sábado, 13 de abril de 2013

Análisis urgente del sistema financiero gallego


Por  Angel Cardín
ATTAC Galicia (Abril de 2013).

Nuestro sistema Financiero hace quince años era en un 70 % de propiedad, dirección y gestión gallegas. Hoy, después del desastre de las Cajas y de las ventas del Bº Pastor y Echeverría, contamos con un escaso 1 %. Por ello la economía y sociedad gallega tiene un grave y nuevo problema más de futuro al no contar con un sistema financiero propio, situación que exige actuaciones urgentes antes de que sea irreversible.

Hace dos décadas la banca y cajas en España se volvieron codiciosas y entraron de lleno en la especulación financiera y a fomentar la burbuja inmobiliaria con fondos prestados por los bancos europeos. Las Cajas de Ahorros de Galicia entraron pronto en ese peligroso juego lanzándose de manera irresponsable y aventurera a la especulación y a conseguir la primacía en la naciente burbuja inmobiliaria.

Unos años después, a finales de 2007 al borde del abismo de la gran crisis actual, la Caja de Ahorros de Galicia comunicaba triunfalmente su intención de cerrar el año con una cifra de negocio próxima  a los 90.000 millones de euros, con beneficios estimados en más de 500 millones de euros y con una mínima morosidad del 0,43 %. En ese momento comenzaba el derrumbe del sistema financiero codicioso y con pies de barro que arrastró a toda la economía del país. Año y medio después esa misma Caja resultaba tener una morosidad real del 10 % y pérdidas de más de 2.000 millones de euros, pero costó mucho averiguarlo pues se ocultó todo ese tiempo. Durante el año 2010 se debatió  la conveniencia de la fusión de nuestras dos Cajas para ganar tamaño y eficiencia y fortalecer nuestro sistema financiero, pues la expectativas económicas y los estudios técnicos eran muy favorables para ello. Sin embargo la fusión de las dos Cajas sólo sirvió para encubrir durante un año más su situación de total desastre, al que las habían llevado la gestión codiciosa e irresponsable de sus direcciones.

 A finales de 2010 después de muchos tanteos, tasaciones y reestructuraciones se pone en marcha la Caja única: Nova Caixa Galicia (NCG). En esa época la Conselleira de Facenda de la Xunta (hoy secretaria de Estado de Presupuestos en el Gobierno de Rajoy) se negó a hablar del porcentaje de “ activos tóxicos “ de la nueva Caixa con el argumento de que “ era un dato confidencial”, hoy sabemos que eran unos 8.200 millones de euros, que representaban el 18 %  de su inversiones, lo cual  constituía una bomba de relojería. Esta fusión se hizo para ganar tiempo no para ganar tamaño, el cual tiene hoy que reducirse a la mitad.

Las aportaciones estatales por medio del FROB fueron importantísimas durante los años 2011 y 2012 para sanearla y convertirla en un banco: Nova Galicia Banco ( NGB).  Para  ello el FROB, con el dinero de todos los españoles, pasó a nacionalizar la entidad con una aportación total de 9052 millones de euros. El proceso de unión, tasación y saneamiento de nuestras Cajas fue totalmente opaco, equívoco y lleno de promesas incumplidas por parte de sus direcciones ( hoy a punto de ser procesadas), del Bº de España y del FROB. A resultas de ello hay un reguero de cuestiones serias pendientes como las preferentes y subordinadas, las recientes aportaciones de empresarios después de la conversión en banco o la enésima reducción de personal con informaciones confusas.

 Bajo el impulso de Bruselas y de la troika, el Gobierno central obligó a otras uniones disparatadas de Cajas para salvar a las más débiles y a convertirse en Bancos, lo que fue un total fracaso teniendo que pedirle 60.000 millones de euros para su rescate y firmando para ello unos duros compromisos, insuficientemente conocidos, en el Memorando de entendimiento (MoU). En el caso de nuestro flamante banco ( NGB) la aportación europea, que hay que pagar, fue de 5.425 millones de euros (incluidos en el total señalado de 9052 millones que gestiona el FROB).

En la cuneta se quedan los vanos esfuerzos de José María Castellano ( el nuevo presidente de la entidad NGB ), tan publicitados, para mantener la institución en Galicia y bajo su control, recurriendo a un empresariado gallego que sólo aportó la mitad de lo calculado –70,7 millones– y a posibles fondos europeos e incluso fondos buitre que imponían para su desembarco ser avalados por el FROB con un Esquema de Protección de Activos ( EPA ) frente a posibles pérdidas. Esa protección la reclaman hoy nuestros empresarios inversores, que aducen desconocer las cuentas de la entidad, aunque algunos estuviesen en su Consejo de Administración. ¿Qué ocurre con los directivos de nuestras Cajas y ahora del nuevo Banco que cobrando sueldos astronómicos no se enteraban ni se enteran de las decisiones que tomaban, ni del estado de sus cuentas?

A pesar de su nacionalización el NGB lo sigue gestionando la nueva cúpula de gestores privados.

La ruina que queda, de nuestro antaño poderoso sistema financiero, se está reestructurando y saneando  con dinero público con condiciones feroces de adelgazamiento –séptimo plan interno de reducción de personal –y ventas de EVO, del Bº Gallego, de participaciones, de inmuebles, etc.; además 5.019  millones de préstamos de activos tóxicos se pasaron a la  SAREB. Todo ello dejará nuestra entidad reducida  a la mitad y circunscrita a su zona geográfica pero perfectamente saneada y operativa,  para ser inmediatamente puesta a la venta a la baja ante los tres bancos españoles interesados y de otros especuladores internacionales, culpables de la crisis actual, siguiendo la ideología ultraliberal de nuestro Gobierno y de los más influyentes países de Europa.

La enorme cantidad de dinero aportado por el FROB, proveniente de nuestros impuestos, alcanzó la cifra señalada de 9052 millones de euros (1 billón 500.000 de las antiguas pesetas) que supone la quinta parte del PIB de Galicia y que no podemos cargar en nuestro presupuesto, pero sí gestionar y dirigir. Esa cantidad unida a los recursos acumulados durante más de cien años de ahorro popular gallego en sus siete Cajas, supondría un indecente expolio entregarlo, por una parte de su valor, a la puja de los especuladores. Aquí se percibe claramente cómo se transfiere la deuda del sector financiero al Estado, el cual nos lo hace pagar mediante duros recortes sociales que durarían décadas, para absorber los aproximadamente 180.000 millones de activos tóxicos de los que 73.000 son de suelo, y ello reforzado por las pérdidas del Banco Malo durante 15 años que repercutirán en las cuentas públicas. Claro ejemplo de socialización de pérdidas privadas y especulativas.

La idea  central de las fuerzas progresistas de España y de todas las personas con conciencia ética, es que no se puede consentir que esa enorme masa de dinero, proveniente de nuestros impuestos y ahorros y de los de nuestros hijos, se exponga a la rapiña de los culpables de todo este descalabro económico y social.

Para evitarlo, estamos siguiendo los planteamientos de la Plataforma por la nacionalización de las Cajas de Ahorros y por una Banca Pública  para que nuestra única entidad financiera relevante –hoy nacionalizada- continúe su andadura como Banca Pública en Galicia gestionado eficaz y honradamente, como fueron durante muchas décadas la Banca Pública en España o hasta hace veinte años nuestras Cajas de Ahorros en Galicia.

El ojo de Bruselas ha impedido la reciente venta-expolio de la antigua Caixa Cataluña, imponiendo que se recupere la mayor parte posible de los enormes recursos usados en su saneamiento, para que no pase gratis a manos de los culpables de la crisis financiera.

