domingo, 14 de junio de 2015

El Banco Santander, cada día más lejos


Por Ecologistas en Acción
El Salmón Contracorriente.es,10/06/2015.

Uno de los anuncios más recientes del Banco Santander muestra a una chica joven en una tienda de ropa, eligiendo entre diferentes vestidos, mientras, la presentadora del spot argumenta que el cliente siempre tiene la razón: “Tú decides quien lo hace mejor, quién es más cercano, más transparente… ¿y sabes qué? Tú jamás te equivocas.”

En medio del anuncio, una toma de la fachada de una sucursal del Banco Santander nos recuerda que la primera entidad bancaria española y una de las de mayor presencia internacional [1], se autopresenta continuamente como el banco más cercano: “Cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero”, concluye el spot.

Sin embargo, al Banco Santander no le ha parecido que el cliente tenga siempre la razón cuando éste ha denunciado irregularidades en la venta de Participaciones Preferentes. La CNMV, con todo, sí daba la razón a los preferentistas e imponía el año pasado una multa de un millón de euros a la entidad por la venta de estos productos, con “graves deficiencias”, a clientes que no eran debidamente informados. Tampoco el Banco Santander cree que el cliente siempre tenga la razón si lo que pide es la paralización de un desahucio, y Begoña Barrutia, una de las abogadas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) denunciaba hace unas semanas el habitual “ninguneo” de las víctimas por parte del banco.

A pesar de que los bancos siguen presentándose en su publicidad como entidades cercanas a sus clientes y como base de la recuperación económica de las empresas, el crédito no ha dejado de disminuir en los últimos años, afectando especialmente al tejido más distributivo de la economía española: las pequeñas empresas y los profesionales autónomos. Según las entidades bancarias, no hay peticiones de créditos, pero la última Encuesta de Morosidad y Financiación Empresarial [2] señala que el 26% de las empresas habrían intentado acceder a financiación bancaria en los últimos 6 meses, lo que situa a España como uno de los países europeos donde las empresas tienen mayores necesidades de financiación.

Mientras, el Banco Santander titulaba ’Confianza’ un emotivo spot del año 2012 donde aparecían pequeños negocios y la idea de un país que ’se une en los malos momentos’: ’Nuestro país está lleno de personas, ideas y proyectos en los que se puede confiar. Santander, tu banco de confianza’, decía el anuncio. Sin embargo, el Banco Santander genera poca confianza entre las pequeñas empresas que buscan crédito y también entre aquellas organizaciones que estudian los impactos sociales y medioambientales de las grandes empresas. Por ejemplo, un informe de SETEM, elaborado por la organización holandesa SOMO, explica los vínculos financieros del banco con grandes proyectos controvertidos en el mundo: presas hidroeléctricas en la Amazonía, oleoductos en mal estado en México, megaproyectos de energía nuclear o monocultivos que destruyen la soberanía alimentaria de países latinoamericanos.

Pero además, el Centro Delàs de Estudios por la Paz, el Observatorio de la Deuda en laGlobalización (ODG) y SETEM, unidos en la campaña ’Banco Santander sin armas’, señalan que el Banco Santander es el segundo banco español que más créditos otorga a empresas de armamento. Otro informe [3], de la organización Justícia i Pau, habla de un extraordinario aumento de las inversiones en armas de la banca española, y todo ello a pesar de que ’son cada vez más las entidades financieras que dicen aplicar normativas específicas que limitan sus inversiones en armas’. Paradójicamente, según el estudio, los bancos que más aumentan sus inversiones en armas son aquellos que afirman tener las mejores normativas y políticas al respecto.

El escenario de desconfianza e irritación popular ha puesto a las entidades bancarias en uno de los retos más complejos con los que han tenido que lidiar en las últimas décadas, la pérdida de legitimidad ante la ciudadanía. Según las encuestas de Metroscopia [4], el sector bancario habría descendido enormemente en popularidad desde 2008, año en el que se hace evidente la crisis económica en toda su dimensión.

En ese contexto surge la publicitaria cercanía del Santander, un lavado de imagen que los datos destapan. Por ejemplo, mientras el banco habla de cercanía, se ha convertido en estos últimos años en la entidad que más sucursales cierra, al ritmo de unos 500 cierres anuales, con el consiguiente recorte en empleados. El alejamiento del cliente es tan evidente que los responsables de la entidad no ocultan el nuevo reto: “Se está viviendo la pérdida de relación física entre banco y cliente y la necesidad urgente es conseguir establecer una nueva relación de confianza y fidelidad a través de otras plataformas”, explica Enrique Silva, director de Tecnología y Operaciones del Banco Santander [5]. Así que el banco intentará suplir el cierre de oficinas con su plataforma online, pero está por ver si esa “telecercanía” no es solo otro nuevo eslogan publicitario.

El Banco Santander ha sido destacado elegido como finalista de la categoría Lavado solidario de los Premios Sombra 2015 a la peor publicidad, un certamen organizado anualmente por Ecologistas en Acción para "denunciar aquellos anuncios que transmiten valores pretendidamente sociales y solidarios a pesar de que la actividad empresarial de sus anunciantes esté muy alejada de esos ideales".

Notas

[1] El Grupo Santander recibe actualmente el 38% de sus ingresos de Latinoamérica, donde supera los 45 millones de clientes. Brasil, donde el Santander es el tercer banco privado del país por activos, con 3.500 oficinas, supone un 19% de los resultados del grupo a nivel mundial.
[3] Informe “Evolución de la banca armada en España”, Justícia i Pau, 2014.
  
Disponible en:
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?El-Banco-Santander-cada-dia-mas


sábado, 13 de junio de 2015

¡Cambio en los Ayuntamientos!


El daño para la salud de los fraudes bancarios


Por Andreu Missé
El diario.es, 12/06/2015.

La mayor parte de los perjudicados por los fraudes bancarios son personas mayores de 70 años, de salud frágil, que con independencia del resultado de los desiguales litigios que han mantenido con los bancos, han sufrido graves episodios de ansiedad. La tensión provocada por estos sucesos ha supuesto con frecuencia la aparición de enfermedades o el agravamiento de las que ya padecían.

Las historias personales de muchas de las víctimas como por ejemplo, las afectadas por las participaciones preferentes o desahucios, que han perdido una parte de sus únicos ahorros o su vivienda, contienen siempre un relato que reflejan cómo el conflicto ha afectado a su salud. Incluso las personas que finalmente han recuperado parte o todos sus ahorros, han tenido que pasar por varios años de pesadumbre que ha menoscabado su bienestar físico y psíquico.

En el mundo de las relaciones económicas este tipo de perjuicios no han tenido hasta ahora la atención que merecían, a pesar de que la existencia de los daños es un hecho bien conocido en los círculos familiares de los afectados. Los problemas generados por las malas prácticas han creado serios problemas entre los empleados de las entidades financieras que se han visto inmersos en situaciones de graves tensión por las protestas de los clientes perjudicados. En relación con este tipo de tensiones algunos sindicatos ya denunciaron en 2011 y 2012 “los cuadros de ansiedad” que padecían algunos directores de oficinas por la situación creada. Sin embargo, no existía una entidad que de manera específica aborde los problemas de los principales perjudicados de estos abusos como han sido los ahorradores.

