martes, 30 de junio de 2015

Todos somos Grecia


La Guardia Civil busca en Suiza y Andorra 140 millones de Bancaja


Por José Antonio Hernández
El País, 29/06/2015.

José Luis Olivas, una de las personas que más poder político y financiero ha copado en los últimos años en Valencia (sustituyó a Eduardo Zaplana en la presidencia de la Generalitat y después fue presidente de Bancaja y del Banco de Valencia) fue detenido ayer por la Guardia Civil. Junto a él, fueron arrestados seis exaltos cargos de ambas entidades y dos empresarios amigos de Olivas, cuyas firmas recibieron créditos impagados de 500 millones. Los agentes investigan en Suiza y Andorra 140 millones desviados de ambas entidades.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González, efectuó ayer una redada en la que detuvo a Olivas y a otras ocho personas en una operación que se extendió por Alicante, Valencia, Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. En síntesis, la investigación atribuye a Olivas y los demás banqueros el haber otorgado préstamos a empresarios amigos por importe de 500 millones, pese a que estos solo exhibieron como garantía avales que sumaban la mitad de ese dinero. Según las pesquisas, concedieron esos créditos saltándose el procedimiento interno bancario para la concesión de créditos. Y no solo eso: una vez que los bancos detectaron que los prestatarios incumplían los plazos y no iban a devolver el dinero, en lugar de activar el procedimiento y ejecutar los avales, decidieron entrar a formar parte del accionariado de las empresas deudoras. Y además, en una suerte huida hacia adelante, tales empresas, ya con los bancos como accionistas, realizaron inversiones inmobiliarias en el Caribe mexicano de dudosa solvencia. De las operaciones caribeñas salieron los 140 millones que luego, a través de un conglomerado de firmas, desviaron a paraísos fiscales de Andorra y Suiza Las inversiones en el Caribe se hicieron a través de la sociedad Grand Coral. Pero con una particularidad: para tales inversiones los detenidos crearon sociedades interpuestas que incrementaron sustancialmente el precio de las operaciones. Y supuestamente se quedaron con la diferencia entre el coste real y lo finalmente abonado por las entidades. De esas plusvalías salieron los 140 millones, según las pesquisas.

En estas operaciones habrían intervenido, en connivencia con los empresarios, el expresidente de Bancaja y de la Generalitat José Luis Olivas (quien sufrió un ataque de ansiedad durante su interrogatorio ante la Guardia Civil). Los empresarios detenidos, en Madrid, son Juan Ferry y Vicente Baldo, según las pesquisas. La operación Coral de la Guardia Civil, que incluyó siete registros, seis de ellos en domicilios de los implicados, también supuso el arresto de Domingo Parra (consejero delegado del Banco de Valencia), de José Cortina (ex director general adjunto de Bancaja) y de Aurelio Izquierdo (ex director general de Bancaja y expresidente de Banco de Valencia).

El juez González, del Juzgado Central 3 de la Audiencia, investiga delitos de apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y falsedad documental. Al borde de la quiebra, Bancaja se fusionó en 2011 con Caja Madrid y ambas formaron el grupo Bankia. Este asunto de supuesto saqueo a través de créditos impagados concedidos a amigos es similar al que afecta a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Olivas se halla en la actualidad imputado en otras causas que también se instruyen en la Audiencia Nacional. Una de ellas, que también afecta a la gestión del Banco de Valencia, la instruye el juez Santiago Pedraz.

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lunes, 29 de junio de 2015

Todos somos Grecia


Shylock contra Carmena


Por Aníbal Malvar
Público.es, 17/06/2015.

Mientras Manuela Carmena inauguraba bastón de mando deteniendo un desahucio en Madrid, en Santander Francisco González, presidente del BBVA, inauguraba un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo diciéndonos que “los populismos pasan facturas muy altas y tienen las patas muy cortas”.

El curso que inauguraba el popular banquero en la universidad pública se titulaba El nuevo modelo de económico. Lecciones de la crisis, lo que me ha dejado un tanto atónito, ya que también se podría haber titulado así el primer acto como alcaldesa de la jueza fuenteovejunesca de Madrid. Que Carmena, como populista, tiene las patas muy cortas, da noticia muy irrefutable el hecho de que acuda en Metro al ayuntamiento. Lo de que pasa facturas muy altas es más discutible, por mucho que el PP haya puesto el Metro de Madrid a precio de ubertaxi sideral.

Más misteriosa es la cortedad o largueza de las patas de Francisco González, pues nunca le hemos visto ir caminando a ningún sitio. Sin embargo, de todos los españoles es sabido que nunca un banquero nos ha pasado facturas demasiado altas a sus súbditos (no es un lapsus), salvo que consideremos factura, y no desinteresada dávida, los 1,34 billones inyectados por el Estado en las entidades financieras para sanear sus agujeros (con perdón). La cifra, no os asustéis, incluye descuentos fiscales y avales públicos.

Esos 1,34 billones, por seguir citando las verdades del banquero, no provienen de “promesas irrealizables y demagógicas que atentan contra el sistema institucional y las leyes que democráticamente nos hemos otorgado”, que es lo que dice González que nos va a pasar ahora con las carmenas, las colaus y lo que te escracharé, morena. Esos 1,34 billones germinaron en gobiernos como dios manda que, como este del PP, ha logrado la hazaña de elevar la deuda pública de nuestro país del 70% de ZP hasta más del 100% de nuestro PIB en poco más de tres años marianos, que son igual de largos que los otros pero se te hacen más. Como las patitas de los banqueros.

También ha gustado mucho entre el gentío el paternalismo con que trata González a los sans culotte que han votado a la izquierda: “Las personas que más han padecido la crisis son las más vulnerables al populismo”, nos ha contado el heredero de Shylock. Y lleva razón. No veo yo por qué las víctimas de la crisis, los cinco millones de parados, los niños hambrientos o los enfermos sin sanidad no acuden a votar contentos a las urnas. Lo que sucede es que el discurso populista les ha crispado. Por suerte el banquero nos instruye también en el hecho de que, para sacar el país adelante, “no hay atajos ni fórmulas mágicas, hay que atenerse a lo que hay. Lo demás son deseos y sueños de una noche de verano” (Shylock citando a Shakespeare: se me caen lágrimas de gozo).

Hay que reconocer a estos banqueros que hacen mejor las campañas electorales que los políticos, porque Mariano Rajoy hubiera sido incapaz de entender la letra con la que González enhebró su hermoso discurso. Y tiene razón cuando nos dice que no hay atajos. Hay hatajos. Y él forma parte de ellos.

Mientras, ya se ha dicho, Manuela Carmena detenía un desahucio en Madrid.

Populismos de pata corta contra millonarios de pata negra. Qué difícil nos están poniendo lo de ir a votar. Angelitos.

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domingo, 28 de junio de 2015

Todos somos Grecia


Desahucios


Por Nicolás Sartorius
El País, 26/0672015.

