lunes, 15 de junio de 2015
Condena judicial a un banco que se declaró en rebeldía
Por Pablo Zariquiegui
Asturias24.es, 07/06/2015.
Caja España deberá abonar 500
euros al mes a una clienta tras declararse en rebeldía en un proceso
judicial y negarse a cumplir una sentencia. Así lo recoge un auto que acaba de
dictar el Juzgado de lo Mercantil, número 3 de Gijón. La justicia obliga a la
entidad bancaria a pagar mensualmente una multa de 500 euros durante el tiempo
que dure el incumplimiento del fallo que ha originado el proceso.
La primera sentencia tuvo lugar
el 18 de junio de 2014. El mismo juzgado de lo Mercantil falló entonces contra
el Banco Caja España de Inversiones respondiendo a la demanda de una clienta
que había denunciado cobros abusivos en su hipoteca por incluir una cláusula
suelo. La sentencia condenó entonces a la entidad financiara al abonar a
la afectada la cantidad de 5.882,51 Euros, así como los intereses devengados
hasta la ejecución del fallo.
La entidad bancaria, declarada en
rebeldía por el tribunal, ni siquiera se personó en la causa. El tribunal
dictó, por lo tanto, un decreto de ejecución el 18 de septiembre de ese mismo
año, en el que exigía a Caja España el pago de 8.096,02 Euros. Esta
cantidad incluía el importe de la condena más los intereses generados.
Caja España no solo no atendió la
petición judicial sino que decidió de forma unilateral modificar al alza las
cuotas mensuales de la hipoteca. Esta decisión obligó a la justicia a
intervenir de nuevo. Así, el pasado 3 de junio, se dictó un auto en el que se
requería a al entidad a restablecer las cuotas previas y se le
imponía además una multa de 500 euros mensuales por cada mes de
incumplimiento.
La letrada de la afectada, María
Jesús Conde Jambrina, subraya que se trata de la primera multa que se impone a
Caja España por modificar el cuadro de amortización de un préstamo hipotecario
y no restablecerlo pese a existir un requerimiento judicial.
Disponible en:
domingo, 14 de junio de 2015
El Banco Santander, cada día más lejos
Por Ecologistas en Acción
El Salmón Contracorriente.es,10/06/2015.
Uno de los anuncios más recientes
del Banco Santander muestra a una chica joven en una tienda de ropa, eligiendo
entre diferentes vestidos, mientras, la presentadora del spot argumenta que el
cliente siempre tiene la razón: “Tú decides quien lo hace mejor, quién es más
cercano, más transparente… ¿y sabes qué? Tú jamás te equivocas.”
En medio del anuncio, una toma de
la fachada de una sucursal del Banco Santander nos recuerda que la primera
entidad bancaria española y una de las de mayor presencia internacional [1], se autopresenta continuamente como
el banco más cercano: “Cuando millones de personas como tú habéis elegido el
Santander es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero”, concluye el
spot.
Sin embargo, al Banco Santander
no le ha parecido que el cliente tenga siempre la razón cuando éste ha
denunciado irregularidades en la venta de Participaciones Preferentes. La CNMV,
con todo, sí daba la razón a los preferentistas e imponía el año pasado una
multa de un millón de euros a la entidad por la venta de estos productos, con
“graves deficiencias”, a clientes que no eran debidamente informados. Tampoco
el Banco Santander cree que el cliente siempre tenga la razón si lo que pide es
la paralización de un desahucio, y Begoña Barrutia, una de las abogadas de la
Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) denunciaba hace unas semanas el
habitual “ninguneo” de las víctimas por parte del banco.
A pesar de que los bancos siguen
presentándose en su publicidad como entidades cercanas a sus clientes y como
base de la recuperación económica de las empresas, el crédito no ha dejado de
disminuir en los últimos años, afectando especialmente al tejido más distributivo
de la economía española: las pequeñas empresas y los profesionales autónomos.
Según las entidades bancarias, no hay peticiones de créditos, pero la última
Encuesta de Morosidad y Financiación Empresarial [2] señala que el 26% de las empresas
habrían intentado acceder a financiación bancaria en los últimos 6 meses, lo que
situa a España como uno de los países europeos donde las empresas tienen
mayores necesidades de financiación.
Mientras, el Banco Santander
titulaba ’Confianza’
un emotivo spot del año 2012 donde aparecían pequeños negocios y la idea de un
país que ’se une en los malos momentos’: ’Nuestro país está lleno de personas,
ideas y proyectos en los que se puede confiar. Santander, tu banco de
confianza’, decía el anuncio. Sin embargo, el Banco Santander genera poca
confianza entre las pequeñas empresas que buscan crédito y también entre
aquellas organizaciones que estudian los impactos sociales y medioambientales
de las grandes empresas. Por ejemplo, un informe de
SETEM, elaborado por la organización holandesa SOMO, explica los vínculos
financieros del banco con grandes proyectos controvertidos en el mundo: presas
hidroeléctricas en la Amazonía, oleoductos en mal estado en México,
megaproyectos de energía nuclear o monocultivos que destruyen la soberanía
alimentaria de países latinoamericanos.
