viernes, 24 de mayo de 2013
La Dependent propone un musical en tono de farsa sobre ´las trampas de la banca´
Por Pepe Sancho. Valencia
Diario Levante-EMV, 24/05/2013.
Bankabaret es el título del nuevo espectáculo de la
compañía valenciana La Dependent, que ayer se estrenó en el Teatre Talia. Con
textos de Ximo Llorens y música de Panchi Vivó, este montaje supone un nuevo
musical en tono de farsa que pretende añadir diversión, ironía y música a
"la que nos está cayendo". Su director, Pep Cortés, un hombre
sobradamente conocido tanto por sus creaciones como director como por su
trayectoria como actor, explicaba ayer el origen y desarrollo de este
Bankabaret.
"Cuando nos reunimos para hacer un nuevo espectáculo pregunté que es lo
que querían que hiciéramos. Llegamos al acuerdo de hacer un musical en tono de
comedia sobre algo tan tangente como la crisis que estamos padeciendo, pero de
manera crítica y divertida. Y nos pusimos a ello", dijo Cortés.
El tema era delicado, pero "lo llevamos adelante. Estuvimos analizando e investigando y nos dimos cuenta del lío en que estamos metidos ahora mismo. Hemos caído en una trampa, y la causa principal es la banca. De ahí el título de Bankabaret. A través de números musicales propios de cabaret vamos desgranando la realidad de la situación actual, pero comenzando desde tiempos en que todavía no se había llegado a esto", aseguró Pep Cortés.
Realizada en valenciano, esta comedia musical coincide con otro musical también en lengua propia, Besos, en cartel en el Flumen. Para Cortés,"es indicio de que nuestras producciones pueden resultar atractivas para el público".
Los intérpretes de Bankabaret son Joan Gadea, Rosanna Espinós, Pepa Miralles y Pep Sellés, algunos de ellos populares por series de RTVV. El espectáculo estará en el Talia hasta el 9 de junio.
Disponible en:
jueves, 23 de mayo de 2013
Por una Banca Pública
Por Carlos
Javier Bugallo Salomón
Discurso leído en el acto de
presentación de la Plataforma Valenciana por la Nacionalización de las Cajas
de Ahorro y por una Banca Pública.
Voy a iniciar esta presentación
hablando, en primer lugar, de cuáles son las razones que nos han movido a crear
esta Plataforma, y en segundo lugar, de cuáles son los objetivos que nos
proponemos alcanzar con ella.
Empecemos hablando de los Bancos.
Un elemento característico de la banca privada es su comportamiento económico
cíclico, que conduce a una política de la concesión de créditos disfuncional.
Esto quiere decir que en las épocas de expansión se diseñan estrategias por
ganar cuota de mercado con niveles de exigencia débiles, y, en períodos
recesivos otorgar el crédito a pocos y muy selectos prestatarios. Con este
comportamiento, los bancos actúan como elementos amplificadores de las crisis.
Esto se ha podido comprobar
nuevamente con la crisis financiera actual, que representa un fracaso
sistemático de la banca privada, que ha dado por resultado desastrosas
inversiones y la escasez crónica del crédito. También se ha puesto de relieve
la opacidad de su administración y el carácter negligente de la misma, pues han
actuado torpemente en la recolección de información y en la administración del
riesgo, así como en la mediación de bienes vitales para las familias.
Por desgracia el comportamiento
de las cajas de ahorro no ha sido mejor. Ello se ha debido, como era de
esperar, por el proceso de liberalización del sector promovido por la reforma
de Fuentes Quintana en 1977, que equiparó a estas instituciones con el resto de
las entidades de crédito, forzándolas a competir desaforadamente para ganar
cuota de mercado interior y hacer frente a la competencia interna, así como
también la externa que se avecinaba con la inclusión de España en la Unión
Europea. El ejemplo que se impusieron a sí mismas las cajas fue el de los
bancos privados, como revela el nombre de una de ellas: Bancaja; y con ello, la
alocada captación de pasivos para financiar inversiones cada vez más
arriesgadas y especulativas.
Otro elemento agravante de la
crisis de las Cajas de Ahorro ha venido determinado por el impúdico asalto a
que fueron sometidas por parte de los partidos políticos en el Gobierno. No
sólo se aseguraron a través de los respectivos Estatutos de Autonomía el
control de los Consejos de Administración, sino también de las Comisiones de
Control, las que precisamente tenían que vigilar por la legalidad y la
rentabilidad de las operaciones realizadas por las cajas. El resultado ha sido
la más desvergonzada política de inversiones clientelar que pueda imaginarse.
Hay que decirlo alto y claro: el
colapso de las cajas de ahorro españolas no se debe a la tan traída
‘politización’ de las mismas, sino simplemente a una pésima política: aquella
basada en el más crudo liberalismo económico aunado a un control político
clientelar de las instituciones económicas.
Por todo ello se hace necesario
un cambio profundo en el sistema bancario, que incluya la conversión de las
instituciones de crédito en quiebra en Bancos Públicos dirigidos de forma
transparente, profesional y democrática. Los Bancos Públicos podrían afrontar
más fácilmente los problemas de liquidez y solvencia, y podrían también jugar
un papel permanente en la provisión estable de flujos de crédito público a las
familias así como a las pequeñas y medianas empresas. También podrían proveer
crédito a largo plazo para redirigir la economía actual hacia nuevas
actividades productoras de bienes y servicios.
La Banca Pública que reclamamos debe cumplir estos
objetivos de carácter general así como estos otros que demanda la situación
actual:
- Fin a la política de desahucios de las familias que acrediten la imposibilidad de pagar su primera vivienda, y puesta a disposición de las administraciones públicas del stock de casas de las Cajas para contribuir a crear un parque público de vivienda en régimen de alquiler, a precios asequibles, a fin de que se cumpla el derecho constitucional a una vivienda.
- Ninguna destrucción de puestos de trabajo en las Cajas, las fundaciones y la Obra Social.
- Devolver sus ahorros a las personas estafadas con preferentes y subordinadas.
