viernes, 27 de abril de 2018
jueves, 26 de abril de 2018
Manifiesto por una Banca Pública en Navarra
Iosu Pardo y Joan Josep Bosch (ATTAC Navarra)
Rebelión, 27/04/2017.
En todo país democrático y desarrollado la riqueza debe
estar subordinada al interés general, sea cual sea su titularidad. Así mismo,
determinados servicios esenciales deben estar reservados al sector público.
Consideramos que los servicios financieros, y
particularmente los servicios bancarios, son esenciales hoy en día en cualquier
relación entre ciudadanos y de éstos con la Administración.
El artículo 56 de la Ley de Amejoramiento del Fuero de
Navarra establece en su letra e) que las Instituciones de crédito corporativo,
público y territorial son competencia exclusiva de la Comunidad Foral de
Navarra.
En base a dichos fundamentos y a los Derechos Históricos de
Navarra recogidos en la Ley de Amejoramiento del Fuero y en base a la situación
económica y financiera observada en los últimos años, que incluye un rescate
con dinero público al sector bancario privado con un coste irrecuperable para
la ciudadanía de más de 40.000 Millones de €, Attac Navarra-Nafarroa hace
público el siguiente
MANIFIESTO
- Los servicios financieros son sin ningún género de dudas, servicios esenciales para el buen funcionamiento de la economía y para el desarrollo de la vida social en los Estados desarrollados.
-
Las Entidades Financieras privadas se han mostrado sobradamente
incapaces de garantizar su eficiencia económica y su capacidad para
garantizar la seguridad de los ahorros que se les confían es más que
dudosa. Por otra parte, se han constatado multitud de casos de mala
gobernanza y especialmente de malas prácticas del sector, con abusos
masivos sobre los derechos de la ciudadanía y de los usuarios de los
servicios que prestan.
- Las entidades financieras
privadas, al priorizar la mayor rentabilidad para sus accionistas,
rechazan la prestación de servicios esenciales a una parte
significativa de la población (especialmente sin acceso al crédito y/o a
medios de pago).
- En la Comunidad Foral de Navarra,
cinco entidades financieras privadas aglutinan el 89% del negocio
bancario, en una clara tendencia al oligopolio y tan solo una de ellas
tiene su centro de decisión y está radicada a efectos fiscales en
Navarra.
- La Fundación Bancaria Caja Navarra, bajo
el Patronato de la Comunidad Foral, es propietaria de alrededor de 200
Millones de € en acciones de una entidad privada (Caixabank S.A.)
-
Por todo ello, instamos al Gobierno de Navarra que impulse la
creación de una Banca Pública Navarra que reúna las siguientes
características:
- Tenga una inequívoca vocación de servicio público y sin ánimo de lucro.
- Garantice el acceso a una cuenta corriente y medios de pago a toda la ciudadanía de Navarra que la solicite.
-
Aporte una mayor garantía de solvencia a los depósitos de los
ahorradores e inversores que la ofrecida por el sector bancario
privado los últimos años.
- Garantice el acceso a
operaciones esenciales para la vida diaria en una sociedad avanzada
tales como domiciliaciones, tarjeta de débito y acceso a servicios de
cajeros, a precios absolutamente asequibles o gratuitos.
-
Sea la entidad financiera de referencia para la gestión de la
operativa de todas las entidades del sector público de Navarra
(recaudación, pago de salarios a los servidores públicos, depósitos
del sector público, financiación del sector público, etc.)
- Se guíe por normas de gestión democrática, transparente y ética.
- Reinvierta los eventuales beneficios en acciones sociales o en su capitalización y aseguramiento de su solvencia.
-
Haga prevalecer la Rentabilidad Social de sus actividades por
encima de la eventual Rentabilidad Económica, lo que no implica que
esta Banca Pública deba asumir, necesariamente, la financiación de
aquellos proyectos que la Banca Privada rechaza o aceptar proyectos de
financiación en los que se prevean pérdidas.
-
Favorezca la financiación de las Administraciones Públicas en mejores
condiciones que las que ofrece el sector privado en su búsqueda de
rentabilidad para los accionistas.
- Disponga una
política salarial que establezca remuneraciones que garanticen la
dignidad de sus empleados, tanto por su escala inferior como por su
escala superior, así como especialmente por la ratio entre ambas.
-
Disponga un Consejo de Administración compuesto por nueve miembros
designados por el Gobierno de Navarra a propuesta del Parlamento Foral
entre personas de reconocido prestigio y/o experiencia profesional
ligada al ámbito financiero. En dicho Consejo de Administración se
reconocerá expresamente la participación social y sindical de pleno
derecho.
- Establezca una Política de Contratación
basada en los principios de capacidad, mérito e igualdad con niveles
retributivos dignos, competitivos pero acotados.
-
Alcance acuerdos de colaboración con otras bancas públicas para poder
proveer servicios a sus clientes en otras comunidades y países, así
como para optimizar sinergias vinculadas al tamaño, tales como red de
oficinas, sistemas informáticos, etc.