Pero además, el Centro Delàs de Estudios por la Paz,
el Observatorio de la Deuda en laGlobalización (ODG) y SETEM,
unidos en la campaña
’Banco Santander sin armas’, señalan que el Banco Santander es el
segundo banco español que más créditos otorga a empresas de armamento. Otro
informe [3], de la organización Justícia i Pau,
habla de un extraordinario aumento de las inversiones en armas de la banca
española, y todo ello a pesar de que ’son cada vez más las entidades
financieras que dicen aplicar normativas específicas que limitan sus
inversiones en armas’. Paradójicamente, según el estudio, los bancos que más
aumentan sus inversiones en armas son aquellos que afirman tener las mejores
normativas y políticas al respecto.
El escenario de desconfianza e
irritación popular ha puesto a las entidades bancarias en uno de los retos más
complejos con los que han tenido que lidiar en las últimas décadas, la pérdida
de legitimidad ante la ciudadanía. Según las encuestas de Metroscopia [4], el sector bancario habría
descendido enormemente en popularidad desde 2008, año en el que se hace
evidente la crisis económica en toda su dimensión.
En ese contexto surge la
publicitaria cercanía del Santander, un lavado de imagen que los datos
destapan. Por ejemplo, mientras el banco habla de cercanía, se ha convertido en
estos últimos años en la entidad que más sucursales cierra, al ritmo de unos
500 cierres anuales, con el consiguiente recorte en empleados. El alejamiento
del cliente es tan evidente que los responsables de la entidad no ocultan el
nuevo reto: “Se está viviendo la pérdida de relación física entre banco y
cliente y la necesidad urgente es conseguir establecer una nueva relación de
confianza y fidelidad a través de otras plataformas”, explica Enrique Silva, director
de Tecnología y Operaciones del Banco Santander [5]. Así que el banco intentará suplir el
cierre de oficinas con su plataforma online, pero está por ver si esa
“telecercanía” no es solo otro nuevo eslogan publicitario.
El Banco Santander ha sido
destacado elegido como finalista de la categoría Lavado solidario de los
Premios
Sombra 2015 a la peor publicidad, un certamen organizado anualmente
por Ecologistas en Acción para "denunciar aquellos anuncios que transmiten
valores pretendidamente sociales y solidarios a pesar de que la actividad
empresarial de sus anunciantes esté muy alejada de esos ideales".
Notas
[1] El Grupo Santander recibe
actualmente el 38% de sus ingresos de Latinoamérica, donde supera los 45
millones de clientes. Brasil, donde el Santander es el tercer banco privado del
país por activos, con 3.500 oficinas, supone un 19% de los resultados del grupo
a nivel mundial.
[3] Informe “Evolución de la banca armada en España”, Justícia i Pau, 2014.
[5] “Los bancos lanzan estrategias para recuperar la confianza del cliente”,
Sara M. Calahorrano, Expansión, 15.12.2013
Disponible en:
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?El-Banco-Santander-cada-dia-mas
sábado, 13 de junio de 2015
El daño para la salud de los fraudes bancarios
Por Andreu Missé
El diario.es, 12/06/2015.
La mayor parte de los
perjudicados por los fraudes bancarios son personas mayores de 70 años, de
salud frágil, que con independencia del resultado de los desiguales litigios
que han mantenido con los bancos, han sufrido graves episodios de ansiedad. La
tensión provocada por estos sucesos ha supuesto con frecuencia la aparición de
enfermedades o el agravamiento de las que ya padecían.
Las historias personales de
muchas de las víctimas como por ejemplo, las afectadas por las participaciones
preferentes o desahucios, que han perdido una parte de sus únicos ahorros o su
vivienda, contienen siempre un relato que reflejan cómo el conflicto ha
afectado a su salud. Incluso las personas que finalmente han recuperado parte o
todos sus ahorros, han tenido que pasar por varios años de pesadumbre que ha
menoscabado su bienestar físico y psíquico.
En el mundo de las relaciones
económicas este tipo de perjuicios no han tenido hasta ahora la atención que
merecían, a pesar de que la existencia de los daños es un hecho bien conocido
en los círculos familiares de los afectados. Los problemas generados por las
malas prácticas han creado serios problemas entre los empleados de las
entidades financieras que se han visto inmersos en situaciones de graves tensión
por las protestas de los clientes perjudicados. En relación con este tipo de
tensiones algunos sindicatos ya denunciaron en 2011 y 2012 “los cuadros de
ansiedad” que padecían algunos directores de oficinas por la situación creada.
Sin embargo, no existía una entidad que de manera específica aborde los
problemas de los principales perjudicados de estos abusos como han sido los
ahorradores.
Por estas circunstancias hay que
celebrar la constitución de Finsalud, una fundación dedicada “a estudiar los
efectos sobre la salud del fraude bancario”. La nueva entidad se ha fijado como
objetivo “mejorar la salud física y mental de las personas que se encuentran en
riesgo de exclusión social por haber sufrido pérdidas financieras súbitas”. El
patronato impulsor de la Fundación está presidido por José Manuel Ribera
Casado, catedrático emérito de geriatría y académico de la Real Academia
Nacional de Medicina. Le acompañan, entre otros, Diego Gracia, catedrático
emérito de historia de la medicina y especialista en bioética; Vicente Ortún,
decano de la Universidad Pompeu Fabra, experto en economía de la salud; Roberto
Serrano, economista, y presidente de la asociación de afectados AdaBankia, y
Fernando Zunzunegui, abogado, profesor de derecho del mercado financiero y benefactor
de la fundación.