No se si se han percatado de los tres significados que tiene el verbo desahuciar . El primero implica quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea. El segundo se utiliza cuando los médicos admiten que un enfermo no tiene posibilidad de curación. Y el tercero sucede cuando el arrendador despide al inquilino o arrendatario mediante una acción legal. No es casual que a esta última acción se la califique de desahucio, si tenemos en cuenta las consecuencias, no muy diferentes a las anteriores. Está bien traído llamar desahucio a la acción que ejerce un banco cuando el hipotecado deja de abonar la cuota.

Lo paradójico es que el banco no aparece ni como dueño ni como arrendador, pues se juega con la ficción de que el dueño es el comprador, con el dinero que le presta el banco, cuando en realidad el propietario/arrendador es el propio banco, dado que la cuota es, en el fondo, un alquiler hasta que no se paga toda la hipoteca. Tanto es así que los efectos de no abonar aquella son los mismos que cuando se deja de pagar el alquiler, esto es el lanzamiento. Así, cuando se deja de pagar “la hipoteca” se pierde la vivienda, lo abonado hasta ese momento y se incurre en una deuda equivalente a lo que resta por pagar.

Ahora bien, no es lo mismo que un sujeto deje de pagar al banco por razón de fuerza mayor contrastada —despido, pobreza severa, enfermedad, etc.— que cuando no paga la renta porque es un moroso profesional. En el primer caso, es inaceptable que el hipotecado pueda ser lanzado a la calle sin que la entidad financiera renegocie la deuda; por las administraciones públicas se facilite una vivienda social al desahuciado o se llegue a un acuerdo público/privado que evite el desastre. No sólo por lo que dice el artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a una vivienda digna o establecen los Tratados Internacionales suscritos por España, sino porque a una persona/familia que vive en la calle se le despoja del ejercicio de diez derechos fundamentales. ¿O es que no se trata de un atentado a la integridad moral cuando no física? (art. 15); ¿qué derecho a la libertad y a la seguridad le queda? (art 17); ¿cómo puede hablarse de intimidad personal y familiar? (art 18.1); o el sarcasmo de decirle que “el domicilio es inviolable...” (art.18.2) y el derecho al secreto de las comunicaciones” (art. 18.3); ¿y la libertad a elegir libremente la residencia? (art. 19), se supone que en diferentes esquinas o calles. Y ¿que decir de “la protección de la infancia”? (art. 20.4) o ¿cómo se ejerce “la participación en los asuntos públicos? (art.23.1); ¿adónde se envían las papeletas de voto?; ¿cómo disfruta de la tutela judicial efectiva un ciudadano sin domicilio? (art. 24.1). Y ¿cómo se ejerce el derecho a la educación del art.27.1?; ¿se puede estudiar en la calle, debajo de un puente?

La vivienda es la base física de la vida familiar y del ejercicio de los derechos humanos, como la sanidad o la educación. Y el Estado debe de tener medios para solucionar estos casos de necesidad contrastada. En varios países europeos, las administraciones tienen viviendas sociales que se alquilan a precios muy bajos y cuando la persona está en paro deja de pagar la renta. Lo que es delictivo es que las viviendas de protección oficial acaben vendiéndose a fondos buitre o que a los diez años dejen de ser protegidas y el adjudicatario pueda venderlas en el mercado libre.

Este drama tiene un origen muy claro: se ha “financiarizado” —a través de los bancos— una necesidad vital que para las personas de escasos recursos debería estar cubierta por medio de las viviendas sociales del Estado, en régimen de alquiler. Imaginen ustedes si para tener derecho a sanidad o educación se necesitase un crédito bancario y al dejar de pagar la cuota se evaporase el derecho a las medicinas o el de ir a la escuela.

Cosa diferente es cuando un inquilino no paga la renta al arrendador. Si la falta de pago no obedece a un estado de necesidad demostrado, el arrendatario debe de ser lanzado con diligencia. Pero en los casos de necesidad, los poderes públicos deben de intervenir con el fin de proteger a ambas partes. Al arrendador devolviéndole la posesión de la vivienda y al arrendatario facilitándole una vivienda social de propiedad pública. Todos los supuestos conducen a lo mismo: la vivienda familiar forma parte de los derechos fundamentales y el Estado —en general, los ayuntamientos— deben tener un amplio parque de viviendas sociales, en régimen de alquiler, para hacer frente a las situaciones de necesidad.

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sábado, 27 de junio de 2015

Todos somos Grecia


Las demandas a las entidades financieras colapsan los juzgados de primera instancia


Por L. Ballester
Levante-EMV, 25/06/2015.

Las demandas a las entidades bancarias de usuarios afectados por preferentes, acciones o morosidad han colapsado los juzgados de Primera Instancia de Valencia y el resto de partidas judiciales de la provincia, según denunció ayer Intersindical Justicia.

El sindicato achaca a «las entidades financieras» la situación de los juzgados valencianos por las masivas demandas presentadas por los usuarios por las preferentes y las acciones de Bankia (que rozan las 10.000 desde 2013). Y llueve sobre mojado porque se acaban de sumar los 3.400 escritos presentados, sólo en Valencia, por «las más de 3.000 cesiones de crédito del BBVA en Valencia, que ha vendido a un fondo de inversión, que está solicitando la reapertura de expedientes que en su día ya se tramitaron y se archivaron, por lo que habrá que buscarlos de nuevo y volver a tramitarlos. Esto va a ser el caos», explicaban ayer fuentes de Intersindical Justicia a Levante-EMV.

La avalancha de demandas provoca falta de espacio físico por toda la documentación que se acumulan, «por lo que se trabaja rodeado de expedientes tanto en las mesas como alrededor de las sillas». Los funcionarios también se ven obligados a atender «cientos de llamadas telefónicas y visitas del ciudadano en el mostrador que solicitan información, que impiden avanzar en la tramitación de los expedientes, ya que son los mismos funcionarios los que tienen que tramitar y atender al público y el teléfono», lamentan desde Intersindical.

La situación puede agravarse, según fuentes sindicales, «con la modificación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal que llevan aparejada la despenalización de muchos procedimientos, entre ellos los derivados de accidentes de tráfico en los que las faltas pasarán a la vía civil por lo que también se tramitarán en los Juzgados de Primera Instancia».

El colapso, además, viene de lejos. El sindicato denuncia que «se produjo al eliminar la Dirección General de Justicia una plaza del cuerpo de Gestión en cada uno de los Juzgados de 1ª Instancia de Valencia, con el objetivo de aumentar la plantilla en los Juzgados de la provincia, que un año no se ha realizado». A pesar de haber denunciado este hecho, «el equipo del conseller de Justicia en funciones, ignora las peticiones de refuerzo de funcionarios y deja una herencia de colapso en la jurisdicción civil», lamenta Intersindical.
 
Además, esta eliminación de plazas «tenía por objeto la creación de 15 juzgados, pendientes de creación desde 2010, aunque se publicó la suspensión de su creación en junio de 2011». Para paliar esta situación, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a petición de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), «dotó de jueces de refuerzo a estos órganos, pero la Conselleria de Justicia, fiel a su trayectoria, hace caso omiso de las solicitudes de refuerzos y como colofón el plan de refuerzo ha sido reducido, no dotando a ningún juzgado civil de refuerzo»

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El Gobierno y los bancos


Amnistía acusa a España: “Incumple las obligaciones sobre vivienda”


Por J. Jiménez Gálvez
El País, 23/06/2015.

