lunes, 4 de septiembre de 2017

La banca pierde en todos los juzgados únicos de cláusulas suelo



Intereconomía, 04/09/2017.

Todas las sentencias de los polémicos y recurridos nuevos juzgados únicos de cláusulas abusivas han sido contrarias a los intereses de la banca. No obstante, el número es tan reducido, apenas 17, que muestra el colapso de estos juzgados aprobados por el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ.

Los 54 juzgados únicos –uno por provincia– en materia de cláusulas abusivas, tanto suelo como otras hipotecarias -gastos de constitución incluidos- se estrenaron el pasado 1 de junio y hasta los últimos datos disponibles han recibido más de 16.000 demandas, para tan solo 17 fallos, todos contrarios a la banca.

La polémica medida generó un aluvión de críticas por parte de abogados, organizaciones de consumidores e incluso asociaciones de jueces. Todos ellos apuntaban que se evitaba así dar una cobertura judicial a los miles de afectados por las cláusulas abusivas, principalmente por las personas residentes fuera de las ciudades, que correrían con los gastos de transporte, en lugar de ir al juzgado de Primera Instancia más cercano. Los juzgados están dotados con muy poco personal, tan solo un juez titular recién salido de la oposición, sin experiencia alguna en este tipo de casos.

Según la memoria del Consejo General del Poder Judicial, la mayoría de las sentencias se deben a las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios, así como en decidir quién debe pagar los gastos derivados de la constitución de la hipoteca -como los del notario-. La banca había cargado todos los gastos al cliente, pese a que el Código Civil establece qué parte corresponde a cada uno de los actores.

Las cifras muestran la carga de trabajo de estos juzgados. Madrid se lleva la palma, con casi cuatro veces más casos que en Barcelona. No obstante, otros juzgados, como el de Oviedo, han recibido ya otras 722 demandas, de las que ha dictado 12 sentencias, la gran mayoría del total.

En Barcelona hay una sentencia contra el Banco Sabadell, que tendrá que devolver al cliente todo lo cobrado de más por las cláusula suelo, junto con los intereses de demora y realizar un nuevo cálculo de la hipoteca.

En Zaragoza, el juzgado de Primera Instancia de Zaragoza número 12 Bis sentenció contra Ibercaja, condenada a devolver los gastos de constitución de hipoteca. “Declaro la nulidad por abusivos de los siguientes apartados de la cláusula 7ª del contrato de préstamo hipotecario celebrado entre las partes en fecha 10 de marzo de 2.011, ante el Notario D. Esteban Sánchez Sánchez, “Son a cargo de la parte prestataria todos los gastos (…), presentes y futuros, que se originen en virtud de la formalización, rectificación, cumplimiento, ejecución y extinción del préstamo…..Son de su cargo una primera copia para la Caja de la escritura debidamente liquidada e inscrita (…) aranceles notariales y registrales (…) tramitación de la inscripción registral de esta escritura y de aquellas otras cuya inscripción previa sea precisa, a través de la gestoría que la Caja designe de mutuo acuerdo con la parte prestataria”, señala la sentencia. El cliente tendrá que ser resarcido con 1.022,45 euros más los intereses.

Liberbank es otra de las entidades que ha sido condenada por estos motivos, ya que cargó todos los costes de la hipoteca a los consumidores.

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sábado, 2 de septiembre de 2017

Sin palabras


La venta de Banco Popular pone a prueba a la justicia europea



Por Marta Garijo
El diario.es, 01/09/2017

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aceptado medio centenar de demandas contra la decisión de la Junta Única de Resolución de intervenir el Banco Popular para posteriormente subastarlo y acabar vendiéndolo a Banco Santander por un euro en una operación en la que los accionistas perdieron todo su dinero al amortizarse los títulos a cero.

Entre las demandas hay pequeños inversores, fondos o asociaciones de consumidores que piden la anulación de la operación. El tribunal, según ya recordó Bruselas, es el órgano competente para resolver sobre las decisiones que ha tomado una institución europea.

Tras cumplirse el plazo para poder presentar estos recursos, en total hay 51 que van contra la decisión de la JUR y en algunos casos también contra la propia Comisión Europea por su intervención. Las demandas se han ido interponiendo desde la resolución de Banco Popular, que se produjo el 7 de junio, hasta dos meses después, el 7 de agosto, el plazo que daba la justicia europea. Aunque algunas llegaron más tarde, por los diez días de plazo extra heredados del tiempo en que la entrega de documentos no era telemática.

Por ahora, los recursos aparecen en el listado del TJUE como asunto pendiente y será en los próximos días tras sus estudio se vayan dando pasos hacia su resolución. Aunque no existe un plazo para que se falle sobre estos casos, sino que en la normativa se recoge que sea "un plazo razonable".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo está formado por dos órganos jurídicos, por un lado el Tribunal General y por otro el Tribunal de Justicia. Este último fue el que dirimió sobre la cuestión de las cláusulas suelo y el que está estudiando el caso, por ejemplo, de Uber. Sin embargo, es el Tribunal General el que tiene que fallar en  los recursos contra las decisiones de las instituciones como es el caso de Popular. Entre las diferencias de los órganos está que en el General no existe la figura del abogado general y sus conclusiones, sino se dicta directamente la sentencia.

