Antonio Antón
Público.es, 04/03/2014.
Los sujetos sociales nunca se
habían ido; aparte del movimiento sindical, ampliamente representativo, existía
un extenso tejido asociativo, una gran parte de carácter solidario. Las clases
sociales tampoco se habían ido. Han sido la referencia principal para
interpretar las sociedades desarrolladas en estas últimas décadas. La
existencia de las clases medias siempre ha estado presente en el ámbito
político y mediático.
No obstante, se habían
difuminado, por un lado, los movimientos sociales y la existencia de las clases
trabajadoras, con su fragmentación y pasividad, y por otro lado, la de las
élites dominantes que aparecían, sobre todo, como la representación de la
voluntad popular o las portadoras del interés general. Parecía que el sistema
político-electoral era el cauce fundamental y casi exclusivo para expresar las
demandas populares.
Sin embargo, desde hace ya varios
años, asistimos a un cambio profundo del papel de los sujetos sociales y su
impacto sociopolítico (desde el movimiento 15-M, las mareas ciudadanas o la
Plataforma contra los desahucios, hasta el movimiento sindical, el feminista,
el ecologista o el vecinal), con cierta disociación entre ciudadanía (indignada
o crítica) y clase gobernante, gestora de la austeridad. Es necesaria una nueva
interpretación para ver las dinámicas de fondo del cambio social y político.
Con la crisis económica y las
políticas liberal-conservadoras de la élite gobernante, con el incumplimiento
de sus compromisos democráticos y sociales, emerge nuevamente entre la opinión
ciudadana la existencia de un grupo de poder, financiero e institucional, que practica
una ofensiva regresiva. Se visualiza una clase dominante con un carácter
oligárquico, antisocial y autoritario confrontada con los intereses y demandas
de la mayoría de la sociedad.
A su vez, se ha generado un nuevo
ciclo de la protesta social progresista, una nueva dinámica sociopolítica, tal
como explico en el libro Ciudadanía activa. Opciones sociopolíticas frente a
la crisis sistémica (ed. Sequitur). Expresa la existencia de una corriente
social indignada de carácter democrático. Una ciudadanía activa, basada en
capas sociales descontentas y subordinadas, pugna contra la involución social y
democrática. Tienen una base social popular, es decir, interclasista de clases
medias y trabajadoras, incluyendo sectores precarios y desempleados.
Además, se ha producido una
polarización con el poder económico, financiero y gubernamental. En la agenda
sociopolítica ha reaparecido un amplio y prolongado conflicto social. Es
distinto a los procesos de la etapa anterior. Es la suma y convergencia de
movilizaciones y grupos sociales pero, sobre todo, es la superación de cierta
fragmentación representativa y expresiva, con una mayor dimensión, duración y
polarización sociopolítica. Se va configurando una identificación del
adversario común, así como una conciencia emergente de un bloque social
alternativo y democrático en defensa de la mayoría social que padece el paro
masivo, la austeridad y los recortes sociolaborales y de derechos, con una
gestión política regresiva, aspectos que aparecen como el blanco de las movilizaciones
y la deslegitimación del poder financiero e institucional, incluido el europeo.
Se reconfiguran las clases
sociales en su dimensión de actores y vuelven al espacio público sujetos
sociales con una dinámica de empoderamiento ciudadano frente a los poderosos.
Se reafirma una cultura cívica de justicia social, se conforman nuevos y
renovados sujetos colectivos con fuerte impacto sociopolítico, con un laborioso
proceso, lleno de altibajos y vacilaciones, de conformación de una
representación social, unitaria y arraigada en un amplio tejido asociativo. Ha
empezado a tener repercusión en el ámbito electoral y la incógnita y la
expectativa pública es en qué medida se va a expresar en los próximos procesos
electorales, cómo se va a articular su representación política, hasta dónde va
a influir en la renovación y reequilibrio entre las izquierdas y en el cambio
político e institucional.