Por estas circunstancias hay que celebrar la constitución de Finsalud, una fundación dedicada “a estudiar los efectos sobre la salud del fraude bancario”. La nueva entidad se ha fijado como objetivo “mejorar la salud física y mental de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social por haber sufrido pérdidas financieras súbitas”. El patronato impulsor de la Fundación está presidido por José Manuel Ribera Casado, catedrático emérito de geriatría y académico de la Real Academia Nacional de Medicina. Le acompañan, entre otros, Diego Gracia, catedrático emérito de historia de la medicina y especialista en bioética; Vicente Ortún, decano de la Universidad Pompeu Fabra, experto en economía de la salud; Roberto Serrano, economista, y presidente de la asociación de afectados AdaBankia, y Fernando Zunzunegui, abogado, profesor de derecho del mercado financiero y benefactor de la fundación.

Finsalud quiere convertirse en un referente con capacidad para proporcionar una información útil y relevante que pueda ayudar a las personas afectadas por las malas prácticas bancarias a superar las situaciones difíciles en que se encuentran. Uno de sus propósitos es concienciar a las instituciones de la necesidad de adoptar medidas para reducir las consecuencias para salud de la población afectada por las malas prácticas.

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viernes, 12 de junio de 2015

Rescates bancarios


El G-7 afirma que seguirá reformando la regulación de los bancos más grandes


Público.es, 08/06/2015. (Extracto)

El G-7 (el grupo de las siete mayores economías mundiales: Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón) se comprometió este lunes a reformar de forma coordinada la regulación para la gran banca, la denominada "de importancia sistémica", una tarea "no concluida" según la declaración final de la reunión de este foro en Alemania.

Los siete países afirman en un comunicado conjunto, tras dos días de deliberaciones, que pese a que en los últimos años "se han acordado reformas fundamentales para lograr un sistema financieros más fuerte y resistente", quedan cuestiones pendientes, "en particular el refuerzo de la solidez del sistema bancario". "Las reformas regulatorias continúan siendo clave", añade el texto sellado en el Castillo de Elmau (en el sur de Alemania).

Un primer punto es seguir afrontando "el problema de los demasiado grandes para caer", entidades de un peso específico tan considerable que su quiebra pondría riesgo el sistema financiero en su conjunto, pero que su rescate supondría un gran lastre para el contribuyente.

El próximo mes de noviembre, recordaron los miembros del G-7, debería estar concluida su propuesta sobre los requisitos de capital que deben reunir estas grandes entidades financieras para operar con seguridad.

Asimismo, los miembros de este foro informal aseguraron "seguir comprometidos" con el refuerzo de la regulación y supervisión de la llamada "banca en la sombra" (entidades que funcionan como bancos, prestando e invirtiendo, pero que no tienen licencia bancaria, como son los fondos de inversión). A su juicio, es importante mejorar la coordinación transfronteriza en materia de regulación financiera para reforzar su "efectividad", sobre todo en áreas como los mercados de derivados.

(Nota de Carlos Javier Bugallo: No sólo la ‘banca en la sombra’ (shadow banking) y el riesgo sistémico de los grandes bancos (too big to fail) son hoy un gravísimo problema económico, sino también, como ha evidenciado el caso español, la crisis bancaria generalizada (too many to fail).)

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miércoles, 10 de junio de 2015

Cláusulas abusivas


Las cláusulas más resistentes


Por J. A. Aunión
El País, 10/06/2015.
 
A Mónica Grillo, de 38 años, le agobia la idea de estar pagando hipoteca hasta bien pasados los sesenta. Cada vez que junta unos pocos ahorros, los dedica a ir amortizando la deuda del piso en el que vive con sus dos hijos en un barrio de reciente construcción en Leganés (Madrid). Por eso cuenta que sintió mucha rabia cuando escuchó hablar de las cláusulas suelo, esas que establecen un mínimo a pagar en las letras de la casa por mucho que bajen los tipos de interés. Ella las está pagando, y por su culpa se le encarece la letra unos 2.000 euros al año. Según ha leído, no tiene por qué hacerlo. La justicia está declarando casi todas esas cláusulas nulas por abusivas, porque la mayoría de la gente no fue informada con claridad de lo que estaba firmando.

A ella, que se había subrogado en la hipoteca contraída por el promotor, nadie le había hablado de ningún suelo. Y cuando hace unos meses fue a su banco, Caja España, a reclamar, le hicieron una oferta: “Me dijeron que me la rebajaban del 3,15% al 2,8%, y solo si además contrataba el seguro de la casa con ellos”, asegura. “Me están choriceando”, se queja. Les dijo que no y ha acudido a los tribunales. "Nuestra entidad analiza caso a caso. Cada uno tiene sus circunstancias, somos sensibles a ellas, y actuamos en consecuencia cuando así procede", señala una portavoz de Banco Ceiss (Caja España- Duero).

Han pasado ya dos años desde que el Tribunal Supremo dio un golpe, que parecía de muerte, a esas cláusulas suelo. Pero aún aguantan en vigor en unos dos millones de hipotecas, según la asociación de usuarios ADICAE. Los usuarios, además, siguen desconcertados. No saben dónde ni cómo tienen que reclamar y cuando van al banco a pedir que les retiren esa condición, lo que suelen encontrar es una contraoferta como la que recibió Grillo o, directamente, un rotundo no, asegura Javier Gastón, socio fundador de Denunciascolectivas.com, una de las plataformas más combativas.

El proceso de reclamación

En ese momento el consumidor puede poner una queja ante el servicio de atención al cliente del banco, que tiene dos meses para responder. Después, si no está conforme, puede recurrir al servicio de reclamaciones del Banco de España. Estas quejas, aunque menos que en 2013, alcanzaron la cifra de 15.479 en 2014. La contestación, en el plazo de seis meses, no es vinculante para el banco, así que el siguiente paso, si no se consigue el resultado esperado, serían los tribunales.

De hecho, las demandas van en aumento, aseguran fuentes jurídicas. Por ejemplo, el Juzgado de lo Mercantil de Segovia recibió 92 en el primer trimestre del año, las mismas que en todo 2013; en el de Málaga, fueron 984 hasta abril (en todo 2014, fueron 2010); el de León, 350 entre enero y febrero; en el de Burgos hay un juez de refuerzo que se encarga casi exclusivamente de estos casos y en Sevilla también hay refuerzos...

La sentencia del Supremo que dio origen a todo esto, de mayo de 2013, declaró nulos los suelos fijados por el BBVA, Cajas Rurales Unidas y NovaGalicia (entidades que retiraron las cláusulas). El alto tribunal dijo que esas condiciones, en abstracto, son lícitas, pero que son abusivas si el proceso no fue transparente, es decir, si no se le explicó bien al cliente qué estaba firmando. Fijó además unas condiciones para establecer esa transparencia que muy pocas entidades cumplen o pueden demostrar que cumplieron. Por ejemplo, que ofrecieron información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del contrato y simulaciones concretas de escenarios si los tipos de interés suben o bajan mucho.

Condiciones lícitas

Los bancos se aferran desde entonces a esa parte de la sentencia que determina la licitud de las cláusulas salvo que se demuestre lo contrario. Han negociado con sus clientes en ocasiones, pero no de forma generalizada, a pesar de que, cuando el usuario ha acudido a los tribunales, casi siempre le han dado la razón. También recuerdan que el Banco de España dijo en un informe de 2010 que esa cobertura de riesgo —que asegura un beneficio al banco en época de vacas flacas— permitió durante muchos años al consumidor acceder en mejores condiciones a una hipoteca. “Son positivas desde el punto de vista del coste medio para los clientes bancarios del crédito hipotecario a lo largo de la vida del contrato”, dice aquel trabajo.