La escena se ha repetido en las últimas dos semanas en diferentes puntos de España: concejales y alcaldes de las plataformas municipalistas mediando en desahucios. "Eso significa ser el alcalde de todos", incidía José María González, nuevo regidor de Cádiz, en una entrevista publicada este martes, el mismo día en que Amnistía Internacional (AI) ha arremetido contra las autoridades españolas por la actitud que han mantenido sobre este tema durante toda la crisis. “Han incumplido todas las obligaciones internacionales sobre el derecho a la vivienda”, ha recalcado Esteban Beltrán, director de la ONG, durante la presentación de un nuevo informe que revela que ya se han producido más de 600.000 ejecuciones hipotecarias desde 2008. De ellas, solo entre 2012 y mediados de 2014, casi 100.000 afectaron a viviendas principales.

"Muchas autoridades en España no conciben la vivienda como un derecho humano, sino como un bien de consumo. Esa es la raíz fundamental de este problema", ha explicado Beltrán, antes de que Koldo Casla, autor del informe, ahondase en las principales medidas políticas que han supuesto una "regresión" en el país. Como recoge el documento publicado este martes, el gasto en vivienda social se ha reducido en más de un 50% en los Presupuestos Generales del Estado entre 2009 y 2014. 

Un "recorte llamativo" —en boca de Casla— que se produce en un país que invierte poco en este tipo de inmuebles, en comparación con las naciones de su entorno. Según los datos del estudio de AI, titulado Derechos desalojados, España cuenta con un 1,1% de viviendas sociales; situándose así a la cola de la Unión Europea. Solo Grecia presenta un porcentaje más bajo. Y Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%) se encuentran muy lejos.

A este contexto se suma, además, que España concentra cerca del 30% de todas las viviendas vacías que hay en Europa. "Las autoridades de las comunidades y del Gobierno central no han intensificado su uso, tal y como recomendaba en 2008 el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada", incide el informe de Amnistía, que recoge también cómo se ha procedido durante estos años a la venta de inmuebles sociales a fondos de inversión —casi 5.000 en la Comunidad de Madrid y cerca de 400 en Cataluña—.

"Es difícil encontrar en España una violación de derechos humanos tan extendida y tan invisible", ha continuado Esteban Beltrán, que ha denunciado cómo las autoridades españolas han obviado todas las recomendaciones internacionales que se le han hecho sobre la materia. "Por ejemplo, no se ha creado un mecanismo obligatorio para mediar", ha remarcado el director de la ONG, que ha añadido que todas las políticas desarrolladas en el país se han centrado en aliviar la deuda: "Y no en reconocer el derecho a la vivienda como un derecho fundamental".

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jueves, 25 de junio de 2015

Las dos caras del discurso dominante


La eliminación de las cláusulas suelo evitaría el inicio de 200.000 ejecuciones y desahucios


Nueva Tribuna.es, 24/06/2015.

“El incremento indebido que las cláusulas suelo provocan en las cuotas que pagan los hipotecados mensualmente llevan a en torno a un 10% de las familias que sufren esta condición abusiva a la imposibilidad de hacer frente a su préstamo”.

Así lo ha denunciado ADICAE coincidiendo con el inicio, este miércoles, de la vista previa que se sigue en el juzgado mercantil 11 de Madrid para la macrodemanda interpuesta por esta organización junto a 15.000 hipotecados contra 101 bancos.

ADICAE calcula que los 200 euros mensuales de sobrecoste que los suelos provocan como media a cada hipotecado provocarán decenas de miles de ejecuciones hipotecarias y desahucios, que se sumarían a los que se han producido como consecuencia o con la influencia de esta condición.


A ello hay que añadir los cientos de miles de hipotecados que se encuentran al límite de sus posibilidades y a los que la aplicación de la cláusula suelo sitúa, por el sobrecoste citado que genera, al filo del impago, advierten.

Ante esta situación ADICAE considera que una sentencia que impidiese la aplicación de los 'suelos' en las 2 millones de hipotecas que a día de hoy se ven afectadas por esas cláusulas constituiría, además del fin de un abuso evidente, una primera medida de impacto frente al preocupante número de ejecuciones y desahucios.

La abusividad de la cláusula suelo, su carácter de condición impuesta y el beneficio ilegítimo que genera para los bancos en detrimento de millones de familias serán objeto de algunas de las argumentaciones que los servicios jurídicos de ADICAE expondrán.

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Los vándalos modernos


La necesidad de que se establezcan bancos públicos


Por Vicenç Navarro
Público.es, 25/06/2015.

Cuando el Profesor Juan Torres y yo escribimos las líneas estratégicas para desarrollar el programa económico del nuevo partido Podemos (documento que ha servido de base para la reflexión y preparación de tal programa por dicho partido político), una de las recomendaciones que hicimos fue que se expandiera el sector público bancario, uno de los más pequeños en la UE-15, siendo la escasa dimensión del mismo una de las causas de que España sea uno de los países en esta comunidad donde ha sido más difícil para las familias y para las pequeñas y medianas empresas conseguir acceso al crédito, una de las causas del retroceso y lentitud de la recuperación económica. Pero nuestra recomendación no se paró aquí. Fuimos incluso más allá, sugiriendo un cambio constitucional que declarara la provisión de servicios de la banca privada como una función pública, es decir, que las bases de su existencia fueran la provisión de crédito. Los taxis en España, por ejemplo, son privados, pero ejercen una función pública, que justifica los privilegios que obtienen, como es el de utilizar carriles de transporte reservados para el transporte público.

Ni que decir tiene que, como era previsible, la respuesta de la prensa económica, controlada por la banca privada, así como de las páginas económicas de los grandes medios de información y persuasión, que están endeudados hasta la médula, lo cual explica su actitud casi servil hacia el poder financiero, fue de una enorme hostilidad, alcanzando niveles de una bajeza y mezquindad que yo nunca había visto y experimentado en los muchos países en los que había vivido y trabajado durante mi largo exilio (Suecia, Reino Unido y EEUU). Y como era predecible, el panfleto del Ibex-35, que se titula Nada es gratis (fundado, entre otros, por el asesor económico de Ciudadanos, que también asesora a la banca privada), dedicó toda una serie de artículos para desacreditar nuestras propuestas y, cómo no, a nosotros, sus autores.

Dejando aparte los insultos, mentiras y falsedades (que caracterizaron las páginas de tales fórums, consecuencia de su escasa cultura democrática), es importante centrarse en la línea central de su argumento, que subraya que, como ya han mostrado las cajas de ahorro, la banca pública ha fracasado en España, consecuencia de su instrumentalización por el poder político que las controlaba. “¿Cómo Navarro y Torres pueden todavía hoy hacer tal propuesta cuando la experiencia de las cajas de ahorro ha mostrado tan claramente el desastre de la banca pública?”. Esta frase, o algo parecido, apareció en la mayoría de las revistas económicas donde se reproduce la sabiduría convencional.

