domingo, 3 de abril de 2016

Los riesgos de los 'minipréstamos'



ADICAE, 28/03/2016.

Cada vez es más habitual ver anuncios, tanto en la radio como en la televisión, donde instan al consumidor a contratar estos créditos. Estas compañías emergieron antes de la crisis con fuerza, cuando los consumidores con problemas para hacer frente a las cuotas de la hipoteca o a otros gastos recurrían a estos 'minipréstamos' para salir adelante. Ahora, vuelven a proliferar en Internet y la televisión. Que los consumidores se planteen recurrir a estos créditos para poder pagar la luz o las cuotas hipotecarias es un síntoma de que todavía están lejos de experimentar la anticipada recuperación económica. En caso de impago, los costes se multiplican Estas empresas ofrecen cantidades de entre 50 a 30.000 euros, como máximo, en plazos de tiempo cortos, que van de los días hasta los 96 meses. Se caracterizan por los altos intereses que aplican a sus préstamos, que pueden llegar a alcanzar unas TAEs de hasta 4.507% (en el caso de Préstamo 10), con las que los consumidores llegan a pagar hasta un 38% más de lo que habían solicitado. Además de los intereses, las penalizaciones por impago o retraso son otro de los grandes riesgos de estos productos.

"Facilidades" para un alto coste

Lo ponen fácil, pero tienen alto coste El reclamo más utilizado para atraer a los conusmidores es la rapidez en la concesión, puesto que no tienen un margen de tiempo para pensar sobre las consecuencias de solicitar el préstamo y tampoco tienen capacidad para reflexionar, conocer a fondo los derechos que les amparan y analizar la oferta vinculante. Además, la escasa información que dan al consumidor, en donde no incluyen la TAE en muchas de sus publicidades, las comisiones o qué ocurre en caso de impago, no les permite tener una visión general del coste real de estos créditos. Para evitar la aplicación de la Ley de Créditos al Consumo, la ley que regula los préstamos a partir de 200 euros en adelante, muchas de estas empresas ofrecen créditos por cantidades inferiores a 200 euros. Por eso, los consumidores que se encuentran en una situación de endeudamiento y necesitan urgentemente dinero, no deben caer en la trampa que suponen los créditos rápidos para pagar los gastos corrientes como la luz, agua, hipoteca... Antes de seguir endeudándose más, pueden acudir a ADICAE para informarse sobre soluciones alternativas.

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sábado, 2 de abril de 2016

Académicos


Un sistema bancario concentrado pone aún más en peligros los derechos de los consumidores



ADICAE, 01/04/2016

Según un informe reciente publicado por la FUNCAS, publicado en abril de 2016, desde el comienzo de la crisis en 2008 a septiembre de 2015, el número de entidades de crédito ha cáido un 24%  (de 286 a 198). Esto ha suepuesto que las cinco mayores entidades disfrutan de una cuota de mercado del 58%.

A nadie se le escapa que el riesgo de que esto derive en actuaciones contrarias a la competencia, y  por tanto perjudiciales a los clientes, se incrementa, máxime en un mercado como el bancario, que ha maltratado sistemáticamente los derechos de los consumidores con prácticas comunes. Baste recordar las clásulas suelo, impuestas prácticamente por todas las entidades; o las recientes “comisiones en cajeros”, puesta en práctica por las entidades con mayor peso de negocio, como caixabank y al que rapidamente querían adherirse Santander y BBVA.

Lo llaman "redimensionar", pero es "concentración"

Según los registros del Banco de España, en diciembre de 2007 existían en nuestro país la friolera de 201 entidades de crédito, incluyendo bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito. En diciembre de 2014 esta cifra se ha reducido hasta 140. Si en términos cuantitativos estas cifras permiten apreciar la criba tras 9 años de crisis, todavía son más elocuentes si tenemos en cuenta que las entidades que más se han reducido han sido precisamente las cajas de ahorros, entidades más extendidas entre la ciudadanía: de 46 cajas de ahorros ahora todas se han convertido en bancos. Es evidente que no hacía falta tantas entidades, ni tantas sucursales, que sólo han servido para colocar  productos trampa a los consumidores; pero en modo alguno puede tolerarse una concentración de poder financiero de estas características y en tan poco tiempo. Es pernicioso para los consumidores y para la economía.

16 entidades controlan el mercado bancario

En efecto, la desaparición cuantitativa de entidades y sucursales ha dado lugar a una concentración bancaria donde apenas 16 entidades controlan un 90% del mercado español; y cuatro de ellas (Santander, BBVA, Caixabank, Popular y Bankia) el 60% de las operaciones de activo y pasivo que se realizan en nuestro país. El negocio bancario se concentra ahora en menos manos. Si en la época de gestación de la crisis ni había competencia entre entidades ni se respetaban los derechos de los consumidores, la transformación del sistema bancario ha mantenido y reforzado estas pautas de comportamiento.

El nuevo panorama bancario trae créditos a coste abusivo

El nuevo mapa bancario concentrado hace mella en los consumidores. Los datos del Banco Central Europeo confirman que España es el país de la Eurozona donde el tipo de interés de los créditos es de los más elevados. Según los últimos datos del Banco de España de diciembre de 2015, los hogares españoles pagaron de media un 9,13% por un crédito al consumo de duración entre 1 y 5 años, mientras en la Eurozona la media es de 5,24%. En hipotecas a más de 10 años, el tipo medio en España es de 2,75%, mientras que en la zona Euro es del 2,41%. Y ello en un contexto donde el precio oficial del dinero, marcado por el Banco Central Europeo, es del 0%.

