sábado, 30 de mayo de 2015
Cuáles son las comisiones bancarias más abusivas y cómo evitarlas
Por Laura Delle Femmine
El País, 28/05/2015.
Un euro por un lado, dos por el otro, cientos a fin de
año: en 2014, las comisiones bancarias se encarecieron un 14,5% respecto al
año anterior, de acuerdo con ADICAE. Si se considera que desde 2011 se ha eliminado la
obligación de registrar en el supervisor los folletos de las tarifas aplicadas
y sus cuotas máximas, el panorama para los consumidores es aún más desolador:
la actual normativa establece que es suficiente con informar al cliente “sobre
las comisiones percibidas por operaciones y servicios más frecuentes”. Es
decir, que los bancos son libres de aplicar los importes que quieran, salvo que
cobren dos veces por el mismo servicio.
Como resultado, el consumidor
sigue siendo víctima de cobros elevados y de un sistema de
reclamaciones lejos de ser eficiente. Según la última Memoria de Reclamaciones del Banco de
España, durante 2013 se contabilizaron 34.645 quejas, un incremento
del 142,1% respecto al año anterior. Sin embargo, incluso cuando el supervisor
da la razón a los clientes, las entidades no están obligadas a recoger sus veredictos,
y en 2014 hicieron caso
omiso a cinco de cada seis solicitudes apoyadas por el Banco de España. El
mismo subgobernador del organismo ha admitido que el “sistema adolece de varios
problemas”, entre ellos la escasa agilidad y la falta de “involucración de
un tercero con capacidad de emitir un dictamen vinculante”, por lo que propone
que se estudie “la posibilidad de desarrollar [...] esquemas centralizados
y vinculantes de resolución de disputas”.
¿Cuáles son las comisiones más
abusivas?
De acuerdo con el último informe
de FACUA-Consumidores
en Acción —llevado a cabo entre julio y septiembre de 2014 tras
comparar las tarifas de 16 bancos—, el usuario tipo establecido para su estudio —sin nómina
domiciliada— paga en media 168,77 euros al año en comisiones. Las
entidades más caras resultaron ser Barclays (271,41 euros), adquirido por
CaixaBank, el Santander (248,40 euros), Unicaja (242,40 euros) y CaixaBank
(239,90 euros); las más baratas, ING Direct (25 euros) y Triodos Bank (30
euros). Entre las comisiones más abusivas, están las por sacar dinero del
cajero, realizar ingresos en ventanilla o recibir correspondencia.
Si nos siguen cobrando cuantías
que creemos exageradas o por conceptos que consideramos abusivos, aunque
tengamos nuestra nómina u otros recibos domiciliados, lo primero es
protestar en la oficina, mantiene Pardo de ADICAE, a través de una reclamación
escrita al servicio de atención o al defensor del cliente de la entidad, que
tiene dos meses para contestar. Si su resolución es favorable al consumidor, la
entidad tendrá que cumplirlo.
El abogado Francisco López Sorio alerta de
que es fundamental poder acreditar que hemos presentado una queja previa por
esta vía, al ser elemento indispensable para continuar con el trámite ante el
servicio de reclamaciones del Banco de España, adonde acudiremos si la
respuesta que hemos recibido —o su falta— no nos convence. El supervisor deberá
resolver la solicitud en un plazo máximo de cuatro meses, pero su veredicto no
es vinculante. La última vía es la judicial, y los expertos aconsejan
dirigirse a las asociaciones de consumidores, que cuentan con los medios para
emprender una causa colectiva —como en el reciente caso de las cláusulas suelo—
y tienen más probabilidades de que los clientes logren ver reconocidos sus
derechos.
Pagar por sacar del cajero. CaixaBank ha empezado a
cobrar dos euros a los usuarios que no sean sus clientes y saquen de uno de sus
9.683 cajeros, la red más extensa de España. Pese a que la Unión
Europea haya pedido “aclaraciones” sobre esta maniobra, otras
entidades españolas han anunciado estar estudiando aplicar la misma medida.
Actualmente, quien cobra la comisión mínima más cara para usar un cajero de la
misma red es Bankia —un 4% con un mínimo de 4 euros—, y para sacar de otra red
es Cajamar —un 5,5% y un mínimo de 5,5 euros—, según el comparador de comisiones de ADICAE, que permite confrontar las
comisiones al suponer que el cliente sea titular de una cuenta básica sin
ningún tipo de domiciliación. Para Manuel Pardo, presidente de la asociación,
esta decisión se inscribe en “la lucha interna” del sector contra los
operadores online y la pequeña banca que no dispone de cajeros en todo
el territorio.
Realizar ingresos en ventanilla. Antonio Gallardo, experto de iAhorro, explica que esta
comisión se está extendiendo a cada vez más entidades y responde a la
estrategia de “expulsar a los clientes de las oficinas” para incentivar el uso
de cajeros y medios online. “Lo cierto es que nos están cobrando
dos veces por el mismo servicio, y esta situación es aún más grave si
consideramos que durante la crisis muchas familias han quitado domiciliaciones
para evitar descubiertos”, asegura. De los grandes bancos, Bankia y Santander aplican la tarifa más cara —hasta tres euros—, de
acuerdo con ADICAE. Por su parte, los bancos se justifican aduciendo
que se genera un justificante “especial o adicional” al tener que indicar el
concepto de la operación.
Comisión por descubierto, cada vez más cara. “Las
comisiones máximas se mantienen estables, el truco está en las mínimas”,
explica Gallardo: “Si tienes un descubierto de 10 euros y el mínimo establecido
son 18, acabas pagando más”. De los grandes bancos, la comisión mínima más cara
es la de Banco Popular (20 euros), seguida por la de Santander (18 euros). La
entidad liderada por Ana Botín es también, entre los grandes bancos, la que más
cobra por notificar un descubierto: el importe alcanza los 39 euros, contra los
33 de media señalados por FACUA.
Gastos por correspondencia. Algunos bancos cobran para
enviar información relativa a nuestra cuenta, “normalmente el coste de un
sello”, dice Gallardo. “Lo hacen para que la gente utilice el canal online”,
asegura, “pero hay miles de mayores que no tienen Internet. Además, suelen
mandar muchas cartas con pequeños movimientos, cobrando por cada una de ellas”.
Las comisiones tienen que
responder a servicios efectivamente prestados
Tarjetas de crédito. Al tener domiciliada la nómina u
otros ingresos, o usar el plástico un número mínimo de veces, los bancos no nos
suelen cobrar para disponer de una tarjeta de crédito. Al no cumplir con
estos requisitos, la entidad más cara es Barclays, con un coste de
mantenimiento anual de 80 euros; entre los grandes bancos españoles, los más
caros son CaixaBank (45 euros) y el banco online de Sabadell,
ActivoBank (43 euros), según se desprende del comparador de comisiones de
ADICAE.
Mantenimiento y apuntes en cuenta. La comisión por
el mantenimiento de la cuenta puede llegar hasta los 120 euros anuales, cuantía
aplicada por el Banco Popular, si no hay ninguna domiciliación. Sabadell cobra
60 euros, lo mismo que Bankia y Santander. Los demás grandes bancos exigen
cantidades inferiores a los 50 euros. La comisión por apuntes en cuenta es otra
de las “sacaperras” de las entidades: por cada movimiento en nuestra cuenta,
hay bancos que nos cobran entre 0,50 y 0,60 céntimos de euro.
¿Cómo podemos defendernos?