Las cajas de ahorros no eran bancos públicos

El problema con tal argumento es que las cajas de ahorro no eran bancos públicos. Utilizar el supuesto fracaso de las cajas de ahorro como muestra del fracaso de la banca pública es insostenible e irrelevante, pues no están comparando manzanas con manzanas, sino con melones. Las dos entidades –las cajas de ahorro y los bancos públicos- son distintas, en su identidad, en su gobernanza y en sus objetivos. Veamos los datos.

Las cajas de ahorro no eran propiedad de accionistas que cotizaran en el mercado bursátil, ni tampoco eran propiedad de una autoridad pública a la cual rindieran cuentas. No estaban ni sometidas a lo que se llama la disciplina del mercado (aunque en España tal disciplina tampoco caracteriza el mercado financiero altamente concentrado) ni tampoco eran responsables (“accountable”, en inglés) ante una autoridad que las poseyera. Las cajas eran instituciones privadas, parecidas a las fundaciones, sin que estuvieran sujetas al régimen jurídico de las fundaciones. Según las leyes que regularon su gobernanza (leyes aprobadas en 1985 y en 2002), sus órganos de gobierno tenían tres grupos de propietarios (o accionistas en la narrativa de la banca privada). Uno eran personajes procedentes de administraciones públicas (que no debían representar un porcentaje mayor del 50% del Consejo Directivo); otros eran los clientes-impositores (que debían ser entre un 25 y un 50% de tales cargos); y otros eran los trabajadores de la entidad (que representaban entre un 5 y un 15%).

Tal diversidad de tipo de “accionistas” (diversidad que se incrementaba al incluir personajes de opciones políticas existentes dentro del grupo asignado a la administración pública) facilitó la concentración del poder en manos de los gestores de las cajas, que llegaron a tener un enorme poder, que muchos utilizaron de forma clientelar e incluso corrupta, como fue el caso del Presidente de Caja Madrid. Fue esta enorme concentración de poder en los presidentes de las cajas, con limitada presión para rendir cuentas, lo que creó el supuesto fracaso de estas (en aquellas que fracasaron, y que no fueron todas. En realidad muchas cajas, como La Caixa, continuaron siendo altamente exitosas).

En realidad, la experiencia con los bancos públicos ha sido muy limitada en España. El ICO (Instituto de Crédito Oficial), una agencia pública, no es una banca pública pues, aun siendo una institución pública de crédito, su actividad crediticia se realiza a través de la banca privada, hecho que encarece el crédito innecesariamente y desplaza a la banca privada la gestión del crédito. En nuestro documento para Podemos hicimos la recomendación, ridiculizada por los gurús mediáticos, afines al capital financiero, de que el ICO actuara como un banco público, pidiendo prestado dinero del BCE y ofreciéndolo directamente a las pequeñas y medianas empresas, sin externalizar su gestión.

La experiencia internacional

Sorprenderá al lector que en el mundo hay muchos más bancos públicos que privados. En realidad, la banca pública existe ampliamente en Europa, y, como he documentado en otros artículos, ha jugado un papel clave en las economías que se consideran más exitosas. Los bancos públicos han sido, por ejemplo, centrales en el éxito del mal llamado milagro económico alemán. Un tanto igual ocurre en Francia, Italia, Reino Unido, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Austria, EUUU y Canadá. En todos estos países, estos bancos públicos (tanto a nivel central como regional e incluso urbano) han sido elementos fundamentales del desarrollo económico.

No en España, donde la banca pública apenas existe, y ello como consecuencia del enorme poder (a todas luces claramente exagerado) político y mediático que la banca privada, y muy en particular los tres grandes bancos, Santander, BBVA y CaixaBank, que controlan más del 60% del mercado financiero, tiene. En realidad, es práctica común que los dirigentes de estos bancos tengan relaciones preferenciales con los gobiernos españoles, tanto centrales como autonómicos, instruyendo a los gobernantes sobre qué políticas públicas deben aplicarse. Son también los bancos privados los que canalizan predominantemente el enorme fraude fiscal realizado (el 73%) por las grandes fortunas y por las grandes empresas, que detraen del fisco casi 43.000 millones de euros al año. Hoy la banca privada, en complicidad con los paraísos fiscales, juega un papel central en el fraude fiscal. El mayor fraude que existe en España está también relacionado con la excesiva extensión de su banca privada (casi tres veces superior en proporción que en EEUU).

Pero la situación es todavía peor; la banca privada, incluyendo los tres grandes bancos citados en el párrafo anterior, ha conseguido millones y millones de euros prestados del Banco Central Europeo (que no es un banco central, sino un enorme lobby de la banca privada) a unos intereses bajísimos (menos de un 1%). Con este mismo dinero, en lugar de ofrecer crédito, ha comprado deuda pública que tenía una enorme rentabilidad, pues la compraba a unos intereses del 6, 8, o incluso 12% en el caso de los bonos públicos del Estado griego. Es el chollo del siglo. Imagínese usted, lector, que recibe dinero a unos intereses bajísimos, y con este dinero prestado se compra algo que le da unos intereses muchísimas veces superiores a los que usted pagó. Se haría millonario en pocos días. Pues esto fue lo que ocurrió con la banca privada española.

Las complicidades entre la banca privada y el poder político

La complicidad entre el Banco Central Europeo y la banca privada ha alcanzado niveles escandalosos. Pero lo que es incluso más indignante es que, cuando los bancos privados, incluidos los tres grandes, comenzaron a comprar tanta deuda pública (incluyendo de Grecia) que podrían incluso colapsar en caso de que los Estados, como Grecia, no pudieran pagarles, entonces el BCE, el FMI y los gobiernos de la UE les compraron la deuda pública a fin de que no perdieran y salieran dañados. La famosa deuda pública griega se debe ahora no a los bancos privados, sino a las autoridades públicas que gastaron el dinero de los contribuyentes del erario público de cada país para salvarlos del colapso. Y para colmo de desfachatez, ahora los gobiernos que ayudaron de una manera descarada a la banca, como fue el gobierno español, movilizan a la opinión popular para atacar al gobierno Syriza diciéndole que deben pagarles la deuda, la cual ha hecho mucho daño a Grecia, y cuyo rescate para salvar a los bancos también se ha hecho a costa de más y más recortes en los países cuyos gobiernos ayudaron a la banca privada. En Europa, hoy, el que no está indignado es porque no conoce lo que pasa en su entorno.

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martes, 23 de junio de 2015

Las ayudas a la banca


El FROB sospecha de fraudes en Novagalicia por 170 millones


Por Iñigo de Barrón
El País, 23/06/2015.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) remitirá a la Fiscalía cuatro operaciones irregulares correspondientes a la antigua Novacaixagalicia que, según los informes forensic (de investigación) realizados, podrían haber generado perjuicios económicos por 170 millones. Precisamente hace unas semanas se inició el juicio contra los antiguos directivos de Novagalicia, que se enfrentan a penas de tres años de cárcel por las indemnizaciones que recibieron al dejar el banco, por importe de 18,9 millones.

Los escándalos parecen no haber terminado en la entidad gallega, procedente de la unión de Caixa Galicia y Caixanova, en una operación dirigida políticamente por la Xunta. Según informó ayer el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ha enviado dos operaciones sospechosas de fraude que hacen referencia a la financiación y refinanciación para la adquisición de inmuebles o participaciones en sociedades, renegociaciones de préstamos con reducción de garantías y operaciones de cancelación de deudas (sea por compraventa de activos o dación en pago de cualquier otra figura jurídica análoga).

