lunes, 11 de noviembre de 2013

"Bancocracia": de la república de Venecia a Mario Draghi y Goldman Sachs



Desde el siglo XII hasta comienzos del siglo XIV, la Orden de los Templarios, presente en una gran parte de Europa, se convirtió en banquero de los poderosos. Contribuyó a financiar varias cruzadas. A comienzos del siglo XIV, se había convertido en la principal acreedora del rey de Francia Felipe el Hermoso. Frente al peso de una deuda que gravaba sus recursos, Felipe el Hermoso se libró de sus acreedores y, de la misma, de su deuda, demonizando la Orden de los Templarios, acusándola de múltiples crímenes [2] . La Orden fue prohibida, sus jefes ejecutados y sus bienes confiscados. La Orden de los Templarios carecía de un estado y de un territorio para hacer frente al rey de Francia. Su ejército (15.000 hombres, de ellos 1.500 caballeros), su patrimonio y sus créditos con los dirigentes no la protegieron de la potencia de un estado decidido a eliminar a su principal acreedor.

En la misma época (siglos XI-XIV), los banqueros venecianos financiaban también cruzadas y prestaban dinero a los poderosos de Europa, pero maniobraron mucho más hábilmente que la Orden de los Templarios. En Venecia, se apoderaron de la cabeza del estado dándole la forma de una república. Financiaron la transformación de Venecia, ciudad-estado, en un verdadero imperio que comprendía Chipre, Eubea (Negrepont) y Creta. Adoptaron una estrategia imparable para enriquecerse duraderamente y garantizar el reembolso de sus créditos: fueron ellos quienes decidieron endeudar al estado veneciano con los bancos que poseían. Los términos de los contratos de los préstamos fueron definidos por ellos puesto que eran a la vez propietarios de los bancos y dirigentes del estado.

Mientras Felipe el Hermoso tenía interés en librarse físicamente de sus acreedores para liberarse del peso de la deuda, el estado veneciano devolvía hasta la última moneda de la deuda a los banqueros. Éstos tuvieron por otra parte la idea de crear títulos de la deuda pública que podían circular de un banco a otro. Los mercados financieros comenzaban entonces a ponerse en pie [3] . Este tipo de préstamo es el precursor de la forma principal de endeudamiento de los estados tal como se conoce en el siglo XXI.

Siete siglos después del aplastamiento de la Orden de los Templarios por Felipe el Hermoso, hoy los banqueros de Europa, igual que sus predecesores venecianos o genoveses, no tienen manifiestamente que estar inquietos por los gobiernos actuales.

Los estados nacionales y el protoestado que es la Unión Europea de hoy son quizás más complejos y sofisticados que las repúblicas de Venecia (o de Génova) de los siglos XIII al XVI, pero son con igual crudeza los órganos de ejercicio del poder de la clase dominante, el 1% opuesto al 99%. Mario Draghi, antiguo responsable de Goldman Sachs en Europa, dirige el Banco Central Europeo. Los banqueros privados han colocado a sus representantes o a sus aliados en puestos clave en los gobiernos y las administraciones. Los miembros de la Comisión Europea están muy atentos a la defensa de los intereses de las finanzas privadas, y el trabajo de lobby que los bancos ejercen ante parlamentarios, reguladores y magistrados europeos es de una eficacia temible.

Que un puñado de grandes bancos capitalistas ocupe el primer plano estos últimos años, no debe ocultar el papel de las grandes empresas privadas de la industria y del comercio, que usan y abusan de su proximidad a las estructuras del estado de forma tan hábil como los banqueros. La interconexión y la imbricación inextricables entre los estados, los gobiernos, los bancos, las empresas industriales y comerciales, y los grandes grupos privados de comunicación constituyen, por otra parte, una de las características del capitalismo, tanto en su fase actual como en las precedentes.

Efectivamente, desde la victoria del capitalismo como modo de producción y como formación social dominante, el poder es ejercido por los representantes de los grandes grupos privados y sus aliados.

Desde un punto de vista histórico, la New Deal iniciada por el presidente F. Roosevelt en 1933 y los treinta años que siguieron a la II Guerra Mundial aparecen como un paréntesis durante el cual la clase dominante tuvo que hacer concesiones, ciertamente limitadas pero reales, a las clases populares. Los grandes patronos tuvieron que disimular un poco su dominio sobre el estado. Con el giro neoliberal emprendido a finales de los años 1970, abandonaron la discreción. Los años 80 ponen en un primer plano una clase dominante completamente desinhibida que asume y proclama con cinismo la carrera por la ganancia y la explotación generalizada de los pueblos y de la naturaleza. La fórmula, tristemente célebre, de Margaret Thatcher “There is no alternative” marca hasta hoy el paisaje político, económico y social, a través de los ataques violentos a los derechos y conquistas sociales. Mario Draghi, Angela Merkel, Silvio Berlusconi (gran patrón italiano), José Manuel Barroso, aparecen como figuras emblemáticas de la prosecución del proyecto thatcheriano. La complicidad activa de los gobiernos socialistas (de Schröeder a Hollande, pasando por Tony Blair, Gordon Brown, Papandreu, Zapatero, Socrates, Letta, Di Rupo, y muchos otros) muestra hasta qué punto se insertaron en la lógica del sistema capitalista, hasta qué punto forman parte del sistema igual que Barack Obama del otro lado del Atlántico. Como afirmaba el multimillonario americano Warren Buffet, “es una guerra de clases, y es mi clase la que va ganando”.