Ello frenó la urgencia de la venta-expolio de NGB lo que nos da un tiempo para reforzar nuestros apoyos sociales favorables a su mantenimiento como Banca Pública en Galicia y a que, como ocurre con Bankia, no sea subastada nunca. En caso contrario Galicia sería la única Nacionalidad Histórica que no contaría con sistema financiero propio.

La Banca Pública en Galicia tiene asegurado su futuro económico por su actual saneamiento y por el favorable préstamo de Bruselas de 5.425 millones de euros a 15 años, con un interés del 0,58 %  y con carencia. Además cuenta con profesionales e instalaciones magníficas y con el apoyo social masivo en cuanto se aparten de ella las antiguas cúpulas directivas.

Para lograr esta necesaria Banca Pública estamos negociando con los diferentes Partidos, Sindicatos, Asociaciones de Empresarios, Movimientos Ciudadanos, Plataformas de diferentes afectados, etc. para alcanzar un consenso de País y lograr que se mantenga la gestión gallega de la Banca nacionalizada NGB y evitar por todos los medios su subasta y expolio. Teniendo presente que se cuenta con un tiempo escaso, estamos avanzando por la siguiente Hoja de Ruta:

1- Acuerdo Básico de creación de la Banca Pública en Galicia a partir de NGB y sus grandes recursos públicos.

Se están sumando a él los Partidos, Sindicatos, empresarios y plataformas de afectados. 

2- Declaración conjunta en el Parlamento de Galicia a favor de esta propuesta.

3- Creación de una amplia Comisión para tratar con el FROB, Mº de Economía, y Gobierno para que, como se va a hacer con Bankia, no se subaste nuestra entidad y se quede como Banca Pública gestionada desde Galicia.







viernes, 12 de abril de 2013

Ladrones de cuello blanco


Bankia benefició a clientes de preferentes a costa de otros


Diario Levante-EMV, 11/04/2013.


"Se observa un claro conflicto de interés entre los clientes que compraban las emisiones y los que las vendieron, puesto que su valor razonable era muy inferior a aquel al que se realizaron las transacciones", señala el informe, fechado el pasado 11 de febrero y que incluye una propuesta para valorar la apertura de un expediente sancionador a las citadas entidades.

Los autores del informe, que ha sido incorporado a la causa sobre Bankia que instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, afirman también que el conflicto de interés no solo afectaba a las operaciones entre clientes, "sino que se extendía también a la actuación de las entidades".

"Éstas, al permitir que la operativa descrita se produjera, se veían beneficiadas, ya que así evitaban la existencia de posibles reclamaciones y denuncias por parte de los clientes vendedores (falta de liquidez, mala información en la compra, etc.), el consiguiente perjuicio reputacional e incluso la potencial pérdida de clientes", dice el escrito.

La CNMV hace una estimación del perjuicio sufrido por los compradores de preferentes y deuda subordinada, aunque advierte de que es meramente orientativa.

Así, en el caso de las emisiones de Bancaja, algunos clientes compraron a un precio del 100 % del valor nominal títulos cuyo valor razonable era "sensiblemente inferior" -en algún caso de hasta el 25,3%-, "mientras los vendedores se veían beneficiados al realizar la operación inversa".

Esto se traduce en un impacto negativo para los compradores que podría llegar hasta los 52,2 millones para las emisiones de preferentes y de 25,1 millones para las de obligaciones subordinadas.

Caja Madrid, entre 111,4 y 146,2 millones

Por lo que respecta a Caja Madrid, el impacto calculado para la emisión de preferentes de 2009 y la de subordinadas de 2010 que no fueron objeto de canje oscila entre los 111,4 y los 146,2 millones.

La conclusión es que Bankia, Caja Madrid y Bancaja "incumplieron de forma no aislada o puntual" el artículo de la Ley del Mercado de Valores que obliga a las entidades a "organizarse y adoptar medidas para detectar posibles conflictos de interés entre sus clientes y la propia empresa o su grupo".

"Las entidades no establecieron ninguna medida destinada a impedir que los conflictos de interés señalados perjudicasen los intereses de los clientes compradores, ni tan siquiera la de revelar previamente la naturaleza y el origen del conflicto a estos clientes antes de actuar por cuenta de los mismos", manifiesta la CNMV.

Así, los compradores se veían perjudicados por el banco o cajas "en beneficio de otros clientes que, de esta forma, conseguían la liquidez deseada y en beneficio de las propias entidades que estaban interesadas en facilitar liquidez a los vendedores".

Para el supervisor bursátil, con independencia de que las entidades participaran de forma activa en la busca de compradores de preferentes, su obligación era establecer procedimientos adecuados para evitar que los conflictos de interés se tradujesen en perjuicios para éstos.

"Las entidades no actuaron, como era su obligación, en interés de los inversores", ya que no establecieron procedimientos para advertir a los compradores de que estaban comprando las preferentes "a precios significativamente alejados de su valor razonable" ni para informar periódicamente "sobre la valoración de los mencionados instrumentos a los tenedores de los mismos".

El informe conocido ahora, que analiza el periodo comprendido entre junio de 2010 y noviembre de 2011, deriva de una revisión de los procedimientos de cruce de operaciones de compra y venta entre clientes minoristas incluida en el plan de actividades de la CNMV que se realizó entre "una muestra de entidades", que el escrito no detalla y de la que formaban parte Bankia, Caja Madrid y Bancaja.

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jueves, 11 de abril de 2013

Frente a la razón de la fuerza, la fuerza de la razón


Desahucios, política, escraches, bancos…


Por Luis García Montero
Diario Público, es. 11/4/2013.

Las contradicciones son útiles. Sirven para entender los conflictos existentes en la realidad y para intentar un acuerdo que permita imaginar soluciones. Los escraches han situado el debate político español en un lugar contradictorio por lo que se refiere a la  ideología y a los sentimientos.  Se trata así mismo de un lugar sintomático. El significado último de las presiones sobre los domicilios privados de algunos responsables del PP nos indica que la nación está al borde de un antagonismo social grave. Caminamos por el filo de un desequilibrio que empieza a ser difícil de soportar con paciencia.

Dice el expresidente Felipe González que los escraches son injustos porque ejercen violencia sobre la vida privada de algunos inocentes, por ejemplo los hijos de los políticos acosados. Y tiene razón. Pero esa razón choca con la realidad de que miles de niños en España están hoy aterrorizados. Temen las llamadas de los banqueros que presionan a sus padres o esperan la orden judicial que les deje sin una habitación en la que estudiar o en la que dormir. El desahucio es la forma más grave y cruel de escrache que pueda imaginarse. Cuando la política no soluciona la crueldad, lo legal deja de ser legítimo y la realidad se llena de protestas extremas que uno alcanza a entender de manera sentimental. No es que el conflicto se acerque al portal de una casa, es que llega hasta el cuarto de estar y la cama de las pesadillas. Llega incluso hasta el espejo del baño donde cada cual se mira a los ojos.

¿Cómo hacer que se respeten los domicilios de los políticos del PP? Hay una respuesta inmediata: haciéndolos respetables. El peligro inminente de un conflicto social grave en España invita a que todos pongamos de nuestra parte para sostener lo que nos queda de dignidad democrática. Se pueden fijar grados de responsabilidad en este asunto y las personas que hacen los escraches en una situación de angustia no son los más culpables.