“En general, operaciones que han dado lugar a importantes pérdidas para las entidades y presenten indicios de irregularidad o no responden a una finalidad económica lógica”, resume el FROB. En algunos casos, los beneficiados son los socios de las empresas, que podían estar relacionados con la entidad.

Estos envíos se unen a los que realizaron en octubre de 2014. A mediados de ese mes, el FROB remitió a la fiscalía 23 informes con operaciones irregulares de Novagalicia y en Catalunya Caixa (CX) que sumaban un perjuicio económico de 1.500 millones. A finales de ese mes, hizo llegar a la Fiscalía otras dos nuevas operaciones irregulares de Novagalicia (NCG) con unos perjuicios económicos estimados en 210 millones.

La mayoría de estas operaciones sospechosas se realizaron entre 2005 y 2008. De estas operaciones, 16 correspondían a CX, por un perjuicio económico de 900 millones de euros, y 7 a NCG, por 600 millones.

Pérdidas de 861 millones en el FROB

Por otro lado, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), de capital público y con seis años de vida, continúa en pérdidas: en 2014 tuvo números rojos de 861 millones por la venta de Catalunya Banc al BBVA. También ha influido en las pérdidas las dotaciones a provisiones por garantías concedidas y al margen financiero negativo, según los datos de la entidad.

No obstante, las pérdidas del FROB son un 69% menores que las que tuvo en 2013. La clave de esta mejoría en los números rojos es que el año pasado tuvo un ingreso de 220 millones por "resultado de enajenaciones" mientras que en 2013 en esta partida perdió 1.729 millones. Además, también registró la mitad de pérdidas por gastos financieros, que pasaron de 815 millones a 402 millones en 2014. Los gastos de personal subieron un 8,24%, hasta 4,1 millones, si bien el resto de costes de explotación cayeron un 57,5%, hasta los 6,7 millones.

El FROB, dirigido por Jaime Ponce, ha estimado un deterioro de 1.076 millones como consecuencia de la venta de la participación que tenía en la antigua caja catalana. Además, se ha registrado un deterioro de la participación de la Sareb en 125 millones. El FROB controla el 45% del banco malo.

Las pérdidas registradas en 2014 se han compensado de forma parcial con reversiones de deterioro derivadas de la recuperación del valor de las participaciones en la matriz de Bankia (BFA) y BMN, ante su "buen comportamiento" en el pasado ejercicio.

En concreto, el incremento de valor de las participaciones del FROB en el capital de BFA y BMN ha supuesto un impacto positivo en la cuenta de resultados por importe de 1.418 millones de euros (1.235 y 183 millones, respectivamente).

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lunes, 22 de junio de 2015

Lo público y la privado


La macrodemanda colectiva contra las cláusulas suelo afronta su recta final


Nueva Tribuna.es, 22/06/2015.

La macrodemanda colectiva impulsada por ADICAE frente al abuso de los 'suelos' hipotecarios avanza hacia su resolución con el inicio, el miércoles 24 de junio a las 10:00 horas, de la vista previa en el salón de actos de los juzgados de Plaza Castilla en Madrid.

Según ADICAE, “este abuso supone a cada hipotecado pagar unos 200 euros más cada mes de cuota hipotecaria; unas cláusulas aplicadas en 2 millones de familias y con las que la banca se ha embolsado más de 24.000 millones de euros desde 2009”.

Dado que no es previsible la práctica de prueba alguna más allá de las de carácter documental (puesto que el pleito no versa sobre engaño a los consumidores sino sobre la adecuación de las cláusulas a la legalidad) el procedimiento podría incluso quedar visto para sentencia tras la vista.

De esta forma, -recuerda ADICAE- “una rápida sentencia no solo evitaría que miles de hipotecados continúen expuestos a lo que ya se ha sentenciado como un abuso flagrante y a los riesgos y perjuicios derivados del mismo, como la imposibilidad de pago de la hipoteca y la consecuente ejecución hipotecaria, sino que supondría la eliminación de los 'suelos' en todas las hipotecas existentes en España”.

Este efecto extensivo de la eventual sentencia deriva del carácter colectivo de la demanda, interpuesta por ADICAE como asociación de consumidores conforme a las previsiones de la Ley de Enjuciamiento Civil y la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Después de que, como el propio juzgado mercantil señalaba en un reciente auto, el debate jurisprudencial sobre la nulidad de los 'suelos' haya perdido todo interés tras las diversas sentencias del Supremo, el aspecto a determinar ahora es el alcance de esa nulidad en relación a la devolución de las cantidades indebidamente pagadas, y si se mantiene el poco sostenible criterio de defensa de los intereses de la banca que ha defendido el Supremo en ocasiones.

En cualquier caso ADICAE confía en que el fallo judicial se dicte de manera rápida para resolver una situación de abuso masivo que siguen sufriendo 2 millones de familias en España, y se llegue a las vacaciones judiciales con una sentencia que elimine esta “condición abusiva” del conjunto de hipotecas que las contienen, reconociendo a los afectados el derecho a verse resarcidos por la aplicación de la cláusula suelo.

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domingo, 21 de junio de 2015

Sobran las excusas


La batalla por las cláusulas suelo se hace municipal


Por Isidro Jiménez Gómez
El Salmón Contracorriente.es, 16/06/2015.

Una sentencia del Tribunal Supremo en 2013 declaraba nulas las cláusulas suelo de contratos hipotecarios de BBVA, Novagalicia y Cajamar, al considerarlas poco transparentes. Un año después, otro fallo del Tribunal hacía lo mismo con las cláusulas suelo de Caja Segovia, integrada en Bankia.

Estas cláusulas, uno de los principales elementos simbólicos asociados a la crisis que todavía arrastra el sector bancario, impiden que los consumidores y las consumidoras puedan beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés en sus préstamos hipotecarios, ya que el contrato firmado incluye un tope, normalmente superior al 3%.

ADICAE, la organización de defensa de los consumidores financieros, señala que el préstamo hipotecario es la principal carga de endeudamiento familiar, una situación agravada en el caso de aquellos que, aún sin saberlo, tienen una cláusula suelo implementada en su hipoteca. Según la asociación, las entidades bancarias imponían cláusulas suelo a sabiendas de cuál sería su efecto, y empleaban las clausulas techo (tope de ganancia) como un gancho sabiendo que no serían aplicables.

En 2008, tras el estallido de la crisis, el 97% de los préstamos hipotecarios en España eran de tipo variable, algo que extendió el volumen de familias a las que afectaban las cláusulas suelo. El Banco de España admitía en 2008 que el 42% de las hipotecas tenían este tipo de claúsulas.

El perjuicio total que un consumidor ha podido llegar a soportar sólo desde 2009 como consecuencia de la inclusión en su hipoteca de una cláusula suelo puede superar los 3.500 euros, pero ADICAE ha detectado miles de casos en los que el perjuicio anual supera los 5.000 euros. Son cantidades que siguen creciendo conforme pasa el tiempo y las cláusulas suelo continúan en vigor.

