jueves, 29 de diciembre de 2016
El Banco de España choca con el BCE por la supervisión de la banca
Por Pablo
Allendesalazar y Olga Grau
El Periódico,
26/12/2016.
La supervisión de los bancos de la zona euro pasó en
noviembre del 2014 del Banco de España al Banco Central Europeo (BCE), y ello
está provocando situaciones inéditas y generado tensiones. La institución
comunitaria ha empleado este año por primera vez auditores privados para
inspeccionar los bancos españoles. Algunas fuentes del sector le quitan
importancia y lo enmarcan en la nueva forma de hacer las cosas del BCE. Pero
otras lo interpretan como otra muestra más del enfrentamiento y la desconfianza
mutua entre el organismo europeo y el banco central español.
El Mecanismo Único de Supervisión (MUS) del BCE presidido
por la francesa Danièle Nouy echó a andar con un número de inspectores
insuficiente, por lo que el año pasado fichó a la auditora Deloitte para que le
ayudase en las inspecciones presenciales que lleva a cabo en los bancos, las
conocidas como in situ. El pasado ejercicio sus auditores ya actuaron en bancos
de otros países, como Francia e Italia, pero este curso es cuando los ha
empezado a emplear en entidades españolas, como BMN, entre otras, según han
confirmado fuentes del sector financiero.
Desde el Banco de España consideran que los auditores
externos realizan una labor de refuerzo, pero no se puede considerar que tengan
la responsabilidad de supervisión. Sin embargo, el cuerpo de inspectores se ha
quejado mientras que en el sector financiero ha despertado también suspicacias.
«Los han contratado porque no se fían del Banco de España. Hay un fuerte
enfrentamiento entre este y el BCE», sostiene un alto dirigente del sector. Los
inspectores del Banco de España también han elevado quejas a la cúpula
encabezada por Luís María Linde.
De fondo aparece el enfrentamiento entre el Banco de España,
particularmente sus inspectores, y el BCE. «El problema es que el BCE está
dando órdenes y dictando los tiempos con mucha dureza y tiene a los empleados
del Banco de España trabajando a destajo. Además, los inspectores españoles
jóvenes que ficharon por el BCE porque tienen más flexibilidad familiar y saben
inglés dan ahora las órdenes a sus antiguos jefes, más mayores. Y la guinda,
que no es lo fundamental, es que encima ganan más», explica un antiguo alto
cargo del organismo español.
«No se va a solucionar hasta que se vaya Nouy, pero tiene un
mandato de cinco años», concluye esta misma fuente. La directora del MUS tuvo
un encuentro en Madrid en mayo pasado con varios centenares de inspectores que,
según varias fuentes, fue «muy duro y tenso» debido a la «muy borde» actitud de
la funcionaria europea. Llegó, explican, a afirmar que quien no supiera inglés
era un «analfabeto» en el siglo XXI, aunque el subgobernador, Fernando Restoy,
lo suavizó como «iletrado». «Les dijo que se pusieran las pilas», resume un
banquero.
La Asociación de Inspectores del Banco de España hizo
pública en julio, apenas unos días después, una carta en la que cargó contra
las «importantes deficiencias» del sistema supervisor del MUS y reclamó a las
autoridades españolas, en especial el Banco de España, que abandonasen «la
pasividad y autocomplacencia que han venido mostrando desde la entrada en vigor
del MUS, situación que contrasta con la actuación de autoridades supervisoras
de otros países». La organización advirtió que el BCE está muy centrado en el
capital, pero no tiene suficientemente en cuenta el control de la calidad de
los activos, la veracidad de la información que le suministran las entidades, y
las provisiones para afrontar pérdidas.
Ello puede provocar, advertían, que se repitan los «errores
y deficiencias cometidos en el pasado, cuyos efectos devastadores son conocidos
por todos». También reclamaron que en los equipos conjuntos de supervisión del
BCE y el Banco de España se tuviera en «mayor consideración la amplia
experiencia supervisora del personal» del organismo.
La asociación también ha tenido roces con Restoy, de quien
pidió el cese en febrero por el caso Bankia, pero en este asunto parece haber
sintonía. Antes de la visita de Nouy, el subgobernador, que acaba de terminar
su mandato esta semana, le envió otra carta en la que le anunció que estaba
trabajando en «posibles mejoras de los procedimientos» para corregir «algunas
de las deficiencias identificadas», según publicó el diario Ara.
El objetivo, apuntaba Restoy, era «contener las señales
emergentes de frustración y desmotivación» del personal del Banco de España, ya
que de lo contrario podría ponerse «en peligro, con el paso del tiempo, el
funcionamiento adecuado del MUS bajo la actual estructura organizativa».
Sin embargo, en los bancos españoles no se ve igual. «El
cambio del Banco de España al BCE ha sido a mejor. El Banco de España te
permitía más diálogo y negociación, pero ha sido bueno porque ha
profesionalizado las cosas. El Banco de España necesita un revulsivo, mover el
manzano. En regulación y supervisión tiene una crisis de identidad. No aceptan
el papel de analizar expedientes para que el BCE tome las decisiones», estima
un alto ejecutivo del sector.
