La Marea, 26/10/2014.
La muerte repentina de Emilio
Botín por un infarto el 10 de septiembre produjo centenares de obituarios y
comentarios, en general halagüeños, en los medios de comunicación. Hubo algunas
revelaciones sorprendentes, como la de su hermano Jaime, que aseguró en el
diario El País que a quien fue presidente del mayor banco del país “no
le importaba nada el dinero, aunque nació con el talento de multiplicarlo”.
Algo enigmático resultó el artículo que le brindó el ministro de Economía, Luis
de Guindos, en las mismas páginas: “Recuerdo ahora una llamada suya en plena
tormenta por el rescate de la economía española. Frente a la opinión generalizada
de que el rescate era ineludible, Botín me dijo: ‘Tú sabes lo que tienes que
hacer… y yo te apoyaré’”. Guindos no especifica a qué se refería el presidente
del Santander, pero el balance de la gestión de la crisis es de sobra conocido.
El gobierno del Partido Popular esquivó una intervención total del país como en
Grecia o Portugal, aunque pidió el rescate para la banca; la prima de riesgo ha
bajado a mínimos, y la economía vuelve a crecer a ritmo moderado. Por el
camino, la crisis ha dejado 5,6 millones de parados, una subida de impuestos
–sobre todo los indirectos como el IVA– que estrangulan a amplia s capas de la
sociedad, y una inyección multimillonaria de dinero público para sanear al
sector financiero. Este rescate ha contribuido a acercar la deuda pública de
España al 100% del PIB, es decir, toda la riqueza que produce el país en un
año.
El balance que hizo Botín
resultaba más positivo. “Estamos viviendo un momento fantástico”, dijo hace un
año ante la prensa en Nueva York, “a España llega dinero de todas partes”. La
frase dejó estupefactos a muchos ciudadanos pero es un reflejo fiel de la
situación de la banca, que ya ha salido del túnel de la larga recesión, y de la
vuelta en manada de los inversores extranjeros. Esto es, de los bancos que han sobrevivido
la purga que siguió al pinchazo de la burbuja inmobiliaria y que se ha llevado
por delante al sector de las cajas de ahorro. De las 50 entidades que existían
durante la burbuja hoy quedan apenas 15 y las grandes son más grandes que
nunca. Santander, BBVA y La Caixa suman una cuota del mercado del 60%. En el
caso de las dos últimas, tras absorber a precio de saldo algunas de las cajas
saneadas con dinero público. Después de limpiar sus balances contaminados por
el ladrillo, los bancos españoles han vuelto a dar beneficios abultados (6.363
millones de euros en el primer semestre del año), aunque esta cifra sigue lejos
de las ganancias que cosechaban antes de la crisis. Es un problema que ya
quisieran tener muchas empresas de otros sectores, por no hablar de las miles
de compañías que tuvieron que cerrar.
Una vez recuperada de la fiebre
del ladrillo, a la banca le preocupa ahora que el médico se pase recetándole
hábitos más saludables. Botín advirtió en sus últimas comparecencias de la
“regulación excesiva”, y Francisco González, presidente del BBVA, lamentó en
enero que “nos gastamos una fortuna en adaptarnos al enorme cambio
regulatorio”. Es el argumentario del sector. “Dejemos que las medidas en vigor
muestren sus efectos antes de pensar en introducir otras nuevas”, pidió en mayo
José María Roldán, el nuevo presidente de la Asociación Española de Banca
(AEB), la patronal del sector. Durante la crisis y hasta hace un año, Roldán
fue director general de Regulación del Banco de España, es decir, el máximo
responsable de la supervisión. Es, sin duda, el mejor fichaje del lobby
financiero español en los últimos tiempos. Roldán ha trabajado en prácticamente
todos los comités y foros internacionales donde se cuecen los temas de
regulación y supervisión del sector.
