Por Miguel Jiménez
El País, 21/07/2014.
Cedric Cañas, antiguo asistente personal del ex
consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, ha pactado pagar 1,9
millones de dólares (en torno a 1,4 millones de euros) para cerrar un caso en
el que la Comisión del Mercado de Valores de EE UU (la SEC, por sus siglas en
inglés) le acusaba de uso de información privilegiada.
Cañas pagará 960.806 dólares de
multa y otro tanto por ganancias indebidas. La SEC le demandó por uso de
información privilegiada en la opa de BHP Billiton
sobre Potash, en la que el Santander actuó como asesor. Cañas, que fue
despedido por el banco por este caso, fue absuelto en enero por la Audiencia Nacional por
información privilegiada y blanqueo de capitales.
El acuerdo por el que Cañas acepta
pagar 1,4 millones fue anunciado por un abogado de la SEC en una
teleconferencia desde Nueva York y registrado en un tribunal de Manhattan, según informó la web especializada en Derecho Law360. El
acuerdo no implica ni admisión ni negación expresa de culpabilidad.
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información
En su demanda, presentada hace un año, la SEC alegaba que
Cañas supo a principios de agosto de 2010 que el Santander estaba ayudando a la
compañía angloaustraliana BHP Billiton a preparar una opa sobre la canadiense
Potash y que transmitió además esa información al antiguo juez Julio Marín
Ugedo, también demandado por el supervisor estadounidense y también absuelto
por la Audiencia Nacional española.
La SEC señalaba que Cañas compró el equivalente a 30.000
acciones de Potash a través de contratos por diferencias, mientras que Marín se
hizo con 1.393 acciones. Esa inversión le proporcionó jugosas ganancias cuando
las acciones se dispararon el 17 de agosto, una vez que se anunció la oferta de
adquisición.
Absolución en España
Pese a que Cañas ha aceptado
ahora pagar por ese uso de información privilegiada, los jueces españoles
interpretaron que era inocente. "El hecho de que el acusado Cedric Cañas
haya obtenido una ganancia al operar con Potash no quiere decir que su conducta
sea subsumible en el artículo 285 del Código Penal", que castiga el uso de
información relevante para la cotización de cualquier clase de valores, según
dijeron en su sentencia.
Según el fallo, en el juicio no
quedó probado que la naturaleza de la información ofrecida por BHP al Santander
para que estudiase una financiación parcial de una hipotética opa fuera
información relevante de la contemplada en el Código Penal. Y ello porque
"una información es relevante si tiene la capacidad de alterar los precios
de los valores a los que se refiere dicha información", algo que, sostenía
el tribunal, no ocurrió en este caso, pese a que los títulos se dispararon un
25% con el anuncio de la opa. El tribunal alegaba que, tras retirarse la opa,
las acciones no se derrumbaron.
La sentencia contó con el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, según el
cual la sentencia debería haber sido condenatoria porque ambos acusados
disponían de "información privilegiada reservada solo para un grupo mínimo
de personas". Información que abarcaba la de una opa no solo "cierta
y viable", sino también "inminente" y que "potencialmente
podría tener una gran influencia en el precio de las acciones".
Como consecuencia de la
investigación que inició el Santander sobre estas operaciones, Cañas fue primero suspendido en agosto de 2010 y luego despedido en
enero de 2011, con una indemnización de 130.000 euros.
Por esta misma operación, la SEC
ya abrió expediente contra otros dos españoles. Uno de ellos era
el analista del Santander Juan José Fernández García, que llegó a un acuerdo
con el supervisor para pagar 625.000 dólares.
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