martes, 30 de junio de 2015
La Guardia Civil busca en Suiza y Andorra 140 millones de Bancaja
Por José Antonio Hernández
El País, 29/06/2015.
José Luis Olivas, una de las personas que más
poder político y financiero ha copado en los últimos años en Valencia
(sustituyó a Eduardo Zaplana en la presidencia de la Generalitat y después fue
presidente de Bancaja
y del Banco de Valencia) fue detenido ayer por la Guardia Civil. Junto a él,
fueron arrestados seis exaltos cargos de ambas entidades y dos empresarios
amigos de Olivas, cuyas firmas recibieron créditos impagados de 500 millones.
Los agentes investigan en Suiza y Andorra 140 millones desviados de ambas
entidades.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil, a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Juan
Pablo González, efectuó ayer una redada en la que detuvo a Olivas y
a otras ocho personas en una operación que se extendió por Alicante, Valencia,
Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. En síntesis, la investigación atribuye a
Olivas y los demás banqueros el haber otorgado préstamos a empresarios amigos
por importe de 500 millones, pese a que estos solo exhibieron como garantía
avales que sumaban la mitad de ese dinero. Según las pesquisas, concedieron
esos créditos saltándose el procedimiento interno bancario para la concesión de
créditos. Y no solo eso: una vez que los bancos detectaron que los prestatarios
incumplían los plazos y no iban a devolver el dinero, en lugar de activar el
procedimiento y ejecutar los avales, decidieron entrar a formar parte del
accionariado de las empresas deudoras. Y además, en una suerte huida hacia
adelante, tales empresas, ya con los bancos como accionistas, realizaron
inversiones inmobiliarias en el Caribe mexicano de dudosa solvencia. De las
operaciones caribeñas salieron los 140 millones que luego, a través de un
conglomerado de firmas, desviaron a paraísos fiscales de Andorra y Suiza Las
inversiones en el Caribe se hicieron a través de la sociedad Grand Coral. Pero
con una particularidad: para tales inversiones los detenidos crearon sociedades
interpuestas que incrementaron sustancialmente el precio de las operaciones. Y
supuestamente se quedaron con la diferencia entre el coste real y lo finalmente
abonado por las entidades. De esas plusvalías salieron los 140 millones, según
las pesquisas.
En estas operaciones habrían
intervenido, en connivencia con los empresarios, el expresidente de Bancaja y
de la Generalitat José Luis Olivas (quien sufrió un ataque de ansiedad durante
su interrogatorio ante la Guardia Civil). Los empresarios detenidos, en Madrid,
son Juan Ferry y Vicente Baldo, según las pesquisas. La operación Coral de la
Guardia Civil, que incluyó siete registros, seis de ellos en domicilios de los
implicados, también supuso el arresto de Domingo Parra (consejero delegado del
Banco de Valencia), de José Cortina (ex director general adjunto de Bancaja) y
de Aurelio Izquierdo (ex director general de Bancaja y expresidente de Banco de Valencia).
El juez González, del Juzgado
Central 3 de la Audiencia, investiga delitos de apropiación indebida,
administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y
falsedad documental. Al borde de la quiebra, Bancaja se fusionó en 2011 con
Caja Madrid y ambas formaron el grupo Bankia. Este asunto de supuesto saqueo a
través de créditos impagados concedidos a amigos es similar al que afecta a la
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Olivas se halla en la actualidad
imputado en otras causas que también se instruyen en la Audiencia Nacional. Una
de ellas, que también afecta a la gestión del Banco de Valencia, la instruye el juez Santiago Pedraz.
Disponible en:
lunes, 29 de junio de 2015
Shylock contra Carmena
Por Aníbal Malvar
Público.es,
17/06/2015.
Mientras Manuela Carmena inauguraba
bastón de mando deteniendo un desahucio en Madrid, en Santander Francisco González,
presidente del BBVA, inauguraba un curso de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo diciéndonos que “los populismos pasan facturas muy altas y
tienen las patas muy cortas”.
El curso que inauguraba el
popular banquero en la universidad pública se titulaba El nuevo modelo de
económico. Lecciones de la crisis, lo que me ha dejado un tanto atónito,
ya que también se podría haber titulado así el primer acto como alcaldesa de la
jueza fuenteovejunesca de Madrid. Que Carmena, como populista, tiene las patas
muy cortas, da noticia muy irrefutable el hecho de que acuda en Metro al
ayuntamiento. Lo de que pasa facturas muy altas es más discutible, por mucho
que el PP haya puesto el Metro de Madrid a precio de ubertaxi sideral.
Más misteriosa es la cortedad o
largueza de las patas de Francisco González, pues nunca le hemos visto ir
caminando a ningún sitio. Sin embargo, de todos los españoles es sabido que
nunca un banquero nos ha pasado facturas demasiado altas a sus súbditos (no es
un lapsus), salvo que consideremos factura, y no desinteresada dávida, los 1,34
billones inyectados por el Estado en las entidades financieras para sanear sus
agujeros (con perdón). La cifra, no os asustéis, incluye descuentos fiscales y
avales públicos.
Esos 1,34 billones, por seguir
citando las verdades del banquero, no provienen de “promesas irrealizables y
demagógicas que atentan contra el sistema institucional y las leyes que
democráticamente nos hemos otorgado”, que es lo que dice González que nos va a
pasar ahora con las carmenas, las colaus y lo que te escracharé, morena. Esos
1,34 billones germinaron en gobiernos como dios manda que, como este del PP, ha
logrado la hazaña de elevar la deuda pública de nuestro país del 70% de ZP
hasta más del 100% de nuestro PIB en poco más de tres años marianos, que son
igual de largos que los otros pero se te hacen más. Como las patitas de los
banqueros.
También ha gustado mucho entre el gentío el paternalismo con que trata González
a los sans culotte que han votado a la izquierda: “Las personas que
más han padecido la crisis son las más vulnerables al populismo”, nos ha
contado el heredero de Shylock.
Y lleva razón. No veo yo por qué las víctimas de la crisis, los cinco millones
de parados, los niños hambrientos o los enfermos sin sanidad no acuden a votar
contentos a las urnas. Lo que sucede es que el discurso populista les ha
crispado. Por suerte el banquero nos instruye también en el hecho de que, para
sacar el país adelante, “no hay atajos ni fórmulas mágicas, hay que atenerse a
lo que hay. Lo demás son deseos y sueños de una noche de verano” (Shylock
citando a Shakespeare:
se me caen lágrimas de gozo).
Hay que reconocer a estos
banqueros que hacen mejor las campañas electorales que los políticos, porque Mariano Rajoy hubiera sido
incapaz de entender la letra con la que González enhebró su hermoso discurso. Y
tiene razón cuando nos dice que no hay atajos. Hay hatajos. Y él forma parte de
ellos.
Mientras, ya se ha dicho, Manuela
Carmena detenía un desahucio en Madrid.
Populismos de pata corta contra
millonarios de pata negra. Qué difícil nos están poniendo lo de ir a votar.
Angelitos.
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domingo, 28 de junio de 2015
Desahucios
Por Nicolás Sartorius
El País, 26/0672015.
No se si se han percatado de los
tres significados que tiene el verbo desahuciar . El primero implica quitar a
alguien toda esperanza de conseguir lo que desea. El segundo se utiliza cuando
los médicos admiten que un enfermo no tiene posibilidad de curación. Y el
tercero sucede cuando el arrendador despide al inquilino o arrendatario
mediante una acción legal. No es casual que a esta última acción se la
califique de desahucio, si tenemos en cuenta las consecuencias, no muy
diferentes a las anteriores. Está bien traído llamar desahucio a la acción que
ejerce un banco cuando el hipotecado deja de abonar la cuota.
