sábado, 25 de febrero de 2017
Urbán: "Los rescates bancarios han sido una estafa montada por instituciones de la UE"
Público.es,
23/02/2017.
Los cerca de 150 rescates bancarios que han tenido lugar en
los 28 entre 2008 y 2015 han costado un total de 740.000 millones de euros a
los ciudadanos europeos, y al menos 213.000 millones ya se dan por perdidos,
según Eurostat. "Los rescates han sido una estafa organizada y orquestada
desde las instituciones europeas", denuncia el eurodiputado de Podemos
Miguel Urbán.
El europarlamentario y secretario de Europa de Podemos ha
presentado este jueves en el Congreso de los Diputados el informe del
Transnational Institute El negocio del rescate, ¿Quién se beneficia de los
rescates bancarios en la UE?, desvelado por Público este miércoles. El informe
hace balance de la enorme cantidad de dinero público invertida en estos
rescates, mientras las economías de las familias y pequeñas y medianas empresas
afrontaban una de las etapas más duras de la crisis económica. La situación es
especialmente llamativa si se tiene en cuenta que apenas un puñado de
consultoras (PWC, EY, Deloitte y KPMG, conocidas como las Big Four, se reparte
el grueso del negocio del rescate.
Así, Urbán ha recordado el caso de Bankia, cuyas cuentas
antes de salir a bolsa reflejaban ganancias por 300 millones de euros. Fueron
auditadas por Deloitte, que volvió a ser contratada por el banco en otras
ocasiones, a pesar de que un año después se supo que en realidad las pérdidas
de Bankia ascendían a 4.300 millones. "No es que se cometa un error o lo
paguen, es que las vuelven a contratar". "Y sería un error pensar que
el escándalo de Bankia corresponde a la idiosincrasia española",
apostillaba Urbán, recordando que la nueva normativa europea establece que los
rescates bancarios no corran a cargo de los contribuyentes, aunque "ya se
habla de que se flexibilicen las condiciones" ante el riesgo de quiebra
del Deutsche Bank", apuntaba (se estima que costaría unos 150.000 millones
reflotarlo).
Junto a él, el diputado de Unidos Podemos y secretario de
Relaciones con la sociedad civil, del partido morado, Rafa Mayoral, recordaba
que Deloitte está imputada en el caso Bankia. Mayoral ha celebrado la
aprobación este miércoles de la creación de una comisión parlamentaria que investigue
los abusos financieros en el Congreso, y ha recordado que la
"impunidad" reina en el sector financiero, citando como ejemplo los
fondos buitre, que en España controlan 287.000 millones de euros en activos
derivados de la crisis -entre ellos créditos y solares.
"Hemos pagado este rescate no sólo con una cantidad de
dinero, sino con desahucios, cláusulas abusivas... Vivimos en un capitalismo de
casino", apostillaba Sònia Farré, diputada de En Comú podem.
Farré incidía en que el informe prueba que las grandes
auditoras privadas "no sirven" para conocer la situación real de
entidades bancarias o instituciones, y que por tanto toca apostar por
"auditorías ciudadanas en las administraciones".
De la misma opinión, Sol Trumbo, investigador del
Transnational Institute y coautor del informe, recordaba que las Big Four
controlan prácticamente todo el sector en Europa. "Todas las empresas de
la Bolsa de Londres son auditadas por una de las Cuatro Grandes; aconsejan a
las empresas cómo llevar sus negocios, cómo evitar riesgos o cómo eludir
impuestos", apostillaba.
Disponible en:
viernes, 24 de febrero de 2017
¿Dónde están los 60.000 millones del rescate bancario?
Por Santiago
Fernández Muñoz
Infolibre.es, 24/02/2017.
Hace unos días se hacía público el informe del Tribunal de
Cuentas que estima el coste del rescate bancario en más de 60.000 millones de
euros.
