Diario El
País, 31/08/2013.
España es, posiblemente, el país
europeo en el que más se espera del Estado y de “lo público”. El porcentaje de
españoles que pide a las instituciones públicas amparo y protección es, en
promedio, casi 25 puntos más elevado que en el conjunto de los demás países de
la Unión Europea, según un reciente y clarificador estudio comparado llevado a
cabo por la Fundación BBVA en diez países especialmente significativos. Esta
es, a todas luces, una sociedad fuertemente “estatalista” y, además, de forma
transversal, por encima de los alineamientos ideológicos que la recorren. Dos
ejemplos: una amplia mayoría tanto de votantes populares (62%) como de votantes
socialistas (63%) cree que la economía funciona mejor cuando el Estado
supervisa su funcionamiento; y una inequívoca mayoría en ambos electorados (65%
en el caso del PP, 80% en el del PSOE) afirma que es el Estado el que, en
primer lugar y ante todo, tiene la obligación de proteger y ayudar a las
personas más necesitadas.
Esta extendida convicción de que
son los poderes públicos los que han de velar por quienes viven en situación
precaria parece de hecho constituir un claro rasgo distintivo de nuestra
cultura política actual. España resulta ser —en comparación con Francia,
Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, según datos del Pew Research Center— el
país donde una mayor proporción de ciudadanos (67%) llega incluso a considerar
más importante que los poderes públicos garanticen que nadie viva desprotegido
que verse asegurada la no injerencia de los mismos en su capacidad personal de
organizar, libremente, su propia vida (30%). La situación opuesta se registra
en Estados Unidos, donde estos porcentajes son, respectivamente, 35% y 58%,
casi milimétricamente inversos.
En cuanto a la economía, y
especialmente en lo que respecta a su vertiente financiera, los españoles
desean que el Estado controle las actividades y beneficios de los bancos (un
78%) y que garantice los depósitos de los ahorradores frente al posible mal uso
bancario de los mismos (71%). Los españoles están particularmente escaldados
con mucho de lo que, en nuestra vida financiera, ha acontecido, y sin duda por
eso (y según datos de Metroscopia), el 92% piensa que los únicos responsables
del hundimiento de determinados bancos y cajas son sus gestores; el 90% cree
que, pese a ello, a estos todavía no se les ha exigido las oportunas
responsabilidades; y ello lleva a un 71% a preferir, visto lo visto, que el
Estado deje quebrar a los bancos y cajas mal gestionados antes que utilizar
para salvarlos recursos que incrementan la deuda pública y derivan en recortes
en la sanidad o la educación. Es fácil comprender esta casi unánime exigencia
de un mayor rigor controlador público sobre actividades financieras más propias
de una “economía de casino” que expresan los españoles. Aunque solo sea porque
luego, cuando se rompe la engañosa y artificial galería de espejos montada, es
a ellos a quienes acaba tocando pagar, colectivamente y sin rechistar, los
platos que solo algunos han roto —impunemente, además—.
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