Lo paradójico es que el banco no
aparece ni como dueño ni como arrendador, pues se juega con la ficción de que
el dueño es el comprador, con el dinero que le presta el banco, cuando en
realidad el propietario/arrendador es el propio banco, dado que la cuota es, en
el fondo, un alquiler hasta que no se paga toda la hipoteca. Tanto es así que
los efectos de no abonar aquella son los mismos que cuando se deja de pagar el
alquiler, esto es el lanzamiento. Así, cuando se deja de pagar “la hipoteca” se
pierde la vivienda, lo abonado hasta ese momento y se incurre en una deuda
equivalente a lo que resta por pagar.
Ahora bien, no es lo mismo que un
sujeto deje de pagar al banco por razón de fuerza mayor contrastada —despido,
pobreza severa, enfermedad, etc.— que cuando no paga la renta porque es un
moroso profesional. En el primer caso, es inaceptable que el hipotecado pueda
ser lanzado a la calle sin que la entidad financiera renegocie la deuda; por
las administraciones públicas se facilite una vivienda social al desahuciado o
se llegue a un acuerdo público/privado que evite el desastre. No sólo por lo que
dice el artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a una vivienda digna o
establecen los Tratados Internacionales suscritos por España, sino porque a una
persona/familia que vive en la calle se le despoja del ejercicio de diez
derechos fundamentales. ¿O es que no se trata de un atentado a la integridad
moral cuando no física? (art. 15); ¿qué derecho a la libertad y a la seguridad
le queda? (art 17); ¿cómo puede hablarse de intimidad personal y familiar? (art
18.1); o el sarcasmo de decirle que “el domicilio es inviolable...” (art.18.2)
y el derecho al secreto de las comunicaciones” (art. 18.3); ¿y la libertad a
elegir libremente la residencia? (art. 19), se supone que en diferentes
esquinas o calles. Y ¿que decir de “la protección de la infancia”? (art. 20.4)
o ¿cómo se ejerce “la participación en los asuntos públicos? (art.23.1);
¿adónde se envían las papeletas de voto?; ¿cómo disfruta de la tutela judicial
efectiva un ciudadano sin domicilio? (art. 24.1). Y ¿cómo se ejerce el derecho
a la educación del art.27.1?; ¿se puede estudiar en la calle, debajo de un
puente?
La vivienda es la base física de
la vida familiar y del ejercicio de los derechos humanos, como la sanidad o la
educación. Y el Estado debe de tener medios para solucionar estos casos de necesidad
contrastada. En varios países europeos, las administraciones tienen viviendas
sociales que se alquilan a precios muy bajos y cuando la persona está en paro
deja de pagar la renta. Lo que es delictivo es que las viviendas de protección
oficial acaben vendiéndose a fondos buitre o que a los diez años dejen de ser
protegidas y el adjudicatario pueda venderlas en el mercado libre.
Este drama tiene un origen muy claro: se ha
“financiarizado” —a través de los bancos— una necesidad vital que para las personas
de escasos recursos debería estar cubierta por medio de las viviendas sociales
del Estado, en régimen de alquiler. Imaginen ustedes si para tener derecho a
sanidad o educación se necesitase un crédito bancario y al dejar de pagar la
cuota se evaporase el derecho a las medicinas o el de ir a la escuela.
Cosa diferente es cuando un
inquilino no paga la renta al arrendador. Si la falta de pago no obedece a un
estado de necesidad demostrado, el arrendatario debe de ser lanzado con
diligencia. Pero en los casos de necesidad, los poderes públicos deben de
intervenir con el fin de proteger a ambas partes. Al arrendador devolviéndole
la posesión de la vivienda y al arrendatario facilitándole una vivienda social
de propiedad pública. Todos los supuestos conducen a lo mismo: la vivienda
familiar forma parte de los derechos fundamentales y el Estado —en general, los
ayuntamientos— deben tener un amplio parque de viviendas sociales, en régimen
de alquiler, para hacer frente a las situaciones de necesidad.
Disponible en:
sábado, 27 de junio de 2015
Las demandas a las entidades financieras colapsan los juzgados de primera instancia
Por L. Ballester
Levante-EMV, 25/06/2015.
Las demandas a las entidades
bancarias de usuarios afectados por preferentes, acciones o morosidad han
colapsado los juzgados de Primera Instancia de Valencia y el resto de partidas
judiciales de la provincia, según denunció ayer Intersindical Justicia.
El sindicato achaca a «las entidades financieras» la situación de los juzgados valencianos por las masivas demandas presentadas por los usuarios por las preferentes y las acciones de Bankia (que rozan las 10.000 desde 2013). Y llueve sobre mojado porque se acaban de sumar los 3.400 escritos presentados, sólo en Valencia, por «las más de 3.000 cesiones de crédito del BBVA en Valencia, que ha vendido a un fondo de inversión, que está solicitando la reapertura de expedientes que en su día ya se tramitaron y se archivaron, por lo que habrá que buscarlos de nuevo y volver a tramitarlos. Esto va a ser el caos», explicaban ayer fuentes de Intersindical Justicia a Levante-EMV.
La avalancha de demandas provoca falta de espacio físico por toda la documentación que se acumulan, «por lo que se trabaja rodeado de expedientes tanto en las mesas como alrededor de las sillas». Los funcionarios también se ven obligados a atender «cientos de llamadas telefónicas y visitas del ciudadano en el mostrador que solicitan información, que impiden avanzar en la tramitación de los expedientes, ya que son los mismos funcionarios los que tienen que tramitar y atender al público y el teléfono», lamentan desde Intersindical.
El sindicato achaca a «las entidades financieras» la situación de los juzgados valencianos por las masivas demandas presentadas por los usuarios por las preferentes y las acciones de Bankia (que rozan las 10.000 desde 2013). Y llueve sobre mojado porque se acaban de sumar los 3.400 escritos presentados, sólo en Valencia, por «las más de 3.000 cesiones de crédito del BBVA en Valencia, que ha vendido a un fondo de inversión, que está solicitando la reapertura de expedientes que en su día ya se tramitaron y se archivaron, por lo que habrá que buscarlos de nuevo y volver a tramitarlos. Esto va a ser el caos», explicaban ayer fuentes de Intersindical Justicia a Levante-EMV.
La avalancha de demandas provoca falta de espacio físico por toda la documentación que se acumulan, «por lo que se trabaja rodeado de expedientes tanto en las mesas como alrededor de las sillas». Los funcionarios también se ven obligados a atender «cientos de llamadas telefónicas y visitas del ciudadano en el mostrador que solicitan información, que impiden avanzar en la tramitación de los expedientes, ya que son los mismos funcionarios los que tienen que tramitar y atender al público y el teléfono», lamentan desde Intersindical.
La situación puede agravarse, según fuentes sindicales, «con la modificación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal que llevan aparejada la despenalización de muchos procedimientos, entre ellos los derivados de accidentes de tráfico en los que las faltas pasarán a la vía civil por lo que también se tramitarán en los Juzgados de Primera Instancia».
El colapso, además, viene de lejos. El sindicato denuncia que «se produjo al eliminar la Dirección General de Justicia una plaza del cuerpo de Gestión en cada uno de los Juzgados de 1ª Instancia de Valencia, con el objetivo de aumentar la plantilla en los Juzgados de la provincia, que un año no se ha realizado». A pesar de haber denunciado este hecho, «el equipo del conseller de Justicia en funciones, ignora las peticiones de refuerzo de funcionarios y deja una herencia de colapso en la jurisdicción civil», lamenta Intersindical.
