miércoles, 11 de marzo de 2015

El Banco de España interviene el Banco de Madrid, de la Banca Privada Andorrana


Público.es, 10/03/2015.

El Banco de España ha acordado intervenir el Banco de Madrid, propiedad cien por cien de la Banca Privada de Andorra (BPA), a su vez intervenida este martes por el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas.

Según explica la entidad en su página web, Banco Madrid está especializada en la gestión de instituciones de inversión colectivas (fondos de inversión y SICAV), entre otros servicios. 

El departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes su decisión de considerar a la entidad andorrana Banca Privada de Andorra como una institución financiera extranjera sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales y ha propuesto medidas que afectan a la entidad y a su grupo.

Tras este anuncio, el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas anunció la intervención del banco y esta tarde se ha reunido la Comisión Ejecutiva del Banco de España y ha decidido intervenir el Banco de Madrid, que es propiedad de BPA.

En nota de prensa, el Banco de España explica que la decisión se ha tomado para asegurar la continuidad de la actividad de esta entidad y ha designado como interventores a José Luis Gracia Cáceres y a Alejandro Gobernado Hernández, empleados del Banco de España.

Explica que, según la información recibida del INAF, su decisión no está basada en una eventual debilidad financiera del BPA ni de su grupo, sino en la necesidad de asegurar el cumplimiento por la Banca Privada Andorrana de la normativa de blanqueo de capitales.

Banco de Madrid, fundado en 1957, gestiona más de 40.000 millones de euros en activos, en un negocio que se centra en la banca privada, con presencia en países con un trato fiscal singular como la propia Andorra, Suiza, Luxemburgo, Panamá y Uruguay.

Banco de Madrid fue adquirido por BPA en el verano de 2011, cuando era propiedad de la guipuzcoana Kutxa, con lo que pasó a ser la primera entidad andorrana en obtener licencia bancaria en España.

Un año más tarde BPA compró la gestora de patrimonios Nordkapp e intentó hacerse, sin conseguirlo, con Inversis Banco.

BPA cuenta en España con una alianza estratégica con el grupo formado por Cajastur-Banco CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura para vender productos de inversión de forma conjunta e integrar sus sociedades gestoras en instituciones de inversión colectiva.

En noviembre de 2013, Banco Madrid alcanzó otro acuerdo con un grupo de antiguas cajas (BMN), para hacerse con su gestora y ocuparse de los fondos de inversión que se distribuyen en exclusiva en la red comercial del grupo creado por Caja Murcia, Caja Granada y la balear Sa Nostra.

BPA, tras el anuncio de la autoridad andorrana de intervenirla, ha anunciado que "abrirá una investigación interna" para "esclarecer inmediatamente los hechos, corregir operativas internas y depurar responsabilidades".

La entidad intenta tranquilizar a sus clientes

Banco Madrid ha lanzado un mensaje de "tranquilidad absoluta" a sus clientes y ha asegurado que pese a esta medida sigue operando "con total normalidad", informaron a Europa Press en fuentes del banco.

Las mismas fuentes explicaron que la entidad especializada en banca privada y gestión de patrimonio, que estará sometida al proceso de intervención durante un periodo preventivo de 60 días, "está al corriente de todas las inspecciones y cumple con todos los criterios de solvencia, liquidez y capitalización establecidos".

Asimismo, Banco Madrid ha puesto en valor la "escrupulosidad total" con la que se desenvuelve en su operativa diaria, y prueba de ello es que su presidente, José Pérez, fue anteriormente director del servicio de Supervisión del Banco de España.

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lunes, 9 de marzo de 2015

El mundo mágico de Bankia


El aparato financiero del Estado se conjura para enterrar el caso Bankia


Por Pedro Águeda
El diario.es, 08/03/2015.

La investigación penal de la quiebra de Bankia ha movilizado en las dos últimas semanas a gigantes que parecían dormidos durante los dos años y medio que dura ya la instrucción del juez Fernando Andreu. En un hecho insólito, una de las acusaciones, el FROB, ha presentado un escrito en el que ataca sin medianías el informe que sustenta el caso y que certifica que Rodrigo Rato y su equipo maquillaron las cuentas de la entidad con el objetivo de que pudiera salir a bolsa. Lo que ocurrió después es la historia de la quiebra de la entidad, del sistema financiero español y de la crisis económica que ha marcado la vida de los españoles en el último lustro.

Como consecuencia de la crisis financiera, el Gobierno creó por decreto ley en 2009 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En el caso Bankia, el FROB está personado como perjudicado por la quiebra de la entidad, rescatada con 23.500 millones de dinero público. Pero en los dos años y medio de instrucción, el resto de las acusaciones no recuerdan que su letrado particular –y no un abogado del Estado– haya pedido una sola diligencia para esclarecer lo que ocurrió. La semana pasada salió de ese letargo para entregar al juez un informe de 77 páginas.

En su confección han colaborado nada menos que el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Sin que el juez lo reclamara, el aparato financiero del Estado se moviliza para hacer lo contrario de lo que se pudiera esperar: intentar tumbar la prueba en la que se sustenta el caso, el informe de los peritos, que ha servido a Andreu para imponer una fianza de 800 millones de euros a Bankia, su matriz, BFA, Rodrigo Rato y el resto del puente de mando que condujo a la entidad al naufragio.

En su contrainforme, el FROB dice que los dos peritos que designó el propio Banco de España y que trabajaron con independencia del supervisor utilizaron una “metodología discutible” y que sus conclusiones plantean “debilidades” cuando no directamente "errores".

De prosperar la tesis del FROB, el caso no llegaría a juicio. Las partes reconocen que los dos informes de los peritos constituyen el auténtico material de acusación, después de una instrucción marcada por declaraciones autoexculpatorias y de delegación de la responsabilidad de unos en otros.

Pero ¿por qué una acusación rebate la prueba principal de un caso? Las fuentes consultadas coinciden en que una sentencia condenatoria abocaría a Bankia a desembolsar los 3.092 millones de euros que captó de mayoristas y minoristas para la salida a bolsa, lo que devolvería otra vez a la entidad a la UVI y acabaría con las aspiraciones del Estado de recuperar parte de su inversión.

De paso, el Banco de España podría tapar sus vergüenzas en la quiebra de Bankia, que ocurrió sin que el supervisor interviniera. Por último, el exvicepresidente económico del Gobierno de Aznar, Rodrigo Rato, escaparía a cualquier responsabilidad penal en el desastre. Según las conclusiones del FROB, las cuentas de Rato recogían “la imagen fiel” de la entidad. La conclusión implícita es que ni Rato ni los organismos supervisores pudieron hacer nada. La quiebra, por tanto, como el resto de la crisis, habría resultado inevitable.

Coincidencias textuales

El informe del FROB llega apenas una semana después de que el fiscal del caso, Alejandro Luzón, rebatiera igualmente a los peritos. Luzón recurrió la fianza de 800 millones impuesta por el juez con otro ataque a las conclusiones de los funcionarios. En su escrito, el fiscal valora un contrainforme de parte presentado por Bankia y se apunta a la tesis expuesta ante el juez por Francisco González, presidente del BBVA, de que la contabilidad de los bancos “es un chicle”.

Así, el maquillaje que denunciaron los expertos no sería más que el desajuste propio de un cálculo realizado con un método flexible y con una situación macroeconómica muy adversa, que hizo errar en sus previsiones hasta a los organismos internacionales, según el FROB. El equipo de Rato presentó un beneficio de 309 millones de euros. Para sus sustitutos, en realidad se trataba de pérdidas por valor de 2.979 millones.

Luzón consignó que las conclusiones de los peritos son “cuando menos discutibles” y solicita que el juez recabe el criterio del Banco de España y la CNMV. El escrito del fiscal está firmado el 25 de febrero y el informe del FROB, incluyendo las conclusiones del supervisor y el regulador, fue entregado la semana pasada. A pesar de ello, el fiscal incluyó en su informe párrafos calcados del entonces desconocido informe del FROB, como cuando aborda los motivos por los que los inversores pudieron confiar en Bankia. "Los inversores son libres para tomar decisiones de venta", recogen textualmente ambos escritos.

