martes, 4 de abril de 2017

La banca contaba en 2015 con 14 filiales y 7 sucursales en paraísos fiscales, según el Gobierno



20 Minutos.es, 03/04/2017.

La banca española contaba en 2015 con catorce filiales y siete sucursales en "centros off-shore", más conocidos como paraísos fiscales, según consta en la respuesta dada por el Ejecutivo al diputado de Unidos Podemos-En Comú-En Marea Miguel Ángel Bustamante.

En esta contestación, el Gobierno se remite a la información de las últimas cuentas anuales auditadas por la banca española y muestra su deseo de que "estas cifras se reduzcan en el futuro próximo, siguiendo la tendencia de los últimos años".

El Ejecutivo también advierte que tanto la autorización para operar como entidad financiera como la revocación de la misma no son competencia de los Gobiernos nacionales, sino del Banco Central Europeo (BCE), y en las causas de revocación no se encuentra el establecimiento de filiales en paraísos fiscales.

"En consecuencia, no existe base normativa a nivel europeo que permita revocar la autorización a un banco por el hecho de mantener filiales en terceros países", asevera.

Por otro lado, el Gobierno recuerda al diputado que la legislación española "tampoco impide o prohíbe a los bancos la posibilidad de operar en o desde paraísos fiscales". "No obstante, a los efectos de evitar perjuicios en el ámbito de la recaudación de la Hacienda Pública, se han implementado distintos mecanismos de información previa y periódica con respecto a la participación, inversiones y beneficios de entidades radicadas en paraísos fiscales", agrega.

Entre estas, el Gobierno destaca la disposición del Banco de España relativa a obligar a los bancos domiciliados en el país a informar sobre "los cobros y pagos, abonos y adeudos en cuentas, así como sobre los envíos y recepciones de billetes, de su clientela con el exterior, incluidos, obviamente, los territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales".

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domingo, 2 de abril de 2017

Stop desahucios


"Los bancos controlan el sistema político y el sector financiero se ha separado de la democracia"



Por Miguel Carrión
El diario.es, 01/04/2017.

Ann Pettifor es conocida por su trabajo sobre la deuda soberana de los países más pobres, y el crecimiento de la deuda en la OCDE. Lideró la organización Jubilee 2000 que consiguió una condonación sustancial de la deuda de los países más pobres y cambios en las políticas nacionales e internacionales. Es autora de varios libros sobre economía política. La entrevistamos en Madrid con motivo de la presentación de su último libro, La producción del dinero: cómo acabar con el poder de los bancos (Ed. Los Libros del Lince).

En la introducción escribe que su objetivo es hacer el dinero y las finanzas accesibles, sobre todo para mujeres y ecologistas. ¿Qué espera lograr a través de ellos?

Las mujeres se llevan la peor parte de las malas políticas económicas, porque no son influyentes dentro del sistema monetario. Tiende a ser un juego de hombres, y eso tiene que cambiar. Su ignorancia del funcionamiento del sistema hace la situación más difícil para ellas. También significa que no hay un reto efectivo al sistema.

Los ecologistas piensan en el ecosistema sin pensar en cómo el sistema monetario alimenta el consumo, que a su vez alimenta las emisiones tóxicas. La expansión masiva del consumo desde la década de 1970 ha tenido un impacto sobre el ecosistema. Y no nos fijamos en algo que es causal, el dinero fácil, pero caro. Entonces no entendemos que hemos pasado de un sistema monetario bien regulado a uno donde cualquiera podía tener una tarjeta de crédito e ir de compras.

¿Puede explicar el dinero fácil y caro frente al dinero escaso y barato?

Lo tengo muy claro, en parte debido a mi experiencia con la deuda soberana. Lo que sucedió a los países pobres fue que sus administraciones impagaron su deuda. Los acreedores que se hicieron con la deuda, en el momento del incumplimiento, acumularon nuevos intereses. Muchos deudores soberanos iban al Club de París y descubrían que tenían “deudas fantasma” de las que no sabían, debido a los tipos de interés.