La pregunta que inmediatamente nos surge a todos es ¿dónde
están esos 60.000 millones? ¿Se han esfumado? Lo mareante de las cifras hace
que ni pretendamos entender qué ha pasado con semejante marea de millones. Pero
esos fondos no se han “perdido”. Han pasado de la banca pública a manos de
personas físicas con nombre y apellidos.
Explicar lo ocurrido
con una pequeña finca de Torrelodones (Madrid) entre 2004 y 2017 nos puede
ayudar a comprender la realidad del rescate bancario.
La finca 2266 o Prado de Peña Negra es un encinar situado en
Las Rozuelas de 14,5 hectáreas que forma parte de la llamada Área Homogénea
Norte, un monte incluido en el Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares, y protegido también como Lugar de Importancia Comunitaria por las
directivas europeas. El AHN es por tanto una zona de alto valor ambiental que
el propio pleno del Ayuntamiento de Torrelodones protegió por unanimidad en
2003, cambiando su clasificación de Suelo No Urbanizable Común a Suelo No Urbanizable
Especialmente Protegido. Pocos meses después se celebraron elecciones
municipales en Torrelodones y el Partido Popular, que venía gobernando el
municipio en los 15 años anteriores, cambió al alcalde por un candidato
favorable a la urbanización, ganó las elecciones con mayoría absoluta e inició
rápidamente los trámites.
El informe ambiental
En 2004 el Ayuntamiento presentó un proyecto que pretendía
construir 1.524 viviendas, un campo de golf, dos centros empresariales, dos
centros educativos, un centro de salud y una zona comercial. La previsión era
incorporar 5.000 nuevos habitantes al municipio. Encargó entonces un informe
técnico con el objetivo de conocer la viabilidad ambiental de la operación. El
primer borrador del informe no descartaba la posibilidad de urbanizar la zona,
pero apuntaba graves limitaciones ambientales. Poco después, la empresa
entregaba una segunda versión con las conclusiones alteradas por completo. Pese
a los cambios, el documento de viabilidad ambiental no les pareció suficientemente
positivo y los promotores encargaron un nuevo estudio a otra consultora, muy
conocida por avalar los proyectos urbanísticos más agresivos de la Comunidad de
Madrid. Sus conclusiones son categóricas: la propuesta de urbanización “pone en
valor un área que presenta un importante estado de abandono como testimonian
los vertidos puntuales de residuos y la masa forestal no intervenida”.
El terreno incrementa
su valor
Los montes del AHN son suelos protegidos, espacios con un
bajo valor económico ya que no poseen potencial agrícola y únicamente está
permitido realizar actividades agropecuarias no intensivas (ganadería,
agricultura, caza y aprovechamientos forestales). Estos suelos alcanzaron en
2006, en el cénit de la burbuja inmobiliaria, un valor máximo de 6,25 € el m2
de acuerdo con optimistas informes municipales. Sin embargo, en 2006, TINSA,
Sociedad de Tasación propiedad de un grupo de cajas de ahorros, valoró en
181.420.476 euros las 128 hectáreas del AHN; es decir, según TINSA cada m2 valía
141 €. La clave de esta desmesurada valoración es que introduce la hipótesis de
que “los terrenos serían reclasificados en una próxima revisión de las normas
subsidiarias”. Es decir, valoran los terrenos como si fueran urbanizables,
clasificación que nunca tuvieron.
Durante los años de la burbuja, y todavía hoy, la principal
clave del negocio inmobiliario es adquirir los terrenos cuando todavía son no
urbanizables a propietarios rurales, con la expectativa de lograr la
reclasificación y multiplicar por cientos de veces el precio de esos terrenos.
Es decir, el éxito de muchos empresarios inmobiliarios no se basaba en su
pericia en la promoción, construcción y venta de viviendas sino en su capacidad
para lograr que alcaldes y concejales aprobaran sus propuestas de
reclasificación.