También ocurre cuando el fiscal y la CNMV –a través del FROB– afirman: "La legislación de la UE permite que los bancos coordinadores de la operación realicen operaciones de estabilización en mercado para evitar que caiga el precio de la acción (como consecuencia de la acción vendedora), sin que dichas compras constituyan manipulación del precio". En este último párrafo solo difieren en que el fiscal Luzón añade las palabras entre paréntesis.

Cabe recordar que el papel del Banco de España y la CNMV en el caso todavía puede dar un giro más, ya que algunas acusaciones particulares solicitaron en su momento al juez que imputara a sus responsables durante la salida a bolsa. El juez siempre contestó que había que aguardar a las conclusiones de los peritos. En estos momentos, el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, es el presidente de la comisión rectora del FROB.

La acusación popular en el caso Bankia, que ejerce UPyD, va a solicitar al juez que no incorpore al caso el escrito del FROB. “Es un fraude, un abuso. No es más que un intento por salvar la cara de todas las instituciones del Estado implicadas. Indirectamente, también defiende a Rato y a todos lo que llevaron a la entidad al desastre”, asegura Andrés Herzog, responsable de la estrategia jurídica del partido.

Herzog lamenta que si el Gobierno, a través del FROB, el Banco de España, la CNMV y la Fiscalía, pretende evitar un mal mayor con una eventual condena a Bankia, “lo mínimo que podía hacer era justificarlo con un informe económico, pero no lo hace”. “Lo que está haciendo el FROB es defender el archivo del procedimiento”, añade.

Además, señala el abogado, Bankia ha obtenido este año más de 700 millones y, en lugar de dedicarse a indemnizar a los inversores de la salida a bolsa, los ha destinado a repartir beneficios.

Herzog considera esta andanada del Estado el último episodio de una "operación política" que fue la salida a bolsa de Bankia, en un intento de huir hacia adelante por los problemas que presentaba la entidad. En este sentido, recuerda cómo accionistas mayoritarios (Mapfre, Iberdrola, ACS, Telefónica...) a los que se llamaba por teléfono para que invirtieran, ni siquiera se han personado en el proceso como perjudicados. "Si reclamas, te lo cobran por otro lado. Es una muestra más del  capitalismo de amiguetes español", asegura.

Pero Herzog es optimista y cree que Andreu llevará el caso a juicio. El juez estudió los dos informes de los peritos y los citó para que ratificaran sus conclusiones en cuatro interminables jornadas en las que los abogados de la defensa y el fiscal intentaron hacer tambalear sus afirmaciones. Una vez escuchados, el juez consideró que hay indicios suficientes contra los imputados como para imponer los 800 millones de fianza civil, destinada a asegurar las responsabilidades pecuniarias de una posible condena.

Expulsar al FROB, como Ruz hizo con el PP

UPyD ya ha pedido al juez que expulse al FROB por boicotear la actuación del resto de las acusaciones y pervertir su papel para actuar como defensor de los imputados. “Por mucho menos que esto Ruz expulsó al PP de Gürtel”, asegura Herzog, en referencia a la decisión del compañero de Andreu, ratificada después por la Sala, de  expulsar al Partido Popular de los casos Gürtel y ‘papeles de Bárcenas’ por erigirse entonces en una suerte de segundo abogado defensor del extesorero.

Este lunes, el juez Andreu retomará las declaraciones de imputados por el uso de las tarjetas 'black', una pieza separada del caso Bankia. A diferencia de lo que ocurre en la pieza principal por la salida a bolsa, el fiscal está pidiendo fianza para la mayoría de los beneficiarios del plástico. Frente a los más de 3.000 millones en juego con una posible condena, el caso de las tarjetas, a pesar del enorme escándalo que ha provocado, supera en poco los 15 millones.

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Pues eso...


El paraíso de los acreedores


Por Joaquín Estefanía
El País, 08/03/2015.

La coincidencia es muy instructiva: mientras EE UU anuncia el pleno empleo (5,5% de tasa de paro), el Banco Central Europeo (BCE) se dispone a comenzar la compra masiva de deuda pública. No es casual: el hecho de que EE UU tenga las mejores cifras de paro desde la quiebra de Lehman Brothers se debe, en buena parte, a que en aquel momento empezó a aplicar esa herramienta no convencional de política monetaria que consiste en la adquisición, por parte de su banco central (Fed), de deuda pública y privada que estaba en manos de las instituciones financieras privadas. Las comparaciones son llamativas: la tasa de paro de la zona euro (11,2%) duplica la americana; mientras que la eurozona crecerá un anémico 1,5% este año y un 2% en 2016, EE UU superará el 3% en ambos casos. Alguien en Bruselas tendrá que sincerarse alguna vez y explicar las causas de esta desavenencia en cuanto a las políticas monetarias (y más allá, de las políticas económicas en general) que tantos sufrimientos ha causado en una Europa aquejada de deflación, estancamiento y desempleo estructural.

La quantitative easing (QE) americana tuvo su primer episodio en 2008, nada más manifestarse las primeras dificultades, cuando la Fed compró deuda por valor de 600.000 millones de dólares. Dos años más tarde se activó la QE2, por otros 600.000 millones, y en 2012 la QE3, con un monto ilimitado (primero 40.000 millones mensuales, luego 85.000 millones, y más adelante 65.000 millones hasta diluirse en la nada). La principal característica de la QE3 es que estaba vinculada a conseguir una tasa de paro baja en EE UU.

Por su parte, Mario Draghi, gobernador del BCE, ha explicado la acción que comienza hoy en los mercados secundarios de deuda: compras por valor de 60.000 millones de euros al mes hasta septiembre de 2016, fecha indicativa pues la operación no terminará hasta que la eurozona tenga una inflación objetiva del 2%. Se prevé la utilización de alrededor de un billón de euros.

El principal argumento sobre el retraso de Europa respecto a EE UU en la aplicación de una política monetaria expansiva tiene nombre y apellidos: Angela Merkel. Alemania no se encuentra cómoda ni con la QE, ni con la flexibilidad fiscal, ni con la inversión pública que acompaña al plan Juncker por valor de 315.000 millones de euros. Las señas de identidad alemanas siguen siendo las de reformas estructurales en los países deudores y política de austeridad para todos.

Hace poco, la Fundación Ebert, ligada a los socialdemócratas alemanes, concedió el premio a la mejor publicación económica de 2014 al libro Austeridad. Historia de una idea peligrosa (Editorial Crítica), del profesor de la Universidad de Brown Mark Blyth. Al recoger el galardón, Blyth, quien fue preferido por el jurado a Piketty o al periodista Wolfgang Munchau, manifestó la ironía que suponía ser distinguido “en un país que parece, al menos en el nivel de las élites, totalmente insensible al mensaje del libro”. Ese mensaje se resume en que la austeridad “simplemente no funciona”. La parte más notable del discurso combatió el concepto de “reforma estructural” como algo universal que sólo significa bajar impuestos, liberalizar todo lo posible, privatizar lo no especificado y reducir derechos en el mercado laboral. Blyth explicó que en la actualidad los beneficios empresariales son más altos que nunca, la participación del trabajo en la renta nacional se encuentra en mínimos históricos y la inflación ha dado paso a la deflación. En eso ha consistido la política de la austeridad: “Lo que hemos hecho en los últimos 30 años ha sido construir un paraíso para el acreedor, con tipos de interés reales positivos, baja inflación, mercados abiertos, sindicatos débiles y un Estado en retirada”. Y al Partido Socialdemócrata le dijo que la razón de su existencia es algo más que permitir un paraíso para el acreedor en Europa: “Lo más trágico de esta crisis es que el centro-izquierda de toda Europa no sólo ha aceptado, sino que en muchos casos ha apoyado activamente, unas políticas que no han hecho más que perjudicar a su supuesto núcleo de votantes”.

(Nota de Carlos Javier Bugallo: Creo que Joaquín Estefanía, uno de los economistas más respetables de este país, se ha autoaplicado la censura –pues escribe para El País- y ha sustituido deliberadamente la palabra ‘bancos’ por ‘acreedores’).

Disponible en:
http://economia.elpais.com/economia/2015/03/08/actualidad/1425845851_941501.html

domingo, 8 de marzo de 2015

Nuevo libro


Viene la España neofeudal


Por Antón Losada
El diario.es, 07/03/2015.

