miércoles, 12 de febrero de 2014
150.000 preferentistas quedan fuera de los arbitrajes para recuperar su dinero
Por Iñigo de Barrón
El País, 05/02/2014.
El escándalo de las participaciones
preferentes mal comercializadas por las entidades nacionalizadas
seguirá vivo mucho tiempo, a tenor de las cifras que ha hecho públicas este
miércoles Fernando
Restoy, subgobernador del Banco de España y presidente del FROB. Un
total de 534.150 inversores adquirieron preferentes o deuda subordinada. De
ellos, 427.952 han acudido al arbitraje y a 269.379 (el 63%) se le ha dado la
razón. Se desconoce cuántos han acudido directamente a los tribunales, pero a
158.573 se les ha denegado el arbitraje.
Restoy ha recordado que este
proceso no ha terminado y que puede haber más personas que sean admitidas en el
arbitraje. Preguntado por si esta situación augura una oleada de reclamaciones
judiciales, ha comentado que “algunos han desistido de acudir a los tribunales.
Solo hay sentencias sobre el 14% de las demandas y una mayoría es a favor de
los inversores, aunque también ha habido muchos acuerdos extrajudiciales”.
Restoy ha ofrecido estos datos en
la Comisión de Economía del Congreso, que por primera vez ha sido abierta tras
retirar su veto las PP. Los diputados de todos los grupos, menos el PP, han
pedido que que se atendian las reclamaciones de los preferentistas, que han
protagonizado numerosas protestas. “Soy consciente de que tras cada caso hay un
drama. La intervención del FROB ha ayudado a mitigar el coste social de la mala
comercialización”. Y ha añadido: “Los movimientos sociales alertaron a las
autoridades públicas, que han reaccionado. No está resuelto, pero hemos
avanzado”, ha concluído.
En paralelo, la Audiencia
investiga por estafa a los máximos ejecutivos de Caja Madrid y Bancaja por la
venta de preferentes. Este caso podría influir en las demandas civiles de los
preferentistas. Según fuentes de Bankia, los que compraron preferentes de Caja
Madrid en 2009, recuperarían su dinero si la acción de Bankia llega a 1,86, ya
que recibieron parte de su inversión en títulos. Este miércoles ha cerrado a
1,33. Estas fuentes dicen que “ahora su pérdida está por debajo del 25%”.
Los arbitrajes de Bankia,
Novagalicia y Catalunya Caixa han devuelto 1.890 millones, según el FROB. Esta
cifra aumentará en otros 1.189 millones cuando Bankia concluya los
procedimientos. No obstante, de este montante, Bankia pagará 1.000 millones en
acciones.
Todos los parlamentarios, excepto
el PP, han preguntado a Restoy por el coste de la crisis. Valeriano Gómez, del
PSOE, se ha aventurado a que podría estar “entre 150.000 y 200.000 millones”.
La respuesta oficial ha sido que aun no es posible calcularlo porque se
desconoce el importe de ventas pendientes y el coste de los esquemas de
protección de activos (EPA), que hasta 2013 suponían 7.000 millones en ayudas
públicas, tras descontar provisiones, de los cuales unos 2.700 millones
corresponden a la CAM. Esta cifra augura una factura más baja que la que
adelantó el ministro, Luis de Guindos, cuando dijo que la CAM costaría 15.000
millones. Sobre la posibilidad de que Bankia esté privatizada en dos años, Restoy ha dicho: “Ojalá,
porque eso supondría que hay ofertas buenas”. También aseguró que el FROB está
“absolutamente empeñado en esclarecer a los responsables” de la mala gestión
que han generado perjuicios a la hacienda pública.
Disponible en:
<http://economia.elpais.com/economia/2014/02/05/actualidad/1391602835_225075.html>
(Nota de Carlos Bugallo: como es
habitual en El País, la venta de las preferentes no constituye una estafa
sino, simplemente, una ‘mala comercialización’; seguro que el hecho de que José Luis Leal Maldonado, que fue Presidente de la Asociación Española de Banca de 1990 a 2006, figue como miembro del Consejo de Administración del grupo PRISA, no debe ser ajeno a esta valoración).
El FROB pide penas de seis y diez años para dos directivos de la CAM
Por Manuel Altozano
El País, 12/02/2014.
Maniobraron en los órganos de
dirección de la caja para multiplicar sus dietas y favorecer sus propios
intereses inmobiliarios. El abogado de la Caja de Ahorros del Mediterráneo
(CAM) designado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha
solicitado para el ex director general de la caja, Roberto López
Abad, y para el ex presidente de su comisión de control, Juan Ramón
Avilés, las penas de seis y diez años de cárcel respectivamente por
los delitos de apropiación indebida -del que acusa a ambos- y administración
desleal, delito este último que imputa solo a Avilés. Los dos aparecen como
cerebros del saqueo de la entidad que se investiga en la Audiencia Nacional.
El escrito de acusación del FROB
señala a ambos directivos como urdidores de una estrategia para obtener
ingresos extra de los órganos de gestión de la caja. Al percibir únicamente
dietas por asistencia y desplazamiento a la comisión de control de la entidad,
ambos crearon otra comisión de control en una empresa participada al 100% por
la CAM, la Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), dedicada al sector
inmobiliario. Mediante la asistencia a esa segunda comisión de control, ambos
lograron multiplicar por 10 sus dietas. López Abad, según el FROB, llegó a
embolsarse 308.700 euros entre 2007 y 2011.
Pero, además, la comisión de
control de TIP, que como la de la entidad matriz (la CAM) estaba presidida por
Avilés, permitió a ambos directivos beneficiarse con operaciones que el FROB
considera ruinosas para la caja. Así, según el escrito de acusación de Carlos
Gómez-Jara, el abogado de la CAM designado por el fondo, en junio de 2011,
cuando se produjo la intervención de la CAM y la inyección de 5.200 millones de
euros por parte del Fondo de Garantía de Depósitos para sanear sus pérdidas, se
habían perdido 416 millones de los 575 millones invertidos en TIP, pérdidas en
gran medida vinculadas a proyectos hoteleros e inmobiliarios en los que estaba
personalmente involucrado López Abad y por los que también está siendo
investigado en la Audiencia Nacional.
Además, en enero de 2008, la CAM
puso en marcha otra operación ruinosa que tuvo como beneficiario a Avilés y
que, según el informe elaborado por el Banco de España, le habría obligado a
abandonar sus cargos en la caja. La entidad concedió dos préstamos por un total
de 16,2 millones de euros a la sociedad La Vereda de Sucina, propiedad del presidente de su comisión
de control, para la construcción de una urbanización de 174 viviendas, garajes
y locales en Sucina (Murcia).