Además, esta eliminación de plazas «tenía por objeto la creación de 15 juzgados, pendientes de creación desde 2010, aunque se publicó la suspensión de su creación en junio de 2011». Para paliar esta situación, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a petición de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), «dotó de jueces de refuerzo a estos órganos, pero la Conselleria de Justicia, fiel a su trayectoria, hace caso omiso de las solicitudes de refuerzos y como colofón el plan de refuerzo ha sido reducido, no dotando a ningún juzgado civil de refuerzo»
Disponible en:
Amnistía acusa a España: “Incumple las obligaciones sobre vivienda”
Por J. Jiménez Gálvez
El País, 23/06/2015.
La escena se ha repetido en las últimas dos semanas en
diferentes puntos de España: concejales y alcaldes de las plataformas
municipalistas mediando en desahucios. "Eso significa
ser el alcalde de todos", incidía José María González, nuevo
regidor de Cádiz, en una entrevista publicada este martes, el mismo día en que Amnistía
Internacional (AI) ha arremetido contra las autoridades españolas
por la actitud que han mantenido sobre este tema durante toda la crisis. “Han
incumplido todas las obligaciones internacionales sobre el derecho a la
vivienda”, ha recalcado Esteban Beltrán, director de la ONG, durante la
presentación de un nuevo informe que revela que ya se han producido más de
600.000 ejecuciones hipotecarias desde 2008. De ellas, solo entre 2012 y
mediados de 2014, casi 100.000 afectaron a viviendas principales.
"Muchas autoridades en
España no conciben la vivienda como un derecho humano, sino como un bien de consumo.
Esa es la raíz fundamental de este problema", ha explicado Beltrán, antes
de que Koldo Casla, autor del informe, ahondase en las principales medidas
políticas que han supuesto una "regresión" en el país. Como recoge el
documento publicado este martes, el gasto en vivienda social se ha reducido en
más de un 50% en los Presupuestos Generales del Estado entre 2009 y 2014.
Un "recorte
llamativo" —en boca de Casla— que se produce en un país
que invierte poco en este tipo de inmuebles, en comparación con las naciones de
su entorno. Según los datos del estudio de AI, titulado Derechos
desalojados, España cuenta con un 1,1% de viviendas sociales; situándose
así a la cola de la Unión Europea. Solo Grecia presenta un porcentaje más
bajo. Y Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%) se
encuentran muy lejos.
A este contexto se suma, además, que España concentra cerca del 30%
de todas las viviendas vacías que hay en Europa. "Las
autoridades de las comunidades y del Gobierno central no han intensificado su
uso, tal y como recomendaba en 2008 el Relator Especial de la ONU sobre el
derecho a una vivienda adecuada", incide el informe de Amnistía, que
recoge también cómo se ha procedido durante estos años a la venta de
inmuebles sociales a fondos de inversión —casi 5.000 en la Comunidad
de Madrid y cerca de 400 en Cataluña—.
"Es difícil encontrar en
España una violación de derechos humanos tan extendida y tan invisible",
ha continuado Esteban Beltrán, que ha denunciado cómo las autoridades españolas
han obviado todas las recomendaciones internacionales que se le han hecho sobre
la materia. "Por ejemplo, no se ha creado un mecanismo obligatorio para
mediar", ha remarcado el director de la ONG, que ha añadido que todas las
políticas desarrolladas en el país se han centrado en aliviar la deuda: "Y
no en reconocer el derecho a la vivienda como un derecho fundamental".
Disponible en:
jueves, 25 de junio de 2015
La eliminación de las cláusulas suelo evitaría el inicio de 200.000 ejecuciones y desahucios
Nueva Tribuna.es,
24/06/2015.
“El incremento indebido que las
cláusulas suelo provocan en las cuotas que pagan los hipotecados mensualmente
llevan a en torno a un 10% de
las familias que sufren esta condición abusiva a la
imposibilidad de hacer frente a su préstamo”.
Así lo ha denunciado ADICAE
coincidiendo con el inicio, este miércoles, de la vista previa que se sigue en
el juzgado mercantil 11 de Madrid para la macrodemanda interpuesta por esta organización junto a 15.000 hipotecados
contra 101 bancos.
ADICAE calcula que los 200 euros mensuales de sobrecoste
que los suelos provocan como media a cada hipotecado provocarán decenas de
miles de ejecuciones hipotecarias y desahucios, que se sumarían a los que se
han producido como consecuencia o con la influencia de esta condición.
A ello hay que añadir los cientos
de miles de hipotecados que se encuentran al límite de sus posibilidades
y a los que la aplicación de la cláusula suelo sitúa, por el sobrecoste citado
que genera, al filo del impago, advierten.
Ante esta situación ADICAE
considera que una sentencia que impidiese la aplicación de los 'suelos' en las 2 millones de hipotecas
que a día de hoy se ven afectadas por esas cláusulas constituiría, además del
fin de un abuso evidente, una primera medida de impacto frente al preocupante
número de ejecuciones y desahucios.
La abusividad de la cláusula
suelo, su carácter de condición impuesta y el beneficio ilegítimo que genera
para los bancos en detrimento de millones de familias serán objeto de algunas
de las argumentaciones que los servicios jurídicos de ADICAE expondrán.
Disponible en:
La necesidad de que se establezcan bancos públicos
Por Vicenç Navarro
Público.es,
25/06/2015.
Cuando el Profesor Juan Torres y
yo escribimos las líneas estratégicas para desarrollar el programa económico
del nuevo partido Podemos (documento que ha servido de base para la reflexión y
preparación de tal programa por dicho partido político), una de las
recomendaciones que hicimos fue que se expandiera el sector público bancario,
uno de los más pequeños en la UE-15, siendo la escasa dimensión del mismo una
de las causas de que España sea uno de los países en esta comunidad donde ha
sido más difícil para las familias y para las pequeñas y medianas empresas
conseguir acceso al crédito, una de las causas del retroceso y lentitud de la
recuperación económica. Pero nuestra recomendación no se paró aquí. Fuimos
incluso más allá, sugiriendo un cambio constitucional que declarara la
provisión de servicios de la banca privada como una función pública, es decir,
que las bases de su existencia fueran la provisión de crédito. Los taxis en
España, por ejemplo, son privados, pero ejercen una función pública, que
justifica los privilegios que obtienen, como es el de utilizar carriles de
transporte reservados para el transporte público.
Ni que decir tiene que, como era
previsible, la respuesta de la prensa económica, controlada por la banca
privada, así como de las páginas económicas de los grandes medios de
información y persuasión, que están endeudados hasta la médula, lo cual explica
su actitud casi servil hacia el poder financiero, fue de una enorme hostilidad,
alcanzando niveles de una bajeza y mezquindad que yo nunca había visto y
experimentado en los muchos países en los que había vivido y trabajado durante
mi largo exilio (Suecia, Reino Unido y EEUU). Y como era predecible, el
panfleto del Ibex-35, que se titula Nada es gratis (fundado, entre
otros, por el asesor económico de Ciudadanos, que también asesora a la banca
privada), dedicó toda una serie de artículos para desacreditar nuestras
propuestas y, cómo no, a nosotros, sus autores.
Dejando aparte los insultos,
mentiras y falsedades (que caracterizaron las páginas de tales fórums,
consecuencia de su escasa cultura democrática), es importante centrarse en la
línea central de su argumento, que subraya que, como ya han mostrado las cajas
de ahorro, la banca pública ha fracasado en España, consecuencia de su
instrumentalización por el poder político que las controlaba. “¿Cómo Navarro y
Torres pueden todavía hoy hacer tal propuesta cuando la experiencia de las
cajas de ahorro ha mostrado tan claramente el desastre de la banca pública?”.
