viernes, 31 de marzo de 2017
La izquierda de la esfera pública
Por Emir Sader
Público.es,
29/03/2017.
La izquierda del siglo XX fue una izquierda del Estado, que
se valió del Estado para organizar proyectos de nación, para hacer con el
Estado empujara el desarrollo económico y garantizara los derechos sociales.
Tuvo un rol fundamental, sobre todo si tenemos en cuenta que antes había un
Estado estrictamente de las élites dominantes, de las oligarquías primarias
exportadoras, que convertían al Estado en un estricto instrumento de sus
intereses.
Cuando se agotó el ciclo largo expansivo del capitalismo
internacional y, con él, el modelo desarrollista, dos perspectivas se
presentaron en el horizonte. Ronald Reagan enarboló una, la vencedora: el
Estado habría dejado de ser solución, para ser problema. La forma de enfrentar
ese problema era reducirlo a sus proporciones mínimas, al Estado mínimo,
promoviendo el mercado a un rol de centralidad. El viejo adagio del liberalismo
recobraba nueva fuerza: el mercado es el mejor asignador de los recursos.
Aparentemente de forma contrapuesta a esa versión, surgió un
relato que también pretendía superar el agotamiento del Estado, pero
proponiendo a la “sociedad civil” como su sucedáneo. Condenaba tanto o incluso
más que la versión anterior al Estado. Toni Negri alcanzó a tildarlo como
conservador, como pieza de museo. Holloway tenía esperanzas de que se podría
cambiar el mundo sin tomar el poder, sin tener en cuenta el Estado.
Los primeros han realizado su sueño y han llevado el mundo a
sus desastres actuales, resultado de la centralidad de un mercado
descontrolado, mercado dominado por el capital especulativo y por los grandes
bancos privados. Los segundos han quedado relevado a la intrascendencia, prisioneros
de la trampa liberal de una sociedad civil en contra del Estado.
La versión alternativa era otra. No era el abandono del
Estado, pero su democratización. Tampoco era el abandono a la esfera mercantil,
ni el retorno puro y simple a la esfera estatal, sino la construcción, a partir
del Estado y de organizaciones sociales, de la esfera publica. Una esfera de la
ciudadanía, una esfera en la que haya los mismos derechos para todos, la
verdadera esfera democrática.
Los gobiernos que han revertido al modelo neoliberal de la
centralidad del mercado son aquellos que han utilizado el Estado para promover
los derechos sociales de todos, para rescatar el rol activo del Estado como
inductor del crecimiento económico e impulsor
de políticas externas soberanas. Fueron los gobiernos anti-neoliberales
de América del Sur.
Incluso estos han recuperado al Estado, sin transformarlo,
defendiendo a la sociedad de las consecuencias negativas de un mercado
descontrolado, pero sin democratizar al Estado, con la centralidad en la esfera
pública. Los aparatos de Estado han resistido, desde dentro, aliándose con las
fuerzas conservadoras desde fuera, para frenar un amplio proceso de
democratización política, social, económica y cultural, de la que carecen las sociedades contemporáneas.
Cuando los gobiernos anti-neoliberales se enfrentan a
obstáculos, no deben ceder al
liberalismo tradicional, al mercado, sino, al contrario, deben avanzar hacia la
trasformación radical de los Estados con la centralidad de la esfera pública. En
la era neoliberal la contradicción fundamental es la que se da entre la esfera
mercantil – el afán de mercantilizar a todo, de trasformar derechos en
mercancías y ciudadanos en consumidores – y la esfera pública, la esfera de los
derechos para todos, la esfera de los ciudadanos.
Se puede medir cuanto se ha avanzado por superar el
neoliberalismo en la medida en que se ha avanzado en la extensión de los
derechos para todos y en la restricción de la mercantilización de la sociedad.
Se ha fortalecido la educación pública y la salud pública, por ejemplo, a
expensas de la educación mercantil, de la salud mercantilizada y el
fortalecimiento de los bancos públicos a expensas de los bancos privados.
La esfera pública no representa tan solo la
democratización de la sociedad actual,
sino que apunta hacia una dinámica anticapitalista, en la medida en que el eje
y el proyecto central del capitalismo son la mercantilización generalizada de
todas las esferas de la sociedad.