La gran batalla entre la banca y
los políticos e instituciones que pretenden construir diques de contención para
evitar que se repitan los excesos y abusos que causaron la gran crisis mundial
se está librando en Bruselas y Frankfurt. Y es precisamente en Europa donde la
banca acaba de apuntarse un auténtico golazo con el nombramiento del británico
Jonathan Hill como comisario responsable para la regulación financiera en el
nuevo Ejecutivo comunitario liderado por el veterano dirigente luxemburgués Jean-Claude
Juncker, que tomará posesión en noviembre. Hill ha sido un importante lobista
de la City de Londres, creando su propia empresa de relaciones públicas. En su
nuevo cargo tiene bastante que decir en el desarrollo y la implementación de
las nuevas normas que la UE ha puesto en marcha como reacción a la crisis. Los
resultados de las pruebas de resistencia de la banca europea, los famosos
stress tests, también se conocerán en noviembre. A partir de ese momento,
entrará en funcionamiento la Unión Bancaria con el nuevo supervisor para la
gran banca en la zona euro bajo el mando del Banco Central Europeo (BCE).
“La refundación del
capitalismo”
En 2008, tras el derrumbe del
banco de inversión Lehman Brothers, uno de los gigantes de Wall Street, los
dirigentes del mundo se conjuraron para tomar medidas drásticas con el fin de
que semejante desastre, fruto de la especulación desenfrenada, prácticas
abusivas y un gran autoengaño colectivo, no volviera a ocurrir jamás. Aún
resuena la grandilocuente frase del expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy,
que prometía “refundar el capitalismo”.
Fue entonces cuando se crearon
sendos comités en EEUU, Reino Unido y la Unión Europea con el encargo de
elaborar nuevas reglas para domar al sector financiero que había crecido
exponencialmente durante años, alimentado por la desregularización y la
liberalización. Uno de los objetivos fundamentales era atajar los llamados
riesgos sistémicos en relación con aquellos bancos considerados demasiado
grandes para caer (too big to fail). Efectivamente, en los últimos
años se han elaborado cientos de normas para mejorar el control y el
funcionamiento de los bancos con el objetivo de que ejerzan su papel
fundamental en la economía, el de cuidar los depósitos de los ahorradores y
proveer a la economía productiva de liquidez a través de créditos. Este proceso
no ha terminado, y ahora organizaciones civiles, como el Corporate Europe
Observatory (CEO) de Bruselas, denuncian que la banca, una vez superado el
bache, ha pasado al contraataque con todo el arsenal pesado de su lobby.
Entre las medidas más importantes
que se han puesto en marcha destacan los nuevos requerimientos de capital para
las entidades financieras del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, lo que
se llama Basilea III, que han entrado en vigor este año. La idea es obligar a
los bancos a tener en su balance más recursos propios y que éstos sirvan como
colchón cuando la situación se complique. En otras palabras, se les exige
capital real y con liquidez, como el dinero de los depósitos, acciones u otros
activos. El problema de la crisis fue que las entidades operaban y especulaban
con mucho más dinero que el que tenían –algo en principio intrínseco a este
negocio– y cuando empezó a desinflarse la burbuja se quedaron sin recursos para
absorber el choque. Para cumplir con las exigencias de Basilea III los bancos
han tenido que conseguir dinero fresco en los mercados y a menudo sacrificar
los beneficios de su negocio recurrente. Por su parte, el Banco de España ha
limitado a tal efecto el pago de dividendos en efectivo al 25% del beneficio.
Todas estas medidas han tenido el resultado indeseado de que las entidades
hayan cerrado el grifo del crédito a las empresas, lo cual ha agravado la
recesión.
Para mitigar este efecto, el BCE,
presidido por el italiano Mario Draghi, que trabajó para Goldman Sachs, quizás
el banco de inversión más poderoso del mundo, ofreció una “barra libre” de
liquidez, dando a los bancos cientos de miles de euros a tipos de interés
bajísimos. Sin embargo, en vez de usar este dinero para proveer a las empresas
con los tan necesitados créditos, los bancos prefirieron comprar títulos de
deuda pública cuyo interés superaba ampliamente el que les cobraba el BCE. Un
negocio redondo y casi sin riesgo que en la jerga financiera se llama carry
trade. En las ruedas de prensa de presentación de sus resultados anuales,
Botín y González minimizaron el impacto de estas prácticas en sus cuentas.