Para Javier Gastón, los gastos en peleas judiciales generalmente perdidas y el daño de imagen se compensan porque muy poca gente acaba denunciando por los gastos que acarrea o por falta de información (entre el 3% y el 5% de los afectados lo ha hecho hasta ahora) y porque, mientras se mantengan en vigor, suponen un beneficio muy importante para las entidades bancarias. Por ejemplo, su eliminación se traduciría en un roto de 129 millones euros en 2015 para el Banco Popular.

A Carlos Villaseca, de 39 años, también le han dicho en su entidad que no le quitan su cláusula. Las condiciones generales de su crédito para comprar una casa en Aranjuez establecen un techo máximo a pagar de un 20% y, como contraprestación, el cliente aceptaba un suelo del 3,75%. Él ni se enteró de que lo hacía. Desde hace unos años está pagando 959 euros al mes, hasta 300 euros más de lo que le habría correspondido sin ese suelo.

En 2006, cuando se reunió en la inmobiliaria con el comercial de Credifimo (perteneciente entonces a Cajasol, hoy de Caixabank), lo único que le dijeron sobre esas condiciones fue: “Eso significa que solo vais a pagar lo que podáis pagar, entre 900 y 1.000 euros al mes. Es una de las mejores hipotecas del mercado; se adapta perfectamente a vuestras necesidades”. Villaseca, entonces, aceptó la explicación, entre otras cosas porque les estaban dando el dinero con sus nóminas como único aval.

Un portavoz de Caixabank explica que este caso es muy particular. Credifimo ha titulizado una parte de las hipotecas (las ha convertido en títulos que los inversores compran en el mercado), lo que no permite margen de maniobra. En las que dependen directamente de ellos, asegura el mismo portavoz, se revisa caso por caso y, en general, intentan llegar a algún tipo de acuerdo.

En Denunciascolectivas.com, y en muchos bufetes de abogados, admiten que en muchos casos los bancos efectivamente, negocian y acuerdan. Pero, eso sí, una vez que se ha presentado una denuncia judicial. Así, la situación hoy es de lo más heterogénea: algunas negociaciones sin publicidad en los bancos; cientos de contenciosos judiciales parados hasta que resuelva una macrodemanda de 15.000 afectados a 101 entidades interpuesta por la asociación de usuarios ADICAE; sentencias que siguen saliendo y aplican lo fijado por el Supremo (si hay falta de transparencia se declaran nulas y se exige la devolución desde 2013); y otras que no le hacen caso y exigen que se restituya absolutamente todo el dinero.

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La banca se reinventa


Registran la sede del Deutsche Bank a la caza de evasores fiscales


Público.es, 09/06/2015.

Agentes de la fiscalía han registrado este martes las oficinas centrales de Deutsche Bank en Frankfurt en el marco de una investigación relacionada con transacciones realizadas por algunos clientes de la entidad que presuntamente podrían haber defraudado impuestos, según indicaron fuentes conocedoras de la situación.

Un portavoz del mayor banco alemán por activos confirmó que el registro fue ordenado por la Fiscalía de Wiesbaden, localidad próxima a Frankfurt, aunque subrayó que las autoridades no habían presentado acusaciones contra ningún miembro del personal del banco.

"Puedo confirmar que en el día de hoy tuvieron lugar registros en las oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort a petición de los fiscales de Wiesbaden (...) Los registros están dirigidos a la búsqueda de evidencias en relación con una investigación a clientes por transacciones de valores", explicó el portavoz de la entidad en declaraciones recogidas por Deutsche Welle.

Por su parte, una persona con conocimiento de la situación declaró al diario The Wall Street Journal que la investigación estaba relacionada con determinadas transacciones aprovechadas por los inversores y entidades para explotar un vacío legal por el que vendían una acción antes del pago de dividendos para su inmediata recompra tras su abono y así eludir las obligaciones fiscales correspondientes.

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martes, 9 de junio de 2015

Los buitres de las finanzas


AEB: “No hay supervisión para controlar la banca en la sombra”


Por Iñigo de Barrón
El País, 08/06/2015.

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, afirmó que en “estos momentos” no existe un sistema regulador y supervisor para afrontar los desafíos derivados de la denominada banca en la sombra, como la identificación de sus riesgos y la capacidad de respuesta para lidiar con ellos. Roldán realizó esta advertencia tras recordar que el FMI y el BCE constatan la evidencia de que se está produciendo un desplazamiento de riesgos del sector bancario tradicional al conocido como en la sombra.

En la clausura de la presentación del Observatorio sobre la reforma de los mercados financieros, de la Fundación de Estudios Financieros (FEF), el presidente de la patronal bancaria admitió que esta banca ya juega un “papel importante” en la financiación de la economía real y en la reestructuración empresarial en España. “Y lo seguirá jugando”, auguró, con lo que se basó para pedir mayor control y supervisión de su actividad, convencido de que un escándalo en ese negocio afectará a la banca tradicional.

Precisamente, el estudio presentado por la FEF advierte de que el aumento de la presencia considerada 'banca en la sombra' surge probablemente de la "más intensa y estricta" regulación en los mercados financieros. Aún así, precisa que es un concepto "excesivamente amplio". "No se puede caer en la tentación de considerar una amenaza para la estabilidad financiera todo lo que genera riesgos", subraya.

El presidente de la AEB además ha advertido de los riesgos geopolíticos por las dudas sobre Grecia y Ucrania, entre otros, en un contexto de bajos tipos de interés. "Estamos en un entorno de mercados extremadamente delicados", ha reflexionado, para después abogar por la "prudencia" de los inversores.

Los autores el estudio de la FEF Ramiro Martínez-Pardo y Javier Zapata han defendido el objetivo del estudio para abordar la "inmensa" tarea de repasar los cambios normativos gestados durante los últimos cinco años. En este sentido, han puesto en valor el "gran logro" que ha supuesto la Unión Bancaria, si bien han matizado que aún es un proceso inacabado.

(Nota de Carlos Javier Bugallo: Produce sonrojo que la AEB critique la falta de control sobre la 'banca en la sombra' (shadow banking), cuando esta misma organización también critica los nuevos controles gubernamentales que se les viene imponiendo desde que estalló la crisis actual. Una forma cínica de ponerle la zancadilla a la competencia...). 

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domingo, 7 de junio de 2015

Espantapájaros en las Cajas de Ahorro


Arranca el juicio de los exdirectivos de las cajas gallegas


Por María Fernández
El País, 08/06/2015.

Los ejecutivos de la CAM y Caixa Penedés fueron los primeros en responder ante la justicia por abusos en las antiguas cajas de ahorro. Hoy le toca al turno a los directivos que pilotaron la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova. Julio Fernández Gayoso, expresidente, y los codirectores José Luis Pego y Javier García de Paredes, junto con otros dos ejecutivos y un asesor, se enfrentan a penas de tres años de cárcel por indemnizaciones que suman 18,9 millones de euros.

Administración indebida, administración desleal, estafa. Si hace diez años alguien llega a acusar de estos delitos a los todopoderosos directivos de las cajas gallegas lo habrían tomado por loco, o cosas peores. Sin embargo este lunes cinco de ellos —junto a un asesor— se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional por imputaciones que pueden llevarles a cumplir hasta tres años en prisión. El proceso no tiene que ver con los 9.000 millones que necesitó la integración de Caixa Galicia y Caixanova en Novagalicia Banco, ni con la venta masiva de participaciones preferentes que afectó a cerca de 40.000 pequeños ahorradores. La Fiscalía Anticorrupción los acusa de haber modificado sus contratos tras el proceso de fusión, que tuvo lugar a finales de 2010 para “preparar la lucrativa y previsible salida de la entidad, pues tenían pleno conocimiento de la inminente bancarización de la misma”. La operación, que terminó con indemnizaciones que suman 18,9 millones, se habría llevado a cabo con engaño, haciendo pasar sus contratos blindados por acuerdos parecidos a los que tenía el resto de la plantilla, sin que el consejo supiese nada.