Con estas propuestas no estamos
pidiendo nada que no sea factible. Tanto Bankia, Catalunya Banc, como
Novagalicia Banco son actualmente entidades financieras intervenidas por el
Gobierno y que han sido rescatadas con dinero público: son de la sociedad y
ella debe controlarlas y dirigirlas. El Gobierno no debe privatizarlas y
regalarlas a sus amigos de las finanzas privadas, como ha hecho con la Caja de
Ahorros del Mediterráneo y el Banco de Valencia.
Pero para que esto último no
vuelva a ocurrir tendremos que dar una dura batalla a un Gobierno que, por una
parte, se muestra servil frente a la propiedad privada de los más opulentos,
mientras que por otra parte dilapida y regala la propiedad pública. Para
unirnos todos en esta tarea os convocamos a todos y a todas a participar en un
proyecto, el de la Banca Pública, que tiene mucho futuro por delante.
Xirivella, 23 de mayo de 2013.
miércoles, 22 de mayo de 2013
El desmantelamiento de la banca pública en España
Por José Manuel Naredo
Nuestro país tuvo una potente
banca pública de la que hoy no queda vestigio. Murió tras el tozudo empeño
privatizador desarrollado durante los gobiernos socialistas presididos por
Felipe González y los posteriores gobiernos del PP.
Ahora se sufren las consecuencias
de haber saldado tan alegremente un instrumento cuya utilidad evidencian las
tribulaciones del actual Gobierno en sus fallidos intentos de promover el
crédito.
La banca pública existía desde
antiguo en nuestro país y tenía un peso importante. En la década de los ochenta
otorgaba más del 20% de los créditos, mientras que el resto correspondía a la
banca privada y a las cajas de ahorros. A principios de los noventa la banca
pública concedía todavía el 15% de los créditos cuando el Gobierno del PSOE
decidió unificarla en el grupo llamado Argentaria para facilitar su
privatización en bloque. Tras la pérdida de las elecciones por el PSOE, este
proceso se remató durante el Gobierno del PP con la integración de Argentaria
en el grupo privado BBV –dando lugar al actual BBVA–,con lo que el Estado se
desprendió finalmente de su participación minoritaria. La estrategia
privatizadora alcanzó extremos surrealistas en su afán de liquidar cualquier
traza de banca pública, como fue la segregación de las sucursales que tenía la
antigua Caja Postal en las estafetas de Correos, para ofrecérselas al Deutsche
Bank, cuya presencia aparece hoy insólitamente vinculada a las 2.000 oficinas
de Correos que pueblan la geografía nacional.
Los bancos públicos habían
surgido para asegurar que los antiguos servicios de crédito del Estado pudieran
ejercer directamente sus funciones de intermediación financiera sin depender de
las entidades privadas, como sigue ocurriendo en la mayoría de los países. Pero
en España, tras haber desmantelado la banca pública, el Estado perdió esas
funciones, por lo que el propio Instituto de Crédito Oficial (ICO) tuvo que
recurrir a la banca privada para colocar sus préstamos. Resulta penoso observar
cómo la banca privada no sólo ha hecho caso omiso de las reiteradas demandas
del presidente Rodríguez Zapatero de “arrimar el hombro” en la concesión de
créditos, sino que ha exigido al Estado mayores comisiones y garantías para conceder
los préstamos del ICO, a la vez que hacía gala de sus millonarios beneficios.
Es decir, que la banca privada, además de negarse a modificar los criterios en
la concesión de créditos, saca la máxima tajada posible por el mero hecho de
tramitar los del ICO, dejando por completo fuera de lugar las ingenuas
sugerencias del presidente Zapatero.
El desmantelamiento de la banca
pública entra en franca contradicción con las funciones que ahora se plantea el
Estado con motivo de la crisis. Tras tanto adelgazar al Estado y engordar los
negocios privados, el volumen y los riesgos de estos crecen a un ritmo muy
superior al de los recursos públicos. Por ejemplo, si en 1995 el importe de los
créditos doblaba al de los ingresos fiscales del Estado, en 2007 lo quintuplica,
con lo que son cada vez más limitados los recursos públicos en comparación con
los privados. Durante la crisis bancaria vivida entre 1977 y 1985, el
saneamiento de las entidades financieras españolas exigió al Estado ayudas
billonarias en pesetas y la crisis actual va camino de exigirlas en euros. En
este caso, sería razonable aprovechar, al menos, tan enorme esfuerzo para
reestablecer la propiedad y el control del Estado en el sistema bancario y
paliar así los excesos privatizadores del pasado.
Disponible en:
<http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article2646>
martes, 21 de mayo de 2013
La OCU denuncia ante la Fiscalía el "escándalo" de las preferentes
Diario Público.es,
21/05/2013.
La Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de Estado
por la venta masiva de preferentes a ahorradores sin conocimientos financieros
por considerar que se trata del "mayor escándalo financiero producido en
Europa en las últimas décadas". Según ha informado el propio colectivo en
una nota de prensa, 18 entidades han colocado estos productos de forma
"engañosa" a ahorradores de cierta edad sin la necesaria formación
financiera para "captar fondos de una forma poco transparente".
Por ello, ahora quieren
"llegar hasta el fondo" y que se depuren responsabilidades
tanto en las propias entidades financieras, como en los reguladores y cualquier
institución que haya tenido "responsabilidad en el mayor escándalo
financiero producido en Europa en las últimas décadas".
Consideran que las preferentes
han supuesto un grave perjuicio económico para los ahorradores, que han
traspasado sus fondos a preferentes "fiándose de los consejos y
recomendaciones del personal de su oficina bancaria", que se han aprovechado
de ello para hacerles invertir su dinero en un producto de alto riesgo. Y, por
esa razón, ha puesto en marcha un Plan de Ayuda a los Afectados por las
Preferentes, a los que asesorará de manera individual recomendándole la
mejor opción para su caso particular.
Esta denuncia se suma a las que
ya interpuso el PSOE ante el Minsterio Público para que investigue si el "engaño
estructural" al que las entidades financieras han sometido a los
pequeños ahorradores con las participaciones preferentes puede ser constitutivo
de un delito de estafa. Asimismo, UPyD denunció ante la Fiscalía Anticorrupción
a Caja Madrid, algunos miembros de su consejo de administración -entre los que
se encuentran los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato-, y su comité de dirección,
a los que acusa de cobrar más de 71 millones en 4 años.