Los primeros en poner de su parte deberían ser los banqueros. La Transición española fue un proceso limitado y lleno de carencias porque no afectó nunca a las élites económicas del franquismo. Todavía permanece hoy la prepotencia de una banca propia de la dictadura. Sus privilegios tienen poco que ver con la democracia como quedó de manifiesto en el dictado de la Unión Europea sobre nuestra ley hipotecaria. La crueldad de los bancos españoles es extrema, y no sólo contra los afectados por los desahucios, sino contra el PP. La política en España la dirigen los bancos. Son ellos los que de manera muy cruel no le han dado permiso a Mariano Rajoy para aceptar una iniciativa popular razonable sobre el cambio de la injustísima ley hipotecaria actual. Con ese grado de presión de la banca sobre el PP, no se puede esperar que una población acosada y empobrecida pueda respetar a los dirigentes del partido.

Conviene después considerar la responsabilidad de los propios militantes del PP. La situación en su cúpula es escandalosa. Cada vez queda más clara la trama de corrupción, de comisiones ilegales y de dinero negro que ha circulado entre las grandes empresas, los tesoreros y los dirigentes de su formación política. Sus declaraciones y sus estrategias están llenas de indignidad. Los papeles de Bárcenas son tan reales como el desmantelamiento de la sanidad pública, la pérdida de derechos laborales de los españoles y el empobrecimiento generalizado de la población. ¿Cómo no exigen los militantes del PP la dimisión inmediata de Mariano Rajoy y una regeneración profunda de su partido? Sería una forma de devolverle el respeto a sus siglas.

La Junta de Andalucía es la única que hasta ahora ha hecho algo para que los hijos de los políticos del PP no sufran el abucheo de los ciudadanos indignados. Más allá del debate legal, el decreto sobre la banca, las inmobiliarias y los desahucios, nos ha recordado que la política está para solucionar los problemas de los ciudadanos y que el mundo avaricioso del dinero debe someterse a las leyes de la convivencia justa. La consejera de Fomento ha presentado la primera medida de nuestra historia reciente que exige a la banca española una transición democrática. Por ese camino pueden solucionarse muchas contradicciones y pueden evitarse injusticias y contradicciones de carácter muy diverso.

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miércoles, 10 de abril de 2013

El derecho a una vivienda digna


Andalucía expropiará viviendas a los bancos para impedir desahucios

Diario El País, 9/4/2013.  

La consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), ha informado de la aprobación, esta mañana en Consejo de Gobierno, del decreto sobre la función social de la vivienda, que pretende responder "a las necesidades" sociales. En este sentido, la responsable del Gobierno ha alabado el esfuerzo de la plataforma de afectados por la hipoteca y sindicatos y ha asegurado que el decreto andaluz tiene todas las garantías jurídicas. Entre otras medidas, la nueva regulación refuerza las ayudas al alquiler, se crea un nuevo régimen sancionador y se establece la expropiación temporal del uso de las viviendas inmersas en procedimientos de desahucio hipotecario en los casos más graves de emergencia social de las familias.

Las personas físicas no se verán afectadas, pero las jurídicas, como los bancos, se verán obligadas a ocupar las viviendas o a afrontar sanciones de hasta 9.000 euros por mantener pisos vacíos. Estas sanciones irán destinadas a políticas de alojamiento.

El decreto, que se aplicará a partir del jueves, define como vivienda deshabitada aquella que cumple todos los requisitos para ser ocupada. Excluye las segundas residencias, las destinadas a alquiler por temporada y las turísticas.

También se prevé como medida excepcional la expropiación durante tres años de viviendas que vayan a ser embargadas si se ocasiona un problema para las familias que la habitan.

La norma, que posteriormente será tramitada en el Parlamento como proyecto de ley, tiene como principal objetivo hacer aflorar en alquiler el parque residencial desocupado existente en la comunidad autónoma: entre 700.000 y un millón de inmuebles, de los que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, fundamentalmente bancos y empresas inmobiliarias.

Las subvenciones se detallarán en el futuro Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación y estarán dirigidas a las personas físicas propietarias de inmuebles vacíos, a quienes además se incentivará con medidas fiscales y un seguro contra impagos y desperfectos. De forma complementaria, la Administración intermediará para favorecer el alquiler del parque residencial deshabitado, facilitando fórmulas de concertación de arrendamiento entre personas propietarias y demandantes. De igual modo, podrá desarrollar programas de bolsa de viviendas en alquiler para ampliar el actual parque a precios adecuados.

En cuanto al régimen disciplinario, el Decreto Ley incluye un sistema de sanciones leves, graves y muy graves para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que mantengan ocioso y no destinen al arrendamiento su bolsa residencial.

Infracción muy grave

Se considerará infracción muy grave no dar uso de habitación a un inmueble o arrendar, transmitir o ceder su uso con destino a vivienda sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas por ley. Para estos casos, la penalización puede alcanzar hasta los 9.000 euros. La recaudación de las multas se destinará al patrimonio público de suelo de la Junta de Andalucía y a la financiación de políticas públicas para promover el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda.

La norma regula la figura de la vivienda vacía y considera como tal aquella que, reuniendo todos los requisitos legales y administrativos para dar derecho de habitación, se encuentra desocupada. Quedan excluidas, por tanto, las residencias secundarias, las destinadas al recreo y las de uso turístico así reguladas.

De acuerdo con el Decreto Ley, una vivienda no está habitada cuando no cuente con contrato de suministro de agua y de electricidad o su consumo sea nulo o escaso, tomando como referencia la media habitual por vivienda y año facilitada por las compañías suministradoras. Asimismo, se tienen en cuenta otros aspectos como los datos del padrón de habitantes y de otros registros públicos de residentes u ocupantes; la recepción de correo y notificaciones en otros lugares, o la utilización habitual de estos para realizar comunicaciones telefónicas e informáticas.

Para declarar como vacía una vivienda será necesario acreditar durante un periodo de seis meses la no habitación. En todo el proceso de declaración los interesados estarán amparados por un procedimiento garantista.

La nueva regulación establece la creación del un Registro de Viviendas Deshabitadas como instrumento básico para el control y seguimiento de este tipo de inmuebles. Además, dispone la elaboración de un plan de inspección que, con una vigencia de dos años, fijará los criterios para priorizar la actuación de la Administración en este ámbito.

Expropiación temporal del uso

El decreto incorpora una disposición adicional que posibilitará a la Administración autonómica expropiar temporalmente, durante un periodo máximo de tres años, del uso de los inmuebles inmersos en procedimientos de desahucio. Con ello se pretende garantizar el derecho a la vivienda de aquellas personas en especiales circunstancias de emergencia social que se ven afectadas por estos procesos de ejecución hipotecaria, dando así una respuesta inmediata al drama social de los desahucios, que en Andalucía suman casi 86.000 desde 2007.

El procedimiento de expropiación temporal será de aplicación a los inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.

Entre los requisitos que se fijan para aplicar esta medida excepcional, destacan que el afectado tenga en la vivienda objeto del procedimiento hipotecario la residencia habitual y permanente; que la finalidad del préstamo sea el pago de la casa; que el desalojo pueda generar una situación de exclusión social, acreditada por los servicios sociales de los ayuntamientos, y que las condiciones económicas de las personas hayan sufrido un importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las condiciones y circunstancias en las que se concedió el préstamo.

El deterioro de las condiciones económicas familiares tomará como referencia que el esfuerzo para atender la hipoteca se haya multiplicado al menos por 1,5 y suponga más de un tercio de los ingresos familiares. Las personas que se beneficien de esta iniciativa no podrán superar tres veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiple)

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lunes, 8 de abril de 2013

Salgamos del tunel


La guerra mundial de la deuda


Por Juan Torres López
Diario Público.es, 22/3/2013.