Julio Fernández Gayoso, que ejerció el poder durante varias décadas en la Caja de Vigo y que llega al juicio con 84 años, habría actuado junto al asesor Ricardo Pradas como cooperador al autorizar los nuevos acuerdos para indemnizar con sumas millonarias a sus ejecutivos, “anteponiendo los intereses particulares de los directivos a los de la entidad”.

José Luis Pego llevaba menos de seis años como director cuando recibió por el despido 7,7 millones de euros brutos, equivalentes a su salario fijo (627.000 euros) multiplicado por los años que le quedaban para jubilarse (12). Javier García de Paredes, exdirector adjunto, se embolsó 5,6 millones por la renuncia a su puesto. El finiquito para el director de la división inmobiliaria, Gregorio Gorriarán Laza, fue de 4,8 millones mientras que Óscar Rodríguez Estrada, director de la oficina de integración e histórico colaborador de Gayoso al que le quedaban dos años para jubilarse, percibió 691.000 euros. En total los 18,9 millones de euros de sus finiquitos sumaban casi un tercio del valor que Novacaixagalicia, la caja resultante, tenía tras la primera inyección del rescate público. “Dichas liquidaciones no fueron conocidas ni autorizadas por el consejo de la caja hasta después de su pago ni tampoco por el Banco de España”, aseguran las fiscales Pilar Melero y Concepción Nicolás en su escrito. Además de la pena de prisión reclaman a los acusados el importe íntegro de sus indemnizaciones. El tribunal, presidido por Alfonso Guevara, escuchará a lo largo de las nueve sesiones a 47 testigos, desde consejeros a peritos, otros directivos y representantes del Banco de España.

Los acusados defienden que sus finiquitos se ajustaban a la legalidad y previsiblemente delegarán toda la responsabilidad en el consejo de administración que los autorizó. Tanto las fiscales como el FROB, personado como acusación, sospechan sin embargo que su aprobación se camufló entre los puntos del orden del día de una sesión celebrada en pleno mes de agosto de 2011 en la que se aprobó una dotación específica para una eventual extinción de los contratos sin explicar el impacto que tal provisión iba a tener en las cuentas.

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Embrutecidos por la televisión


Asaltar el cielo…para tener limpio el cementerio


Por Juan Torres
Público.es, 04/06/2015.

Una de las rémoras más grandes que siempre ha tenido la izquierda más radical (la que suele autodefinirse como auténticamente transformadora) a la hora de lograr confianza y apoyo social es su falta de experiencia en la gestión de los asuntos ordinarios de la gente normal y corriente. Un problema que se agrava al hacerse más general con las nuevas generaciones de líderes políticos que aspiran a gobernar a un país entero sin haber tenido nunca experiencia profesional o solo muy precaria dadas las pocas alternativas que proporciona hoy día el mercado laboral.

Tengo colegas de universidad que llevan treinta o cuarenta años promoviendo cambios sociales profundos, reclamando la superación del capitalismo y abogando por avanzar cuanto antes hacia nuevas forma de organización social pero que nunca en su vida han asumido la responsabilidad de dirigir un departamento, una facultad, vicerrectorados o ni siquiera la presidencia de su comunidad de vecinos, por no hablar de dirigir empresas o cualquier tipo de organización. Le dicen a la gente que hay que cambiar el mundo de arriba a abajo pero ellos no han sido capaces de cambiar nada para que las cosas sean de otro modo en la práctica diaria, para que la vida de los demás sea más cómoda, más feliz y liberadora. Por lo general, consideran que ocuparse de ese tipo de tareas, dedicar tiempo y esfuerzo a tratar de mejorar a corto plazo la existencia de la gente, es “reformismo” que en lugar de acabar con el sistema lo refuerza. O que esas tareas (gracias a las cuales investigan o se abren día a día sus centros de trabajo o las escuelas y hospitales a donde llevan a sus hijos) solo son propias de burócratas o políticos profesionales.

A mí me parece, por el contrario, que ese reformismo que se detesta es un ingrediente imprescindible de la actividad política y que sin él es imposible que un proyecto político consiga suficiente apoyo social, por muy atractivas que puedan ser sus propuestas teóricas o doctrinales. ¿Cómo se va a creer alguien que somos capaces de transformar lo más profundo de la sociedad si no hacemos que cambien sus procesos más elementales? ¿Cómo vamos a poder cambiar el sistema en su conjunto, y cómo vamos a hacerle creer a la gente que lo podemos conseguir, si no mostramos que somos capaces de hacer que cambien las cosas día a día, minuto a minuto? ¿Quién puede creerse que uno puede con lo mucho cuando no puede con lo poco? ¿Y en virtud de qué va a creer la gente que nuestras propuestas mejorarán su vida si no ven con sus propios ojos que lo que proponemos se traduce en la práctica en un modo diferente de ser, de vivir y de relacionarse mejor y más satisfactoriamente con los demás y con la sociedad en su conjunto?

La izquierda que tradicionalmente rechaza ese tipo de reformismo es la que, precisamente por ello, también suele tener una gran reserva a la hora de formar parte de las instituciones y la que ha generado un discurso ad hoc para justificar estar fuera de ellas: hay que cambiar tan radicalmente todo que nada se puede hacer si no es cambiarlo todo de una vez. Y las instituciones desde donde se gobierna solo se entienden como un espacio de prebendas, de sillones cómodos y de cargos privilegiados que viven a costa de los demás. Cuánto más lejos de ellos, por lo tanto, mucho mejor.

La consecuencia es que no se trabaja para estar en las instituciones y que, por tanto, se deja en manos de otros la posibilidad de decidir y de establecer las normas que, desde ellas, condicionan el desarrollo de la vida social.

Sin embargo, una buena parte de la izquierda que ha mantenido en España este tipo de argumentos acaba de promover con éxito candidaturas municipales y autonómicas y ante ella se abre un escenario inusitado. Ahora no será suficiente con elaborar proclamas o convocar manifestaciones para decir que todo está mal y que hay que cambiarlo. Cientos de personas que hasta ahora solo se consideraban a sí mismas como activistas van a tener que dejar a un lado la épica del asalto al cielo para ocuparse de asuntos mucho más prosaicos y hasta ahora seguramente intrascendentes para ellas: asegurar que los bomberos cuenten con recursos, que las alcantarillas estén despejadas, los cementerios limpios y las calles bien aseadas cada mañana, o garantizar que los quirófanos abran y que haya médicos o profesores en todos los lugares donde son necesarios. Y ahora tendrán que hacer frente a una clase trabajadora que no es la de las grandes gestas proletarias sino la que solo y a cualquier precio busca mejores condiciones en la relación de puestos de trabajo; por no hablar de que habrá que ajustarse a presupuestos que a todos resultarán escasos y cuyo incremento no estará posiblemente en manos de nadie, o de que habrá que manejar impuestos comprobando que no es tan fácil subirlos sin afectar a muchas actividades que crean empleo y riqueza. También los activistas tendrán que disponerse ahora a hacer recortes y muchos descubrirán que los cargos que creían sinecuras son más bien pesadas cargas (“quien gobierna, mal descansa”, decía Lope de Vega”).