El presidente, el
alcalde, el promotor y la Caja
En el caso de Torrelodones el candidato a las elecciones de
2003 por el Partido Popular forma parte de una familia propietaria de una de
las más importantes promotoras inmobiliarias de la zona noroeste de la
Comunidad de Madrid en ese momento. Su propia hermana, a través de la sociedad
Gleisa, adquiere 15.000 m2 de suelo en el año 2006 por 1,5 millones de euros
que pagarían en el momento en que las administraciones competentes dieran el
visto bueno al proyecto. Pero no queda ahí la cosa, según reconoce textualmente
un informe del Sareb sobre esta operación, al que luego volveremos: el
principal promotor de la urbanización de los encinares, Eduardo Morales
Santiago, tenía "vínculos personales y profesionales” con el presidente
del PP local (Mario Mingo) y el alcalde de Torrelodones (Carlos Galbeño).
Pero sigamos la pista del dinero; en 2005 la finca 2266 fue
adquirida por Inverlur 2005, una sociedad inmobiliaria propiedad de la Caja de Ahorros
Kutxa Vital, actualmente absorbida por Kutxabank. Un año después vende estos
terrenos a Proyectos Styx Dos SL, propiedad de Eduardo Morales Santiago,
principal promotor del proyecto. En 2006 Styx Dos vende la finca a Proyectos
Inmobiliarios Burke, otra sociedad inmobiliaria con un capital social de 3.000
euros, propiedad también de Eduardo Morales Santiago.
El pago se realiza mediante un pagaré avalado por Caja Ávila
y con fecha de vencimiento octubre de 2008. El mismo día del vencimiento del
pagaré Caja Ávila concede un préstamo hipotecario a Proyectos Inmobiliarios
Burke por un importe de 20,7 millones de euros, sin más garantía que la propia
finca. Como tasación se aporta únicamente el informe de TINSA del total del
AHN. Asimismo se concede a la empresa una línea de crédito de 1,8 millones de
euros.
En resumen, la empresa de Eduardo Morales Santiago obtiene
22,5 millones de euros de la caja de ahorros pública, con el compromiso de
devolverlos con un interés del 7,5% en 36 meses.
La oposición vecinal
al proyecto de urbanización
Paralelamente a los cambios empresariales, se generó una
dura oposición vecinal al proyecto de urbanización de los encinares. El movimiento comenzó en 2005, con un pequeño
grupo de vecinos que fundamos una asociación de defensa ambiental, Torrenat,
que tenía un objetivo claro: paralizar el pelotazo urbanístico.
Torrenat fue creciendo en número de asociados y en
relevancia social, y en 2007 la mayor parte de sus miembros decidimos crear el
partido político Vecinos por Torrelodones, apenas tres meses antes de las
elecciones municipales.
Los años de asociacionismo habían permitido constatar que
resultaba fundamental tener presencia directa en las instituciones para
transformar la realidad. El nuevo partido, contra todo pronóstico, obtuvo 4 de
los 17 concejales de la corporación y se convirtió en el principal grupo de la
oposición; sin embargo, el PP revalidó su mayoría absoluta.
Entre 2005 y 2009, la asociación y Elena Biurrun, actual
alcaldesa de Torrelodones, fueron objeto de todo tipo de presiones, demandas y
denuncias por parte de los promotores inmobiliarios apoyados por el PP local,
pese a lo cual el movimiento fue creciendo en apoyos dentro y fuera del
municipio. Tras una larga y dura batalla que nos llevó incluso al Parlamento
Europeo y a una intensa movilización social y científica, en el mes de octubre
de 2009, un escueto informe de tres páginas de la Comunidad de Madrid establecía
que el proyecto de urbanización del AHN era “inviable ambientalmente”.
Pero… ¿Quién tiene el
dinero?
Caja Ávila había concedido una hipoteca por un valor de 20,7
millones de euros apenas un año antes con la única garantía de una finca que en
el mejor de los casos vale 915.000 €. El crédito hipotecario se novó en 2010 y
2012 ampliándose su plazo de vencimiento en cada novación. El crédito resultó
finalmente impagado, sin que hasta la fecha se haya devuelto un solo euro.