De una parte, las clases
dominantes, con ocasión de la crisis económica han iniciado una fuerte ofensiva
contra las condiciones y los derechos sociales, económicos y laborales, con una
dinámica impositiva y autoritaria y sin respecto a sus compromisos sociales y
electorales. No se ve la regeneración democrática ni la recuperación económica
para ciudadanos y ciudadanas. Las clases dirigentes, el poder financiero e
institucional, están imponiendo un retroceso social y económico, una situación
de paro masivo y prolongado, un deterioro de las condiciones materiales de la
mayoría de la población, una mayor incertidumbre vital y un debilitamiento de
la calidad democrática de los sistemas políticos. Se visualiza de forma amplia
que no defienden el ‘interés general’ sino, sobre todo, sus propios intereses
de élite dominante, y la mayoría de la sociedad desconfía de ella.
De otra parte, se ha producido un
nuevo ciclo de la protesta social progresista, de carácter popular.
Particularmente en España, desde el año 2010, estamos en una etapa
sociopolítica distinta, con una corriente social indignada muy amplia frente a
las graves consecuencias de la crisis y la gestión política dominante de
austeridad y recortes sociales y por la democratización del sistema político.
Se ha ido configurando una ciudadanía activa, con diversos movimientos sociales
y procesos masivos de opinión crítica, acción popular o resistencia colectiva,
enfrentada con las políticas antisociales y sus responsables económicos y
políticos y con gran legitimidad entre la mayoría de la sociedad.
Se han ido conformando dos campos
sociopolíticos, por un lado, los ricos y poderosos y, por otro lado, las capas
populares, representadas socialmente por distintos movimientos y grupos
progresistas, que no se resignan a la involución social y política. En medio,
sectores más o menos confusos, temerosos, adaptativos o ambivalentes. Se visualiza
más y mejor el polo del poder o la dominación, aunque sus contornos sean
imprecisos y su denominación diversa. En todo caso, se piensa en una minoría
elitista, compuesta por ricos y gobernantes (los de arriba).
Al mismo tiempo, persiste y se
reafirma una amplia actitud cívica diferenciada de los poderosos, con un
comportamiento sociopolítico enfrentado a su gestión económica e institucional
impopular, que permite la emergencia de una identificación de carácter popular.
No es una conciencia pura, de clase trabajadora o de clase media; en ese
sentido se puede decir que es ‘interclasista’. Se trata de una percepción de no
pertenencia a las élites o grupos dominantes, de ver sus intereses y demandas
como distintos y confrontados con ellos y sentirse subordinados, perdedores o
en desventaja (los de abajo).
Esa conciencia popular está
asentada en una cultura cívica de justicia social y defensa de los derechos
sociales y democráticos. Se ha reafirmado frente al embate recibido por el
reparto desigual y regresivo de los costes de la crisis y la política de
austeridad dominante, superando la completa resignación y el fatalismo que
promovía el poder y su aparato mediático. Esa actitud crítica es
suficientemente consistente y persistente como para vaticinar su continuidad
inmediata y mantener una fuerte legitimidad social. Se ha ido generalizando en
una base social diversa de capas trabajadoras, más o menos cualificadas y con
una situación laboral más o menos precaria, así como de capas medias,
bloqueadas, descendentes o con incertidumbre, especialmente en los ámbitos de
aplicación de profundos recortes (enseñanza, sanidad…).
Por tanto, se puede hablar de una
diferenciación y una pugna entre clases populares, representadas por distintos
agentes sociopolíticos, y élites dominantes, reflejadas en el poder financiero,
económico e institucional, junto con sectores significativos más indecisos, con
retraimiento cívico o solo con procesos individuales adaptativos.
La desafección hacia la cúpula
socialista y sus dificultades para recuperar la credibilidad social y electoral
perdida, manifiestan que la brecha social y de desconfianza de una parte de su
anterior base social ha sido muy fuerte, que los intentos de dar una imagen de
renovación son insuficientes y que sigue sin poder representar adecuadamente
esa corriente popular indignada. El bipartidismo pierde apoyos ciudadanos, por
sus responsabilidades en la gestión antisocial y poco democrática de la crisis.
No obstante, la dimensión y el ritmo de la evolución del campo social y el
campo político-electoral e institucional son desiguales y obedecen a
mediaciones y mecanismos distintos.
La doble dinámica, de continuidad
de la protesta social progresista y la consolidación de sus agentes, junto con
el mayor o menor acierto de las izquierdas políticas, definirá el proceso de
derrota de las derechas y sus políticas regresivas, así como el avance hacia
una Europa más social, democrática y solidaria.
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