martes, 27 de noviembre de 2018
Con Bankia nos estafaron a todos
Por Juan Carlos
Escudier
Público.es, 27/11/2018
Ha empezado sin pena ni gloria en la Audiencia Nacional el
juicio que ha sentado en el banquillo a Rodrigo Rato y a una treintena de
directivos Bankia, además de a sus auditores de Deloitte, por ese timo de la
estampita 2.0 que fue la salida a Bolsa de la entidad, al que sucumbieron miles
de personas llamados a ser al mismo tiempo ‘bankeros’ y panolis. Como suele ser
habitual, lo que se juzga es sólo una pálida sombra de lo acontecido, que ni
debería limitarse a simples delitos de falsedad y fraude ni circunscribirse a
Rato y a sus mariachis.
No se trata de una simple estafa. El de Bankia es un delito
no tipificado que no ha limitado sus víctimas a los incautos que compraron
títulos dando duros a pesetas. Afectado resultó el país entero que tuvo que
hacer frente a un gigantesco seísmo financiero cuyo epicentro fue ese monstruo
de Frankenstein -Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja
La Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia- a cuya resurrección se destinaron 22.400
millones, casi la tercera parte de lo empleado en el rescate de un sistema
podrido y quebrado. Y mientras se salvaba a los bancos se condenaba a las
personas.
Víctimas de Bankia fueron los ancianos a los que se empezó a
cobrar en las farmacias y que dejaron de tomar medicamentos porque no podían
pagarlos, los enfermos a los que se les negó tratamiento en la Sanidad pública
porque era muy caro, los que se quedaron sin subsidios y solo vieron salida a
su desesperación en una ventana abierta, los
jóvenes que no pudieron pagar las tasas universitarias, los trabajadores
temporales a los que no renovaron, los fijos a los que echaron, los que vieron
sus sueldos congelados, los científicos que perdieron sus laboratorios, los
dependientes que quedaron desatendidos, o los condenados a hacer las maletas y
buscar sustento en otros países. Ninguno de ellos será testigo en esta causa
que les cambió la vida.
Faltan damnificados y también acusados, singularmente los
responsables de no haber evitado este desaguisado colosal, los vigilantes que
no vigilaron nada salvo su ombligo y que luego se encogieron de hombros, esos
señores de la CNMV y del Banco de España que han sido exculpados pese a haber
mirado hacia otro lado por intereses políticos o por pura incompetencia. De
nada sirve pagar a unos supervisores que no supervisan, que ignoran los avisos
de sus subordinados o de la propia Comisión Europea, que ya en 2010 había
advertido al regulador bancario que de haber aumentado en su día las
obligaciones de capital para aquellas operaciones disparatadas en las que se
concedían hipotecas por el 120% del valor de las viviendas nos habríamos
ahorrado el desastre.
En el banquillo, donde alguno está de más, como el entonces
consejero delegado Francisco Verdú, el único que renunció a llevárselo crudo
con las tarjetas black y que 20 días después de llegar a la Caja cometió el
‘pecado’ de firmar unas cuentas avaladas por los auditores y por el Banco de
España, hay ausencias clamorosas. Faltan los políticos que designaron a sus
amigos para que se forraran al frente de la entidad, el que nombró a Blesa
porque era compañero de oposición y el que señaló con el dedo a Rato, que sabía
lo que era hundir un banco porque ya lo hicieron su padre y su hermano con el
de Siero, el Murciano y el de Medina en los años 60 del siglo pasado y acabaron
en la cárcel.
Con Bankia no se hará justicia porque la socialización de
las pérdidas implica necesariamente borrar las huellas y porque han vuelto a
convencernos de que miremos el dedo en vez de contemplar la luna. Tras
vaciarnos los bolsillos y los ánimos alguna moneda más nos sacarán de la oreja.
Disponible en:
lunes, 26 de noviembre de 2018
El Gobierno rebaja por decreto las sanciones a la banca
Por Juande Portillo
El País,
26/11/2018.