El pasado día 18 de este mes, el Banco Internacional de Pagos (BIP) actualizó unas series históricas sobre la deuda privada de cuarenta países. Los datos se refieren al sector privado no financiero que incluye a las empresas, hogares e instituciones sin ánimo de lucro y están tomados desde diferentes años de partida según los casos y después de haber tratado de homogeneizar las diferentes formas en que se han generado las deudas (la metodología y los datos de todos los países en formato Excel pueden verse en BIP, Long series on credit to private non-financial sectors).

Sorprendentemente, estos datos han pasado muy desapercibidos en los medios de comunicación a pesar de que son sencillamente escalofriantes y que, al menos desde mi punto de vista, llevan a dos grandes conclusiones. La primera, que el énfasis que se pone habitualmente en el peligro que supone la deuda pública (sin despreciarlo) es una cortina de humo para ocultar el principal cáncer que asola a la economía capitalista, y que es la deuda privada. Y la segunda, que este cáncer es tan grande que hace completamente insostenible al sistema porque éste no será capaz ni de amortizarla ni de hacerla desaparecer graciosamente.

De los datos que proporciona el Banco Internacional de Pagos para los diferentes países se pueden extraer resultados como los siguientes:

- La deuda privada de Estados Unidos (cuyo PIB es de unos 16 billones de dólares) era de 24,98 billones de dólares (millones de millones) a 30 de septiembre de 2012. Según los datos del BIP, este volumen de deuda es el doble del que había hace tan solo nueve años.
- La deuda de los países de la Eurozona computados era de 15,70 billones de euros (frente a un PIB de 8,7 billones) en la misma fecha, y también se ha duplicado en los últimos nueve años. El Reino Unido, que tiene una deuda privada total de 3,1 billones de libras (PIB de 1,4 billones), solo ha necesitado 7 años para duplicarla.

Por otro lado, los datos muestran que la evolución de la deuda en la inmensa mayoría de los países presenta algunas características comunes:

- La deuda privada en relación con el PIB ha aumentado extraordinariamente en casi todos los países, de representar alrededor del 50% del PIB en los años 60 o 70 del siglo pasado al 300% o incluso más de la actualidad.
- Aunque el porcentaje que representa el crédito que proporcionan los bancos sobre el total ha disminuido mucho a lo largo de los últimos años sigue teniendo una gran presencia junto al que proporcionan otro tipo de entidades financieras no bancarias.
- Finalmente, los datos del BIP señalan que el crédito a los hogares, que tradicionalmente era mucho más bajo que el que reciben las empresas, aumenta mucho en los últimos años, lo que claramente refleja la pérdida continuada de poder adquisitivo que hace que el recurso al crédito sea cada vez más necesario en mayor número de familias de casi todos los países.

Pero, sin duda, lo que merece una mención especial es la magnitud de la deuda que se está acumulando que ya es materialmente impagable. Así es; no hay posibilidad ninguna de que el sistema la absorba en la cantidad tan inmensa que ha alcanzado. No puede haber ingresos suficientes para pagarla sin que colapse el sistema capitalista.

Seguramente, muchas personas pensarán que no tiene sentido que los bancos y las entidades financieras en general sigan generando constantemente esos volúmenes tan grandes de deuda, que como hemos visto se duplican cada 7 o 9 años, sabiendo que no la van a cobrar nunca. Pero sí lo tiene y es muy importante conocerlo.

El secreto consiste (como hemos explicado Vicenç Navarro y yo en nuestro libro Los años del mundo. Las armas del terrorismo financiero, Espasa 2012) en que los bancos crean la deuda desde la nada, simplemente realizando meras anotaciones contables. Por tanto, no les cuesta nada generarla. Y, sin embargo, esa deuda está asociada a los intereses (es decir, a una retribución que pagamos a los bancos por darnos dinero que crean de la nada), de modo que los bancos siempre tienen un retorno suficiente como para obtener beneficios impresionantes y convertirse en los dueños del mundo sin necesidad de que se devuelva la totalidad de la deuda que han creado. Solo les basta con emitirla sin parar.

Gracias a los intereses, la deuda se autoalimenta: se necesita cada vez más deuda para pagar la deuda anterior. De hecho, la inmensa mayor parte de la deuda gigantesca que registran los datos del BIP (como la de todos los países) es deuda que ha habido que suscribir para hacer frente a la deuda previa que han generado los intereses que ha habido que pagar por una deuda generada por los intereses de deudas anteriores… y así sucesivamente, formándose de ese modo la espiral que condena a la inmensa mayoría de la humanidad al empobrecimiento.

En la antigüedad las deudas eran uno de los orígenes de la esclavitud. Hoy día creemos que ya está abolida pero es mentira porque la deuda sigue convirtiendo en una especie singular de esclavos, esclavos de facto, a cientos de millones de personas y familias en todo el mundo. La deuda les quita la libertad y los condena de por vida, nos ata y convierte a las sociedades en verdaderas prisiones.

La deuda es la forma de la nueva guerra mundial que la banca libra sin haberlo declarado contra la inmensa mayoría de la humanidad.

Hay que acabar con eso. Hay que abolir la esclavitud de la deuda y sabemos lo que hay que hacer para ello: principalmente, terminar con el privilegio irracional e inmoral que permite a los bancos crear dinero de la nada cada vez que dan un crédito. Eso es lo que los lleva, en su búsqueda constante del máximo beneficio, a presionar de mil modos para que el modo de producir y nuestra forma de consumir dependa total y artificialmente del crédito, que es su negocio.

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'Carne cruda 2.0': Bankia, el anuncio que nunca escucharás en la radio

domingo, 7 de abril de 2013

No, por dios


Las claves del canje de preferentes


Por Elsa S. Vejo
Diario Estrella Digital.es, 27/03/2013

El economista Antonio Sanabria explica para ESTRELLA DIGITAL algunos de los puntos más importantes que los preferentistas deberían de tener en cuenta para recuperar parte de sus ahorros
 
"Los canjes de preferentes son lo más generosos posible, porque convierten a los titulares de estos productos en accionistas, y de esa forma se aligera su carga para sanear la entidad". De esta manera, justificaba este martes el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, la última medida anunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy para solucionar el drama en el que se hayan inmersos miles de preferentistas desde hace ya más de un año: el canje de estos complejos productos financieros por acciones de los bancos que se los vendieron, pero con recortes sobre el valor invertido que variarían entre el 10 y el 70%. Una controvertida decisión que ha desatado la furia de cientos de estafados que desde el pasado viernes -momento en el que el ministro de Economía, Luis de Guindos, presentó la iniciativa aprobada en Consejo de Ministros- llevan ocupando las calles de Galicia, Madrid y Cataluña en acto de protesta.

Todos ellos, protagonistas de una de las mayores estafas financieras de los últimos años: pequeños ahorradores que colocaron gran parte de su dinero, si no todo, en unos complejos productos de inversión que ofrecían una alta rentabilidad pero conformaban riesgos de los cuales nunca fueron advertidos. Un drama al que el Gobierno dio solución el pasado viernes. Bruselas ya dijo que se desentendía de este problema, así que era de esperar que las opciones ofrecidas por el Ejecutivo no les saliera gratis a los afectados. A continuación, el economista Antonio Sanabria explica a ESTRELLA DIGITAL las claves de este problema y de la solución adoptada.

¿Qué diferencia hay entre las acciones de Bankia, participación preferente, deuda subordinada perpetua o deuda subordinada con vencimiento?

