sábado, 31 de marzo de 2018
Europa estudia dar al BCE la capacidad de financiar bancos en crisis para evitar otro caso Popular
Por Nicolás M.
Sarriés
Expansión, 03/03/2018.
La crisis de Popular lleva a la UE a replantearse la Unión
Bancaria. Dos informes independientes señalan las debilidades del modelo
actual.
La caída de Banco Popular sigue coleando y su eco aún
resuena entre las autoridades europeas. Para evitar un caso así en el futuro,
la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo ha pedido su opinión a
expertos independientes. Estos proponen, entre otras medidas, la creación de un
mecanismo de liquidez «creíble» que permita al Banco Central Europeo (BCE) dar
financiación a las entidades sometidas a resolución. Así consta en un informe
firmado por Alexander Lehmann, investigador del think tank Bruegel, y remitido
a los miembros de la comisión de la eurocámara.
Lehmann plantea que este mecanismo de liquidez
extraordinario (backstop) podría financiarse con los recursos y la garantía del
Fondo Único de Resolución europeo (SRF, por sus siglas en inglés, un organismo
dependiente de la Junta Única de Resolución), incluyendo las derramas futuras
de los bancos obligados a contribuir anualmente. «Este sería un modelo similar
al usado por el Banco de Inglaterra, donde no existe una limitación de liquidez
previa», explica este académico.
El informe propone también que se revise el acuerdo firmado
entre el BCE y las distintas autoridades nacionales para la prestación de
líneas de liquidez extraordinaria (ELA). El actual modelo presenta varios
defectos, en opinión del autor, ya que hay un importante número de entidades
financieras (como demostró el caso de Popular) para las que la herramienta de
liquidez tal cual está diseñada ahora no resulta de utilidad en el caso de que
se enfrenten a fuertes salidas de depósitos.
El trabajo de Lehmann pretende tomar nota de las lecciones
aprendidas a raíz de la crisis de Popular, que condujo a la caída y resolución
del sexto banco español debido (al menos así consta oficialmente) a una crisis
de liquidez producto de una salida masiva de depósitos. Al margen del backstop
extraordinario para el BCE, este investigador propone a los europarlamentarios
otras dos medidas necesarias para evitar y abordar estas crisis en el futuro.
La medida más inmediata sería lograr una mayor coordinación
entre la JUR y el BCE, las dos principales autoridades bancarias de la zona
euro. «Esto mejoraría la consistencia y la rapidez en la adopción de soluciones
de resolución, e idealmente tendría en cuenta los puntos de vista del BCE
respecto a los riesgos sistémicos de liquidez y los potenciales contagios. La
otra medida propuesta por Lehmann es lograr una armonización en todos los
países de Europa de las herramientas de moratoria con las que las autoridades
pueden imponer corralitos temporales a depósitos y otros pasivos en aquellas
entidades en problemas.
El informe pide tener en cuenta las alarmas lanzadas desde
el sector respecto a los posibles riesgos de una herramienta como las
moratorias a los depósitos, así como la importancia de respetar los derechos de
los acreedores. Sin embargo, para que no sean más problemáticos futuros casos
de resolución de bancos transfronterizos o de entidades con importantes
exposiciones en terceros países, el informe apuesta por crear un marco único
que deje claras a los inversores unas reglas comunes de moratoria.
El SRF, ¿prestamista
de última instancia?
Los miembros del comité económico del Parlamento Europeo
también tienen en sus manos un segundo informe, en este caso firmado por Willem
Pieter de Groen, investigador del think tank CEPS, en el que se analizan las
debilidades de la actual unión bancaria para casos de crisis de liquidez y
retiradas de depósitos masivas. En este informe también el precedente de Banco
Popular supone un hito de extrema importancia a la hora de extraer conclusiones
respecto al actual modelo institucional europeo.
De Groen, como también hiciera Lehmann en su informe,
constata que las ratios regulatorias de cobertura de liquidez (LCR, por sus
siglas en inglés) se han demostrado inútiles a la hora de evaluar la
resistencia de un banco para sortear una crisis sostenida con fuertes retiradas
de fondos. Son necesarios datos más granulares y frecuentes tanto de la
liquidez como del capital de las entidades problemáticas. Como mostró el caso
de Popular, el acceso de los bancos en problemas a las líneas extraordinarias
se restringen (mediante la aplicación de haircuts), lo que acaba por hacer
inservibles estas medidas precisamente cuando más se necesitan.