Las entidades retiran gran parte
de las comisiones cuando el cliente domicilia la nómina, se compromete a
ingresar un determinado importe cada mes o vincula una cantidad ingente como un
depósito o un plan de pensiones. Por ejemplo, el último
producto diseñado por el Santander, la Cuenta 1,2,3, no solo reduce
las comisiones —el mantenimiento mensual son 3 euros y otros tres para la
tarjeta—, sino que promete rentabilidades entre el 1% y el 3% según el
saldo —que puede oscilar entre 1.000 y 15.000 euros—, y ofrece
bonificaciones sobre impuestos, seguros y otras cuotas hasta un máximo de 110
euros mensuales, a cambio que el cliente aumente su vinculación con la
entidad. “Es importante que la ausencia de comisiones se establezca
de forma contractual”, puntualiza Gallardo. El experto también recomienda
privilegiar el canal virtual para reducir gastos, tanto para realizar
operaciones como para recibir la correspondencia.
Según la normativa
sobre transparencia y protección del cliente de servicios bancarios,
“solo podrán percibirse comisiones [...] por servicios solicitados en firme o
aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios
efectivamente prestados o a gastos habidos”. En caso de modificaciones
unilaterales en la política de comisiones, la entidad tendrá que comunicar los
cambios al cliente con dos meses de antelación. Asimismo, si hemos tenido que
abrir una cuenta para acceder a otros servicios, como contratar una hipoteca, el Banco de España considera que “no corresponde a los clientes soportar
ninguna comisión por mantenimiento y/o administración [...], pues
conduciría al absurdo de que el cliente pague por cumplir una obligación
—apertura de cuenta para facilitar la gestión de la entidad— que esta le impuso
en interés propio”.
Disponible en:
ADICAE reclama a la Comisaria Europea de Competencia investigar la situación en España en banca, energía y telecomunicaciones
ADICAE, 19/05/2015.
ADICAE considera que las
instituciones españolas “hacen la estatua” frente a una realidad que afecta
negativamente a millones de consumidores, la ausencia efectiva de competencia
real en tres grandes sectores determinantes para la calidad de vida de los
ciudadanos: banca, energía y telecomunicaciones.
A pesar del desolador panorama
que los datos ponen de manifiesto en un proceso gradual de concentración de los
agentes que intervienen en estos sectores, ninguna medida correctora, ni de
garantías para los consumidores, ha sido adoptada ni planteada hasta el
momento.
Telefónica, Vodafone (Ono
incluída) y Orange (que adquiere ahora a Jazztel) concentran más del 90% del
mercado de telecomunicaciones;
el 89% del mercado doméstico de electricidad
y gas está en manos de Iberdrola, Endesa y Gas
Natural Fenosa; y Caixabank, BBVA, Santander, Bankia, Popular y Sabadell controlan
ya el 70% del mercado bancario español en un proceso en el que se augura que
continuarán las fusiones y adquisiciones y el grado de concentración.
ADICAE
destaca que los efectos de esta realidad son claros y concretos, y se expresan
en diferentes vertientes. Por un lado en el precio: el de la electricidad se
incrementa de manera superior en comparación con otros países de la Unión
Europea, y mientras el coste del crédito es en España superior a la media de la
Unión Europea la remuneración de los depósitos está por debajo de la media
comunitaria.
Por otra parte la calidad de los
servicios se resiente de esta falta de competencia, como muestran diferentes
informes de la Comisión Europea relativos a la velocidad de conexión y
cobertura en los servicios de Internet.
Finalmente las prácticas de
comercialización (donde en los tres sectores citados los problemas y abusos son
constantes y reiterados) y las condiciones de contratación (desde la imposición
de productos accesorios no solicitados ni deseados hasta una creciente
oscuridad y complejidad en nada ajena a la falta de competencia) son otra de
las consecuencias que ADICAE señala.
Ante esta situación ADICAE
trasladará a la Comisaria europea de Competencia la necesidad de analizar en
profundidad la situación en España, pues junto al desarrollo del Mercado Único
Digital que pretende impulsar la Comisión es necesario adoptar medidas
correctoras sin las cuales la realidad de la competencia en la UE se verá
gravemente impedida y limitada, en detrimento de los consumidores.
Disponible en:
jueves, 28 de mayo de 2015
Un directivo de Banco Santander reconoce en la Audiencia Nacional que hubo malas prácticas en la venta de los Valores
Por Pilar Blázquez
El diario.es, 25/05/2015.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha tomado
declaración esta mañana al primero de los cargos de Banco Santander imputado
por la comercialización de los bonos convertibles comercializados en 2007 bajo
el nombre comercial de Valores Santander que atraparon a 129.000 ahorradores,
muchos de ellos particulares que pensaban que estaban invirtiendo en un plazo
fijo.
Juan de Dios Fontecha, que en aquella época era
responsable de la Unidad de Control-División de Medios y Costes, ha respondido
al interrogatorio de la fiscalía y las acusaciones durante cerca de tres horas.
Es el primer impuntado por la querella que han interpuesto cerca de un centenar
de afectados por las irregularidades en la comercialización en 2007 de los
bonos convertibles lanzados por el banco para financiar la compra del holandés
ABN Amro.
Durante su interrogatorio
Fontecha han intentado justificar ante el juez que las irregularidades
detectadas en la venta de estos productos de inversión de alto riesgo solo son
producto de errores
puntuales de los empleados de las sucursales, pero que no responden
a órdenes dictadas por la alta dirección del banco, según informan
fuentes conocedoras del caso.
Sin embargo, Fontecha que ha
estado acompañado por dos abogados del despacho de Uría y Menéndez, entre ellos
el prestigioso penalista Jaime Alonso Gallo que defendía a la entidad
financiera, sí ha llegado a reconocer que el procedimiento ejecutado en las
oficinas no respondía con exactitud al descrito en el folleto presentado a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Buena parte de la declaración se
ha centrado en explicar por qué muchas de las órdenes de compra de este
producto tenían fecha anterior a la aprobación del mismo por parte de la CNMV.
Según Fontecha se debe a que durante los meses anteriores al lanzamiento del
producto, se hizo un sondeo entre los clientes y se recogió en los archivos
informáticos del banco su "manifiestación de interés" . Asegura que
ésta "no tenía ningún valor legal" y ya que luego era necesario
formalizarla en una orden de compra firmada por todos los titulares de las
cuentas que subscribiesen los bonos convertibles, tal y como, recoge el folleto
aprobado por la CNMV.
Pero como han demostrado muchos
abogados ese requisito no se cumplió y además Fontecha no ha explicado por qué
en ningún momento el sistema informático del banco recogió la obligada fecha de
formalización de la orden de compra. Ante las dudas del procedimiento, la
fiscalía ha solicitado a Banco Santander que presente documentación escrita de
cómo se trasladó a los empleados del banco la orden de comercializar Valores Santander
y en qué consistió la formación que Fontecha ha asegurado que recibieron directivos y
empleados.
Ismael Moreno investiga la
querella presentada en febrero de 2014 por cerca de un centenar de afectados
que acusaban al banco presidido ahora por Ana Botín de comercializar como
seguro un producto que en realidad era de alto riesgo, ya que se trataba de
obligaciones obligatoriamente convertibles en acciones y que finalmente provocó
la pérdida de una media de 50% de la inversión a los afectados.
En un principio Moreno archivó la
querella, pero en junio de 2014 ésta volvió a reabrirse tras aportar los
afectados más pruebas de las irregularidades del proceso de comercialización y
después de que la propia Comisión
Nacional del Mercado de Valores multara al banco con casi 17 millones de euros
por irregularidades en el proceso de venta de Valores Santander.