Además de las mayores exigencias
de capital previsto por Basilea III, la Unión Europea está haciendo un examen
exhaustivo del estado de la salud financiera de todos los grandes bancos, los stress
tests o pruebas de resistencia, cuyos resultados se conocerán en
noviembre. Las entidades que suspendan deberán buscar más capital para reforzar
su colchón y así estar preparadas para los malos tiempos. En teoría, las peores
de la clase incluso podrían ser liquidadas o fusionadas con bancos más fuertes.
Con el fin de unificar las reglas
para las 8.300 entidades financieras que operan en la UE, el Consejo Europeo,
donde se sientan los 28 gobiernos, aprobó en 2009 un conjunto de normas para el
mercado común. Con este manual de conducta se pretende, por ejemplo, evitar que
la práctica de incentivar a los banqueros con bonus astronómicos les lleve a
asumir “riesgos excesivos”, según explica un memorándum de la Comisión Europea
sobre las últimas reformas del sector financiero. También se han introducido
“reglas más estrictas” para los fondos especulativos (hedge funds),
las ventas en corto (short shelling), una forma de apostar a que la acción
de una empresa baje y que ha provocado más de una crisis en los mercados, o el
negocio con derivados, productos financieros complejos como las famosas subprime
que estuvieron en el origen de la crisis financiera en Estados Unidos.
Pero, sin duda, la medida más
importante para evitar futuros rescates con dinero público es la implementación
de un nuevo mecanismo para salvar a una entidad en apuros, la Directiva Europea
sobre Resolución Bancaria (BRRD). Como recuerda la Comisión en el citado
documento, entre octubre 2008 y diciembre de 2012, los gobiernos europeos
gastaron un total de 591.000 millones de euros en rescatar a sus bancos, el
equivalente al 4,6% del PIB de la UE. A partir de ahora, cuando un banco sufra
un grave deterioro de su balance se recurrirá primero al dinero de los
accionistas y los tenedores de bonos y deuda subordinada de la entidad para
hacer frente a las pérdidas. En caso de que no sea suficiente, el banco
recibirá ayudas del llamado fondo de resolución, una caja de contingencia para
este tipo de crisis a la que toda la banca de un país debe contribuir
anualmente. Sólo en último lugar se usaría dinero público para frenar la
quiebra.
Hasta aquí todo muy bien, pero
hay una pega importante. “En algunos casos, en particular en el contexto de una
crisis sistémica, podría ser necesario abandonar este principio y permitir el
uso de fondos públicos para financiar la resolución de un banco”, reza el
informe de la Comisión. Este riesgo sistémico a menudo tiene que ver con el
tamaño de los bancos, algunos de los cuales son considerados “demasiado grandes
para caer”. Al inicio de la crisis, muchos dirigentes políticos, como la
canciller alemana Angela Merkel, exigieron que nunca más un solo banco pudiera
poner en aprietos al Estado porque su quiebra tuviera efectos nefastos para el
conjunto del sistema financiero y por extensión el resto de la economía. No
obstante, como resultado del proceso de fusiones a consecuencia de la crisis,
en el que los más fuertes se han comido a los más débiles, muchos de los
grandes bancos son hoy aún más grandes, como ha ocurrido en España con el BBVA,
La Caixa o la nacionalizada Bankia, fruto de la fusión de Cajamadrid, Bancaja y
otras cinco cajas de ahorro.
“La generación de grupos de mayor
tamaño tiene sus ventajas e inconvenientes”, explica Paula Papp, experta en
banca de Analistas Financieros Internacionales (AFI) en Madrid. El tamaño les
hace más fuertes pero cuando se tambalean pueden arrastrar a toda la economía,
explica. “El impacto negativo del too big to fail puede mitigarse en
la medida que el control de estas entidades sea elevado, que las exigencias en
términos de capital permitan cubrir escenarios con probabilidades de ocurrencia
muy baja y que el negocio que puedan hacer con el dinero de los depositantes
esté restringido. Es decir, no permitir cualquier tipo de actividad. La
regulación actual también ha ido un poco por esa línea”, concluye Papp.
