Por Luisa Izuzquiza
El diario.es, 13/1072015.
El reciente escándalo
sobre los tests de emisiones falseados por Volkswagen ha puesto sobre la mesa
una vez más uno de los problemas que yace en el núcleo de las democracias
europeas: la forma y el grado en la que el lobbying tiene un impacto directo
sobre la protección de nuestros derechos y, en este caso, sobre nuestra salud.
Una serie de
documentos filtrados revela que varios gobiernos, incluyendo
los de Francia, Alemania y Reino Unido, habían hecho lobby en el seno de la
Comisión Europea buscando mantener las lagunas en las pruebas que han supuesto
un aumento de un 14% de las emisiones de dióxido de carbono globales.
Es sólo un ejemplo más
de cómo sin información acerca de cómo se está ejerciendo el lobbying es
imposible controlar las acciones de los lobbistas y el impacto real que éstas
tienen en nuestro día a día. Sin información también resulta imposible
garantizar un pluralismo de voces, pilar esencial de cualquier sociedad
democrática, ya que si es imposible para los ciudadanos obtener información, no
podrán asegurarse de que sus intereses se tienen en cuenta en los procesos de
toma de decisiones. Es un problema grave, porque genera palpables
desequilibrios entre los niveles de acceso a información pública con los que
cuentan los lobbies de la industria con respecto a los que logra la sociedad
civil.
Para garantizar la
igualdad de acceso a la información y una verdadera rendición de cuantas por
parte de los gobiernos, una red mundial de organizaciones lanza una serie de
estándares internacionales para tener por primera vez un marco global de
regulación del lobby basado en tres pilares fundamentales: la transparencia, la
integridad y la participación.
Mientras que países
europeos como Irlanda, Polonia, o incluso la Unión Europea, están haciendo cada
vez más esfuerzos de transparencia en este ámbito, España queda cada día más
retrasada, con una ley de transparencia cuya baja calidad la coloca a la cola del
mundo, y sin meras
declaraciones por parte de ninguna de las fuerzas políticas que
sugieran una próxima regulación del lobby.
Es urgente poner en
marcha compromisos e iniciativas políticas para garantizar que todas las voces
sean escuchadas y todos los intereses se vean representados por igual. También
urge reformar la ley de transparencia para que se adapte a los estándares
internacionales y garantice a la ciudadanía el pleno ejercicio del derecho de
acceso a la información; un derecho reconocido como derecho fundamental por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y, en España, por el Consejo General del Poder Judicial.
Las próximas
elecciones generales son un momento idóneo para incorporar a la agenda política
nuevas prioridades: la regulación efectiva del lobby y la actualización de la
ley de transparencia. Sólo con información puede la ciudadanía saber qué están
haciendo sus representantes con el poder que se les ha otorgado por la vía
democrática, y asegurar que se respetan sus derechos. Y sólo a través del
acceso a la información pública es posible saber quién está forjando las
decisiones que determinan nuestra vida, y asegurarnos de que nuestros
representantes públicos tienen en cuenta una pluralidad de voces que garantiza
un sistema democrático verdaderamente representativo.
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