Disponible en:
lunes, 20 de mayo de 2013
El socialista Romeu propone una ‘banca nacional pública’
Por Francesc
Arabí. Valencia
Diario Levante-EMV, 18/5/2013. (Extracto)
El vicesecretario y portavoz de
la ejecutiva de Ximo Puig prosigue con su campaña de reivindicarse y ganar
proyección pública como hipotética alternativa precisamente a Ximo Puig, en las
primarias para elegir candidato a la Generalitat. Francesc Romeu presentará hoy
en Valencia su libro "Hasta aquí hemos llegado", que lleva por
subtítulo "Propuestas para cambiar la realdad" y ha sido etiquetado
por el autor como un ensayo que recoge ideas, propuestas y opiniones de una
carrera política que cumple ya 18 años desde que empezó como concejal de
Urbanismo en el Ayuntamiento de Silla en 1995.
Eliminar las sociedades de
inversión Sicav o aplicar la tasa Tobin a los movimientos de capitales son
algunas otras apuestas de contenido económico. Romeu se muestra también
partidario de una potente "banca nacional pública", que compita con
el sector privado financiero sobre el que deberían estrecharse, considera, los
mecanismos de control.
Quien fue cinco años director de la Fundación Jaime Vera, la escuela de formación del PSOE, defiende la necesidad de "escuchar a la calle", que los "bolsillos" de políticos y gobernantes sean "de cristal" o la elección directa del presidente del Gobierno. Es la partitura musical para un cambio radical del actual sistema en crisis. Falta ponerle los detalles concretos de la letra.
El dos veces precandidato a
secretario general del PSPV -en los congresos de septiembre de 2008 y marzo de
2012- urge a erradicar la "casta política". Una "casta" de
la que no se siente parte. Como todos los políticos, Romeu se incluye entre las
excepciones.
Disponible en:
domingo, 19 de mayo de 2013
La doctrina de muy grande para encarcelar, o de cómo los bancos están por encima de la ley
Por Daniel Munevar
Miembro de la Red CADTM AYNA.
En un periodo caracterizado por
el creciente poder económico y político del sistema financiero a nivel global,
el uso de recursos públicos para el rescate de entidades bancarias en problemas
se ha terminado convirtiendo en un lugar común. Ya sea en Chipre, Grecia, el
Reino Unido o Estados Unidos, los rescates bancarios de instituciones
involucradas en casos de corrupción, fraude y especulación son justificados una
y otra vez bajo el argumento que dichas entidades son demasiado grandes para
fallar (Too Big to Fail). Según esta línea de razonamiento, la bancarrota de
grandes bancos representa una amenaza para la estabilidad financiera y
económica del país donde este reside, por lo cual se hace necesario utilizar
los recursos públicos para evitar su colapso.
A fuerza de ser repetido una y
otra vez por todos los medios posibles esta justificación ha terminado,
lastimosamente, por convertirse en un elemento aceptado del discurso político
en buena parte del mundo. Por esta razón no sorprende ya escuchar a un
funcionario público en España, Portugal o Irlanda señalar que no existe
alternativa a la implementación de recortes significativos del gasto público en
aras de asegurar la solvencia y estabilidad de los bancos. Sin embargo, para
añadir daño al insulto, recientemente se está empezando a descubrir que no solo
no es suficiente transferir recursos públicos a los bancos sino que además es
necesario proteger a estos y a sus ejecutivos de las consecuencias legales y
jurídicas derivadas del accionar ilegal y criminal que caracteriza a muchos de
estos. Es decir, hoy en día los bancos son no sólo muy grandes para fallar sino
también muy grandes para encarcelar.
El punto clave de la nueva
doctrina para darle un pase libre a los bancos, independiente del tipo de actos
ilegales en los cuales han estado involucrados así como las consecuencias
sociales de estos, fue resumido por Eric Holder, Fiscal General de los Estados
Unidos. Al ser cuestionado en el Senado de los Estados Unidos sobre la posición
de la Fiscalía General respecto a la judicialización de bancos norteamericanos
y sus ejecutivos por actos de corrupción y fraude, Holder señalo que: “el
tamaño de estas instituciones es tan grande que hace difícil judicializarlos,
toda vez que al intentar hacerlo se nos indica que si efectivamente se
persiguen cargos criminales, ello puede tener repercusiones negativas para la
economía nacional, e inclusive la economía global” |1|.
La implicación de esta posición
es bastante clara. No importa que los excesos y especulación financiera hayan
causado la peor crisis económica del último siglo. Es irrelevante que dichos
excesos hayan estado asociados con una epidemia de fraudes |2|
a todos los niveles de operación de las entidades financieras. Tan solo es un
detalle menor que a consecuencia de las prácticas fraudulentas de los bancos,
al menos 495 mil personas en Estados Unidos han sido expulsadas de sus hogares
de manera ilegal |3|
y los fondos de pensiones de los países desarrollados perdieron cerca de 5,4
millones de millones de dólares |4|.
Aparentemente, el rol de los bancos es tan importante e imprescindible que su
funcionamiento está por encima de los requerimientos legales y constitucionales
de cualquier sociedad moderna. Por esta razón, la justicia debe mirar hacia
otro lado ante bancos y ejecutivos responsables de actos de corrupción y fraude
para evitar que estos puedan pasar un solo día en la cárcel. Al fin y al cabo
como se puede judicializar a un ejecutivo de una institución bancaria que “solo
está haciendo el trabajo de Dios” |5|,
como señalo Lloyd Blankfein (CEO de Goldman Sachs).
Los anteriores argumentos serian
graciosos sino fuera por el hecho que las consecuencias prácticas de la
doctrina de muy grande para encarcelar se están dejando ver de manera regular a
lo largo de los últimos meses en varios casos judiciales de alto perfil en
ambos lados del océano. Caso tras caso, la justicia se conforma con imponer
multas que representan en la mayoría de las situaciones tan solo una fracción
de las ganancias obtenidas producto de actividades ilegales, al mismo tiempo
que ningún ejecutivo ha sido obligado a enfrentar la justicia por cargos
criminales. Tres ejemplos bastan para mostrar el absurdo de la situación
actual: el juicio sobre desahucios ilegales en Estados Unidos, HSBC en el
juicio sobre lavado de dinero para carteles de la droga, también en Estados
Unidos, y el juicio sobre la manipulación de la tasa LIBOR en el Reino Unido.