La sociedad del directivo de la
CAM, tuvo evidentes dificultades para vender la promoción y, desde 2009, dio
síntomas de problemas de liquidez, a pesar de lo cual, la caja refinanció la
operación aumentando las cantidades prestadas sin que esa decisión pasara por
el consejo de administración de la caja. La situación se agravó tanto que
Avilés se vio obligado a recurrir a préstamos del Instituto de Crédito Oficial
(ICO) y del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) para
financiarse. Parte de esos fondos concedidos por esos dos organismos públicos se
utilizaron para fines que no estaban contemplados en su concesión.
La incompatibilidad de esos
préstamos con su posición en la CAM, le llevaron, según el informe del Banco de
España a vender de forma ficticia La Vereda de Sucina a su hermana. Esa operación,
según el FROB, tenía por objeto “que los organismos de supervisión de la caja
no tuvieran conocimiento de su vinculación con la misma [con su promotora]” y
“no le obligaran a renunciar a su cargo en la caja y con ello a perder su
privilegiada situación para negociar una solución favorable para sus
intereses”. A pesar de la venta, Avilés siguió tomando todas las decisiones
empresariales relacionadas con su sociedad.
La operación de compra ficticia
de La Vereda de Sucina se gestó por valor de 90.000 euros, pero a la
compradora, la hermana de Avilés, no se le conocían ingresos. El dinero
necesario para el negocio se lo entregó la esposa del directivo en su cuenta
tres minutos antes de formalizar la compra, según el FROB. Ese dinero, además,
procedía de la propia sociedad La vereda de sucina. Así pues, según el escrito
de acusación, “la sociedad se estaba comprando a sí misma”.
El escrito detalla cómo la
refinanciación de esos créditos a La Vereda de Sucina se produjo solo tres
meses antes de la intervención de la entidad, el 13 de abril de 2011, cuando la
quiebra de la CAM era palpable. Además de refinanciarlos, la caja los antedató
a enero de ese año con el objetivo de tapar un agujero de 30,000 euros en la
sociedad de Avilés.Al mismo tiempo permitió a la inmobiliaria retrasar todos
los pagos de intereses un año y dos años el del principal.
El FROB valora el supuesto
desfalco en 4,9 millones de euros y pide que Avilés, en caso de ser condenado,
los devuelva en concepto de indemnización al Fondo de Garantía de Depósitos, la
entidad que saneó las pérdidas de la caja. Para López Abad pide que reintegre
los 308.700 euros de dietas indebidamente cobradas. Ambos directivos fueron
procesados el pasado enero por el instructor del caso, el titular del Juzgado
Central de Instrucción número 3 Javier Gómez Bermúdez.
Los hechos recogidos por el
escrito de acusación del FROB solo corresponden a una mínima parte del caso del
saqueo de la CAM. Gómez Bermúdez también investiga a López Abad junto a otros
directivos por concertarse con dos empresarios a los que la caja otorgó
créditos por 160 millones de euros para comprar hoteles y terrenos en México,
República Dominicana y Costa Rica, a sabiendas de que su sociedad, Valfensal
SL, operaba a través de una entidad radicada en el paraíso fiscal de Curaçao
(antiguas Antillas Holandesas).
El fraude fiscal investigado
asciende a 31,8 millones de euros. Los exdirectivos de la caja supuestamente se
lucraron también con Valfensal, y ello en perjuicio de la entidad financiera y
cuando esta se encontraba a un paso de la quiebra, según el juez que envió a
prisión eludible con fianza al ex director general.
Disponible en:
<http://economia.elpais.com/economia/2014/02/12/actualidad/1392166639_769255.html>
martes, 11 de febrero de 2014
Maquillaje en las cuentas de la banca española
Por Alejandro Inurrieta
Vozpópuli, 09/02/2014.
La publicación de los resultados
de la banca en España siempre es objeto de controversia, máxime en un momento
en el que la situación económica es crítica para una gran parte de la
población. Después de un año horribilis, como fue 2012, con pérdidas
de de 73.706 millones €, las cuentas de 2013 han arrojado un beneficio contable
de 8.497mill€ para los grandes bancos.
Las cifras de beneficio
de la banca española en 2013 solo esconden el fracaso del negocio tradicional
Curiosamente, de ahí el
calificativo de maquillaje, estos resultados positivos chocan con una fuerte
reducción del negocio bancario, que refleja una economía en la que el PIB
retrocede un 1,2% (pendiente de revisión a la baja), un desempleo que alcanzó
el 26%, el crédito al sector privado mengua en un 7% y la morosidad oficial, la
real es incluso mayor, alcanzó en noviembre el 13% del saldo vivo de crédito.
Es imposible mejorar
márgenes con la economía cayendo, sin inflación y el crédito bajando un
7%
La pregunta que surge es, ¿cómo
se gana dinero en un sector en el que el negocio tradicional hace aguas?.
Sencillamente por las operaciones financieras que están sosteniendo las cuentas
del sector financiero y de paso están financiando al Estado en una operación
que se denomina carry trade, que consiste en financiarse al 1% en el
BCE y prestar al 4% (ahora por debajo) al Estado español. Estas operaciones,
tan beneficiosas como estériles para la economía del país, se dejan notar en
las cuentas financieras. De hecho hay entidades, como el Banco de Sabadell, que
esta parte del negocio ha aumentado un 155% durante el año 2013.
Estrictamente hablando, si
eliminásemos estas operaciones, habría grandes entidades que bordearían las
pérdidas en España, y solo se salvan por el negocio extranjero. Por ejemplo, el
BBVA dio pérdidas de 671 mill € por el negocio inmobiliario. Esto se deja notar
en agregado cuando al margen bruto le restásemos las provisiones realizadas, el
beneficio apenas es positivo, gracias a la reducción del 20% del margen
financiero, es decir la diferencia entre los beneficios de las operaciones de
activo y pasivo (créditos menos depósitos). Con ello, las operaciones
financieras alcanzaron el 39% del margen financiero, lejos de las cifras del
13% que se asume como razonable. El más beneficiado de esta actividad ha sido
Bankia, cuyo falso saneamiento se ha vendido en base a estas operaciones
meramente especulativas.
Si se eliminan las
operaciones financieras en deuda pública, muchas entidades están en pérdidas en
España
Aparentemente en 2013 las
provisiones han descendido, desde los máximos de 2012, lo que podría indicar
que la morosidad ha disminuido. Sin embargo, el deterioro de los activos
inmobiliarios sigue creciendo, precisamente por la pésima situación del mercado
laboral, por la caída de los precios inmobiliarios y por la política del
Gobierno, y de sus ideólogos, de reducir aún más los subsidios de desempleo. No
hay que olvidar que sólo el 60% de los parados recibe un subsidio, lo cual
anticipa un nuevo repunte de la morosidad y más grave aún, de los desahucios
que ya aceleraron a mitad de 2013.