Nunca permitas que la realidad te estropee un buen titular. Es la regla de oro de la política moderna. Los líderes y gobernantes sólo comparecen para dar buenas noticias a través de los medios de comunicación de masas. Las malas noticias llegan boca a boca, cuando te suceden a ti y ya no queda tiempo para reaccionar.

La gran mayoría de los españoles han descubierto qué significaban realmente la reforma laboral, el programa de estabilidad presupuestaria o la reforma de las pensiones cuando han ido a buscar un empleo, o han cobrado su primera nómina del año, o les han ingresado la pensión, o cuando han ido al médico porque les dolía algo, o han acudido a la farmacia para comprar los medicamentos que les acababan de recetar, o al principio del curso cuando han ido a buscar los libros de los niños. El gobierno y la mayor parte de los medios les habían contado otra historia, una más confortable y tranquilizadora donde los recortes y los sacrificios recaían siempre sobre los demás, sobre quienes realmente se los merecían; porque todo el mundo sabe que tú no te los mereces.

En Piratas de lo público identificaba cómo el neoliberalismo corsario había suministrado cobertura moral e intelectual al asalto contra el Estado del Bienestar mediante su discurso donde todo lo público se acaba volviendo perverso para la libertad individual, peligroso para la democracia e inútil para resolver los problemas sociales. Desde el inicio de esta crisis ese mismo neoliberalismo se ha acreditado también como un corsario de la verdad, en cada ocasión más voraz e impúdico.

Una vez más la lógica reaccionaria se ha convertido en su principal arma. Pensar diferente resulta perverso, peligroso e inútil. Vivimos en la edad de oro del pensamiento patrocinado. El dinero ya sólo compra fuerza para mantener el poder en los países pobres. En los países ricos patrocina ideas. Al parecer sólo existe una verdad respecto a cuánto ha sucedido durante estos últimos años de crisis y devastación: la verdad patrocinada. Todo lo demás es populismo o demagogia. Los relatos alternativos con ricos y pobres, ganadores y perdedores, o las opciones políticas que construyan sus programas sobre esos relatos son sistemáticamente presentados como perversos para la libertad individual, peligrosos para la democracia e inútiles para resolver los problemas económicos.

Este libro piensa diferente, quedáis avisados. Por tanto es perverso, peligroso e inútil. En esta historia encontrarán ricos y pobres, ganadores y perdedores, favorecidos y desfavorecidos. En este relato, ni la crisis presupone una desgracia inevitable, ni las cosas suceden porque sí y porque no quedaba otro remedio. En este relato, las cosas suceden porque alguien sale ganando, siempre queda otro remedio y siempre existen opciones alternativas y diferentes a las políticas de sufrimiento masivo que nos presentan como las únicas posibles. En este libro se busca explicar por qué los ricos, aquellos que tenemos acceso a las mejores oportunidades para progresar y acumular riqueza, vamos ganando al aprovechar la crisis para imponer políticas que nos aseguren aún más esas oportunidades y continuar acumulando más riqueza.

Pero a lo largo de las páginas que siguen también se intenta explicar cómo no tiene por qué ser así, ni constituye la única opción disponible. Las autoridades competentes y el pensamiento patrocinado os advertirían de que el consumo de este libro perjudica gravemente vuestra salud y la de quienes se hallan a vuestro alrededor. A lo mejor tienen razón. Leed con cuidado y desconfiad de cuanto leáis.

Por la recuperación económica hacia la España neofeudal

La tesis central que pretende demostrar este texto resulta clara y sencilla de entender. Los ricos hemos sabido convertir la crisis en una oportunidad política y económica para subvertir el modelo de las sociedades del bienestar que había logrado cierto grado de hegemonía en Occidente, aunque fuera mediante formas y regímenes diversos. Hasta ahora los ricos, las élites económicas y financieras, los grandes patrimonios y las grandes corporaciones no habíamos tenido más opción que aceptar el ideal del bienestar como una responsabilidad pública por causa del avance de la democracia dentro de las fronteras del Estado-nación, la expansión y profesionalización del propio Estado del Bienestar y la mayor capacidad de organización y movilización por parte de otros intereses y fuerzas sociales.

Pero la llamada crisis nos ha permitido decir: ¡Basta! y promover un verdadero proceso de «subversión antidemocrática y clandestina» contra la idea y el modelo del Estado social o del Bienestar democrático y de derecho. Un proceso de subversión antidemocrática y clandestina financiado gracias a la movilización masiva de los recursos económicos de las élites económicas y financieras y a la porosidad económica de las fronteras estatales. Un proceso de subversión antidemocrática y clandestina que desarrolla estrategias de acoso y derribo sistemático contra los proyectos supraestatales como la Unión Europea (UE), o contra los gobiernos y Estados que pudieran tratar de desarrollar políticas económicas alternativas a aquellas que aseguran los procesos de acumulación de la riqueza. Un proceso de subversión antidemocrática y clandestina facilitado y promovido por el acceso y la influencia de los ricos y las élites ante los decisores públicos y la capacidad de su pensamiento patrocinado para construir y difundir masivamente un poderoso relato donde lo público siempre se declara culpable y la austeridad se ofrece como el único camino posible.

«La gran crisis de 1914-1945 con la destrucción de capital por la inflación, las dos guerras mundiales y la Gran Depresión, su mado a cambios institucionales, como la creación del Estado del Bienestar, revirtieron un poco el proceso de creciente desigualdad que veíamos desde la revolución industrial» (Thomas Piketty, bbv.co.uk 7/3/14). Por la vía de los hechos y las políticas impuestas desde la aparente neutralidad de una supuesta «gobernanza tecnocrática mundial» instituida por medio de organismos como el FMI o la OCDE, hurtando o evitando el debate político y la decisión democrática, los ricos pretendemos revertir lo más rápidamente posible estas cinco décadas de modesto crecimiento de la igualdad y la redistribución de la riqueza. Una progresión de la igualdad que se explica principalmente por la expansión de la idea de un Estado del Bienestar que asumía un papel de actor principal en el funcionamiento de la economía y la creación de riqueza, promovía el pleno empleo y la redistribución de la riqueza y las oportunidades, consideraba una responsabilidad colectiva la provisión universal de bienes públicos mediante servicios públicos y facilitaba la autonomía del individuo para tomar sus decisiones y ejercer sus derechos gracias a su propia condición de ciudadano. No es economía, es ideología. Los ricos necesitamos cambiar el modelo económico y social porque es precisamente el modelo de la sociedad del bienestar el principal factor que explica las modestas tendencias de reversión de la desigualdad y redistribución de la riqueza.

Los ricos rechazamos ese modelo porque estorba la creación y acumulación de la riqueza y resulta contrario a nuestros intereses. No estamos dispuestos a seguir sufragándolo y queremos cambiarlo. Pero hemos aprendido la lección luego de setenta años de democracia en muchos países tras la segunda guerra mundial, incluso hemos aprendido la lección tras apenas cuarenta años de democracia en España. No estamos dispuestos a asumir el coste político de plantearlo abiertamente, como una elección política que deba tomar el conjunto de la sociedad a través de sus instituciones democráticas. Saldría demasiado caro y además podríamos perder. Ha resultado mucho más barato y eficiente transformar la crisis de un modelo económico de crecimiento insostenible y apropiación ilimitada de superbeneficios en una crisis política e institucional. Lo que era y continúa siendo una elección política y colectiva que en democracia deberían tomar todos los ciudadanos: en qué modelo de sociedad queremos vivir, se ha transformado en una elección económica que sólo quienes sabemos qué está pasando, quienes entendemos qué puede pasar, quienes tenemos y somos propietarios deberíamos adoptar; una decisión compleja y delicada que sólo los ricos vamos a tomar.

El futuro ahora nos pertenece, es sólo nuestro. Detrás de la lógica política que ha sostenido y argumentado las intervenciones de países y empresas, la irrupción de gobiernos tecnocráticos o la ruptura flagrante de promesas y compromisos electorales se percibe con claridad una idea madre de todas las austeridades: sólo quienes nos jugamos realmente algo tenemos derecho efectivo a decidir. La gran mayoría no es propietaria, no se juega gran cosa y desde luego no se juega lo que arriesgamos nosotros. Tal y como lo vemos los ricos, no resulta justo que decida, ni que sus decisiones deben resultar o entenderse como vinculantes. Existe un bien superior que hay que proteger antes que la democracia: los derechos de los propietarios, de los nuevos señores enriquecidos y empoderados aún más con la crisis.