Esta frase, o algo parecido, apareció en la mayoría de las revistas económicas
donde se reproduce la sabiduría convencional.
Las cajas de ahorros no eran bancos públicos
El problema con tal argumento es
que las cajas de ahorro no eran bancos públicos. Utilizar el supuesto
fracaso de las cajas de ahorro como muestra del fracaso de la banca pública es
insostenible e irrelevante, pues no están comparando manzanas con manzanas,
sino con melones. Las dos entidades –las cajas de ahorro y los bancos públicos-
son distintas, en su identidad, en su gobernanza y en sus objetivos. Veamos los
datos.
Las cajas de ahorro no eran
propiedad de accionistas que cotizaran en el mercado bursátil, ni tampoco eran
propiedad de una autoridad pública a la cual rindieran cuentas. No estaban ni
sometidas a lo que se llama la disciplina del mercado (aunque en España tal
disciplina tampoco caracteriza el mercado financiero altamente concentrado) ni
tampoco eran responsables (“accountable”, en inglés) ante una autoridad que las
poseyera. Las cajas eran instituciones privadas, parecidas a las fundaciones,
sin que estuvieran sujetas al régimen jurídico de las fundaciones. Según las
leyes que regularon su gobernanza (leyes aprobadas en 1985 y en 2002), sus
órganos de gobierno tenían tres grupos de propietarios (o accionistas en la
narrativa de la banca privada). Uno eran personajes procedentes de
administraciones públicas (que no debían representar un porcentaje mayor del
50% del Consejo Directivo); otros eran los clientes-impositores (que debían ser
entre un 25 y un 50% de tales cargos); y otros eran los trabajadores de la
entidad (que representaban entre un 5 y un 15%).
Tal diversidad de tipo de
“accionistas” (diversidad que se incrementaba al incluir personajes de opciones
políticas existentes dentro del grupo asignado a la administración pública)
facilitó la concentración del poder en manos de los gestores de las cajas, que
llegaron a tener un enorme poder, que muchos utilizaron de forma clientelar e
incluso corrupta, como fue el caso del Presidente de Caja Madrid. Fue esta
enorme concentración de poder en los presidentes de las cajas, con limitada
presión para rendir cuentas, lo que creó el supuesto fracaso de estas (en
aquellas que fracasaron, y que no fueron todas. En realidad muchas cajas, como
La Caixa, continuaron siendo altamente exitosas).
En realidad, la experiencia con los bancos públicos ha sido muy limitada en
España. El ICO (Instituto de Crédito Oficial), una agencia pública, no es una
banca pública pues, aun siendo una institución pública de crédito, su actividad
crediticia se realiza a través de la banca privada, hecho que encarece el
crédito innecesariamente y desplaza a la banca privada la gestión del crédito.
En nuestro documento para Podemos hicimos la recomendación, ridiculizada por
los gurús mediáticos, afines al capital financiero, de que el ICO actuara como
un banco público, pidiendo prestado dinero del BCE y ofreciéndolo directamente
a las pequeñas y medianas empresas, sin externalizar su gestión.
La experiencia internacional
Sorprenderá al lector que en el
mundo hay muchos más bancos públicos que privados. En realidad, la banca
pública existe ampliamente en Europa, y, como he documentado en otros
artículos, ha jugado un papel clave en las economías que se consideran más
exitosas. Los bancos públicos han sido, por ejemplo, centrales en el éxito del
mal llamado milagro económico alemán. Un tanto igual ocurre en Francia, Italia,
Reino Unido, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Austria, EUUU y
Canadá. En todos estos países, estos bancos públicos (tanto a nivel central
como regional e incluso urbano) han sido elementos fundamentales del desarrollo
económico.
No en España, donde la banca
pública apenas existe, y ello como consecuencia del enorme poder (a todas luces
claramente exagerado) político y mediático que la banca privada, y muy en
particular los tres grandes bancos, Santander, BBVA y CaixaBank, que controlan
más del 60% del mercado financiero, tiene. En realidad, es práctica común que
los dirigentes de estos bancos tengan relaciones preferenciales con los
gobiernos españoles, tanto centrales como autonómicos, instruyendo a los
gobernantes sobre qué políticas públicas deben aplicarse. Son también los
bancos privados los que canalizan predominantemente el enorme fraude fiscal
realizado (el 73%) por las grandes fortunas y por las grandes empresas, que
detraen del fisco casi 43.000 millones de euros al año. Hoy la banca privada,
en complicidad con los paraísos fiscales, juega un papel central en el fraude
fiscal. El mayor fraude que existe en España está también relacionado con la
excesiva extensión de su banca privada (casi tres veces superior en proporción
que en EEUU).
Pero la situación es todavía
peor; la banca privada, incluyendo los tres grandes bancos citados en el
párrafo anterior, ha conseguido millones y millones de euros prestados del
Banco Central Europeo (que no es un banco central, sino un enorme lobby de la banca
privada) a unos intereses bajísimos (menos de un 1%). Con este mismo dinero, en
lugar de ofrecer crédito, ha comprado deuda pública que tenía una enorme
rentabilidad, pues la compraba a unos intereses del 6, 8, o incluso 12% en el
caso de los bonos públicos del Estado griego. Es el chollo del siglo. Imagínese
usted, lector, que recibe dinero a unos intereses bajísimos, y con este dinero
prestado se compra algo que le da unos intereses muchísimas veces superiores a
los que usted pagó. Se haría millonario en pocos días. Pues esto fue lo que
ocurrió con la banca privada española.
Las complicidades entre la banca privada y el poder político
La complicidad entre el Banco
Central Europeo y la banca privada ha alcanzado niveles escandalosos. Pero lo
que es incluso más indignante es que, cuando los bancos privados, incluidos los
tres grandes, comenzaron a comprar tanta deuda pública (incluyendo de Grecia)
que podrían incluso colapsar en caso de que los Estados, como Grecia, no
pudieran pagarles, entonces el BCE, el FMI y los gobiernos de la UE les
compraron la deuda pública a fin de que no perdieran y salieran dañados. La
famosa deuda pública griega se debe ahora no a los bancos privados, sino a las
autoridades públicas que gastaron el dinero de los contribuyentes del erario
público de cada país para salvarlos del colapso. Y para colmo de desfachatez,
ahora los gobiernos que ayudaron de una manera descarada a la banca, como fue
el gobierno español, movilizan a la opinión popular para atacar al gobierno
Syriza diciéndole que deben pagarles la deuda, la cual ha hecho mucho daño a
Grecia, y cuyo rescate para salvar a los bancos también se ha hecho a costa de
más y más recortes en los países cuyos gobiernos ayudaron a la banca privada.
En Europa, hoy, el que no está indignado es porque no conoce lo que pasa en su
entorno.
Disponible en:
martes, 23 de junio de 2015
El FROB sospecha de fraudes en Novagalicia por 170 millones
Por Iñigo de Barrón
El País, 23/06/2015.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)
remitirá a la Fiscalía cuatro operaciones irregulares correspondientes a la
antigua Novacaixagalicia que, según los informes forensic (de investigación)
realizados, podrían haber generado perjuicios económicos por 170 millones.
Precisamente hace unas
semanas se inició el juicio contra los antiguos directivos de Novagalicia,
que se enfrentan a penas de tres años de cárcel por las indemnizaciones que
recibieron al dejar el banco, por importe de 18,9 millones.