Lo primero que hay diferenciar es entre acciones y el resto. Las acciones son parte de la propiedad de la empresa que las emitió, en este caso un banco. Por tanto, el propietario de esas acciones tiene voz y voto en la entidad, de manera proporcional a la cantidad de acciones que posea. De igual modo, cuando la empresa reparta beneficios entre sus accionistas, estos participan según el número de acciones que posean. Además, estas acciones se pueden comprar y vender en los mercados secundarios (la Bolsa) a precios mayores o menores que el inicial (valor nominal), según sean las condiciones del mercado. Las participaciones preferentes y deuda subordinada son otra historia. Se trata, además, de innovaciones financieras recientes y su origen en realidad nada tiene que ver con pequeños ahorristas, sino con operaciones en paraísos fiscales para eludir impuestos.

Las participaciones preferentes suponen una participación en el capital de la entidad, por la que pueden obtener una importante rentabilidad, al participar en los beneficios. Dicha participación es superior a la que se puede obtener mediante el reparto de dividendos con las acciones pero, al contrario que éstas, los propietarios de preferentes no tienen derechos políticos, es decir, no tienen voz ni voto en las juntas de accionistas. El nombre de “preferentes” hace referencia a que en caso de cierre de la empresa, los propietarios de éstas tienen prioridad como acreedores en el cobro durante su liquidación.

Por su parte, la deuda subordinada es un producto de renta fija a largo plazo, a una fecha predeterminada (con vencimiento) o sin determinar en el contrato (perpetua). Su riesgo es menor que el de las preferentes ya que, al contrario que aquéllas, sí garantizan un determinado nivel de rentabilidad. Ahora bien, siguen siendo un instrumento financiero muy complejo y arriesgado. Los mercados secundarios donde se comercializan son poco líquidos, esto es, resulta muy complicado recuperar el dinero a corto plazo y, por lo general, si logran venderse será a un precio menor a la cantidad invertida en ellos. Además, aunque la rentabilidad es mayor a la de un depósito, un pagaré o un bono, su calidad crediticia es peor. Esto significa que todos los anteriores tendrán prioridad en el cobro antes que la deuda subordinada, de ahí su nombre.

¿Cómo se canjearán estos productos? ¿El procedimiento es el mismo para todos?

Lo que se aprobó en Consejo de Ministros, el pasado 22 de marzo, fue el canje de preferentes para los casos de entidades intervenidas con dinero público y por tanto bajo control del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). En este caso el procedimiento viene impuesto por Bruselas, como parte de las condiciones que supuso el rescate bancario solicitado por el Estado español en 2012. Así pues, lo que se han seguido son esas directrices. El canje afecta a las entidades del Grupo 1 dentro de las intervenidas, que son Bankia, Nova Caixa Galicia Banco, Catalunya Caixa y Banco Galego, además del Banco de Valencia. Falta aún por iniciarse el de entidades del Grupo 2 (Caja 3, BMN, Banco CEISS y Liberbank).

El procedimiento básico es el mismo para todos los instrumentos financieros, pero con diferencias puntuales a la hora de concretarlo. En todos los casos se impone a las entidades la recompra de esos híbridos, pero siempre con quitas, es decir, con un descuento respecto al valor de lo invertido. Aunque hay quitas en todos los casos, el porcentaje de éstas varía según sean preferentes o deuda subordinada. Y dentro de cada una de ellas dependerá según las características de cada caso. Las quitas medias también varían según cada entidad. En el caso específico de Bankia, al ser la única de todas estas entidades que cotiza en Bolsa, el canje, una vez aplicada la quita, se realizará por acciones. Para los otros casos, el FROB permitirá el canje a través del Fondo de Garantía de Depósitos.

¿Cuál de todos ellos tiene menor valor?

En todos los casos el canje supondrá una quita con respecto a la inversión inicial en ese instrumento financiero. El valor promedio de ese descuento será distinto en cada entidad, aunque, de todas formas, será la deuda subordinada con descuento la que sufra menores quitas de media. El monto en este caso será mayor cuanto más lejano sea ese plazo de vencimiento.

Las quitas promedio por entidades fijadas por el FROB son las siguientes: para Bankia serán de un 38% en preferentes, 36% en deuda subordinada perpetua y 13% en subordinada con vencimiento. En el caso de NCG Banco, 43% promedio para preferentes, 41% en subordinada perpetua y 22% en subordinada con vencimiento. Para Catalunya Banc, las quitas promedio serán de 61% para preferentes, 40% para subordinada perpetua y 15% para la subordinada con vencimiento. En cuanto al Banco Galego, la quita promedio será del 50% para preferentes, 39% en el caso de subordinada perpetua y 11% en subordinada con vencimiento. El caso de Banco de Valencia, ya tratado en febrero supuso quitas a sus tenedores de entre el 90% y el 85% según fuese para recompra de preferentes o deuda subordinada.

Hay una diferencia añadida entre Bankia y el resto de entidades, puesto que ésta cotiza en Bolsa y las otras no. Así pues, el canje ofrecido de preferentes o deuda subordinada perpetua se hace a cambio de acciones ordinarias. Esto significa que quienes participen en el canje pasarán a ser accionistas de la entidad. Para los otros casos, el FROB ha autorizado el canje a través del Fondo de Garantía de Depósitos.

Además de la quita prevista de entre el 10% y el 70%, ¿alguno de estos productos podrá sufrir una mayor reducción?

Por desgracia, sí. En el caso de Bankia dependerá de cómo evolucione el precio de las acciones. Si conforme pase el tiempo, su cotización de mercado aumenta en el futuro, mayor posibilidad de recuperar una parte adicional en el futuro, aunque esta espera puede durar años. Y todo ello siempre que la situación de Bankia se reconduzca.

Para los tenedores de híbridos en las demás entidades la situación no es mejor. Se les entregará en el canje títulos con participaciones de capital en las entidades, que luego podrán cambiar al Fondo de Garantía de Depósitos, donde sufrirán una quita adicional, puesto que para fijar el cambio de títulos por dinero en efectivo, se calculará en función del precio de mercado que, a buen seguro, será menor que el valor contable de la entidad.

En el caso de las acciones de Bankia, ¿qué le parece el anuncio del FROB de reducir el valor nominal de la acción a un céntimo? ¿cuál sería su recomendación para sacarles la mayor rentabilidad?

Era previsible y sigue los dictámenes de Bruselas y las condiciones del rescate bancario. La lógica al respecto es aparentemente impecable: antes de utilizar dinero público para salvar a un banco, cargan con los costes los propietarios de la entidad: sus accionistas. Así, la reducción del valor nominal permite obtener unos recursos que se utilizarán en la recapitalización de la entidad. Además, la compra de acciones y jugar en Bolsa siempre conlleva algún tipo de riesgo. El problema no está tanto en esa reducción del valor nominal de las acciones, sino en cómo fue todo el proceso de salida a Bolsa de Bankia. La creación de BFA, matriz de Bankia supuso la creación de un monstruo que finalmente conllevó el rescate financiero posterior.

En su día, el gobierno del PSOE animó un proceso de fusiones de cajas para mejorar su capitalización. El problema fue que esto se hizo por criterios más vinculados a los intereses de determinadas élites dentro de los grandes partidos políticos. En concreto, BFA-Bankia trató de reunir entidades bajo influencia del PP, aunque fuese a costa de unir una importante caja en dificultades, Caja Madrid, con otra en una situación todavía peor, Bancaja. Todo ello tolerado por el Ejecutivo y el gobernador del Banco de España entonces, Fernández Ordóñez. La posterior salida a Bolsa de Bankia, decidida por quien era su presidente, Rodrigo Rato, contó de nuevo con la bendición de los entes reguladores, y el visto bueno de la empresa auditora, Deloitte.