Los ricos vamos ganando porque hemos logrado subvertir la legitimidad democrática que percibíamos como una amenaza para nosotros y nuestros patrimonios. Hemos ganado la batalla política de las ideas sin apenas haber necesitado librarla. Lo más legítimo hoy ya no reside en aquello decidido de manera más democrática por la mayoría. La democracia representativa ha comenzado a degenerar de manera acelerada en un nuevo régimen; la austerocracia. Ahora entre nosotros rige con mano de hierro otra legitimidad más acorde con nuestros intereses como propietarios: la legitimidad austerocrática, lo más legítimo ahora siempre es lo más barato, aquello que menos pueda amenazar nuestra riqueza y nuestra propiedad.

En el éxito de este proceso de cambio de legitimidad ha resultado clave el papel jugado por la propagación masiva del discurso de la antipolítica como argumento principal. El pensamiento patrocinado ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a publicitar con indudable éxito que la corrupción va indisolublemente unida a la política. Los numerosos pero particulares casos de corrupción han sido amplificados y redifundidos de manera selectiva hasta convertirlos en una causa general contra la política. Los propios partidos han contribuido a alimentar esta percepción, tanto al tolerar los casos de corrupción, como al recurrir a la táctica de extender la sospecha sobre el conjunto del sistema político para difuminar sus escándalos particulares. En todos los casos se repite convenientemente un mismo relato donde el corruptor parece no existir. No hay empresas ni empresarios que se benefician y obtienen lucrativos contratos y si los hay, jamás conocemos sus nombres, ni los vemos condenados por la Justicia. La corrupción siempre empieza y acaba en la política. Dado que en el discurso de la antipolítica todos los políticos son iguales, todos los políticos han de ser corruptos o acabarán siéndolo. El corolario final del argumento resulta obvio: dado que lo público se construye desde la política, lo público también acaba generando inevitablemente corrupción. Lo público ya no es lo mejor para la democracia. Ahora lo privado se ha convertido en lo mejor para la democracia.

Al tiempo de los ciudadanos, reconocidos y tratados como sujetos de derechos y obligaciones por un Estado comprometido en algún grado con el desarrollo de su autonomía, le sucede ahora este nuevo tiempo de los ciudadanos asimilados a los antiguos vasallos porque sus derechos dependen cada vez más críticamente de la discreción y la voluntad de los propietarios, de los señores. Los derechos de los ciudadanos han dejado de ser promovidos por un Estado cada vez más inerme y debilitado por el estigma de la corrupción y cuya función primordial se ha vuelto, cada vez en mayor medida, garantizar los derechos de los propietarios.

Casi todas las generaciones han de afrontar, antes o después, el hecho de que su mundo ha cambiado y todas las incertidumbres y angustias que eso genera. Desde una visión lineal de la historia, unos lo hacen sintiéndolo como un shock de futuro que viene a confirmar que el mundo camina indefectiblemente hacia su ruidosa desaparición, otros lo interpretan como un síntoma del progreso de la humanidad siempre avanzando hacia algo mejor.

Desde una visión más circular de la historia, muchos prefieren entenderlo como otro giro en una sucesión de civilizaciones donde la humanidad vive, no repite, nuevas versiones de viejas etapas y modelos. En esa óptica circular de la historia, el análisis de la evolución de las sociedades capitalistas modernas hacia una orientación neomedieval forma parte relevante del pensamiento contemporáneo desde hace décadas. Ya en los años treinta Nikolái Berdiáyev defendió la idea de la creciente medievalización de una sociedad asolada por el fascismo y al borde de la segunda guerra mundial. Durante la década de los setenta el geógrafo Giuseppe Sacco, el historiador Furio Colombo, el lingüista Umberto Eco y el sociólogo Roberto Vacca, lanzan su ya clásica denominación de «La nueva Edad Media» para bautizar el mundo que empezaba a emerger tras la crisis del petróleo y el arranque de la globalización. Durante los años noventa el pensador francés Alain Minc (1994), tomando como referencia los brutales conflictos bélicos y étnicos desatados en los Balcanes, teorizó el carácter neomedieval de un mundo en plena globalización, destacando los paralelismos que registraba entre el actual y el anterior período medieval, vivido por Europa tras la caída de Roma.

La tesis neomedievalista ha identificado diversas equivalencias entre la edad medieval y esta «nueva Edad Media» llena de paralelismos pero no igual. Se suelen destacar la carencia o difuminación de un centro de poder jerárquico definido y las crecientes dificultades de comunicación en un mundo que se fracciona y aísla a causa del exceso de información. También se ha resaltado la inseguridad y la provisionalidad rampantes que se registran respecto a los modos de vida y producción, la vietnamización (Colombo, 1973) de las ciudades y la emergencia continua de nuevos espacios grises o «feudos» donde el Estado y la ley se retiran y gobierna la voluntad de los señores de la guerra, las mafias o las bandas organizadas. Otro paralelismo destacado con frecuencia se refiere al tipo de pensamiento dominante, marcado por una asfixiante especialización tecnológica, la obsolescencia programada de las tecnologías y el vigente y dogmático formalismo intelectual centrado en la recopilación y el inventario del conocimiento y el renacimiento del pensamiento mágico y las religiones.

Las tesis neomedievalistas han reflexionado hasta ahora de manera prioritaria desde una perspectiva marcadamente sociológica. Han pivotado en torno a la identificación de los paralelismos respecto al medievo en cuanto a las políticas tecnológicas y de seguridad, urbanismo y territorio, ecología o cultura. Su atención respecto a las equivalencias en cuanto a la consideración de la propiedad y las diferencias entre propietarios y no propietarios, los modos de producción o las relaciones económicas ha resultado más bien secundaria, al igual que los enfoques más económicos o politológicos. Pero paradójicamente ha sido precisamente en esas políticas y en esos ámbitos donde la crisis y las políticas de gestión de la misma, basadas en la austeridad y el recorte de todo lo público, más parecen haber acelerado la recuperación, reconstrucción o renovación de modelos de organización social y económica de inspiración neofeudalista.

La mayoría de los ciudadanos aún se comporta y vive convencido de habitar en el marco del modelo de una sociedad del bienestar. Se asume que la crisis y las dificultades económicas han obligado a implementar recortes y a hacer ajustes, pero la mayoría se mantiene convencida de que se trata de turbulencias pasajeras, que cuando la economía se recupere y vuelva el crecimiento económico retornará, de una manera u otra, algo parecido al Estado del Bienestar. Sin embargo, los recortes y cambios que los ciudadanos han aceptado en el funcionamiento de la economía o la política se asumen como permanentes, incluso necesarios y deseables. La tecnocracia parece haber vencido definitivamente a la política y el poder se vuelve cada vez más disperso, opaco y oscuro. El clientelismo y el patronazgo renacen como maneras emergentes de participar en política. Los partidos políticos agonizan en manos de no se sabe qué modelos emergentes de acción y organización política, la mayoría inspirados por el individualismo exacerbado y el liderazgo místico. Lo público es colonizado y repoblado por lo privado. Casi nadie echa de menos al Estado en los mercados o a los sindicatos en el mercado laboral. Parece como si los mismos ciudadanos que esperan volver a las políticas del bienestar no quisieran en modo alguno regresar a la política ni a la economía que las hicieron posibles.

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sábado, 7 de marzo de 2015

Stop desahucios


Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales suben un 7,4% en 2014


Público.es, 05/03/2015.

Las ejecuciones hipotecarias de viviendas (el embargo de una propiedad para su venta tras el impago de una hipoteca) volvieron a crecer en 2014, mientras las familias trataban de hacer frente a sus deudas a pesar de que la economía empezaba a recuperarse después de años de crisis económica. Los procedimientos de ejecución hipotecaria aumentaron un 9,3%, hasta los 119.442, con respecto a 2013 y, entre ellos, los realizados contra particulares en su vivienda principal aumentaron un 7,4%, hasta las a 34.680, según datos hechos públicos el jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sólo en el cuarto trimestre del año pasado se registraron 8.819 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales, un 29,9% más que en el trimestre anterior y un 2,9% más que en el cuarto trimestre de 2013.