Pese a los avances, hay quien
considera que todavía no se ha hecho lo suficiente para asegurar un control
eficaz de las grandes entidades. Los principales bancos de Europa “siguen
siendo demasiado grandes para caer, demasiado complejos y demasiado costosos
para ser rescatados”. La advertencia es de Michel Barnier, el comisario europeo
para el Mercado Interior y responsable de temas que tienen que ver con el
sector financiero. En una entrevista con la agencia Bloomberg en septiembre, el
político francés, que deja su cargo a finales de octubre, urge a la Comisión a
actuar para cortarle las alas a los grandes bancos que suponen un riesgo
sistémico. Para ello, Barnier presentó en enero un plan que prevé que las 30
entidades más grandes de la UE separen sus operaciones de inversión más
arriesgadas del negocio bancario tradicional. La decisión final sobre las propuestas
de Barnier corresponde ahora a la nueva Comisión de Juncker. “Los bancos tienen
bastante tiempo por delante para conseguir cambiar la posición de las
autoridades europeas, excepto que se produzca un nuevo crash y éste
fuerce a Bruselas y a Frankfurt a imponer reglas realmente coercitivas”, afirmó
en un artículo Eric Toussaint, presidente del Comité para la Anulación de la
Deuda del Tercer Mundo (CADTM).
El sector financiero cuenta con
uno de los grupos de presión más potentes de Europa. Los bancos dedican 120
millones de euros al año y 1.700 personas a actividades de lobby en Bruselas,
según cifras recientes del Corporate Europe Observatory, una ONG que lucha por
más transparencia y un mayor control de los grupos de presión (ver páginas 22 y
23). La última victoria del lobby ha sido el nombramiento de Hill como
comisario europeo de Servicios Financieros en sustitución del combativo
Barnier. Desde su paso por la Cámara de los Lores, Lord Hill no es simplemente
uno de tantos políticos cercanos al sector financiero. Durante años trabajó
como lobista para la banca e incluso creó su propia empresa de relaciones
públicas a servicio del sector, Quiller Consultants. En una carta abierta al
nuevo comisario, Juncker le recuerda sus tareas, entre ellas asegurar que la
nueva regulación “tenga en cuenta las necesidades e intereses de los
consumidores e inversores minoristas”, así como hacer que “los servicios
financieros funcionen mejor para los ciudadanos”.
Quien reaccionó con entusiasmo
ante el nombramiento de Hill fue la City de Londres, el centro financiero más
importante de Europa. “Es un mensaje claro de la Comisión Europea de que un
sector de servicios financieros fuerte sigue siendo una prioridad para Europa y
el Mercado único”, comentó en un comunicado la City of London Corporation, el
peculiar autogobierno del histórico distrito a orillas del Támesis. Menos
contentos se mostraron algunos eurodiputados como el alemán Sven Giegold, de
Los Verdes. “En los últimos años hemos trabajado en el Parlamento Europeo para
tener una regulación más estricta de los mercados financieros. Dejar que un
zorro vigile el gallinero en este área es totalmente inaceptable”, escribió en
su página web. “Es una provocación que un lobista financiero sea el encargado
de la regulación financiera”, argumentó.
“Una buena regulación puede
resultar inútil sin una buena supervisión”, recuerda la Comisión en el
documento sobre las reformas. ¿Y quién se encargará de esa buena supervisión?
Con la Unión Bancaria, los 128 mayores bancos de los 18 países que componen la
Zona Euro pasan bajo el control del nuevo supervisor dependiente del BCE en
Frankfurt. El banco emisor está fichando a unos 1.000 empleados para el nuevo
organismo. No hay cuotas por países y el requerimiento básico es un conocimiento
impecable del inglés, sobre todo de la jerga financiera. “El resultado es que
están entrando muchos profesionales de la City”, analizaba un veterano
periodista alemán especialista en el mundo financiero durante un almuerzo
privado en Frankfurt. “Eso impregnará un fuerte sello anglosajón al nuevo
supervisor”. Fuentes del Banco de España aseguran, sin embargo, que están
contentos con el número de españoles que han logrado un puesto en el
supervisor.