La gran pregunta que surge es
¿hacia dónde va el sistema financiero español? Si uno analiza la situación
financiera europea, con graves problemas de solvencia y de deuda privada, las
perspectivas son muy complejas, mucho más en el caso español. Los niveles de
deuda privada, y pública ya son insostenibles. A finales del tercer trimestre
de 2013, el saldo vivo total de deuda en España, pública y privada, era de 4,4
billones €, 1,2 en el caso de la deuda pública, y 3,2 en el caso de la deuda
privada. Las entidades financieras debían 1,025 billones €, más del 100% del
PIB español. Las familias están endeudadas por valor de 780.000 mill € (un 80%)
y las sociedades no financieras acumulaban un pasivo de 1,4 billones €.
El sistema financiero se
encamina hacia otro año de negocio pésimo, dadas las perspectivas laborales y
financieras de la UE
Con este panorama, claramente
insolvente con el ritmo esperado de crecimiento, y con una perspectiva de tipos
de interés cercana cero, y serios riesgo de deflación, ¿qué perspectivas tiene
el negocio bancario? Obviamente lo único que puede seguir haciendo es jugar a
especular con la deuda pública, aunque ahora estén haciendo caja para intentar
pasar el stress test, y aferrándose a las ayudas públicas, o a la regulación,
como es el caso de los créditos fiscales que han mejorado las cuentas de varias
de las grandes entidades.
Las soluciones pasan por
quitas de deuda, inflación y subidas de tipos en un contexto de cambio profundo
de rumbo político en la UE
Solo un gran acuerdo de quitas de
deuda, como ya propone hasta el director del Instituto IFO de Munich, aliviaría
el principal problema que tiene el sistema financiero español: la carga de la
deuda de los propios bancos y también la imposibilidad de repago de la deuda
inmobiliaria de las familias y promotores. Pero también mejoraría su situación
si se generase inflación y hubiese una subida de tipos de interés y de precios
de los activos. Pero eso supondría que la economía estaría generando empleo,
con salarios dignos, y se reactivarían los sectores productivos. Pero para
ello, la economía europea debería desterrar los actuales gestores, ideólogos y
lobbys financieros que prefieren jugar al casino de la deuda y aprovechar para
subirse los salarios de forma obscena. Y mientras, el gran benefactor de todo
esto es Draghi, uno de los culpables de la bomba de relojería que estallará
cuando se pinche la burbuja de la deuda pública y los mercados bursátiles.
Justo lo que los predicadores que inundan las televisiones privadas en España
defienden vendiendo cada uno su libro, a cual más indecente.
Disponible en:
El Banco de España no sabe cuál será el coste final del rescate bancario para el contribuyente
Público.es, 05/02/2014.
El subgobernador del Banco de
España, Fernando Restoy, ha reconocido este miércoles que en estos
momentos todavía no es posible calcular cuánto costará el rescate bancario a
los españoles ya que existen "una serie de contingencias"
que afectarán a la factura final, como por ejemplo los esquemas de protección
de activos (EPA) incluidos en algunas enajenaciones, que a 31 de diciembre de
2013 suponían un incremento de las ayudas públicas de unos 7.000 millones de
euros.
Durante su comparecencia ante la
Comisión de Economía del Congreso, los portavoces de los grupos parlamentarios
de la oposición han pedido al también presidente del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) una estimación sobre cuánto costará al erario público
las diferentes inyecciones de fondos autorizadas a la banca, sobre todo después
de que el Gobierno asegurara en un primer momento que se recuperaría todo el
dinero, objetivo que ahora ya no se da por seguro.
En su turno de réplica, Restoy ha
reconocido que aunque el Banco de España puede ser "razonablemente
preciso" en la cuantificación del volumen de ayudas públicas otorgadas a
las entidades financieras desde el inicio de la crisis, "no es posible en
este momento hacer estimaciones precisas sobre el coste final de la
reestructuración del sistema bancario para el contribuyente". "Existen
una serie de contingencias que afectarán al coste final y que son muy
complicadas de calcular. Por ejemplo, cuánto se obtendrá por la
enajenación de algunas entidades, o cuál será la pérdida que soportará el Fondo
de Garantía de Depósitos (FGD) por los esquemas de protección de activos
(EPA)", ha señalado.
No obstante, sobre estos últimos
esquemas ha indicado que la pérdida esperada que soporta el sector público
(sobre todo el FGD) tras descontar las provisiones dotadas ronda los 7.000
millones de euros, de los cuales unos 2.700 millones de euros corresponderían a
la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). No obstante, éstas son cifras
provisionales que se actualizan anualmente pero que no conllevarán efectos
reales hasta que concluya la vigencia del EPA, que puede rondar los quince
años.
Restoy ha aclarado en este punto
que los cambios regulatorios sobre los activos fiscales diferidos (DTA,
por sus siglas en inglés) "no son un nuevo reconocimiento de deuda ni una
transferencia de renta o capital a las entidades financieras",
por lo que no pueden contarse como parte del rescate. "Se trata de
reconocer que en un caso concreto, como por ejemplo de liquidación, esos
derechos frente a la hacienda pública forman parte de la masa de la quiebra,
por lo que los activos estarían protegidos. Es importante porque es la única
manera de que los DTA no sean sustraídos del cómputo de capital regulatorio de
las entidades, pero su monetización no supone reconocer nuevas obligaciones con
la hacienda pública, sino sólo modificar la naturaleza de esos activos",
ha señalado.
En cualquier caso, el
subgobernador se ha felicitado por la conclusión exitosa del rescate
bancario a España y ha destacado el "intenso trabajo"
realizado por el FROB y el Banco de España para lograr la reestructuración y
saneamiento del sistema financiero español con el mínimo coste posible para los
contribuyentes. "Aunque este coste ha resultado ciertamente mucho más
elevado de lo deseable, está en niveles comparables a otros países europeos y
muy por debajo de las ayudas otorgadas a otros países con asistencia
financiera", ha destacado.
Asimismo, ha resaltado que la
intervención del FROB ha ayudado a "mitigar" el coste social de la
mala comercialización de participaciones preferentes, y ha puesto en valor los
"notables avances" alcanzados hasta la fecha en los procesos de
enajenación de las entidades nacionalizadas.
Exigir responsabilidades
Al hilo de la discusión sobre el
coste del rescate, la oposición también ha lamentado que no se estén
depurando las oportunas responsabilidades entre los gestores de las entidades
financieras que acabaron quebradas y requirieron de la inyección de
cantidades millonarias por parte del Estado. En este sentido, Restoy ha
transmitido a los grupos la "seguridad" de que el FROB está
"absolutamente empeñado en cumplir con sus obligaciones para contribuir al
esclarecimiento de responsabilidades, particularmente por una mala gestión que
haya podido genera prejuicios para la hacienda pública".
"Tenemos un protocolo para
iniciar revisiones de operaciones en distintas entidades financieras, hemos
presentado querellas contra antiguos gestores de entidades nacionalizadas,
estamos personados al menos en cuatro causas, y en adelante
seguramente, una vez recibamos los informes de auditoría interna, estas
actuaciones experimentarán un incremento", ha añadido.