La comparecencia de Juan de Dios
Fontecha ha seguido las misma argumentación que el despacho Uría, en
representación legal de Banco Santander, suele desplegar en la defensa de los
procedimientos mercantiles que se están desarrollando a lo largo de los
diferentes juzgados españoles sobre este mismo tema. Es decir, presentar como
correcta la comercialización de Valores Santander en función de todos los
resquicios legales disponibles según la legislación vigente en 2007. Momento,
por ejemplo, en el que no se encontraba en vigor la ley Mifi que obliga a
valorar el nivel de riesgo de los inversores.
Para este martes está previsto
que declare también ante el juez Moreno el que fuera director del área de
Operaciones y Servicios de Banco Santander en 2007, Gabriel Escalante.
Disponible en:
miércoles, 27 de mayo de 2015
Modelos bancarios
Por Jorge M. Reverte
El País, 28/05/2015.
Debo reconocer que nunca he sido muy partidario del
país en el que gobierna David Cameron. No del país, perdón, sino de su sistema
político de los últimos años, que ha llevado los ideales de Esperanza Aguirre a
lo máximo. No sé, pero propongo que pensemos por qué los ingleses admiran tanto
lo que admira de ellos Esperanza Aguirre. Es un tránsito difícil de explicar
tanto en las islas Británicas como aquí.
Por ejemplo, Inglaterra es un
país escandalosamente viciado por la tendencia a la desigualdad. Por ejemplo,
también, Inglaterra tiene un sistema bancario donde la corrupción florece como
casi en ninguna otra parte.
España es, junto con Portugal y
Grecia, el país donde más ha crecido la desigualdad en los últimos años.
Maldito récord, porque habíamos avanzado en la dirección contraria durante
bastantes años. Y maldito récord también porque nos quedamos solos con Grecia,
ya que Portugal está enmendando esa carrera.
España, gracias a los amigos de
Esperanza Aguirre y de José María Aznar, como Miguel Blesa y Rodrigo Rato, ha
conseguido también que nuestro sistema bancario sea sospechoso de todo lo
imaginable. Caja Madrid, o Bankia, como le pusieron luego para disimular,
parecía el patio de Monipodio. Allí se robaba y se trapicheaba con absoluta
impunidad y con la bendición del jefe. No se nos puede olvidar, no se nos va a
olvidar, que Miguel Blesa fue nombrado en sustitución de Jaime Terceiro, un
hombre honrado y buen gestor, al que no lograron enfangar todos los sicarios de
la pluma del PP madrileño.
A ese tipo de banca, que Rato
llevó a su cénit, es al que se parece la banca anglosajona: Barclays, HSBC,
Citigroup, Royal Bank of Scotland, JP Morgan Chase y Bank of America, que ha
sido multada por alterar el mercado de divisas. Hay suizos como UBS o alemanes
como el Deutsche Bank, para que no falte de nada.
Por suerte, en una cosa también
nos parecemos a los anglosajones, y es en la acción de la justicia. Aquí los
jueces han puesto coto a Ratosy Blesas. En Estados Unidos ha sido la fiscal
general.
Disponible en:
lunes, 25 de mayo de 2015
Falciani: “Sería más rentable multar a los bancos y no a los clientes”
Por Iñigo de Barrón
El País, 25/05/2015.
(Extracto).
El informático italo-francés
Hervé Falciani, exempleado del HSBC, considera que “si se multara a los bancos
por evadir capitales en lugar de perseguir solo a los clientes, se recaudarían
miles de millones en sanciones y no solo unos millones”. El autor de la lista
Falciani, en la que se reveló 130.000 supuestos evasores de toda Europa (entre ellos
Emilio Botín, Eufemiano Fuentes, Manuel Lao Hernández. de Cirsa y Fernando
María Masaveu), está convencido de que las investigaciones de la
Administración deben ir contra las entidades “porque sería más rentable. Europa
está por detrás de Estados Unidos en las multas a la banca. No es lógico que
Estados Unidos haya multado con unos 200.000 millones y Europa con unas decenas
de miles de millones”.
Falciani, que suelta frases como
pedradas contra los evasores, afirma que las leyes no sirven si no se desmontan
las estructuras bancarias preparadas para defraudar. “De nada sirve detener a
un ejecutivo si no se impide que la entidad siga ofreciendo esos productos a
otros clientes. Se cambia una persona por otra y todo sigue igual. Eso lo saben
los que trabajaban en banca privada. Los presidentes de los bancos saben
exactamente lo que ocurre en sus empresas”.
Según este testigo protegido, que
vive entre Italia, Francia y España con protección policial, la clave es el
cambio de la política fiscal de toda Europa. “Suiza es el punto débil del sistema
bancario europeo. Ese país expone a los bancos a ser multados”.
Falciani, que ha presentado su
libro La caja fuerte de los evasores, editado por La Esfera de los
Libros, afirma: “Los políticos no hacen nada por combatir la evasión fiscal, el
poder desmedido de los bancos y la corrupción: al proteger a los bancos se
protegen a sí mismos”. Y advierte de que las verdaderas fortunas están en las
sociedades, que ocultan el dinero al fisco más que en las personas físicas.
Disponible en:
domingo, 24 de mayo de 2015
Si duermes en un banco acabas en la trena, si robas miles de millones te vas de rositas
Por Luís Matías López
Público.es, 20/05/2015.
El cáncer de la desigualdad y el
doble rasero en EEUU se refleja en un puñado de fríos datos. En 1991 se contabilizaron
758 delitos violentos por cada 100.000 habitantes. Veinte años después, la
cifra era de 425. Un descenso espectacular del 44%. Entre 2000 y 2010, el nivel
de pobreza pasó del 10% al 15,3%. La población reclusa era de un millón en
1991; en 2012, pasaba de los 2,2 millones. La explicación de tan paradójica
estadística es el meollo de un libro imprescindible del periodista y escritor
norteamericano Matt Taibbi publicado en castellano por Capitan Swing: La
brecha. La injusticia en la era de las grandes desigualdades económicas.
Que el imperio está podrido no es
ninguna novedad. Lo reflejan libros recientes como El desmoronamiento, de George Parker, En deuda, de David Graeber, El problema de los supermillonarios, de Linda
McQuaig y Neil Brook y El color de la justicia, de Michelle
Alexander.
Hay voces lúcidas que alertan de
una vergonzosa deriva hacia el aplastamiento de los derechos más débiles y la
protección de los privilegios de los más poderosos. Pero se pierden en el
vacío, las neutraliza un sistema que ha incorporado la desigualdad galopante a
su ADN. La brecha, que recoge numerosos casos individuales se centra
en la denuncia de la doble vara de medir de una justicia que debería ser ciega
e igual para todos, pero que funciona según una doble escala.
Fumar un porro, colarse en el
metro, orinar en la calle, vagabundear, ir en bicicleta por la acera, detenerse
a la entrada de casa, dormir en un parque, conducir sin carné, llevar una luz
de posición rota en el coche o no pagar una multa puede hacer que cualquiera
sea detenido e incluso que dé con sus huesos en la cárcel. Sobre todo si es
negro, hispano o sin papeles.
La brecha permite que, en la
misma época en que las detenciones por delitos menores entre las minorías se
multiplican, EEUU haya sufrido los megaescándalos económicos que hicieron
eclosión en 2008 y sumieron al mundo en la peor depresión desde 1929. Han sido
delitos financieros a gran escala, genocidios económicos que destruyeron el 40%
de la riqueza del planeta y empobrecieron a miles de millones de personas.
Pero, ¿cuántos de los responsables han dado por ello con sus huesos en la
cárcel?