El año pasado, en el quinto
aniversario de la quiebra de Lehman Brothers, CEO y una treintena de
organizaciones que luchan contra el poder del lobby bancario, como Attac, CADTM
o Friends of the Earth, publicaron un manifiesto para pedir una reforma de
calado del sector financiero. El documento recuerda las “grandes promesas” de
los líderes europeos de reformar la regulación tras el estallido de la crisis y
concluye que, “cinco años después, los resultados son desgraciadamente
insuficientes”. Las ONG destacan que muchos de los productos financieros
especulativos que originaron la crisis siguen circulando y que el mercado de
derivados incluso ha crecido. “Una razón clave para este fracaso es el éxito
del lobby financiero para mantener a raya una regulación eficaz”, reza el
manifiesto. Otro grupo, la Alianza para la Transparencia en el Lobby y la Ética
Regulatoria (ALTER-EU), advierte que los comités que asesoran a las
instituciones comunitarias “suelen estar dominados por representantes de
grandes grupos financieros”.
En la cúspide del lobby está el
Institute of International Finance (IIF), que cuenta con 500 miembros de todo
el mundo, bancos, fondos, aseguradoras y otras empresas e instituciones del
sector. Su influencia es inmensa, como bien sabe el expresidente José Luis
Rodríguez Zapatero. En dos ocasiones, en 2010 y 2011, el socialista recibió en
La Moncloa al entonces presidente del IIF, Josef Ackermann, para hablar de la
crisis. El banquero suizo también presidía Deutsche Bank, uno de los
principales acreedores de la banca española. Ackermann frecuentaba la cancillería
de Merkel y en sus visitas a España se veía con Botín, González y otros
colegas. Nunca se supo qué tipo de recomendaciones le hizo a Zapatero,
pero para los anales de la historia quedan la reforma laboral y, sobre todo, el
cambio del artículo 135 de la Constitución (ver página 24), que prima el pago
de la deuda por encima de cualquier otro gasto del Estado.
Durante mucho tiempo, el lobby
luchó contra los planes de introducir un impuesto sobre las transacciones
financieras, inspirado en la Tasa Tobin. Tras arduos debates en el seno de la
UE, 11 países, entre ellos España y Alemania, aprobaron en mayo, a pesar de la
resistencia de Londres y Luxemburgo, la tasa que entrará en vigor en 2016,
aunque su nivel impositivo está lejos de lo que proponían los promotores de
este impuesto.
Las nuevas reglas con las que la
política y los bancos centrales pretenden domar la especulación de los mercados
financieros pronto podrían sufrir otra modificación importante. En el Tratado
de Libre Comercio (TTIP, en sus siglas en inglés) que actualmente están
negociando la UE y EEUU con gran opacidad se habla de “un proceso hacía la
convergencia de los respectivos marcos regulatorios y de supervisión para los
servicios financieros”, según consta en uno de los pocos documentos internos
que se han filtrado.
No son los banqueros europeos,
sino sus colegas de Wall Street, los que esperan que el TTIP sirva para diluir
algunas de las estrictas normas que ha impuesto el gobierno de Barack Obama. Y
es que Washington ha sido más duro con sus bancos, los que provocaron la crisis
y que, al igual que en Europa, engullieron enormes cantidades de dinero
público. Las multas a las entidades por sus abusos ya alcanzan un total de
130.000 millones de dólares. Mientras, en Europa apenas se les ha castigado por
ahora. Asimismo, EEUU ha introducido leyes estrictas para controlar mejor los
mercados y proteger al consumidor. En este sentido, uno de los principales
asesores de Obama, el expresidente de la Reserva Federal Paul Volcker, fue
contundente en una reunión con ejecutivos de la banca en 2009 al criticar el
auge de los derivados y otros productos especulativos ultrasofisticados que se
inventan en Wall Street. “La innovación financiera más importante que he visto
en los últimos 20 años es el cajero automático. Esto es realmente útil para la
gente”, dijo, según recoge Andrew Ross Sorkin, periodista del diario New
York Times, en Too Big To Fail, el celebrado relato del derrumbe
de Wall Street.