- Aproveche
para su optimización de costes todas las potencialidades de la Banca
Electrónica, así como la ventaja de no verse obligada a sostener las
pesadas estructuras de organización, estructura y edificios de la
banca privada convencional.
- Que impulse el
tejido productivo navarro, las inversiones estratégicas para nuestra
economía y la financiación de la pequeña y mediana empresa navarra.
- Tenga una inequívoca vocación de servicio público y sin ánimo de lucro.
-
La aportación de capital para la fundación de la Banca Pública de
Navarra puede obtenerse de la liquidación de una parte de las acciones
de Caixabank, así como de aportaciones anuales con cargo a los
presupuestos de Navarra
- La existencia de una Banca
Pública de Navarra debe favorecer que las buenas prácticas financieras
sean progresivamente asumidas por la ciudadanía y exigidas por
asimilación a las entidades financieras privadas que operen en Navarra.
Disponible en:
miércoles, 25 de abril de 2018
UGT advierte que los empleados de banca no pueden cumplir bien la regulación de protección al inversor
Por Pilar Blázquez
La Vanguardia,
23/04/2018.
Las condiciones laborales y la presión vendedora a la que
están sometidos los empleados del sector financiero no permiten garantizar que
éstos apliquen correctamente la legislación que protege a los inversores. Esta
advertencia la ha lanzado esta mañana Roberto Tornamira, responsable del Sector
Financiero, Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT
Tornamira ha cuestionado la traslación de responsabilidad
que realizan a los empleados las entidades financieras cuando hay algún
problema. En concreto, se ha referido a la afirmación realizada por CaixaBank
con motivo de la denuncia por blanqueo de capitales realizada el pasado jueves
por la Audiencia Nacional, en la que el banco aseguró que hay un normativa para
detectar irregularidades que los empleados tienen que aplicar.
Presiones en ventas
Según el responsable de UGT, las condiciones en las que se está
desarrollando el trabajo y la presión por objetivos que imponen las entidades
“no siempre están en consonancia con las exigencias legales”, como también se
ha podido observar en la comercialización de productos financieros como las
preferentes a lo largo de la crisis financiera.
Tornamira ha realizado estas afirmaciones durante la
presentación de una encuesta realizada entre empleados no afiliados a ningún
sindicato y menores de 35 años en los sectores financiero, contact center,
consultoría, estudios de mercado, ingenierías, y seguros.
300.000 horas extra
semanales gratuitas que suplen 14.000 contratos
Entre las conclusiones más destacadas está la que refleja
que el 59,49% de los empleados de banca y el 51,22% de los que trabajan en
Cajas de Ahorro consideran que sus condiciones de trabajo no se respetan. Esto,
según UGT, es el reflejo de que en el sector se están realizando 300.000 horas
semanales que ni se tributan, ni se cotizan a la Seguridad Social, ni se
remuneran a los trabajadores. Un tiempo de trabajo gratuito que, según UGT, i
mplica dejar de contratar a 14.000 personas al año en el sector.
“Pero no solo no se contratan sino que la tendencia es
seguir destruyendo. “Con los ERES de Bankia y Banco Santander-Popular está en
camino la destrucción de 2.000 empleos y no serán los únicos que veamos en
2018”, ha comentado Agustín Nieto, responsable del Sindicato Financiero.
La demanda de un mayor respeto a la jornada laboral y a la
conciliación de la vida familiar y laboral es generalizada en todos los
sectores encuestados. El 84,21% de quienes respondieron a la encuesta de UGT
piden a los representantes sindicales “luchar por el control horario, denunciar
incumplimientos y negociar soluciones”.
En este sentido, Tornamira ha recordado que esta cuestión
está pendiente de resolución por parte del Tribunal de Justicia de la Unión
europea gracias a las denuncias incoadas por los sindicatos.
Así mismo, la encuesta refleja que los jóvenes trabajadores
tienen como principal preocupación, 43,32% así lo manifiesta, la estabilidad
laboral, los despidos y colectivos e individuales. El 29,18% considera que el
salario es su principal preocupación.
Solo el sector de
call centers ha mejorado su acceso de entrada al mercado laboral para las
nuevas generaciones
Según ha explicado los representantes del sindicato en todos
los sectores analizados, con excepción del de call centers , las condiciones de
entrada de los jóvenes al mercado laboral se han depauperado respecto a las de
generaciones anteriores.
En este sentido, Agustín Nieto, responsable del Sindicato
Financiero, se ha referido a la constatación de esta situación que realizó hace
unos días el presidente de la AEB. “ Hay que agradecer al presidente de la AEB
que reconozca la diferencias entre jóvenes y no jóvenes. Ahora, estaría bien
que ese criterio lo apliquen a la negociación colectiva”, ha pedido Nieto quién
asegura que apesar de esas declaraciones, la banca todavía sigue demandando la
eliminación de los trienios, por ejemplo.
Sobrecualificación
general, pero no específica
Otras conclusiones, de las condiciones de trabajo derivadas
de esta encuesta demuestran que la mayoría de jóvenes, el 34,76%, considera que
el trabajo que desempeñan requiere menos formación que la que ellos tienen. Es
decir, “se están explotando a jóvenes formados empleándolos en actividades que
no requieren esa formación”, asegura Tornamira.