El Consejo de Ministros aprobó el viernes un real
decreto-ley “ómnibus” de servicios de pago con el objetivo principal, anunció
el Ministerio de Economía, de trasponer una directiva europea sobre la materia
que mejora la protección de los usuarios y que debía estar vigente desde el
pasado enero. Sin embargo, el Gobierno aprovechó el texto, compuesto de 95
páginas publicadas el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para
introducir otras novedades legislativas como la creación de un canal de
denuncias de irregularidades bancarias, la corrección de “errores” para dar más
poder al FROB, así como para permitir que se suavicen las multas que el Banco
de España impone a las entidades financieras cuando cometen infracciones.
Este último punto no fue incluido en la nota informativa
sobre el decreto distribuida por Economía, que se limitó a referir que el
documento contenía otra “serie de mejoras y ajustes técnicos”. La exposición de
motivos de la norma apunta, eso sí, que este cambio, incluido en una de las
múltiples disposiciones adicionales del texto, busca “homologar el régimen
sancionador español al de otros Estados Miembros y el Banco Central Europeo”.
La diferencia no es menor. Mediante una serie de
modificaciones de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y
solvencia de entidades de crédito, el Ejecutivo elimina las cuantías mínimas de
buena parte de las multas posibles, lo que permitirá al Banco de España rebajar
las sanciones que imponga por debajo de los umbrales hasta ahora vigentes.
En el caso de las infracciones muy graves se mantiene una
multa de entre el “triple y el quíntuplo” del beneficio obtenido por la entidad
gracias al abuso. Sin embargo, cuando esa ganancia no sea cuantificable, la
multa deja de ser “de entre el 5% y el 10% del volumen de negocios neto anual”,
o de “entre cinco y 10 millones de euros, si aquel porcentaje fuera inferior a
esta cifra”, para ser “de hasta el 10%” o “de hasta 10 millones”, sin indicar
el monto mínimo exigible, que será el Banco de España quien decrete, ahora con
más rango de libertad.
De la misma forma, en el caso de infracciones graves con
beneficio no cuantificable, se pasa de una multa de “entre el 3% y el 5% del
volumen de negocios”, o “de entre dos y cinco millones de euros” si fuera
menor, a mantener solo los dos topes máximos. En el caso de las infracciones
leves, el Gobierno modifica incluso la sanción por los beneficios
cuantificables, que pasará a ser del “doble” de la ganancia obtenida por la
entidad, en lugar de permitir cobrarle hasta “el triple”, como se fijó en 2014.
En el caso de el provecho obtenido por la firma no esté claro, la pena se
fijará ahora en “hasta el 1% del volumen de negocios”, o “hasta un millón de
euros” si es menos, eliminándose el 0,5% y los 100.000 euros que,
respectivamente, se establecían como mínimo hasta ahora.
Así, para una entidad con un volumen de negocio neto de
25.000 millones anuales, como es el caso de alguna gran entidad financiera
española, la multa máxima por una infracción grave sería de 2.500 millones pero
ya no habría mínimo, cuando hasta ahora la sanción no podía bajar de 1.250
millones. Habrá que ver si estos añadidos al decreto complican su convalidación
en el Congreso.
El decreto también elimina la posibilidad de imponer más de
una multa por un caso a los cargos de administración de una entidad que cometan
una irregularidad.
Economía ha utilizado el decreto para ampliar además el
campo sancionador del Banco de España extendiéndolo a entidades que no sean de
crédito (como fintech), o que hagan funciones propias de estas sin estar
autorizadas. En su caso, las infracciones se castigarán en base a sus recursos
propios (hasta el 10%, o un millón de euros, en casos muy graves; el 5%, o 500.000
euros, en las graves; o el 1%, o 100.000 euros, en las leves).
A la hora de publicitar las sanciones impuestas, el decreto
exige que las infracciones graves, y no solo las muy graves, sean publicadas en
el BOE explicando su naturaleza y los implicados, aunque permite al supervisor
que, además de omitir los nombres, retrase su difusión hasta cuando lo
considere oportuno.
Por otra parte, la norma habilita un canal de denuncia de
irregularidades en la solvencia bancaria ante el Banco de España
(whistleblowing, en terminología anglosajona) que establece una serie de garantías
para el informante, como el blindaje laboral ante acusaciones de revelación de
secretos o peticiones de indemnización de la empresa, así como la posibilidad
de obtener un certificado acreditativo del supervisor o de proteger su
identidad.