Por ello, el CEPS propone a los legisladores europeos que
reformen la normativa del SFR para que este fondo pueda proveer a los bancos en
resolución (o en peligro de estarlo) con liquidez extraordinaria una vez que
nadie más acepta sus colaterales. Esto convierte al SRF, «de facto», en el
prestamista de última instancia dentro de la unión bancaria europea. Como
actualmente dispone de unos recursos relativamente escasos para lidiar con la
crisis de los mayores bancos de la zona euro, desde este think tank apuestan
por dotar al fondo a su vez de una facilidad de crédito proporcionada por el
Mecanismo Europeo de Estabilidad, que tiene una capacidad total para financiar
hasta 500.000 millones de euros si fuera necesario.
Un modelo como este ya existe en países como Estados Unidos,
donde el Fondo de Garantía de Depósitos (que a su vez actúa como fondo de
resolución) no solo dispone de sus propios recursos gracias a las aportaciones
de las entidades supervisadas, sino que cuenta con la potencia de fuego del
Tesoro en el caso de que fuera necesario.
Disponible en:
viernes, 30 de marzo de 2018
BBVA triplica en un año los depósitos en su sucursal de las Islas Caimán
Por Diego Larrouy
El Diario.es,
29/03/2018.
Año intenso en la sucursal de BBVA en las Islas Caimán. La compañía
española casi triplicó durante el pasado año el volumen de depósitos que tenía
en el territorio offshore, señalado por la Unión Europea por su estructura
fiscal. En concreto, la empresa tenía a 31 de diciembre de 2017 1.144 millones
de euros de depósitos, frente a los 430 millones con los que contaba justo un
año antes, tal y como figura en las cuentas consolidadas que la compañía
depositó en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El grupo asegura en dicho escrito que esta sucursal en
las Islas Caimán tiene una actividad que
se limita a la banca corporativa, es decir especializada en la financiación de
empresas, y no incluye banca privada. Además, defiende el “estricto cumplimiento
de las normas que resultan de aplicación”.
Fuentes de la compañía argumentan que desde el año 2009 no
tiene prácticamente actividad en paraísos fiscales y que esta se limita
únicamente a las obligaciones de los reguladores de mantenerse en los países
donde cuente con emisiones de valores que sigan vivas. Defienden además que
estos trabajos se hacen de manera pública y transparente.
Pero la sociedad en la isla caribeña no solo ha crecido
significativamente en depósitos durante el pasado año. La entidad también ha
elevado de manera notable el volumen de crédito concedido a su clientela. Según
figura en el citado documento, a cierre del ejercicio de 2017 eran 1.499
millones de euros, lo que supone incrementar en un 86% el dato de un año antes.
En el informe anual del ejercicio anterior, 2016, no figura esta información.
La empresa cuenta también con cuatro sociedades emisoras de
valores: BBVA Global Finance, Ltd., Continental DPR Finance Company, Garanti
Diversified Payment Rights Finance Company y RPV Company. Todas estas
sociedades tienen su domicilio en Gran Caimán, la isla más grande de este
territorio offshore. En este caso, ha reducido el volumen de estas emisiones
que sumaban a 31 de diciembre 3.362 millones, un 4,1% menos.
Según el grupo, cuenta con una auditoría interna que
comprueba que no haya blanqueamiento de dinero, se verifique la información
remitida a la matriz y que se cumplan las obligaciones fiscales. La consultora
KPMG es la encargada de la auditoría externa de las cuentas.
El pasado mes de diciembre, la Unión Europea creó una lista
negra de 17 estados que no cooperan en materia fiscal y que ya en 2018 redujo a
nueve. Aunque Islas Caimán. territorio de ultramar dependiente del Reino Unido,
no se encontraba en ella, sí que está incluida entre los 47 países que,
cumpliendo los requisitos para dicho listado, se han comprometido a mejorar su
funcionamiento para finales de este año.
BBVA no es la única entidad financiera española con
presencia en circunscripciones offshore. El Banco Santander también informa en
sus cuentas consolidades, depositadas igualmente ante la CNMV, de su actividad
en este tipo de territorios. En concreto, la compañía que preside Ana Botín,
asegura que su trabajo en estos países le aportó 2,7 millones de euros a su
beneficio de 2017, que superó los 6.600 millones. Un año antes la aportación al
resultado fue de medio millón de euros, la quinta parte. No informa del volumen
de negocio.
La empresa cuenta con tres filiales y cuatro sucursales en
Jersey, Guernsey, Isla de Man e Islas Caimán. Allí cuenta con 138 empleados.
Informa también que cuenta con presencia en Hong Kong, Perú, Suiza, Uruguay y
Panamá, que aunque la legislación española no los considera territorios
offshore, están incluidos en la lista gris elaborada en diciembre por la Unión
Europea. La empresa asegura que tiene el compromiso de reducir el número de
unidades en estos mercados.
Disponible en:
jueves, 29 de marzo de 2018
Las heridas de las cajas
Por Braulio Llamero
Periodista,
escritor y Secretario de Organización de Podemos Castilla y León.