Finsalud quiere convertirse en un
referente con capacidad para proporcionar una información útil y relevante que
pueda ayudar a las personas afectadas por las malas prácticas bancarias a
superar las situaciones difíciles en que se encuentran. Uno de sus propósitos
es concienciar a las instituciones de la necesidad de adoptar medidas para
reducir las consecuencias para salud de la población afectada por las malas
prácticas.
Disponible en:
viernes, 12 de junio de 2015
El G-7 afirma que seguirá reformando la regulación de los bancos más grandes
Público.es, 08/06/2015. (Extracto)
El G-7 (el grupo de las siete
mayores economías mundiales: Estados
Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón) se
comprometió este lunes a reformar de forma coordinada la regulación
para la gran banca, la denominada "de importancia sistémica", una
tarea "no concluida" según la declaración final de la reunión de
este foro en Alemania.
Los siete países afirman en un comunicado conjunto, tras dos días de deliberaciones, que pese a que en los últimos años "se han acordado reformas fundamentales para lograr un sistema financieros más fuerte y resistente", quedan cuestiones pendientes, "en particular el refuerzo de la solidez del sistema bancario". "Las reformas regulatorias continúan siendo clave", añade el texto sellado en el Castillo de Elmau (en el sur de Alemania).
Un primer punto es seguir afrontando "el problema de los
demasiado grandes para caer", entidades de un peso específico tan
considerable que su quiebra pondría riesgo el sistema financiero en su
conjunto, pero que su rescate supondría un gran lastre para el contribuyente.
El próximo mes de noviembre, recordaron los miembros del G-7, debería estar
concluida su propuesta sobre los
requisitos de capital que deben reunir estas grandes entidades financieras
para operar con seguridad.
Asimismo, los miembros de este foro informal aseguraron "seguir comprometidos" con el refuerzo de la regulación y supervisión de la llamada "banca en la sombra" (entidades que funcionan como bancos, prestando e invirtiendo, pero que no tienen licencia bancaria, como son los fondos de inversión). A su juicio, es importante mejorar la coordinación transfronteriza en materia de regulación financiera para reforzar su "efectividad", sobre todo en áreas como los mercados de derivados.
(Nota de Carlos Javier Bugallo: No sólo la ‘banca en la
sombra’ (shadow banking) y el riesgo sistémico de los grandes bancos (too big
to fail) son hoy un gravísimo problema económico, sino también, como ha evidenciado
el caso español, la crisis bancaria generalizada (too many to fail).)
Disponible en:
miércoles, 10 de junio de 2015
Las cláusulas más resistentes
Por J. A. Aunión
El País, 10/06/2015.
A Mónica Grillo, de 38 años, le agobia la idea de
estar pagando hipoteca hasta bien pasados los sesenta. Cada vez que junta unos
pocos ahorros, los dedica a ir amortizando la deuda del piso en el que vive con
sus dos hijos en un barrio de reciente construcción en Leganés (Madrid). Por
eso cuenta que sintió mucha rabia cuando escuchó hablar de las cláusulas suelo, esas que
establecen un mínimo a pagar en las letras de la casa por mucho que bajen los
tipos de interés. Ella las está pagando, y por su culpa se le encarece la letra
unos 2.000 euros al año. Según ha leído, no tiene por qué hacerlo. La justicia
está declarando casi todas esas cláusulas nulas por abusivas, porque la mayoría
de la gente no fue informada con claridad de lo que estaba firmando.
A ella, que se había subrogado en
la hipoteca contraída por el promotor, nadie le había hablado de ningún suelo.
Y cuando hace unos meses fue a su banco, Caja España, a reclamar, le hicieron
una oferta: “Me dijeron que me la rebajaban del 3,15% al 2,8%, y solo si además
contrataba el seguro de la casa con ellos”, asegura. “Me están choriceando”, se
queja. Les dijo que no y ha acudido a los tribunales. "Nuestra entidad
analiza caso a caso. Cada uno tiene sus circunstancias, somos sensibles a
ellas, y actuamos en consecuencia cuando así procede", señala una portavoz
de Banco Ceiss (Caja España- Duero).
Han pasado ya dos años desde que
el Tribunal
Supremo dio un golpe, que parecía de muerte, a esas cláusulas suelo.
Pero aún aguantan en vigor en unos dos millones de hipotecas, según la
asociación de usuarios ADICAE. Los usuarios, además, siguen desconcertados. No
saben dónde ni cómo tienen que reclamar y cuando van al banco a pedir que les
retiren esa condición, lo que suelen encontrar es una contraoferta como la que
recibió Grillo o, directamente, un rotundo no, asegura Javier Gastón, socio
fundador de Denunciascolectivas.com, una de las plataformas más combativas.
El proceso de reclamación
En ese momento el consumidor
puede poner una queja ante el servicio de atención al cliente del banco, que
tiene dos meses para responder. Después, si no está conforme, puede recurrir al
servicio de reclamaciones del Banco de España. Estas quejas, aunque menos que
en 2013, alcanzaron la
cifra de 15.479 en 2014. La contestación, en el plazo de seis meses,
no es vinculante para el banco, así que el siguiente paso, si no se consigue el
resultado esperado, serían los tribunales.