Pese a lo delicado de este tipo de denuncias, sin embargo,
la norma no garantiza totalmente el anonimato del denunciante, limitando la
confidencialidad en caso de que sus datos personales sean necesarios para
iniciar, instruir o resolver un procedimiento administrativo o sancionador, si
los requiere un órgano judicial, una autoridad
europea o si lo permite la ley de protección de datos, lo que
previsiblemente limite la confianza en este canal de denuncias y su
efectividad.
Corrige “errores”
para dar más poder al FROB
Más capacidad de recaudación. El Gobierno ha detectado
carencias en la trasposición de la directiva europea de 15 de mayo de 2014 que
fija el marco de reestructuración y resolución de entidades de crédito y
empresas de servicios de inversión por lo que ha aprovechado el real
decreto-ley de servicios de pago aprobado el pasado viernes para ampliar los
poderes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). “Urge corregir
errores detectados en la trasposición”, dice la norma, y ampliar las capacidades
del FROB para que cuente “en todo momento con los poderes necesarios para
llevar acabo su cometido” y hacerlo con la “máxima celeridad”. Para ello, el
decreto deja ahora sin efecto las limitaciones que establece el Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de Capital sobre modificaciones estructurales de las
sociedades mercantiles, y la legislación aplicable a las cooperativas de
crédito en relación con las operaciones de aumento y reducción de capital,
conversión de instrumentos de capital, recapitalización interna, modificaciones
estructurales o “cualquier otra operación necesaria”. Un olvido que ataba de
manos al FROB ante ciertos supuestos de intervención de entidades de crédito.
Además, la norma habilita al fondo para recaudar contribuciones de las entidades
o sucursales en España de firmas extracomunitarias para alimentar el Fondo de
Resolución Nacional.
Disponible en:
sábado, 24 de noviembre de 2018
El debate de la banca pública: los bancos más solventes de Europa son públicos, pero más parecidos al ICO que a Bankia
Por Diego Larrouy
El Diario.es,
21/11/2018.
Queda poco más de un año para que se cumpla el periodo que
se dio el fondo del rescate bancario, FROB, para salir de Bankia. Y según se
acerca la fecha, el debate sobre el futuro de la entidad, hoy participada el
60% por el Estado, se vuelve recurrente. Unidos Podemos se muestra convencido
de la necesidad de convertir a Bankia en un banco público. Sin embargo, el
Gobierno, buena parte de la oposición y el sector bancario lo rechazan.
Tras varias mociones pidiendo que se mantenga la entidad
participada por el Estado de manera indefinida, Unidos Podemos volvió a llevar
este miércoles a la sesión de control al Gobierno este tema. "¿Cuáles son
los planes del Gobierno con Bankia?", preguntó Pablo Iglesias en el
hemiciclo. El líder de la formación morada defendió la solvencia de la banca
pública en Europa refiriéndose a los últimos test de estrés realizados por la
Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés). "Los dos bancos
con mejor nota en los test de estrés en Europa son públicos".
Así fue. En los
recientes exámenes realizados por la EBA un banco alemán, NRW Bank, y un
holandés, BNG Bank, obtuvieron los mejores resultados. En aquel estudio, que
ponía en relación el capital de estos bancos con sus activos ponderados por
riesgo, el primero obtuvo más de un 31% y el segundo, un 22%. Fueron datos muy
superiores a la banca comercial española, cuyo mejor entidad, Banco Santander,
apenas superó el 9%.
"La banca pública es mucho más solvente que la privada,
lo demuestran los datos de la EBA", remarcó Iglesias en la sesión de
control del Gobierno. El líder de Podemos argumentó la necesidad de que Bankia
sirva para "el crédito a los ciudadanos y las pymes y una alternativa a la
concentración del sector hipotecario".
Sin embargo, estas dos entidades líderes en los resultados
de la EBA tienen una comparación complicada con Bankia, tanto por su modelo de
negocio como por su tamaño. El banco español opera en el segmento comercial
como el crédito hipotecario, los préstamos al consumo o los productos de
inversión. Por contra, NRW y BNG son bancos cuyo objetivo está en la
financiación a instituciones y pymes para obra pública, la construcción de vivienda
social o la producción de energía renovable.