Disponible en:
miércoles, 28 de diciembre de 2016
La invisible mano constitucional del Ibex
Por Fernando López
Agudín
Público.es, 27/12/2016.
Cuanto más hablan los ideólogos de los poderosos sobre la
mano invisible del mercado, que regula la actividad económica, más se empeña la
realidad en hacerla visible. Este 2016 que termina, la ha enseñado como pocas
veces en nuestra historia. Sin la negra pezuña del PP y del PSOE no hubiera
sido posible el timo de las cláusulas suelos del sector bancario, recientemente
condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; ni tampoco esas
ayudas fiscales para la expansión internacional de Telefónica, Ferrovial,
Santander, Iberdrola y Abertis, hoy anuladas por los jueces de Luxemburgo.
Sucesivas decisiones judiciales bochornosas tanto para la economía española
–dado que la banca engañaba a sus clientes mientras el Estado español inyectaba
cuantiosas ayudas públicas en apoyo del sector financiero– como para toda la
clase política bipartidista que subordina los intereses estatales a los de los
poderosos.
Todas las instituciones quedan tocadas por el fallo sobre
las cláusulas suelos. El Banco de España toleró este abuso y hasta el mismo
Tribunal Supremo lo amparó judicialmente, al sentenciar que los banqueros solo
debían devolver el dinero desde 2013 en que se se dio a conocer su sentencia
contra esta práctica. Han sido sus compañeros jueces de la Unión Europea los
que han dictaminado que el engaño anterior también debería ser sancionado. Nada
menos y nada más que una cantidad, oscilando entre los 4000 millones y los 7000 millones de euros, a devolver ahora a los ciudadanos engañados.
Todas las autoridades supervisoras empezando por los ministros de Hacienda,
tanto del PP como del PSOE, y la más alta instancia judicial, designada por los
sucios dedos de ambos partidos, sabían, conocían, encubrían y legitimaban este
atraco.
Estas dos manos bien visibles de la mano invisible del
mercado del Ibex, Partido Popular y Partido Socialista, han ido mucho más allá
en el reciente escándalo de las quebradas concesionarias de las autopistas
madrileñas. En este caso concreto, puede hablarse sin exagerar de abierta
complicidad. Adjudicada la concesión a la concesionaria Accesos de Madrid en
1999 por el ministro Rafael Arias Salgado del PP, confirmada por el ministro
Francisco Alvárez Cascos del PP, ayudada con unos préstamos participativos
(168,5 millones de euros) por el ministro Pepiño Blanco, del PSOE, quien
asimismo autorizó a subir en un 18% la
tarifa valle y a obtener una compensación si el tráfico no llegaba al 80% de lo
previsto. Bajo Zapatero recibieron unos 600 millones de euros entre 2008 y
2011. Para cerrar el bucle en las últimas cuentas correspondientes a 2014,
desde hacía dos años en concurso de acreedores, aparece como gerente Miquel
Roca, el alter ego de Jordi Pujol.
Toca ahora al Estado español, que somos todos los españoles,
indemnizar a todos sus accionistas con la llamada Responsabilidad Patrimonial
del Estado, puesto que es obligación prevista en la adjudicación. Entre unos
5700 millones de euros que reclama la patronal y unos 1200 millones de euros
que hoy calcula el gobierno de Rajoy.
Quiere ello decir que los Florentino Pérez, de ACS, los Luis del Rivero, de
Sacyr, Mariano López Claver, de Caja Madrid y Salvador Alemany, de Abertis, que
entre otros formaron el citado consorcio para explotar la concesión hasta el
2049, han hecho todo un excelente negocio redondo con la muy descarada
complicidad del bipartidismo reinante. Lógico, porque la rentabilidad era
doble. Las obras para construir y el peaje posterior de los automovilistas.
Como muy buenos gestores y expertos ejecutivos, tras una deuda de unos 1200
millones de euros, hoy en manos de los potentes fondos buitres, se la pasan
ahora a los muy asombrados e inermes
contribuyentes. Es decir, presentan un proyecto disparatado, financiado con
inversión pública y amarrado con una indemnización análoga a la que dicen
presentó el Gran Capitán a Fernando el Católico. Nada mejor que estos buenos
neoliberales para defender la socialización de sus pérdidas.
Pero esta visibilidad de la mano invisible del Ibex no sólo
ha sido y es económica, como hemos visto, sino que también ha sido y es
política. Es particularmente grave el proyecto de privatización del Tribunal
Constitucional, concretado en el reparto de los cuatro magistrados a designar
entre el PP y el PSOE, puesto que lo deja en manos de los poderosos. La escandalosa
subalterneidad del socialismo a la Moncloa le lleva a cometer este grave error
que impedirá en el futuro cualquier recurso de inconstitucionalidad contra
todas las decisiones de los partidos de los poderosos. Probablemente, el PSOE
es arrastrado a esta privatización por el españolismo cañí del
nacionalsocialismo andaluz, irracionalmente temerosos de las reivindicaciones
catalanas, pero a nadie escapa que el derecho a veto que hoy se le entrega a la
derecha contra Cataluña mañana puede volverse en contra del propio PSOE. Una
vez, claro está, que este partido deje de ser la correa de transmisión de la
derecha en la que se ha convertido desde el momento en que un golpe de estado
en Ferraz ha dejado sin voz ni voto a
sus 160.000 militantes actuales.