Hay que cambiar el chip. Para transformar la sociedad hay que tener la posibilidad de escribir negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado, hay que estar en las instituciones y hay que construir desde ellas un modelo de sociedad diferente en todas y cada una de esas actividades que se nos antojan nimias y que están tan alejadas de los grandes discursos doctrinarios pero que son, al fin y al cabo, de las que depende que la gente viva peor o mejor. Y eso significa que hay que empezar a moverse en el mundo real, allí donde no hay dinero suficiente, ni donde se puede hacer todo lo que se quiere, porque no puedes o porque no te dejan, donde has de negociar cada acción, medir cada palabra y pensar cien veces cada paso antes de darlo. Donde no se interactúa solo con afines porque se está siempre rodeado de personas que piensan, dicen y deciden de modo diferente a ti.

Lo llaman también meterse en el barro. Algunas izquierdas se meten en él sin protegerse, sin la gente de la mano y sin controles, y suelen terminar embarradas para nada. Otras tienen miedo a hacerlo y a ensuciarse y se limitan a ofrecer a la sociedad un horizonte, una utopía (en el mejor sentido del término) sin apenas hacer nada para que la gente al menos intuya de qué va realmente, en la práctica, ese futuro. En el primer caso, la acción institucional mata la vida de la calle. En el segundo, la gente no tiene a esa izquierda como referente porque no le es útil para nada. Y en ambos casos se deja sin poner en marcha lo esencial: ¿dónde están las cooperativas promovidas por las izquierdas que nos piden el voto para que la gente vea que hay otros modos de propiedad? ¿dónde sus ejemplos de finanzas descentralizadas y colaborativas para que la gente compruebe que los bancos que conocemos no son imprescindibles?, ¿dónde han creado escuelas populares o centros de formación que permitan constatar que hay formas alternativas de enseñar y aprender a vivir? ¿qué experiencias de consumo, producción, vivienda o cuidados sostenibles han promovido las izquierdas que nos dicen que van a cambiar el mundo?…

Las izquierdas y movimientos sociales transformadores no pueden presentarse a las gentes solo como portadores de banderas o de narraciones heroicas y llenas de venturas pero que nadie sabe cuándo podrán hacerse realidad ni de qué forma. Tienen que “anticipar” ese futuro poniendo en marcha experiencias y prácticas que muestren desde ya que el mundo puede funcionar de otro modo. El mundo no se transforma pidiendo a la gente que haga actos de fe. La radicalidad transformadora más auténtica y efectiva es la que pone en marcha reformas en el día a día que la gente puede identificar como el anticipo de un mañana diferente y con cuyo diseño, promoción, defensa y disfrute se organiza y empodera.

La buena noticia es que ya hay en marcha experiencias de ese tipo en muchos sitios, aunque no precisamente promovidas por las izquierdas doctrinarias y convencionales. Ahora hace falta que se hilen entre ellas y que las instituciones se asalten no, como tantas veces ocurre, como si eso fuera un fin en sí mismo sino precisamente para promover y fortalecer esas nuevas formas de producción, de consumo y de relaciones sociales que generan contrapoder y un modo de vivir más humano y placentero.

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viernes, 5 de junio de 2015

Para ser directivo bancario


La impunidad de la banca


El diario.es, 04/06/2015.

Los ciudadanos no se han tragado el discurso de la recuperación económica que ha dejado millones de desempleados y familias empobrecidas. Más de 2,5 millones de electores han abandonado al partido del Gobierno en las elecciones municipales y autonómicas del pasado mayo. Ha sido el rechazo más palpable al modelo económico y social del Partido Popular, que ha privilegiado los intereses de la banca a costa del sacrificio de los ahorradores y las expulsiones de decenas de miles de familias de sus viviendas. Una política que ha comportado un aumento de la desigualdad y la pobreza, como están corroborando los últimos informes oficiales nacionales e internacionales.

Un buen reflejo de esta percepción social es que las candidaturas encabezadas por Ada Colau en Barcelona y Manuela Carmena en Madrid, comprometidas con la defensa de los más desfavorecidos, hayan cosechado un resultado tan destacado. Es sintomático que Colau haya alcanzado el primer puesto en Barcelona precisamente por su empeño en lograr que las familias más frágiles puedan seguir viviendo en sus casas. Se trata de una causa que muchos ciudadanos han aplaudido.

Los bancos, salvados con el dinero de los ciudadanos, no han correspondido con el mismo trato cuando los deudores no han podido hacer frente a sus deudas. Cada vez está más claro que el excesivo coste del saneamiento bancario en España, equivalente al 8,4% de la producción económica, el doble que la media europea, ha sido uno de los principales responsables del recorte de prestaciones económicas y sociales que tanto han deteriorado las condiciones de vida de los ciudadanos. Un estudio del Parlamento Europeo concluye: “El rescate bancario fue más costoso para los contribuyentes de lo que debiera haber sido, incluso teniendo en cuenta el motivo de la estabilidad financiera que se esgrimió para aquella acción”.

Durante el mes de mayo se ha conocido el octavo y último informe oficial sobre la estafa de las preferentes y subordinadas de tres grupos bancarios (Bankia, NCG Banco y Catalunya Caixa). El resultado revela que, a través del procedimiento oficial de arbitraje, el medio millón de afectados sólo ha recuperado el 32% del dinero que le habían atrapado estos tres grupos bancarios. Es un balance realmente muy injusto.

Un número considerable de afectados por estos productos tóxicos han reclamado ante los juzgados con unas 40.000 demandas, que han supuesto un verdadero colapso. Los magistrados de primera instancia dan la razón a los clientes en un porcentaje elevadísimo, que en Bankia y Catalunya Caixa alcanza el 85%. Pero en muchos casos se requieren varios años para que se celebren las vistas, y no son pocos los casos en que las entidades recurren a las audiencias y así se eternizan los litigios. El resultado es que, aunque los bancos sean condenados finalmente a devolver el dinero, han ganado igualmente la partida porque han dispuesto de muchos años para arreglar sus cuentas.

A diferencia de lo que ocurre en varios países europeos y en Estados Unidos, la pasividad del Gobierno y los reguladores españoles ha agravado la indefensión de las familias hipotecadas y de los ahorradores. Estos días estamos conociendo las cuantías de las multas impuestas a Barclays, UBS, RBS, JP Morgan, Citigroup y Bank of America por manipular el mercado de divisas, que superan los 5.200 millones de euros. La noticia llega un mes después de la sanción de 2.300 millones al Deutsche Bank por manipular los tipos interbancarios. No hay mes sin una gran sanción. En total, los grandes bancos norteamericanos y europeos han pagado entre 150.000 y 200.000 millones de euros por sus malas prácticas.

En España, las entidades financieras se encuentran protegidas por los reguladores, y las cuantías de las sanciones por sus malas prácticas son absolutamente ridículas. A pesar de la gravedad de los abusos en desahucios, que siguieron aumentando un 17% en la primera mitad del año pasado, las entidades financieras apenas han sido castigadas por la multitud de tropelías que van desde las participaciones preferentes a las cláusulas suelo o a las permutas financieras, conocidas como swaps, que han dañado a muchas empresas. En este país, la sanción más elevada es la recibida por el Banco Santander por la comercialización de Valor Santander, que no llegó a 17 millones de euros.

Un exponente de la práctica impunidad con que actúa la banca es que el año pasado sólo rectificaron en el 17% de los casos en que el Banco de España había dado la razón a los clientes que habían presentado sus quejas al regulador. Vemos como los ciudadanos deben seguir un largo recorrido de varios años por los juzgados hasta llegar al Tribunal Supremo para que se reconozca que unos intereses de demora del 21,8% son abusivos. Igualmente frustrante ha sido la solución dada a las cláusulas suelo limitando la recuperación de los intereses cobrados indebidamente al período posterior a mayo de 2013.

