jueves, 31 de diciembre de 2015

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La banca pública en España: diagnóstico y propuestas de actuación



Por Fernando Heredia García
Pueblos. Revista de Información y Debate, 10/12/2015.

A la hora de abordar cualquier debate de índole económica, pocos conceptos han sido, y de hecho son, más controvertidos y discutidos que el de banca pública. Es innegable que sea así debido a la elevada carga ideológica que intrínsecamente posee, como ocurre con muchos otros conceptos económicos. Sin embargo, la reciente crisis financiera internacional ha puesto de manifiesto una característica esencial del sistema económico capitalista en el que actualmente vivimos: el crédito es un pilar fundamental dentro del proceso de acumulación capitalista. Y esta reciente crisis financiera ha servido para demostrar, una vez más, que quien controla el sistema financiero es capaz de controlar el resto de la economía.

Las personas extranjeras se encuentran entre los grupos sociales más vulnerables, no sólo por su estatuto jurídico de segundo nivel en relación con las nacionales, sino también por la existencia de posibles barreras de hecho, como el desconocimiento del idioma del Estado en el que viven o la xenofobia. Esta vulnerabilidad se acrecienta en el caso de las personas extranjeras en situación irregular. Muchas veces son víctimas de violaciones que no denuncian por miedo a sufrir represalias o a ser deportados. Además, la pasión por la seguridad (que últimamente recorre las venas de muchos líderes políticos) extiende un manto de sospecha sobre las personas de determinadas nacionalidades o rasgos étnicos.

Como suele ocurrir en todas las etapas económicamente difíciles, ahora se han puesto de relieve deficiencias estructurales que ya existían anteriormente. Entre ellas está la mayoritaria apropiación en manos privadas del sistema crediticio a nivel internacional, constituyendo ésta la principal vía de financiación de cualquier actividad económica. Eso ha provocado, en primer lugar, la consecuente paralización del crédito al resto de sectores, con la evidente paralización de las demás actividades a nivel general. Además, el dejar en manos privadas la capacidad de otorgar créditos al resto de la economía ha favorecido la agrupación de entidades financieras en grandes corporaciones con sobrada capacidad para imponer sus propios intereses. Finalmente, este exponencial aumento de tamaño de las entidades bancarias ha provocado que se eleve a la categoría de dogma la afirmación del too big to fail (demasiado grandes para caer).

En consecuencia, resulta bastante evidente que es pertinente otorgar más importancia y visibilidad al debate acerca de la conveniencia de una banca pública capaz de actuar bajo una lógica diferente a la de la banca privada.

¿Qué se entiende por banca pública?

Es oportuno aclarar que, en general, la terminología acerca de la banca pública en la literatura económica es notablemente confusa. Por ello, aquí se adoptará por válida la definición que realiza el economista Alberto Montero en el Diccionario crítico de empresas transnacionales, donde afirma que la banca pública es “una institución crediticia en la que el control y la gestión están en manos de alguna administración pública o del Estado”[1].

Una vez aclarado, se pueden enunciar dos condiciones esenciales que toda entidad de banca pública debe poseer para ser denominada como tal. Primero, debe tener la posibilidad de captar fondos del público en general (en este caso, fundamentalmente ciudadanía y empresas), así como otorgar créditos a los agentes económicos que lo demanden. En segundo lugar, un poder público debe ser el encargado de controlar y gestionar las operaciones bancarias, independientemente de la naturaleza público-privada de los fondos constituyentes de dicha entidad.

Llegados a este punto, sería interesante analizar el recorrido histórico reciente que han experimentado las cajas de ahorros en España. No obstante, en este artículo este asunto se dejará de lado para así poder detallar con mayor énfasis los motivos acerca de por qué es pertinente impulsar la creación de una banca pública en España, así como las principales vías sobre las que se puede actuar.

Razones y vías de actuación

En la historia de la banca pública española, las últimas décadas no han sido muy favorables. De hecho, desde finales de los años 80 se han producido dos fenómenos de gran magnitud en el sistema financiero español: grandes privatizaciones (siendo la de Argentaria la más importante) y desregulación de dicho sistema financiero, con el consiguiente aumento de la concentración de una gran cuota de mercado en manos de pocas entidades. Desde diversos organismos oficiales[2] se ha alertado repetidamente de la nefasta situación del sector financiero español en términos de competitividad y concentración bancaria.