De hecho, las demandas van en
aumento, aseguran fuentes jurídicas. Por ejemplo, el Juzgado de lo Mercantil de
Segovia recibió 92 en el primer trimestre del año, las mismas que en todo 2013;
en el de Málaga, fueron 984 hasta abril (en todo 2014, fueron 2010); el de
León, 350 entre enero y febrero; en el de Burgos hay un juez de refuerzo que se
encarga casi exclusivamente de estos casos y en Sevilla también hay refuerzos...
La sentencia del Supremo que dio
origen a todo esto, de mayo de 2013, declaró nulos los suelos fijados por el
BBVA, Cajas Rurales Unidas y NovaGalicia (entidades que retiraron las
cláusulas). El alto tribunal dijo que esas condiciones, en abstracto, son lícitas,
pero que son abusivas si el proceso no fue transparente, es decir, si no se le
explicó bien al cliente qué estaba firmando. Fijó además unas condiciones para
establecer esa transparencia que muy pocas entidades cumplen o pueden demostrar
que cumplieron. Por ejemplo, que ofrecieron información suficientemente clara
de que se trata de un elemento definitorio del contrato y simulaciones
concretas de escenarios si los tipos de interés suben o bajan mucho.
Condiciones lícitas
Los bancos se aferran desde entonces
a esa parte de la sentencia que determina la licitud de las cláusulas salvo que
se demuestre lo contrario. Han negociado con sus clientes en ocasiones, pero no
de forma generalizada, a pesar de que, cuando el usuario ha acudido a los
tribunales, casi siempre le han dado la razón. También recuerdan que el Banco
de España dijo en un informe de 2010 que esa cobertura de riesgo —que asegura un
beneficio al banco en época de vacas flacas— permitió durante muchos años al
consumidor acceder en mejores condiciones a una hipoteca. “Son positivas desde
el punto de vista del coste medio para los clientes bancarios del crédito
hipotecario a lo largo de la vida del contrato”, dice aquel trabajo.
Para Javier Gastón, los gastos en
peleas judiciales generalmente perdidas y el daño de imagen se compensan porque
muy poca gente acaba denunciando por los gastos que acarrea o por falta de
información (entre el 3% y el 5% de los afectados lo ha hecho hasta ahora) y
porque, mientras se mantengan en vigor, suponen un beneficio muy importante
para las entidades bancarias. Por ejemplo, su eliminación se traduciría en un
roto de 129 millones euros en 2015 para el Banco Popular.
A Carlos Villaseca, de 39 años,
también le han dicho en su entidad que no le quitan su cláusula. Las
condiciones generales de su crédito para comprar una casa en Aranjuez
establecen un techo máximo a pagar de un 20% y, como contraprestación, el
cliente aceptaba un suelo del 3,75%. Él ni se enteró de que lo hacía. Desde
hace unos años está pagando 959 euros al mes, hasta 300 euros más de lo que le
habría correspondido sin ese suelo.
En 2006, cuando se reunió en la
inmobiliaria con el comercial de Credifimo (perteneciente entonces a Cajasol,
hoy de Caixabank), lo único que le dijeron sobre esas condiciones fue: “Eso
significa que solo vais a pagar lo que podáis pagar, entre 900 y 1.000 euros al
mes. Es una de las mejores hipotecas del mercado; se adapta perfectamente a vuestras
necesidades”. Villaseca, entonces, aceptó la explicación, entre otras
cosas porque les estaban dando el dinero con sus nóminas como único aval.
Un portavoz de Caixabank explica
que este caso es muy particular. Credifimo ha titulizado una parte de las
hipotecas (las ha convertido en títulos que los inversores compran en el
mercado), lo que no permite margen de maniobra. En las que dependen
directamente de ellos, asegura el mismo portavoz, se revisa caso por caso y, en
general, intentan llegar a algún tipo de acuerdo.
En Denunciascolectivas.com, y en
muchos bufetes de abogados, admiten que en muchos casos los bancos
efectivamente, negocian y acuerdan. Pero, eso sí, una vez que se ha presentado
una denuncia judicial. Así, la situación hoy es de lo más heterogénea: algunas
negociaciones sin publicidad en los bancos; cientos de contenciosos judiciales parados
hasta que resuelva una macrodemanda de 15.000 afectados a 101 entidades
interpuesta por la asociación de usuarios ADICAE; sentencias que siguen
saliendo y aplican lo fijado por el Supremo (si hay falta de transparencia se
declaran nulas y se exige la devolución desde 2013); y otras que no le hacen
caso y exigen que se restituya absolutamente todo el dinero.
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Registran la sede del Deutsche Bank a la caza de evasores fiscales
Público.es, 09/06/2015.
Agentes de la fiscalía han
registrado este martes las oficinas centrales de Deutsche Bank en Frankfurt en
el marco de una investigación relacionada con transacciones realizadas por
algunos clientes de la entidad que presuntamente podrían haber defraudado
impuestos, según indicaron fuentes conocedoras de la situación.
Un portavoz del mayor banco alemán por activos confirmó que el registro fue ordenado por la Fiscalía de Wiesbaden, localidad próxima a Frankfurt, aunque subrayó que las autoridades no habían presentado acusaciones contra ningún miembro del personal del banco.
"Puedo
confirmar que en el día de hoy tuvieron lugar registros en las oficinas de
Deutsche Bank en Fráncfort a petición de los fiscales de Wiesbaden (...) Los
registros están dirigidos a la búsqueda de evidencias en relación con una
investigación a clientes por transacciones de valores", explicó el
portavoz de la entidad en declaraciones recogidas por Deutsche Welle.