El nuevo capítulo municipal

Los dos fallos del Alto Tribunal han afectado específicamente a los bancos objeto de la demanda, y no declaraban la nulidad de todas las clásulas suelo bancarias, sin embargo, han servido para que las asociaciones de consumidores y los particulares afectados reclamaran en los juzgados. Además, el Principado de Asturias, tras la reclamación de algunas asociaciones de consumidores, ha abierto expedientes sancionadores a las entidades bancarias, alegando que incumplían las normativas de protección al consumidor. La batalla por las cláusulas suelo, por tanto, se ha extendido al ámbito autonómico y es posible que lo haga cada vez más al municipal.

En diciembre de 2014, el alcalde de Azuqueca de Henares, Pablo Bellido, comparecía en el Juzgado número 4 de Guadalajara para presentar 179 demandas de vecinos de esta localidad contra las cláusulas suelo hipotecarias. Era el primero en hacerlo, pero otros están siguiendo ese camino y ponen en marcha servicios municipales de asesoramiento y reclamación extrajudicial sobre la existencia de posibles cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios. Tras el nuevo mapa político que han traído las elecciones municipales, las entidades bancarias no parecen muy optimistas.

En abril de este año, durante la vista oral del macrojuicio en el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, la Fiscalía se ha opuesto a que se declaren nulas de forma cautelar las cláusulas suelo de 101 entidades de crédito al considerar que habría que estudiar "caso por caso" los contratos de los 15.000 demandantes representados por ADICAE. Esto supone que en los próximos meses, además de los macrojuicios, las demandas de las distintas autonomías y ayuntamientos serán elementos clave en la batalla contra las cláusulas suelo.

El presidente de ADICAE, Manuel Pardos, denunciaba hace unas semanas que aún quedan "dos millones de hipotecas" con este tipo de cláusulas, y que las entidades bancarias "se está embolsando de modo ilegítimo alrededor de 4.000 o 5.000 millones de euros cada año". Mucho dinero y, previsiblemente, muchas batallas por llegar.

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El poder de la banca


El sector financiero arremete en tromba contra la idea de competir con una banca pública potente


Por Antonio M. Vélez
El diario.es, 20/06/2015.

El crédito ya comienza a fluir en España, lo peor de la crisis ha pasado, también para el sector financiero, y la propuesta de articular una banca pública potente lanzada desde algunos sectores de la izquierda (singularmente, Podemos, IU y los dos principales sindicatos), mejor enterrarla. Es la idea-fuerza que han lanzado esta semana algunos de los principales representantes del sector financiero en el tradicional curso de verano que esta semana ha tenido lugar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), patrocinado por BBVA y centrado en esta edición 'El nuevo modelo económico. Lecciones de la crisis'.

La idea de "mantener" el 60% que el Estado conserva en Bankia tras su intervención y rescate en 2012, que en principio debe vender antes de enero de 2018, y convertirlo en el germen de una gran banca pública junto a otras entidades como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), fue defendida el martes por los líderes de CCOO y UGT, Ignacio Fernández 'Toxo' y Cándido Méndez. Durante su intervención en Santander, el secretario general de CCOO argumentó que, pese a la amarga experiencia de las cajas de ahorros, los bancos públicos "pueden gestionarse por criterios estrictamente profesionales" y España es "una anomalía", porque la banca pública "existe en Alemania, Francia, Holanda" y algunos estados de EEUU.

En España, no, y las entidades del sector huyen del riesgo y "no se financian los proyectos", según Toxo. Unos planteamientos que recuerdan a los del informe Una propuesta progresista para salir de la crisis, elaborado por los economistas Santiago Díaz de Sarralde y Bruno Estrada con el patrocinio de las fundaciones Alternativas (próxima al PSOE), Francisco Largo Caballero (UGT) y Primero de Mayo (CCOO), y que fue presentado a principios de este mes por los propios Toxo y Méndez.

A los bancos no les gusta la idea, que llega tras un largo historial de abusos en el sector, que ha necesitado un rescate multimillonario para reflotar a buena parte de las antiguas cajas y que, según sus defensores, permitiría reactivar el crédito a familias y empresas. Este, como recordaba el pasado viernes el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, "sigue cayendo", mientras las entidades enfatizan que el volumen de nuevas operaciones sí está aumentando.

Malas experiencias 
 
El lunes, el presidente del BBVA, Francisco González, advertía, sin referirse en concreto a la propuesta de una banca pública, del riesgo que entrañan los "populismos", cuyas "promesas irrealizables" pasan "facturas muy altas con el tiempo", y un día después tomaba partido en la cuestión el supervisor. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, se mostraba en Madrid en contra de la creación de bancos públicos "por razones de competencia, de regulación y de peso que podrían suponer pérdidas para el contribuyente". "La experiencia es mala. Puede existir alguno que funcione bien, pero no es probable", afirmó Linde.

Más manifestaciones en contra: si el jueves el presidente de la patronal bancaria AEB, José María Roldán, ironizaba en Santander deseando "buena suerte" a quienes deseen poner en marcha un banco de estas características ante la regulación a la que se enfrenta el sector, más contundente se mostraba poco después el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

"No conozco ningún banco público que sea sostenible en el tiempo", dijo el ejecutivo vizcaíno, sorprendido por que se diga "que es bueno tener banca pública porque generará más crédito". En su opinión, el crédito debe fluir sólo si se concede "de forma profesional y sensata y buscando valor" para los accionistas, "que pueden ser privados o públicos". Goirigolzarri llegó a dejar entrever que, en el caso de una llegada de Podemos a la Moncloa, abandonará la presidencia de Bankia. Y enfatizó que el PSOE no está por la labor de una banca pública.

Braulio Medel, uno de los pocos supervivientes de la era de las cajas de ahorros y actual presidente del malagueño Unicaja Banco, fue el menos taxativo en su rechazo a la propuesta de crear un banco público. El andaluz instó a las administraciones a que "hablen" antes de crear una entidad de estas características, un modelo que puso en valor aunque dejó claro que, si ese es el objetivo, deben tenerse claro cuáles son sus fines. Medel, que subrayó que "a día de hoy el 11,5% del sistema financiero español es público", considera que si la propuesta es crear una banca pública "para financiar proyectos inviables", mejor olvidarse de ella.

(Nota de Carlos J. Bugallo: Qué duda cabe que estas declaraciones defensivas y esterotipadas, totalmente previsibles, son una respuesta inútil frente a una demanda social cada vez más notoria. Vamos por el buen camino.) 

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viernes, 19 de junio de 2015

El crédito al sector privado cae en 500.000 millones desde 2008


Levante-EMV, 15/06/2015.


En concreto, el crédito a empresas ha acumulado una caída del 34 % desde el inicio de la crisis, mientras que la financiación a compañías inmobiliarias y constructoras se ha desplomado más de un 57 %. Sin embargo, el servicio de estudios del BBVA constata que los hogares han mostrado una resistencia mayor a la contracción del crédito por su menor morosidad y el mayor plazo medio del crédito hipotecario.