¿Qué solución tienen los afectados además del arbitraje y el canje? ¿Podrán a través de otras vías intentar recuperar un mejor porcentaje de devolución?

La única vía que queda es la judicial. Se tratará de demostrar que la entidad incumplió la directiva sobre Mercados e Instrumentos Financieros (MIFID, por sus siglas en inglés). Esta obliga a las entidades a realizar unas pruebas de idoneidad para comprobar si los ahorradores tenían los conocimientos financieros suficientes. Cuestión ésta un tanto absurda por otra parte, si a veces ni siquiera el director de la oficina era capaz de entender esos productos financieros. Para los casos en que se demuestre la estafa se le repondrá el 100% de lo entregado. El problema aquí es que la justicia es lenta, y supone una dedicación en tiempo y dinero que muchos no tienen. La crisis además es ahora, y necesitan ahora esos ahorros de toda una vida para ayudar económicamente a sus hijos o nietos.

En todo caso, cabe añadir que aceptar el canje no impide acudir a los tribunales y, en caso de que la sentencia fuese favorable el banco habría de reembolsar aquella inversión.

¿Qué le parece la fórmula elegida por el Gobierno para dar liquidez a los estafados por estos productos?

La solución ofrecida ha sido menos mala gracias a la presión de los propios ahorristas, pero sigue siendo injusta. También es cierto que viene impuesta por Bruselas, pero nada impedía, por ejemplo, ofrecer apoyo legal a las personas afectadas. O abrir una investigación que depurase responsabilidades. Pero fue el propio partido en el gobierno quien legalizó las preferentes en 2003. Y fue también el PSOE quien no hizo nada ante el auge en la venta a minoristas, como vía de financiación para bancos y sobre todo cajas, al tener cerrados los mercados mayoristas. Sin saberlo en ese momento, estos pequeños ahorradores estaban llevando a cabo el primer rescate bancario, a costa de sus propios ahorros.

Sobre el papel resulta sensato que se aplique el principio de que paguen primero los partícipes en el capital de las entidades y se minimice el dinero de un rescate financiado por todos los europeos. Pero en la práctica, en este caso no se trata de inversores financieros profesionales, sino de pequeños ahorradores timados, muchos de ellos personas mayores, que confiaron los ahorros de toda una vida a su sucursal de siempre. Ahora, en el mejor de los casos lograrán recuperar una parte. Más improbable será que se sancione a algún responsable.

La devolución del 100% de este dinero lo descartamos ya, ¿no?

Desde luego sería descartable si nos atenemos a la escasa voluntad política del gobierno por solventar esto de una manera justa. Pero posibilidades hay, aunque no muchas. Primero está la opción de acudir al arbitraje. Si se demuestra la estafa y que la entidad no cumplió con la referida MIFID, se recupera el 100% de la inversión. 24.100 clientes de Nova Galicia Banco y Catalunya Caixa se han visto en esta situación. Y en abril comienza el arbitraje con los de Bankia. Si el arbitraje falla queda la opción de acudir a los tribunales. Pero mientras, en el corto plazo, la única vía para recuperar una parte de esos ahorros será aceptar el canje. Y mientras, plantearse si merece la pena acudir después a la vía judicial.

Antonio Sanabria: Economista e investigador en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), miembro del Consejo de Dirección Académica del anuario Clave de la Economía Mundial y miembro del Consejo Científico de ATTAC España. Coautor de dos libros: “Centroamérica encendida. Transnacionales españoles y reformas en el sector eléctrico” y “¿Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan?”.

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jueves, 4 de abril de 2013

Los nuevos piratas


El asalto bancario a la población chipriota


Iván H. Ayala
Miembro del colectivo EconoNuestra
Diario Público.es, 3/4/2013.

Una de las características de los actuales sistemas económicos capitalistas es que necesitan cada vez menos los atributos clásicos de la democracia. Si antes éstos eran las elegantes prendas que cubrían las democracias occidentales, hoy no son más que harapos que cuelgan de cuerpos cada vez más famélicos. En el caso de Chipre, lo primero que salta a la vista es la dificultad para recabar información mínimamente seria sobre lo que se está negociando. Las informaciones llegan como las imágenes a través de un cristal sucio, empañado, salpicado por la lluvia y enrejado. Primero escuchamos a Anastásides – primer ministro de Chipre – decir que bajo ninguna circunstancia los depósitos sufrirían recorte alguno. Dos semanas después le encontramos proponiendo exactamente lo contrario de lo prometido, es decir una “tasa financiera solidaria” sobre los depósitos por encima del techo garantizado de 100.000 del 9,9% y lo más sorprendente, ¡¡de 6,75% sobre los depósitos por debajo del techo garantizado por directivas europeas!! Lo curioso es que esto no se impuso desde Bruselas o Alemania, sino que fue una iniciativa que venía directamente del primer ministro de Chipre. Por entonces se escuchaba un acuerdo con la troika de 17 millones de euros, de los cuales más de la mitad iría a parar a la recapitalización de los bancos, con los subsiguientes recortes. Las protestas populares fueron masivas, presionando con fuerza suficiente para que el parlamento votara en contra de este ignominioso trato.

Poco importa que la población muestre su rechazo, en Chipre gracias a la acción de los bancos, ya han perdido la soberanía. El segundo acuerdo anunciado el pasado 25 de marzo entre Chipre y la Troika (Comisión, BCE y FMI) se eleva a 10 millones de euros, asume el cierre del Laiki Bank, enviando sus depósitos al Banco de Chipre, que también se reestructurará. Los términos del acuerdo, como siempre, son oscuros y se mueven por rumores. De lo que no cabe duda es que los ajustes sobre la economía Chipriota serán como es de esperar brutales, con unos efectos sociales devastadores. Como vemos, finalmente los depósitos por debajo del mínimo garantizado no se verán afectados…directamente.

En octubre del 2011 los representantes financieros del FMI y de la Comisión se reunieron acordando una caída de al menos el 50% de los bonos griegos. La reunión, como todas donde se firman la degradación de las condiciones de vida de millones de personas, se hizo en secreto, de noche y con unas conclusiones expresadas en un impenetrable lenguaje. El banco Leiki, ahora en medio de la tormenta, tenía una gran cantidad de bonos griegos, y perdió alrededor del 75% del valor de su valor, es decir sobre 4.000 millones de euros. Leiki tenía ya acumulado un largo historial de oscuras operaciones a lo que se sumó estas pérdidas que fueron el detonante. En octubre del 2011 se había ya planeado el colapso de la economía chipriota.

Rusia además tiene una importancia especial en este caso, pues Chipre ha atraído no solo los depósitos de los magnates rusos, sino también los de familias y de PYMES rusas. El argumento de la Troika para implementar el PSI (las siglas en inglés de “Plan de Participación del Sector Privado) es que Chipre era un paraíso fiscal, y por tanto los depositantes sabían en cierta medida lo que hacían. Claro, si un magnate ruso invierte sus millones en el mercado inmobiliario londinense es perfectamente legítimo. Ir a Chipre es economía de casino. Rusia ya había ayudado anteriormente a Chipre ofreciéndole una ayuda de 2,5 mil millones de euros en 2011, y por este motivo Chipre está también buscando un acuerdo con Putin. Pero Anastásides prefiere una solución europea, ya que esta ayuda podría no gustar en la UE que vería incrementar la influencia rusa en su territorio. Resulta curioso que se cargue contra los paraísos fiscales para imponer el robo a los depositantes chipriotas (entre los que se encuentras jubilados, o PYMES). El sistema es el mismo, se empieza demonizando un blanco fácil: los oligarcas rusos. Ello abre el camino y permite seguir poco a poco con cuentagotas el proceso en el resto de la población. Parece evidente que todos aquellos que debían sacar el dinero de Chipre, lo han sacado y quedan solo los que no tienen posibilidad o agilidad financiera para hacerlo.

