Por Daniel Toledo
CTXT.es, 28/02/2018.
José Manuel Durão Barroso dejó la presidencia de la Comisión
Europea en julio de 2014. Año y medio después, fichó a bombo y platillo por
Goldman Sachs como presidente no ejecutivo para Europa. Antes de tener
relaciones con el banco, debía hacer una promesa a la CE: que nunca haría uso
de los contactos y los privilegios que el cargo le había granjeado durante 10
años. Y así se lo prometió a Jean-Claude Juncker, su sucesor al frente de la
CE: que jamás haría lobby por Goldman ante organismo alguno de la Comisión.
Este pacto entre caballeros fue anunciado en octubre de 2016. El Comité de
Ética de la CE dictaminó: “Barroso no ha mostrado el juicio considerado que se
podría esperar de alguien que ha ocupado durante tantos años un cargo tan alto”
al fichar por uno de los grupos financieros responsables de la última crisis
mundial. ¿Conclusión? A Barroso se le mantuvo la reputación, la imagen y la
pensión vitalicia de 7.500 euros al mes, después de que se acogiera a la
jubilación anticipada.
Justo un año después de esa promesa, Durão Barroso se
reunía, el pasado octubre de 2017, en el hotel NH Silken Berlaymont de
Bruselas, con el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable del área
de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen. Después de
que Katainen registrara el encuentro en la lista pública que cada comisario
debe mantener actualizada, la ONG Corporate Europe Observatory (CEO) envió una
petición al vicepresidente para que explicara la naturaleza y el motivo de la
reunión. En su respuesta por carta, datada el 31 de enero, Katainen confirmó
que la cita que se había realizado a petición de Barroso.
“Jean-Claude Juncker dijo que (Durão) Barroso había perdido
su derecho de entrada en la Comisión con alfombra roja, y que en adelante sería
tratado como un lobista”, relata a CTXT Margarida Silva, la investigadora del
CEO que recibió la confirmación por carta de Katainen. “La verdad es que, si
Barroso consigue simplemente coger el teléfono y hablar o recibir información
de un excolega, eso es hacer lobby, pero se convertiría en un lobista con
acceso privilegiado”.
El día que Barroso entró en Goldman Sachs como presidente no
ejecutivo y consultor, muchas voces criticaron la decisión. Goldman no es sólo
uno de los grupos de presión más influyentes a nivel internacional, con
intereses supranacionales en EE.UU., en el ecosistema financiero del Reino
Unido y, por supuesto, en el de la UE. También fue uno de los cinco bancos de
inversión, junto a Morgan Stanley, Lehman Brothers, Merril Lynch y Bear Sterns,
responsables de la crisis que llevó a decenas de millones de personas a la ruina,
al desempleo y la pobreza extrema. La Defensora del Pueblo Europeo, Emily
O’Reilly, criticó duramente el movimiento hacia la banca privada de Barroso, y
más aún cuando el propio excomisario reconoció que haría de asesor para el
Reino Unido durante el Brexit.
Ahora, Durão Barroso se defiende de las críticas por su
reunión con Katainen aduciendo que no fue una reunión para hacer presión, sino
un encuentro con un excolega para discutir cuestiones políticas y “beber una
cerveza”. Pero, como recuerda Margarida Silva, fue el propio Juncker quien
decidió que Barroso sería tratado como lobista, y no como excomisario. Un
lobista más, uno entre tantos, pero no igual el resto. “Estimamos que en
Bruselas trabajan como lobistas entre 35.000 y 39.000 personas”, explica Silva.
“El lobbying es legal, pero cuando se tiene un acceso privilegiado o hay
excesiva proximidad entre los intereses públicos y privados se crean las
condiciones para una mayor corrupción”.
Puertas giratorias
Cuando los asesores de Barroso salieron a defender su
reunión con Jyrkin Katainen, usaron la clásica y eficaz táctica del ‘todo está
podrido, ergo yo no lo estoy tanto’: “António Vitorino hizo lobby para el
Santander ante comisarios europeos y nadie se quejó. ¿Por qué?”, alegaron al
diario luso Observadorfuentes próximas a Durão Barroso. Se referían al ex juez
del Tribunal Constitucional portugués, ex ministro de Defensa y de Presidencia,
ex comisario europeo y actual administrador del Banco Santander Totta (la marca
portuguesa del Santander). Vitorino es además el actual candidato del gobierno
portugués a la presidencia de la Organización Internacional para las
Migraciones de la ONU.
Según Margarida Silva, “cada par de años encontramos uno de
estos escándalos” de posible corrupción. “Durante la etapa de Barroso hubo un
escándalo gigantesco que envolvió al (por entonces) comisario de Sanidad (John
Dalli) y a lobistas de la industria del tabaco. El comisario fue despedido
(obligado a renunciar), porque fue acusado de recibir sobornos de la industria
tabaquera”. Sin embargo, a pesar de la renuncia de Dalli, éste no dejó de
cobrar 9.000€ al mes durante los 3 siguientes años, además de mantener su
futura pensión vitalicia de 2.300€ al mes.
Al menos 6 de los 13 comisarios que trabajaron para Barroso
en su primer equipo saltaron directamente de la CE a empresas privadas,
denuncia un informe de CEO. En su último equipo, antes de salir en 2014, lo
hicieron 9 de los 26 comisarios a su cargo. Si usar la política a nivel
nacional para enriquecerse siempre ha salido rentable, usar las instituciones
de la UE como peana para alcanzar la excelencia en el sector privado abre las
puertas de un mercado mucho más suculento. “Según los Tratados Europeos, el
Artículo 245 obliga a los ex comisarios a actuar de forma que garanticen la
integridad y discreción de las instituciones, sobre todo cuando aceptan nuevos
cargos. Esta obligación es vitalicia”, asegura Silva.
CEO ha investigado al equipo de comisarios del segundo
mandato de Barroso (2009-2014), y el informe concluye que “la regulación de las
puertas giratorias continúa siendo inadecuada y se implementa a duras penas.
Los estrechos vínculos entre la administración de la UE y las empresas que
debería regular dejan la puerta abierta de par en par al reclutamiento
corporativo y a potenciales conflictos de intereses”.
En realidad, la UE tiene más capacidad de actuación de la
que utiliza. Según Margarida Silva, “si la CE decide que tener un puesto en
Goldman Sachs, y sobre todo un cargo que incluye actividades de representación,
viola sus normas, puede llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Justicia, y
Barroso podría perder el derecho a recibir pagos de la UE”.
Algo similar ocurrió ya con el ex comisario de Industria,
Martin Bangemann, cuando anunció que había aceptado un puesto en Telefónica. La
UE le inició un proceso ante el Tribunal Europeo, pero acabó retirando la
denuncia cuando Telefónica declaró que retrasaría la incorporación de Bangemann
9 meses. Finalmente, Bargemann fue contratado por la empresa española con un
sueldo estratosférico: unos 600.000€ anuales. De momento, en el caso de Barroso,
las cosas van despacio. Se ha abierto un proceso liderado por el responsable de
Justicia de la UE, cuyas conclusiones se conocerán “en las próximas semanas”. Y
los partidos de izquierda han pedido que el ejecutivo de Goldman Sachs
comparezca ante el Parlamento Europeo.
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