Con tantos y tan importantes cambios en marcha, la banca española
decidió que necesitaba una persona con gran experiencia internacional para
velar por sus intereses. La elección recayó en José María Roldán. Además de su
papel como máximo responsable de supervisión en el Banco de España, este
economista de Teruel ha sido miembro del Comité de Supervisión Bancaria del
BCE, del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y del Comité de Supervisores
Bancarios Europeos (CEBS), entre muchas otras responsabilidades en el extranjero.
No sorprende pues que Botín,
González y compañía quisieran asegurarse los servicios de este profundo
conocedor de lo que se cuece en el otro bando, el de los supervisores que deben
controlar a los bancos. Sin embargo, el anuncio en octubre de 2013 de que
Roldán sería el sucesor del veterano Miguel Martín como presidente de la
patronal AEB no gustó nada a Guindos. “No es estético que una persona que hasta
hace tan poco tiempo ha participado en la elaboración de las normas financieras
que han dado lugar a una crisis y a un rescate de 40.000 millones que ha sido
sufragado por la sociedad, se mantenga en altos cargos de responsabilidad en el
sector”, escribió a la AEB. En un raro pulso entre la banca y el Gobierno,
Botín y González forzaron el brazo a su excolega De Guindos, quien había sido
presidente de Lehman Brothers en España. El ministro dio marcha atrás, pero
cambió las normas de incompatibilidad del Banco de España. Al igual que los
altos cargos del Gobierno, los principales directores del banco central deben
ahora esperar dos años antes de trabajar en empresas que tengan que ver con su
ámbito de responsabilidad.
Campaña de imagen
Las puertas giratorias entre
política y el mundo empresarial son notorias. En el consejo del Santander se
sientan el exministro de Exteriores del gobierno de José María Aznar, Abel
Matutes, y Guillermo de la Dehesa, secretario de Estado de Economía con el
socialista Felipe González. El banco de la llamita roja también tiene en su
nómina a José Manuel Campa, uno de los responsables de la controvertida gestión
del principio de la crisis como secretario de Estado de Economía con Zapatero.
Entre los objetivos urgentes del
nuevo presidente del lobby financiero en España figura una campaña de imagen.
“Sólo mediante una pedagogía paciente podremos recuperar un lugar en la opinión
pública que sea justo”, dijo Roldán en un discurso en mayo. Se trata de una
estrategia consensuada. Delante de la prensa, los grandes ejecutivos no paran
de quejarse de lo injusta que les resulta la mala imagen que tiene la banca.
“La crisis financiera que estamos viviendo necesita más transparencia. El
origen ha estado en las cajas, no en todas, pero sí en la mayoría. Ningún banco
ha obtenido ayudas. Se ha hecho un daño enorme a la reputación del sector”, lamentaba
González en la presentación de los resultados anuales del BBVA en enero. Y su
colega Botín insistía en que el Santander no ha recibido “ni un euro” de ayudas
públicas. Es cierto, pero la ecuación de estos banqueros obvia el enorme coste
que hubiera supuesto la quiebra de una caja grande o mediana. En este sentido,
los 23.000 millones de euros que han costado al contribuyente el rescate y la
nacionalización de Bankia suponen un dinero que también ha salvado el negocio
de BBVA, Santander y demás.