El dinero fácil sencillamente se asigna sin regular, para especular, sin preguntas. El dinero caro es el que tiene un precio alto. Suscribo la opinión de John Maynard Keynes de que en promedio, históricamente, las empresas en su conjunto tienen beneficios de alrededor de un 3% anual, y si los tipos de interés son más altos la deuda se hace impagable. Es absolutamente crítico que los tipos de interés se mantengan bajos.

Todo el mundo habla del entorno de tipos bajos de interés desde la crisis. No creo que los hayamos tenido. Sí ha sido así para instituciones financieras que pueden pedir prestado a bancos centrales. Las empresas pagan tipos mucho más altos que el tipo bancario, que es casi irrelevante para la economía real. Cuando la inflación ha sido efectivamente negativa, los tipos de interés son altos en términos reales.

Me fascina que los tipos de interés de alguna manera se han desconectado del negocio de prestar. En el mercado de derivados de tipos de interés, el tipo se ha convertido en una cosa en sí misma, casi independiente. Al comienzo de la crisis, en agosto de 2007, los bancos dejaron de prestarse entre sí, pero todavía había especulación sobre el Libor.

¿Qué determina el tipo de interés real?

Cada tipo de interés se determina individualmente en una relación social entre el deudor y el acreedor. No existe tal cosa como un tipo de interés natural. Hay un tipo del banco central determinado por un comité de hombres y mujeres. Ciertamente no depende de la demanda o la oferta de dinero. Como argumentaba Keynes, el tipo de interés se determina por la demanda de activos, no por la demanda de ahorro. En este momento hay escasez de activos contra los que pedir prestado, por lo que su precio ha aumentado. Los gobiernos no han producido la suficiente deuda soberana, que es uno de los activos más valiosos y fiables.

Esto va en contra de la austeridad y la consolidación fiscal. ¿Qué piensa sobre la hacienda pública?

El crédito no es dinero-mercancía, es dinero bancario, a menudo sólo digital. Se crea de la nada. Los prestatarios son fundamentales para la oferta de dinero y ahorro en la economía. Como funciona el sistema es: un prestatario solicita un crédito, se le concede en forma de depósito, que puede utilizarse como ahorro. No se empieza con ahorro. Para tener más ahorro en la economía necesitamos más deuda.

El prestatario más fiable es el gobierno. Y que el gobierno no pida prestado, en un entorno en el que el sector privado a) está demasiado endeudado para pedir prestado; y b) también carece de confianza para ello, ha creado una escasez de deuda. Los fondos de pensiones la necesitan para sus inversiones a largo plazo. Cuando el gobierno gasta, la cuestión no es la acumulación de la deuda. La cuestión es que gasta en la economía real y beneficia al sector privado. El gobierno genera los ingresos necesarios para luego generar ahorros, y luego más inversión y más ingresos.

Describe la creación del crédito bancario como algo político, y no una función de mercado.

Es una función social y muy politizada ahora. Hay control político sobre ello, y los bancos a su vez controlan el sistema político. El sistema bancario es un sistema de relaciones sociales entre los que tienen unos derechos y los que tienen la obligación de satisfacer esas demandas. Este sistema de activos y pasivos es el sistema monetario. Es un sistema de relaciones sociales que una pequeña élite ha capturado. Que el sector financiero se haya separado de la democracia reguladora y opere en la estratosfera ha politizado todo el proceso, porque el público es consciente de irregularidades, corrupción, y sobre todo de que muchos se enriquecen sin esfuerzo extrayendo rentas. Y esto causa las insurgencias que hemos visto.

¿Qué solución sugiere?

En primer lugar tiene que haber voluntad política de subordinar los intereses del sector financiero a los de la sociedad. Las empresas globales no puedan operar más allá de los límites de la democracia reguladora. Las políticas se aplican dentro de unas fronteras, tienen ciertos límites democráticos. El dinero detesta las fronteras. El sector financiero tiene que repatriarse y operar dentro de los límites reglamentarios de las democracias. Puede que sea demasiado tarde. Ya hay una insurgencia tan seria contra las finanzas globalizadas que soy bastante pesimista.