¿Qué ocurrió, por ejemplo, con el
HSBC, el primer banco de Europa, que blanqueó miles de millones de dólares de
terroristas de Oriente Próximo, de la mafia rusa y de cárteles de la droga
colombianos y mexicanos responsables de 20.000 asesinatos? Pues que hubo un
acuerdo de procesamiento diferido, se suspendió de forma parcial del
pago de bonificaciones a los ejecutivos y se impuso a la entidad una multa de
1.900 millones. ¿Responsables a la trena? Ni uno solo.
¿Qué ocurrió con el Caso LIBOR,
la manipulación de tipos de interés a nivel mundial que, por su magnitud, ha
sido quizás el mayor escándalo financiero de todos los tiempos y que implicó a
gigantes como UBS, Barclays y Royal Bank of Scotland? UBS, explica Taibbi, fue
pillado con las manos en la masa, había pruebas escritas de sobornos para
amañar los tipos, de modificación del precio de cientos de miles de millones de
productos financieros. Pero la casa matriz –y sus directivos- se salvaron de la
quema, libres de cualquier acusación penal, aunque con una multa de 1.500
millones. Solo la filial japonesa se declaró culpable de un delito.
¿Por qué tanta comprensión? La
respuesta es sencilla: como no podían alegarse motivos de equidad, el aparato
de justicia recurrió a la teoría del mal menor y de los efectos colaterales,
un término que Eric Holder, un hombre de Wall Street, esbozó antes de ser
fiscal general con Obama. Consiste en determinar que el interés nacional
implica evitar la caída de las grandes entidades financieras, porque tendría
consecuencias catastróficas sobre pensionistas, empleados, accionistas y el
propio sistema. Es la doctrina de demasiado grande para caer.
En varias ocasiones, antes de actuar
en casos de gran repercusión económica, se consultaba a Wall Street sobre las
posibles consecuencias sistémicas. Forzando límites, podría entenderse
que convenía rescatar a los bancos pero ¿por qué salvar también a los banqueros
que los llevaron al borde de la quiebra?
El doble rasero es clamoroso
incluso en el propio mundo económico. ¿Cuál fue el único banco que terminó con
sus dirigentes esposados ante un juzgado de Nueva York y con el fiscal Cyrus
Vance –el mismo que enchironó a Dominique Strauss Kahn- buscando la gloria al
presentarle como ejemplo de las malas prácticas que provocaron la gran
recesión? Pues una pequeña entidad propiedad de chino-americanos, solvente, con
un índice de morosidad del 0,5%, con la práctica totalidad de sus hipotecas pagadas
puntualmente pero con algunas irregularidades en la exigencia de solvencia en
los créditos y, sobre todo, perfectamente situado para convertirse en cabeza
de turco.
Era, en definitiva, pecata
minuta en una pandemia de fraude y delincuencia económica a gran escala.
Ocurría al mismo tiempo que JP Morgan Chase –otro banco demasiado grande- era
pillado en operaciones de lavado de dinero negro, manipulación de tarifas
energéticas, falsificación de firmas en documentos y violación de leyes
antimonopolio. La factura fue alta, 16.000 millones de dólares de multa, pero
los culpables se fueron de rositas.
Ya se sabe, hay que tener en
cuenta los efectos colaterales. Pero también los hay –aunque nadie los
tenga en cuenta- del trato que se da a las capas más vulnerables de la
población. Una acusación de posesión o tráfico menor de drogas puede impedir la
obtención de una beca o una plaza de funcionario, ayudas de vivienda, derecho a
prestaciones sociales, votar o conservar la custodia de los hijos. Es una
esquizofrenia legal, la separación de la gente entre arrestables y no
arrestables. Impunidad para los segundos, severidad máxima para los
primeros.
En Nueva York, desde los tiempos
del alcalde Giuliani, la policía pesca boquerones con dinamita. En 2011, la
policía dio el alto y cacheó a 684.724 personas, de las que un 88% eran negros
o hispanos. Human Rights Watch analizó en 2008, 117.064 denuncias por delitos
menores en la ciudad. Más de las tres cuartas partes fueron liberados sin
fianza, a unos 19.000 se les impuso fianza de menos de 1.000 dólares, y el 87%
no pudo pagarla, así que pasaron una media de 15 días en la cárcel en espera de
juicio.
Esta peculiar lucha contra el
crimen coincidió con un descenso del sueldo base de los policías que, para
redondear sus ingresos, se veían forzados a multiplicar el número de
denuncias y detenciones. ¿Qué no se veían motivos? Se los inventaban. Los
furgones policiales volvían a rebosar a las comisarías. Si era con
narcotraficantes o delincuentes de poca monta, perfecto. Si no se los
encontraba en número suficiente, daba igual: la ley era muy generosa en
la lista de conductas punibles y las atribuciones policiales muy amplias,
demasiado.
Muchos casos se complicaban por
denuncias de resistencia a la autoridad o por impago de sanciones económicas,
lo que derivaba en penas de cárcel y antecedentes que alimentaban condenas
posteriores. Sólo así se explica que Estados Unidos esté camino de alcanzar los
dos millones y medio de reclusos, absoluto récord mundial, más que en el GULAG
de Stalin, o que haya tantos negros en la cárcel como esclavos en el momento
álgido de la explotación del hombre por el hombre en el viejo Sur.
Quien se rebele contra una
detención ilegal, encontrará un camino lleno de obstáculos: abogados defensores
y fiscales que proponen tratos para aceptar una condena menor si se
declara culpable, y jueces que sólo quieren cumplir el trámite y no tienen
tiempo para entrar en detalles. Una perversión del sistema judicial.
Un síntoma de que el imperio se pudre por dentro aunque aún saque pecho fuera.
Atención especial merece el
fenómeno de la inmigración ilegal, a la que Taibbi dedica dos capítulos de La
brecha, en los que se refleja la clamorosa indefensión de este colectivo.
Los sin papeles tienen siempre encima la espada de Damocles de que un
incidente insignificante –como una luz fundida del coche- les condene a multas
imposibles de pagar, les arroje a centros de detención y, finalmente, les
deporte al país de origen –casi siempre México- donde aún puede alcanzarle el
terror de los Zetas.
Quien esté impresionado por el
anuncio de Obama de regularizar a millones de inmigrantes, que sepa que quien
encarnó la esperanza en un mundo más justo ha batido todos los récords de
deportaciones, en torno a un millón durante su primer mandato, mientras que
nadie ha sido deportado o encarcelado por delitos relacionados con la crisis
financiera. Taibbi apunta a la posible conexión con un aspecto de la mentalidad
norteamericana: odio al débil y fracasado, y adoración servil al triunfador.
Disponible en:
sábado, 23 de mayo de 2015
El Banco de Portugal estrecha el cerco sobre la familia Espírito Santo
Por Javier Martín
El País, 23/05/2015.
El cerco se va estrechando. Se va
a cumplir un año desde que el Banco de Portugal (BdP) intervino el primer banco familiar del país,
el Espírito Santo, y el banco central ya tiene las conclusiones del
primero de los cinco procesos abiertos contra los administradores del Banco
Espírito Santo (BES), el antiguo imperio familiar: son cinco delitos cometidos
y 15 los acusados, algunos de ellos miembros de la familia Espírito Santo,
aunque el principal responsable fue el mandamás de la familia, Ricardo Salgado,
a quien el BdP le acusa de falsificar cuentas, según ha publicado Expresso.
El BdP acusa a los
administradores del BES por actos practicados entre 2010 y 2013 y, en concreto,
de gestión ruinosa, de falsificación de contabilidad, de violación de las
reglas de conflictos de intereses, la no gestión de un sistema de riesgos, y de
facilitar falsas informaciones.