Los escándalos parecen no haber
terminado en la entidad gallega, procedente de la unión de Caixa Galicia y
Caixanova, en una operación dirigida políticamente por la Xunta. Según informó
ayer el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ha enviado dos
operaciones sospechosas de fraude que hacen referencia a la financiación y
refinanciación para la adquisición de inmuebles o participaciones en
sociedades, renegociaciones de préstamos con reducción de garantías y
operaciones de cancelación de deudas (sea por compraventa de activos o dación
en pago de cualquier otra figura jurídica análoga).
“En general, operaciones que han
dado lugar a importantes pérdidas para las entidades y presenten indicios de
irregularidad o no responden a una finalidad económica lógica”, resume el FROB.
En algunos casos, los beneficiados son los socios de las empresas, que podían
estar relacionados con la entidad.
Estos envíos se unen a los que
realizaron en octubre de 2014. A mediados de ese mes, el FROB remitió a la
fiscalía 23 informes con operaciones irregulares de Novagalicia y en Catalunya
Caixa (CX) que sumaban un perjuicio económico de 1.500 millones. A finales de
ese mes, hizo llegar a la Fiscalía otras dos nuevas operaciones irregulares de
Novagalicia (NCG) con unos perjuicios económicos estimados en 210 millones.
La mayoría de estas operaciones
sospechosas se realizaron entre 2005 y 2008. De estas operaciones, 16
correspondían a CX, por un perjuicio económico de 900 millones de euros, y 7 a
NCG, por 600 millones.
Pérdidas de 861 millones en el
FROB
Por otro lado, el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), de capital público y con seis años
de vida, continúa en pérdidas: en 2014 tuvo números rojos de 861 millones por
la venta de Catalunya Banc al BBVA. También ha influido en las pérdidas las
dotaciones a provisiones por garantías concedidas y al margen financiero
negativo, según los datos de la entidad.
No obstante, las pérdidas
del FROB son un 69% menores que las que tuvo en 2013. La clave de
esta mejoría en los números rojos es que el año pasado tuvo un ingreso de 220
millones por "resultado de enajenaciones" mientras que en 2013 en
esta partida perdió 1.729 millones. Además, también registró la mitad de
pérdidas por gastos financieros, que pasaron de 815 millones a 402 millones en
2014. Los gastos de personal subieron un 8,24%, hasta 4,1 millones, si bien el
resto de costes de explotación cayeron un 57,5%, hasta los 6,7 millones.
El FROB, dirigido por Jaime
Ponce, ha estimado un deterioro de 1.076 millones como consecuencia de la venta
de la participación que tenía en la antigua caja catalana. Además, se ha
registrado un deterioro de la participación de la Sareb en 125 millones. El
FROB controla el 45% del banco malo.
Las pérdidas registradas en 2014
se han compensado de forma parcial con reversiones de deterioro derivadas de la
recuperación del valor de las participaciones en la matriz de Bankia (BFA) y
BMN, ante su "buen comportamiento" en el pasado ejercicio.
En concreto, el incremento de
valor de las participaciones del FROB en el capital de BFA y BMN ha supuesto un
impacto positivo en la cuenta de resultados por importe de 1.418 millones de
euros (1.235 y 183 millones, respectivamente).
Disponible en:
lunes, 22 de junio de 2015
La macrodemanda colectiva contra las cláusulas suelo afronta su recta final
Nueva Tribuna.es, 22/06/2015.
La macrodemanda colectiva impulsada por ADICAE
frente al abuso de los 'suelos' hipotecarios avanza hacia su resolución con el
inicio, el miércoles 24 de junio a las 10:00 horas, de la vista previa en el
salón de actos de los juzgados de Plaza Castilla en Madrid.
Según ADICAE, “este abuso supone
a cada hipotecado pagar unos 200
euros más cada mes de cuota hipotecaria; unas cláusulas
aplicadas en 2 millones de familias y con las que la banca se ha embolsado más
de 24.000 millones de euros desde 2009”.
Dado que no es previsible la
práctica de prueba alguna más allá de las de carácter documental (puesto que el
pleito no versa sobre engaño a los consumidores sino sobre la adecuación de las
cláusulas a la legalidad) el procedimiento podría incluso quedar visto para sentencia tras la vista.
De esta forma, -recuerda ADICAE-
“una rápida sentencia no solo evitaría que miles de hipotecados continúen
expuestos a lo que ya se ha sentenciado como un abuso flagrante y a los riesgos
y perjuicios derivados del mismo, como la imposibilidad de pago de la hipoteca
y la consecuente ejecución hipotecaria, sino que supondría la eliminación de los 'suelos' en todas las
hipotecas existentes en España”.
Este efecto extensivo de la
eventual sentencia deriva del carácter colectivo de la demanda, interpuesta por
ADICAE como asociación de consumidores conforme a las previsiones de la Ley de
Enjuciamiento Civil y la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Después de que, como el propio
juzgado mercantil señalaba en un reciente auto, el debate jurisprudencial sobre
la nulidad de los 'suelos' haya perdido todo interés tras las diversas
sentencias del Supremo, el aspecto a determinar ahora es el alcance de esa nulidad en relación a la
devolución de las cantidades indebidamente pagadas, y si se
mantiene el poco sostenible criterio de defensa de los intereses de la banca
que ha defendido el Supremo en ocasiones.
En cualquier caso ADICAE confía
en que el fallo judicial se dicte de manera rápida para resolver una situación
de abuso masivo que siguen
sufriendo 2 millones de familias en España, y se llegue a las
vacaciones judiciales con una sentencia que elimine esta “condición abusiva”
del conjunto de hipotecas que las contienen, reconociendo a los afectados el
derecho a verse resarcidos por la aplicación de la cláusula suelo.
Disponible en.
domingo, 21 de junio de 2015
La batalla por las cláusulas suelo se hace municipal
Por Isidro Jiménez Gómez
El Salmón Contracorriente.es,
16/06/2015.
Una sentencia del Tribunal
Supremo en 2013 declaraba nulas las cláusulas suelo de contratos hipotecarios
de BBVA, Novagalicia y Cajamar, al considerarlas poco transparentes. Un año
después, otro fallo del Tribunal hacía lo mismo con las cláusulas suelo de Caja
Segovia, integrada en Bankia.
Estas cláusulas, uno de los
principales elementos simbólicos asociados a la crisis que todavía arrastra el
sector bancario, impiden que los consumidores y las consumidoras puedan
beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés en sus préstamos
hipotecarios, ya que el contrato firmado incluye un tope, normalmente superior
al 3%.
ADICAE,
la organización de defensa de los consumidores financieros, señala que el
préstamo hipotecario es la principal carga de endeudamiento familiar, una
situación agravada en el caso de aquellos que, aún sin saberlo, tienen una
cláusula suelo implementada en su hipoteca. Según la asociación, las entidades
bancarias imponían cláusulas suelo a sabiendas de cuál sería su efecto, y
empleaban las clausulas techo (tope de ganancia) como un gancho sabiendo que no
serían aplicables.
En 2008, tras el estallido de la
crisis, el 97% de los préstamos hipotecarios en España eran de tipo variable,
algo que extendió el volumen de familias a las que afectaban las cláusulas
suelo. El Banco de España admitía en 2008 que el 42% de las hipotecas tenían
este tipo de claúsulas.
El perjuicio total que un
consumidor ha podido llegar a soportar sólo desde 2009 como consecuencia de la
inclusión en su hipoteca de una cláusula suelo puede superar los 3.500 euros,
pero ADICAE ha detectado miles de casos en los que el perjuicio anual supera
los 5.000 euros. Son cantidades que siguen creciendo conforme pasa el tiempo y
las cláusulas suelo continúan en vigor.