En general, los recursos buscan que se anule la decisión de la JUR de resolver el banco. Aunque si no se consigue anular esta decisión, en varios casos se pide una "adecuada compensación económica" para los accionistas que se quedaron a cero tras la intervención europea en Popular.

Este es el caso de la asociación de accionistas minoritarios Aemec representadas por Cremades & Calvo Sotelo que establece en 1,85 euros el valor al que debería retribuirse al accionista según su análisis de las cuentas de Popular.  La cotización de los títulos de Popular a cierre de mercado la tarde antes de su intervención era de 0,32 euros.

En el caso de otro de los recursos, el presentado por el despacho B. Cremades & Socios piden la nulidad de la actuación de la JUR pero "no obstante, se solicita una indemnización mínima equivalente al precio de cotización de los instrumentos de capital de Banco Popular a fecha 22 de mayo de 2017". En esa sesión, las acciones cerraron a 0,69 euros.

Entre los grandes accionistas, el empresario mexicano Antonio del Valle, que llegó a tener algo más del 4% del capital de Popular, también ha presentado recurso al considerar "ilegal" el marco de la resolución  Los inversores afirman que se les negaron derechos fundamentales garantizados por la legislación comunitaria a las partes interesadas. Ponen en entredicho la actuación europea y señalan que Popular no estaba en "graves dificultades" ni probablemente fuera a estarlo, sino era un problema de liquidez a corto plazo que se originó por las declaraciones de la presidenta de la JUR, Elke König, que llevaron a los depositantes a concluir que el banco se enfrentaba a una resolución inminente.

Los grandes fondos también han presentado acciones. Los recursos de Algebris, Anchorage y Ronit van contra la JUR, pero también contra la Comisión Europea. Estos recursos consideran que la CE fracasó en la evaluación apropiada o en todo caso de los aspectos discrecionales de la resolución que adoptó la JUR, según informa Expansión.

Petición de informes de la resolución

Previamente a estos recursos, muchos de los afectados por la resolución de Popular habían realizado la petición de información a la JUR sobre cómo se tomó la decisión. Sin embargo, el organismo ha decidido no hacer público el informe de Deloitte solicitado por varios de los que eran accionistas del banco en el momento de la resolución del banco.

Este es el caso del  Grupo  Luksic  que poseía un 3,45% del capital de la entidad cuando se produjo la resolución y recibió la negativa del organismo a recibir este y otros documentos. "La difusión del Informe de Valoración y los elementos de la Decisión de Resolución que se refieren a datos financieros de Banco Popular, así como a su posición particular en el mercado, podrían socavar la protección de los intereses comerciales de la entidad y de su comprador", decía la respuesta recibida por el Grupo Luksic.

La presidenta de la JUR, Elke König, durante su intervención en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, en la que fue su primera comparecencia pública tras la resolución de Banco Popular La JUR n o hará público el informe de Deloitte sobre Banco Popular ratificó que  no se publicará el informe de Deloitte, clave en la resolución de la entidad, que otorgó al banco una valoración de entre 2.000 y 8.200 millones de euros negativos al entender que contiene información confidencial.

Además de las demandas en el tribunal europeo, los afectados han optado por otras vías habiendo sido ya aceptadas varias querellas ante la Audiencia Nacional. Esta semana también se ha conocido que se presentaba la primera demanda por la vía civil.

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viernes, 1 de septiembre de 2017

Distintos tipos de crisis


El presidente de la EBA pide crear un banco malo con un billón de préstamos tóxicos



Por M. Arnold/J. Brundsen
Expansión, 01/09/2017.

Andrea Enria, presidente de la Autoridad Bancaria Europea, propone que la UE cree un fondo respaldado por los contribuyentes para comprar a su "valor real" préstamos de mala calidad que acumulan las entidades con problemas.

Un regulador bancario europeo insiste en la necesidad de crear un "banco malo" en la UE para comprar miles de millones de euros de préstamos tóxicos de las entidades. De esta manera, se rompería el círculo vicioso de caída de beneficios, recortes del crédito y un débil crecimiento económico.

Andrea Enria, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) aseguró ayer que la magnitud del problema de deuda incobrable de la UE lo convierte en un asunto que hay que abordar urgentemente. De hecho, las entidades acumulan más de un billón de préstamos tóxicos. Enria está convencido de que la UE corre el riesgo de tardar en reaccionar más que Japón a la crisis de deuda mala de sus bancos, a pesar de haber detectado el problema antes que Tokio.

El banquero propone que la UE cree un fondo respaldado por los contribuyentes para comprar a su "valor real" préstamos de mala calidad que acumulan las entidades con problemas.

Esto tendría el doble beneficio de aumentar la transparencia sobre el verdadero valor de la enorme cantidad de préstamos tóxicos que acumulan muchos bancos europeos en sus balances e incrementaría el tamaño de un mercado incipiente para ese tipo de activos.

La EBA no tiene potestad para introducir un proyecto de estas características por su cuenta y el discurso de Enria parece destinado a abrir el debate para la creación de un banco malo en Bruselas y otras capitales.

La UE está estudiando varias ideas para reducir los préstamos tóxicos de los bancos y los ministros de Finanzas trabajan en un informe que se publicará en marzo del año que viene. Sin embargo, las propuestas formales de la UE llegarían a más largo plazo.

El Banco Central Europeo ha aumentado la presión sobre los bancos de la eurozona para que reduzcan sus préstamos incobrables aumentando la cantidad de capital necesario para su liquidación.

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