Así las cosas, existen diversos casos de éxito que demuestran que la inclusión de entidades públicas bancarias puede ser muy beneficiosa para el resto de agentes económicos. Basta citar ejemplos como el de los Landesbank en Alemania, responsables de la casi totalidad del crédito a las pequeñas y medianas empresas alemanas desde hace varias décadas; el Bank of North Dakota, al que se le atribuye por parte de diversos autores gran protagonismo en el histórico superávit presupuestario experimentado por dicho estado norteamericano; y el BNDES[3] en Brasil, criticriticado duramente por su participación en proyectos poco respetuosos con el medio ambiente pero con un papel básico a la hora de otorgar financiación a agentes económicos sin posibilidad de acceso a las vías tradicionales de financiación.

En este contexto, se expone a continuación una batería de razones, clasificadas en tres ámbitos (económico, social y democrático), con las que se pretende responder a la cuestión de por qué sería necesaria una banca pública en España.

Razones económicas:

1) Contar con una banca pública reduciría las dificultades con las que se encuentra cualquier gobierno a la hora de hacer frente a una crisis financiera, facilitando la ejecución de políticas crediticias contracíclicas. En la última crisis financiera, uno de los grandes obstáculos que han existido para reactivar el crédito ha sido la desconfianza hacia los bancos. Si existe una banca pública fuerte no hay lugar para una crisis de confianza bancaria, al estar sus activos respaldados mediante garantías y recursos públicos.

2) Se reduce el riesgo sistémico impulsado por la visión cortoplacista de las inversiones bancarias privadas. En un contexto de creciente financiarización, la presión por la constante valorización de las inversiones accionariales condiciona a los bancos a emplear sus fondos en operaciones especulativas, lo cual incrementa el riesgo sistémico, lo cual aumenta a su vez la posibilidad de una nueva crisis financiera a corto plazo.

3) Pequeñas y Medianas Empresas (COPYME) ha expresado recientemente su adhesión al movimiento de banca pública[4] . La concesión de créditos a un menor interés, con elevados periodos de carencia o ligados a los resultados empresariales, son experiencias que ya se han puesto en práctica en otros países con resultados muy exitosos para garantizar la actividad de las pequeñas y medianas empresas.

4) La concentración de poder por parte de unas pocas firmas en un determinado mercado es uno de los peores indicadores económicos a la luz de la experiencia histórica. De esta forma, la instauración de una banca pública potente se posicionaría como contrapeso a la banca privada. Además, la reducción del nivel de concentración de capital favorecería una distribución de la renta más equitativa en tanto que es posible reutilizar los propios fondos captados por las entidades de banca pública en la concesión de créditos a familias y empresas.

Razones democráticas:

1) Una banca pública facilitaría la democratización de la economía. Mediante la instauración de una banca pública con participación de los distintos colectivos que conforman la ciudadanía se promueve una mayor transparencia y eficiencia en la práctica bancaria, así como un mayor acceso al crédito de sectores vulnerables. Sería carente de toda lógica que una entidad bancaria pública, de la que dependen los fondos de una parte de la ciudadanía, careciese de una representación directa ciudadana. Por ello, funcionando bajo la consecución de metas sociales en detrimento de objetivos puramente financieros, se aporta un contrapeso fundamental para incrementar el nivel de democracia en la economía.

Razones sociales:

1) Al crear una banca pública donde el crédito tenga una clara utilidad social, se hace frente de manera directa a la marginación financiera tanto de familias como de pequeñas y medianas empresas. De hecho, los efectos colaterales de una situación de marginación financiera sobrepasan cualquier ámbito puramente económico.

2) La banca pública puede garantizar proyectos sociales. Se torna indispensable recuperar los criterios de rentabilidad social y medioambiental a la hora de priorizar la consecución de proyectos por parte de la banca pública, entendiendo así a la banca pública como un posible agente de transformación de la realidad social y ciudadana.

Una propuesta concreta de actuación

Para avanzar hacia una banca pública sería necesario avanzar en cinco ejes fundamentales:

1) Nacionalización de cajas de ahorros y bancos rescatados con fondos públicos. Toda la ayuda ofrecida a la banca privada por parte del sector público se convertiría inmediatamente en acciones, convirtiendo a dichas entidades salvadas de la quiebra con recursos públicos en el primer pilar para una banca pública potente y con presencia nacional.