Transformar todo en mercancías, que todo tenga un precio, que todo se
pueda vender y comprar. La esfera pública, al contrario, promueve el derecho de
todos, la promoción de todos los individuos a ciudadanos, esto es, ser sujetos
con derechos.
Para llegar a tener a la izquierda en la esfera pública es
indispensable, antes de todo, además de una crítica radical de todos los
efectos negativos de la centralidad del mercado, desarrollar una profunda
conciencia pública, radicalmente democrática. Un espíritu de centralidad de los
bienes públicos, de las empresas públicas, de los servicios públicos y del
Estado como un instrumento en las manos de toda la sociedad, de los
trabajadores y del pueblo. El Estado no es así ni la solución, por si solo, ni
el problema.
Es un espacio de disputa entra la esfera mercantil y la
esfera pública. Cabe a la izquierda del siglo XXI ser una izquierda de la
esfera pública, – que es la forma actual de ser anticapitalista, – para la
construcción de sociedades profundamente democráticas y de un mundo apropiado
por sus pueblos a partir de esos Estados nacionales, democratizados y centrados
en la esfera pública.
Disponible en:
jueves, 30 de marzo de 2017
Los intereses creados
Por Miguel Ángel
Llamas
Infolibre,
28/03/2017.
El título de este artículo no alude a la famosa obra de
Jacinto Benavente: es más literal que literario. El fraude bancario que ha
abierto un nuevo y enésimo frente judicial a la banca consiste en crear
intereses de la nada. O, mejor dicho, en crear intereses con base en cláusulas
abusivas incluidas en préstamos hipotecarios que comienzan a ser anuladas por
los juzgados. Varias entidades financieras, algunas con carácter generalizado,
modificaron la duración del año en la fórmula aritmética para incrementar artificialmente
el importe de las cuotas. Dividiendo por 360 (el denominado año comercial) en
lugar de por 365, la banca obtiene de sus clientes centenares de millones de
euros.
El fraude del método 365/360, del que informó este periódico
el lunes, se une a una innumerable lista de abusos bancarios cometidos en la
comercialización de préstamos hipotecarios: cláusula suelo, IRPH, intereses
moratorios, vencimiento anticipado, cláusula de gastos... La acumulación de
tantas cláusulas y prácticas abusivas responde a un modelo jurídico-político de
contratación diseñado para maximizar los beneficios privados de la burbuja
hipotecaria-inmobiliaria.
Pero, ¿cómo es posible que no hayan funcionado los controles
preventivos y que incluso a día de hoy no existan respuestas institucionales
eficaces para proteger los derechos de los consumidores? No parece existir en
España una cultura jurídica de protección de los consumidores. Salvo valiosas
excepciones, jueces, notarios y registradores de la propiedad no han cumplido
sus funciones de control de cláusulas abusivas. Un ejemplo puede ser revelador.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea impone a los
jueces la obligación de controlar las cláusulas abusivas, pero en España rara
vez un juez ha actuado de oficio.
La mentalidad de los principales operadores jurídicos sigue
marcada por la igualdad contractual y la justicia rogada, esto es, obvia la
asimetría de poder inherente a la contratación con consumidores. La cuestión de
la cultura jurídica exige poner encima de la mesa el debate sobre la
democratización del acceso a las profesiones jurídicas y el replanteamiento de
la formación de los juristas. No es casual que en nuestro país una disciplina
como la sociología jurídica, que permite comprender el Derecho en sus
relaciones con la sociedad, no haya tenido apenas recorrido académico. Los
juristas no pueden ignorar por más tiempo que lo jurídico es trasunto de los
intereses creados.
Por otro lado, la autonomía institucional del Banco de
España ha supuesto un fracaso en la protección de la clientela bancaria. La
pasividad del Banco de España con los fraudes bancarios parece guardar conexión
con el fenómeno muy estudiado de la captura del regulador, en este caso por las
entidades financieras, lo que debería hacernos reflexionar sobre la necesidad
de democratizar integralmente nuestra institucionalidad para que responda al
interés general. Aunque lo cierto es que las Administraciones Públicas
competentes en materia de consumo tampoco han estado a la altura.