Las ejecuciones hipotecarias se han disparado en los últimos seis años en España, la mayoría de ellos vinculados a hipotecas contratadas en el momento álgido de un boom inmobiliario en 2006 y 2007, justo antes de que el mercado inmobiliario se derrumbara.

España tiene una de las leyes hipotecarias más duras de Europa, lo que agravó los problemas para las familias cuando el desempleo se disparó durante la recesión. Casi el 24 por ciento de la población activa sigue sin empleo.

Los desahucios se han convertido en una de las consecuencias más duras de la crisis, provocando protestas y campañas pidiendo medidas para aliviar las cargas familiares y poner más viviendas a disposición de los sectores más desfavorecidos, incluyendo propiedades que quedaron vacías cuando los constructores fueron a la quiebra. Con unas elecciones generales previstas a finales de año, los desalojos siguen siendo un foco de los principales partidos políticos del país en las campañas.

El repunte de las ejecuciones hipotecarias en tasa trimestral contrasta con la caída experimentada en el tercer trimestre, el único del año 2014 en el que se registró un descenso, pues en el primer y segundo trimestre las ejecuciones hipotecarias se incrementaron un 19,1% y un 1,5% en tasa trimestral y ahora en el cuarto lo han hecho un 29,9%.

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas aumentaron un 9,3% en relación a 2013. Dentro de las fincas urbanas, 70.078 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 5,9% más, y de ellas 44.682 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas. Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas jurídicas totalizaron 25.396 el año pasado, un 3% más que en 2013.

Del total de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas registradas el año pasado, más de ocho de cada diez (58.660) afectaron a viviendas usadas, con un aumento anual del 8,2%. Las ejecuciones sobre viviendas nuevas sumaron 11.418, un 4,3% menos.

La estadística revela además que el 20,2% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en 2014 corresponde a hipotecas constituidas en 2007, el 17,3% a hipotecas suscritas en 2006 y el 12,1% a hipotecas firmadas en 2005. Ampliando un poco más el espectro, a los años 2005-2008, se obtiene que este periodo concentra el 61,6% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas el año pasado.

Por comunidades autónomas, Andalucía lideró las ejecuciones sobre viviendas el año pasado, con un total de 16.275, seguida de Cataluña (14.230) y Comunidad Valenciana (11.252). En el lado opuesto se situaron La Rioja (338), País Vasco (368) y Navarra (374).

Sobre el total de fincas, Andalucía también encabezó el número de ejecuciones hipotecarias, con 29.645, seguida de Cataluña (20.666) y Comunidad Valenciana (18.038). A la cola volvieron a situarse Navarra (642), La Rioja (777) y País Vasco (856).​

Disponible en:
http://www.publico.es/economia/ejecuciones-hipotecarias-viviendas-habituales-subieron.html

viernes, 6 de marzo de 2015

El robo de las comisiones bancarias


La cúpula de Kutxabank cobra 3,3 millones en sueldos y dietas, mientras debate cómo reducir plantilla


El diario.es, 03/03/2015.

La cúpula de Kutxabank cobró el año pasado un total de 3,3 millones de euros en sueldos y dietas. Son los datos del Informe de Gobierno Corporativo de 2014 remitidos por el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tal y como es su obligación. Los 15 miembros del Consejo de Administración de Kutxabank se repartieron el año pasado 1,3 millones de euros. El entonces presidente, Mario Fernández, percibió 463.000 euros, mientras que el vicepresidente, Xabier Iturbe, se llevó 277.000 euros. Los 551.000 restantes se los repartieron en dietas los otros 13 miembros del consejo, a razón de más de 41.000 euros cada uno.

El sueldo que cobró Mario Fernández es, en cualquier caso, mucho menos que los 800.000 que cobrará este año su sucesor Gregorio Villalabeitia, lo que supone un aumento del 73 %. Es el sueldo del responsable de un banco cuyos orígenes y objetivos están ligados al desarrollo de una obra social eficaz.

Los otros dos millones hasta completar los 3,3 millones que percibió la cúpula de Kutxabank se destinaron a las retribuciones de los cinco miembros de la alta dirección. El director general Ignacio Sánchez-Asiaín fue el que más cobró, pero no han trascendido las cifras.

Unos sueldos y unas dietas que se conocen justo cuando Kutxabank se está planteando reducir gastos para ganar en renatabilidad. En el horizonte de Kutxabank sobrevuelan planes de ajuste de plantilla para mejorar la rentabilidad del banco. En los dos años de vida de la entidad financiera, ya se ha reducido en unas 1.500 personas. El coordinador de la sección sindical de CCOO, Eloy García, ha planteado que cualquier ajuste se haga mediante prejubilaciones pactadas y aboga por un plan de rejuvenecimiento de la plantilla. García se opone a los recortes salariales, a pesar de que un empleado de Kutxaban tiene un coste medio de 75.000 euros. El representante de Comisiones asegura que esa cantidad se deben a los trabajadores de más edad, ya que el sueldo bruto básico para un recién llegado es de unos 24.000 euros.

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miércoles, 4 de marzo de 2015

Causas justas


Señor Goirigolzarri, no defienda mis intereses


Por Yago Álvarez
El Salmón Contracorriente, 02/03/2015.

Se han publicado los resultados de Bankia para el 2014 en los que se arrojan resultados positivos con un beneficio de 747 millones de euros. Al ser preguntado por la provisión que han tenido que realizar para las posibles indemnizaciones que tendrán que pagar a los inversores que fueron engañados en la salida a bolsa de la entidad, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, dijo que defendería en los tribunales los intereses y derechos del contribuyente. Como uno de esos contribuyentes, le contesto en esta carta abierta:

Carta abierta al señor Goirigolzarri,

En la rueda de prensa en la que ha presentado los resultados de Bankia para el 2014 ha realizado un comentario, en referencia a la posible indemnización que tendrán que pagar si es probado -como parece que va a ser- que la salida a bolsa de Bankia fue una estafa basada en información falsa, en la que usted decía “vamos a defender en los tribunales los derechos de los contribuyentes” refiriéndose a que van a recurrir la sentencia para intentar no hacer frente a las indemnizaciones y proteger nuestros bolsillos ya que Bankia ha sido rescatada y nacionalizada con nuestro dinero. También se le pudo escuchar frases como ¨Desear que a Bankia le vaya mal, es desear que al contribuyente le vaya mal” o “Contraponer el interés de Bankia y el del contribuyente es falaz” .

Pues bien, señor Goirigolzarri, me gustaría decirle que me parece de mal gusto, por no decir una desvergüenza obscena, el que use la palabra “contribuyente” para intentar que la población empatice con Bankia y hacernos creer que la debemos defender. Es posible que debido al entorno en el que usted vive no se haya dado cuenta ni haya sufrido de cerca el drama que ha supuesto los recortes causados por rescatar a Bankia. Seguramente ni usted ni nadie de su entorno ha sido expulsado de su casa debido a que no han podido seguir pagando su hipoteca, no creo que ninguno de sus hijos haya tenido problemas para seguir estudiando por el encarecimiento de las tasas en la universidad, no creo que haya muerto ninguno de sus familiares esperando a ser operados o mientras esperaban una ayuda de la ley de dependencia que nunca recibieron, ni tampoco creo que alguien en su posición tenga todos los ahorros de su vida bloqueados en acciones preferentes.

El rescate de su banco nos vino dado, nadie lo voto ni lo escogió. Yo, que siempre he sido un contribuyente honrado, vi como el dinero de mis impuestos sirvió para rescatar un banco dirigido por irresponsables y corruptos ladrones. Las pérdidas se socializaron y tuvimos que sanear unas cuentas engañosas con 24.234 millones de euros, por no hablar de otro tipo de ayudas fiscales, prestamos del Banco Central Europeo avalados por el Gobierno o la inmensa cantidad de basura inmobiliaria y financiera que la SAREB, el banco malo, os compró también con mi dinero.

Ahora usted se felicita por el trabajo bien hecho y los beneficios obtenidos en este último año, con los cuales se repartirá un dividendo y los contribuyentes podremos recuperar unos 126 millones de euros. A ese ritmo necesitaremos unos 195 años para recuperar sólo la inyección de capital de más de 24.000 millones, aunque usted sabe tan bien como yo que cuando Bankia este totalmente saneada y de mayores beneficios será privatizada de nuevo, seguramente vendida a la misma gente que se encargó de hundirla anteriormente.

