viernes, 31 de marzo de 2017

M.A.F.O


La izquierda de la esfera pública



Por Emir Sader
Público.es, 29/03/2017.

La izquierda del siglo XX fue una izquierda del Estado, que se valió del Estado para organizar proyectos de nación, para hacer con el Estado empujara el desarrollo económico y garantizara los derechos sociales. Tuvo un rol fundamental, sobre todo si tenemos en cuenta que antes había un Estado estrictamente de las élites dominantes, de las oligarquías primarias exportadoras, que convertían al Estado en un estricto instrumento de sus intereses.

Cuando se agotó el ciclo largo expansivo del capitalismo internacional y, con él, el modelo desarrollista, dos perspectivas se presentaron en el horizonte. Ronald Reagan enarboló una, la vencedora: el Estado habría dejado de ser solución, para ser problema. La forma de enfrentar ese problema era reducirlo a sus proporciones mínimas, al Estado mínimo, promoviendo el mercado a un rol de centralidad. El viejo adagio del liberalismo recobraba nueva fuerza: el mercado es el mejor asignador de los recursos.

Aparentemente de forma contrapuesta a esa versión, surgió un relato que también pretendía superar el agotamiento del Estado, pero proponiendo a la “sociedad civil” como su sucedáneo. Condenaba tanto o incluso más que la versión anterior al Estado. Toni Negri alcanzó a tildarlo como conservador, como pieza de museo. Holloway tenía esperanzas de que se podría cambiar el mundo sin tomar el poder, sin tener en cuenta el Estado.

Los primeros han realizado su sueño y han llevado el mundo a sus desastres actuales, resultado de la centralidad de un mercado descontrolado, mercado dominado por el capital especulativo y por los grandes bancos privados. Los segundos han quedado relevado a la intrascendencia, prisioneros de la trampa liberal de una sociedad civil en contra del Estado.

La versión alternativa era otra. No era el abandono del Estado, pero su democratización. Tampoco era el abandono a la esfera mercantil, ni el retorno puro y simple a la esfera estatal, sino la construcción, a partir del Estado y de organizaciones sociales, de la esfera publica. Una esfera de la ciudadanía, una esfera en la que haya los mismos derechos para todos, la verdadera esfera democrática.

Los gobiernos que han revertido al modelo neoliberal de la centralidad del mercado son aquellos que han utilizado el Estado para promover los derechos sociales de todos, para rescatar el rol activo del Estado como inductor del crecimiento económico e impulsor  de políticas externas soberanas. Fueron los gobiernos anti-neoliberales de América del Sur.

Incluso estos han recuperado al Estado, sin transformarlo, defendiendo a la sociedad de las consecuencias negativas de un mercado descontrolado, pero sin democratizar al Estado, con la centralidad en la esfera pública. Los aparatos de Estado han resistido, desde dentro, aliándose con las fuerzas conservadoras desde fuera, para frenar un amplio proceso de democratización política, social, económica y cultural, de la  que carecen las sociedades contemporáneas.

Cuando los gobiernos anti-neoliberales se enfrentan a obstáculos, no deben ceder  al liberalismo tradicional, al mercado, sino, al contrario, deben avanzar hacia la trasformación radical de los Estados con la centralidad de la esfera pública. En la era neoliberal la contradicción fundamental es la que se da entre la esfera mercantil – el afán de mercantilizar a todo, de trasformar derechos en mercancías y ciudadanos en consumidores – y la esfera pública, la esfera de los derechos para todos, la esfera de los ciudadanos.

Se puede medir cuanto se ha avanzado por superar el neoliberalismo en la medida en que se ha avanzado en la extensión de los derechos para todos y en la restricción de la mercantilización de la sociedad. Se ha fortalecido la educación pública y la salud pública, por ejemplo, a expensas de la educación mercantil, de la salud mercantilizada y el fortalecimiento de los bancos públicos a expensas de los bancos privados.