2) Auditoría pública de las cuentas de las entidades financieras rescatadas, para establecer un plan de saneamiento mucho más efectivo que el realizado hasta la fecha. Dicha auditoría sería realizada por técnicos de la administración pública no vinculados a ninguna entidad financiera privada.

3) Una banca pública bajo una lógica de funcionamiento y rentabilidad social frente a objetivos exclusivamente financieros, con un modelo de gestión que excluya cualquier tipo de operación especulativa, así como la operativa en paraísos fiscales.

4) La participación y rendimiento público de cuentas como elementos cruciales de funcionamiento. Es fundamental la inclusión de colectivos de todas las capas sociales en el proceso de toma de decisiones de dicha entidad, con una gestión de fondos públicos que sea totalmente transparente para la ciudadanía.

5) Introducción de criterios socioecológicos como elementos decisivos a la hora de otorgar financiación. Entre los medios de actuación para conseguirlo, avanzamos los siguientes: conversión en acciones de las ayudas públicas destinadas a la banca; obligación por ley de rendir cuentas anual y públicamente; elección transparente y con representación ciudadana de los miembros del consejo de administración; cese y prohibición inmediata de operaciones en paraísos fiscales; creación de un parque inmobiliario público, continuidad de la obra social de las anteriores cajas de ahorros, y, por último, comprensión de la banca pública como mecanismo clave de la política económica nacional.

Al existir un ente financiero público, el gobierno cuenta con una herramienta potentísima de política económica. De hecho, mediante dicha banca pública se pueden articular de forma muy efectiva los objetivos de desarrollo económico de una determinada región o colectivo social gracias al control integral de dicha entidad. Del mismo modo, la gestión y recaudación fiscal ve reducida considerablemente su coste al ser llevada a cabo por una entidad pública y no vía bancos privados.

Es importante detallar que el espíritu de dicha propuesta se basa en una concepción del sistema bancario, y concretamente el crediticio, como un servicio de primera necesidad y no al servicio de intereses especulativos. Así, se realiza bajo una visión de la banca pública como un elemento de cambio fundamental a la hora de transitar hacia un modelo económico y social más sostenible en toda su amplitud. En otras palabras: se apuesta por un determinada banca pública desde la que no se promueva la continuación del actual modelo de crecimiento que perpetúe la coexistencia de efectos negativos sobre infinidad de ámbitos como el ecológico o el social, por citar sólo algunos.

NOTAS:

     - Montero Soler, Alberto (2012): “Banca pública”, en Hernández Zubizarreta, J.; González, E. y Ramiro, P. Diccionario crítico de empresas transnacionales, Icaria, Barcelona, pp. 47-49.
     - “La concentración bancaria en España alcanza su máxima cota histórica”, Cinco Días, 27 de enero de 2013.
     -  Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. 
     - Copyme se adhiere al manifiesto de Bankia Pública. http://bancapublica.info/copyme-se-adhiere-al-manifiesto-debankia-publica/

Disponible en:

martes, 29 de diciembre de 2015

Los amigos de Rajoy


El ICF y la EAPB reivindican el papel de la banca pública europea en la salida de la crisis



Comunicado de prensa del Institut Català de Finances, 10/11/15


Ponen de relieve el papel de los bancos públicos de inversión y de fomento para apoyar la inversión privada en el actual período de impulso económico, en un congreso celebrado hoy en Barcelona. El secretario general de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Albert Carreras, reconoce el trabajo del ICF durante sus 30 años de vida para facilitar la financiación a las pymes.

Los bancos públicos de inversión y de fomento europeos han demostrado su capacidad para responder rápidamente a la drástica reducción de acceso a la financiación que se produjo durante los años de la crisis, gracias a la oferta de instrumentos financieros que pusieron a la disposición de empresas e instituciones como préstamos para circulante, avales para pymes y préstamos globales para bancos asociados, entre otros. Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del congreso organizado conjuntamente por la Asociación Europea de Bancos Públicos (EAPB) y el Institut Català de Finances (ICF) que se ha realizado hoy en el recinto modernista de Sant Pau en Barcelona.