Los dos fallos del Alto Tribunal
han afectado específicamente a los bancos objeto de la demanda, y no declaraban
la nulidad de todas las clásulas suelo bancarias, sin embargo, han servido para
que las asociaciones de consumidores y los particulares afectados reclamaran en
los juzgados. Además, el Principado de Asturias, tras la reclamación de algunas
asociaciones de consumidores, ha abierto expedientes sancionadores a las
entidades bancarias, alegando que incumplían las normativas de protección al
consumidor. La batalla por las cláusulas suelo, por tanto, se ha extendido al
ámbito autonómico y es posible que lo haga cada vez más al municipal.
En diciembre de 2014, el alcalde
de Azuqueca de Henares, Pablo Bellido, comparecía en el Juzgado número 4 de
Guadalajara para presentar 179 demandas de vecinos de esta localidad contra las
cláusulas suelo hipotecarias. Era el primero en hacerlo, pero otros están
siguiendo ese camino y ponen en marcha servicios municipales de asesoramiento y
reclamación extrajudicial sobre la existencia de posibles cláusulas abusivas en
préstamos hipotecarios. Tras el nuevo mapa político que han traído las
elecciones municipales, las entidades bancarias no parecen muy optimistas.
En abril de este año, durante la
vista oral del macrojuicio en el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid,
la Fiscalía se ha opuesto a que se declaren nulas de forma cautelar las
cláusulas suelo de 101 entidades de crédito al considerar que habría que
estudiar "caso por caso" los contratos de los 15.000 demandantes
representados por ADICAE. Esto supone que en los próximos meses, además de los
macrojuicios, las demandas de las distintas autonomías y ayuntamientos serán
elementos clave en la batalla contra las cláusulas suelo.
El presidente de ADICAE, Manuel
Pardos, denunciaba hace unas semanas que aún quedan "dos millones de
hipotecas" con este tipo de cláusulas, y que las entidades bancarias
"se está embolsando de modo ilegítimo alrededor de 4.000 o 5.000 millones
de euros cada año". Mucho dinero y, previsiblemente, muchas batallas por
llegar.
Disponible en:
El sector financiero arremete en tromba contra la idea de competir con una banca pública potente
Por Antonio M. Vélez
El diario.es, 20/06/2015.
El crédito ya comienza a fluir en España, lo peor de la crisis
ha pasado, también para el sector financiero, y la propuesta de articular una
banca pública potente lanzada desde algunos sectores de la izquierda
(singularmente, Podemos, IU y los dos principales sindicatos), mejor
enterrarla. Es la idea-fuerza que han lanzado esta semana algunos de los
principales representantes del sector financiero en el tradicional curso de
verano que esta semana ha tenido lugar en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP) de Santander, organizado por la Asociación de Periodistas de
Información Económica (APIE), patrocinado por BBVA y centrado en esta edición
'El nuevo modelo económico. Lecciones de la crisis'.
La idea de "mantener"
el 60% que el Estado conserva en Bankia tras su intervención y rescate en 2012,
que en principio debe vender antes de enero de 2018, y convertirlo en el germen
de una gran banca pública junto a otras entidades como el Instituto de Crédito
Oficial (ICO), fue defendida el martes por los líderes de CCOO y UGT, Ignacio
Fernández 'Toxo' y Cándido Méndez. Durante su intervención en Santander, el
secretario general de CCOO argumentó que, pese a la amarga experiencia de
las cajas de ahorros, los bancos públicos "pueden gestionarse por
criterios estrictamente profesionales" y España es "una
anomalía", porque la banca pública "existe en Alemania, Francia,
Holanda" y algunos estados de EEUU.
En España, no, y las entidades
del sector huyen del riesgo y "no se financian los proyectos", según
Toxo. Unos planteamientos que recuerdan a los del informe Una propuesta
progresista para salir de la crisis, elaborado por los economistas
Santiago Díaz de Sarralde y Bruno Estrada con el patrocinio de las fundaciones
Alternativas (próxima al PSOE), Francisco Largo Caballero (UGT) y Primero de
Mayo (CCOO), y que fue presentado a principios de este mes por los propios Toxo
y Méndez.
A los bancos no les gusta la
idea, que llega tras un largo historial de abusos en el sector, que ha
necesitado un rescate multimillonario para reflotar a buena parte de las
antiguas cajas y que, según sus defensores, permitiría reactivar el crédito a
familias y empresas. Este, como recordaba el pasado viernes el subgobernador
del Banco de España, Fernando Restoy, "sigue cayendo", mientras las
entidades enfatizan que el volumen de nuevas operaciones sí está aumentando.
Malas
experiencias
El lunes, el
presidente del BBVA, Francisco González, advertía, sin referirse en concreto a
la propuesta de una banca pública, del riesgo que entrañan los
"populismos", cuyas "promesas irrealizables" pasan
"facturas muy altas con el tiempo", y un día después tomaba partido
en la cuestión el supervisor. El gobernador del Banco de España, Luis María
Linde, se mostraba en Madrid en contra de la creación de bancos públicos
"por razones de competencia, de regulación y de peso que podrían suponer
pérdidas para el contribuyente". "La experiencia es mala. Puede
existir alguno que funcione bien, pero no es probable", afirmó Linde.
Más manifestaciones en contra: si
el jueves el presidente de la patronal bancaria AEB, José María Roldán,
ironizaba en Santander deseando "buena suerte" a quienes deseen poner
en marcha un banco de estas características ante la regulación a la que se
enfrenta el sector, más contundente se mostraba poco después el presidente de
Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.
"No conozco ningún banco
público que sea sostenible en el tiempo", dijo el ejecutivo vizcaíno,
sorprendido por que se diga "que es bueno tener banca pública porque
generará más crédito". En su opinión, el crédito debe fluir sólo si se
concede "de forma profesional y sensata y buscando valor" para los
accionistas, "que pueden ser privados o públicos". Goirigolzarri
llegó a dejar entrever que, en el caso de una llegada de Podemos a la Moncloa,
abandonará la presidencia de Bankia. Y enfatizó que el PSOE no está por la
labor de una banca pública.
Braulio Medel, uno de los pocos
supervivientes de la era de las cajas de ahorros y actual presidente del
malagueño Unicaja Banco, fue el menos taxativo en su rechazo a la propuesta de
crear un banco público. El andaluz instó a las administraciones a que
"hablen" antes de crear una entidad de estas características, un
modelo que puso en valor aunque dejó claro que, si ese es el objetivo, deben
tenerse claro cuáles son sus fines. Medel, que subrayó que "a día de hoy
el 11,5% del sistema financiero español es público", considera que si la
propuesta es crear una banca pública "para financiar proyectos
inviables", mejor olvidarse de ella.
(Nota de Carlos J. Bugallo: Qué duda cabe que estas declaraciones defensivas y esterotipadas, totalmente previsibles, son una respuesta inútil frente a una demanda social cada vez más notoria. Vamos por el buen camino.)
Disponible en:
sábado, 20 de junio de 2015
viernes, 19 de junio de 2015
El crédito al sector privado cae en 500.000 millones desde 2008
Levante-EMV, 15/06/2015.
BBVA Research estima que el crédito al sector privado se
ha reducido en 506.000 millones de euros desde 2008, lo que equivale al 48 %
del PIB, una contracción que se ha concentrado sobre todo en la financiación a
empresas, según el último informe Situación de la Banca, del servicio de
estudios de la entidad.