Mientras tanto, en 2010 Caja Ávila pasó a formar parte de
Bankia, que poco después es rescatada por el Estado, al tiempo que se crea el
Sareb, (el comúnmente llamado 'banco malo') con el objetivo de recoger todos
los suelos, promociones y viviendas financiadas por las cajas de ahorro
nacionalizadas y que “tuvieran una clasificación distinta de riesgo normal”. El
crédito es primero traspasado a Bankia y en agosto de 2013 al Sareb, que es
actualmente su titular.
Como consecuencia de los impagos e intereses la deuda de
Proyectos Inmobiliarios Burke con Sareb es de 34,8 millones de euros, a lo que
cabe descontar los 915.000 € en que se ha tasado la finca, de forma que la
deuda total es de 33,9 millones de euros.
Por tanto ya sabemos dónde están 34,8 de esos 60.000
millones de euros del rescate bancario. No se han evaporado, han pasado de las
cuentas de una entidad pública (Caja Ávila) a una empresa con un único
propietario y administrador. También sabemos que José Manuel Espinosa era
entonces Director General de Caja Ávila y Agustín González González era su
Presidente.
En abril de 2015 pusimos en conocimiento de Sareb y de la
Fiscalía Anticorrupción todos estos hechos y sabemos que Sareb ha redactado un
informe en el que constata, punto por punto, todo lo denunciado en 2015 y lo ha
trasladado a la Fiscalía General del Estado. Desconocemos sin embargo qué
trámites e investigaciones se han concretado después. Preguntaremos por ello a
la Fiscalía.
Pese a que llevamos 12 años denunciando estos manejos, nos
quedan pocas esperanzas de que las responsabilidades sean depuradas, ya que
probablemente los posibles, presuntos y aparentes delitos habrán prescrito.
Solo nos queda el consuelo y la obligación de dar a conocer entre todos lo que
ha pasado con los 60.000 millones, que en realidad no se han esfumado.
Simplemente han cambiado de manos.
Disponible en:
jueves, 23 de febrero de 2017
El rescate que no iba a costar ni un euro
Por Alberto Garzón
Espinosa y Carlos Sánchez Mato
El diario.es,
21/02/2017.
El pasado 11 de enero, el grupo parlamentario confederal
Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea y el Grupo Mixto presentó en el Registro
del Congreso la solicitud de una Comisión de Investigación sobre las posibles
responsabilidades derivadas de la actuación y gestión de las entidades
bancarias durante la crisis financiera.
A nadie se le escapa que han pasado cosas muy graves desde
el año 2007 y que en la pasada legislatura, a pesar de múltiples intentos
realizados por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, el Partido Popular
bloqueó la celebración de Comisiones de Investigación. De hecho, el Gobierno de
Rajoy ostenta el dudoso honor de no haber tenido ninguna en un escenario
político plagado de escándalos de corrupción que han indignado a la mayoría
social de este país.
Y sin duda el rescate bancario sigue mereciendo una profunda
investigación parlamentaria porque el Tribunal de Cuentas ha publicado en su
informe de fiscalización que se han utilizado 122.122 millones de euros en
recursos públicos para salvar a las entidades bancarias. De ese descomunal
importe, el coste del rescate bancario para el erario público ha ascendido ya a
60.718 millones de euros, lo que supone más de 1.305 euros por habitante. Y
esta cifra no se puede considerar definitiva ya que el propio Tribunal de
Cuentas considera que no se puede dar por cerrado el quebranto hasta que no
finalice el proceso.
El rescate que no iba a costar ni un euro a los españoles,
Rajoy dixit, sigue acumulándose en nuestras espaldas. Aunque es cierto que la
carga no se distribuye de manera igualitaria entre toda la gente, pues los que
causaron, organizaron y gestionaron el aquelarre se han ido hasta el momento de
rositas.