La segunda cosa importante es que, como muchos otros, me gustaría ver restaurada el equivalente de la ley Glass-Steagall (que en EEUU separaba la banca de inversión de la banca comercial).

Pero me gustaría ver a los gobiernos utilizar su poder de negociación. Estas grandes compañías globales quieren separarse de la democracia reguladora, y sin embargo poder personarse en los tribunales de las democracias para hacer cumplir contratos. Les podemos negar el acceso a los tribunales financiados por los contribuyentes, en tanto no paguen impuestos.

Esto enlaza con los tribunales de arbitraje inversor en tratados como CETA y TTIP.

Que están diseñados para estar fuera del control de la democracia. Karl Polanyi argumentaba que, si los mercados deciden ir más allá de los límites de la democracia reguladora, el pueblo se rebela casi al mismo tiempo, debido a que este proceso los empobrece. En Estados Unidos [Anne] Case y [Angus] Deaton muestran que amplios sectores de la clase obrera se suicida, es drogadicta y se muere temprano. Se debe a la desesperanza provocada por la determinación de estas fuerzas del mercado de desligarse de la democracia, y luego castigar a la población. La gente no lo puede soportar y se revuelve rápidamente. No me sorprende que votasen por Donald Trump.

¿Qué reforma monetaria necesitamos?

Ya he tocado la repatriación del capital offshore. Estoy a favor del control de capitales, porque los bancos centrales han perdido el poder de regular los tipos de interés sobre todo en el espectro de préstamos. La teoría de Keynes de la preferencia de liquidez muestra que la demanda de activos en todo el espectro puede satisfacerla el gobierno emitiendo deuda a varios plazos. Y cumple con diferentes motivos: el especulativo, el de ahorrar, o el de recuperar el dinero rápidamente.

Me gustaría que los bancos centrales gestionasen activamente los tipos de interés en todo el espectro de préstamos dentro de las economías nacionales. Para eso no se puede permitir a los flujos de capital transfronterizos subvertir la gestión de los tipos de interés dentro de la economía nacional. Ése fue su gran idea, y ha sido firmemente enterrada por la profesión económica. Pero es esencial para la reactivación de la economía y para luchar contra el cambio climático, porque necesitaremos gran cantidad de fondos. Tendremos que financiar una sorprendente transformación de toda la economía para apartarla de los combustibles fósiles. Y esta financiación no puede ser cara.

Para mí se trata de control de capitales, la preferencia de liquidez, y herramientas macroprudenciales. Hélène Rey, una economista distinguida y ortodoxa, ha discutido con los bancos centrales que deben gestionarse los flujos de capital transfronterizos. Puede terminar siendo asesora del señor Macron (candidato a la presidencia de Francia), así que podemos ver algún progreso. No sólo se llega a esto desde una perspectiva keynesiana. También los ortodoxos están empezando a darse cuenta de que la movilidad del capital es increíblemente desestabilizadora y desencadena insurgencias.

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sábado, 1 de abril de 2017

Stop desahucios


¿A qué esperan para acabar con los abusos de los bancos?



Por Javier Nogales
El diario.es, 30/03/2017.

Considerando y teniendo en cuenta la definición de cláusulas abusivas y la nulidad de pleno derecho…

Cuando el reciente CIS de febrero nos  muestra que tras el paro (72,2), la corrupción y el fraude (37,3)  y los problemas de índole económica ( 27,0) son los políticos en general y los partidos y la política en particular ( 23,4) la cuarta mayor preocupación de los españoles,  los que tienen la responsabilidad de representar a los ciudadanos deben hacer un gran esfuerzo por hacer de la política una actividad noble y que sea vista como la más honrosa y noble de las actividades humanas.  La desafección generalizada por parte de la ciudadanía de la política y de los políticos debe ser un acicate o estímulo para hacer valer la acción de la política. La política debe legitimarse y debe hacerlo abordando los problemas de los ciudadanos, dándole respuesta y soluciones a sus problemas. La fuerza de la política se legitima ante los poderosos cuando es capaz de actuar diligentemente ante los abusos,  sean éstos del tipo que sean y estén protagonizados por particulares, entidades o personas jurídicas.

