vendió Dexia al sector privado por
750 millones de euros. Se convirtió en presidente de Dexia en 2008 tras el
rescate, que solo benefició al banco y no mejoró en absoluto la situación problemática
de la banca. Se alineó con las posiciones de Pierre Mariani, favoreciendo
incluso la subida de salario de este último (un millón de euros al año). Una
vez fuera, Jean-Luc Dehaene solo se defendió arrojando la responsabilidad sobre
sus predecesores al frente de Dexia |5|.
A las preguntas planteadas en la Asamblea General de mayo de
2009 respondió que las colonias –que no quiso nombrar como tales y utilizó la
expresión «entidades cuestionadas»- no serían financiadas por Dexia en
Cisjordania en el futuro. Con respecto a la ocupación de Jerusalén Oriental
afirmó que Dexia no consideraba esa ciudad territorio ocupado cuando la zona
oriental de la ciudad está reconocida como tal por la comunidad internacional
en la resolución 476 del Consejo de Seguridad de la ONU votada en 1980 |6|.
Al contrario de las declaraciones de Jean-Luc Dehaene, se
concedieron nuevos préstamos en junio de 2009. En la asamblea general de Dexia
de mayo de 2011, el antiguo primer ministro declaró que Dexia Israel se había
vendido en verano. Las declaraciones, una vez más, no se respetaron. Dexia
continúa claramente financiando la ocupación como declaró en 2013 Richard Falk,
el Relator Especial sobre la «situación de los derechos humanos en los
territorios palestinos ocupados desde 1967».
En efecto, el 29 de octubre de 2013, Falk presentó su
informe en la Asamblea General de las Naciones Unidas |7|. Un informe abrumador para Dexia S.A. y sus
accionistas: Bélgica y Francia. Comprobando el financiamiento de las colonias
ilegales en los territorios palestinos por Dexia S.A. a través de su filial
Dexia Israel, el Relator de la ONU exhortaba a esos dos Estados a acabar con
las actividades del banco en los territorios ocupados, a sancionar a los
responsables de Dexia y señalaba la posibilidad por parte de la Corte Penal
Internacional (CPI) de investigar la implicación del personal belga y francés
de Dexia en crímenes de guerra. El informe también afirmaba que Bélgica y
Francia podrían ser declaradas responsables de los daños causados por Dexia y
condenadas al pago de compensaciones y daños de guerra.
A pesar de esas graves acusaciones, Bélgica y Francia
continúan apoyando a Dexia Israel. Sus préstamos siguen siendo avalados por
ambos Estados y no se ha impuesto ninguna sanción. La colonización de los
territorios palestinos persiste y continúa manchada de sangre. Hace unas
semanas dos jóvenes palestinos de 16 y 17 años fueron asesinados a sangre fría
por el ejército israelí, el 15 de mayo, durante las manifestaciones en
conmemoración de la Nakba, el éxodo de los refugiados tras la creación del
Estado de Israel en 1948 |8|.
Notas
|1| David Kapah, director de Dexia Israel lo
declaró explícitamente en la Knesset, en una sesión de la comisión económica el
19 de junio de 2007.
|7| Leer el informe en: http://www.intal.be/files/20131021_... Ver también
el sitio de la campaña «Palestine occupée - Dexia impliquée» que agrupa en
Bélgica 85 organizaciones entre ellas el CADTM Bélgica. http://www.intal.be/fr/campagne/pal...
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viernes, 20 de junio de 2014
La banca española sólo ha devuelto 1.760 millones de euros de los 61.495 de ayuda financiera pública
FACUA, 3/06/2014
La ayuda financiera pública que
el Estado ha destinado a las entidades españolas desde que comenzó el proceso
de reestructuración, en mayo de 2009, asciende a 61.495 millones de euros, de
los que se han recuperado 1.760 millones, según informa 20minutos. Del
total de las ayudas, 7.942 millones han sido aportadas por el sector mediante
el Fondo de Garantía de Depósitos; en tanto que otros 14.475 millones han
correspondido al FROB, el fondo de rescate, según un comunicado hecho público
este jueves 13 de junio por el Banco de España.
Otros 1.135 millones han sido
préstamos de dinero público concedidos mediante la compra de bonos convertibles
contingentes, y otros 37.943 millones, inyecciones directas de capital por
parte del Estado. De las ayudas destinadas a la banca española entre 2009 y
2013, BFA Bankia se ha llevado la mayor parte, 22.424 millones de euros.
El organismo recuerda que estas
ayudas, que han sido aprobadas por la Comisión Europea, se han acordado "conforme
a los criterios" del órgano ejecutivo europeo. Además, dichos datos
actualizados por el Banco de España no hacen referencia a los procesos privados
de recapitalización y reestructuración que se han llevado a cabo por parte de
las entidades mediante ampliaciones de capital.
Los mismos datos indican que de
las ayudas que han sido destinadas a la banca española entre 2009 y 2013, BFA
Bankia se ha llevado la mayor parte, 22.424 millones de euros. Dichos datos no
tienen en cuenta la venta que se llevó a cabo del 7,5% de Bankia en febrero de
este año por 1.304 millones, que generó una plusvalía de 301 millones.
Por su parte, las ayudas
concedidas a CatalunyaBanc alcanzan 12.052 millones; y las de NCG Banco, 9.052
millones. Banca Cívica, integrada en Caixabank, recibió 977 millones en ayudas;
y Banco de Valencia, también integrado en la catalana, 5.498. El Banco de
España ha recordado que en abril de 2013, CaixaBank devolvió los 977 millones
que Banca Cívica recibió del FROB en forma de preferentes.
En el caso de Unnim, integrado en
BBVA, las ayudas fueron de 953 millones; y Caja3, también en el grupo Ibercaja
recibió 407 millones. Banco Sabadell recibió 5.249 millones, que fueron
inyectados en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) antes de ser comprada
por el banco, y otros 245 millones que recibió Banco Gallego. Liberbank recibió
1.864 millones; BMN, 1.645 millones y Banco Ceiss, integrado en Unicaja Banco,
1.129 millones.
Acciones compradas por el
Fondo de Garantía
En su nota, el Banco de España ha
recordado que el Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre de las
aportaciones de la banca, ha adquirido acciones de entidades nacionalizadas,
obtenidas por clientes minoristas en el canje de instrumentos híbridos
(preferentes y deuda subordinada) por 1.803 millones. En este sentido, ha
aclarado que está previsto la recuperación en valor actual de 225 millones.
Además, el FROB ha comprometido
el pago de 188 millones en la revisión del proceso de comercialización de
preferentes y deuda subordinada de Ceiss.
Por otro lado, ha destacado que
los avales concedidos por el Estado a las entidades alcanzaron los 103.436
millones, y a 30 de abril de 2013, ya se habían cancelado 71.350 millones, por
lo que quedan por cancelar 32.086 millones. Por último, en cuanto a los
esquemas de protección de activos, su pérdida esperada, a 31 de diciembre,
alcanzaba los 8.337 millones de euros (7.888 millones en valor presente). Así,
el importe nominal máximo de la garantía asumida por el FROB y el Fondo de
Garantía, y por lo tanto, la pérdida total máxima esperada en el periodo de
vigencia de estos (2022) es en valor nominal de 28.667 millones. Por último, ha
recordado que el FROB aportó 2.192 millones de capital a Sareb.
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