Por Diego Larrouy
El Diario.es,
18/06/2018.
El sistema bancario español y su supervisor, el Banco de
España, tendrán un importante protagonismo este martes en un debate del
Parlamento Europeo sobre los desmanes del sistema financiero europeo y los
errores en la protección al consumidor. El debate estará centrado en cinco
informes que la comisión de Economía del organismo encargó hace más de un año a
petición, entre otros, del grupo de los Verdes. Dos de esos documentos tienen
una destacada presencia del caso
español.
En concreto, los informes hacen referencia a los
incumplimientos regulatorios en materias como las cláusulas suelo o las
participaciones preferentes. En el primero de los casos, el estudio, redactado
por el catedrático de la UC3M Fernando Zunzunegui, subraya que España ha sido
el país con una mayor comercialización de hipotecas con cláusulas suelo, que
impedían que los intereses bajaran de un límite mínimo aunque los tipos se
situaran por debajo.
El documento critica la falta de transparencia de las
entidades financieras que comercializaron estos productos. Pero también dirige
su mirada al papel que ha tenido el Banco de España en los procesos de
reclamaciones y en la supervisión en este campo. El informe, citando a su vez
críticas por parte del FMI, señala que ha actuado de "manera lenta" y
que ha impuesto "solo" una multa de 150.000 euros en tres años.
El escrito añade sobre el Banco de España que "tiene
sus esfuerzos enfocados en proteger la estabilidad financiera". El informe
apunta, ya en un plano general europeo, que la experiencia muestra que es
"cuestionable" la eficacia de una autoridad financiera única que
supervise el sector y controle los incumplimientos en materia de defensa del
consumidor.
Por otro lado, critica su posicionamiento respecto a los
modelos en los que se incluían dichas cláusulas en los contratos hipotecarios
cuando en 2010 se afrontó este tema en el Senado. "Su visión era opuesta a
lo que concluyeron el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal
Supremo español", subraya el informe.
Pero el documento que se presenta este martes en el
Parlamento Europeo pone también en el foco al Gobierno y la regulación en
cuanto a la defensa de los consumidores del sector financiero. En concreto,
critica la creación en 2017 de un sistema de reclamaciones de cláusulas suelo
"controlada por la banca" y que "no cumple con los estándares de
la Unión Europea". En este sentido, añade que no sigue los principios de
eficacia y equivalencia y que limita los derechos de los consumidores en el
proceso, además de no ser transparente, ni más rápido que otras vías de
reclamación.
Por último, respecto a los contratos hipotecarios, el
informe subraya que España "ha superado la fecha límite para transponer la
directiva comunitaria de contratos hipotecarios" y que "es el último
país en dar pasos hacia ello". El
escrito señala además que el proyecto de ley que existe al respecto va más allá
de las reformas que incluye dicha directiva y que "se desvía del objetivo
de protección a consumidores" de la normativa europea. Si bien, este
proyecto no ha sido aprobado por el Congreso y el cambio de Gobierno puede suponer
modificaciones.
"Agresivas tácticas de venta" de las preferentes
El segundo informe que hace referencia a España es el
dedicado a las emisiones de preferentes. Aparece citado junto con Portugal e
Italia como los países donde este tipo de productos alcanzaron un mayor
relieve. En este caso, el documento es un análisis de cómo las cajas de ahorros
optaron por estos activos para captar capital.
Este documento, redactado por Pierre-Henri Conac, de la
universidad de Luxemburgo, señala las "agresivas tácticas de venta"
que tuvieron las entidades financieras para colocar estas preferentes entre los
inversores minoristas, pese a que la CNMV había advertido de la necesidad de
informar de los riesgos. El informe pone de relieve que se comercializaron a
menores, jubilados, viudas, analfabetos y enfermos de alzhéimer.
Concluye de este modo que las entidades no cumplieron con la
regulación Mifid I, que era la normativa comunitaria vigente entonces, y que
establecía los modelos de comunicación y de estudio de la idoneidad de un
cliente para productos financieros complejos.
El escrito analiza que estos productos provocaron
"pérdidas enormes" para los inversores minoristas debido al estallido
de la burbuja inmobiliaria. Destaca también a los consumidores que acudieron a
las ampliaciones de capital de Popular en 2012 y 2016, un año antes de que la
entidad fuera finalmente resuelta.
El estudio critica lo prolongado de los procesos para la
reclamación de los importes por las participaciones preferentes, especialmente
en España. Por ello, defiende el refuerzo de la vía administrativa para
agilizar los trámites, así como la mejora de la regulación en materia de
demandas colectivas. Además, apunta que en caso de que el banco responsable
haya desaparecido, el dinero debería ser devuelto por parte de los Estados,
sirviéndose del cobro de tasas al sistema financiero.
El informe considera que la tendencia a la consolidación del
sector financiero, especialmente en España, ayudará a que estos problemas no
vuelvan a producirse. Sin embargo, señala que el Parlamento Europeo debería
proponer a los diferentes Gobiernos la creación de procedimientos de arbitraje
independientes y gratuitos para agilizar las reclamaciones de los inversores
minoristas.
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