El diario.es, 25/10/2013.
Tras el rescate bancario y la
nacionalización de entidades inviables, cada vez más voces defienden la
creación de una banca pública. Es el caso de los autores de Qué hacemos
con los bancos: Lourdes Lucía, Alberto Garzón, Ana Martín y
Julio Rodríguez. Una obra que estos días llega a las librerías y que analiza la
deriva del sistema financiero español en las últimas décadas, desde la burbuja
hasta la liquidación de las cajas y el rescate financiero. Pero, sobre todo, es
una propuesta firme por la creación de una banca pública viable, social y
democrática. Avanzamos algunas páginas del libro, donde se recogen algunas
experiencias, actuales y pasadas, de banca pública. En otros países, pero
también en España en fechas no tan lejanas.
Experiencias de banca pública
No es posible dejar de señalar
que en diferentes países hay ejemplos que muestran a las pequeñas
empresas y a las familias cómo funciona una banca pública que financia la
economía.
En EEUU, Ellen Brown, conocida
por sus estudios sobre las economías de los diferentes Estados, ha concluido
que el éxito de Dakota del Norte (su desempleo es del 3,3%, el más bajo de
EEUU) se debe a que tiene un Banco Público donde el Estado deposita todos los
ingresos que recibe. Este banco público tiene como objetivo ayudar a la
economía de Dakota del Norte, y tiene prohibido invertir fuera de allí y
practicar comportamientos especulativos ( http://www.vnavarro.org/?p=6391).
Europa tiene una banca pública
fuerte, la de su líder, Alemania, que cuenta con once bancos públicos
regionales y cientos de cajas de ahorro de propiedad municipal. Una de las
fortalezas de la economía alemana está en su Mittelstand, empresas
pequeñas y medianas a las que apoya un sistema bancario regional fuerte,
dispuesto a prestar para financiar la investigación y el desarrollo.
En 1999, los bancos públicos
dominaban el crédito interno alemán. Los bancos privados representaban menos del 20%
del mercado, cuota muy inferior al 40% que en aquel momento tenían en Francia,
España, los países nórdicos y el Benelux. Desde entonces, los bancos públicos
alemanes han sido blanco de críticas, debido, según los observadores locales,
no a su debilidad, sino a la rivalidad de los competidores privados. Aunque
ahora la cuota de mercado de la banca pública alemana está en el 24%, cuenta
con 400 cajas y un montón de pequeños bancos regionales que han mantenido a la
banca pública de los Lander como líder en la captación de depósitos y en la
concesión de créditos.
En Francia, el gobierno está
trabajando en la creación de Bancos de Inversión Pública (PIB) que ayuden a las
pequeñas y medianas empresas a desarrollar "innovación" y a competir
en los mercados mundiales de exportación.
La revista The Economist,
en su número de mayo de 2010, publica un artículo en el que señala que los
bancos fuertes y estables de carácter público de la India, China y Brasil
fueron un elemento clave para ayudar a esos países a superar la crisis.
El año 1986 es una fecha clave en
la evolución reciente de la banca pública española. En ese momento, siendo
Carlos Solchaga ministro de Economía y Hacienda, España se vio afectada por
diversos factores exógenos: las dinámicas de cambio que ya se venían
experimentando en el mundo, y nuestra incorporación a la Unión Europea, lo cual
implicaba aceptar el marco jurídico que amparaba en Europa las reglas de juego
de los sistemas financieros comunitarios.
Como consecuencia de la
legislación comunitaria y de la expectativa de entrada en España de las
instituciones de crédito del resto de países de la Comunidad Económica Europea
(CEE), nuestra adhesión a la CEE llevó aparejada la liberalización acelerada
del mercado financiero español. Según la Segunda Directiva de Coordinación
Bancaria de la UE, a partir de 1992 podrían instalarse en España entidades
financieras y de crédito sin restricción alguna.
El cambio fue de gran calado para
la banca pública, que por aquellas fechas otorgaba el 15% del crédito de este
país. Se consideraba entonces banca pública a toda aquella cuya propiedad
pertenecía, en todo o en parte, al Estado o a los organismos dependientes del
mismo, y que, a su vez, incluía entre sus funciones las referidas al
cumplimiento de planes genéricos o sectoriales señalados por las
administraciones públicas para coadyuvar a la actividad económica nacional. Su
composición abarcaba las siguientes entidades.
·
Bancos públicos cuyo capital es en su totalidad
público:
·
Banco Hipotecario SA (1872)
·
Banco de Crédito Industrial SA (1920)
·
Banco de Crédito Agrícola SA (1925)
·
Banco de Crédito Local SA (1925)
·
Bancos en los que coexisten participación pública y
privada:
·
Banco Exterior de España SA (1928)
El Banco Hipotecario de España,
el Banco de Crédito Industrial y el Banco de Crédito Local se constituyeron
como instituciones privadas, aunque el control público se implantó de forma
gradual desde su creación hasta el año 1962, fecha en que fueron nacionalizados.
En 1958, las Entidades Oficiales
de Crédito (EOC) eran las siguientes: el Banco de Crédito Industrial, el Banco
Hipotecario de España, el Instituto para la Reconstrucción Nacional, el
Servicio Nacional del Crédito Agrícola, la Caja Central del Crédito Marítimo y
Pesquero y el Instituto Nacional de la Vivienda. En 1962 cambiaron las
denominaciones: el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional pasó a
llamarse Banco de Crédito a la Construcción; el Servicio Nacional de Crédito
Agrícola, Banco de Crédito Agrícola; y la Caja Central de Crédito Marítimo y
Pesquero, Crédito Social Pesquero.