La Opinión de Zamora,
10/03/2018.
La profunda herida de las cajas de ahorro sigue sin
cerrarse. Se abre con cada roce, sangra a la menor, no deja de dolernos. Estos
días ha vuelto a abrirse con la decisión judicial de declarar prescritos los
hechos que se investigaban por los regalos crediticios que en su día aprobara
Caja España a uno de sus presidentes. Se investigaban las responsabilidades del
Consejo de Administración por el que pasó semejante decisión y del que formaba
parte el entonces presidente de la Diputación zamorana y hoy dirigente nacional
del PP, Martínez Maíllo. Ya habían declarado todos, salvo este último, por
aquello de que es aforado y se había podido escaquear hasta el momento. Ya lo
hizo del todo. Enhorabuena, don Fernando. Según la peculiar justicia o leyes
que tenemos, da igual que hubiera o no delito. La cosa ha prescrito porque
supuestamente pasaron cinco años entre el hecho investigado y la apertura de
primeras diligencias. Digo supuestamente, porque tampoco está tan claro, y
contra la decisión del juez (que no es el titular que había estado llevado el
caso, sino un sustituto) habrá recurso. Veremos en qué acaba.
Pero el caso es que la herida ha vuelto a abrirse y se ha
palpado de nuevo la indignación. Desde aquí abajo, desde la calle, nadie puede
entender lo de la prescripción de delitos. Menos aún, de los delitos monetarios
o relacionados con la corrupción. La sensación de que hay demasiadas leyes
hechas para proteger a los legisladores deshonestos o a sus amiguetes de
pandilla es poderosa. Más aún si se ventila algo que hizo un daño enorme a la
sociedad en su conjunto, como es la ruina y posterior expolio de lo que era
nuestra querida y muy eficaz banca pública. Porque esa es la madre del cordero.
Nos duele lo de las cajas porque era algo que se había hecho desde abajo, desde
los municipios o diputaciones, poco a poco, a imagen y semejanza de los mejores
países europeos. Teníamos instituciones propias, de confianza, donde depositar
nuestro dinero, que nos atendían con amabilidad y cuyo fin no era conseguir
beneficios. De hecho, cuando los conseguían, volvía a repartirlos mediante su
añorada Obra Social y Cultural. El conjunto de las cajas de ahorro,
cooperativas de crédito y banca pública, llegó a superar en depósitos y capital
administrado a la banca privada. Y ésta se asustó. Y yo recuerdo haber
alertado, desde alguna columna en este mismo diario, que las cajas peligraban
-mucho antes de que peligraran- porque estorbaban a los bancos privados y éstos
estaban conjurándose para tratar de eliminarlas. Lo consiguieron, sin mancharse
las manos: son profesionales. Usaron a los políticos de medio pelo que votamos
en los ámbitos locales y autonómicos.
Al contrario que la mayoría, siempre he sostenido que no
fueron los políticos los que se cargaron las cajas. Los políticos, otros
anteriores, fueron los que las crearon. Los de la última fase fueron solo los
tontos útiles de los bancos privados. Yo me creo lo que alegan en su defensa
cuando son acusados; eso de que no se enteraban de nada aunque estuvieran en
los Consejos de Administración. Lo cual no los exculpa, sino todo lo contrario:
es un agravante, ¿pues qué hacían ahí, si no sabían nada? Pero las cajas se las
cargaron, en sentido estricto, los expertos financieros que la banca privada
cedía "generosamente" para administrarlas y que ocupaban las
direcciones generales y puestos clave de cada entidad. Los políticos que
ostentaban presidencias y se apoltronaban en sus consejos de administración se
limitaban a asentir a lo que esos expertos les decían o a firmar los
incomprensibles papeles que les ponían delante. Los muy imbéciles dejaron que
se cargaran nuestro mejor y mas sano instrumento financiero, a cambio de
suculentas dietas, cajas de bombones, viajes de placer y obsequios semejantes o
peores.
Pero pueden dormir tranquilos. Ellos, no nosotros. Lo más
probable es que todo esté prescrito. Ya se encargan los colegas
"listos", los políticos estatales, de hacer o reformar leyes
autoprotectoras. Nosotros, mientras tanto, sin nuestra pequeña y espléndida
Caja, ¿recuerdan? Aquella que nos atendía con amabilidad, en todos los barrios
y comarcas. Los bancos privados se quedaron con todo, pero se niegan a
atendernos. No paran de cerrar oficinas y despedir empleados. Ahora que no
tienen competencia, ni disimulan. Si necesitas algo, vete al cajero automático
o arréglatelas con Internet. Pero no molestes. Ese desprecio bancario infecta
la herida de las cajas e impide que cicatrice. Digan lo que digan jueces, leyes
y politicastros.
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