Además es importante reseñar que el Tribunal de Cuentas no
contempla todas las ayudas públicas que han recibido las entidades bancarias
porque ni la financiación concesional que reciben del Banco Central Europeo, ni
los créditos fiscales "blindados" por el Estado, ni la protección y
aval a los depósitos bancarios figuran entre las ayudas contabilizadas por el
organismo.
El resultado parcial del mastodóntico plan de salvamento de
las entidades bancarias privadas con dinero público deja muy claro al servicio
de quién han estado los sucesivos gobiernos de este país. Desde el momento
inicial, el proceso de salvamento fue ocultado al pueblo en su verdadera
magnitud y aderezado con un cóctel de mentiras y falsedades que intentó
convencer a los ciudadanos de que el sistema financiero español era el más
sólido del mundo desarrollado. Los sucesivos gobiernos intentaron minimizar el
gravísimo problema y limitarlo a una parte del sector, las cajas de ahorro, que
aun siendo entidades bancarias privadas, tenían amplia participación de la
sociedad en sus órganos de representación y dirección (partidos políticos,
organizaciones sindicales y empresariales e impositores).
Por eso, cuando comenzaron a ser perceptibles los efectos de
la quiebra de las entidades, en vez de reconocer el papel esencial que lo
público tenía y tiene en la protección del ahorro que los ciudadanos tienen
depositados en las entidades bancarias y en la necesidad de reconocer a la
actividad bancaria como "servicio público", se optó por liquidar el
sistema de cajas de ahorro nacionalizando parte del sistema para, después de
saneado, privatizarlo de manera acelerada. Errónea e interesadamente se ha
culpabilizado a parte del sistema (cajas de ahorro) eximiendo a la otra parte
(bancos privados).
Es evidente que las cajas han mostrado una enorme debilidad
ante las pérdidas sufridas por la desenfrenada expansión inmobiliaria a la que
se lanzaron, pero su situación no era peor que la de las entidades bancarias
privadas. Ni su morosidad era más elevada ni su gestión peor que la de los
bancos, pero se enfrentaban a la situación sin posibilidades de captar capital
para asumir los quebrantos y con enorme ansia por parte del resto del sector de
acceder a la cuota que estas entidades tenían en créditos y depósitos. El
resultado ha sido su eliminación que, ni ha resuelto el problema de fondo, ni
ha evitado otros efectos negativos de enorme magnitud como la destrucción de la
obra social, que había aportado un considerable dividendo al conjunto de la
sociedad.
Todo ello habría sido imposible sin la necesaria
colaboración de los reguladores que han cedido ante los propietarios de los
grandes sectores estratégicos de la economía. No es algo que deba sorprendernos
si descubrimos que quienes están o han estado al frente de las instituciones
como el Banco Central Europeo o el Banco de España son bien los ministros de
economía, que eran anteriormente miembros de los consejos de administración de
la banca y las grandes empresas privadas, bien han sido empleados de la banca
tras su labor de regulación.
Por todo esto es imprescindible poner en marcha una Comisión
de Investigación que permita esclarecer lo ocurrido. Pero no va ser sencillo
porque hay demasiado interés por parte de los poderes económicos, también
dentro del PP y del PSOE, para que la gente no sea consciente de la magnitud
del rescate del que se ha beneficiado el sector financiero, ya que este se ha
llevado a cabo a costa del conjunto de la ciudadanía que sufre los costes del
mismo. No quieren además que se conozcan los enormes volúmenes de ayudas
públicas puestas al servicio de un proceso de concentración y oligopolización
del negocio bancario. Y, sobre todo, no quieren que se conozca que el rescate
realizado no ha resuelto los riesgos y amenazas que el sector supone para la
sociedad. Yerran si piensan que cejaremos en nuestro empeño de que el pueblo
sepa la verdad porque esa es la única forma en que evitaremos que el expolio
pueda repetirse.
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