En la presentación de los resultados usted también dijo que “sería más fácil gestionar Bankia sin la mochila del pasado, pero menos emocionante” . Sinceramente señor Goirigolzarri, creo que nunca había oído mayor cinismo en mi vida. Supongo que para usted debe ser una emocionante aventura jugar con el dinero de los contribuyentes sin pensar mucho en las consecuencias que tuvo el rescate para nuestro estado de bienestar. Entiendo por su declaración que desahuciar a familias y vender sus casas a fondos buitres debe ser mejor que cualquier parque de atracciones o que ver desde su lujosa casa a cientos de ancianos manifestándose por las calles para exigir que les devuelvan los ahorros que su banco les estafó al venderles preferentes debe ser igual de emocionante que ver la final de un mundial, uno en el que sabes que tu equipo va a ganar porque tienes comprados a los árbitros.

Por todo ello le pido señor Goirigolzarri que no me use como si usted fuera la persona que vela por mis intereses, sus intereses y los míos están a años luz de separación, porque un banco que desahucia a familias para seguir ganando dinero no me representa, ni quiero que lo haga. Me parece algo contradictorio que diga que irá a los tribunales para defender a los contribuyentes pero ejecute a diario en esos mismos tribunales ordenes de desahucio ¿Acaso no son los desahuciados también contribuyentes a los que defender? ¿Acaso los preferentistas no han pagado impuestos toda su vida? ¿Por qué no los defiende a ellos de la misma manera que ahora pretende defendernos a los contribuyentes/inversores?

Ya que usted dice defender mis intereses como contribuyente/inversor, voy a ejercer ese papel y como dueño de la empresa en la que usted trabaja y como parte de los accionistas a los que usted debe rendir cuentas le exijo:

1º Que devuelva el dinero que su (nuestra) entidad estafó a miles de personas con las preferentes sin ningún tipo de descuento ni demora.
2º Que devuelva las inversiones a los “bankeros” minoristas que compraron acciones de su (nuestra) entidad atraídos por una información y publicidad engañosa.
3º Que paralice inmediatamente los desahucios que efectúa su (nuestra) entidad, ya que le prohíbo que en mi nombre siga dejando a más familias en la calle. Además le exijo que cancele las deudas restantes a las personas que ya han perdido sus viviendas, o sea una dación en pago con carácter retroactivo.
4º Que saque su (nuestro) stock de viviendas vacías y las ceda a las personas contribuyentes/inversores que tienen dificultades para acceder a una vivienda digna.
5ª Que Bankia realice políticas de inversión y de crédito sociales encaminadas a mejorar el bienestar y ayuden al desarrollo de la economía real en nuestro país. Que recupere toda la obra social que tenían las cajas antes de su fusión. Que rinda cuentas a los ciudadanos con la transparencia que debería caracterizar una empresa pública. Cierre la oficina que su banco sigue teniendo abierta en el paraíso fiscal de las Islas Caimán y otro tipo de medidas fundamentales de lo que debería ser un banco realmente público al servicio de los contribuyentes.

Espero señor Goirigolzarri que se gane el sueldo de medio millón de euros, que le hemos pagado el año pasado, atendiendo a mis requerimientos.

Gracias

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martes, 3 de marzo de 2015

¡Inocente, inocente!


El fondo buitre de Aznar Jr. cobró 39 millones de comisión a Bankia por gestionar sus activos tóxicos


Por Francisco Mercado
Vozpópuli, 02/03/2015.

Dos amigos de José María Aznar vieron hundirse Bankia desde su presidencia: Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Y un exministro suyo, Mariano Rajoy, la nacionalizó y reflotó con 23.000 millones. Hoy, un hijo del expresidente Aznar, José María Aznar Botella, hace caja a través de una firma (Haya) con los activos tóxicos de Bankia merced a un contrato con dicho banco: le ha facturado 39,3 millones en su primer año de existencia como comisión, con 4,4 millones de beneficio. Y todo ello para un fondo buitre estadounidense, Cerberus, que dirigen al menos dos ex altos cargos -el exvicepresidente Don Quayle y el exsecretrario del Tesoro, John Snow- de George W. Bush, amigo de Aznar senior. El círculo se cierra.

La génesis de tal ganancia sigue la siguiente cronología.

El 28 mayo de 2013 se crea Promontoria Plataforma. En agosto se rebautiza como Haya Real Estate, que preside Juan Hoyos, casualmente también amigo y compañero de colegio, como Blesa, de Aznar senior. Y en ella figura como consejero el primogénito de Aznar desde octubre de 2013, al mes de conseguirse el contrato con Bankia.

El 3 de septiembre de 2013, firma un contrato de adquisición al Grupo Bankia “del negocio de gestión de determinados activos inmobiliarios y préstamos a empresas del sector inmobiliario (crédito promotor) que son propiedad del Grupo Bankia y de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), estos últimos gestionados hasta la fecha de combinación de negocios por el Grupo Bankia”, según explica la propia empresa. El ganador de tal contrato era una empresa con un capital ridículo: 3.000 euros. Y tras garantizarse tan ambicioso proyecto, en octubre de 2013, Cerberus, a través de Promontoria Holding 62, socio único ubicado en Holanda, amplió el capital 833.000 acciones con valor de un euro y una prima de emisión de nueve euros. En total inyectó 8,3 millones.

Haya, con el  macrocontrato con Bankia en el bolsillo, ya le merecía la pena a Cerberus: ya podía permitirse superar los 3.000 euros iniciales. Haya admite tal incongruencia al admitir que la ampliación de capital ha sido "realizada con la finalidad de fortalecer la estructura patrimonial de la sociedad y dotarla de mayor equilibrio patrimonial". En suma, Bankia contrató con una firma débil que quedó desequilibrada tras lograr tan ambicioso negocio.

La condiciones del contrato

El contrato de adquisición tenía dos cláusulas suspensivas:

- Emisión por parte del Ministerio de Hacienda de un informe para la operación.
- Concesión de determinada financiación por parte de Bankia a Haya.

Ambas debieron de cumplirse, porque el contrato salió. El ministerio de Hacienda, pilotado por un exministro de Aznar, Cristóbal Montoro, dio su visto bueno a que una empresa privada vinculada al hijo de su expresidente gestionara y vendiera los activos tóxicos de la nacionalizada Bankia en lugar de comercializarlos directamente. Y, por su parte, a tenor del contrato, Bankia se comprometió a financiar a la firma de Aznar Jr. para que pudiera salir airosa. Una curiosa operación circular: te presto dinero para que gestiones mis activos tóxicos y los revendas con ganancias. En el contexto de dicha macroperación se firmaron cuatro contratos:

Contrato de Prestación de Servicios por Haya de gestión de los activos del Grupo Bankia determinados en el perímetro acordado en el momento de la operación de la combinación de negocios por un periodo de diez años.

Contrato de subcontratación por parte del Grupo Bankia en favor de Haya como prestador de servicios de gestión de activos propiedad del SAREB por un periodo que finalizaba el 31 de diciembre de 2013, pero que fue renovado para el ejercicio de 2014. (La empresa confía en asumirlo al menos tres años).

Contrato de prestación por parte del Grupo Bankia a Haya de servicios informáticos, servicios de comercialización de los activos a través de la red de oficinas del Grupo Bankia, así como de la financiación minorista en favor de potenciales adquirentes de los activos propiedad de SAREB que actualmente gestiona Haya.

Contrato de prestación de servicios entre Haya y el Grupo Bankia (como prestador de servicios) en relación con otros servicios informáticos, arrendamientos y servicios administrativos.

En suma, Haya compraba el negocio de gestión de inmuebles y crédito promotor del Grupo Bankia, y, por añadidura, se subrogaba en los empleados del banco adscritos a tal área.

Haya tiene un único cliente: Bankia. Y el negocio se establece así: Haya factura a Bankia por la totalidad de sus servicios de gestión y luego Bankia factura al SAREB por los servicios de gestión de sus activos. “Los servicios que presta la sociedad se concentran en la gestión de activos financieros e inmobiliarios, por lo que la sociedad cobra una comisión, y en las actividades de comercialización o recobro de los mismos, por las que la sociedad cobra una comisión adicional en función del volumen de operaciones alcanzado en el periodo”.