En el primer ejemplo, en Enero de
2013, Bank America, junto a otros 9 bancos (entre ellos Citigroup, J.P. Morgan
Chase, Goldman Sachs), llegaron a un acuerdo con reguladores federales en los
Estados Unidos para pagar una multa por un valor de 9,3 millardos de dólares
(US$ 9 300 000 000) para cerrar la responsabilidad legal de los bancos ante
desahucios ilegales |6|.
El caso en contra de las citadas instituciones financieras se basó en la
incapacidad de estas en mostrar los documentos requeridos para justificar el
desahucio de un propietario atrasado en los pagos del crédito hipotecario. La
inexistente regulación y el alto volumen de créditos de este tipo generados en
el periodo previo a la crisis llevo a los bancos a contratar personas para
firmar cientos de documentos al día aprobando los desahucios sin llevar a cabo
el procedimiento legal requerido. Esta situación se presentó en al menos 450
mil casos, donde los bancos se apropiaron de hogares sin tener la justificación
económica o legal para llevar a cabo dicha acción. A pesar del masivo daño
causado por las prácticas fraudulentas de los bancos, la multa impuesta
equivale a un pago de menos de 300 dólares por hogar afectado |7|.
Es importante señalar que a pesar de las evidencias no se produjo un solo
arresto o cargo criminal, al mismo tiempo que el acuerdo eliminó la
responsabilidad de los bancos de responder financiera o legalmente por cargos
similares ocurridos en el periodo previo.
El segundo ejemplo de la doctrina
de muy grande para encarcelar operando en la práctica se refiere al banco HSBC.
A lo largo de la última década, HSBC colaboro con carteles de la droga de
México y Colombia, así como otras organizaciones terroristas, en el lavado de
activos por un monto cercano a los 880 millardos de dólares |8|.
Las relaciones comerciales del banco británico con los carteles de droga
perduraron en el tiempo a pesar de cientos de notificaciones y advertencias
realizadas por parte Departamento de Justicia de Estados Unidos. A pesar de esta
situación, los beneficios obtenidos no solamente llevaron a HSBC a ignorar las
advertencias, sino que incluso indujeron al banco a establecer ventanillas
especiales en sus locales en México a través de las cuales los narcotraficantes
podían depositar cajas llenas de efectivo para facilitar el proceso de lavado
de dinero |9|.
No obstante la actitud abiertamente desafiante ante la ley de HSBC, las
consecuencias para el banco de su colaboración directa con organizaciones
criminales fueron prácticamente inexistentes. Este se vio forzado a pagar una
multa de 1,2 millardos de dólares para cerrar el caso por lavado de activos.
Para poner esta cifra en contexto, dicha suma representa el equivalente a una
semana de ingresos del banco. Ni un solo ejecutivo o empleado del banco tuvo
que enfrentar cargos criminales, a pesar que la colaboración con organizaciones
terroristas o participación en activadas relacionadas con el narcotráfico
conllevan penas de al menos 5 años en la cárcel. Al parecer lo único que hace
falta para participar en el tráfico de drogas y evitar ser perseguido por la
justicia es un carné de empleado de cualquiera de los grandes bancos del mundo.
El ultimo y tercer ejemplo está
relacionado con la manipulación por parte de un grupo de 18 bancos de la tasa
LIBOR (London Interbank Offered Rate). La tasa LIBOR representa la tasa de
interés base sobre la cual se calculan las tasas de retorno de 700 millones de
millones de dólares de activos y derivados financieros, lo cual la convierte
tal vez en la tasa de referencia más importante del mundo. Esta se calcula con
base a la información suministrada por 18 bancos de sus costos individuales de
financiamiento en los mercados interbancarios. En 2012 salió a la luz pública
evidencia que demostró la colusión por parte de grandes bancos, como UBS y
Barclays, para manipular la tasa LIBOR de acuerdo a sus necesidades. Como en
los casos anteriores, el resultado fue predecible. Ningún cargo criminal en
contra de las personas responsables y multas risibles teniendo él cuenta la
escala de la manipulación por un total de 450 millones de dólares para Barclays,
1500 millones para UBS y 615 millones para RBS |10|.
Aunque los bancos en cuestión
aceptaron los cargos de manipulación, y por ende las sanciones impuestas por la
justicia británica, la justicia norteamericana opinó de manera diferente. El 29
de Marzo, la Juez Naomi Buchwald del Circuito de Cortes de Nueva York, liberó a
los bancos involucrados en el escándalo de cualquier responsabilidad legal ante
personas e instituciones afectadas por la manipulación de la tasa LIBOR |11|.
Su argumento para proteger a los bancos de posibles demandas por cargos de
colusión y prácticas monopólicas, se basó en la idea que la fijación de la tasa
LIBOR no parte del principio de competencia. De esta manera los bancos pueden
acordar la fijación de la tasa sin que ello involucre una violación de las
leyes anti trust en los Estados Unidos. Teniendo en cuenta la estructura
similar de fijación de tasas que operan en los mercados de Swaps y CDS, por
medio del envío de tasas por parte de los participantes que terminan siendo
promediadas para obtener un resultado final, el dictamen crea un peligroso
precedente que abre las puertas para la manipulación abierta por parte de
grandes instituciones financieras de precios y tasas clave que rigen el
funcionamiento de los mercados financieros globales.
Teniendo en cuenta los anteriores
casos, resulta claro que los bancos y otras grandes instituciones financieras
con presencia global han evolucionado a un nivel completamente desconocido de
cinismo y abuso del poder. En el mundo de hoy no basta con que los recursos
públicos deben ser puestos a la disposición de entidades financieras cada vez
que sus apuestas especulativas salen mal. Ahora también la ley se ajusta para
proteger a los responsables de dichas entidades y justificar después del hecho
cualquier conducta ilegal o criminal en la cual hayan incurrido. Un contexto de
este tipo, donde prima la impunidad, solo incentiva mayores abusos y toma de
riesgos por parte de ejecutivos de firmas financieras. Estos se enfrentan a un
escenario en el cual en el mejor de los casos aumentan el monto de sus bonos al
incrementar los ingresos del banco, independiente si los orígenes de estos
recursos son ilegales o producto de la más arriesgada especulación financiera.