Una vez que ha pasado la
tormenta, el lobby bancario tiene prisa por volver a privatizar a Bankia y las
otras entidades nacionalizadas. Es un objetivo compartido por la Troika, que
dictó las normas de la reforma del sector en España durante los dos años que
duró el rescate internacional de la banca, cuya cantidad se eleva a 40.000
millones de euros. Los adalides de las entidades financieras no admiten
siquiera un debate sobre la posibilidad de convertir a Bankia en un banco
público al servicio de la economía real y que podría ejercer una función
anticíclica para mitigar los efectos de futuras crisis. En otro plano, durante
meses, estos expertos y economistas divulgaban el mensaje de que la reforma
fiscal, en la que trabajaba el Gobierno, debería reducir la carga fiscal al
capital con el fin de fomentar el ahorro y la inversión. Y así ocurrió. La
reforma del PP, aprobada en verano, reduce el impuesto sobre las rentas de
capital desde una horquilla del 21-27% al 20-23%. Hay otras medidas que hacen
más rentable los fondos, depósitos o planes de pensiones que ofrece la banca.
Sin embargo, queda aún por ver si la eliminación de deducciones fiscales logra
el objetivo del Gobierno: que los bancos, al igual que otras grandes empresas,
acaben pagando más impuestos –hoy no llega al 10% de sus beneficios–.
No es el único favor que ha hecho
el PP al sector financiero. De Guindos se peleó en Bruselas para que los bancos
pudieran seguir contabilizando los créditos fiscales acumulados por las pérdidas
durante la crisis como capital (ver columna de Juan Torres, en página 21). La
creación del “banco malo”, la Sareb, para absorber el grueso de los activos
problemáticos del ladrillo también alivió al sector –fue un requerimiento de la
Troika–. Ahora, el Gobierno está negociando una solución que reduzca las
pérdidas de la banca del fracaso de las autopistas de peaje.
Mucho más incómodos para los
banqueros que el Ejecutivo han sido los jueces. Ahí están los centenares de
juicios por la venta fraudulenta de las participaciones preferentes y otros
productos financieros. La Justicia obligó al BBVA y a otras entidades a
eliminar las llamadas cláusulas suelo que evitaban que las hipotecas se
beneficiasen de una bajada de tipos de interés por debajo de un umbral
determinado. Lo mismo ocurrió en el caso de los desahucios. Ante la alarma
social, el gobierno del PP intentó arreglar el problema con un código de
conducta voluntario para la banca, pero las entidades le hicieron poco caso.
Finalmente, una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE obligó al Ejecutivo
a endurecer la ley para frenar los desahucios.
Por otro lado, las autoridades
nacionales han tomado medidas para proteger a los ciudadanos de la banca. Una
nueva ley autoriza a la Comisión Nacional de Mercados de Valores a enviar
inspectores de incógnito, o incluso detectives privados, a las sucursales para
que detecten malas prácticas. Pero la batalla fundamental se libra en la esfera
internacional. “Creo que pretender evitar que se produzcan burbujas o crisis
basadas en burbujas es una misión poco menos que imposible”, afirma Papp, de
AFI: “Ninguna crisis es igual a otra y suele pasar que tras las crisis se
intenta evitar que vuelva a suceder exactamente lo mismo, con resultados muchas
veces no deseados porque se generan ineficiencias o huecos en la
normativa que tienden a aprovecharse y son, en algunos casos, el desencadenante
de la siguiente crisis. Dicho esto, creo que uno de los aspectos positivos de
la regulación actual es que se han dejado abiertos márgenes de actuación para
los reguladores y las entidades, permitiendo gestionar con mayor grado de
holgura los momentos de tensión”.
También hay que tener en cuenta
el componente psicológico de un ente tan complejo como los mercados. El famoso
inversor Warren Buffett, una de las tres personas más ricas del planeta, brindó
una explicación muy gráfica de cómo se originó la crisis en EEUU ante la
comisión que investigaba las causas del derrumbe: “Es un poco como Cenicienta
en el baile. Quizás los invitados tengan cierta sensación de que a medianoche
todo volverá a convertirse en calabaza, pero es tan divertido, ¿sabes? Corre el
vino y la gente resulta cada vez más guapa, la música suena cada vez mejor y
piensas que basta con irse a las 12 menos cinco. De repente, miras y ya no hay
relojes en la pared y ¿qué pasa? Efectivamente, todo vuelve a convertirse en
calabaza. Es difícil echarle la culpa a la orquesta o a tu pareja de baile”.
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