La proliferación e impunidad de los abusos bancarios debe
enmarcarse en una dinámica más amplia de promiscuidad entre los poderes
públicos y los poderes privados. Esta connivencia resulta evidente en el
funcionamiento de las antiguas cajas de ahorro, pero también puede advertirse
en el conjunto del sistema bancario y económico. La pasividad de los poderes
públicos con los fraudes bancarios es el resultado de un entramado
político-económico que genera incentivos perversos. Algunos de estos
dispositivos –legales o no– de corrupción sistémica son la financiación
bancaria de los partidos políticos, las puertas giratorias, la participación
bancaria en la compra y venta de deuda pública (algunos bancos son legalmente
creadores de mercado), la creciente presencia de los entidades financieras en
las políticas públicas y, no menos importante, la participación accionarial de
la banca en los grandes medios de comunicación.
Permítaseme ahora el recurso literario: los fraudes
bancarios son consecuencia de los intereses creados en la farsa democrática,
una jocosa comedia para los banqueros y un drama cotidiano para millones de
personas.
Disponible en:
miércoles, 29 de marzo de 2017
La banca se enfrenta a la devolución de 18.300 millones por gastos hipotecarios
Intereconomía,
27/03/2017.
La banca se enfrenta al pago de 18.300 millones por gastos
hipotecarios, casi el triple de la devolución estimada por las cláusulas suelo.
Cada cliente que haya firmado una hipoteca tiene derecho a la devolución de
unos 3.500 euros de media.
Asimismo, aún falta por conocer si los gastos derivados de
la tasación del inmueble también pueden ser reclamados. Así lo estima el
despacho Sanahuja Miranda Abogados, que indica que la reclamación de los gastos
derivados de la constitución de hipoteca siguen dando de qué hablar tanto por
el número de afectados como por las dudas legales que surgen.
Los hipotecados tienen derecho a reclamar los gastos hipotecarios
devengados del préstamo hipotecario como resolvió el Pleno del Tribunal Supremo
en Sentencia de 23 de diciembre de 2015.
En la actualidad y al respecto de los conceptos reclamables
por los gastos hipotecarios sí que está pendiente de la evolución
jurisprudencial en relación a los gastos de tasación del inmueble, porque
aunque son gastos que impone el banco al prestatario para la concesión del
préstamo hipotecario.
“Esta es una cuestión que puede generar controversia en uno
u otro sentido por la cantidad de dinero en juego y por lo fina que es la línea
legal que separa un escenario de otro. A nuestro criterio es una situación que
deberán aclarar los Tribunales mediante la jurisprudencia que recaiga en la
materia, que aún es muy escasa”, ha indicado Fernando Sanahuja, socio fundador
de Sanahuja Miranda Abogados.
¿Qué se puede
reclamar?
Se pueden reclamar los gastos derivados de la formalización
del préstamo hipotecario. Es decir, los honorarios del Notario derivados de la
formalización del préstamo hipotecario, los aranceles del Registro de la
Propiedad para la inscripción de la escritura de préstamo hipotecario, la
liquidación del impuesto de Actos Jurídicos Documentados respecto al préstamo
hipotecario y los honorarios de la Gestoría.
¿Cuáles son los
fundamentos para hacerlo?
El fundamento legal para reclamar los citados gastos se
encuentra en el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Concretamente, en los apartados 3.a y 3.c, que establecen que serán abusivas
las siguientes cláusulas:
-La estipulación de que el consumidor ha de cargar con los
gastos derivados de la preparación de la titulación que por su naturaleza
correspondan al empresario (obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para
financiar su construcción o su división y cancelación).
-La estipulación que imponga al consumidor el pago de
tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario.
En efecto, en aplicación de este precepto, y en la ya
referida Sentencia, el Tribunal Supremo manifiesta que “(…) En lo que respecta
a la formalización de escrituras notariales e inscripción de las mismas (necesaria
para la constitución de la garantía real), que tanto el arancel de los
notarios, como el de los registradores de la propiedad, atribuyen la obligación
de pago al solicitante del servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba
el derecho o solicite una certificación”.
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