No se debe olvidar que, junto a
la denominada Banca Oficial, estaban, como hemos visto, las cajas de ahorros,
creadas unas por corporaciones locales, y otras, por iniciativa de
instituciones benéficas, religiosas o laicas. Su peculiar nacimiento, su forma
jurídica (normalmente se trataba de fundaciones) y su regulación pública
indican que su actividad seguía pautas relativas a objetivos de interés
público.
Sus principales objetivos eran
canalizar el ahorro popular hacia la inversión y destinar parte de sus
excedentes (como así se denominan sus beneficios, puesto que son entidades sin
ánimo de lucro) a reforzar, por un lado, su solvencia mediante reservas, y, por
otro, a llevar a cabo, en sus respectivos ámbitos territoriales, una labor
social dirigida a sectores muy variados, como la conservación del patrimonio
histórico y artístico, las ayudas a grupos sociales desfavorecidos, la cultura,
el deporte, etc.
La Caja Postal, creada en 1909,
fue la única caja de ahorros de ámbito nacional; su actividad estaba orientada
a la captación de depósitos para la inversión en fondos públicos. En 1960 se le
da oficialmente un carácter bancario y comercial, que es el que ha mantenido
hasta su privatización, proceso que fue lento y comenzó en 1991, al formar
parte de Argentaria. Como se detallará más adelante, en 1998 se privatizó
completamente.
El ingreso de España en la UE cambió las reglas de juego
de la banca en general y de la pública en particular
El ingreso de España en la Unión
Europea conllevó la transposición de la normativa sobre los sistemas
financieros; más concretamente, la relativa al crédito y a las instituciones de
crédito, lo cual significó un cambio en las reglas de juego de la banca en
general y de la pública en particular. La adaptación de la legislación española
a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria cristalizó en una colección
normativa que va desde el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, y
la Ley 26/1988, de 29 de julio, hasta la Ley 3/1994, de 14 de abril, y
comportó, entre otros aspectos importantes, los siguientes:
Aunque las empresas públicas sí
tienen cabida, aun con muchas limitaciones (María Amparo Salvador Armendáriz
INAP 2000), en el ordenamiento jurídico europeo, se prioriza la paridad de
trato en el tráfico del mercado por el principio del Derecho de la
Competencia. Se notaba, y continúa notándose, la mano de la doctrina liberal,
que antepone el sacrosanto poder del mercado a un principio básico, el del
bienestar de los ciudadanos.
La banca pública, que
fundamentalmente captaba sus recursos mediante la suscripción obligatoria de
cédulas para inversión por parte de bancos y cajas, pasó a captarlos en el
mercado, de forma concurrente con el resto de las instituciones financieras.
Organizativamente, los cambios en
la composición del panorama bancario público se sustanciaron inicialmente en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1988, cuyo artículo 127 cambia la
naturaleza del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de la siguiente manera:
- Buscando una mayor flexibilidad
que permita sujetar su actividad al ordenamiento jurídico privado, es
convertido en una sociedad estatal y pierde su antigua condición de organismo
público.
- Es transformado en una entidad
de crédito, con posibilidad de realizar toda clase de operaciones.
- El capital social de las
Entidades Oficiales de Crédito pasa a manos del ICO, que se constituye en
cabeza del grupo.
- Continúa adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda.
Pero las dificultades derivadas
de la pérdida de su posición privilegiada llevaron a buscar para la banca
pública un tipo de organización que le permitiese contar con una red comercial
con la que obtener los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones, e
incluso sobrevivir. Y para eso estaban allí la red del Banco Exterior de España
y la de Caja Postal. Pero antes había que trasformar Caja Postal en una entidad
bancaria, ajustada al estatuto de un banco. Después, en 1991, llegó el
nacimiento de Corporación Bancaria, que operaba bajo el nombre de Argentaria,
cabecera de un grupo que incluía a Caja Postal S.A., al Banco Exterior de
España y a las entidades del Instituto de Crédito Oficial.
Argentaria se privatizó en
cuatro fases: dos en 1993, la tercera en marzo de 1996 y la última en 1998.
Rodrigo Rato, entonces vicepresidente del Gobierno, ordenó la venta del 29,2%
que todavía estaba en manos del Estado. En 1999 se lleva a cabo la fusión de
BBV con Argentaria, que da lugar al BBVA.
La banca pública había muerto.
Con ella desapareció un instrumento básico que permitía al Gobierno actuar
operativamente en la financiación de la economía. Es cierto que le quedaba el
Instituto de Crédito Oficial, que se reconvirtió en agencia financiera, aunque
carece de recursos que le permitan instrumentar, en caso necesario, la política
del Gobierno.
Se podría pensar que los sistemas
financiero y bancario que subsisten -bancos privados y cajas de ahorros
principalmente- están capacitados para atender a la demanda interna de crédito,
ayudados por el ICO en casos excepcionales y recurriendo, en su caso, a las
instituciones financieras de la UE. Sin embargo, en estos últimos años la
realidad de la crisis ha puesto en cuestión el vigente sistema.
Disponible en:
http://www.eldiario.es/quehacemos/banca_publica_nacionalizacion_rescate_bancario_6_189741047.html