A pesar de ello, demandan, en el 56,46% de los casos, una
formación adecuada para el puesto concreto que desempeñan, especialmente en los
campos de informática, nuevas tecnologías y normativa Mifid,en el caso de los
empleados del sector financiero.
Especialmente reseñable es la casuística de quienes en el
sector de call centers desempeñan labores financieras. “En este caso, la sobre
cualificación general choca con la falta de conocimientos concretos del sector.
Se les forma en los productos financieros concretos sin dominar el contexto”,
ha explicado María Pedraza, responsable del sindicato de oficinas consultoría,
informáticos, el sector de la digitalización del sindicato.
Disponible en:
La justicia europea y el BCE presionan a los principales bancos españoles contra la figura de presidente ejecutivo
Por Diego Larrouy
El Diario.es,
24/04/2018.
Un presidente no ejecutivo y un consejero delegado. Esta
separación es la que defienden desde hace años buena parte de las
recomendaciones de buen gobierno corporativo a nivel internacional para
compañías cotizadas. Esta doctrina de separación de poderes se hace todavía más
relevante en las entidades financieras europeas, donde la regulación y el Banco
Central Europeo (BCE) la incluye. Una sentencia del Tribunal General de la
Unión Europea ha reabierto ahora este debate.
El organismo europeo publicó este martes un escrito en el
que daba la razón al Banco Central Europeo frente a la francesa Crédit
Agricole: debe existir una separación entre el ejercicio de las funciones
ejecutivas y no ejecutivas en el seno de los consejos de administración de las
entidades financieras. El banco galo había recurrido ante la justicia europea
la decisión del BCE de paralizar los nombramientos en cuatro de sus filiales de
directivos que cumplían las funciones de presidente y consejero delegado.
El tribunal europeo apunta en su escrito que el BCE aplicó
de manera correcta una directiva comunitaria de 2013 en la que se apunta que el
presidente de una entidad financiera debe separarse de las responsabilidades
ejecutivas, como un modo de mantener una supervisión eficaz de dichas empresas.
De este modo, el organismo comunitario dictamina que la definición de
"directivo efectivo" que da la ley se refiere a los miembros de la
alta dirección de la entidad de crédito.
Se trata de una sentencia sobre la que cabe recurso ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que se refiere al caso concreto de
Crédit Agricole. Sin embargo, la lectura que hace el escrito y la defensa que
realiza el BCE, pone de relieve las recomendaciones que debe seguir todo el
sistema financiero que queda bajo su supervisión de cara al futuro de su
gobierno corporativo.
En el caso español si tenemos en cuenta los ocho principales
bancos cotizados, solo tres (CaixaBank, Bankinter y Liberbank) cuentan con una
separación de funciones entre el presidente no ejecutivo (Jordi Gual, Pedro
Guerrero y Pedro Manuel Rivero, respectivamente) que dirige el consejo de
administración y el consejero delegado, que acumula la función ejecutiva de la
compañía.
De este modo, el foco se pone en el resto de entidades:
Unicaja y, especialmente, las cuatro que cotizan en el Ibex que tienen
presidentes ejecutivos, Bankia, Sabadell, Santander y BBVA. Estas entidades y
la patronal, la Asociación Española de Banca, por el momento guardan cautela y
no quieren valorar la sentencia, asegurando que hasta el momento no han tenido
tiempo para estudiarla y estimar sus posibles repercusiones.
La única valoración que se conoció tras la sentencia fue la
de José Antonio Álvarez, consejero delegado de Banco Santander. El directivo
aseguró en la presentación de resultados del primer trimestre que, sin conocer
el fondo del dictamen del tribunal europeo,
"lo importante es tener un equilibrio de poderes y nosotros
contamos con un modelo de gobierno corporativo a la altura de los
mejores".
Estas cuatro entidades cuentan con presidentes que detentan
buena parte del poder ejecutivo, pese a que también hayan incorporado la figura
del consejero delegado. Los cuatro nombres que se podrían ver afectados son
protagonistas del sector financiero español de los últimos años: José Ignacio
Goirigolzarri (Bankia), Ana Botín (Santander), Josep Oliu (Sabadell) y
Francisco González (BBVA). La entidad de este último sería la primera que
tendría que valorar si se adapta o no a esta doctrina del BCE, ya que es en la
que se espera más próxima su sucesión. Su presidente, que lleva en el cargo
desde 2001, reafirmó en la pasada junta de accionistas su intención de
retirarse a los 75 años. Es decir, en 2019.
El tribunal comparte la lectura del BCE de que el presidente
no debe poder ejercer simultáneamente la posición del consejero delegado
"salvo que las autoridades competentes lo autoricen expresamente", lo
que podría eximir a las entidades españolas, al contar con ambos cargos. Sin embargo, también defienden ambos
organismos europeos que la eficacia de la supervisión que debe realizar el
presidente se vería "menoscabada" si "pese a no desempeñar
formalmente la función de consejero delegado, se encargara simultáneamente de
la dirección efectiva de la actividad de la entidad de crédito".
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