En el peor, si son descubiertos, solo deben retirarse de la entidad sin tener
que enfrentar la justicia y manteniendo intactos en sus cuentas bancarias los
beneficios obtenidos. Mientras este tipo de incentivos perversos se mantenga,
los abusos y el pillaje de los recursos públicos por parte del sistema
financiero solo pueden seguir creciendo en el tiempo.
Disponible en: <
http://cadtm.org/La-doctrina-de-muy-grande-para>
Notas
|1| Ver, “Holder admits some Banks too big to
jail”, disponible en: http://www.huffingtonpost.com/2013/...
|2|
Un reciente estudio sobre las prácticas de entrega de créditos por parte de
bancos en Estados Unidos señala que a pesar de la heterogeneidad de estos, la
utilización de un grado significativo de irregularidades y falsedades está
presente en todas las instituciones financieras analizadas. Ver, “Asset Quality Misrepresentation by
Financial Intermediaries: Evidence from RMBS Market”, disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers....
|3| Ver, “Banks to pay $8,5 billion to speed up
housing relief”, disponible en: http://dealbook.nytimes.com/2013/01...
|4| Ver, OECD (2010) “The Impact of the Financial
Crisis on Defined Benefit Plans and the Need for Counter-Cyclical Funding
Regulations”, disponible en: http://www.oecd.org/insurance/priva...
|5| Ver, “Goldman Sachs Blankfein: Doing Gods
work”, disponible en: http://blogs.wsj.com/marketbeat/200...
|6| Ver, “The Top 12 Reasons Why You Should Hate
The Mortgage Settlement”, disponible en: http://www.huffingtonpost.com/yves-...
|7| Ver, “The Banks penalty to put robbosining
behind them: 300 dollars per person”, disponible en: http://www.zerohedge.com/news/2013-...
|8| Ver, “Elizabeth Warren Savaged A Treasury
Official During A Hearing On HSBC’s International Money Laundering Scandal”
disponible en: http://www.businessinsider.com/eliz...
|10| Ver, “Everything is rigged: The biggest price
fixing scandal ever”, disponible en: http://www.rollingstone.com/politic...
|11| Ver, “Judge dismisses antitrust claims in
LIBOR suits” disponible en: http://online.wsj.com/article/SB100...
Una gestión “aberrante” y sin la “mínima diligencia”
Por Amanda Mars
Diario El País, 185/2013.
Ninguna palabra es inocente. El
juez Elpidio José Silva utiliza en varias ocasiones, a lo largo del auto que ha
llevado a la cárcel al exbanquero Miguel Blesa, la palabra “aberrante” para referirse
a la gestión del imputado. Aberrante, que aberra, que constituye una
aberración: algo desviado, depravado, ilícito. Se refiere ni más ni menos a la
decisión de la antigua Caja Madrid de comprar en
2008 el City National Bank of Florida, lo que causó un grave
perjuicio a la entidad que, según el magistrado, se veía venir. El juez ve
indicios racionales de responsabilidad criminal de Blesa y la posible comisión
de un delito societario de administración desleal, o de delito de apropiación
indebida, en posible concurso con un delito de falsedad de documento público.
Hace una crítica demoledora del papel de Blesa en la operación y define la caja
como “paradigmática y eminentemente presidencialista”. Pero no cita en absoluto
indicios de desvío de fondos o cobro de comisiones ilegales.
“Aquí la tormenta perfecta no
dependió de constantes climatológicas, sino del propio proceder directo del
imputado Miguel Blesa”, concluye el titular del juzgado de instrucción número 4
de Madrid, en un auto que tiene todas las papeletas para pasar a la historia en
esta crisis bancaria. En la operación concurren “indicios de criminalidad”
procedentes, sobre todo, de la falta de estudios independientes previos sobre
la viabilidad de la adquisición y el hecho de que se sortease la autorización
necesaria de la Comunidad de Madrid al llevar a cabo la compra en dos partes,
que quedaron por debajo del umbral económico que hace obligatorio este visto
bueno.
Pero otros grandes del sector,
como el Santander o el BBVA, han sufrido también pérdidas multimillonarias con
sus inversiones en Estados Unidos, a raíz de la crisis financiera. Nadie fue
capaz de anticipar el huracán financiero internacional. ¿Estaba la operación de
Caja Madrid sentenciada a muerte desde el mismo momento en que se firmó? ¿Era
previsible su fiasco? ¿Lo suficientemente arriesgada como para que no pedir un
informe previo sea indicio de delito? El auto infiere una respuesta afirmativa.
Para el juez, el fracaso de la operación no se debe solo a “ignorancia”, sino
también a la falta de controles adecuados de los riesgos.
El juez recuerda que la Office of
the Comptroller of the Currency (OCC), un departamento indepediente dentro del
Tesoro, ha hecho un diagnóstico negro de la entidad: “déficits muy relevantes
en la supervisión del equipo directivo de la entidad, de cara a la debilidad
económica general, sin que esté implantada estrategia viable de negocio”,
además de un “alto y creciente riesgo estratégico”.
En concreto, con los criterios
del Banco de España, el deterioro del fondo de comercio del City National Bank
of Florida “equivale, prácticamente, a su valor (581 millones de dólares),
frente a su valor en libros (1.121 millones de dólares) y frente a lo abonado
como precio de compra (1.117 millones de dólares)”. En total, las pérdidas
alcanzan 500 millones de euros, una cifra que hoy por hoy podría ser superior.
El magistrado reprocha en el
escrito que “el precio de compra excede respecto del abonado anteriormente por
Banco Popular y Banco Sabadell, en relación con sendos bancos también
domiciliados en Miami”, aunque no hace comparación alguna entre el tamaño o
balance de unas entidades adquiridas y otras. Así que resulta arbitrario
concluir si era justificado o no que Caja Madrid pagase un precio superior por
su banco de Florida basándose en ese argumento.