Los acusados son 15, aunque
algunos solo a título de negligencia (no sabían, pero su deber como administradores
era el de saber). Los principales acusados son Ricardo Salgado Espírito Santo,
que dirigió durante décadas los negocios del clan familiar; José Manuel
Espírito Santo, Manuel Fernando Espírito Santo, Ricardo Abecassis, Amílcar
Morais Pires -brazo derecho de Salgado en el BES- y José María Ricciardi
Espírito Santo, aunque este a título de "negligente".
Las acusaciones conllevan la
inhabilitación profesional y multas de unos cinco millones de euros en el caso
de las personas y de 10 en el caso de las empresas.
Al conocerse el informe del Banco de Portugal, Salgado ha enviado a la agencia
Lusa un comunicado en el que señala que el BdP "no reúne condiciones de
imparcialidad para hacer juicio alguno sobre el caso BES". Y es él quien
acusa al banco central de "graves responsabilidades en la destrucción del
BES".
Este es solo el primero de los
cinco procesos abiertos por el Banco de Portugal, que se ha valido, entre otras
fuentes, de la auditoría encargada a Deloitte. También ha recibido
testimonios de personas allegadas al BES y que se negaron a declarar ante la
comisión parlamentaria creada para el caso. Así ocurre con Pierre Butty,
exadministrador en Suiza del Espírito Santo Services, quien materialmente
falsificaba las cuentas por orden directa de Salgado, según publica Expresso.
Los otros procesos del BdP contra
la gestión de los Espírito Santo se refieren a su actividad en Angola, con su
rama BESA y las sospechas de blanqueo de dinero, las operaciones con Eurofin y
la violación de las órdenes del BdP. Aparte de las investigaciones abiertas por
el banco central, continúan las de la Comisión del Mercado de Valores (CMVM).
El cierre de la investigación del
primer proceso, cuyos acusados ya han recibido la comunicación del BdP, acelera
la inminente intervención de la Fiscalía General del Estado, que podrá
presentar, con el material recibido, acusaciones formales contra Ricardo
Salgado y sus administradores más próximos.
No es casual que, después de un
año de la defenestración de los Espírito Santo, esta semana la fiscalía haya
ordenado el embargo de más de 500 propiedades de la familia y sus empresas por
un valor superior a los mil millones de euros, con el fin de responder a
posibles indemnizaciones, según reconoció la misma Fiscalía de la República.
El 3 de agosto, el BdP tomó el
control del BES tras presentar unas pérdidas semestrales de 3.600 millones de
euros. El gobernador del banco central, en una decisión singular para crisis
bancarias habidas hasta entonces, decidió que el BES quedara dividido en dos:
crear Novo Banco, donde se concentraban todos los activos del BES, y que el BES
se quedara con los pasivos tóxicos -es decir, el banco malo- y con sus
accionistas, que veían perder todo el valor de sus acciones.
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viernes, 22 de mayo de 2015
La auditoría acusa al Banco Espírito Santo de “gestión ruinosa”
Por Javier Martín
El País, 19/05/2015.
La última parte de la auditoría
realizada sobre la caída y muerte del Banco Espírito Santo (BES) no es más suave que la primera,
entregada hace un par de meses. La auditora Deloitte califica de "gestión
ruinosa" la actividad de los últimos años del BES.
La "gestión ruinosa"
fue a costa de los depositantes, de los inversores y de los acreedores y fue
practicada por los directivos del Grupo Espírito Santo, que dirigía Ricardo
Salgado, conocido como Dono disto tudo (dueño de todo esto).
Deloitte señala que se realizó
una disminución artificial del pasivo del Espírito Santo International, sin que
el BES, con información suficiente para detectarlo, expresase disconformidad
alguna. La auditora recuerda que el BES siguió vendiendo a los
ahorradores papel comercial del Grupo Espírito Santo que, ahora, no vale nada.
Rara es la semana que grupos de
ahorradores no se manifiestan ante las oficinas de Novo Banco o del Banco de
Portugal para exigir que les devuelvan el dinero que habían invertido en un
papel comercial vendido como del BES pero que, en realidad, era del grupo de
empresas de la familia Espírito Santo.
Deloitte acusa al equiupo
directivo, encabezado por Salgado y Morais, de "violación de deberes"
en el control interno del banco así como de desobediencia a las reglas
impuestas por el supervisor.
El gobernador del Banco de
Portugal, António Costa, en su comparecencia en el Parlamento de la nación,
acusó a Salgado de haber desobedecido en 21 ocasiones las órdenes dictadas por
el banco central.
La caída del BES arrastró también
a Portugal Telecom, que de fusión pasó a la absorción por parte de la brasileña
Oi, que, finalmente, ha vendido la operadora portuguesa al fondo
franco-luxemburgués Altice.
Desde la intervención del BES y
la creación por el supervisor de Novo Banco con los activos buenos del BES, el
grupo Espírito Santo está envuelto en unos 29 procesos judiciales en una decena
de países, aunque de momento no ha habido acusación del Ministerio Público
portugués contra Ricardo Salgado y sus ejecutivos.
Pero en previsión de -lo que
parece- inminentes acciones judiciales, la Fiscalía del Estado ha embargado más
de 500 inmuebles del Grupo Espírito Santo y dinero en efectivo por valor de mil
millones de euros en total. Entre los embargos se encuentra la Herdade de
Comporta, su joya de la corona, que recientemente se intentó vender a una firma
norteamericana sin conocimiento del Banco de Portugal ni de Novo Banco.
El embargo es "una medida de
garantía patrimonial con el objetivo de impedir una eventual desaparición de
bienes que ponga en causa, en caso de condena, el pago de cuantías asociadas al
crimen cometido, principalmente la indemnización a los perjudicados con sus
actuaciones delictivas", según la nota de la Fiscalía.
Salgado se encuentra en libertad
bajo fianza por un caso de blanqueo de capitales y de evasión fiscal, pero no
está relacionado con su gestión en el BES.
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jueves, 21 de mayo de 2015
La UE presiona para acelerar la privatización de Bankia
Por F. Fafatale
Diagonal, 16/05/2015.
Hay que privatizar Bankia a toda
prisa. No importa la cantidad
de dinero público que se haya dedicado en su rescate. Lo acaban
de decir la Comisión Europea y el Banco Central Europeo en un Occasional
Paper, un Informe de Supervisión Post-Programa, fechado en mayo de 2015 y
escrito en inglés.
En concreto, el informe de la
Comisión afirma que “la finalización de la privatización de los bancos que
todavía están bajo el control del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria), y Bankia en particular, sigue siendo un desafío”.
La Comisión Europea lamenta, a
través de este comunicado, que desde que comenzara la reprivatización de la
entidad madrileña en 2014, “a pesar de las subidas en las valoraciones de
mercado de los bancos españoles, no se han llevado a cabo ni anunciado
privatizaciones de nuevas partes de Bankia”.
En efecto, en febrero de 2014, el Estado vendía el 7,5% de Bankia a
grandes fondos por algo más de 1.300 millones de euros. ¿Quiénes
fueron los compradores? Mayoritariamente fondos extranjeros procedentes
del Reino Unido y EE UU. Entre ellos, una sociedad del multiespeculador George
Soros. Coordinaron la colocación los grupos financieros Rothschild y Goldman
Sachs.