Finalmente el rechazo de la población al primer acuerdo no habrá servido de mucho, ya que el acuerdo final puede hacer todavía más daño según Reuters, pues los depósitos por encima de los 100.000€ pueden llegar a perder hasta el 60% del total. La traducción es que esos depósitos en Laiki Bank, han desaparecido. Los efectos económicos pueden ser catastróficos, sabiendo que en la economía chipriota, entre el 40% y el 45% del total es producción bancaria. Además tenemos que añadir que los activos bancarios están entre un 200% y un 900% del total del PIB. El batacazo puede ser feroz (el desempleo se prevé por encima del 25% en 2014), y si Chipre no logra un acuerdo con Rusia lo suficientemente amplio, el “no” de sus principales acreedores (Alemania, Finlandia, BCE) podría expulsar a Chipre del euro en un futuro muy próximo, desatando una vez más la tormenta financiera sobre la moneda única y una nueva oleada de planes de ajuste en la periferia. No parece que el descubrimiento de un gas en el suelo chipriota pueda evitar a corto plazo el ajuste, a pesar de que GazProm ya ha ofrecido un “rescate” alternativo. Para evitar la huida de capitales, Chipre ha establecido controles de capital, que le permiten dilatar lo inevitable. Pero el incremento de impuestos, el rescate, la reestructuración bancaria y la conversión de depósitos en acciones sin valor alguno harán huir a todos aquellos que se veían atraídos por esas características de cuasi paraíso fiscal. El shock traumático y rápido del proceso afectará principalmente a asalariados y jubilados. Por eso algunos no le llaman rescate, sino ritual de ejecución.

Lo curioso de este panorama es que los experimentos de este tipo, se están dando en economías periféricas pequeñas, pues Chipre apenas supone un 0,17% del PIB de la UE. Contrastan los 10 millones del rescate chipriota, con los 100.000 millones del rescate español.  En economía, se llama a un país “grande” cuando tiene capacidad para influir en los precios. Fijémonos que los controles de capitales se han establecido en Islandia y en Chipre (la primera en la eurozona), dos economías que apenas afectan al flujo de capital internacional y donde la instauración de controles de capitales no tiene una influencia en el nivel de liquidez internacional. Igualmente, el nuevo experimento de hacer pagar la mala gestión bancaria (o excelente según como se mire) a los depositantes tiene pinta de extenderse por toda la UE. Ya lo ha advertido Jeroen Dijsselbloem’s presidente del Eurogrupo, esta puede ser la nueva lógica que guíe los nuevos rescates bancarios en Europa.

Nada más lejos de mi intención que el apoyar la existencia de paraísos fiscales. Ahí se lava el dinero de criminales y se alienta la existencia de una extorsión a los países que no son paraíso por parte de los capitales que pueden huir fácilmente. Pero no es lícito esgrimir este argumento precisamente por la Troika, y además para justificar la confiscación a todos los depositantes independientemente de cuál sea su nivel de ingresos o nivel de vida, o independientemente de cómo hayan generado esos ingresos. ¿No será que esta es la mejor salida para socializar las pérdidas creadas por una gestión salvaje del sector financiero chipriota, consentido por la UE durante años? Recordemos que Chipre lleva en la UE desde el 2004 y en la zona euro desde el 2008, un año después del estallido de Lehman Brothers. ¿Por qué no ha habido ningún interés en deshacer un paraíso fiscal en la UE hasta hoy? Da la impresión de que para salvar a las oligarquías del centro de Europa, es necesario ir sacrificando pequeños territorios conquistados.

Viendo este panorama, alguno nos preguntamos por qué se dice que se ha encontrado “una salida” al “problema” de Chipre. Habría primero que definir “salida” y “problema” para poder entender esta afirmación.

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miércoles, 3 de abril de 2013

Los culpables de la crisis

                       

La caída del crédito a las empresas y los hogares se acelera en febrero



La financiación a las familias españolas y, lo que es más preocupante para superar la crisis, el crédito a las empresas, aceleró su contracción en febrero, según los datos que ha publicado esta mañana el Banco de España. En relación con el mismo mes de 2012, el recorte fue del 5,8%, dos décimas más que en enero. Asimismo, quienes lo sufrieron con mayor intensidad fue, tal y como denuncian insistentemente desde la propia patronal, el tejido empresarial español, inmerso en un duro proceso de desendeudamiento pero, también, asfixiado por la falta de crédito para recuperar la actividad.

En febrero, la financiación a las empresas se redujo un 7,1%, hasta los 1,12 billones de euros, con lo que se acumulan ya 23 meses consecutivos a la baja. El descenso se explica, principalmente, por el cierre del crédito desde la banca española, que se contrajo un 8,5%. Los préstamos recibidos desde el exterior, por su parte, aumentaron el descenso hasta el 6,7%, según refleja la estadística del supervisor.

En cuanto al crédito a las familias, el recorte fue del 3,9%, una décima más que en enero, hasta los 823.500 millones. En su caso, el descenso se prolonga ya durante más de dos años. Si los datos del supervisor se observan desde la óptica contraria, esto es, por la deuda que deben devolver las familias, el balance de febrero supone su nivel más bajo desde mayo de 2007. Del total, la mayor parte, 635.315 millones corresponden a los créditos para comprar una vivienda, lo que supone otro descenso del 3,7% frente al mismo mes de 2012. Este ritmo de caída es el más acusado de toda la serie histórica, que arranca en 1996.

Los datos publicados por el Banco de España demuestran que la mejora de los mercados financieros registrada en el arranque del año no se tradujo en una mayor financiación. El regreso de la confianza de los inversores siguió sin convertirse en crédito pese a que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, "los bancos españoles están bien capitalizados y en posición de prestar”. Pero siguen sin hacerlo pese a ingerir decenas de miles de millones de dinero público para sanear a la mayoría de las antiguas cajas.

Desde el sector financiero, la patronal bancaria niega un recorte sistemático del crédito. En su lugar, asegura que ahora son más selectivos a la hora de prestar por miedo a que la morosidad siga aumentando. Según afirmaba la AEB a este diario hace unos días, “los bancos no recortan el crédito a todos los sectores de forma indiscriminada. Continúan analizando todas las operaciones, con independencia del sector que provengan, aplicando los criterios de solvencia y rentabilidad ponderado por riesgo”.

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martes, 2 de abril de 2013

Quis custodiet ipsos custodes?

       

Una asociación se querella en la Audiencia Nacional contra 40 bancos por las preferentes


Diario Público.es, 2/4/2013.

La Asociación Activa Preferentes, constituida para la defensa de los intereses de los afectados por las participaciones preferentes, ha presentado una querella criminal en la Audiencia Nacional contra un total de 45 directivos responsables de la emisión de este producto y 40 bancos y cajas en condición de responsables civiles subsidiarias.

l texto de la querella, cuya dirección se ha encomendado al abogado Juan Manuel Moreno-Luque, acusa a los responsables de la puesta en circulación de ese producto de presuntos delitos de estafa, publicidad engañosa, delito societario, maquinación para alterar el precio de las cosas y uso de información privilegiada.

La iniciativa de la asociación de afectados será turnada ahora a uno de los seis juzgados centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, cuyo titular deberá decidir si la admite o no a trámite.