En concreto, el crédito a
empresas ha acumulado una caída del 34 % desde el inicio de la crisis, mientras
que la financiación a compañías inmobiliarias y constructoras se ha desplomado
más de un 57 %. Sin embargo, el servicio de estudios del BBVA constata que los
hogares han mostrado una resistencia mayor a la contracción del crédito por su
menor morosidad y el mayor plazo medio del crédito hipotecario.
BBVA Research certifica que el «necesario» desapalancamiento del stock de crédito al sector privado está siendo compatible con el flujo de nuevo crédito a medida que la recuperación económica se afianza en España. En este sentido, recuerda que las nuevas operaciones de crédito muestran un cambio de tendencia desde finales de 2013, con crecimientos interanuales en todas las carteras.
Disponible en:
La banca se une para expoliar a los consumidores a través de las comisiones en cajeros
ADICAE, 05/06/2015
La nefasta ocurrencia de
CaixaBank de cobrar dinero a los clientes de otros
bancos que quieren sacar dinero en sus cajeros automáticos puede extenderse
como una mancha de aceite en el oligopolio bancario español. Según fuentes del
sector, numerosos bancos llevan varios meses estudiando cobrar comisiones en
sus cajeros a los usuarios que no sean sus clientes. Solo esperan a que otra
entidad dominante, como Banco Santander, se decida a secundar a CaixaBank. El
resto irá detrás, como buena muestra de la falta de competencia entre la banca
española.
CaixaBank cobra desde abril una
comisión fija de dos euros a clientes de otros bancos, independientemente del
dinero a sacar del cajero y de si la tarjeta pertenece a la misma red de medios
de pago, es decir, ServiRed. “Si el Santander lo pone en marcha, prácticamente
todos los demás le seguiremos” indican dos directores responsables de medios de
pago.
Para el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, esto no es más que una
nueva muestra “del carácter oligopolista o mafioso de la banca española, que
está muy compenetrada. Estos movimientos responden a una lucha interna de la
gran banca española contra la banca con menos recursos y, en consecuencia,
menos cajeros automáticos”.
Pardos desvela que ADICAE se ha
puesto en contacto con las entidades financieras “para ofrecerles una reunión
en la que estuvieran presentes los grandes bancos, las pequeñas entidades y,
por supuesto, los consumidores y usuarios y discutir entre todos cómo se debe
distribuir el gasto que le supone a una entidad 'permitir' que los clientes de
otra utilicen sus cajeros automáticos. Un gasto que, desde luego, no alcanza la
cifra de dos euros por cada movimiento”, explica el presidente de ADICAE.
Europa debe
evitar este nuevo abuso
Es preciso recordar que en abril
ADICAE interpuso una denuncia ante el Banco de España por este turbio asunto.
Nuestra asociación solicitó también al presidente de la Autoridad Bancaria
Europea y a la Comisión la adopción de medidas frente a este abuso que,
liderado por Caixabank, provocará un “efecto contagio” y atenta contra los
consumidores, contra el desarrollo del mercado interior en la Unión Europea y
la creación de la “Zona Única de Pagos en Euros” (SEPA). De igual forma ADICAE
se dirigió a Jonathan Hill (Comisario Europeo de Servicios Financieros) y a
Vera Jourová (Comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género), al
entender que ambos responsables comunitarios ostentan competencias en la
actuación de Caixabank y sus efectos.
Desde el punto de vista de ADICAE
el cobro de esta comisión vulnera gravemente los derechos de los consumidores,
ya que si CaixaBank cobra directamente a los usuarios por utilizar sus cajeros
automáticos, los bancos que emiten las tarjetas no pueden aplicar a sus clientes
otra tarifa adicional, como está ocurriendo en algunos casos.
Ante esto, ADICAE anima a todos
los usuarios a no utilizar los cajeros automáticos de las entidades que decidan
implementar estas comisiones. En el caso de que deba usarlos por absoluta
necesidad, es aconsejable guardar el extracto de la operación y,
posteriormente, acudir a las sedes que
ADICAE tiene en toda España, donde se les
facilitarán los correspondientes escritos de reclamación.
Disponible en:
jueves, 18 de junio de 2015
miércoles, 17 de junio de 2015
Discrepancias en el País Valenciano sobre la banca pública
Por Víctor Romero
Levante-EMV, 17/06/2015.
Si hay un sector que pagaría para
que se celebrasen elecciones cada mes ese es sin duda el de renovación de
cartelitos con nombres de conselleries, empresas públicas y demás entidades
administrativas. La redenominación de departamentos está en el ADN de cualquier
cambio político, el primer gesto simbólico para dejar claro a propios y
extraños que un nuevo inquilino ocupa el sillón del despacho. Esto es lo que va
camino de ocurrirle al Instituto Valenciano de Competitividad (Ivace), que a
estas alturas de negociación entre PSPV y Compromís puede darse casi por
liquidado, licuado y reconstituido.
El empeño de Ximo Puig por
constituir una Agencia Valenciana de la Innovación parece haber sido aceptado
por Compromís, aunque ahora la negociación gira en torno a si debe ser adscrita
a Presidencia o a la conselleria que asuma las áreas económicas. Esta nueva
agencia asumirá gran parte de las competencias que ahora tiene el Ivace. El
Instituto nació en octubre de 2012 como sucesor del antiguo Impiva, pero
sumando, además de las políticas de competitividad y apoyo a pymes, las de la
Agencia Valenciana de la Energía, el Instituto Valenciano de la Exportación y
el Sepiva (gestión y promoción de suelo industrial). Estas tres últimas
entidades se disolvieron dentro del proceso de reorganización y ajuste del
sector público empresarial valenciano.
Ahora, la Agencia de la
Innovación se quedaría con el desarollo de estas políticas, pero no con la pata
de financiación a empresas, que regresaría al Instituto Valenciano de Finanzas
(IVF). La intención del bipartito es «refundar» el IVF para transformarlo «en
una entidad pública con acceso al crédito del BCE y fondos del BEI». Esta
referencia a la obtención de crédito del Banco Central Europeo y la de «incentivar
a través del IVF el modelo de cajas de ahorros no bancarizadas y la creación de
cajas y cooperativas de crédito local» ha sido interpretada como la intención
de configurar una banca pública. De hecho, el acceso al crédito del BCE
requiere de ficha bancaria.
«Tesis posibilistas»
Sin embargo, pese a las promesas de Compromís y Podemos, no es esta la intención de los socialistas. Ayer, en un cruce de opiniones en Twitter con Joaquín Maudos, catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València, Manuel Illueca, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Jaume I, señalaba sobre la banca pública:«Se trata más de una cuestión de comunicación que de una cuestión de fondo. Las tesis más posibilistas se abrirán paso». La voz de Illueca hay que tener la en cuenta porque es una de las personas que ha colaborado con Ximo Puig en la configuración de la propuesta del PSPV para el nuevo IVF. De hecho, el nombre del profesor suena para dirigir el Instituto.
Ante el cierre de mercados
financieros mayoristas y las limitaciones del ICO, la intención de los
socialistas es que el IVF, además de realizar sus funciones clásicas, reoriente
la búsqueda de recursos financieros hacia instituciones europeas como los
programas de competitividad dirigidos a pymes, pero también del Fondo Social
Europeo. Esto último permitiría conceder microcréditos a familias sin recursos
sin necesidad de recurrir a la ficha bancaria. El PSPV quiere implicar además a
las ONG en esta tarea.
(Nota de Carlos Javier Bugallo: Hemos cambiado el título del artículo)
Disponible en:
Carmena renuncia a crear un banco público como iba en su programa
El País, 16/06/2015.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha
reconocido que no es necesario la creación de un banco público municipal, una
de las medidas del programa de Ahora Madrid
que figuraba para reforzar la autonomía financiera municipal y "como
herramienta de financiación de proyectos sociales y de empresas y cooperativas
que fomenten la economía productiva".