Precisamente Goldman Sachs ya ha sido señalada por
medios y abogados especializados por haber protagonizado “conflictos de
intereses” en operaciones relacionadas con Bankia. Unos días
antes de la publicación del Occasional Paper donde la Comisión y el
Banco Central Europeo urgía a la privatización de Bankia, Goldman Sachs aireaba
un demoledor informe en el que hacía unas estimaciones preocupantes sobre Bankia
y aconsejaba vender sus acciones a la baja. Casualmente, el presidente del
Banco Central Europeo, Mario Draghi, había sido años atrás vicepresidente de
este fondo de inversiones estadounidense, el cuarto mayor mundo.
El ‘Big Bang’ de Bankia
La privatización de Bankia avanza
en distintos frentes. La
entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri se afana en despiezar Bankia
para disfrute de los buitres. El último anuncio es el Proyecto
Big Bang: la venta de 45.000 activos inmobiliarios en lo que se dibuja como la
mayor desinversión de adjudicados y créditos dudosos de Bankia.
La venta de inmuebles, valorada
en 4.800 millones de euros, incluye las viviendas, terrenos y edificios
comerciales que, tras la nacionalización, Bankia no traspasó a la Sareb, entidad
creada para acumular los activos tóxicos procedentes del ladrillo. Por el lote ya se han mostrado interesados
fondos buitres, como Blackstone –entidad contra la que la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca ha lanzado una campaña internacional–, Lone Star, Apollo o
Cerberus.
No es el primer negocio entre
Cerberus y Bankia. En diciembre de 2014 se anunciaba la entrega a su filial
española, Haya Real Estate, de la gestión durante cinco años de un paquete de
52.000 préstamos vinculados al sector inmobiliario originados por Bankia. Y un
año antes, en septiembre de 2013, Bankia decidió externalizar su gestión
inmobiliaria, hasta entonces realizada por su sociedad Habitat, y cederla a
Cerberus. La operación, que supuso el despido de 457 empleados, se vio
complementada con más ventajas para Cerberus con el contrato de gestión de los
inmuebles que Bankia traspasó a Sareb, por otros 36.600 millones. El secreto del éxito: buenos contactos.
Entre una larga lista, el de José María Aznar Botella, hijo del expresidente y
de la alcaldesa de Madrid, que comenzó a trabajar para Haya
Real Estate en esos tiempos.
80%
de los procedimiento de ejecución hipotecaria en la Comunidad de Madrid son lanzados por esta entidad nacionalizada en 2012, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid.
Bankia, el banco líder en desahucios
Un informe realizado en 2013 por la PAH y el Observatori Desc a partir de una macroencuesta a más de 11.000 personas revela que Bankia es la entidad bancaria que más desahucios lleva a cabo a nivel estatal, un 20% del total, seguida por el BBVA (15%), Caixa Bank (14%) y Santander (12%).
El timo de las participaciones preferentes
Bankia colocó un 96,2% de sus participaciones preferentes entre pequeños clientes sin conocimientos financieros. Se calcula que la entidad financiera estafó a unas 238.000 personas. También es la primera entidad en número de demandas recibidas: hasta primeros de enero, unas 56.000 personas habían denunciado a Bankia. Más de 180.000 han acudido al proceso de arbitraje puesto en marcha por el Gobierno, pero con él tan sólo han logrado recuperar el 53% del dinero estafado.
Condonaciones millonarias de deudas
Más de mil afectados por Bankia anunciaron su intención de denunciar a Bankia por perdonarle al magnate Peter Lim 60 millones de euros de la deuda en la venta del Valencia F.C., mientras sigue ejecutando desahucios y se niega a condonar la deuda de los afectados por las hipotecas. Esther Koplowitz, presidenta de FCC, logró en 2014 que Bankia, así como el BBVA, le eximan de abonar los intereses anuales de sus préstamos personales, que ascienden a mil millones de euros.
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miércoles, 20 de mayo de 2015
La Comisaria europea de Competencia cuestiona el regalo fiscal a la banca española
Público.es, 20/05/2015.
La comisaria europea de
Competencia, Margrethe Vestager, está
decidida a seguir hasta el final con la investigación sobre el regalo fiscal a la banca:
esos activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) de la banca que
el Gobierno del PP ha hecho a los bancos españoles por un valor de 30.000
millones de euros. Estos activos son en realidad unos créditos fiscales, impuestos que la banca no pudo restarse en
su factura fiscal, pero que funcionan como un derecho futuro contra la Hacienda
pública.
Vestager quiere comprobar si ese regalo fiscal garantiza la "igualdad de condiciones" respecto a las entidades de otros Estados miembros que no cuentan con estos beneficios, especialmente de cara a posibles fusiones.
"También es una
cuestión de igualdad de trato, para permitir a los bancos en países donde no
hay sistemas de DTA que estén en igualdad de condiciones cuando la economía
europea despegue y probablemente haya más fusiones y adquisiciones. Y esto debe
basarse en igualdad de condiciones", explicó Vestager en los Desayunos
Informativos de Europa Press.
A su juicio, esta investigación puede servir además para detectar posibles problemas de capital en alguna entidad. "Aunque el sector bancario español está en una situación mucho mejor y las cosas han mejorado dramáticamente y casi todos los bancos tienen acceso al mercado, puede haber bancos más débiles que estén en una situación diferente y tenemos que ser conscientes de ello", ha alegado la responsable de Competencia.
Bruselas inició el pasado 7 de abril una investigación preliminar para determinar si las garantías públicas que ha concedido España a los DTA de la banca para que computen como capital de máxima calidad constituyen ayudas públicas ilegales. La investigación del Ejecutivo comunitario afecta también a Grecia, Italia y Portugal. Vestager aseguró este miércoles que tendrá en cuenta las "preocupaciones" de los bancos y los Gobiernos de estos países sobre un posible expediente, pero que ello no puede detener sus pesquisas.
Proceso de privatizaciones
La responsable de Competencia eludió concretar cómo debe acelerar el Gobierno español la privatización de los bancos que todavía están en manos públicas tras el rescate bancario, Bankia y BMN, tal y como le ha recomendado la Comisión. "Creo que la privatización es una cosa muy buena, devolver a los bancos a manos privadas", se limitó a señalar, y avisó de que esperar más tiempo no se traducirá automáticamente en recuperar más dinero porque eso dependerá de la evolución del mercado.
Vestager elogió la reestructuración del sector bancario español tras el rescate bancario, supervisada por su departamento, y calificó de "muy positiva" la cooperación con las autoridades españolas. "Los resultados ahora hablan por su mismos. Porque las cosas van mucho mejor. Muchos bancos son solventes, tienen liquidez y están haciendo el trabajo de los bancos. El sector bancario español será capaz de respaldar el crecimiento y el empleo", dijo
También elogió la "aceleración del crecimiento" porque ofrecerá "nuevas oportunidades" en particular a los jóvenes. "Es bastante impresionante lo que se ha logrado en estos años tan difíciles", dijo en un claro guiño al Gobierno del PP.
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Cinco bancos admiten haber manipulado el tipo de cambio
Por Sandro Pozzi
El País, 20/05/2015.
El Departamento de Justicia de
Estados Unidos se dispone a anunciar un pacto con cinco de los mayores bancos
del mundo, por el que serán sancionados con una multa combinada superior a los
5.000 millones de dólares (unos 4.496 millones de euros) por haber manipulado
el tipo de cambio de las divisas. Es la segunda reprimenda derivada de esta
investigación en menos de seis meses. Esta vez admitirán además su culpabilidad
en el fraude, lo que puede llevar a acciones penales contra sus empleados.