Los abusos cometidos por los bancos son una realidad incontestable y como tal están definidos por la UE desde 1993; sus prácticas abusivas, nulas de pleno derecho, deben ser objeto de la acción no sólo de la justicia sino especialmente de la política; es decir, del poder legislativo y del ejecutivo. En un estado democrático y de derecho perteneciente a la UE  sus poderes instituidos no pueden permanecer impasibles ante los abusos porque no sólo dañan los intereses particulares de cada uno de los clientes afectados por dichos abusos, sino porque deslegitima la democracia representativa y el gobierno. Un gobierno que en nombre de todos los españoles contribuyó con  100.000 millones a un rescate bancario de diferentes entidades, algunas de las cuales ya han empezado a recuperar beneficios y no por ello han devuelto pago alguno al erario, debería tomarse esta tarea como prioritaria.

Las “cláusulas abusivas”  de las entidades bancarias han hipotecado  y siguen haciéndolo a los ciudadanos consumidores, y sobrecargan sobre las familias, una cantidades ingentes,  producto de unas malas prácticas que,  con carácter general  han sido practicadas, salvo  contadas excepciones,  en todas y cada una de las entidades de ahorro de este país durante muchos años.

Resulta especialmente significativo que de estas prácticas no se hayan salvado ni  las Cajas de Ahorro cuyas entidades fundadoras eran instituciones públicas. Entidades que tras su bancarización tampoco han modificado su actuación al respecto.  Estas prácticas abusivas generalizadas han puesto de manifiesto la situación de indefensión de los ciudadanos ante estos abusos y la nada diligente actuación de quienes tenían y tienen la responsabilidad de gobernar y de legislar en este país y por tanto de evitar los abusos. Tratándose de cuestiones que afectan a los consumidores no se puede centrar la falta de diligencia sólo en el gobierno central de la nación y en las cortes generales sino también en los parlamentos y ejecutivos autonómicos competentes en esta materia.

La opacidad, la falta de transparencia y el mal hacer de las entidades de ahorro están hipotecando y lastrando de por vida la existencia de muchos ciudadanos que no salen de su asombro al comprobar que les han estado esquilmando de manera abusiva durante muchos años y que se sigue sin actuar de manera diligente, rápida y eficaz por parte de los partidos políticos con representación parlamentaria y por el gobierno de la nación para acabar con ello.

No estamos hablando sólo de las “clausulas suelo” sino de todas otras malas prácticas ( hasta 7) que siguen gravando a los consumidores de manera onerosa, abusiva e ilegal.

En esta cuestión el conjunto del Estado español, como miembro de la UE que es desde su adhesión en Junio de 1985 y miembro a todos los efectos desde 1 de enero de 1986,  debe tener una  fecha de referencia y no es otra que la que establece la “Directiva 93/13 CEE del Consejo de 5 de abril de 1993 sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores”.  Esta directiva del Consejo de las comunidades europeas afirma que “ visto el tratado constitutivo de la CEE y en particular su art. 100.A, vista la Comisión, en cooperación con el Parlamento europeo… y considerando que corresponde a los Estados miembros velar por que no se incluyan cláusulas abusivas en los contratos con consumidores… considerando que… es indispensable eliminar las cláusulas abusivas de estos contratos… considerando los dos programas comunitarios de políticas de protección e información de los consumidores, que protegen a los consumidores contra los abusos de poder en especial en los contratos de adhesión ( donde no hay posibilidad de negociación entre las partes pues una, el consumidor, si no acepta se queda sin el bien ( hipoteca) y además no se le explican los términos de lo que firma )   considerando que los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para evitar que se estipulen cláusulas abusivas…. y que si a pesar de ello figuraran tales cláusulas, éstas no obligarían al consumidor y el contrato seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que las cláusulas abusivas no afecten a su existencia …