Disponible en:
lunes, 10 de febrero de 2014
¿Nuevo producto tóxico de la banca? Primera condena por la mala comercialización de un fondo de inversión
Por Miguel Alba
Vozpópuli, 07/02/204.
Preferentes, deuda subordinada,
cláusulas suelo... El catálogo de productos tóxicos de la banca española puede
incrementarse si la primera sentencia judicial contra la mala comercialización
de un fondo de inversión crea tendencia. El fallo, al que ha tenido acceso
Vozpópuli, obliga a Caixabank a devolver 7.078,89 euros a
un cliente que creyó haber contratado un fondo de inversión garantizado cuando,
en realidad, invirtió en un fondo con objetivo de rentabilidad, que no
garantiza ni el capital ni los intereses. Esta es la primera vez que se tiene
constancia que un tribunal obliga a devolver las pérdidas a un partícipe de un
fondo de inversión corriente.
La sentencia sentará, sin duda,
jurisprudencia en las futuras reclamaciones de un producto sobre el que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lleva advirtiendo durante
meses por el creciente trasvase de pasivo minorista desde los
tradicionales depósitos. De hecho, los fondos de inversión con rentabilidad
objetiva pero no garantizada se convirtieron en los instrumentos de inversión
que más crecieron en el primer semestre del pasado año. La tendencia sigue este ejercicio. Por este motivo, la
institución presidida por Elvira Rodríguez exigió incrementar
la información en determinados fondos de inversión, especialmente en estos
productos, que pueden llamar a la confusión porque parece que aseguran el
capital, pero no lo hacen. Y, además impone más exigencias de información en la
Documentación Fundamental para el Inversor (DFI).
El organismo que preside Elvira
Rodríguez ha impuesto que estos productos dejen claro mediante
advertencias a la hora de ser vendidos que no garantizan ni capital ni
rentabilidad. Todo esto forma parte de la llamada “supervisión temprana” de la
CNMV, que busca prevenir antes que curar.
El fallo judicial explica que en
el contrato del producto (Fondo de Inversión Foncaixa Objetivo junio de
2012) únicamente consta que "se trata de un fondo de inversión de
renta fija a largo termino con un objetivo de rentabilidad no garantizado. Es
decir, que se trata de un fondo en el que la rentabilidad no se garantiza, pero
de esta mención en modo alguno se deduce que el capital no esté absolutamente
garantizado".
Al igual que ha sucedido con los
fallos favorables a los afectados por las preferentes o deuda subordinada, el
titular del Juzgado de Primera Instancia número 46 de Barcelona
considera que ha existido mala comercialización por parte de la entidad al vender
el producto a un cliente minorista con un perfil inversor claramente
conservador. Según consta en la demanda, el cliente no realizó
ningún test de conveniencia. "La información se le dio en el
despacho del director de la oficina, donde se le hizo entrega del folleto, que
no pudo leer en ese acto", continúa el texto. Entre la información y la
contratación apenas transcurrieron 24 horas.
El afectado, de 64 años
de edad y con una incapacidad permanente total del 75%, cliente de La Caixa
desde 1970, comenzó a tener imposiciones a plazo desde 1990. Sin
embargo, no fue hasta 2004 cuando empezó a invertir en fondos por plazos de
tres años, en los que se garantizaban capital e intereses. En 2009,
invirtió 18.426 euros en Foncaixa Objetivo junio de 2012 que al ser liquidado,
tres años más tarde, registró una pérdida del 39,59%. Su inversión así
quedó reducida a 11.374,89 euros, produciéndole unas pérdidas de 7.051,31
euros.
Un fondo de rentabilidad objetiva
como el de esta sentencia compra una cartera de deuda con un determinado
vencimiento y calcula su rendimiento para esa fecha. Su riesgo principal reside
en que si falla un emisor de dicha cartera (por suspensión de pagos o porque le
apliquen una quita, como ocurrió con Grecia), esa rentabilidad baja y entonces,
no hay garantía externa de capital que la compense. El motivo es que los bajos
tipos de interés no lo permiten ya. Hasta entonces, un fondo garantizado
consistía, básicamente, en que la gestora construía esa cartera pero, además,
contrataba un derivado que actuaba de seguro en caso de fallido. El coste de
dicho derivado iba contra el margen del fondo, pero ahora, con la deuda a largo
plazo por debajo del 4%, la gestora no tiene capacidad de contratar dicho
seguro.
Los fondos de rentabilidad son
fácilmente confundidos con un garantizado, pero no tienen ese seguro. Algunos
expertos ya han avisado que "hoy, resulta imposible fabricar un garantizado".
Lleno de Grecia
El fondo en cuestión
tenía una gran inversión en Grecia. El mayor peso de los bonos griegos (31%),
afectados por la quita que sufrió la deuda del país helénico como consecuencia
del rescate al país, resultó decisivo en las cuantiosas pérdidas del producto,
que contaba con poco más de 100 partícipes y que exigía una inversión mínima de
6.000 euros. Así, en 2011, último año del producto, la
rentabilidad fue de un -29,69%. Además de los títulos helénicos, la composición
del fondo tenía una cesta de segregada entre bonos de Unicaja Banco (23,17%),
bonos de Andalucía (29,14%), deuda soberana española (11,19%) y portuguesa
(2,18%).
"Entre la clientela
tradicional, conocedora de los productos típicamente bancarios que han venido
siendo comercializados tradicionalmente por las entidades bancarias de nuestro
país, resulta lógicamente difícil de comprender el alcance económico que en
determinadas circunstancias pueden tener los mercados", asegura el fallo.
"Es por ello que las entidades, que son las que diseñan los productos y
las que los ofrecen a su clientela, deben realizar un esfuerzo adicional, tanto
mayor cuanto menor sea el nivel de formación financiera de su cliente, a fin de
que comprenda, con ejemplos sencillos, el alcance de su decisión, y estime si
ésta es adecuada o si se le va a poner en una situación de riesgo no
deseada".
La CNMV lleva tiempo
supervisando el trasvase de dinero desde depósitos desde principios de 2012,
una vez que el Banco de España ‘recomendó’ a las entidades bancarias
nacionalizadas no aplicar extra tipos en sus cuentas. En cuanto se
conoció esa inevitable caída de la remuneración a los depósitos, se detectó una
fuga de capital hacia la inversión colectiva.
Además, también está teniendo lugar un proceso de vencimiento de fondos Garantizados, que son reconvertidos en productos con objetivo de rentabilidad. Parecen lo mismo, pero no lo son en absoluto.
El regulador está supervisando un
proceso en el que el dinero de muchos ahorradores sale de un entorno con el
soporte del Fondo de Garantía de Depósitos y sin fluctuaciones de mercado, al
de unos fondos que parecen ofrecer garantía de capital, pero en realidad no la
tiene.