Las entidades que firman el pacto
son las estadounidenses JPMorgan Chase y Citigroup, las británicas Barclays y
Royal Bank of Scotland y la suiza UBS. Son cinco nombres que ya se escucharon
años atrás a raíz del empaquetado de deuda de baja calidad que está en el
centro de la última crisis financiera y que volvieron a ser citados en la
investigación por la manipulación en el tipo de interés interbancario.
El acuerdo, que lleva meses
negociándose, fue anticipado por varios medios financieros en Wall Street tras
el cierre del mercado. En la investigación, que duró dos años, participó la
autoridad financiera británica. El caso tiene su origen en los mensajes que se
cambiaron los operadores de bancos rivales con información confidencial sobre
los movimientos de sus clientes, que utilizaron para pactar estrategias.
El banco suizo UBS deberá pagar
545 millones de dólares (495 millones de euros) a las autoridades de EEUU para
zanjar su implicación en el escándalo de manipulación de los tipos de cambio en
el mercado de divisas, según ha anunciado la entidad en un comunicado.
Como resultado de los acuerdos
alcanzados con el Departamento de Justicia (DoJ), la Reserva Federal y el
Departamento de Banca de Connecticut (CTDOB), UBS no deberá afrontar cargos
criminales por su conducta en el mercado de divisas.
Asimismo, la entidad helvética se
beneficiará de inmunidad condicional en la investigación por colusión de las
autoridades 'antitrust' como reflejo del papel jugado por la primera entidad en
reportar potenciales malas prácticas as al DoJ y la plena cooperación con las
autoridades.
No obstante, UBS ha aceptado
declararse culpable de manipulación del indicador Libor, por lo que abonará una
multa de 203 millones de dólares (184 millones de euros) y quedará sometido
"a un periodo de prueba" de tres años.
Por otro lado, la entidad abonará
una sanción de 342 millones de dólares (311 millones de euros) a la Reserva
Federal de EEUU y acometerá una serie de reformas. UBS subrayó que ha
provisionado completamente estas cantidades, por lo que los acuerdos alcanzados
no tendrán impacto financiero alguno en sus resultados del segundo trimestre.
"La conducta de un pequeño
número de empleados fue inaceptable y hemos adoptado las medidas disciplinarias
apropiadas", declaró el presidente de UBS, Axel Weber, quien subrayó que
fue la propia entidad la que "autodetectó" esta situación y la puso
en conocimiento de las autoridades.
"Nuestras acciones
demuestran nuestra determinación de seguir una política de tolerancia cero con
las malas prácticas y el deseo de fomentar la cultura correcta dentro de
nuestra industria", añadió el expresidente del Bundesbank.
El mercado de cambio mueve cada
día cerca de 5,3 billones de dólares. El montante final de la sanción debe
anunciarse previsiblemente durante la jornada de este miércoles, según indican
varias fuentes, sobre la base de lo pactado por cada banco. Es uno de los pocos
casos de alto perfil que Eric Holder no pudo cerrar antes de abandonar
Justicia, y que heredó la fiscal general Loretta Lynch.
El hecho de que estas grandes
entidades admitan de forma coordinada que cometieron un fraude con esta trama
no tiene precedentes y está por ver como puede afectar a las operaciones de los
bancos extranjeros en EE UU. UBS podría, sin embargo, evitar una reprimenda por
la vía penal al gozar de inmunidad por haber alertado a las autoridades del
problema.
Por su parte, Barclays ya anunció
que puso en reserva 3.200 millones para hacer frente a los costes legales de
esta investigación y podría ser la que reciba la mayor parte de la reprimenda.
El supervisor del mercado de futuros de EE UU y la autoridad que en Reino Unido
regula la conducta en el sector financiero ya anunciaron en noviembre una
sanción de 4.300 millones contra seis entidades.
De aquel pacto repiten ahora JP
Morgan Chase, Citigroup, RBS y UBS. Además, se actuó contra HSBC. Barclays, sin
embargo, optó por descolgarse del acuerdo por problemas con el regulador en
Nueva York. Entonces se acusó a las entidades de no haber aplicado los
controles internos para evitar que sus operadores pusieran los intereses del
banco por delante del de sus clientes y reducir el riesgo.
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martes, 19 de mayo de 2015
El Deutsche Bank o la transición hacia un “modelo bancario” corrupto
Por Joaquín Rábago
Nueva Tribuna.es, 18/05/2015.
El Deutsche Bank es todo un
símbolo de Alemania, de su gran poder industrial y vigorosa capacidad
exportadora pero, desde que vendió su alma al diablo y adoptó el modelo de
banca anglosajona, se ha convertido en blanco de las críticas en el propio
país.
Desde el comienzo de sus
operaciones en 1870, el banco, fundado en Berlín por banqueros privados, se
preocupó de dejar bien claro que le interesaba sobre todo el mundo de las
empresas exportadoras.
En su estatuto fundacional se
señala como uno de sus principales objetivos «el fomento y la facilitación de las
relaciones comerciales entre Alemania, los otros países europeos y los mercados
de ultramar». De ahí que abriese pronto sucursales en
Londres, en Shanghái, en Yokohama y Buenos Aires y se dedicase a financiar
empresas, gestionar ampliaciones de capital y a la emisión de bonos,
contribuyendo a la competitividad internacional de la industria germana.
Desde entonces, ha mantenido como su primer objetivo el servir a la gran
industria de su país aunque desde los primeros años ofreció también
servicios a clientes particulares y después de la Segunda Guerra Mundial
comenzó a diversificarse hacia la banca comercial.
Sin embargo, como señala Der
Spiegel en un editorial que publica en su último número, poco a poco
el negocio crediticio dejó de ser su principal preocupación y comenzaron a
llevar la voz cantante los defensores de resituarlo en la órbita de la banca de inversión, con
jóvenes banqueros buscando rápidos beneficios para el banco y los
correspondientes bonos para ellos mismos.
«Sobre todo en los años salvajes
que precedieron al estallido en 2008 de la crisis financiera, los banqueros de
inversiones abusaron de su poder: engañaron, manipularon y se llenaron de paso
los bolsillos. Y su incitador fue –él mismo lo ha reconocido– el copresidente actual,
Anshu Jain».
(En 1998 el Deutche
Bank adquirió el norteamericano Bankers Trust, especializado en
productos derivados y operaciones de alto riesgo. Esa compra le convirtió
en el mayor banco del mundo, pero con ella consiguió una ventaja añadida y deseada:
escapar a los controles sociales que la participación de los trabajadores
imponía en el modelo de cogestión, consideradas como “rigideces del sistema”.
La fusión con Bankers Trust,
lo mismo que la planteada entre Daimler-Chrysler en el sector del automóvil,
luego fracasada, o la producida entre Hoeschst-Rhône Poulenc en la
industria química, fueron justificadas como exigencias de la
globalización y como la única forma en que los primeros ejecutivos se
podían liberar de los
corsés del modelo participativo alemán. Ese
modelo era un estorbo para desarrollar el poder omnímodo del primer
ejecutivo, típico del modelo de gestión anglosajón, que está detrás de los
escándalos de corrupción y de las ineficiencia ahora detectadas.)
Precisamente en 2008 pareció de
pronto mostrar algo más de interés por la modesta clientela al adquirir
el Postbank (banco
de correos), negocio en el que su entonces presidente, Josef Ackermann, vio
algo así como un contrapeso a los nuevos riesgos de la banca de
inversiones. Sin embargo, bajo su doble presidencia actual, la del alemán
Jürgen Fitschen y el británico de origen indio Anshu Jain, el Deutsche Bank ha
vuelto a dar un salto atrás con el proyecto de venta del Postbank y la pérdida
de en torno a 14 millones de pequeños clientes.