La acumulación del poder económico y financiero en pocas manos y la desprotección de los ciudadanos son algunas de las causas que están originando el aumento de la desigualdad y la pobreza. El último informe de la OCDE, que sitúa a España como el tercer país europeo más desigual, advierte de que este injusto reparto de la renta frenará la recuperación económica. El organismo internacional apremia al Gobierno a combatir las desigualdades con varias medidas como “mejorar la redistribución a través de un mejor diseño de sistemas fiscales y de prestaciones sociales”. El mensaje es muy claro.

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jueves, 4 de junio de 2015

La crisis de la prensa


España, tercer país de la UE con más ayudas a la banca en la crisis


Por M. V. Gómez
El País, 04/06/2015.

España se juega 94.753 millones en la crisis financiera por las ayudas a la banca entre 2008 y 2013 si se suman los recursos invertidos en recapitalización de entidades, 61.853 millones, y los destinados al rescate de activos, 32.900 millones, según los cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el informe sobre ayudas públicas del organismo de 2015 correspondiente al ejercicio 2013. Por delante de España aparecen Alemania, con 144.143 millones y Reino Unidos, 140.157 millones. 

Estos datos no contemplan otro tipo de ayudas que, como aclara la propia CNMC, no han sido ejecutadas, al menos todavía. Serían las garantías que el Estado puso a disposición de la banca casi desde los alvores de la crisis, en 2008 y 2009. Este tipo de respaldo en 2013 suponía un 5,2% del producto interior bruto, el año anterior ascendía al 6,9%, y, según Competencia, no se ha ejecutado ninguna hasta el momento.

Este último aspecto es uno de los aspectos que subraya Competencia afirmando que "no han implicado un coste directo para las finanazas públicas". No obstante, el organismo presidido por José María Marín Quemada afirma que "sí puede existir un impacto indirecto por la asunción de riesgos que conlleva y por los efectos potenciales sobre la competencia efectiva".

Además, Compentencia pide "cautela" a la hora de interpretar las cifras consciente de que hay garantías que no han sido ejecutadas, al menos hasta ahora, y de la disparidad de cálculos que hay sobre el coste de las ayudas a la banca: las cifras del Banco de España no coinciden con las de Competencia; y las del FROB no son iguales ni a las del supervisor ni a las de la CNMC.

El informe apunta que España se encuentra en el quinteto de países que más apoyo han prestado a la banca (Irlanda, Grecia, Bélgica, Chipre y España), aunando medidas de recapitalización y rescate de activos deteriorados, que calcual ascienden al 9,1% del PIB. Este grupo lo encabezaría Irlanda.

El análisis de Competencia señala que en las ayudas a la banca "la mayoría de países concentraron su apoyo al sector financiero en el inicio [de la crisis]". En los primeros años cantidades ingentes de dineron fueron destinadas por los estados británico (RBS o Lloyd's), el alemán (Commerzbank), el belga (Fortis) o el holandés (ING, que ha devuelto el dinero con intereses) para rescatar a entidades sistémicas para sus entramados financieros.  

"Grecia, Chipre, Portugal, Eslovenia y España lo hicieron al final", prosigue Competencia. En este grupo hay países que han precisado el rescate para poder hacer, entre ellos España, que gracias a la ayuda financiera pudo hacer lo propio con Bankia. 

El informe de la CNMC no solo analiza las ayudas a la banca. También estudia lo que llama ayudas regulares. En ella se ve la caída que entre 2008 y 2013 ha sido del 50%. Si en ese ejercicio el Estado empleaba 5.638 millones, el 0,51% del PIB; en 2013, los recursos destinados apenas ascendieron a 2.779 millones, un 0,28% del PIB.

Estas cifras sitúan a España muy por debajo de lo que destina la Unión Europea, un 0,48% en 2013. En el conjunto de la Unión la caída durante la crisis ha sido mucho menor ya que ha pasado del 0,58% del PIB al 0,48%.

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miércoles, 3 de junio de 2015

La estafa de las preferentes


Una sentencia pionera incluye la indemnización por daño moral en un caso de deuda subordinada


Por Pablo Zariquiegui
Asturias24.es, 04/06/2015.
 
Hasta 5.000 euros de indemnización por daño moral. Es lo que recoge una innovadora sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias en un caso de venta de deuda subordinada. La entidad condenada, Novacaixa Galicia Banco, deberá  devolver el dinero invertido y abonar además una indemnización por daños morales. La cliente, una mujer ovetense de 40 años, tuvo que recibir atención sanitaria por la angustia generada durante el proceso. 

Su abogada, María Jesús Conde Jambrina, explica que es la primera sentencia que se dicta en Asturias por un caso de deuda subordinada que reconoce también una indemnización por daño moral. Los hechos juzgados se remontan a junio de 2005 cuando la afectada, una mujer de unos 40 años con residencia en Oviedo, firmó un contrato de deuda subordinada por valor de 85.800 euros que el banco se negó más tarde a devolver.

La sentencia de la Audiencia Provincial conocida ahora deniega el recurso de apelación interpuesto por Novacaixa Galicia Banco contra la decisión del juzgado de primera instancia que ordenó a la entidad a devolver la cantidad impuesta y abonar además una indemnización por daño moral.

El fallo define como daño moral el "impacto o sufrimiento psíquico o espiritual, impotencia o zozobra, angustia, trastorno de ansiedad, impacto emocional..." El tribunal recuerda que, en principio, no tiene cabida cuando las lesiones inciden, sobre bienes económicos, a menos que se demuestre que han influido de manera seria e inequívoca en la salud psíquica del demandante.

Los magistrados de la Audiencia ratifican la decisión del juzgado de primera instancia y recuerdan que el banco no solo se negó a devolver la cantidad invertida sino que amenazó a la cliente con desahuciarla de su vivienda. La mujer tuvo que ser derivada por su médico de familia y a un centro de salud mental para recibir asistencia psiquiátrica. 

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martes, 2 de junio de 2015

Puertas giratorias


La necesidad de un nuevo tipo de debate económico (y político)


Por Juan Torres
Público.es, 08/04/2015.

Es evidente que hay diferencias entre las dos formaciones políticas que han comenzado a hacerse un sitio destacado en el mapa político español, Podemos y Ciudadanos.

En materia económica es lógico que las haya también, y posiblemente de modo amplificado puesto que en ese terreno la ideología y los intereses sociales que se quieran defender son determinantes de lo que se dice. No hace falta ser un experto para saber que entre los economistas ha habido siempre, por esas y por otras razones de tipo metodológico, diferencias profundas a la hora de reconocer la realidad, de analizarla y de realizar respuestas para transformarla. No han dejado de darse desde que se comenzaron a elaborar los primeros análisis científicos en esta materia y no van a desaparecer ahora.

Tratar de ocultar esas diferencias o, lo peor, demonizar y anular a quien está al otro lado del pensamiento económico dominante es una reacción totalitaria, pero desgraciadamente muy habitual no solo en los medios o en la vida corriente sino en la propia Academia.

De hecho, creo que la principal responsabilidad de que ocurra eso recae sobre los economistas académicos de la corriente dominante. Ellos y ellas son los ciegos, desconocen y no hacen nada por conocer los enfoques críticos y no solo han acabado con la posibilidad de que las ideas y el análisis económico alternativo actual sean conocidos en las aulas, sino incluso la historia del pensamiento económico. Tanto ha sido así que en muchos países o en universidades tan señeras como Harvard, ha habido protestas de los estudiantes de Economía por el “autismo” de la disciplina a la hora de enfrentarse a la realidad y por la parcialidad del profesorado ortodoxo. A uno de sus popes, nada más y nada menos que N. Gregory Mankiw, se le sublevaron los estudiantes por esa razón, denunciando “el carácter sesgado” de sus clases (la noticia y la carta de sus estudiantes pueden leerse aquí).