Para el juez, la posibilidad de
un “delito de administración desleal” se apoya en elementos como “la ausencia
de un análisis mínimamente solvente de la entidad y del riesgo asumible, el
estudio abiertamente insuficiente del nicho de mercado, el pago de un
sobreprecio, y la ausencia de sometimiento a los controles administrativos
preceptivos”.
Se trata, continúa el escrito, de
“un nivel de ignorancia deliberada constitutivo, al menos, de dolo eventual; e
indicador, desde luego, de un dolo directo, cuando se trata de gestiones
abordadas por quienes, de sobra, gozan de experiencia en materia bancaria a
nivel de expertos”, de forma que “no puede basarse en el error en la mera
ignorancia, sino en el incumplimiento de protocolos de eminente relevancia a la
hora de aquilatar el riesgo asumible”. Así que el imputado, según el juez, “ha
podido ocasionar ‘directamente’ daños y perjuicios económicos severos a la
entidad que presidía”.
Y, aunque admite el efecto de la
crisis, remata: “no parece que nos hallemos ante eventos fortuitos o cursos
causales de todo punto inesperables, sino ante una pérdida plenamente
previsible y anticipable, de no ser —en la hipótesis más favorable al imputado
Blesa— por la ausencia total de la mínima diligencia en la gestión y destino
proyectado para los fondos de Caja Madrid, máxime ante una cuantía tan
elevada”.
Elpidio José Silva recalca que
Blesa solo contestó a su abogado, pero se acogió al derecho de no hacerlo a la
acusación o al juez, y no respondió a ninguna pregunta que permita ofrecer “una
explicación razonable” de lo sucedido. El expresidente de Caja Madrid no
justificó “por qué, deliberadamente, se fraccionó la operación put (927
millones) y call (190 millones) para obviar tal control clave de la Comunidad
Autónoma”.
Blesa explicó que pagó más por el
banco que otros porque “era mejor banco, más dimensionado; y, en suma,
rentable”, pero en ese caso, según el juez, no se entiende por qué fraccionó la
operación “ni, menos aún, se entiende por qué en tan poco tiempo sufrió tal
merma de valoración”. Sin embargo, la depreciación sucedió a muchas entidades.
El magistrado también cuestiona
“por qué se adquiere el CNBF [siglas del banco] en momentos en que, en
realidad, resultan indiferentes tales cualidades de optimización bancaria”, o
dicho de otro modo: “en medio de una tempestad, por expresarlo gráficamente, no
existe barco que, a todas luces, tenga que aguantar; ni, ante la presencia de
un tsunami, existe mejor o peor tumbona para pasar la tarde tomando el sol”.
Obvia en este punto el juez que
en 2008 casi nadie preveía el la dureza y duración del descalabro financiero
que se avecinaba: Lehman Brothers gozaba de la máxima nota de solvencia hasta
poco antes de hundirse, en septiembre de ese año. Hay otras afirmaciones poco
sólidas en el escrito, como la comparación con otras entidades financieras, sin
citar, “que se han lanzado al mercado de EE UU a través de una lenta
penetración, cimentando valor reputacional de forma táctica y paulatina, a
través de mercados próximos como, por ejemplo, México”. Los bancos españoles
que han optado por esta estrategia también han sufrido pérdidas cuantiosas.
El juez, al justificar su
decisión de pedir prisión cautelar para Blesa por “innegable riesgo de fuga” o
“destrucción de pruebas”, señala, entre otros elementos, que “no puede
descartarse la posible conexidad” de los posibles delitos en esta operación con
los créditos concedidos al exdueño de Marsans y expresidente de la CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán, también imputado y en prisión. Para el magistrado, una
actuación y la otra permiten establecer “cierta continuidad” por parte de Blesa
que “permiten concluir que no se trata de un proceder esporádico, aislado de
conductas incriminatorias previas”.
Disponible en:
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http://economia.elpais.com/economia/2013/05/16/actualidad/1368736366_663153.html>
viernes, 17 de mayo de 2013
Blesa es el primer banquero en la cárcel por los abusos que causaron la crisis
El que fuera expresidente de Caja
Madrid entre 1997 y 2010, Miguel Blesa, se ha convertido en el segundo banquero
que da con sus
huesos en la cárcel en la historia reciente de España. No obstante,
es el primero que entra en prisión por los abusos cometidos en el sector
financiero en los años de boom y que explican el origen e intensidad de la
crisis. Además, podría no ser el último. Heredados de aquellos años de empacho
de ladrillo, beneficio rápido y escaso control de los riesgos, hay nueve
juicios abiertos contra otras tantas entidades financieras: Bankia, Caja
Madrid, Banca Cívica, CAM, Banco de Valencia, Caixa Penedés, Caja Castilla La
Mancha y Eurobank, cuya quiebra se produjo en 2004. En total, se estima que
pueden estar imputados unos 90 ejecutivos (74 ahora juzgados en la Audiencia
Nacional y otros 16 de Banca Cívica que están pendientes del traslado de la
causa desde el juzgado de Pamplona). Y si prospera una denuncia presentada por
Adicae contra Catalunya Banc, está entidad y sus directivos entrarían en la
lista. Todo un récord.
Esta judicialización de buena
parte de la actividad financiera no es una casualidad. Las entidades
investigadas han recibido 37.700 millones de dinero público (en su mayoría),
así como de aportaciones del propio sector financiero a través del Fondo de
Garantía de Depósitos. Esta inmensa fortuna supera todos los recortes que ha
hecho el Estado en educación y sanidad. Hasta el momento, los contribuyentes
han perdido para siempre unos 6.000 millones utilizados para reflotar el Banco
de Valencia (vendido por
un euro a La Caixa) y 400 millones destinados a tapar la morosidad
de la cordobesa Cajasur.
La situación ha provocado una
indignación social sin precedentes contra el sector financiero. Ahora está
pendiente una depuración de responsabilidades de los directivos de los grupos
caídos para aclarar cómo ha sido posible una ruina de tal magnitud. La
sociedad, y parte de los partidos, sobre todo IU y UPyD, exigen que se
investigue a fondo la quiebra de algunas de estas entidades, una sensibilidad a
la que no parece ajeno el Poder Judicial.