La esfera pública no representa tan solo la democratización  de la sociedad actual, sino que apunta hacia una dinámica anticapitalista, en la medida en que el eje y el proyecto central del capitalismo son la mercantilización generalizada de todas las esferas de la sociedad.  Transformar todo en mercancías, que todo tenga un precio, que todo se pueda vender y comprar. La esfera pública, al contrario, promueve el derecho de todos, la promoción de todos los individuos a ciudadanos, esto es, ser sujetos con derechos.

Para llegar a tener a la izquierda en la esfera pública es indispensable, antes de todo, además de una crítica radical de todos los efectos negativos de la centralidad del mercado, desarrollar una profunda conciencia pública, radicalmente democrática. Un espíritu de centralidad de los bienes públicos, de las empresas públicas, de los servicios públicos y del Estado como un instrumento en las manos de toda la sociedad, de los trabajadores y del pueblo. El Estado no es así ni la solución, por si solo, ni el problema.

Es un espacio de disputa entra la esfera mercantil y la esfera pública. Cabe a la izquierda del siglo XXI ser una izquierda de la esfera pública, – que es la forma actual de ser anticapitalista, – para la construcción de sociedades profundamente democráticas y de un mundo apropiado por sus pueblos a partir de esos Estados nacionales, democratizados y centrados en la esfera pública.

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jueves, 30 de marzo de 2017

El banquero solidario


Los intereses creados



Por Miguel Ángel Llamas
Infolibre, 28/03/2017.
  
El título de este artículo no alude a la famosa obra de Jacinto Benavente: es más literal que literario. El fraude bancario que ha abierto un nuevo y enésimo frente judicial a la banca consiste en crear intereses de la nada. O, mejor dicho, en crear intereses con base en cláusulas abusivas incluidas en préstamos hipotecarios que comienzan a ser anuladas por los juzgados. Varias entidades financieras, algunas con carácter generalizado, modificaron la duración del año en la fórmula aritmética para incrementar artificialmente el importe de las cuotas. Dividiendo por 360 (el denominado año comercial) en lugar de por 365, la banca obtiene de sus clientes centenares de millones de euros.

El fraude del método 365/360, del que informó este periódico el lunes, se une a una innumerable lista de abusos bancarios cometidos en la comercialización de préstamos hipotecarios: cláusula suelo, IRPH, intereses moratorios, vencimiento anticipado, cláusula de gastos... La acumulación de tantas cláusulas y prácticas abusivas responde a un modelo jurídico-político de contratación diseñado para maximizar los beneficios privados de la burbuja hipotecaria-inmobiliaria.

Pero, ¿cómo es posible que no hayan funcionado los controles preventivos y que incluso a día de hoy no existan respuestas institucionales eficaces para proteger los derechos de los consumidores? No parece existir en España una cultura jurídica de protección de los consumidores. Salvo valiosas excepciones, jueces, notarios y registradores de la propiedad no han cumplido sus funciones de control de cláusulas abusivas. Un ejemplo puede ser revelador. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea impone a los jueces la obligación de controlar las cláusulas abusivas, pero en España rara vez un juez ha actuado de oficio.

La mentalidad de los principales operadores jurídicos sigue marcada por la igualdad contractual y la justicia rogada, esto es, obvia la asimetría de poder inherente a la contratación con consumidores. La cuestión de la cultura jurídica exige poner encima de la mesa el debate sobre la democratización del acceso a las profesiones jurídicas y el replanteamiento de la formación de los juristas. No es casual que en nuestro país una disciplina como la sociología jurídica, que permite comprender el Derecho en sus relaciones con la sociedad, no haya tenido apenas recorrido académico. Los juristas no pueden ignorar por más tiempo que lo jurídico es trasunto de los intereses creados.

Por otro lado, la autonomía institucional del Banco de España ha supuesto un fracaso en la protección de la clientela bancaria. La pasividad del Banco de España con los fraudes bancarios parece guardar conexión con el fenómeno muy estudiado de la captura del regulador, en este caso por las entidades financieras, lo que debería hacernos reflexionar sobre la necesidad de democratizar integralmente nuestra institucionalidad para que responda al interés general. Aunque lo cierto es que las Administraciones Públicas competentes en materia de consumo tampoco han estado a la altura.