La diferencia con Bankia también está en el tamaño. La
entidad española tiene activos por valor de 204.000 millones de euros, siendo
la quinta mayor compañía bancaria en España. Supone casi el doble del nivel que
tienen tanto el banco alemán como el holandés, que se sitúan en el entorno de
los 140.000 millones.
NRW es propiedad del Estado de Renania del Norte Westfalia,
en Alemania y tiene su sede en Düsseldorf. Según figura en su propia web, el
objetivo de la entidad está en el apoyo a las pymes y startups, en la
construcción de vivienda social, en infraestructuras de los municipios y en
proyectos energéticos y de lucha contra el cambio climático. Además, incluye
iniciativas de mejora de la ordenación urbana y de impulso de áreas rurales.
La entidad alemana se define como un "banco de
desarrollo" y se compara con otras
entidades como el Banco Europeo de Inversiones (BEI), separándose de la
banca comercial. El pasado ejercicio obtuvo unos ingresos por 737 millones de
euros entre intereses y comisiones.
Intereses similares tiene el holandés BNG. En este caso, su accionariado
se divide al 50% entre el Estado y los municipios. La entidad apunta como sus
principales negocios el apoyo a la vivienda social y en alquiler, cuya
importancia asegura que crecerá en los próximos años, en las instituciones
médicas y en proyectos de energía sostenible. En este sentido la entidad
destaca que el pasado ejercicio financió 150.000 paneles solares y en la
primera mitad de este ejercicio concedió préstamos por más de 5.500 millones de
euros.
Defiende que su estrategia permite la financiación "al
menor coste" para estos proyectos, también en aquellos realizados por la
colaboración público-privada. "Permitimos al sector público que alcance
sus objetivos socialmente relevantes", apunta en su web corporativa. Al
contrario que NRW, que no reparte dividendos, BNG ha incrementado el porcentaje
de beneficio que destina a sus accionistas hasta casi el 38% de los casi 490
millones de resultado positivo del último ejercicio.
Ambas organizaciones forman parte de la Asociación Europea
de Banca Pública, un organismo que defiende los intereses de este tipo de
bancos que suman 90 entidades, según sus datos, el 15% de todo el sector
financiero en Europa. En España hay dos entidades asociadas, el Institut Catalá
de Finances y el Institut Valenciá de Finances.
El Gobierno quiere
apostar por el ICO
Pedro Sánchez rechazó de nuevo en el Congreso la posibilidad
de mantener pública a Bankia, pese a que reconoció que la actual cotización de
la entidad impide que sea privatizada y se recuperen las ayudas. La entidad
recibió más de 22.000 millones de euros de los que se han recuperado 2.860
millones entre venta de paquetes de acciones y recepción de dividendos. La
participación actual tiene un valor de algo más de 5.300 millones.
Sánchez defendió que el Gobierno está apostando por mejorar
la regulación del sector para proteger los intereses de los consumidores. Por
otro lado, reconoció que es un debate abierto en la izquierda la necesidad o no
de una banca pública. En este sentido, señaló que sí es necesario contar con
una pero que ésta será el ICO y no Bankia. "No tiene sentido contar con
una banca comercial pública y que el Estado tenga depósitos de los
ciudadanos", subrayó.
De hecho, el funcionamiento de esta banca pública alemana y
holandesa recuerda, no sin diferencias, más al ICO que a Bankia. El ICO cerró
2017 con unos 42.000 millones en activos, lo que supone menos de una tercera
parte de dichas entidades europeas.
Su plan estratégico 2018-2021, muestra algunas similitudes
con estas compañías. Su foco está puesto en la financiación para pymes, con
especial atención en su internacionalización. Pero también se incluyen otras
actividades como "fomentar la inversión en infraestructuras y bienes
públicos" o apoyar "mecanismos alternativos de financiación". El
pasado año obtuvo un beneficio de 103 millones de euros.
En este sentido, el pasado mes de octubre, el Congreso
rechazó una propuesta de Unidos Podemos para crear un banco público que suponía
la fusión de Bankia con el ICO. El PSOE rechazó la medida al entender que
supondría un debilitamiento para Bankia.
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