El sistema de la deuda pública tal como funciona en el capitalismo constituye un mecanismo permanente de transferencia de riquezas producidas por el pueblo hacia la clase capitalista. Este mecanismo se ha reforzado con la crisis comenzada en 2007-2008, pues las pérdidas y las deudas de los bancos privados han sido transformadas en deudas públicas. A una gran escala, los gobiernos han socializado las pérdidas de los bancos a fin de permitirles continuar haciendo beneficios que redistribuyen a sus propietarios capitalistas.

Los gobiernos están directamente conchabados con los grandes bancos y ponen a su servicio los poderes y las arcas públicas. Hay un va y viene permanente entre los grandes bancos y los gobernantes. El número de ministros de finanzas y de economía, o de primeros ministros, que provienen directamente de los grandes bancos o que van a ellos cuando abandonan el gobierno no deja de aumentar desde 2008.

El oficio de la banca es demasiado serio para ser dejado en manos del sector privado, es necesario socializar el sector bancario (lo que implica su expropiación) y colocarlo bajo control ciudadano (de los asalariados de los bancos, de los clientes, de las asociaciones y de los representantes de los actores públicos locales), pues debe estar sometido a las reglas de un servicio público [4] y las rentas que su actividad genera deben ser utilizadas para el bien común.

La deuda pública contratada para salvar a los bancos es definitivamente ilegítima y debe ser repudiada. Una auditoría debe determinar las demás deudas ilegítimas y/o ilegales y permitir una movilización tal que una alternativa anticapitalista pueda tomar forma.

La socialización de los bancos y la anulación/repudio de las deudas ilegítimas deben inscribirse en un programa más amplio [5] .

Como durante la república de Venecia, hoy en la Unión Europea y en la mayoría de los países más industrializados del planeta, el estado está en ósmosis con la gran banca privada y paga dócilmente la deuda pública. El no pago de la deuda ilegítima, la socialización de la banca así como otras medidas vitales serán el resultado de la irrupción del pueblo como actor de su propia historia. Se tratará de poner en pie un gobierno tan fiel a los oprimidos como los gobiernos de Merckel y Hollande lo son a las grandes empresas privadas. Tal gobierno del pueblo deberá hacer incursiones en la sacrosanta gran propiedad privada para desarrollar los bienes comunes a la vez que respeta los límites de la naturaleza. Ese gobierno deberá igualmente realizar una ruptura radical con el estado capitalista y erradicar todas las formas de opresión. Una auténtica revolución es necesaria.

Notas:
[1] Ver David Graeber, En deuda. Una historia alternativa de la economía, Editorial Ariel, Barcelona, 2012, 714 pp ; Thomas Morel et François Ruffin, Vive la Banqueroute!, Paris, Fakir Editions, 2013.
[2] Fernand BRAUDEL, Civilisation matérielle, économie et capitalisme. XVe-XVIIIe siècle. Paris, Armand Collin, 1979 ; David Graeber, En deuda. Una historia alternativa de la economía , Editorial Ariel, Barcelona, 2012, 714 pp
[3] El sector bancario debería ser enteramente público con excepción de un sector cooperativo de pequeña talla con el que podría cohabitar y colaborar.
[4] Ver Damien Millet y Eric Toussaint, Europa, ¿qué programa de urgencia frente a la crisis? http://cadtm.org/Europa-Que-programa-de-urgencia . Ver también Thomas Coutrot, Patrick Saurin y Eric Toussaint,Anular la deuda o gravar al capital: ¿Por qué elegir? http://cadtm.org/Anular-la-deuda-o-gravar-al . Finalmente, ver¿Qué hacer con la deuda y el euro?, http://cadtm.org/Que-hacer-con-la-deuda-y-el-euro publicado el 30 de abril de 2013.

Éric Toussaint, doctor en ciencias políticas, es presidente del CADTM Bélgica (Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, www.cadtm.org ) y miembro del consejo científico de ATTAC. Autor, entre otros libros, deUna mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus orígenes hasta la actualidad, Icaria 2010; La Deuda o la Vida(junto a Damien Millet) Icaria, Barclona, 2011; La crisis global, El Viejo Topo, Barcelona, 2010;. La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos, Gakoa, 2002.

Traducido por Alberto Nadal
Disponible en:
< http://www.rebelion.org/noticia.php?id=176502>

domingo, 10 de noviembre de 2013

La banca se reinventa


Éxodo bancario


Diario El País, 19/10/2013.