BBVA Research certifica que el «necesario» desapalancamiento del stock de crédito al sector privado está siendo compatible con el flujo de nuevo crédito a medida que la recuperación económica se afianza en España. En este sentido, recuerda que las nuevas operaciones de crédito muestran un cambio de tendencia desde finales de 2013, con crecimientos interanuales en todas las carteras.

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El porqué el banco malo


La banca se une para expoliar a los consumidores a través de las comisiones en cajeros


ADICAE, 05/06/2015

La nefasta ocurrencia de CaixaBank de cobrar dinero a los clientes de otros bancos que quieren sacar dinero en sus cajeros automáticos puede extenderse como una mancha de aceite en el oligopolio bancario español. Según fuentes del sector, numerosos bancos llevan varios meses estudiando cobrar comisiones en sus cajeros a los usuarios que no sean sus clientes. Solo esperan a que otra entidad dominante, como Banco Santander, se decida a secundar a CaixaBank. El resto irá detrás, como buena muestra de la falta de competencia entre la banca española.

CaixaBank cobra desde abril una comisión fija de dos euros a clientes de otros bancos, independientemente del dinero a sacar del cajero y de si la tarjeta pertenece a la misma red de medios de pago, es decir, ServiRed. “Si el Santander lo pone en marcha, prácticamente todos los demás le seguiremos” indican dos directores responsables de medios de pago.

Para el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, esto no es más que una nueva muestra “del carácter oligopolista o mafioso de la banca española, que está muy compenetrada. Estos movimientos responden a una lucha interna de la gran banca española contra la banca con menos recursos y, en consecuencia, menos cajeros automáticos”. 

Pardos desvela que ADICAE se ha puesto en contacto con las entidades financieras “para ofrecerles una reunión en la que estuvieran presentes los grandes bancos, las pequeñas entidades y, por supuesto, los consumidores y usuarios y discutir entre todos cómo se debe distribuir el gasto que le supone a una entidad 'permitir' que los clientes de otra utilicen sus cajeros automáticos. Un gasto que, desde luego, no alcanza la cifra de dos euros por cada movimiento”, explica el presidente de ADICAE.

Europa debe evitar este nuevo abuso

Es preciso recordar que en abril ADICAE interpuso una denuncia ante el Banco de España por este turbio asunto. Nuestra asociación solicitó también al presidente de la Autoridad Bancaria Europea y a la Comisión la adopción de medidas frente a este abuso que, liderado por Caixabank, provocará un “efecto contagio” y atenta contra los consumidores, contra el desarrollo del mercado interior en la Unión Europea y la creación de la “Zona Única de Pagos en Euros” (SEPA). De igual forma ADICAE se dirigió a Jonathan Hill (Comisario Europeo de Servicios Financieros) y a Vera Jourová (Comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género), al entender que ambos responsables comunitarios ostentan competencias en la actuación de Caixabank y sus efectos.

Desde el punto de vista de ADICAE el cobro de esta comisión vulnera gravemente los derechos de los consumidores, ya que si CaixaBank cobra directamente a los usuarios por utilizar sus cajeros automáticos, los bancos que emiten las tarjetas no pueden aplicar a sus clientes otra tarifa adicional, como está ocurriendo en algunos casos. 

Ante esto, ADICAE anima a todos los usuarios a no utilizar los cajeros automáticos de las entidades que decidan implementar estas comisiones. En el caso de que deba usarlos por absoluta necesidad, es aconsejable guardar el extracto de la operación y, posteriormente, acudir a las sedes que ADICAE tiene en toda España, donde se les facilitarán los correspondientes escritos de reclamación.

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miércoles, 17 de junio de 2015

Discrepancias en el País Valenciano sobre la banca pública


Por Víctor Romero
Levante-EMV, 17/06/2015.

Si hay un sector que pagaría para que se celebrasen elecciones cada mes ese es sin duda el de renovación de cartelitos con nombres de conselleries, empresas públicas y demás entidades administrativas. La redenominación de departamentos está en el ADN de cualquier cambio político, el primer gesto simbólico para dejar claro a propios y extraños que un nuevo inquilino ocupa el sillón del despacho. Esto es lo que va camino de ocurrirle al Instituto Valenciano de Competitividad (Ivace), que a estas alturas de negociación entre PSPV y Compromís puede darse casi por liquidado, licuado y reconstituido.

El empeño de Ximo Puig por constituir una Agencia Valenciana de la Innovación parece haber sido aceptado por Compromís, aunque ahora la negociación gira en torno a si debe ser adscrita a Presidencia o a la conselleria que asuma las áreas económicas. Esta nueva agencia asumirá gran parte de las competencias que ahora tiene el Ivace. El Instituto nació en octubre de 2012 como sucesor del antiguo Impiva, pero sumando, además de las políticas de competitividad y apoyo a pymes, las de la Agencia Valenciana de la Energía, el Instituto Valenciano de la Exportación y el Sepiva (gestión y promoción de suelo industrial). Estas tres últimas entidades se disolvieron dentro del proceso de reorganización y ajuste del sector público empresarial valenciano.

Ahora, la Agencia de la Innovación se quedaría con el desarollo de estas políticas, pero no con la pata de financiación a empresas, que regresaría al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). La intención del bipartito es «refundar» el IVF para transformarlo «en una entidad pública con acceso al crédito del BCE y fondos del BEI». Esta referencia a la obtención de crédito del Banco Central Europeo y la de «incentivar a través del IVF el modelo de cajas de ahorros no bancarizadas y la creación de cajas y cooperativas de crédito local» ha sido interpretada como la intención de configurar una banca pública. De hecho, el acceso al crédito del BCE requiere de ficha bancaria.

«Tesis posibilistas»

Sin embargo, pese a las promesas de Compromís y Podemos, no es esta la intención de los socialistas. Ayer, en un cruce de opiniones en Twitter con Joaquín Maudos, catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València, Manuel Illueca, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Jaume I, señalaba sobre la banca pública:«Se trata más de una cuestión de comunicación que de una cuestión de fondo. Las tesis más posibilistas se abrirán paso». La voz de Illueca hay que tener la en cuenta porque es una de las personas que ha colaborado con Ximo Puig en la configuración de la propuesta del PSPV para el nuevo IVF. De hecho, el nombre del profesor suena para dirigir el Instituto.

Ante el cierre de mercados financieros mayoristas y las limitaciones del ICO, la intención de los socialistas es que el IVF, además de realizar sus funciones clásicas, reoriente la búsqueda de recursos financieros hacia instituciones europeas como los programas de competitividad dirigidos a pymes, pero también del Fondo Social Europeo. Esto último permitiría conceder microcréditos a familias sin recursos sin necesidad de recurrir a la ficha bancaria. El PSPV quiere implicar además a las ONG en esta tarea.

(Nota de Carlos Javier Bugallo: Hemos cambiado el título del artículo)

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Por una nueva educación


Carmena renuncia a crear un banco público como iba en su programa


El País, 16/06/2015.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha reconocido que no es necesario la creación de un banco público municipal, una de las medidas del programa de Ahora Madrid que figuraba para reforzar la autonomía financiera municipal y "como herramienta de financiación de proyectos sociales y de empresas y cooperativas que fomenten la economía productiva".