Los bancos públicos de inversión y de fomento nacionales y regionales son instrumentos de política pública que tienen como principal misión apoyar a los objetivos económicos, sociales y políticos de sus autoridades competentes. En este sentido, pueden desarrollar un papel muy importante a la hora de movilizar financiación privada y optimizar la inversión pública, ya que están fuertemente arrelados a sus regiones, conocen la economía local, el territorio, los municipios, y las necesidades de las pequeñas y medianas empresas.

Según la EAPB, la crisis ha puesto de manifiesto que los países y regiones que no tenían bancos públicos de inversión y de fomento han sido incapaces, sin ayuda de terceros, de bastir con la debida celeridad una estructura de promoción financiera suficiente para afrontar los acontecimientos. En este sentido, la Asociación reclama la necesidad que este tipo de instituciones de promoción financiera existiesen de forma permanente y su importancia a la hora de apoyar la inversión privada en el actual período de impulso económico.

Durante la jornada celebrada hoy en Barcelona se ha puesto de manifiesto que en los últimos años se han creado un gran número de este tipo de entidades en países que hasta el momento no tenían. Este es el caso, por ejemplo, del Reino Unido con el British Business Bank, el Estrategic Banking Corporation of Ireland (SBCI) en Irlanda, o el Banque Publique d’Investissement (BPI) y la Société de financement local et des exportations (SFIL) en Francia. Grecia, Malta, Rumanía y varias regiones de Italia también proveen fundar nuevos bancos públicos.

Carreras y Restoy inauguran el congreso

El secretario general de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Albert Carreras, y el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, han abierto la jornada, después de las palabras de bienvenida del conseller delegat del ICF, Josep Ramon Sanromà. Carreras ha destacado que “después de la crisis de los últimos años podemos poner la maquinaria en marcha” para ofrecer más productos de financiación a través del ICF, “con el objetivo de que aumente la demanda y cambie el panorama empresarial”. Carreras ha añadido que las actuaciones de los reguladores europeos han permitido aumentar la liquidez en manos de los mercados, “pero con una normativa más estricta que nunca” para evitar que se vuelvan a generar burbujas”. El secretario general también ha repasado la actividad del ICF, que este año celebra 30 años, y ha destacado el esfuerzo realizado “para compensar los problemas de financiación de los últimos años y realizar una tasca contracíclica” durante la reciente crisis.

Por otro lado, Fernando Restoy ha centrado su intervención en repasar la evolución de la demanda de crédito desde el inicio de la crisis el 2007, que en el caso de los hogares españoles se redujo en un 80%, un 20% más que la mediana europea. La contracción en el caso de las pymes va ser aún más elevada, convirtiéndose en el segmento de la red empresarial que ha sufrido más la falta de financiación. Restoy ha hablado de la importancia de los bancos públicos de inversión, “teniendo en cuenta que desde 2013 las pymes han mejorado su acceso al crédito”. Aun así, el subgobernador ha insistido en la necesidad de mantener el ritmo de reformas para consolidar el trabajo hecho y “reducir la volatilidad de los ciclos económicos y financieros”. Para conseguirlo, ha remarcado que el Banco de España “está trabajando en una circular para mejorar los sistemas de concesión de crédito a les pymes viables”.      

El papel de la banca pública, el BEI y su participación en el Pla Juncker

Esta mañana los participantes de la jornada también han valorado el reconocimiento de la Comisión Europea en relación al papel de la banca pública en la promoción de la movilización de la financiación privada. La CE destaca sobre todo el arraigo de estas entidades en sus regiones, el conocimiento de la economía local, y el territorio, los municipios y las pymes. La participación de los National/Regional Promotional Banks (NPBs) al denominado Plan Juncker (Plan de Inversiones para Europa) es un buen ejemplo. El 25 de junio el Parlamento europeo aprobó la constitución del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), que forma parte del plan para movilizar más de 315.000 millones de euros en proyectos públicos y privados, con el objetivo de afianzar la competitividad a largo plazo a través de proyectos que difícilmente encontrarían financiación privada directa.