Bueno para el banco, no tanto para el cliente
Con este trasvase, las entidades
financieras protegen sus intereses, manteniendo un dinero que pasa de los
depósitos a sus propios fondos de inversión. Ese capital sale de balance, pero
a cambio genera comisiones mucho más interesantes para los bancos. Así,
mientras la entidad se beneficia, el partícipe queda algo más desprotegido,
pasando a un producto que puede generarle pérdidas.
En estos casos, la DFI deberá
incluir expresamente advertencias como “Este fondo no tiene garantía de un
tercero por lo que ni el capital ni la rentabilidad están garantizados”, o en
las renovaciones en las que un Garantizado pasa a ser reconvertido en un
instrumento con objetivo de rentabilidad que el producto en cuestión “deja de
estar garantizado”.
La actuación del supervisor de mercados ha ido muy en paralelo con Inverco, la asociación de gestoras de fondos de inversión y pensiones y pretende incluir todas las alertas posibles en instrumentos financieros de venta masiva.
Disponible en:
JPMorgan pagará 454 millones por conceder créditos fraudulentos
Expansión.com, 05/02/2014.
El banco de inversiones
estadounidense JPMorgan Chase & Co pagará 614 millones de dólares (unos 454
millones de euros) al Gobierno de Estados Unidos por conceder durante más de
una década miles de préstamos que no reunían los requisitos exigidos por las
agencias federales.
Este es el acuerdo al que ha
llegado el banco, el mayor del país en activos, con el Gobierno tras el litigio
por haber aprobado créditos que no alcanzaban los estándares de agencias como
la Administración Federal de Vivienda (FHA, en inglés) y el Departamento para
los Asuntos de los Veteranos (VA), según explicó el Departamento de Justicia en
un comunicado.
La concesión de estos créditos
fraudulentos provocó que las agencias federales involucradas tuvieran que
cubrir las pérdidas derivadas de estas malas prácticas.
El banco, que desde el inicio de
la crisis económica tiene abiertos varios y muy importantes frentes legales,
dijo en un comunicado que este último acuerdo con el Departamento de Justicia
representa "otro paso significativo en los esfuerzos de la empresa por
dejar atrás los temas históricos relacionados con las hipotecas".
Las batallas legales del banco
estadounidense son tales que en el tercer trimestre del año pasado registró
pérdidas precisamente a consecuencia de los costes legales, que ascendieron a
más de 9.000 millones de dólares.
Disponible en:
domingo, 9 de febrero de 2014
El engaño de la banca explica la falta de crédito
Por Andreu Missé
El Diario.es, 06/02/2014.
Toda la gesticulación que realiza
el Gobierno para asegurar que la recuperación ya está ahí choca con el muro de
la banca, que sigue con el grifo del crédito cerrado. El crédito
a las empresas sigue encogiéndose, aunque el ritmo de reducción de préstamos se ha suavizado unas décimas durante los últimos meses. La velocidad de caída ha disminuido del 9,7% de mayo de 2013
al 8,5% del pasado noviembre, según el último estudio del Banco de España.
La realidad es que empresas y
familias disponen de 400.000 millones (el 40% del PIB) menos de crédito
bancario que en 2008. Esto es lo que los economistas definen como un
desapalancamiento de esta misma cuantía. Pues bien, después de esta atormentada
sangría, el stock de crédito seguirá cayendo en 2014. El Banco Sabadell, uno de
los más vinculados a la financiación de empresas, ya ha anticipado que en 2014
el crédito todavía caerá un 2%.
Los principales organismos
internacionales han advertido este problema y han lanzado duras advertencias
por las trabas al crecimiento y al empleo que supone la falta de financiación a
las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.
Así vemos que el 23% de las pymes
españolas aseguran que el acceso a la financiación es el problema más acuciante
al que se enfrentan, según la Comisión Europea. Solo las empresas de Chipre y
Grecia están peor. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
ha alertado de que las dificultades para conseguir financiación “seguirán
siendo un freno para el crecimiento”.
No hay acto de pequeños
empresarios en el que no se exprese su malestar por los efectos de asfixia
crediticia que está forzando el cierre de miles de
empresas o la reducción de sus plantillas. Estas inquietudes han sido
refrendadas por los investigadores. Los economistas Samuel Bentolila y Marcel
Jansen han estimado que con exclusión de la construcción, la falta de crédito
es la causante de la destrucción de empleo entre un 18% y un 35%. Los años
perdidos por el retraso en el saneamiento del sector financiero —que ha
precisado 172.302 millones de euros de ayudas públicas, de los que 55.691
millones han sido inyecciones de capital—han tenido un alto coste en cientos de
miles de puestos de trabajo.
Sin crédito no hay inversión y
sin esta no hay empleo. Las gráficas de la inversión y empleo van siempre
sincronizadas. ¿Por qué no hay crédito? Porque es prácticamente imposible que
los bancos presten dinero cuando registran una morosidad superior al 13%. Una
morosidad que sigue aumentando mes a mes y que superaría el 15% si no fuera por
el traspaso de más de 79.000 millones de euros de activos tóxicos al banco
malo (SAREB).
Es incomprensible que el Banco de
España y el BCE permitan que unos bancos que no dan créditos y con estas tasas
tan elevadas de morosidad, puedan distribuir
dividendos. Esto sí que es vivir por encima de sus posibilidades y repartir lo
que no se ha ganado. En buena parte, los dividendos que reparten son el fruto
del negocio fácil de tomar el dinero del
BCE a menos del 1% e invertirlo en deuda pública al 4%.
¿Por qué sigue creciendo tanto la
morosidad si los bancos dan cada vez menos préstamos? Porque los bancos nos han
engañado. Nunca contaron de verdad el inmenso volumen de activos dudosos o
realmente fallidos que tenían en sus balances. Y ahora van regularizando los
créditos malos camuflados en oscuras refinanciaciones y mes a mes van soltando
lastre. Nunca
sabremos cómo están los bancos.
La forma en que se ha realizado
el saneamiento de la banca está siendo tan costosa como la propia crisis. El
resultado es que las firmas siguen cerrando por el
corte del crédito. El impacto
negativo de la gestión de la banca privada para las empresas y
el empleo ha sido clamoroso.
En la mayoría de países europeos,
el sector financiero cuenta con una importante participación de bancos
públicos, cooperativos y cajas de ahorros, que en conjunto representan entre el
20% y el 50% de la cuota del mercado crediticio. En España, tras la liquidación
de la banca pública y de las cajas de ahorros, la banca cooperativa cuenta solo
con el 6,7% de cuota de mercado.
Ante este panorama
de escasez de
financiación, cobra especial relevancia la iniciativa de la Junta de Andalucía
de crear un Instituto Público de Crédito Andaluz para
el desarrollo de la economía regional. Entre los objetivos fijados para esta
entidad pública, social y ética destacan: “Mantener el
sector industrial, los servicios avanzados, la agroindustria, el tejido
productivo nacional más innovador y los sectores más competitivos
internacionalmente”. Llama la atención también su propósito de “evitar el
riesgo de exclusión financiera de las pymes, la
economía social y los trabajadores autónomos” y establecer “la colaboración
financiera con las empresas con más capacidad de crear empleo”.