Teniendo en cuenta todos estos “considerandos” a nadie le debería extrañar que se promulgara  un  Real Decreto Ley  (por la vía de urgencia) que recogiera el espíritu y la letra de la mencionada directiva del Consejo de 5 de abril de la UE (93/13) y sin perjuicio de lo que los afectados y las asociaciones de consumidores y usuarios hayan logrado en los tribunales, se procediera a instar de oficio a las entidades bancarias y de ahorro del conjunto del territorio nacional a actuar de oficio y eliminando todas y cada una de las cláusulas consideradas abusivas por los tribunales y por la UE y resarciendo a los afectados con efecto retroactivo desde diciembre de 1994. ¿Por qué no se hace?

Teniendo en cuenta el perjuicio que la pervivencia de estas cláusulas abusivas declaradas nulas de pleno derecho está provocando en una parte significativa de la población y teniendo en cuenta también el colapso de los tribunales de justicia y su escasez de medios materiales y humanos, teniendo en cuenta así mismo el papel más que dudoso de los notarios que tenían que dar fe de que  los hechos se llevaban a cabo con la seguridad de que los usuarios hipotecados conocían los términos de su hipoteca en todos sus extremos….teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la citada directiva de la UE, teniendo en cuenta así mismo la definición de cláusula abusiva ( art. 3, 1,2 de la mencionada directiva) y la lista de los actos que según el anexo de la mencionada directiva pueden ser declarados abusivos…teniendo en cuenta el artículo 7 que afirma “ Los estados miembros velarán por que en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas …"

Teniendo en cuenta la nula actuación  de los diferentes legislativos y gobiernos en proceder con arreglo a los tiempos marcados en el art.9 (5 años) y 10.1 (31 de diciembre de 1994) y teniendo en cuenta que se insta a los Estados miembros a adoptar “ las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente directiva a más tardar el 31 de diciembre de 1994” … y podríamos seguir con otras Directivas la 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) nº 1093/2010 y la Directiva 2005/29/CE y de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores que tantas veces han reiterado que “No deben incluirse en el coste total del crédito para el consumidor los gastos que este pague en relación con la adquisición del bien inmobiliario, como los impuestos asociados y los gastos notariales o los costes de registro de la propiedad….”

Y no constándonos que se haya hecho nada al respecto creo que es de justicia exigir que se proceda por parte de las entidades bancarias del Estado español  a devolver a los clientes las cantidades correspondientes a los costes abonados por las clausulas suelo y por gastos hipotecarios (constitución de la hipoteca, impuestos, registro, tasación, actos jurídicos documentados y gastos notariales…) y a la par que se anulan como imposiciones de intereses abusivos por demora, imposiciones gravosas por descubiertos….Pues ya hay sentencias que afirman que son nulas las cláusulas que  "imponen al consumidor todos los costes derivados de la concertación del contrato como consecuencia de la intervención notarial y registral y el pago de los tributos en los que el sujeto pasivo es el banco, como sucede en determinados hechos imponibles del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados”. En la misma sentencia determina que este tipo de cláusulas generan un desequilibrio y, por tanto, se consideran abusivas de acuerdo con el artículo 89 de la Ley 1/2007, de 16 de noviembre, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Por favor, háganlo de oficio, pero háganlo ya, y obliguen a los bancos a revisar todas las hipotecas y a que devuelvan no sólo lo correspondiente a las cláusulas suelos sino también los gastos de constitución, registro y actos jurídicos documentados. Hay otros abusos como el cargo por  las notificaciones de descubierto o impago, o los intereses de demora desorbitados que deberían también estar incluidos en el mismo RDL y por los que también se les debería resarcir a todos los clientes perjudicados, auténticas víctimas de abusos hipotecarios.  

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