Por su parte, una persona con conocimiento de la situación declaró al diario The Wall Street Journal que la investigación estaba relacionada con determinadas transacciones aprovechadas por los inversores y entidades para explotar un vacío legal por el que vendían una acción antes del pago de dividendos para su inmediata recompra tras su abono y así eludir las obligaciones fiscales correspondientes.
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martes, 9 de junio de 2015
AEB: “No hay supervisión para controlar la banca en la sombra”
Por Iñigo de Barrón
El País, 08/06/2015.
El presidente de la Asociación Española de Banca
(AEB), José María Roldán, afirmó que en “estos momentos” no existe un sistema
regulador y supervisor para afrontar los desafíos derivados de la denominada banca
en la sombra, como la identificación de sus riesgos y la capacidad de
respuesta para lidiar con ellos. Roldán realizó esta advertencia tras recordar
que el FMI y el BCE constatan la evidencia de que se está produciendo un
desplazamiento de riesgos del sector bancario tradicional al conocido como en
la sombra.
En la clausura de la presentación
del Observatorio sobre la reforma de los mercados financieros, de la Fundación
de Estudios Financieros (FEF), el presidente de la patronal bancaria admitió
que esta banca ya juega un “papel importante” en la financiación de la economía
real y en la reestructuración empresarial en España. “Y lo seguirá jugando”,
auguró, con lo que se basó para pedir mayor control y supervisión de su
actividad, convencido de que un escándalo en ese negocio afectará a la banca
tradicional.
Precisamente, el estudio
presentado por la FEF advierte de que el aumento de la presencia considerada
'banca en la sombra' surge probablemente de la "más intensa y
estricta" regulación en los mercados financieros. Aún así, precisa que es
un concepto "excesivamente amplio". "No se puede caer en la
tentación de considerar una amenaza para la estabilidad financiera todo lo que
genera riesgos", subraya.
El presidente de la AEB además ha
advertido de los riesgos geopolíticos por las dudas sobre Grecia y Ucrania,
entre otros, en un contexto de bajos tipos de interés. "Estamos en un
entorno de mercados extremadamente delicados", ha reflexionado, para
después abogar por la "prudencia" de los inversores.
Los autores el estudio de la FEF
Ramiro Martínez-Pardo y Javier Zapata han defendido el objetivo del estudio
para abordar la "inmensa" tarea de repasar los cambios normativos
gestados durante los últimos cinco años. En este sentido, han puesto en valor
el "gran logro" que ha supuesto la Unión Bancaria, si bien han
matizado que aún es un proceso inacabado.
(Nota de Carlos Javier Bugallo: Produce sonrojo que la AEB critique la falta de control sobre la 'banca en la sombra' (shadow banking), cuando esta misma organización también critica los nuevos controles gubernamentales que se les viene imponiendo desde que estalló la crisis actual. Una forma cínica de ponerle la zancadilla a la competencia...).
(Nota de Carlos Javier Bugallo: Produce sonrojo que la AEB critique la falta de control sobre la 'banca en la sombra' (shadow banking), cuando esta misma organización también critica los nuevos controles gubernamentales que se les viene imponiendo desde que estalló la crisis actual. Una forma cínica de ponerle la zancadilla a la competencia...).
Disponible en:
domingo, 7 de junio de 2015
Arranca el juicio de los exdirectivos de las cajas gallegas
Por María Fernández
El País, 08/06/2015.
Los ejecutivos de la CAM
y Caixa Penedés
fueron los primeros en responder ante la justicia por abusos en las antiguas
cajas de ahorro. Hoy le toca al turno a los directivos que pilotaron la fusión
entre Caixa Galicia
y Caixanova.
Julio Fernández Gayoso, expresidente, y los codirectores José Luis Pego y
Javier García de Paredes, junto con otros dos ejecutivos y un asesor, se
enfrentan a penas de tres años de cárcel por indemnizaciones que suman 18,9
millones de euros.
Administración indebida,
administración desleal, estafa. Si hace diez años alguien llega a acusar de
estos delitos a los todopoderosos directivos de las cajas gallegas lo habrían
tomado por loco, o cosas peores. Sin embargo este lunes cinco de ellos —junto a
un asesor— se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional por imputaciones
que pueden llevarles a cumplir hasta tres años en prisión. El proceso no tiene
que ver con los 9.000 millones que necesitó la integración de Caixa Galicia y
Caixanova en Novagalicia Banco, ni con la venta masiva de participaciones
preferentes que afectó a cerca de 40.000 pequeños ahorradores. La Fiscalía
Anticorrupción los acusa de haber modificado sus contratos tras el
proceso de fusión, que tuvo lugar a finales de 2010 para “preparar la lucrativa
y previsible salida de la entidad, pues tenían pleno conocimiento de la
inminente bancarización de la misma”. La operación, que terminó con
indemnizaciones que suman 18,9 millones, se habría llevado a cabo con engaño,
haciendo pasar sus contratos blindados por acuerdos parecidos a los que tenía
el resto de la plantilla, sin que el consejo supiese nada.