Resulta sorprendente que visto el
fracaso de la banca privada, el Gobierno y el partido que lo sustenta pongan
trabas a una iniciativa tan necesaria para esta región. En
Catalunya, la plataforma Desbanka promueve una iniciativa para mantener el carácter público
de la nacionalizada Caixa Catalunya. El rechazo oficial
a ambas iniciativas pone al descubierto la dependencia
del Gobierno y autoridades de los intereses de la banca.
Disponible en:
Irlanda exige cuentas a la banca
Por Carlos Fresneda
El Mundo, 06/02/2014.
Cincuenta días después de salir
de la UVI financiera, Irlanda ha decidido seguir la
senda trazada por Islandia y exigir cuentas a sus banqueros. El
rescate del Anglo Irish Bank le costó al país 30.000 millones de euros, aunque
los tres máximos responsables de colapso -Sean FitzPatrick, Willie McAteer y
Pat Whelan- se han sentado en el banquillo por "asistencia
financiera ilegal" a 16 clientes
El juicio ha reactivado el furor
de los irlandeses, aplacado durante la cura de austeridad de
cuatro años impuesta por la Troika. La campaña Jail Sean FitzPatrick
ha estallado precisamente esta semana a las puertas de los juzgados de Dublín,
en un juicio "ejemplar" y sin precedentes dentro de la Unión Europea.
Sean
FitzPatrick, conocido popularmente como Seanie Fitz, fue el
responsable del ascenso del Anglo Irish al podio de los bancos
irlandeses con su política de créditos de alto riesgo, lo que generó deudas
multimillonarias cuando estalló la burbuja en 2008. Uno de sus clientes
fue Sean Quinn, el magnate del cemento y el hombre más rico de Irlanda
hasta la debacle financiera (que ya pasó nueve semanas entre rejas por
desacato).
Diferentes sectores implicados en
la trama
FitzPatrick ha relevado a
Quinn como el "malo" de la película, artífice de una trama
para enganchar a grandes constructores y especuladores inmobiliarios, a cambio
de préstamos fáciles. Sus cabellos plateados se han convertido en símbolo de la
avaricia bancaria: no contento con su sueldo anual de dos millones, se supone
que sacó tajada a base de bonus y comisiones en dinero negro. Hace dos años se
declaró en quiebra.
El segundo acusado, William McAteer,
ejerció como director financiero del Anglo Irish y ganaba la nada despreciable
cifra de 1,4 millones de euros al año justo antes del colapso. McAteer siguió
ejerciendo como "jefe de riesgo" durante el proceso de
nacionalización. Tiempo después se supo que el banco le había concedido
un préstamo de ocho millones de euros para tapar otro crédito anterior
(y sin perder sus propias acciones en el banco).
El tercero en discordia, Pat
Whelan, era el jefe de la división de préstamos y supervisó
personalmente la concesión de créditos por miles de millones de euros a
especuladores e inversores inmobiliarios durante la era del boom. Hasta 2008
cobraba una salario anual de 650.000 euros. En diciembre de 2009, cuando dejó
finalmente la nave, se descubrió que había recibido seis millones de
euros en préstamos personales del banco.
En el juicio que ha arrancado
esta semana en Dublín,
la Fiscalía aporta nada menos que 24 millones de documentos y un millar de
testigos para ilustrar las maniobras de la terna de banqueros. La
acusación se ha ceñido, sin embargo, a 16 préstamos ilegales a otros tantos
irlandeses de renombre para intentar demostrar cómo existió una
auténtica "conspiración para revalorizar las acciones del banco".
El inicio de la debacle
financiera
El colapso del Anglo
Irish fue la primera y más notoria pieza de la debacle financiera del
antiguo tigre celta. El Estado irlandés decidió nacionalizarlo en 2009 junto
con otras dos entidades (el Allied Irish Bank y el Bank of Ireland) y llegó a
invertir más de 30.000 millones en su rescate. Ahogado por la deuda, el
Gobierno tuvo que pedir finalmente un programa de ayuda a la Unión
Europea (UE) y al Fondo Monetario Internacional (FMI) por 85.000 millones.
El Gobierno irlandés creó un banco
malo, el NAMA, que ha llegado a absorber hasta 74.000 millones de
activos inmobiliarios tóxicos acumulados por la banca. En 2011, el
difunto Anglo Irish fue rebautizado como Irish Banking Resolution Corporation
e inició su proceso de liquidación.
El primer ministro, el
conservador Enda Kenny,
dio oficialmente por cerrado el pasado diciembre el capítulo más oscuro de la
reciente historia de Irlanda con estas palabras: "Hemos recuperado
nuestra independencia y nuestra soberanía económica". La mayoría
de los irlandeses, sin embargo, considera que las cuentas no se saldarán hasta
la sentencia del juicio histórico, que se prolongará hasta el verano y que culminará
posiblemente con los tres banqueros entre rejas.
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sábado, 8 de febrero de 2014
La privatización (o no) de Bankia
Por Vicente Clavero
Público.es, 07/02/2014.
Desde que BFA-Bankia anunció unos
beneficios superiores a los 800 millones de euros en 2013, se han disparado las
especulaciones sobre su eventual privatización. Según el presidente del grupo,
José Ignacio Goirigolzarri, el Estado seguirá teniendo una participación en él,
a través del FROB, al menos hasta 2016. Pero, mientras tanto, cabe dentro de lo
posible que se proceda a la venta de algún paquete de acciones para ir
recuperando el dinero invertido en su rescate.
El reflotamiento de Bankia ha
costado ya a los contribuyentes españoles la friolera de 22.500 millones de
euros, de los que unos 18.000 millones fueron prestados por la Unión Europea.
Eso significa que, si el Estado quiere resarcirse de lo gastado, debe vender
por no menos de 22.500 millones el 68% del grupo que a día de hoy está en su
poder. O, lo que es lo mismo, a un precio
Algunos medios han anticipado que
el Gobierno estaría sopesando la enajenación de un paquete del 18%, con el fin
de hacer caja sin perder la mayoría del capital de Bankia. Si así fuera, con la
cotización que el grupo tiene en estos momentos, el Estado se reembolsaría del
orden de 2.800 millones, poco más de 12% de lo invertido. Los compradores, en
cambio, harían un buen negocio, pues el potencial alcista del valor, tras su
saneamiento, parece indudable.
De todas formas, se venda a
trozos sucesivamente o de una sola vez, la privatización de Bankia plantea
algunos dilemas políticos y morales. Uno de ellos es si España debe seguir sin
banca pública, visto el inmoderado papel que el sector privado desempeñó en la
formación de la burbuja inmobiliaria y su falta de solidaridad para sacar al
país de la crisis. Una falta de solidaridad que se traduce, entre otras cosas,
en la pertinaz sequía de crédito.
