miércoles, 6 de diciembre de 2017

El FMI advierte que BBVA y Banco Santander son un peligro sistémico



Por Yago Álvarez
CADTM, 29/11/2017.

La alta exposición de estos bancos a países como Chile, México, Portugal o Turquía pone en riesgo la economía española y la de esos países, según avisa la institución que preside Lagarde.

Los fuertes vínculos de las entidades financieras españolas con el resto del mundo dan lugar a posibles riesgos de contagio transfronterizo. Esa es a la conclusión principal a la que llega el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un informe publicado sobre el sistema financiero español.

Las indicaciones y recetas del FMI sobre el sector bancario y su reestructuración tras la crisis financiera de 2008 y los rescates bancarios siempre han ido encaminada a promover la concentración bancaria. En los últimos años hemos visto como el Gobierno, mediante el FROB, ha forzado las fusiones bancarias como la de Bankia, que ahora sentará a Rodrigo Rato en el banquillo, u operaciones de rescate para luego ser vendidas a otra entidad mayor, como el caso del Banco Popular.

Es por ello que ahora resulta extraño que el mismo FMI sea quien haga saltar la alarma del peligro sistémico del sector bancario español, sobre todo de dos de las entidades que más beneficiadas han salido de esos rescates, fusiones y adquisiciones: Banco Santander y BBVA.

Según apunta el estudio, la cuota de activos financieros en el exterior de los bancos españoles se ha duplicado, llegando casi al 45% del total de activos financieros en junio de 2016, frente al 25% de junio de 2008, con un incremento muy significativo de esa exposición a productos en manos de hogares y pymes. Las mayores exposiciones internacionales por activos financieros se concentran en el Reino Unido (27%), Estados Unidos (16%), Brasil (10%), México (9%), Turquía (6%) y Chile (4%).

España tiene una gran exposición en las economías de Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Alemania, pero son relativamente moderadas en relación con el sistema bancario esos países. Pero el informe resalta que existe una presencia en países donde el sistema bancario se encuentra en una situación muy débil, como en Portugal, donde la exposición es de cerca del 14% de los activos totales del sector bancario en el país. O en Turquía, donde tras la reciente compra del BBVA, los bancos españoles representan en torno al 12 por ciento de su sector bancario.

Los dos primeros bancos españoles tienen más de la mitad de sus activos financieros en el extranjero y dependen, en gran medida, de esas operaciones, según el FMI. En 2015, el 88% de los ingresos antes de impuestos del Santander proceden de sus operaciones internacionales. Para el BBVA esta cifra es aún mayor, alcanzando el 89%. La institución que preside Lagarde avisa que “la alta dependencia de las filiales extranjeras en la generación de beneficios podría implicar vulnerabilidades significativas si las condiciones económicas y financieras de los países receptores se deterioraran”.

El informe también apunta que, tanto BBVA como Santander, tienen una gran exposición a países de Latinoamérica, y advierte del riesgo de que dos bancos con esa importancia sistémica en la economía española dependan en gran medida de los beneficios en esos países. BBVA y Santander representan el 38% del sector bancario mexicano y el 25% del sector de Chile, lo que podría suponer un grave riesgo, tanto para los países anfitriones en caso de que uno de los bancos tuviera un problema, como para la economía española en caso de que una de esas dos economías tuviera un problema y arrastrara el negocio de esas dos entidades.

Por último, el informe también alerta de la fuerte interconexión entre las diferentes líneas de negocio mediante los grandes grupos conglomerados. Los principales bancos españoles operan como grupos financieros diversificados en seguros, fondos de inversión y pensiones y otros sectores. Según el FMI, la existencia de estas interrelaciones tan fuertes podría generar riesgos sistémicos y provocar un efecto dominó provocado por las pérdidas o tensiones en uno de esos mercados.

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Aún más puertas giratorias...


Banca: El oficio más poderoso de Europa



Por Eric Toussaint
CADTM, 16/11/2017.

La deuda pública contraída para salvar a los bancos, que en su mayoría se encuentra en las manos de esos mismos mercados, es definitivamente ilegítima y debe ser repudiada.

En los siglos XI-XIV, los banqueros venecianos financiaban las cruzadas y prestaban dinero a los poderosos de Europa, pero de una manera más hábil que la Orden de los Templarios. En Venecia, se apoderaron de la cabeza del Estado dándole la forma de república. Financiaron la transformación de Venecia, ciudad-Estado, en un verdadero imperio que comprendía Chipre, Eubea (Negrepont) y Creta. Adoptaron una estrategia imparable para enriquecerse y garantizar el reembolso de sus créditos: ellos endeudaron al Estado veneciano con sus propios bancos. Ellos mismo definieron los términos de los préstamos, ya que eran propietarios de los bancos y dirigentes del país. El Estado veneciano devolvió hasta la última moneda de aquella deuda.

Por otro lado, estos banqueros tuvieron la idea de crear títulos de la deuda pública que podían circular de un banco a otro. Los mercados financieros comenzaban a ponerse en pie. Este tipo de préstamo es el precursor del sistema de endeudamiento de los países tal y como se conoce hoy. Siete siglos más tarde, los banqueros de Europa, igual que sus predecesores venecianos o genoveses, no tienen por qué sentirse inquietos ante los gobiernos actuales.

Los Estados actuales, y el proto-Estado de la Unión Europea, son quizás más complejos y sofisticados que las repúblicas de Venecia (o de Génova) de los siglos XIII al XVI, pero son con igual crudeza los órganos de ejercicio del poder de la clase dominante, el 1% opuesto al 99%. Mario Draghi, antiguo responsable de Goldman Sachs en Europa, dirige el Banco Central Europeo. Los banqueros privados han colocado a sus representantes o a sus aliados en puestos clave en los gobiernos y las administraciones.