Como señala la prensa alemana, el
Deutsche Bank seguirá contando con entre ocho y nueve millones de clientes
particulares y prestando servicio a unas 12.000 pequeñas y medianas empresas,
pero tendrá que ganar en eficacia, lo que significará el cierre de varios
centenares de oficinas y una decidida apuesta por el sector digital.
Der Spiegel critica
duramente el modelo que proyecta el actual equipo directivo y denuncia que la
decadencia del otrora orgullo del mundo financiero alemán comenzó con la
dedicación a la banca de inversiones de influencia anglosajona en un intento de
emular al banco Goldman Sachs.
«El Deutsche Bank- continúa el
editorial- sufre hasta hoy de la corrupción de costumbres derivada de la
incorporación de los banqueros
de inversiones. Y tiene que seguir pagando hoy sanciones de
miles de millones por sus delitos de entonces. Hace tiempo que debería haberse
dado cuenta de que está en un callejón sin salida porque se ha vuelto
dependiente de los mismos que tanto contribuyeron a sus ganancias, pero que hoy
son responsables de pérdidas astronómicas».
(El Deusche se ha visto
involucrado en múltiples escándalos de manipulación y corrupción.
Recientemente ha reconocido destinar 350 mill de € a abogados que le
defienden de 6.000 demandas. En EEUU está imputado por su comportamiento
con las subprime, producto típico de la banca de inversión que
ocasionó la crisis financiero de 2008. El pasado mes de abril fue condenado
a una multa de 2.300 mill de € por manipulación del Libor y otros
tipos interbancarios.)
Alemania necesita, escribe la
revista, un Deutsche Bank fuerte y tan internacional como todas esas empresas
que han convertido al país en campeón de las exportaciones, pero no uno volcado
en maniobras especulativas que con «fondos hedge y con otras sociedades
financieras» pretenda hacer negocios rápidos «en los que el riesgo y los
potenciales beneficios no guardan relación».
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domingo, 17 de mayo de 2015
El sistema financiero internacional reclama ahora más regulación
Por Claudi Pérez
El País, 17/05/2015.
A las teatrales promesas de
refundación del capitalismo tras el estallido de la crisis en 2008 respondieron
Europa y EE UU con miles de páginas de nueva regulación, y la industria
financiera con un formidable ejercicio de lobby para dejarlo todo prácticamente
igual. El sector cambia ahora de estrategia: una veintena de banqueros y otros
actores en los mercados reclaman más reglas. En un documento alumbrado por el Foro Económico Mundial y firmado, entre
otros, por Axel Weber
(UBS) y Douglas Flint (HSBC), piden medidas “para mejorar la
estabilidad financiera y reducir el impacto de futuras crisis”.
Con el
cadáver caliente de Lehman Brothers, los líderes mundiales se
conjuraron en 2008 para lo que el expresidente francés Nicolas Sarkozy bautizó
como “la refundación del capitalismo”. Las autoridades respondieron al crash
con una agenda de reformas frenética: más de 30.000 páginas de regulación
financiera en EE UU y más de 60.000 en Europa. Y aun así el sistema sigue
siendo casi el mismo: global, hipertrofiado, sobreendeudado, propenso a los
riesgos excesivos y, sobre todo, capaz de abrazarse al Estado ya sea para
obtener rescates multimillonarios o para reducir la efectividad de las medidas
reguladoras.
La industria, que durante años ha
tirado de chequera para hacer lobby con grandes resultados, alza ahora la voz
en ese documento —obtenido por la Alianza de Periódicos Líderes en Europa
(LENA), un grupo de diarios del que forma parte EL PAÍS— para promover más
regulación macroprudencial: medidas para “limitar los riesgos sistémicos”; para
ir, en definitiva, contra el viento: se trata de poner freno a los mercados en
los años de burbujas y permitir más alegrías en los ciclos recesivos.
“El sistema es nuestro mayor
riesgo. Ser el mejor banco en un sistema que falla es como tener la suite
presidencial en el Titanic”, asegura un ejecutivo de una de las entidades firmantes
(ninguna española). Destacan, además de los grandes bancos UBS y HSBC,
Blackrock (la mayor gestora de fondos del mundo), las aseguradoras Generali y
Zurich, la entidad italiana Intesa Sanpaolo o el grupo financiero mexicano
Banorte.
En contraste con lo sucedido en
los últimos años en que las prácticas financieras —y la negligencia de los
reguladores— fueron la principal causa de la debacle, el sector da muestras de
un interés por reforzar la regulación “para limitar los riesgos para el
sistema” y “reducir ineficiencias como el exceso de euforia vinculado a algunos
activos, por ejemplo en el mercado inmobiliario”, que hizo estallar burbujas en
países como EE UU o España, según el documento de ocho páginas coordinado por
el Foro de Davos y la consultora Oliver Wyman, firma que asesoró al Gobierno
español en 2012 en la reestructuración del sistema financiero.
La gran cuestión es qué hacer con
las burbujas. Las soluciones utilizadas hasta ahora no han funcionado:
ignorarlas y limpiar los destrozos después alumbró durante dos décadas la
superburbuja que estalló en 2008. Cada vez que el sistema se metía en problemas
por un aumento del crédito, los bancos centrales intervenían y encontraban
formas de estimular la economía. Esa era acabó con esta crisis y, con ella, ha
cambiado un paradigma: junto con la política monetaria y la regulación y
supervisión tradicionales, los reguladores apuntan hacia una nueva ortodoxia en
la que tendrán un papel estelar las políticas basadas en proteger a la economía
del sistema financiero y viceversa.
En conversación con este diario,
Douglas Flint, presidente del HSBC, asegura que los reguladores ya no pueden
mirar a cada entidad: “Decisiones de estrategia que pueden ser óptimas para un
solo banco pueden ser muy peligrosas y afectar al conjunto de la economía
cuando las toman todas las entidades a la vez. Para ello, los reguladores deben
tener señales de alerta adecuadas y medidas macroprudenciales para gestionar
los riesgos del conjunto del sistema”.
El informe no apunta a medidas
concretas, pero Flint asegura que las entidades que apoyan esa estrategia
“están a favor de dar más transparencia al mercado de derivados, de evitar la
banca en la sombra y de ver cómo se limitan las ratios de endeudamiento; en
general, los bancos están abiertos a cualquier receta que permita estabilizar
el sistema”.
Eso sí, el documento pide “un
equilibrio adecuado entre estabilidad financiera y crecimiento económico” —como
si fueran excluyentes— y reclama un uso comedido de esas herramientas. “No está
clara su efectividad para limitar los riesgos sistémicos ni su impacto sobre la
economía real”, reza; “si se diseñan incorrectamente, pueden provocar incluso
más riesgos”, advierte Michel Liès, primer ejecutivo de Swiss Re. Axel Weber,
expresidente del Bundesbank y ahora en UBS, añade que las políticas
macroprudenciales “podrían desempeñar un rol fundamental para dar estabilidad,
pero siempre que su gobernanza y sus efectos secundarios potenciales se manejen
adecuadamente”.
Los grandes defienden esa
regulación, pero con cuidado. Aducen que estas políticas son más un arte que
una ciencia, están dando sus primeros pasos y eso hace contraproducente un uso
demasiado ambicioso. “El mensaje a los políticos es que sigan ese camino, pero
con prudencia”, avisa Liès, que apunta que el sector quiere participar en su
diseño. “El peligro es un mal diseño de incentivos que lleve a las entidades a
invertir en unos activos y no en otros y acabe provocando el mismo riesgo de
burbujas que quiere evitar y una mala asignación de los recursos”, concluye
Flint.
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