Entre todo lo que hay que indemnizar a estos abiertos
desalmados y el 135 de la Constitución, que ha llegado a constitucionalizar el
pago de la deuda alemana, es muy difícil atender el gasto social. O hay para
Botín and cia y la Merkel, o hay para
la sanidad, la educación y las pensiones. Este turbio gobierno de coalición
vergonzosa PP-PSOE se atiene a todas las obligaciones oligárquicas, un gobierno
progresista se atendría a las obligaciones populares. Por ello matar en el
embrión esta segunda alternativa es hoy prioritario para los protagonistas de
este asalto a mano armada a la caja común de todos los españoles. De la misma
forma que impidieron en su día el gobierno Sánchez e Iglesias y ocuparon más
tarde el PSOE, intentan ahora romper
Podemos y defenestrar a quien como Iglesias ha sido y es el gran incordio
político del Ibex. Será en el año que empieza, entre febrero y mayo, cuando
culmine esta batalla iniciada antes de Navidad. De su próximo desenlace depende
la convocatoria anticipada de elecciones generales para junio o septiembre.
Disponible en:
martes, 27 de diciembre de 2016
El Gobierno italiano prepara otros tres rescates de bancos para 2017
Por Giovanni Vegezzi
El Economista.es, 27/12/2016.
El rescate de Monte dei Paschi (MPS), aprobado por el
Gobierno italiano antes de Navidad, es sólo el primer paso, después de que el
Banco Central Europeo haya ampliado las necesidades de capital a 8.800
millones. Tal y como ha explicado el ministro transalpino de Economía, Pier
Carlo Padoan, a la hora de pedir al Parlamento la asignación de 20.000 millones
de euros para intervenir la banca transalpina, el cortafuegos de Roma no
servirá solo para MPS, sino para dar al mercado la "señal" de que Italia
hará lo que pueda para proteger a sus bancos.
Por ello es muy probable que 2017 empiece con nuevas
intervenciones, en un sector que se había paralizado a la espera de ver si MPS
conseguía llevar a cabo su ampliación de capital. Aunque, de momento, hay
varios cabos sueltos que atar. El primero es el destino de dos bancos medianos:
Veneto Banca y Popolare di Vicenza.
Ambos no han conseguido salir a bolsa y han sido
intervenidos por Atlante, el fondo de inversión alternativo participado por los
principales bancos transalpinos. Atlante ha invertido 3.500 millones de los
4.200 millones que ha recaudado para evitar la quiebra de las dos entidades y
el BCE le ha pedido, antes de Navidad, que invirtiera los pocos recursos que le
quedan en una ampliación de capital adicional.
Pero tras la devaluación de un buen número de créditos
dudosos (que lastrará el balance de 2016 de ambas entidades), tanto Veneto
Banca como Popolare di Vicenza necesitan una inyección masiva de dinero y los
pocos recursos de Atlante no van a ser suficientes. Así que a comienzos de año
el Tesoro transalpino tendrá que hacer su parte. Entre enero y febrero, los dos
bancos, ahora administrados por Fabrizio Viola (anteriormente consejero
delegado de MPS, es decir un ejecutivo con mucha experiencia en bancos al borde
de la quiebra), se fusionarán. Solo entonces será evidente cuánto dinero
necesitan para relanzarse y deshacerse de una vez de todos sus activos tóxicos.
De hecho, de momento el Tesoro tampoco ha definido cuánto
invertirá en el rescate de Monte dei Paschi. El decreto aprobado por el
Gobierno en la madrugada del 23 de diciembre otorga una garantía sobre los
préstamos a MPS, de modo que el banco pueda seguir funcionando durante unos
meses y aprobar un nuevo plan industrial. Solo entonces se lanzará la
"ampliación de capital cautelar" garantizada por el Estado italiano.
Sin embargo, si MPS, tal y como había anunciado su consejo de administración,
necesita alrededor de 5.000 millones de euros, el Tesoro de Roma tiene dinero
suficiente para ayudar a Veneto Banca, Popolare di Vicenza y también a otra
entidad en vilo: Carige.
Caja de Génova
La antigua Caja de Ahorro de Génova ha rechazado una oferta
del capital riesgo norteamericano Apollo y está negociando con el BCE un nuevo
plan industrial. También en su caso la clave es la cesión de créditos dudosos y
el Tesoro podría destinar una parte de los 20.000 millones pedidos al
Parlamento para agilizar esta operación y evitar que la entidad quiebre.
Junto a la protección de los inversores particulares, el
objetivo del Gobierno italiano es hacer lo posible para reducir los despidos en
los bancos rescatados.
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