La proliferación e impunidad de los abusos bancarios debe enmarcarse en una dinámica más amplia de promiscuidad entre los poderes públicos y los poderes privados. Esta connivencia resulta evidente en el funcionamiento de las antiguas cajas de ahorro, pero también puede advertirse en el conjunto del sistema bancario y económico. La pasividad de los poderes públicos con los fraudes bancarios es el resultado de un entramado político-económico que genera incentivos perversos. Algunos de estos dispositivos –legales o no– de corrupción sistémica son la financiación bancaria de los partidos políticos, las puertas giratorias, la participación bancaria en la compra y venta de deuda pública (algunos bancos son legalmente creadores de mercado), la creciente presencia de los entidades financieras en las políticas públicas y, no menos importante, la participación accionarial de la banca en los grandes medios de comunicación.

Permítaseme ahora el recurso literario: los fraudes bancarios son consecuencia de los intereses creados en la farsa democrática, una jocosa comedia para los banqueros y un drama cotidiano para millones de personas.

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miércoles, 29 de marzo de 2017

Paremos los desahucios


La banca se enfrenta a la devolución de 18.300 millones por gastos hipotecarios



Intereconomía, 27/03/2017.

La banca se enfrenta al pago de 18.300 millones por gastos hipotecarios, casi el triple de la devolución estimada por las cláusulas suelo. Cada cliente que haya firmado una hipoteca tiene derecho a la devolución de unos 3.500 euros de media.

Asimismo, aún falta por conocer si los gastos derivados de la tasación del inmueble también pueden ser reclamados. Así lo estima el despacho Sanahuja Miranda Abogados, que indica que la reclamación de los gastos derivados de la constitución de hipoteca siguen dando de qué hablar tanto por el número de afectados como por las dudas legales que surgen.

Los hipotecados tienen derecho a reclamar los gastos hipotecarios devengados del préstamo hipotecario como resolvió el Pleno del Tribunal Supremo en Sentencia de 23 de diciembre de 2015.

En la actualidad y al respecto de los conceptos reclamables por los gastos hipotecarios sí que está pendiente de la evolución jurisprudencial en relación a los gastos de tasación del inmueble, porque aunque son gastos que impone el banco al prestatario para la concesión del préstamo hipotecario.

“Esta es una cuestión que puede generar controversia en uno u otro sentido por la cantidad de dinero en juego y por lo fina que es la línea legal que separa un escenario de otro. A nuestro criterio es una situación que deberán aclarar los Tribunales mediante la jurisprudencia que recaiga en la materia, que aún es muy escasa”, ha indicado Fernando Sanahuja, socio fundador de Sanahuja Miranda Abogados.

¿Qué se puede reclamar?

Se pueden reclamar los gastos derivados de la formalización del préstamo hipotecario. Es decir, los honorarios del Notario derivados de la formalización del préstamo hipotecario, los aranceles del Registro de la Propiedad para la inscripción de la escritura de préstamo hipotecario, la liquidación del impuesto de Actos Jurídicos Documentados respecto al préstamo hipotecario y los honorarios de la Gestoría.

¿Cuáles son los fundamentos para hacerlo?

El fundamento legal para reclamar los citados gastos se encuentra en el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Concretamente, en los apartados 3.a y 3.c, que establecen que serán abusivas las siguientes cláusulas:

-La estipulación de que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan al empresario (obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcción o su división y cancelación).

-La estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario.

En efecto, en aplicación de este precepto, y en la ya referida Sentencia, el Tribunal Supremo manifiesta que “(…) En lo que respecta a la formalización de escrituras notariales e inscripción de las mismas (necesaria para la constitución de la garantía real), que tanto el arancel de los notarios, como el de los registradores de la propiedad, atribuyen la obligación de pago al solicitante del servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho o solicite una certificación”.

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