"El programa de Ahora Madrid se fue construyendo poco a poco, se incluyeron muchas sugerencias y cuando asumí la candidatura dije desde un primer momento que lo entendía (el programa) como un conjunto de sugerencias pero que no todas se podían entender como presupuestos de implicación programática activa", ha dicho en una entrevista con Europa Press.

"Insistí mucho en hablar de los grandes objetivos. Después habrá medidas que se llevarán a cabo o no porque lo importante es que se ajusten a los objetivos como igualdad, anticorrupción, transparencia", ha añadido Carmena.

Lo que sí acometerá el nuevo Ayuntamiento, en una de sus medidas prioritarias, es garantizar los suministros como luz, agua y gas a los madrileños que no puedan pagarlo. Eso sí, no será ya, y lo dejarán para la llegada del invierno.

"Ahora nos hemos centrado en los aportes alimentarios para los niños y los desahucios. Lo que hemos hecho lo hemos preparado antes de cuando estábamos en el Ayuntamiento. Cuando nos hemos reunido con otras entidades les hemos dicho que no sabíamos si íbamos a tener el Ayuntamiento , pero en la oposición siempre nos interesaría este proyecto. Ahora, que ya estamos en el Ayuntamiento, es el momento de hacerlo en la paridad que debe tener el Ayuntamiento con las instituciones de crédito, de las instituciones", ha esgrimido.

Por otro lado, la regidora madrileña ha confirmado que el Ayuntamiento seguirá pagando la deuda y los plazos de amortización obligados, pues "si se han podido pagar, se van a seguir pagando".

"Y después, habrá que ver si se puede llegar a acuerdos con las entidades acreedoras, de algún tipo de compensación, veremos a ver. Dependiendo un poco de la situación, se pueden buscar alternativas de quitas, lo iremos viendo, hay que hablar con los técnicos", ha dicho.

Manuela Carmena apuesta por conseguir "rentabilizar mucho" los gastos del Ayuntamiento. "Hay cuestiones sorprendentes. Creo recordar que simplemente la conservación de la Nave de Boetticher, que lleva mucho tiempo vacía, cuesta muchísimo dinero y sin utilidad ninguna. Esas cosas hay que verlas", ha prometido.

La primer edil matritense también propone ver los alquileres que se pagan por los edificios en los que hay oficinas del ayuntamiento y ver posibilidades de rentabilizar mejor los propios. "Estoy visitándolos y hay muchas cosas que se pueden rentabilizar sin necesidad de seguir pagando tantos alquileres", ha apuntado.

Otro de los objetivos de Carmena es que mucha parte de los directivos municipales se cubran con funcionarios públicos, "de personas que ya tienen su retribución". "Además, estamos inmersos en una política de austeridad, no solamente no vamos a aceptar el sueldo que nos corresponde sino estudiar medidas de rentabilidad y que de alguna manera signifique ahorros", ha añadido.

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martes, 16 de junio de 2015

Los responsables de la crisis


La banca captó ayudas públicas en 2013 por valor de 6.817 millones, un 150% más que los presupuestos de Sanidad y Educación


ADICAE, 10/06/2015.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha publicado recientemente su informe anual sobre ayudas públicas efectuadas por el Estado en 2013. Y hace especial hincapié en las ayudas destinadas al sector financiero. Estas ayudas pueden “alterar el funcionamiento de los mercados” e implicar “distorsiones en el juego competitivo” indica Competencia.

Por su impacto en la economía española, la CNMC separa las ayudas al sector financiero de las otorgadas en el resto de ámbitos. Así, las ayudas regulares alcanzaron los 2.779 millones de euros, de los que 1.351 fueron ayudas sectoriales. Una cifra 'irrisoria' si la comparamos con las otorgadas al sector financiero, como veremos a continuación.

De acuerdo con la metodología de la Comisión Europea, la CNMC asegura que en España, durante 2013, las medidas de recapitalización del sector financiero alcanzaron los 2.110 millones de euros (un 0,21% del PIB); el rescate de activos deteriorados -productos financieros que han perdido gran parte de su valor: créditos, preferentes, promociones inmobiliarias...- fue de 4.507 millones de euros (un 0,44% del PIB); y otras medidas de liquidez, 200 millones (un 0,02% del PIB). 

En términos globales, España destinó en 2013 un 0,7% de su PIB a medidas de recapitalización y rescate de activos deteriorados, por un 0,2% de la media de los países de la Unión Europea. En total, 6.817 millones de euros en ayudas directas al sector financiero por parte del Estado español. Comparada esta cifra con los presupuestos en 2013 de Ministerios tan importantes como un país como los de Sanidad (2.592,672 millones) y Educación (1.944,853 millones), el rescate a la banca gana en relevancia. 

La banca no devuelve el dinero prestado

Además también se destinaron 53.607 millones de euros a garantías -avales, cédulas hipotecarias...- pero la CNMC asegura que “no se han ejecutado y no han implicado un coste directo para las finanzas públicas”, aunque advierte que “puede existir un impacto indirecto por la asunción de riesgos que conlleva y por los efectos potenciales sobre la competencia efectiva”. Una competencia que, en España, brilla por su ausencia. 

La CNMC también contabiliza las ayudas concedidas en formas de recapitalización y rescate y protección de activos deteriorados entre 2008 y 2013, y los ingresos obtenidos por el sector público mediante comisiones o enajenaciones. La posibilidad de recuperar dichos importes dispuestos o de revender dichos activos depende de la salud financiera de las entidades, el estado del sistema financiero, la situación económica global, los incentivos introducidos, el esquema temporal de protección de activos diseñado... Las razones que puede esgrimir la banca para no devolver el rescate financiero son muchas. Tantas que, el Estado solo ha recuperado 6.411 de los 166.722 millones de euros 'prestados' entre ayudas directas y garantías entre 2008 y 2013.

Estos datos, del todo punto vergonzantes, se agravan todavía más si tenemos en cuenta que las ayudas otorgadas por el Estado han ido a parar a un sistema financiero especialista en perpetrar abusos masivos hacia los consumidores en los últimos lustros. 

Así, con escándalos todavía sin una solución global para los afectados como los de Fórum, Afinsa, Arte y Naturaleza, las cláusulas suelo, la deuda subordinada o las participaciones preferentes, ADICAE calcula que las entidades financieras españolas han obtenido de modo ilegítimo más de 68.000 millones de euros de los ahorros de los consumidores españoles. De hecho solo con el escándalo de las preferentes la banca captó alrededor de 40.000 millones de euros antes de 2013, en lo que fue un primer rescate a la banca, por la espalda y cargado al bolsillo de los consumidores. Unos abusos que siguen sin solucionarse de modo colectivo, tal y como sería necesario y de Justicia. Y que continúan, en estos momentos en forma de múltiples comisiones abusivas.

Asimismo, es preciso remarcar que las ayudas públicas no han servido para que el sistema financiero español -que continúa 'reestructurándose'- haya cambiado un ápice sus malas prácticas comerciales, tal y como viene denunciando ADICAE y como quedó demostrado en la conferencia 'La protección a los consumidores y el nuevo panorama bancario' organizada recientemente por nuestra asociación.

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