Por Elena Cortés Jiménez (Consejera
de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía)
Público.es, 04/02/2014.
La Ley de Medidas para Asegurar
la Función Social de la Vivienda fue aprobada por el Parlamento de Andalucía
con dos objetivos fundamentales: 1) promover la salida en alquiler asequible de
las más de 700.000 viviendas vacías de Andalucía; y 2) evitar el desahucio de
familias trabajadoras en riesgo de exclusión social.
La norma supone una toma de
partido clara por parte de un Gobierno y de un Parlamento a favor de las clases
populares para ofrecer alternativas a la estafa hipotecaria que han supuesto
décadas de políticas mercantilizadoras de la vivienda. Unas políticas que no
sólo han pisoteado el derecho a la vivienda, sino también el derecho a la
ciudad, entendida como espacio democrático de convivencia e integración y que
incluye a su vez el derecho a equipamientos y servicios de calidad integrados
en el tejido urbano.
El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley,
ofreciendo así a los bancos carta blanca para desahuciar, y a los especuladores
y fondos buitre, vía libre para mercadear con las viviendas vacías. El Gobierno
sostiene su impugnación en argumentos tales como que la Ley hace subir la prima
de riesgo y pone en peligro el sistema financiero. Afirma que con la norma
“desaparecería la propiedad privada”. Señala que la Ley “innova el contenido
esencial del derecho de propiedad” al obligar a que las viviendas estén
destinadas a satisfacer un derecho, precisamente el derecho a la vivienda. Y se
adorna al denunciar que la Ley supone “una discriminación de las entidades
financieras”.
Estas afirmaciones sólo pueden interpretarse
como raptos de cinismo o de paranoia, más aún tras la entrega de 200.000
millones de euros de dinero público a la banca sin que ésta haya ofrecido
contrapartida alguna. Por otra parte, los únicos que han perdido su propiedad
privada, su casa, han sido los cientos de miles de familias trabajadoras
desahuciadas impunemente.
Sanciones, expropiaciones
y efecto disuasorio
La Ley crea la definición de
vivienda vacía, aquella que acumula seis meses de deshabitación a lo largo de
un año, y establece sanciones de hasta 9.000 euros a las personas jurídicas
(fundamentalmente bancos) que las mantengan desocupadas, al objeto de favorecer
su salida en alquiler asequible. La norma establece también el interés social
de la expropiación temporal del uso de aquellas viviendas embargadas por
entidades financieras a familias en riesgo de exclusión social, de forma que el
Gobierno andaluz se reserve el derecho a garantizar, pagando un justiprecio,
que el desahucio no se produzca durante tres años. En sus poco más de dos meses
en vigor, evitamos 39 desahucios mediante esta herramienta expropiatoria y
ultimábamos 200 expedientes más. El recurso del Gobierno fue presentado antes
de que transcurriera el tiempo suficiente, seis meses, para poder identificar
viviendas vacías.
La sola vigencia de la norma
provocaba un efecto disuasorio en todos los procesos de desahucio. En todos,
porque todas las familias en problemas con su hipoteca, así como los avalistas,
tenían un arma con la que defenderse de la violencia financiera, una violencia
que es de clase y de género, no en vano la aplicación de la norma nos ha
mostrado cómo esta agresión se ceba especialmente con las mujeres trabajadoras.
Y tenía un efecto disuasorio porque el banco se lo piensa antes de desahuciar
si con ello se expone a sanciones, por quedarse una vivienda vacía, o a la
expropiación de la misma.
Es una Ley que da poder a la
gente. Este es el motivo del recurso, que a su vez deja clara su finalidad:
lanzar el mensaje de que no hay alternativa a las políticas de ajuste duro del
Gobierno; desactivar una Ley que supone una reivindicación de la utilidad de la
política para transformar la realidad; abortar una norma que da resultados,
evidenciando el fracaso de su ‘moratoria’. El Gobierno reacciona con este
recurso contra toda la política de vivienda de la autonomía andaluza. El
Gobierno recurre contra los más de 3.200 desahucios paralizados en un año en
Andalucía mediante nuestras oficinas de intermediación; recurre contra la
suspensión de todos los desahucios en las más de 80.000 viviendas del parque
público, un expresivo contraplano a la venta a fondos buitre de viviendas
públicas en otras Comunidades Autónomas gobernadas por el PP.