Lo cierto es que es lamentable que ocurra eso, porque así se empobrece la ciencia y de esa forma perdemos todos, pues se cierra el paso a la innovación y se cercena la libertad, que es lo peor que le puede pasar al pensamiento para que con él se pueda conseguir un mundo mejor para todos. No deberíamos olvidar nunca que el respeto a los demás y la libertad efectiva son los prerrequisitos esenciales para que florezca el conocimiento y la ciencia, que son tan fundamentales para el progreso y la vida humana.

Eso es algo que se olvida muy a menudo porque las ideas económicas son de todo menos neutras. Siempre afectan de un modo desigual a las personas y a los grupos sociales, y es lógico por ello que cada uno tome posición en su contra o a favor según como crea que le benefician o perjudican. Es precisamente por ello por lo que decimos que los problemas económicos no tienen soluciones técnicas sino políticas y que éstas deben adoptarse democráticamente. De otro modo, cuando la democracia no llega a la economía, como en nuestro caso, lo que se consigue es que unos grupos sociales puedan imponer su interés distributivo a los demás.

Es con este último fin que con tanta frecuencia se niega el debate, se ocultan las diferencias, se trata de hacer creer que solo hay una alternativa posible, o se persigue y anula a quien hace propuestas diferentes a las que convienen a los grupos sociales que detentan el poder.

En esta última estrategia de ocultación los medios de comunicación resultan esenciales, como también la Academia, siempre sometida al poder dominante por muchos que sean los resquicios de libertad que pueda conceder.

Ahora que Ciudadanos está empezando a mostrar propuestas económicas frente a la situación de crisis en la que nos encontramos, puede comprobarse fácilmente hasta qué punto se dan esos males entre nosotros.

Cuando se presentó el documento que Vicenç Navarro y yo elaboramos para Podemos se produjo enseguida una reacción furibunda, no exenta de ataques personales contra nosotros dos. Se empezó diciendo que no éramos nadie (a pesar de que Navarro es el quinto científico social español más citado en la literatura científica mundial). Un colega de la Universidad Autónoma de Madrid al que prefiero no citar (es una anécdota pero significativa) no ha parado de decir de mí desde entonces que “solo digo tonterías” e incluso pone en duda que sea efectivamente catedrático de universidad.  El intento de poner sobre la mesa propuestas diferentes de política económica llevó consigo insultos y descalificaciones que todavía no han desaparecido. Es verdad que al mismo tiempo ha habido también muchas personas expertas que, a pesar de estar en desacuerdo con todo o parte de lo que proponemos, han sido extraordinariamente respetuosas, que han hecho críticas constructivas y contribuido con elegancia y rigor al debate sobre cuestiones económicas que tanto necesita España. Pero las reacciones en los medios y de los creadores de opinión ante el documento que presentamos a Podemos fueron rotundas: el ataque visceral, manipular alguna que otra propuesta concreta para descalificarla a cualquier precio y, sobre todo, obviar sus ejes centrales, es decir, la necesidad de democratizar la toma de decisiones económicas y lograr un pacto amplio y efectivo que frene el crecimiento vertiginoso de la desigualdad en España.

Y el cainismo y la mala fe que vienen acompañando al debate económico en España (si es que se puede denominar así) se percibe claramente en lo que está ocurriendo con propuestas prácticamente idénticas realizadas en su día por Navarro y yo y más tarde por Ciudadanos.

Cuando nosotros proponíamos centrar el debate económico en el incremento de la desigualdad se nos calificaba (si es que alguien se hacía eco de ello) de trasnochados y peligrosos comunistas. Si lo hacen (y yo me alegro) Rivera y Garicano (aunque desarrollen el asunto de modo diferente) son sensatos y centrados.

En su día, nosotros propusimos la moratoria de grandes infraestructuras en AVE, puertos o autopistas, entre otras, porque habían generado mucha corrupción y escasísima utilidad social. Cuando eso se mencionaba, era simplemente para tacharnos de irrealistas y de querer hundir la inversión y la economía. Ahora Ciudadanos propone (y yo me alegro) disminuir la inversión en AVE y la propuesta se saluda como rigurosa y positiva.

Nosotros proponíamos que los autónomos coticen según su ingreso real y se proclamaba a los cuatro vientos que queríamos arruinarlos subiendo sus impuestos. Ahora lo propone Ciudadanos (y yo me alegro) y se saluda la medida como conveniente y favorable para la economía y los autónomos.

Hay diferencias. ¡Claro que las hay y las seguirá habiendo! Pero también hay coincidencias y, sobre todo, creo que nadie se puede arrogar para sí mismo la exclusiva capacidad de resolver los problemas de España. Hay que acabar para siempre con las prácticas totalitarias que solo buscan destruir a quien piensa de modo diferente y por eso es fundamental que desterremos el frentismo.

Es imprescindible aprender a debatir con respeto y con rigor. España necesita poner sobre la mesa análisis plurales de sus problemas económicos y no imposiciones. No vamos a salir de la situación en la que estamos con prepotencia, creyendo cada grupo que solo él tiene en su mano la salvación de los demás.

Hace falta un debate sincero y plural. No trifulcas ni circos mediáticos. Hay que aprender a pensar juntos y a escudriñar los entresijos de las distintas propuestas para encontrar los puntos de encuentro y no solo diferencias. Si queremos vivir y convivir en paz tenemos que aprender a limar, y no a exagerar, lo que nos separa y a poner en marcha lo que nos une, por poco que sea, aunque seguro que es más de lo que a primera vista parece. Y hay que aceptar que nadie puede imponer su interés a los demás, sino que hay que dar la voz a la gente, también y sobre todo, en materia de reparto del ingreso y la riqueza.

Tenemos que hablar mucho más de economía pero sabiendo que no solo hablamos de cuestiones técnicas de las cuales solo puede opinar la gente preparada para ello. Cuando lo hacemos hablamos en realidad, y al mismo tiempo, de política, de intereses legítimos en disputa y en conflicto, pero de un conflicto que no podemos resolver como venimos haciendo, permitiendo que unos amasen siempre la harina mientras que son siempre otros los que se comen el pan.

La conformación mucho más plural que con toda seguridad se va a imponer en el mapa político español es un buen momento para poner en marcha otro tipo de debates, otro tipo de tratamiento de las diferencias y de las propuestas plurales. En España no nos podemos permitir el lujo de prescindir los unos de los otros y mucho menos en materia económica.

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Lo que esconde la banca


FACUA denuncia la permisividad absoluta con los fraudes de la banca por parte del Gobierno y las CCAA


FACUA, 19/05/2015.

Consumidores en Acción denuncia la permisividad absoluta con los fraudes de la banca por parte del Gobierno y las comunidades autónomas. La asociación considera un escándalo la permisividad, arbitrariedad y descoordinación en las actuaciones de los organismos competentes, que favorecen la impunidad de las entidades financieras.

El Banco de España, que no tiene potestad sancionadora, emitió en 2014 un total de 6.028 resoluciones favorables a las reclamaciones presentadas por los usuarios pero la banca hizo caso omiso del 83,2% (cinco de cada seis) aprovechándose de que no son vinculantes. El Ministerio de Economía, que sí tiene capacidad para imponer multas, no lo hace por muy graves que sean las irregularidades, critica FACUA.