Otro dilema importante es si el
Estado, en el caso de que finalmente decida desprenderse de Bankia, debe dar
algún tipo de preferencia a los pequeños inversores que en 2011 cayeron en la
trampa de la salida a Bolsa. Entonces fallaron todos los mecanismos de control,
desde la CNMV hasta el Banco de España, pasando por el Gobierno de la nación.
Y, aunque sólo sea por eso, el Estado está en deuda con ellos.
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La banca se ahorra un 53% con la rebaja en la rentabilidad de los depósitos
Expansión.com, 06/02/2014.
El saneamiento del sector
financiero español, primero, y la limitación impuesta por el Banco de España al
tipo de interés de los depósitos, después, han llevado a niveles mínimos de
enero de 2006 el coste de financiación de la banca.
Mientras en noviembre de 2008,
bancos y cajas pagaban por todo el ahorro a plazo de particulares que tenían en
su balance un 4,46% TAE, ahora lo hacen al 2,08%. Es decir, logran financiarse
con el dinero de las familias españolas un 53% más barato que en el momento de
máxima tensión de los mercados mayoristas de financiación.
Pese a que el tipo de interés
medio que la banca paga por el total de sus imposiciones a plazo asciende al
2,08%, la remuneración que está ofreciendo actualmente por las nuevas
operaciones apenas llega al 1,51%.
Y, según el pronóstico de
Francisco Saiz, director de gestión de renta fija de Ahorro Corporación, esta
tasa seguirá cayendo, ya que la banca no tiene necesidad de pagar tipos
elevados para captar liquidez, pudiendo acceder a los mercados mayoristas de
financiación.
En las últimas semanas,
Santander, BBVA, Bankia, CaixaBank y Popular, entre otras, han aprovechado el
tono favorable del mercado (la prima está por debajo de los 200 puntos básicos,
niveles de abril de 2011)para emitir deuda, al tipo de interés más bajo de su
historia.
Es significativo el caso de
Bankia, que, a mediados de enero, emitió 1.000 millones de euros, por primera
vez desde su nacionalización, en mayo de 2012. A la luz de esta cifras, es un
hecho que los depósitos han perdido atractivo como producto de inversión y su
rentabilidad apenas bate la inflación, pero el saldo de depósitos se mantiene
cerca de niveles máximos históricos: 424.598 millones de euros al cierre de
año, última cifra disponible, según datos del Banco de España.
En cualquier caso, la búsqueda
del particular de una mayor rentabilidad está provocando una fuerte salida de
dinero de depósitos a fondos de inversión de perfil conservador.
¿Pero qué ha provocado este
drástico movimiento en el coste de financiación del pasivo, que tanto favorece
a la banca y perjudica al bolsillo del ahorrador? En septiembre de 2008, el
colapso de Lehman Brothers provocó el cierre a cal y canto de los mercados
mayoristas.
Los bancos españoles, ávidos de
liquidez e incapaces de emitir deuda, se lanzaron a una feroz guerra por la
captación de pasivo, que disparó la remuneración de los depósitos. La situación
comenzó a revertir con el inicio de la reforma del sistema financiero –primeras fusiones en 2009– y las
rondas de barra libre de liquidez del BCE, en diciembre en 2011.
En este sentido, la mejora de la
solvencia del sistema financiero español ha sido clave. Carlos Magán, director
de Ahorro Corporación, recuerda cómo la recapitalización bancaria, iniciada a
principios de 2012, saneó los balances de las entidades más afectadas, que eran
también las que más pagaban por los depósitos, acabando con sus necesidad de liquidez.
«A finales de 2012 y una vez
finalizada la recapitalización, la tendencia de pagar menos por el pasivo se
agudizó, gracias a las limitaciones interpuestas por Banco de Españ a la
remuneración de los depósitos. «Los efectos han sido muy llamativos, pues hemos
pasado de ofertas de depósitos a más del 4% a estar por debajo del 2%», añade.
Disponible en:
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viernes, 7 de febrero de 2014
Un año de cárcel a un empleado de Bankia por engañar a una cliente
Por Víctor Honorato
El País (Galicia),
06/02/2014.
Las sentencias judiciales a favor
de los afectados
por las preferentes que anulan los contratos y mandan devolver a los
clientes engañados sus ahorros se suelen resolver en el orden civil. Los
perjudicados recuperan el dinero y el banco en cuestión se lleva una reprimenda
escrita del juez de turno, que puede imponerle las costas y, en ocasiones,
también el abono de intereses. La Audiencia de Pontevedra ha ido un paso más
allá y, en una sentencia del pasado octubre, condenó a un año de cárcel por
estafa a un empleado de Altae —una sección de Caja Madrid (ahora Bankia)
dedicada a clientes de grandes patrimonios— al considerar probado, pese a la
oposición de la fiscalía, que engañó a una mujer de 74 años para que cambiase
los 500.000 euros de su depósito a un producto financiero estructurado a 10
años vista. La sentencia consideró fundamentales los testimonios de dos
empleados de una sucursal de Caja Madrid que avalaron la versión de la
afectada. La pena incluye algo más de 60.000 euros de indemnización que el
banco deberá también pagar si el condenado no puede.
Los productos estructurados no
son como las participaciones preferentes que emiten las propias entidades para
autofinanciarse, sino que son combinaciones de dos o más productos distintos
que por norma general ofrecen rentabilidades altas. La contrapartida es la
posibilidad más o menos elevada —depende del momento del mercado— de perder
parte de la inversión si se vende el producto antes de que expire el plazo
pactado. No era la opción que buscaba la septuagenaria que en 2006 llegó a una
oficina de Caja Madrid en Marín para pedir consejo. La señora tenía 500.000
euros ahorrados por los que en Caixa Galicia no le daban apenas intereses, y se
fue a la competencia. Vistos sus posibles, la pusieron en contacto con el
director de una oficina de Altae en A Coruña, que acudió personalmente a Marín
para cerrar el acuerdo sobre lo que tanto para la afectada como para el
director de la sucursal y uno de sus comerciales, que declararon como testigos
en el juicio, era un bono a dos años.
La resolución incide en que los
dos empleados de la oficina se mostraron “firmes y contundentes” en apoyo de la
versión de la mujer, que no tenía conocimientos específicos sobre la materia.
“No tendría ningún sentido que conscientemente hubiera firmado otros [términos
contractuales] mucho menos ventajosos y que no se ajustaban para nada a sus
deseos”, señalan los jueces, que entendieron que “en definitiva, […]el acusado
a la firma de los documentos le dio el cambiazo sometiéndole, a sabiendas, un
contrato distinto del verbalmente pactado”.