Julio
Fernández Gayoso, que ejerció el poder durante varias décadas en la
Caja de Vigo y que llega al juicio con 84 años, habría actuado junto al asesor
Ricardo Pradas como cooperador al autorizar los nuevos acuerdos para indemnizar
con sumas millonarias a sus ejecutivos, “anteponiendo los intereses
particulares de los directivos a los de la entidad”.
José Luis
Pego llevaba menos de seis años como director cuando recibió por el
despido 7,7 millones de euros brutos, equivalentes a su salario fijo (627.000
euros) multiplicado por los años que le quedaban para jubilarse (12). Javier García
de Paredes, exdirector adjunto, se embolsó 5,6 millones por la renuncia a su
puesto. El finiquito para el director de la división inmobiliaria, Gregorio
Gorriarán Laza, fue de 4,8 millones mientras que Óscar Rodríguez Estrada,
director de la oficina de integración e histórico colaborador de Gayoso al que
le quedaban dos años para jubilarse, percibió 691.000 euros. En total los 18,9
millones de euros de sus finiquitos sumaban casi un tercio del valor que
Novacaixagalicia, la caja resultante, tenía tras la primera inyección del
rescate público. “Dichas liquidaciones no fueron conocidas ni autorizadas por
el consejo de la caja hasta después de su pago ni tampoco por el Banco de
España”, aseguran las fiscales Pilar Melero y Concepción Nicolás en su escrito.
Además de la pena de prisión reclaman a los acusados el importe íntegro de sus
indemnizaciones. El tribunal, presidido por Alfonso
Guevara, escuchará a lo largo de las nueve sesiones a 47 testigos,
desde consejeros a peritos, otros directivos y representantes del Banco de
España.
Los acusados defienden que sus
finiquitos se ajustaban a la legalidad y previsiblemente delegarán toda la
responsabilidad en el consejo de administración que los autorizó. Tanto las
fiscales como el FROB, personado como acusación, sospechan sin embargo que su
aprobación se camufló entre los puntos del orden del día de una sesión
celebrada en pleno mes de agosto de 2011 en la que se aprobó una dotación
específica para una eventual extinción de los contratos sin explicar el impacto
que tal provisión iba a tener en las cuentas.
Disponible en:
Asaltar el cielo…para tener limpio el cementerio
Por Juan Torres
Público.es, 04/06/2015.
Una de las rémoras más grandes
que siempre ha tenido la izquierda más radical (la que suele autodefinirse como
auténticamente transformadora) a la hora de lograr confianza y apoyo
social es su falta de experiencia en la gestión de los asuntos ordinarios
de la gente normal y corriente. Un problema que se agrava al hacerse más
general con las nuevas generaciones de líderes políticos que aspiran a gobernar
a un país entero sin haber tenido nunca experiencia profesional o solo muy
precaria dadas las pocas alternativas que proporciona hoy día el mercado
laboral.
Tengo colegas de universidad que
llevan treinta o cuarenta años promoviendo cambios sociales profundos,
reclamando la superación del capitalismo y abogando por avanzar cuanto antes
hacia nuevas forma de organización social pero que nunca en su vida han asumido
la responsabilidad de dirigir un departamento, una facultad, vicerrectorados o
ni siquiera la presidencia de su comunidad de vecinos, por no hablar de dirigir
empresas o cualquier tipo de organización. Le dicen a la gente que hay que
cambiar el mundo de arriba a abajo pero ellos no han sido capaces de cambiar
nada para que las cosas sean de otro modo en la práctica diaria, para que la
vida de los demás sea más cómoda, más feliz y liberadora. Por lo general,
consideran que ocuparse de ese tipo de tareas, dedicar tiempo y esfuerzo a
tratar de mejorar a corto plazo la existencia de la gente, es “reformismo” que
en lugar de acabar con el sistema lo refuerza. O que esas tareas (gracias a las
cuales investigan o se abren día a día sus centros de trabajo o las escuelas y
hospitales a donde llevan a sus hijos) solo son propias de burócratas o
políticos profesionales.
A mí me parece, por el contrario,
que ese reformismo que se detesta es un ingrediente imprescindible de la
actividad política y que sin él es imposible que un proyecto político consiga
suficiente apoyo social, por muy atractivas que puedan ser sus propuestas
teóricas o doctrinales. ¿Cómo se va a creer alguien que somos capaces de
transformar lo más profundo de la sociedad si no hacemos que cambien sus
procesos más elementales? ¿Cómo vamos a poder cambiar el sistema en su
conjunto, y cómo vamos a hacerle creer a la gente que lo podemos conseguir, si
no mostramos que somos capaces de hacer que cambien las cosas día a día, minuto
a minuto? ¿Quién puede creerse que uno puede con lo mucho cuando no puede con
lo poco? ¿Y en virtud de qué va a creer la gente que nuestras propuestas
mejorarán su vida si no ven con sus propios ojos que lo que proponemos se
traduce en la práctica en un modo diferente de ser, de vivir y de relacionarse
mejor y más satisfactoriamente con los demás y con la sociedad en su conjunto?
La izquierda que tradicionalmente
rechaza ese tipo de reformismo es la que, precisamente por ello, también suele
tener una gran reserva a la hora de formar parte de las instituciones y la que
ha generado un discurso ad hoc para justificar estar fuera de ellas: hay que
cambiar tan radicalmente todo que nada se puede hacer si no es cambiarlo todo
de una vez. Y las instituciones desde donde se gobierna solo se entienden como
un espacio de prebendas, de sillones cómodos y de cargos privilegiados que
viven a costa de los demás. Cuánto más lejos de ellos, por lo tanto, mucho
mejor.