Sin embargo, existen diferencias
muy importantes. Se puede decir que los supuestos delitos investigados se
dividen en tres categorías. Por un lado están las supuestas operaciones
fraudulentas con perjuicio para la entidad o beneficio para unos pocos. Este
sería el caso de la CAM,
Banco de Valencia y CCM.
En otro grupo se analizan indemnizaciones y prejubilaciones vergonzosas de
ejecutivos que se fueron, dejando la entidad en insolvencia. Este es el caso de
Novagalicia, Caixa Penedés, Banco de Valencia y CAM.
Por último, están las fallidas salidas a Bolsa, como Bankia y Banca Cívica. Muchas de
estas entidades emitieron
participaciones preferentes, lo que complica los casos.
Tras las graves acusaciones (sin
pruebas) de los inspectores del Banco de España sobre que la cúpula de la
entidad “miraba para
otro lado ante los indicios de delito”, el actual supervisor y el
Gobierno no quieren que nadie diga que no se investiga a fondo. Por eso, han
contratado especialistas en detectar fraudes e irregularidad, que forman grupos
de forensic que trabajan para el FROB, el Banco de España y Bankia. KPMG tiene
el equipo más importante, con casi 100 personas entre Madrid y Barcelona. Desde
PwC también se investigan algunos de los casos citados. Muchos banqueros han
pasado en poco tiempo de los lujosos despachos a la dureza de banquillo.
» Blesa. El
expresidente de Caja Madrid afronta un delito societario, de falsedad en
documento público y apropiación indebida por la compra del National Bank de
Florida justo antes del pinchazo inmobiliario. El juez Elpidio José Silva ha ordenado
su ingreso en prisión provisional eludible bajo fianza de 2,5
millones por existir riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
» Bankia. Es el caso que acumula
todos los récords por imputados, magnitud de afectados y daños al Estado. En
julio de 2012 UPyD presentó una querella contra 33
miembros consejeros de la entidad, contra Bankia y Banco Financiero
y de Ahorros por delitos de falsificación de cuentas, maquinación para alterar
el precio de las cosas y apropiación indebida. Entre los imputados figuran el
exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de Bancaja José
Luis Olivas, el exministro del Interior Ángel Acebes; el presidente de la CEIM,
Arturo Fernández; el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, el
ex secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada, y la
exconcejal de Madrid Mercedes de la Merced.
» Banco de Valencia.
Se investigan ocho querellas
prestadas por el Estado a través del FROB por supuestos delitos de
estafa, administración desleal y apropiación indebida. Hay ocho imputados,
entre ellos el expresidente de la Generalitat y de Bankia José Luis Olivas
(también imputado en Bankia), el ex consejero delegado del Banco de Valencia
Domingo Parra y el exvicepresidente de la entidad, Antonio Tirado.
» CAM. ¿Hasta
qué punto la situación que llevó a la intervención de Caja Mediterráneo (CAM)
en julio de 2011 fue resultado del exceso y la imprudencia o consistió en un
saqueo en toda regla? Son interrogantes a los que trata de responder el juez
Javier Gómez Bermúdez, de la Audiencia Nacional, que el 6 de marzo ordenó un
registro de los domicilios en Alicante del que fuera director general, Roberto
López Abad, y del ex director general adjunto de inversiones inmobiliarias,
Daniel Gil Mallebrera. Gómez Bermúdez está tomando declaración a 30 consejeros
y directivos de la entidad entre los años 2006 y 2011 sobre los créditos
millonarios concedidos al expresidente de la comisión de control Juan Ramón
Avilés.
» Caixa Penedés.
Los hechos investigados encajan como delito
societario continuado de administración desleal. Están imputados
cuatro ex altos cargos de la entidad: Ricardo Pagés, Manuel Troyano, Santiago
José Abella y Juan Caellas. El juez entiende que los responsables de Caixa
Penedés “diseñaron una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse
ilícitamente una desproporcionada ganancia patrimonial a costa y a espaldas de
la entidad”. Tanto Pagès como Santiago José Abella han tenido que prestar
fianzas de 11,6 millones y de 1,8 millones, respectivamente.
» Novagalicia. Querella de
la Fiscalía Anticorrupción contra cinco ex altos directivos: Julio
Fernández Galloso, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán Oscar Rodríguez y
Francisco Javier de Paredes. Se les considera supuestos responsables de
administración desleal y apropiación indebida tras cobrar 30 millones de
indemnizaciones. La entidad necesitó 8.000 millones de ayudas del Estado. Están
en libertad con fianzas que superan los 10 millones o en procedimiento de
embargo de sus bienes.
» Caso Caja Castilla La
Mancha (CCM). El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha pedido a CCM
las actas de la comisión ejecutiva en la que se aprobaron más de 20 préstamos y
otras operaciones presuntamente irregulares. Según el Banco de España pudieron
causar un quebranto a la entidad de 267 millones. La querella está presentada
contra el socialista Juan Pedro Hernández Moltó, presidente de la entidad, y el
director general (nombrado por el PP) Ildefonso Ortega.
» Banca Cívica.
El 11 de marzo el juez Eloy Velasco admitió a trámite la querella
de UPyD contra los consejeros de Banca Cívica por irregularidades en
la fusión y salida a Bolsa de la entidad. Se investigarán delitos de
falseamiento contable, administración fraudulenta, maquinación para alterar el
precio de las cosas, y apropiación indebida. El juzgado de Pamplona quedaría
con la investigación de la denuncia del colectivo Kontuz por el escándalo del
cobro de dietas en Caja Navarra de hasta 8.000 euros por mantener tres
reuniones en un solo día. Percibieron este dinero la presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina; el expresidente Miguel Sanz; el alcalde de Pamplona,
Enrique Maya, y los miembros de UPN José Iribas y Ana Elizalde, que anunciaron
que devolverán las dietas.
» Caso Eurobank.
En abril de 2005, la Audiencia
Nacional aceptó la competencia de las diligencias que se seguían en
un juzgado de Barcelona en el que se investigaba si los responsables de
Eurobank, encabezados por su expresidente Eduardo Pascual, cometieron delitos
societarios, de falsedad, de apropiación indebida y estafa.