"El programa de Ahora Madrid
se fue construyendo poco a poco, se incluyeron muchas sugerencias y cuando
asumí la candidatura dije desde un primer momento que lo entendía (el programa)
como un conjunto de sugerencias pero que no todas se podían entender como
presupuestos de implicación programática activa", ha dicho en una
entrevista con Europa Press.
"Insistí mucho en hablar de
los grandes objetivos. Después habrá medidas que se llevarán a cabo o no porque
lo importante es que se ajusten a los objetivos como igualdad, anticorrupción,
transparencia", ha añadido Carmena.
Lo que sí acometerá el nuevo
Ayuntamiento, en una de sus medidas prioritarias, es garantizar los suministros
como luz, agua y gas a los madrileños que no puedan pagarlo. Eso sí, no será
ya, y lo dejarán para la llegada del invierno.
"Ahora nos hemos centrado en
los aportes
alimentarios para los niños y los desahucios. Lo que hemos hecho lo
hemos preparado antes de cuando estábamos en el Ayuntamiento. Cuando nos hemos
reunido con otras entidades les hemos dicho que no sabíamos si íbamos a tener
el Ayuntamiento , pero en la oposición siempre nos interesaría este proyecto.
Ahora, que ya estamos en el Ayuntamiento, es el momento de hacerlo en la
paridad que debe tener el Ayuntamiento con las instituciones de crédito, de las
instituciones", ha esgrimido.
Por otro lado, la regidora
madrileña ha confirmado que el Ayuntamiento seguirá pagando la deuda y los
plazos de amortización obligados, pues "si se han podido pagar, se van a
seguir pagando".
"Y después, habrá que ver si
se puede llegar a acuerdos con las entidades acreedoras, de algún tipo de
compensación, veremos a ver. Dependiendo un poco de la situación, se pueden
buscar alternativas de quitas, lo iremos viendo, hay que hablar con los
técnicos", ha dicho.
Manuela Carmena apuesta por
conseguir "rentabilizar mucho" los gastos del Ayuntamiento. "Hay
cuestiones sorprendentes. Creo recordar que simplemente la conservación de la
Nave de Boetticher, que lleva mucho tiempo vacía, cuesta muchísimo dinero y sin
utilidad ninguna. Esas cosas hay que verlas", ha prometido.
La primer edil matritense también
propone ver los alquileres que se pagan por los edificios en los que hay
oficinas del ayuntamiento y ver posibilidades de rentabilizar mejor los
propios. "Estoy visitándolos y hay muchas cosas que se pueden rentabilizar
sin necesidad de seguir pagando tantos alquileres", ha apuntado.
Otro de los objetivos de Carmena
es que mucha parte de los directivos municipales se cubran con funcionarios
públicos, "de personas que ya tienen su retribución". "Además,
estamos inmersos en una política de austeridad, no solamente no vamos a aceptar
el sueldo que nos corresponde sino estudiar medidas de rentabilidad y que de
alguna manera signifique ahorros", ha añadido.
Disponible en:
martes, 16 de junio de 2015
La banca captó ayudas públicas en 2013 por valor de 6.817 millones, un 150% más que los presupuestos de Sanidad y Educación
ADICAE, 10/06/2015.
La Comisión Nacional de los
Mercados y de la Competencia (CNMC) ha publicado recientemente su informe anual sobre ayudas públicas efectuadas por el Estado en 2013.
Y hace especial hincapié en las ayudas destinadas al sector financiero. Estas
ayudas pueden “alterar el funcionamiento de los mercados” e implicar
“distorsiones en el juego competitivo” indica Competencia.
Por su impacto en la economía
española, la CNMC separa las ayudas al sector financiero de las otorgadas en el
resto de ámbitos. Así, las ayudas regulares alcanzaron los 2.779 millones de
euros, de los que 1.351 fueron ayudas sectoriales. Una cifra 'irrisoria' si la
comparamos con las otorgadas al sector financiero, como veremos a continuación.
De acuerdo con la metodología de
la Comisión Europea, la CNMC asegura que en España, durante 2013, las medidas
de recapitalización del sector financiero alcanzaron los 2.110 millones de
euros (un 0,21% del PIB); el rescate de activos deteriorados -productos
financieros que han perdido gran parte de su valor: créditos, preferentes, promociones
inmobiliarias...- fue de 4.507 millones de euros (un
0,44% del PIB); y otras medidas de liquidez, 200 millones (un 0,02% del
PIB).
En términos globales, España
destinó en 2013 un 0,7% de su PIB a medidas de recapitalización y rescate de
activos deteriorados, por un 0,2% de la media de los países de la Unión
Europea. En total, 6.817 millones de euros en ayudas directas al sector
financiero por parte del Estado español. Comparada esta cifra con los
presupuestos en 2013 de Ministerios tan importantes como un país como los de
Sanidad (2.592,672 millones) y Educación (1.944,853 millones), el rescate a la
banca gana en relevancia.
La banca no
devuelve el dinero prestado
Además también se destinaron
53.607 millones de euros a garantías -avales, cédulas hipotecarias...- pero la
CNMC asegura que “no se han ejecutado y no han implicado un coste directo para
las finanzas públicas”, aunque advierte que “puede existir un impacto indirecto
por la asunción de riesgos que conlleva y por los efectos potenciales sobre la
competencia efectiva”. Una competencia que, en España, brilla por su
ausencia.
La CNMC también contabiliza las
ayudas concedidas en formas de recapitalización y rescate y protección de
activos deteriorados entre 2008 y 2013, y los ingresos obtenidos por el sector
público mediante comisiones o enajenaciones. La posibilidad de recuperar dichos
importes dispuestos o de revender dichos activos depende de la salud financiera
de las entidades, el estado del sistema financiero, la situación económica
global, los incentivos introducidos, el esquema temporal de protección de
activos diseñado... Las razones que puede esgrimir la banca para no devolver el
rescate financiero son muchas. Tantas que, el Estado solo ha recuperado 6.411
de los 166.722 millones de euros 'prestados' entre ayudas directas y garantías
entre 2008 y 2013.
Estos datos, del todo punto
vergonzantes, se agravan todavía más si tenemos en cuenta que las ayudas
otorgadas por el Estado han ido a parar a un sistema financiero especialista en
perpetrar abusos masivos hacia los consumidores en los últimos lustros.
Así, con escándalos todavía sin
una solución global para los afectados como los de Fórum,
Afinsa, Arte y Naturaleza, las cláusulas suelo, la deuda subordinada o las
participaciones preferentes, ADICAE calcula que las entidades financieras
españolas han obtenido de modo ilegítimo más de 68.000 millones de euros de los
ahorros de los consumidores españoles. De hecho solo con el escándalo de las
preferentes la banca captó alrededor de 40.000 millones de euros antes de 2013,
en lo que fue un primer rescate a la banca, por la espalda y cargado al
bolsillo de los consumidores. Unos abusos que siguen sin solucionarse de modo
colectivo, tal y como sería necesario y de Justicia. Y que continúan, en estos
momentos en forma de múltiples comisiones abusivas.
Asimismo, es preciso remarcar que
las ayudas públicas no han servido para que el sistema financiero español -que
continúa 'reestructurándose'- haya cambiado un ápice sus malas prácticas
comerciales, tal y como viene denunciando ADICAE y
como quedó demostrado en la conferencia 'La protección a los consumidores y el nuevo panorama bancario'
organizada recientemente por nuestra asociación.
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