La consecuencia es que no se
trabaja para estar en las instituciones y que, por tanto, se deja en manos de
otros la posibilidad de decidir y de establecer las normas que, desde ellas,
condicionan el desarrollo de la vida social.
Sin embargo, una buena parte de
la izquierda que ha mantenido en España este tipo de argumentos acaba de
promover con éxito candidaturas municipales y autonómicas y ante ella se abre
un escenario inusitado. Ahora no será suficiente con elaborar proclamas o
convocar manifestaciones para decir que todo está mal y que hay que cambiarlo.
Cientos de personas que hasta ahora solo se consideraban a sí mismas como
activistas van a tener que dejar a un lado la épica del asalto al cielo para
ocuparse de asuntos mucho más prosaicos y hasta ahora seguramente
intrascendentes para ellas: asegurar que los bomberos cuenten con recursos, que
las alcantarillas estén despejadas, los cementerios limpios y las calles bien
aseadas cada mañana, o garantizar que los quirófanos abran y que haya médicos o
profesores en todos los lugares donde son necesarios. Y ahora tendrán que hacer
frente a una clase trabajadora que no es la de las grandes
gestas proletarias sino la que solo y a cualquier precio busca mejores
condiciones en la relación de puestos de trabajo; por no hablar de que habrá
que ajustarse a presupuestos que a todos resultarán escasos y cuyo incremento
no estará posiblemente en manos de nadie, o de que habrá que manejar impuestos
comprobando que no es tan fácil subirlos sin afectar a muchas actividades que
crean empleo y riqueza. También los activistas tendrán que disponerse ahora a
hacer recortes y muchos descubrirán que los cargos que creían sinecuras son más
bien pesadas cargas (“quien gobierna, mal descansa”, decía Lope de Vega”).
Hay que cambiar el chip. Para transformar la sociedad hay que tener la
posibilidad de escribir negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado,
hay que estar en las instituciones y hay que construir desde ellas un modelo de
sociedad diferente en todas y cada una de esas actividades que se nos antojan
nimias y que están tan alejadas de los grandes discursos doctrinarios pero que
son, al fin y al cabo, de las que depende que la gente viva peor o mejor. Y eso
significa que hay que empezar a moverse en el mundo real, allí donde no hay
dinero suficiente, ni donde se puede hacer todo lo que se quiere, porque no
puedes o porque no te dejan, donde has de negociar cada acción, medir cada
palabra y pensar cien veces cada paso antes de darlo. Donde no se interactúa
solo con afines porque se está siempre rodeado de personas que piensan, dicen y
deciden de modo diferente a ti.
Lo llaman también meterse en el
barro. Algunas izquierdas se meten en él sin protegerse, sin la gente de la
mano y sin controles, y suelen terminar embarradas para nada. Otras tienen
miedo a hacerlo y a ensuciarse y se limitan a ofrecer a la sociedad un
horizonte, una utopía (en el mejor sentido del término) sin apenas hacer nada
para que la gente al menos intuya de qué va realmente, en la práctica, ese
futuro. En el primer caso, la acción institucional mata la vida de la calle. En
el segundo, la gente no tiene a esa izquierda como referente porque no le es
útil para nada. Y en ambos casos se deja sin poner en marcha lo esencial:
¿dónde están las cooperativas promovidas por las izquierdas que nos piden el
voto para que la gente vea que hay otros modos de propiedad? ¿dónde sus
ejemplos de finanzas descentralizadas y colaborativas para que la gente
compruebe que los bancos que conocemos no son imprescindibles?, ¿dónde han
creado escuelas populares o centros de formación que permitan constatar que hay
formas alternativas de enseñar y aprender a vivir? ¿qué experiencias de
consumo, producción, vivienda o cuidados sostenibles han promovido las
izquierdas que nos dicen que van a cambiar el mundo?…
Las izquierdas y movimientos
sociales transformadores no pueden presentarse a las gentes solo como
portadores de banderas o de narraciones heroicas y llenas de venturas pero que
nadie sabe cuándo podrán hacerse realidad ni de qué forma. Tienen que
“anticipar” ese futuro poniendo en marcha experiencias y prácticas que muestren
desde ya que el mundo puede funcionar de otro modo. El mundo no se transforma
pidiendo a la gente que haga actos de fe. La radicalidad transformadora más
auténtica y efectiva es la que pone en marcha reformas en el día a día que la
gente puede identificar como el anticipo de un mañana diferente y con cuyo
diseño, promoción, defensa y disfrute se organiza y empodera.
La buena noticia es que ya hay en
marcha experiencias de ese tipo en muchos sitios, aunque no precisamente
promovidas por las izquierdas doctrinarias y convencionales. Ahora hace falta
que se hilen entre ellas y que las instituciones se asalten no, como tantas
veces ocurre, como si eso fuera un fin en sí mismo sino precisamente para
promover y fortalecer esas nuevas formas de producción, de consumo y de
relaciones sociales que generan contrapoder y un modo de vivir más humano y
placentero.
Disponible en:
viernes, 5 de junio de 2015
La impunidad de la banca
El diario.es,
04/06/2015.