Desde un punto de vista histórico, el New Deal iniciado por el presidente F. Roosevelt en 1933 y los treinta años que siguieron a la II Guerra Mundial aparecen como un paréntesis durante el cual la clase dominante tuvo que hacer concesiones, ciertamente limitadas, pero reales, a las clases populares. Los grandes patronos tuvieron que disimular un poco su dominio sobre el Estado. Con el giro neoliberal emprendido a finales de los años 70, abandonaron la discreción. La década de los 80 pone en un primer plano una clase dominante completamente desinhibida que asume y proclama con cinismo la carrera por la ganancia y la explotación generalizada de los pueblos y la naturaleza. Como afirmaba el multimillonario americano Warren Buffet, “claro que hay una guerra de clases, y es mi clase la que va ganando”.

El sistema de la deuda pública tal como funciona en el capitalismo constituye un mecanismo permanente de transferencia de riquezas producidas por el pueblo hacia la clase capitalista. Este mecanismo se ha reforzado con la crisis comenzada en 2008. Las pérdidas y las deudas de los bancos privados han sido transformadas en deuda pública.

El oficio de la banca es demasiado serio para dejarlo en manos del sector privado. Es necesario socializar el sector bancario, lo que implica su expropiación y colocarlo bajo control ciudadano. Debe estar sometido a las reglas de un servicio público y sus beneficios utilizados para el bien común.

La deuda pública contraída para salvar a los bancos, que en su mayoría se encuentran en las manos de esos mismos mercados, es definitivamente ilegítima y debe ser repudiada. Una auditoría debe determinar las demás deudas ilegítimas y/o ilegales y permitir una movilización que pueda dar forma a una alternativa anticapitalista.

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martes, 5 de diciembre de 2017

Puertas giratorias


Los jueces disparan los recelos de los damnificados de Banco Popular



Por Eduardo Bayona
Público.es, 04/12/2017.

Los procesos judiciales sobre la ampliación de capital de Banco Popular avanzan tanto en la vía penal, con la admisión a trámite de varias querellas en la Audiencia Nacional y el inicio de las pesquisas, como en la civil, en la que los juicios de Primera Instancia comenzarán a celebrarse en febrero.

Y ese impulso de las causas, con una revisión en profundidad de las cuentas en la primera jurisdicción y un apoyo claro de la Fiscalía a los demandantes en la segunda, ha coincidido con una ralentización de la colocación de los bonos de fidelización lanzados por el nuevo dueño de la entidad, el Santander, para amarrar en su grupo a clientes de la entidad ‘resuelta’ y reducir el número de potenciales demandantes.

Este jueves, 7 de diciembre, finaliza el plazo para acogerse a la emisión, que incluye 9,81 millones de bonos de cien euros y está dirigida a los pequeños inversores que perdieron sus ahorros con la resolución del banco tras haber acudido a la ampliación de capital de 2016, para los que la renuncia “irrevocable e incondicional” al ejercicio de acciones judiciales adquiere “carácter esencial” al contratarlos.

Los pocos datos que se conocen sobre el desarrollo de la emisión, del que fuentes oficiales de Santander declinaron informar a tres días de su cierre, apuntan a que esta se ralentizó de manera notable cuando comenzaron a progresar las acciones judiciales: Santander anunció el 27 de septiembre, a las dos semanas de lanzar los bonos, que había colocado prácticamente la mitad, pero el avance había sido solo de otro 10% en todo el mes de octubre.

Eso supone unos seis millones de bonos, de cuya "posible falta de conveniencia" para inversores minoristas alerta el propio folleto de venta, y un montante de en torno a 600 millones de euros. No obstante, el volumen no es proporcional al número de antiguos accionistas, indican fuentes del banco, ya que la cuantía de los paquetes contratados varía.

El capital social de Popular estaba repartido entre 303.251 accionistas, de los que casi nueve de cada diez (269.586, el 88,9%) poseían paquetes de menos de 15.000 euros que sumaban un valor nominal de 469 millones.

Los EREs entran en su recta final

Mientras tanto, la negociación de los ERE de los servicios centrales de Banco Santander y Banco Popular ha entrado en su recta final. De hecho, fuentes de las mesas apuntaron la posibilidad de que el acuerdo definitivo pueda cerrarse este mismo martes, once días antes de que concluya el periodo de consultas.

Los representantes sindicales centran sus reclamaciones en dos flecos: la reducción del número de extinciones de contrato, que ya bajaron de las 1.585 iniciales a 1.200 tras un tenso inicio de la negociación, y la posibilidad de abrir el plan de prejubilaciones al personal de la red de oficinas, para cubrir esas eventuales bajas voluntarias trasladando a sus puestos personal de los servicios centrales.

El último avance se produjo este lunes, cuando las direcciones de los bancos aceptaron elevar las indemnizaciones de los despedidos de 50 a 54 años hasta el 80% del salario de ocho años, con un límite de 380.000 euros más las primas de voluntariedad y antigüedad, que pueden suponer hasta 60.000 más. Se trata de una medida similar a la aplicada en la última regulación de empleo de Santander, que ha sido la referencia en toda la negociación.

Los acuerdos cerrados hasta este martes contemplan indemnizaciones de 40 días por año trabajado para las extinciones de contrato, con un límite de 24 mensualidades y con primas de voluntariedad de entre 4.000 y 25.000 euros y otros 2.000 por trienio, y el cobro de las prejubilaciones por los herederos en caso de que los exempleados fallezcan antes de cumplir los 63 años.

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