Un derecho humano
La Ley, desarrollo del programa
de Izquierda Unida, que gobierna la Junta de Andalucía con el PSOE y dirige la
Consejería de Fomento y Vivienda, se apoya en el artículo 33 de la
Constitución, que establece que el derecho de propiedad tiene una función
social; en el 40, que dicta que los poderes públicos promoverán una distribución
equitativa de la renta; en el 47, por el que los españoles tienen derecho a una
vivienda digna y adecuada; o en el 128, que fija que toda la riqueza del país
está sujeta al interés general. En su preámbulo, la norma acude a la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Porque la vivienda es un
derecho humano, no una simple mercancía.
A partir de este anclaje
jurídico, y empujados por la fuerza del movimiento en defensa del derecho a la
vivienda y contra los desahucios, IU en el Gobierno andaluz ha establecido una
alianza de clase y de género orientada a cambiar de raíz las políticas de
vivienda desarrolladas por el bipartidismo en colaboración con el capitalismo
inmobiliario. Este histórica comunión de intereses entre las instituciones y
los especuladores ha quedado de hecho retratada por la justicia europea,
concretamente por el Tribunal de Luxemburgo, que sentenció que la legislación
estatal sobre desahucios lleva dos décadas desprotegiendo a los deudores
hipotecarios, una responsabilidad que atañe directamente a todos los Gobiernos
desde Felipe González a Mariano Rajoy.
Jurisprudencia constitucional
La Ley entró en vigor el 9 de
octubre. El presidente del Gobierno la recurrió el 18 de diciembre invocando el
artículo 161.2 de la Constitución, que obliga al Tribunal a suspender
cautelarmente la norma. Entre líneas del torrente de ideología que impregna el
recurso, podemos identificar apenas unas alusiones a las supuestas causas de
inconstitucionalidad de la norma. La Ley, sostiene el Gobierno, afecta al
contenido esencial del derecho de propiedad, con lo que se produciría un
supuesto conflicto de competencias (que el propio Gobierno se negó a dirimir en
el marco de una Comisión Bilateral solicitada hasta la saciedad por esta
consejera). La primera respuesta a este argumento llega precisamente desde
Andalucía, ya que el propio Constitucional falló en 1987, sobre la reforma
agraria, que la función social forma parte del contenido esencial del derecho
de propiedad y que se pueden establecer límites al mismo mediante leyes
autonómicas. Igualmente, el Constitucional sentenció en 1997, sobre la Ley del
suelo, que el Gobierno no puede fijar una legislación uniforme sobre la
propiedad privada y su función social.
En cuanto a las expropiaciones,
¿acaso no expropian cada día las administraciones para hacer carreteras,
metros, tranvías y hasta campos de golf? Por supuesto que lo hacen, y para ello
invocan el interés social de la expropiación. ¿Cómo puede negarse el interés
social de evitar un desahucio?
28 de febrero
El vergonzoso recurso del
Gobierno sí tiene una clara virtud, la de mostrar a las claras el verdadero
programa de Gobierno del PP, que podría resumirse en un lema: “Todo por la
banca, contra la democracia”. Y supone además la confesión por escrito de la
venta a precio de saldo que ha hecho el Ejecutivo, tan dado a las exhibiciones
de patriotismo, de la democracia española y de la propia esencia del Estado de
las Autonomías a la Troika. Lean si no este elocuente párrafo: “El MoU
[memorando que fija las condiciones del rescate a España] obliga a las
autoridades españolas a consultar ex ante a la Comisión Europea, al Banco
Central Europeo y a solicitar asesoramiento técnico del FMI sobre cualquier
política no incluida en el MoU que pueda tener un impacto material en la
consecución de los objetivos del programa”.
Es decir, el Gobierno niega a la
autonomía andaluza la potestad de adoptar medidas sobre cualquier materia con
impacto económico, lo que supone una negación de las competencias establecidas
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. El Gobierno niega con su recurso de
la vergüenza la capacidad de alternativa democrática del pueblo andaluz.
Nos rebelamos contra ese dictado.
Desde la institución que gobernamos, la Junta de Andalucía, seguiremos defendiendo
el derecho a la vivienda, tanto a través de la Ley recurrida, de cuya
suspensión cautelar vamos a solicitar el levantamiento al Tribunal
Constitucional, como desde la reivindicación política y social. El próximo 28
de Febrero, Día de Andalucía, volveremos a salir a la calle en defensa de
nuestra autonomía y nuestros derechos.
Disponible en:
<http://blogs.publico.es/dominiopublico/8985/todo-por-la-banca-contra-la-democracia/>