Los ciudadanos no se han tragado
el discurso de la recuperación económica que ha dejado millones de desempleados
y familias empobrecidas. Más de 2,5 millones de electores han abandonado al
partido del Gobierno en las elecciones municipales y autonómicas del pasado
mayo. Ha sido el rechazo más palpable al modelo económico y social del Partido
Popular, que ha privilegiado los intereses de la banca a costa del sacrificio
de los ahorradores y las expulsiones de decenas de miles de familias de sus
viviendas. Una política que ha comportado un aumento de la desigualdad y la
pobreza, como están corroborando los últimos informes oficiales nacionales e
internacionales.
Un buen reflejo de esta
percepción social es que las candidaturas encabezadas por Ada Colau en
Barcelona y Manuela Carmena en Madrid, comprometidas con la defensa de los más
desfavorecidos, hayan cosechado un resultado tan destacado. Es sintomático que
Colau haya alcanzado el primer puesto en Barcelona precisamente por su empeño
en lograr que las familias más frágiles puedan seguir viviendo en sus casas. Se
trata de una causa que muchos ciudadanos han aplaudido.
Los bancos, salvados con el dinero de los ciudadanos, no han correspondido con
el mismo trato cuando los deudores no han podido hacer frente a sus deudas.
Cada vez está más claro que el excesivo coste del saneamiento bancario en
España, equivalente al 8,4% de la producción económica, el doble que la media
europea, ha sido uno de los principales responsables del recorte de
prestaciones económicas y sociales que tanto han deteriorado las condiciones de
vida de los ciudadanos. Un estudio del Parlamento Europeo concluye: “El rescate
bancario fue más costoso para los contribuyentes de lo que debiera haber sido,
incluso teniendo en cuenta el motivo de la estabilidad financiera que se
esgrimió para aquella acción”.
Durante el mes de mayo se ha
conocido el octavo y último informe oficial sobre la estafa de las preferentes
y subordinadas de tres grupos bancarios (Bankia, NCG Banco y Catalunya Caixa).
El resultado revela que, a través del procedimiento oficial de arbitraje, el
medio millón de afectados sólo ha recuperado el 32% del dinero que le habían
atrapado estos tres grupos bancarios. Es un balance realmente muy injusto.
Un número considerable de
afectados por estos productos tóxicos han reclamado ante los juzgados con unas
40.000 demandas, que han supuesto un verdadero colapso. Los magistrados de
primera instancia dan la razón a los clientes en un porcentaje elevadísimo, que
en Bankia y Catalunya Caixa alcanza el 85%. Pero en muchos casos se requieren
varios años para que se celebren las vistas, y no son pocos los casos en que
las entidades recurren a las audiencias y así se eternizan los litigios. El
resultado es que, aunque los bancos sean condenados finalmente a devolver el
dinero, han ganado igualmente la partida porque han dispuesto de muchos años
para arreglar sus cuentas.
A diferencia de lo que ocurre en
varios países europeos y en Estados Unidos, la pasividad del Gobierno y los
reguladores españoles ha agravado la indefensión de las familias hipotecadas y
de los ahorradores. Estos días estamos conociendo las cuantías de las multas
impuestas a Barclays, UBS, RBS, JP Morgan, Citigroup y Bank of America por
manipular el mercado de divisas, que superan los 5.200 millones de euros. La
noticia llega un mes después de la sanción de 2.300 millones al Deutsche Bank
por manipular los tipos interbancarios. No hay mes sin una gran sanción. En
total, los grandes bancos norteamericanos y europeos han pagado entre 150.000 y
200.000 millones de euros por sus malas prácticas.
En España, las entidades
financieras se encuentran protegidas por los reguladores, y las cuantías de las
sanciones por sus malas prácticas son absolutamente ridículas. A pesar de la
gravedad de los abusos en desahucios, que siguieron aumentando un 17% en la
primera mitad del año pasado, las entidades financieras apenas han sido
castigadas por la multitud de tropelías que van desde las participaciones
preferentes a las cláusulas suelo o a las permutas financieras, conocidas como
swaps, que han dañado a muchas empresas. En este país, la sanción más elevada
es la recibida por el Banco Santander por la comercialización de Valor
Santander, que no llegó a 17 millones de euros.
Un exponente de la práctica
impunidad con que actúa la banca es que el año pasado sólo rectificaron en el
17% de los casos en que el Banco de España había dado la razón a los clientes
que habían presentado sus quejas al regulador. Vemos como los ciudadanos deben
seguir un largo recorrido de varios años por los juzgados hasta llegar al
Tribunal Supremo para que se reconozca que unos intereses de demora del 21,8%
son abusivos. Igualmente frustrante ha sido la solución dada a las cláusulas
suelo limitando la recuperación de los intereses cobrados indebidamente al
período posterior a mayo de 2013.
La acumulación del poder
económico y financiero en pocas manos y la desprotección de los ciudadanos son
algunas de las causas que están originando el aumento de la desigualdad y la
pobreza. El último informe de la OCDE, que sitúa a España como el tercer país
europeo más desigual, advierte de que este injusto reparto de la renta frenará
la recuperación económica. El organismo internacional apremia al Gobierno a
combatir las desigualdades con varias medidas como “mejorar la redistribución a
través de un mejor diseño de sistemas fiscales y de prestaciones sociales”. El
mensaje es muy claro.
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