Se trata de los activos tóxicos de la Bankia hundida por dos presidentes del PP, pero una firma timoneada por Aznar Jr. cobra una doble comisión por venderlos. Los expertos bancarios objetan la fórmula. "Esta doble comisión podría haberse ahorrado de haber quedado esta operativa en el seno de Bankia o del SAREB, máxime cuando se hace con los mismos empleados que tenía Bankia". De hecho, Haya empezó con tres empleados... y luego sumaba 403.

Haya compra la gestión de los activos tóxicos, pero no el riesgo de su titularidad

Bankia describe así la operación: "Con fecha 3 de septiembre de 2013 Bankia firmó un acuerdo para enajenar a una empresa del grupo inversor Cerberus Capital Management, LP denominada Promontoria Plataforma, S.L.0 ("Plataforma") el negocio de gestión y comercialización de los activos inmobiliarios y préstamos Ipromotor. Como parte de la operación, se acordó transmitir al comprador la participación del Grupo Bankia en las sociedades Gesnova Gestión Inmobiliaria Integral, S.L. y Reser Subastas y Servicios Inmobiliarios, S.A., operación que se formalizó en el mes de diciembre de ese año.

El acuerdo de venta englobó la cesión de activos y pasivos asociados a dicho negocio de gestión (pero no la titularidad de los innmuebles y créditos promotor gestionados), así como "la cesión de los empleados asociados a dicha actividad". Esto último añade un dato relevante, porque Haya vende activos de Bankia, pero nunca asume el riesgo de comprarlos. Su único riesgo estriba en el equilibrio precio del contrato y comisión.

"El precio de la operación", añade Bankia, "dependerá del grado de cumplimiento del plan de negocio de la actividad traspasada, y se estima que estará entre 40 y 90 millones de euros. A este contrato para la gestión externalizada de la recuperación de créditos promotor y la comercialización de activos adjudicados, en ambos casos tanto propiedad de Bankia como de SAREB, se ha añadido la definición de un Plan Director de Seguridad 2013-2016, al objetivo de adecuar el control y seguridad de la información a la nueva realidad del banco".

¿Cuánto le ha costado tal contrato a Haya?: 38 millones de euros de precio fijo. A fines de 2013 debía 17 millones de esa parte, y además, debería pagar una parte variable si supera determinadas expectativas de aquí a 2016, y nunca por un importe mayor de 12,5 millones, más otra comisión en función de sus ingresos aún no determinada. En total, Bankia calcula que la operación puede suponerle un precio de entre 40 y 90 millones.

Por lo pronto, los seis administradores de Haya se han embolsado 1.055.000 euros. Pero tres de ellos, además, sumaron 966.000 euros más por realizar tareas de dirección. Por tanto, Aznar Jr. cobró entre 175.000 y 497.000 euros según si actuó o no como directivo de alta dirección.

En todo caso, en su primer año de vida, Haya ha cobrado 39,3 millones de euros de comisión por su actividad. Es decir, ya ha recibido más dinero del que le cuesta la parte fija del contrato. Acaso por ello, aunque presenta un fondo de maniobra negativo que se corresponde con el pago de la operación de compra de negocio, los administradores entienden que los “flujos importantes” que han tenido en 2013 y tendrán en 2014 permitirán hacer frente a tal situación. Los beneficios se pueden multiplicar en años próximos.

Haya declinó comentar con este diario las dudas subyacentes sobre Aznar Jr.: si cumple funciones de directivo, si facturó asesorías y si es accionista de la matriz. Bankia, por su parte, afirma que tal contrato se adjudicó "por concurso, como todos los que hace, mediante procesos concurridos transparentes y abiertos en los que se adjudica al mejor postor, y en este caso el adjudicatario paga una parte al inicio y luego sigue pagando cada año del contrato. Pero no compran la inmobiliaria, que es nuestra". 

Los Aznar, padre e hijo, convergieron por un negocio privado en 2009 sobre Bankia cuando  la presidía Miguel Blesa. Aznar senior le recomendó la compra de una colección pictórica por 54 millones que una tasación interna cifró en tres millones. Blesa la rechazó por su precio desorbitado. Aznar Jr. le reprochó entonces tal desaire: "Con los pelos que se ha dejado por ti y han sido muchos, me parece impresentable lo que has hecho o no has hecho. No se merecía esta decepción". Y Blesa saltó:“Puede que seas muy joven para entenderlo: algún día no te explicarás haber escrito este mensaje. Yo nunca me arrepentiré de haber actuado así, la caja [Caja Madrid] tiene sus procedimientos, no es mi cortijo. A tu padre nunca le ha decepcionado la seriedad y honestidad de un amigo”, señalaba entonces el mensaje de Blesa a José María Aznar Botella.

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Las puertas giratorias


Los conflictos de interés y las puertas giratorias


Nueva Tribuna.es, 01/03/2015.

En el sector sanitario la estrategia de privatizaciones continuas, de recortes presupuestarios y de entrega de porciones crecientes de los presupuestos públicos a manos privadas para su lucro personal, el Partido Popular la realiza, en muchos casos, de manera solapada. Hay un apoyo cómplice entre el poder político y los intereses privados; realizan acuerdos en la sombra, hurtando el control de estas maniobras a los representantes públicos (partidos de la oposición, organizaciones sindicales y profesionales).

Hay, en estas prácticas, flagrantes conflictos de interés y un uso abusivo y vergonzante de las puertas giratorias. Algunos personajes (Lamela, Güemes, Rocío Mosquera, Antonio Burgueño) han alcanzado notoriedad por practicar con habilidad el "revolving door". El daño que provocan estas actuaciones -a la sociedad, al sistema sanitario y a sus trabajadores, a nuestra salud y a nuestros descendientes-, es inconmensurable. Estas prácticas fraudulentas esquivan el control social y la supervisión de los organismos públicos y de la justicia. Pero se convierten en hechos consumados que, en algunos casos, serán dificilmente reversibles. 

Estas relaciones promíscuas entre lo público y lo privado no son exclusivas del mundo sanitario. En el sector energético, las puertas giratorias funcionan con total descaro. Las empresas eléctricas, gasistas y petroleras acojen a muchos expolíticos, actualmente a sueldo en consejos del Ibex. Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, REE y Enagás tenían el año pasado a once ex altos cargos del PP, cinco del PSOE y uno de CiU en sus consejos de administración. Las retribuciones de estos consejeros son, es estos tiempos de austericidio, totalmente escandalosas. El exministro del PP Ángel Acebes, doblemente imputado (por los casos de Bankia y Bárcenas), casi alcanza los 300.000 euros anuales como vocal de Iberdrola.

Cada nuevo día nos enteramos por la prensa de los numerosos casos de corrupciones y corruptelas que invaden la geografía española. En ese turbio ambiente, y con esa clase de actores, es donde se está desarrollando este desmantelamiento programado de los servicios públicos. Y con total impunidad, por el momento. Así lo decía Luísa Lores en un artículo en el que denuncia que el gobierno de Feijóo, con la conselleira Mosquera al frente, ha fragmentado, desmantelado, privatizado y endeudado el sistema sanitario público de Galicia “con total descaro e impunidad, para beneficio de las empresas privadas vinculadas; nunca les podremos perdonar”.

Estamos en un momento clave. Es necesario detener esta sangría. Ellos no van a parar, hasta desvalijar por completo las arcas públicas. Hay que desalojarlos del poder para que no sigan destruyendo el sector público, actuando como auténticos troyanos. Porque hay un peligro cierto de pasar del monopolio público al oligopolio privado. Joaquín Estefanía ya lo advirtió: privatizaron la banca pública, la energía pública y las telecomunicaciones públicas, entre otros sectores estratégicos. “Ahora quieren hacer lo mismo con la sanidad y la educación públicas aunque lo nieguen". Porque, despues de todas las corrupciones, saqueos y aprovechamientos que ya han salido a la luz, como decía Javier Marías, cuando por fin salgamos de nuestras cotidianas cuitas y levantemos la cabeza, “nos encontraremos con un país despojado, desolado, con un erial en todos los ámbitos”.

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domingo, 1 de marzo de 2015

¡Solidaridad con Bankia!