Aun probada la mala práctica,
para que esta se considere estafa penal se exige que quede acreditado que hubo
engaño y ánimo de lucro. La sentencia trata ambas cuestiones en dos párrafos
que explican lo a merced que están los clientes legos de los banqueros aviesos.
Señala, así, que “los usuarios de productos bancarios, ante la extensión del
clausulado así como de una compleja terminología, incluso en productos
financieramente sencillos, que hace difícil —en ocasiones prácticamente
imposible según las circunstancias del cliente— la comprensión de sus términos
con la simple lectura, relajaron esta medida depositando su confianza en las
explicaciones dadas por el empleado del banco —con quien en ocasiones se tiene
un trato profesional reiterado— en el momento de su firma”. Y reprende: “De
cualquier modo no puede sostenerse seriamente que el acusado como director de
una oficina de banca privada que se ocupaba de captar los mayores capitales,
careciera de interés cuando menos profesional en captar 500.000 euros”.
Disponible en:
La Policía desaloja un encierro de afectados por la hipoteca en un banco de Getafe
Público.es, 06/02/2014.
La Policía ha desalojado la tarde
de este jueves a más de una veintena de personas que permanecían encerradas en
una sucursal bancaria de KutxaBank en la localidad madrileña de Getafe para
exigir la condonación de la deuda de un afectado por la hipoteca.
Según han confirmado a Público varios testigos que permanecían
en el interior del banco o otros que estaban concentrados en la puerta de la
sucursal, alrededor de las 21:30 horas un amplio despliegue policial de entre
ocho y diez furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP antidisturbios)
ha llegado hasta el lugar de la protesta y se ha llevado a comisaría a los 22
activistas, que comenzaron el encierro a las 17.00 horas.
No está claro si los arrestados
están detenidos o han sido llevados a comisaría para ser identificados.
"No ha habido cargas ni disturbios porque esta era una protesta
pacífica", ha señalado uno de los concentrados a las puertas de la
entidad, unos 50 en total.
Con el encierro, tanto el
afectado como los activistas por el derecho a la vivienda pretendían negociar
la condonación de la deuda de Ángel, que tras quedarse en paro dejó de pagar su
hipoteca hace cinco años. El banco le desahució entonces, aunque le concedió un
régimen de alquiler social, pero seguía exigiéndole el dinero del préstamo.
Según han explicado los
activistas, Ángel firmó una hipoteca por 217.000 euros que en la
actualidad asciende a 253.000 euros pese a haber entregado la casa al
banco.
El director de la oficina no ha
querido negociar con el afectado y ha abandonado la sucursal antes del desalojo
policial. Según explican, Ángel, en paro y sin ningún tipo de ingresos no podrá
acceder a ninguna otra vivienda, si siquiera en régimen de alquiler social al
haber quedado incluido en una lista de morosos.
Desde la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH) de Madrid y la Asamblea de Vivienda denuncian que en
Getafe hay muchas otras familias en la misma situación que ángel.
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jueves, 6 de febrero de 2014
El crédito al sector privado cae al nivel de 2006 después de tres años de recortes
Por Alejandro Bolaños
El País, 03/02/2014.
Desde 2010, la economía española
vive con una ración de crédito cada vez menor. Lo que los mercados dieron
(préstamo fácil y barato), los mercados quitaron: las nuevas condiciones
financieras, mucho más duras, hicieron insostenible el nivel de deuda de muchas
empresas y familias españolas. En estos tres últimos años, ese ajuste forzoso,
con implicaciones notables en la actividad económica —sin préstamo, la
inversión y el consumo flojean—, ha empequeñecido el volumen de créditos
concedidos al sector privado hasta niveles de 2006. Y no hay indicios de que el
ajuste vaya a quedarse ahí.
Según los datos
distribuidos este lunes por el Banco de España, las entidades de
crédito, españolas y extranjeras, tenían concedidos en diciembre de 2013
préstamos por 1,86 billones de euros a empresas y familias españolas, un 5,6%
menos que en 2012. El saldo de crédito vivo en el sector privado (excluido el
endeudamiento de la propia banca) equivale al 181% del PIB, una proporción
ligeramente inferior a la que se registraba a finales de 2006. El ajuste desde
el cierre de 2010, cuando el volumen de préstamo a hogares y compañías no
financieras rondaba el 211%, es de más de 340.000 millones.
La caída del crédito en estos
tres años ha sido mucho más acusada en las empresas que en las familias. El
préstamo concedido a compañías no financieras descendió en diciembre de 2013
hasta los 1,07 billones (104,6%) del PIB, cuando a finales de 2010 el saldo
vivo ascendía a 1,3 billones (124,6%). En cuanto al préstamo a hogares, más
estable por el peso del crédito a largo plazo para financiar la compra de
viviendas, ha pasado de rozar los 900.000 millones (un 86% del PIB) a
contraerse hasta los 787.000 millones de euros al cierre de 2013 (el 76,7% del
PIB).
El ritmo de caída del saldo de crédito se ha atemperado en los últimos meses,
al frenar el ajuste en la financiación a las empresas. Así, el descenso anual
del volumen de préstamo registrado en diciembre, un 6%, es el menor desde
noviembre de 2012. Lo mismo ocurre si se utiliza la metodología del Banco de
España, que corrige ese saldo por ajustes en el tipo de cambio y saneamientos
en las carteras de créditos en las entidades: con este sistema de flujo
efectivo, la caída del crédito a empresas en diciembre se limita al 4,8%,
también la menor tasa anual desde otoño de 2012.
Sin embargo, y tras un
inusual repunte mensual en el dato de noviembre, el volumen de
préstamo concedido a los hogares cae a mayor velocidad que en los últimos
meses: la comparación bruta arroja un descenso del 5,6% en diciembre, el
recorte anual del crédito a familias más significativo de la serie estadística.
Con la metodología del Banco de España, la caída anual es del 4,5%, también la
más acusada de la crisis.
La moderación del ritmo de caída
del crédito a empresas tiene, al menos, dos explicaciones: a diferencia de lo
que ocurre con las entidades financieras españolas, la banca extranjera ha
empezado a aumentar el préstamo a las empresas españolas. En diciembre, el
crédito concedido por entidades del exterior ascendía a 342.000 millones, un
4,5% más que al cierre de 2012.
Además, los datos del Banco de
España revelan que el volumen de las operaciones nuevas de préstamo a empresas
vuelve a crecer: en diciembre se concedieron 43.853 millones en nuevos créditos
a las compañías, un 7,13% más que en el mismo mes de 2012. Aún en 2009, con la
crisis encima, era habitual que esas nuevas operaciones sumaran más de 75.000
millones al mes.
En el conjunto de 2013, el
volumen de nuevas operaciones de financiación a sociedades no financieras es
todavía inferior al acumulado en los 12 meses de 2012 (392.000 millones frente
a 484.000 millones), aunque los expertos de entidades financieras como el
servicio de estudios del BBVA confían en que este año la nueva financiación sea
superior a la de 2013.
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