Por Inés Abril
Expansión,
02/12/2017.
Los bancos llevan años reclamando el control de la banca en
la sombra: las compañías que prestan servicios similares a los financieros y
que dan financiación deben estar sometidas a las mismas restricciones que
ellos, aseguran. Pero no son tan proclives a la regulación cuando se trata de
las actividades de banca en la sombra que realizan ellos mismos. Basilea ha
tratado de acotar el riesgo potencial con requerimientos previos de capital y
la rebelión del sector bancario en pleno le ha llevado a dar marcha atrás.
La versión final de las directrices que ha aprobado el
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea así lo indica. El organismo del que
emana la regulación de la banca mundial recibió el encargo de las grandes
potencias del G20 en 2015 de fortalecer la regulación del sistema de banca en
la sombra y, sobre todo, de mitigar el riesgo de que un accidente en una de
estas entidades salpicara a los bancos.
Basilea identificó como uno de esos peligros el llamado
step-in risk, el riesgo de que un banco salga al rescate de alguno de los
negocios que tiene fuera de balance para evitar problemas reputacionales a
pesar de no tener obligación legal de hacerlo.
«En algunos casos, los bancos prefieren sostener
determinadas entidades de banca en la sombra que estén pasando por dificultades
financieras antes que dejarlas caer y afrontar la pérdida reputacional», señala
el documento publicado por Basilea.
¿Cuáles son estas entidades? Cualquier que esté fuera de
balance, pero ligada al banco, aunque solo sea por el nombre o por una comisión
de asesoría o gestión. Fondos de inversión, fondos de titulización, vehículos
financieros, fondos de deuda.., Basilea no descarta nada; serán los bancos los
que tengan que evaluar el riesgo potencial en cada una de las posibles
afectadas.
A partir de 2020
La obligación entrará en vigor a partir de 2020, fecha tope
para que los distintos países hayan adaptado a sus regulaciones las directrices
de Basilea. Los bancos deberán medir su exposición a la banca en la sombra,
convencer al regulador de que han puesto en marcha los necesarios mecanismos
mitigadores del riesgo y comprobar periódicamente cómo va el peligro.
Lo que no tendrán que hacer es reservar capital a priori
para compensar el riesgo. Basilea introdujo esta posibilidad en su primer borrador
de directrices de diciembre de 2015. La banca se levantó en pleno contra ello y
ha logrado la victoria. Ya en el segundo borrador del pasado mes de marzo, la
exigencia de recargos previos de capital fue eliminada y ahora la versión
definitiva lo confirma.
Santander y BBVA estuvieron entre las entidades que más
pelearon para conseguir el cambio. «Los dos bancos están preocupados por el
efecto que la propuesta del Comité de Basilea, su alcance y sus potenciales
implicaciones pueden tener en la capacidad de los bancos para participar en
actividades financieras clave, como la gestión de titulizaciones y de fondos»,
escribieron en 2016, en una carta conjunta remitida al regulador mundial.
Su queja ha surtido efecto. «El Comité reconoce que la
valoración de cada banco tiene que ser evaluada por el supervisor con el
objetivo de llegar a una solución personal y hecha a medida, más que a una
estandarizada», señala Basilea. Eso significa que no habrá café para todos,
sino negociaciones con el supervisor de cada país para llegar a un acuerdo
sobre la valoración de los riesgos.
Pero la parte más importante es la que afecta al capital. En
un país donde la gestión de fondos está tan bancarizada y donde los bancos
están recurriendo tanto a las comisiones de su negocio de fondos de inversión
para paliar la caída de la actividad tradicional como España, imponer recargos
previos hubiera supuesto un serio varapalo para las entidades.
Esa posibilidad está ahora en la papelera, junto con algunas
otras de las propuestas que contenía la primera propuesta de 2015. «Estas
directrices no implican un cargo de capital de Pilar 1 o de liquidez
adicionales a los que existen en la regulación de Basilea», es la frase clave
incluida en el nuevo documento que indica el cambio definitivo de postura.
Ahora, el objetivo de Basilea es «proveer a los bancos y a
los supervisores de un método para identificar el riesgo de salir al rescate de
los negocios de banca en la sombra». Y la pelota está en el tejado de los
bancos, que «son los responsables de elegir la respuesta más apropiada al
riesgo una vez que el peligro ha sido identificado». El papel de los
supervisores ya no es previo, sino posterior: tendrán que «comprobar y poner en
cuestión la respuesta adoptada por los bancos cuando sea necesario».
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