Ni sanciones ni acciones de cesación

Por su parte, ni la Secretaría General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad ni su Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), impulsan acciones de cesación contra prácticas fraudulentas llevadas a cabo desde el sector financiero.

FACUA critica que desde Sanidad y la Aecosan tampoco se impulsan y coordinan medidas de forma sistemática y eficaz con las comunidades autónomas para que éstas tramiten las denuncias y multen a los bancos (o a cualquier otra empresa) que incurren en fraudes de los que son víctimas consumidores de todo el país.

En cuanto a las autoridades de protección al consumidor autonómicas, que sí tienen potestad sancionadora, habitualmente se desentienden de las reclamaciones de los usuarios contra los bancos y les derivan al Banco de España. Y ello aunque las prácticas denunciadas vulneren la normativa de consumo, por lo que la banca se suele librar de las multas fijadas en ella por la pasividad e inoperancia de las comunidades autónomas, lamenta FACUA.

Cláusulas suelo y preferentes

Dos de los mayores fraudes que han sufrido los consumidores en España, las cláusulas suelo y las preferentes, no han sido objeto de sanciones contundentes por parte de las autoridades competentes. Las administraciones se han tirado años desentendiéndose de las denuncias de organizaciones como FACUA pasándose la pelota de unas a otras o, en el mejor de los casos, aplicando multas absolutamente ridículas.

En este sentido, la asociación advierte de que la situación se agrava por la ausencia de criterios por parte de las autoridades de consumo autonómicas para ponderar las sanciones sobre la base de la gravedad de los fraudes, que en muchos casos reportan a los bancos denunciados beneficios ilícitos por importe de cientos e incluso miles de millones, como ha ocurrido con las cláusulas suelo.

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lunes, 1 de junio de 2015

Amistades peligrosas


El español que desafía el poder de los bancos


Por Eduardo Ortega
Público.es, 31/05/2015.

“Las empresas estaban mintiendo a sus consejos de dirección”. Esa revelación sobresaltó un día cualquiera a Antonio Rami en su despacho de Deloitte. La revelación hizo que ese día no fuera uno más. Gracias a ella, Antonio (Palma de Mallorca, 1986) y su socio Philippe Gelis empezaron a tejer su empresa. Trabajaban como analistas en la auditora cuando cayeron en la cuenta de que en la anotación “Pérdidas por diferencias de cambio” de varias firmas que inspeccionaban había sombras, números que no cuadraban. “El banco disfraza como volatilidad de cambio el coste del cambio de divisa”, denuncia Rami. O lo que es lo mismo, los bancos clavan una grosera comisión a las compañías por darles dólares o yuanes. Y éstas, habitualmente, callan.

La forma de actuar de los bancos es bastante opaca: no están obligados a hacer pública la tasa que cobran por operaciones que superan los 3.000 euros. Ahí hallaron la oportunidad, en 2011, Antonio y Phillipe para montar Kantox, una firma dedicada al intercambio de divisas online, sin tejemanejes bancarios y con total transparencia. El mallorquín no dudó en dejar con 24 años su puesto en Deloitte, lo que para muchos podría ser un sueño. Sin embargo, él había llegado ahí tras licenciarse en ADE y sin las ideas muy claras. “No fue fácil prepararse durante nueve meses para crear la compañía mientras al mismo tiempo trabajábamos para Deloitte. Cuando llegó el momento la única decisión era embarcarse en un proyecto que podía fracasar o tener éxito. Pero estábamos preparados”.

La transparencia es muy importante para Antonio. Es la principal crítica que lanza al sistema financiero y en base a ella ha levantado su propia compañía. Gracias a este principio fundamental ha logrado ya 1.600 clientes en 18 países, ha gestionado 1.500 millones en sus cuatro años de vida y prevé gestionar otro millar más en lo que resta de 2015. Kantox no es una ONG; no trabaja por caridad ni ofrece sus servicios gratis. Cobra una comisión que va del 0,29% al 0,09%, en función del montante de la operación. Pero son tasas fijas que advierte con antelación.

La reacción de los más perjudicados, los bancos, es tímida por el momento. “¿Cómo pierdes más dinero: bajando a todos tus clientes el precio o luchando por unos pocos?”. Cree que la estrategia que le conviene a su start up para seguir robando clientes al sistema establecido es continuar aportando ese otro valor que considera que no es capaz de dar el sector financiero, envuelto en sucesivos escándalos como, precisamente, la manipulación del mercado de divisas. El último caso, hace unos días, se saldó con una multa de casi 6.000 millones de euros a Citigroup, RBS, J. P. Morgan, Barclays, Royal Bank of Scotland y UBS. “A mí, un negocio en el que gano 12.000 millones y me multan con 6.000 me parece redondo. En teoría de juegos, lo van a volver a hacer. Es de chiste”. ¿Su solución? Más regulación, sí, pero también que los usuarios los abandonen, dejen de usar sus servicios.

Una acción relacionada con la confianza, el otro término que está constantemente en boca de Rami. “Un banco es un negocio de confianza. Y, ¿cómo se creaba ésta antes? Poniendo un edificio grande en el centro de la ciudad. Hoy ya no funciona así. La gente ahora se fía de Google, Facebook, Amazon o Atrápalo. Todo está ya online y los bancos que son rápidos intentan adecuarse a los tiempos y a los nuevos canales”. Gigantes tecnológicos que almacenan e incluso en ocasiones venden millones de datos personales gozan hoy en día de más fiabilidad. “Es que el sistema financiero se lo ha ganado a pulso con sus prácticas de ‘como te despistes… firma aquí’. Yo he tenido en mis manos y he hecho un análisis de un envío de dos millones de euros de ONG a países en situación crítica y el banco se ha quedado 50.000 en el cambio. Por eso no me da ningún miedo cuando digo que lo hacen con nocturnidad y alevosía. Tengo las pruebas”.

Defiende que si el sector financiero sigue aún siendo un coloso que gana miles de millones es porque los ciudadanos no se han levantado lo suficiente. “Hay que pedir el cambio y mejorar las alternativas, igual que está sucediendo en la política. Si de verdad pensara que todo va a seguir igual, trabajaría en un banco”. Opina que el futuro del sector pasa por nuevos jugadores que poco o nada tienen que ver con el mismo, como Google, que proveerán de distintos servicios. “No mirarás tu saldo en la cuenta de la entidad de turno, sino en un Fintonic; no pagarás con tu tarjeta, sino con el móvil”. ¿Y los bancos? “No se extinguirán, pero en una década cambiarán mucho. Algunos desaparecerán de la primera línea o del todo si no saben adaptarse. Perderán peso y poder de influencia”.

Por el momento, Kantox sólo funciona para empresas, sobre todo pequeñas y medianas. Ya que la firma española necesita cubrir sus propios costes, un particular sólo puede usarlo si se trata de una cantidad importante de dinero. La compañía ha completado hace unos días una ronda de financiación de serie B de 10,1 millones de euros y está viendo todos sus planes y plazos fijados cubiertos con creces. Ha crecido un 400% en el primer trimestre de este año y prevé doblar su plantilla, en la que ahora mismo son 52 empleados, así como aumentar el número de divisas con el que trabajan hoy, que ronda la treintena. Esperan también ampliar sus servicios y, quizás, abrir alguna otra sede, aparte de las actuales de Barcelona y Londres. Rami apuesta alto en su desafío al sector bancario: “Si llega el día en que bajan los precios o son más transparentes, yo cerraré mi empresa, pero habré ganado”.

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