Un papel relevante para la defensa de la competencia

Es evidente que el papel cada vez más concentrado de las entidades financieras puede condicionar el coste de los servicios bancarios. Por ello los intereses de los consumidores deben un lugar cada vez más central en las estrategias de control tanto del organismo responsable de la competencia (la CNMC, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) El riesgo de que el sector bancario acabe como el mercado eléctrico se pone de manifiesto en el nuevo panorama financiero. Al margen de crear unidades específicas y programas de actuación concretos dentro de la CNMC, muchos países ofrecen soluciones interesantes, como la implicación de las organizaciones de consumidores en esta tarea, fomentando vías de cooperación y actuación conjunta para vigilar y denunciar las concertaciones de precios y costes.

Un cambio urgente para los supervisores del mercado financiero

Los cambios del mapa bancario y los fraudes masivos que han sufrido los consumidores han ido de la mano. Este hecho no ha provocado sin embargo hasta el momento ni un solo movimiento de reforma en los organismos reguladores: CNMV y Banco de España. Su papel en la gestación de la crisis y en los escándalos de las preferentes o las cláusulas suelo han sido determinantes. Por ello, son necesarias reformas de calado que los convierta en herramientas útiles en la protección de los consumidores financieros. Tras la puesta en marcha del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), organismo europeo que se va a encargar de la supervisión financiera a los 120 principales bancos de la zona euro, se hace necesario un organismo específico que vigile las prácticas de las entidades con sus clientes. En España y en Europa. En Estados Unidos la experiencia de la crisis hizo que el gobierno Obama pusiera en marcha una específica Agencia de Protección al consumidor financiero con notables poderes. Esta tarea está todavía pendiente en España y en Europa.

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http://usuariosdebancayseguros.adicae.net/?articulo=3173

viernes, 1 de abril de 2016

Rajoy y Guindos hacen de las suyas


Pues va a ser que Bankia estafaba a la gente



Por Carlos Huerga
Público.es, 31 mar 2016

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por dos particulares contra Caja Madrid, la actual Bankia, por conceder hipotecas sobrevaloradas. En la querella se denuncia que desde 2003 a 2009 era práctica común sobretasar viviendas para conceder hipotecas por más del 100% del valor de la vivienda. Se acusa a Miguel Blesa y parte de su cúpula directiva de delitos de estafa, administración desleal e incluso asociación ilícita.

No es la primera vez que vemos a un directivo de Bankia investigado o juzgado: tarjetas black, la venta de preferentes, falsedad de información en la salida a bolsa, etc. Sin embargo, las actuaciones denunciadas en esta querella ponen de manifiesto la injusticia de la distribución del pago de la crisis y como se ha vulnerado el derecho a la vivienda:

De inflar la burbuja inmobiliaria a ser uno de los bancos que más desahucian

A pesar de haber dado hipotecas sobrevaloradas durante años, cuestión que hizo que con el estallido de la crisis mucha gente acabará perdiendo su vivienda, a Bankia no le ha temblado la mano a la hora de desahuciar. Según un informe de la PAH y el Observatori Desc, BBVA, Bankia, Santander y CaixaBank ejecutaron el 59% de los desahucios desde 2011 a 2013. Es decir, durante años se dedicaron a inflar la burbuja inmobiliaria para, una vez que había estallado, quedarse con las viviendas de las personas a las que presuntamente han estafado, sin darles una solución habitacional.

Fue la entidad que se llevó la mayor parte del rescate bancario

Dentro de la querella se denuncia que las malas prácticas de Bankia pueden haber afectado a la economía española, razón por la cual la Audiencia nacional tiene competencias para investigarla. A pesar del efecto que ha tenido esta mala gestión sobre todos nosotros, Bankia fue la entidad que llevó la mayor parte del rescate bancario: 22.424 millones de € en efectivo y 34.768 millones en ayudas subordinadas. A cambio, el Estado solo ha recibido acceso a la propiedad por un valor de 6.195 millones. ¿Qué quiere decir esto? Hemos dado más de 57.000 millones de € para rescatar a Bankia, renunciando a tener un control sobre la entidad que la obligara a subsanar los efectos de su mala gestión sobre la economía española.

Una máquina de generar activos tóxicos

Parte de las hipotecas sobrevaloradas que Caja Madrid concedió entre 2003 y 2009, tras el estallido de la crisis, se convirtieron en activos tóxicos. El lastre que esto suponía para las cuentas de Bankia, así como para otros bancos que tenían el mismo problema, hizo que el Estado creara la Sareb, el banco malo, comprando parte de estos activos con dinero público. El objetivo de esta transferencia era librar a Bankia (entre otros) de unas viviendas desahuciadas, o con riesgo de llegar a serlo, que hoy no valen lo que se pagó por ellas en su día. Con esta acción las viviendas se podrán poner a la venta cuando se hayan revalorizado, en lugar de darles un uso social como ha demandado la PAH.

Si la querella prospera y la Audiencia Nacional confirma esta gran estafa, se abrirá una nueva vía judicial para que todas las personas afectadas puedan tener una solución justa. Podría no solo afectar a la gente que se hipotecó con Bankia, ya que el auto del magistrado declara que “el hecho de que la sobrevaloracion de las tasaciones pudiera haber sido en España y otros países una práctica generalizada en el período anterior al estallido de la crisis de 2008 y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, no puede sin embargo justificar cualquier práctica”, lo que puede poner en el punto de mira a otras entidades del sector bancario por los mismos delitos.

Pero, sobre todo, si se confirman las acusaciones, quedará demostrado que el relato de que estamos en crisis porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades es rotundamente falso: hemos vivido con las posibilidades que nos daba una banca que incurría en delitos mientras las administraciones miraban a otro lado, y encima hemos pagado la factura de su burbuja.

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