Según los querellantes, en el año 2009 el sistema bancario español, del que entonces se decía que era el "mejor del mundo", acuciado por sus problemas de liquidez y, sobre todo, de solvencia, inundó el mercado, en solo seis meses, con 13.553 millones de euros  en participaciones preferentes.

Denuncian que estos productos en vez de destinarse a inversores institucionales, a los que ya no podían acudir dado los precios de emisión, muy fuera de mercado, se dirigieron de forma masiva a cientos de miles de hogares españoles, clientes minoristas de la propia red de sucursales del emisor.

"En definitiva, la banca española se decidió a captar el ahorro popular a través de un producto completamente inadecuado para tal fin, usando información privilegiada y resolviendo a su favor los conflictos de intereses, con el único objetivo de reforzar sus ratios de capital y obtener cuantiosas plusvalías a través de las operaciones que se hacían en los mercados secundarios minoristas", señala el texto de 193 páginas.

El resultado, "es por todos conocido: miles de familias afectadas y el ahorro popular completamente desmantelado", destacan los querellantes.

La querella se dirige personalmente contra los responsables directivos de entidades emisoras de este producto, entre las que además de la práctica totalidad de cajas, aparecen bancos como el Popular Español, Pastor, Sabadell, Español de Crédito, BBVA y Santander, así como Telefónica Finance o Repsol International Capital Limited.

El texto incorpora además un informe pericial que analiza el mercado español de preferentes desde 2009 en relación con las emisiones de este producto en otros países.

Asimismo, Activia Preferentes interpondrá recursos contencioso-administrativos contra las Resoluciones del FROB y Recursos de Anulación contra los acuerdos de la Comisión Europea tomados en perjuicio de los tenedores de preferentes y demás productos híbridos de capital y deuda subordinada.

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lunes, 1 de abril de 2013

¿Coincidencia de intereses?



Hipotecas, desahucios y asimetrías legales

Por Francisco Jurado Gilabert
Jurista e investigador en la Universidad Pablo de Olavide
Diario Público.es, 20/3/2013

Ha dado mucho que hablar la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legislación hipotecaria española, en especial, sobre sus valoraciones en materia de ejecuciones hipotecarias, el paso judicial previo al lanzamiento o desahucio.

La interpretación de la sentencia por parte de los medios de comunicación ha sido un tanto “libre”, pues muchos se lanzaron a afirmar que, por ser de aplicabilidad directa por parte de los juzgados y tribunales españoles, supondría, de por sí, una causa suficiente para paralizar desahucios. Sin embargo, no es eso lo que se desprende del texto literal de la sentencia, mucho más tibio, pero con algunas observaciones interesantes.

A mi juicio, el elemento esencial de esta sentencia es el reconocimiento, por parte del alto Tribunal europeo, de una desigualdad alarmante de las posiciones enfrentadas en el contrato de hipoteca, cuando este se quiebra y se llega al punto de la ejecución por impago. Se produce una asimetría legal, un favorecimiento injusto del procedimiento hacia uno de los contratantes, el banco, que rompe los principios de la teoría general de los contratos, máxime tratándose de una relación contractual en la que una de las partes, la que concede el préstamo, parte ya, de por sí, de una situación de poder respecto a la contraparte.

Esto es lo que ha venido a poner de manifiesto la sentencia del TJUE cuando afirma que, en un procedimiento de ejecución hipotecaria, el futuro desahuciado tiene muy difícil o imposible oponerse a su lanzamiento. Por un lado porque las causas de oposición vienen tasadas en la propia ley, siendo realmente difíciles de cumplir y muy excepcionales en la casuística. Por otro, porque todo el procedimiento se resuelve en 10 días, sin que se pueda paralizar ante la posible existencia de cláusulas contractuales abusivas, que pudieran dar lugar al inicio de otro proceso judicial paralelo, del que dependa finalmente la ejecución hipotecaria.

Ha sido la mención a las cláusulas abusivas lo que más se ha repetido. Entre los que abogan por frenar los desahucios y reformar la legislación hipotecaria, porque entienden que la sola posibilidad de que existan es causa suficiente para hacerlo. Entre las asociaciones bancarias, porque consideran la mención a las cláusulas abusivas como algo demasiado subjetivo, que termina dependiendo del juez en cuestión y que, a su juicio, crea mucha inseguridad jurídica en indeterminación contractual.

Se ha publicado ya en algún medio que se ha paralizado judicialmente algún procedimiento de ejecución a causa de la controvertida sentencia, pero no hay que pensar que, por sí sola, vaya a producir una oleada de supuestos similares. La clave sigue estando en qué son o qué se pueden considerar cláusulas abusivas, dignas de considerarse por un juez como motivos suficientes para detener el lanzamiento y abrir, paralelamente, otro procedimiento, esta vez declarativo, para entrar en el fondo del asunto y resolver si efectivamente el contrato está viciado y, por tanto, debe ser nulo o anulable, en todo o en parte.

Desde el grupo de activistas de #OpEuribor (www.opeuribor.es), llevamos casi dos años denunciando que el tipo de interés de referencia europeo, el Euribor, no ha sido calculado y publicado conforme a la legislación española. En la web citada se exxpone toda la investigación que nos lleva a concluir que el cálculo del Euribor ha consistido tan sólo en una encuesta que los bancos de la Agencia Bancaria Europea (EBF en inglés) se han hecho entre ellos, no existiendo un mercado interbancario real.

Esto supone, de nuevo, quebrar la teoría general de los contratos, ya que el elemento fundamental de un préstamo (hipotecario en este caso), el tipo de interés, ha quedado en su determinación a merced de una de las partes del contrato. De nuevo, el banco. De momento no existe ningún proceso abierto en el que se esté tratando si, efectivamente, el Euribor ha sido manipulado (como ya ha pasado con su “primo” anglosajón, el Libor). De lo que no hay duda es de que existen indicios suficientes para investigarlo y que constituye un elemento lo suficientemente importante como para detener cualquier procedimiento de ejecución hipotecaria, es decir, que supondría a todas luces una de esas “cláusulas abusivas” que están por determinar.

Como así lo entendíamos desde #OpEuribor, incluso antes de la sentencia del TJUE, colgamos en la web un modelo de oposición a las ejecuciones que alegaba que, ante la posibilidad de manipulación de los intereses, la cuantía que el banco exigía a un hipotético ejecutado debía recalcularse, sustituyendo el Euribor por 0%. Este razonamiento es una manera de intentar “hackear” la legislación hipotecaria, haciendo encajar la manipulación del tipo de interés en una de las causas tasadas para oponerse, aquélla que alega diferencias en las cuantías reclamadas entre las partes.

Sin embargo, después de la sentencia del TJUE, consideramos que se abren aún más las posibilidades, que estamos más legitimados a iniciar un procedimiento declarativo para impugnar cualquier contrato de préstamo cuyo tipo de interés de referencia sea el Euribor y, por ello, contamos en nuestra web con un nuevo modelo, redactado y preparado para este fin.

Paralelamente a las movilizaciones ciudadanas para detener los desahucios, a la presentación de la ILP de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a la presión social que crece sobre el tema, la acción judicial es una herramienta interesante y eficaz, más aún ahora que los jueces han visto crecer su capacidad de influencia y acción en los procesos relacionados, gracias a la sentencia europea.

Ante la asimetría con la que la legislación trata a las personas y a los bancos, es necesario tirar de imaginación y de trabajo colaborativo en red para armarnos de razones (jurídicas) y dinamitar por otra vía más el terrorismo financiero.

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