En la Jornada se ha recordado que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) se convertirá en el pilar central del Plan Juncker, que se debe implementar durante los siguientes meses. De esta forma, el BEI tiene que aportar valor añadido y garantías a los proyectos que seguramente no se cubrirían sin el FEIE. Sin querer intervenir y dirigir la realidad económica, los bancos públicos de inversión/fomento son instrumentos de política pública, y dan apoyo a los objetivos económicos de las administraciones. Se trata de mitigar en la medida de lo posible las limitaciones del mercado financiero privado en productos como préstamos de circulante, avales de préstamos para pymes, préstamos globales para bancos asociados, instrumentos de capital y contra-garantías. Todas estas figuras financieras sirven para impulsar diferentes tipos de proyectos:

   - Inversión en el desarrollo de infraestructuras de transporte o de energía.
   - Expansión de las energías renovables y de la eficiencia energética.
   - Desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, de infraestructuras digitales, de telecomunicación, de redes de banda ancha, inversión en innovación, investigación y desarrollo, inversión en educación, formación y dotes de emprendeduría, inversión en industrias culturales y creativas.
   - Inversión en proyectos e infraestructuras en el ámbito de la protección medioambiental.
  - Apoyo financiero, incluida la provisión de financiación de circulante para pymes, start-ups, spin-offs y empresas de pequeña y/o media capitalización
   - Otras áreas con fallos de mercado o vacíos considerables.

Cooperación con bancos privados para conseguir un efecto multiplicador

Los bancos públicos de inversión/fomento se financian mayoritariamente en los mercados de capital, aunque en muchos casos también pueden disponer de fondos públicos europeos o nacionales para programas de desarrollo. Su principal objetivo es ayudar a estabilizar el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad, a la vez que incrementan la capacidad potencial de crecimiento de las economías en las cuales participan. En particular, este tipo de entidades ejercen un papel bastante activo a la hora de financiar ciertas áreas a las que se dirigen políticas de desarrollo regionales, nacionales o europeas.

A diferencia de la banca privada, la pública no opera de acuerdo con los principios lucrativos de optimización de beneficios y puede invertir a más largo plazo. De esta manera permite que se lleven a cabo proyectos de inversión indispensables. Además, involucran actores del sector financiero privado -a partir de la coinversión, la mediación o la creación de consorcios financieros para participar en operaciones sindicadas-, que pueden aumentar la eficiencia del gasto público, consiguiendo un efecto multiplicador. Con respecto a su abanico de productos, los bancos públicos y de fomento ofrecen un conjunto establecido de instrumentos que van desde préstamos para inversión y circulante, avales para pequeñas y medianas empresas, préstamos globales para bancos asociados, instrumentos de capital y contra-garantías, entre otros.

La regulación europea y el marco legal

Otro de los temas que se ha puesto sobre la mesa durante esta conferencia es el marco legal por el cual se rigen este tipo de entidades. Según la EAPB, sus entidades se tendrían que guiar principalmente por los requisitos y supervisiones nacionales y por la legislación europea hasta el punto que determinen las autoridades nacionales, siempre dependiendo de las características específicas de cada una de las instituciones. La Asociación pero ha alertado de que es posible que cualquier regulación europea que intente encontrar una solución genérica y estandarizada para todas las entidades, acabe comprometiendo la capacidad de estas instituciones para cumplir con sus objetivos específicos de desarrollo.

La Asociación insiste que si bien los bancos públicos de fomento siguen las normas de mercado, también tienen que operar de acuerdo con los principios públicos.

EAPB

La European Association of Public Banks (EAPB), fundada el año 2000 y con sede en Bruselas (Bélgica), agrupa y representa cerca de un centenar de bancos, entidades financieras y asociaciones de bancos públicos de 17 países de toda Europa: Austria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Holanda, Noruega, Polonia, Eslovenia, España, Suecia y Macedonia.

Estos bancos y entidades financieras públicas suman unos activos globales de más de 3,5 billones de euros, 190.000 empleados y tienen una cuota de mercado próxima al 15% a nivel europeo.

El EAPB es una de las cuatro principales asociaciones del sector bancario a nivel europeo, junto con el European Banking Federation (EBF), el European Association of Cooperative Banks (EACB) y el European Savings Banks Group (ESBG).

ICF

El Institut Català de Finances (ICF) es una entidad financiera pública, fundada el año 1985 por la Generalitat de Catalunya. La misión del ICF es impulsar y facilitar el acceso a la financiación en el tejido empresarial de Cataluña, con el fin de contribuir al crecimiento de la economía catalana, actuando como complemento del sector financiero privado. Ofrece a las empresas diferentes productos y servicios vinculados a la financiación empresarial, centrados en la actividad crediticia y en la de capital riesgo.

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