* Este artículo es una
actualización de un reportaje publicado el pasado 24 de marzo de ÍÑIGO
DE BARRÓN.
Disponible en:
jueves, 16 de mayo de 2013
Berlín lamenta que España no pida más dinero del fondo para la banca
Por Claudi Pérez
Diario El País, 16/5/2013.
(Extracto)
Palos desde Berlín y palos desde
Bruselas. Alemania reabrió ayer otro flanco preocupante para España: el
bancario. No acaba de estar satisfecha con la reforma financiera, que se había
ganado fama de modélica en Bruselas.
Una alta fuente del Gobierno
alemán lamentó que en su día España solicitara solo algo más de 40.000 millones
de la línea de crédito de hasta 100.000 millones que expira a finales de año.
Berlín considera que el sector financiero europeo, empezando por las cajas
españolas, no ha conseguido despejar todas las incertidumbres acerca de su
credibilidad, a pesar de las continuas pruebas de esfuerzo. O precisamente a
causa de esos test, realizados con continuas interferencias políticas
(empezando por la propia Alemania).
No es solo cosa de Berlín. El
Banco de España exige a la banca más provisiones para los créditos
refinanciados: considera que aún puede haber morosidad oculta bajo la alfombra.
Y en la misma línea que Alemania, el economista jefe del FMI, Olivier
Blanchard, aseguró hace unas semanas que persistían serias dudas sobre la banca
española, aunque después se vio forzado a rectificar.
Los recelos, en fin, están ahí.
En los mercados se habla abiertamente de la posibilidad de que algunas
entidades puedan necesitar más dinero público. Berlín destacó que, de haber
usado todo el arsenal europeo, los bancos estarían mejor capitalizados y la
carestía de crédito a particulares y pymes sería menos preocupante. Alemania
parece animar a España a usar los casi 60.000 millones restantes, algo a lo que
se ha negado esta misma semana el ministro español Luis de Guindos. Tampoco el
Banco de España considera que sea necesario más capital.
Pero no se trata solo de la banca
española o la italiana. El sector en conjunto es un misterio. Otro de los
grandes focos de desconfianza son las grandes entidades alemanas y francesas,
cargadas hasta las cejas de activos tóxicos que nadie sabe aún dónde se
esconden exactamente, según fuentes europeas.
Otra fuente de la cancillería
explicó que la reforma financiera española se ha aplicado de forma convincente,
y atribuyó los eventuales problemas que puedan surgir a la sangría en la
economía real: desempleo, deterioro de los activos por el pinchazo del ladrillo
y falta de crecimiento, que achaca a la falta de reformas.
Disponible en:
miércoles, 15 de mayo de 2013
El Supremo reprocha a Botín haberle impedido sentenciar sobre las preferentes
Por Andrés
Muñiz
Diario Público.es,
09/05/2013.
El Tribunal Supremo ha reprochado
este jueves al Banco Santander que su decisión
de retirar a última hora un recurso sobre la compraventa de
participaciones preferentes haya impedido fijar jurisprudencia en la materia y,
además, haya hecho perder el tiempo a los magistrados "en
estudiar y preparar el asunto".
En una nota de prensa sin
precedentes, por su dureza, la Sala Civil del Supremo "lamenta que tal
decisión del recurrente (retirar el recurso) le impida dictar una sentencia en
la que fije criterios jurisprudenciales que sean útiles para resolver estos
litigios, así como el tiempo y el esfuerzo empleados por los integrantes de
esta Sala y de su Gabinete Técnico en estudiar y preparar el asunto".
La misma nota confirma que el
pleno convocado por la Sala de lo Civil para hoy jueves para resolver este
asunto no pudo celebrarse "porque el recurrente, Banco Santander, ha
renunciado a mantener el recurso".
De esa manera, la entidad
"ha aceptado que quede firme la sentencia de la Audiencia Provincial (de
Mallorca) que declaró la nulidad de la venta de las participaciones preferentes
y le condenó a reintegrar a los compradores la totalidad del importe
abonado".
Ello se traduce en que es firme
la sentencia de la Audiencia de Mallorca inicialmente recurrida por el banco,
que confirmó otra anterior de un Juzgado de Primera Instancia de Mahón
(Menorca), por lo que el Santander deberá devolver al matrimonio
de afectados los 225.000 euros que invirtieron en las
preferentes.
El primer caso de participaciones
preferentes que había llegado al Supremo se refería a la demanda planteada por
un matrimonio contra el Santader. Los demandantes sostuvieron que la venta por
la entidad de unas participaciones preferentes se hizo ocultando a lo
compradores el riesgo financiero que comportaba la operación o sin informarles
del riesgo.
También alegaron la existencia de
un vicio del consentimiento dado para contratar las preferentes porque, según
los demandantes, el banco les manifestó que las participaciones serían
reembolsables en cualquier momento y vencerían en septiembre de 2009, con el
correspondiente abono, cuando, en realidad, la duración del contrato era
perpetua y a voluntad de la entidad emisora.
La importancia de la reunión
programada para este jueves, desconvocada por la decisión del Santander de
retirar el recurso, es que lo que decidiesen los magistrados iba a sentar
doctrina y su criterio sería de obligado cumplimiento para todos los
tribunales inferiores al resolver demandas civiles por las preferentes.
El alto tribunal había decidido
resolver este asunto en Pleno por ser de especial
sensibilidad y requerir una respuesta judicial que "unifique
la interpretación jurídica que sobre esta cuestión efectúan los Juzgados de
Primera Instancia y las Audiencias Provinciales", segun una nota de prensa
que emitieron el pasado 22 de abril.
Los responsables de las
preferentes tienen otro frente judicial abierto en la jurisdicción
penal,donde hay planteadas varias querellas criminales por estafa y maquinación
de los precios contra bancos y cajas por la emisión del producto.
La Sala no podrá estudiar el
asunto hasta que no termine la tramitación de algún otro recurso sobre la misma
materia. Fuentes jurídicas destacaron que la decisión del Santander tuvo en
cuenta la doble derrota jurídica en las anteriores dos instancias, y que
también pesó que no le interesara que se estableciera una jurisprudencia
general sobre el asunto. Desde el banco, consultado por Público,
declinaron hacer comentarios de forma oficial.
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