Por Isidro Jiménez Gómez
El Salmón Contracorriente.es,
16/06/2015.
Una sentencia del Tribunal
Supremo en 2013 declaraba nulas las cláusulas suelo de contratos hipotecarios
de BBVA, Novagalicia y Cajamar, al considerarlas poco transparentes. Un año
después, otro fallo del Tribunal hacía lo mismo con las cláusulas suelo de Caja
Segovia, integrada en Bankia.
Estas cláusulas, uno de los
principales elementos simbólicos asociados a la crisis que todavía arrastra el
sector bancario, impiden que los consumidores y las consumidoras puedan
beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés en sus préstamos
hipotecarios, ya que el contrato firmado incluye un tope, normalmente superior
al 3%.
ADICAE,
la organización de defensa de los consumidores financieros, señala que el
préstamo hipotecario es la principal carga de endeudamiento familiar, una
situación agravada en el caso de aquellos que, aún sin saberlo, tienen una
cláusula suelo implementada en su hipoteca. Según la asociación, las entidades
bancarias imponían cláusulas suelo a sabiendas de cuál sería su efecto, y
empleaban las clausulas techo (tope de ganancia) como un gancho sabiendo que no
serían aplicables.
En 2008, tras el estallido de la
crisis, el 97% de los préstamos hipotecarios en España eran de tipo variable,
algo que extendió el volumen de familias a las que afectaban las cláusulas
suelo. El Banco de España admitía en 2008 que el 42% de las hipotecas tenían
este tipo de claúsulas.
El perjuicio total que un
consumidor ha podido llegar a soportar sólo desde 2009 como consecuencia de la
inclusión en su hipoteca de una cláusula suelo puede superar los 3.500 euros,
pero ADICAE ha detectado miles de casos en los que el perjuicio anual supera
los 5.000 euros. Son cantidades que siguen creciendo conforme pasa el tiempo y
las cláusulas suelo continúan en vigor.
Los dos fallos del Alto Tribunal
han afectado específicamente a los bancos objeto de la demanda, y no declaraban
la nulidad de todas las clásulas suelo bancarias, sin embargo, han servido para
que las asociaciones de consumidores y los particulares afectados reclamaran en
los juzgados. Además, el Principado de Asturias, tras la reclamación de algunas
asociaciones de consumidores, ha abierto expedientes sancionadores a las
entidades bancarias, alegando que incumplían las normativas de protección al
consumidor. La batalla por las cláusulas suelo, por tanto, se ha extendido al
ámbito autonómico y es posible que lo haga cada vez más al municipal.
En diciembre de 2014, el alcalde
de Azuqueca de Henares, Pablo Bellido, comparecía en el Juzgado número 4 de
Guadalajara para presentar 179 demandas de vecinos de esta localidad contra las
cláusulas suelo hipotecarias. Era el primero en hacerlo, pero otros están
siguiendo ese camino y ponen en marcha servicios municipales de asesoramiento y
reclamación extrajudicial sobre la existencia de posibles cláusulas abusivas en
préstamos hipotecarios. Tras el nuevo mapa político que han traído las
elecciones municipales, las entidades bancarias no parecen muy optimistas.
En abril de este año, durante la
vista oral del macrojuicio en el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid,
la Fiscalía se ha opuesto a que se declaren nulas de forma cautelar las
cláusulas suelo de 101 entidades de crédito al considerar que habría que
estudiar "caso por caso" los contratos de los 15.000 demandantes
representados por ADICAE. Esto supone que en los próximos meses, además de los
macrojuicios, las demandas de las distintas autonomías y ayuntamientos serán
elementos clave en la batalla contra las cláusulas suelo.
El presidente de ADICAE, Manuel
Pardos, denunciaba hace unas semanas que aún quedan "dos millones de
hipotecas" con este tipo de cláusulas, y que las entidades bancarias
"se está embolsando de modo ilegítimo alrededor de 4.000 o 5.000 millones
de euros cada año". Mucho dinero y, previsiblemente, muchas batallas por
llegar.
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