El Estado y Bankia asumirán hasta 780 millones de euros por la salida a Bolsa en 2011


Por Jorge Otero
Público.es, 27/02/2015.

El Estado, a través del holding BFA, y Bankia asumirán un coste máximo de 780 millones de euros para indemnizar a los inversores que adquirieron acciones de la entidad financiera en la oferta pública de suscripción (OPS) de acciones y salida a Bolsa de julio de 2011, informó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que controla el 62% de la entidad.

En concreto, la Comisión Rectora del FROB, como accionista único de BFA e indirectamente de Bankia (62%), ha reconocido al consejo de administración de la matriz la facultad de suscribir un acuerdo de reparto con su filial cotizada de las contingencias derivadas de los pleitos civiles relacionados con la OPS de Bankia.

Tras haber constatado que hay fundamento jurídico para este acuerdo, el FROB estima que concurren "elementos suficientes" para otorgar la referida facultad, cuyo ejercicio corresponde decidir al equipo gestor de BFA.

Así, con el objetivo de asegurar la utilización "más eficiente" de los recursos públicos y maximizar el retorno sobre el apoyo público realizado para la reestructuración del grupo BFA-Bankia, la comisión rectora del FROB ha acordado la imposición de ciertos criterios, entre ellos el reparto de la contingencia máxima estimada actualmente por Bankia, que asciende a 780 millones en el escenario más adverso.

Si el reparto se realizara en función del porcentaje de participación, BFA, propiedad del Estado, que posee el 62% de Bankia, tendría que asumir un coste máximo de 483,6 millones por estas contingencias mientras que a Bankia le correspondería hacer frente a 296,4 millones.

La adopción de esta decisión, así como los términos del acuerdo que finalmente suscriban BFA y Bankia "no supone la asunción de responsabilidad alguna" por parte de estas entidades "ni altera en ningún punto" la estrategia procesal que el FROB ha seguido hasta el momento y que mantendrá en el futuro en relación con los distintos procesos judiciales que se siguen como consecuencia de la OPS y posterior salida a Bolsa.

Recursos públicos

El FROB indica que BFA cuenta actualmente con un patrimonio neto suficiente para asumir el coste de su posible participación en el citado acuerdo, "por lo que en ningún caso ésta supondría la utilización de recursos públicos adicionales", asegura el organismo.

Bankia presentará finalmente los resultados correspondientes a 2014 este sábado después de que su publicación, prevista para el 2 de febrero, fuera aplazada a la espera de conocer la cuantía máxima estimativa a provisionar para atender a las indemnizaciones por la salida a Bolsa de Bankia en 2011.

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El estado de la Nación


Gürtel, Eres, Pujol… y los oligarcas


Por Alejandro Represa Martín
El diario.es, 27/02/2015.

En estos últimos tiempos, los españoles sentimos una gran preocupación por los altos niveles de corrupción que existen en nuestro país. Y no es para menos.

Ya hace varios años que se está tratando de desenmascarar un famoso caso manejado por unos siniestros personajes con motes muy acordes a su condición: “el bigotes”, “el albondiguilla”..., los cuales lucieron palmito por El Escorial en una empingorotada boda de la época, a decir de algunos, como mérito por sus generosas aportaciones. En otra ocasión nos sorprendió el caso de alguien al que pillaron una vieja herencia paterna en un paraíso fiscal de la que ya ni se acordaba, o que al pasar tanto tiempo se olvidó de regularizar (¡claro, con tantas obligaciones!). Igualmente, se han descubierto unas tarjetas de color negro que utilizaban ciertos individuos para viajar en metro, comprarse ropa interior, y hasta algún vehículo de lujo, según parece, en compensación por el tremendo canon de servidumbre que imponía su cargo. Y no digamos de esos otros geniecillos que al conocer la existencia de unos importantes fondos, destinados a formar a los que sufren el drama del desempleo, lo utilizaron en montarse ellos un discreto “capitalito”… ya se sabe, por si acaso.

Este breve relato, que si no fuera por la gravedad de lo que representa serviría para iniciar un sainete, en realidad no es un cuento jocoso; ojalá lo fuera. Tristemente, nos encontramos en un momento en que supondría una falta de respeto y de responsabilidad social tomarse semejantes comportamientos a broma, sabiendo el drama que vive tanta gente cada día. Máxime cuando nos hemos enterado recientemente, según informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), en su informe sobre El Estado de la Pobreza en España, de que casi el 28% de la población española (12,8 millones de personas) se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión.

A este respecto, el Foro de Davos se preguntaba el pasado mes de enero cómo lograr un mejor equilibrio entre el crecimiento económico y un reparto más equitativo de la riqueza. Intermon Oxfam nos informaba de que en el mundo las desigualdades llegan a situaciones extremas, y en España particularmente el 1% de la población más acaudalada acumula una riqueza igual a la del 70% de los situados más abajo. Lo peor de esto es que, a mi juicio, resulta misión del todo imposible lograr que esas diferencias puedan reducirse en un plazo de tiempo razonable, dada la estructura que impera en nuestro actual sistema económico mundial.  

No hay duda de que, en este mundo capitalista neoliberal al que todos los dirigentes políticos del mundo desarrollado terminan por abrazar, la acumulación es la que fija las desigualdades en el siglo XXI, debido en gran medida a que los magnates del capital financiero ocupan paralelamente los puestos decisorios en las grandes industrias por lo que, en su condición de monopolios, controlan el poder económico. Y de esta forma, el dominio de la oligarquía económico-financiera en la vida moderna se hermana y perfecciona con su dominio en la política. Las pruebas de todo ello las encontramos en múltiples manifestaciones de esta estructura social dominante, viendo con frecuencia los procesos de absorción de las pequeñas entidades financieras por parte de las grandes, que luego forman los poderosos “consorcios bancarios”, manera eufemística de denominar a las uniones monopolistas financieras.

De ahí que los oligarcas, al poseer grandes propiedades y cantidades de dinero absolutamente desproporcionadas, gocen de un relevante ascendiente en la dirección de las organizaciones políticas, pudiendo vulnerar la ley con menos dificultades que cualquier otro ciudadano, ya que, ellos, convencidos de su poder, apenas temen a nadie.

Tras la liberalización del mercado (según ley 54/1997), las grandes compañías eléctricas como Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa... agrupadas en la patronal Unesa, empezaron a dominar la oferta y a actuar como un oligopolio que fija realmente los precios, saltándose (igual que las petroleras) la competencia entre ellas y las leyes antimonopolio. A pesar de tener ciertos controles por parte del Estado que a veces no pueden sortear (como el caso de las recientes sanciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, a las petroleras Repsol, Cepsa y BP Oil España), siguen imponiendo su ley en el mercado porque los beneficios oligopolistas compensan con creces esas multas.

Y con todo esto, a diario vemos (con cierta indiferencia, por creer que nosotros nada podemos hacer para evitarlo) cómo continúan los bancos expulsando de sus casas a familias enteras que se han quedado sin trabajo y no pueden pagar la hipoteca que suscribieron cuando disponían de un salario; o cómo otros ciudadanos no pueden calmar el frío en sus hogares porque esas grandes compañías eléctricas y petroleras, con beneficios multimillonarios, les cortan la luz y el suministro del carburante que precisan para su calefacción, debido a impagos motivados por la misma causa (la pérdida del empleo). Ningún gobierno se ha comprometido en hacer algo por evitar los desahucios, ni por intentar poner remedio en calmar el frío de quienes lo sufren cada invierno. Sin duda, el gran mal que asola este mundo es la forma en la que excluimos a millones de personas de la oportunidad de trabajar.

Observando el actual panorama español (similar al del resto de occidente), vemos como las oligarquías dominan bochornosamente a la clase política, por lo que urge que la ciudadanía se comprometa de una vez por todas y decida buscar la alternativa adecuada que remedie semejante situación, antes de que adquiera consecuencias indeseadas. Y no, en mi opinión, patrocinando una economía centralizada de naturaleza colectivista, pero sí introduciendo los mecanismos precisos que garanticen en la libre empresa el cumplimiento de las normativas que impidan actuaciones como las aquí descritas; y a la vez, que articule una clase política independiente del poder económico, capaz de acabar con las cada vez más angustiosas desigualdades.   

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