Desde sus flamantes despachos de Bruselas o Fráncfort, los ejecutivos de la troika (el FMI, la Comisión Europea y el BCE), exigieron hace más de un año el cierre de las oficinas menos productivas de las antiguas cajas de ahorros con ayudas públicas. El objetivo era recuperar la rentabilidad perdida de esas entidades y que la competencia se quedara con el negocio que perdían. Lejos del papel, la realidad ha sido que parte de ese recorte en las redes comerciales lo han pagado los pueblos más pequeños y los barrios marginales de las ciudades, que se están quedando fuera del circuito bancario.

Economistas y sindicatos, como UGT, han alertado de esta situación porque creen que este movimiento produce exclusión financiera, la antesala de la exclusión social. Y no solo está sucediendo en España. En Europa, la resaca de la burbuja y de la crisis financiera, también provoca secuelas. Según un reciente estudio de MasterCard, “millones de europeos están siendo excluidos del sistema bancario. En contra de lo que se piensa, la mayoría son personas originarias del país”. El retrato robot del ciudadano que ha quedado fuera es una persona de más de 40 años, mujer, en paro prolongado o con serias dificultades económicas, así como ancianos, según MasterCard.

 

Los datos en España son reveladores. Entre 2011 y 2012, se calcula que 60.000 personas que viven en pequeñas localidades han visto como se cerraba la única oficina bancaria que había. Hasta el año pasado, según un estudio de UGT basado en el Anuario Económico de España de La Caixa, 226.340 personas viven en los 133 pueblos (de más de 1.000 habitantes) que no tienen oficina bancaria. “Si se sumaran las personas que viven en localidades de menos de 1.000 habitantes, de las que no hay datos, la cifra sería mayor”, apunta José Miguel Villa, secretario general de banca de UGT. “El 4,1% de los municipios de más de 1.000 habitantes no tienen sucursal”, concluye.

Y cada día la lista será más larga. Solo en el primer semestre de 2013 la banca ha cerrado 2.000 oficinas. Desde que comenzó la crisis en 2008, el sector financiero ha cerrado 9.760 oficinas, con lo que España ha perdido su liderazgo en el ranking mundial de países con más sucursales por habitante. Era evidente que con la recesión y la caída del crédito que ha vivido España, sobraban (y sobran) oficinas. El problema es en dónde se están cerrando. Algunos alcaldes consultados recuerdan, con cierta sorna, que el negocio rural de la banca no ha sido precisamente el causante de la quiebra de la mitad del sistema financiero. “En el pueblo, los créditos se pagaban, pero han cerrado nuestra oficina y no las de Madrid”, apunta un regidor, que lamenta que esto se sume a la reducción del servicio médico, las escuelas, la reducción de trenes, etc.

Este fenómeno es nuevo en España, un país que ha pasado en tan solo cinco años, de ser de los más ricos a tener tres millones de personas que viven con menos de 307 euros al mes, según Cáritas. En otros países, como el Reino Unido, ya lo conocen bien. En la década de los noventa, la conversión de las cajas en bancos y su posterior venta al Lloyds (banco que, por cierto, ha quebrado con la crisis), aceleró la exclusión financiera. Según un informe del Parlamento británico, titulado Financial Inclusion (Exclusion) de mayo de 2011, “dos millones de adultos con bajos ingresos no utilizan los servicios financieros”. Entre las soluciones propuestas por el estudio británico se apunta el abaratamiento de los servicios bancarios para las personas con menos ingresos y que el Gobierno pague el coste de las transferencias para hacer las más asequibles, así como la utilización de las oficinas de Correos.

En España, Correos ya tiene un acuerdo con Deutsche Bank, que ofrece sus servicios bancarios en las oficinas postales, lo que facilita la bancarización. Algunos presidentes de cajas de ahorros, comentaban hace años, antes de la crisis, que parte de su obra social era mantener la red rural de oficinas (como hace años tuvo Banesto hasta su integración con el Santander) porque evitaba la despoblación del campo, ya que la sucursal es un apoyo para las microempresas o los comercios. Con la conversión de las cajas en bancos, este planteamiento parece irrecuperable. Pese a todo, los expertos apuntan que, comparado con otros países, España no sufre una gran desbancarización pero sí un claro retroceso, que Villa, de UGT, cifra en 13 años.

Las regiones más castigadas son las que tenían cajas que han sido nacionalizadas: Cataluña, Galicia, Comunidad Valencia, Murcia y Madrid. Manuel Illueca, profesor de Economía Financiera de la Universitat Jaume I, de Castellón, cree que los Gobiernos regionales deberían evitar este fenómeno crezca. “España es un país en el que se utilizan los bancos para todo. Si te quedas sin sucursal, no sabes cómo pagar el agua, el gas, y, sobre todo, qué hacer con el efectivo. Si la gente mete el dinero en el colchón se les expulsa del sistema y se genera economía sumergida”, apunta este profesor que ha estudiado esta materia.

Bankia es una de las entidades a las que la troika obligó a cerrar 1.138 oficinas, un tercio de su red. “Nos dijeron la localidad y calle de donde estaban cada oficina que debíamos clausurar. Fue un acuerdo del Gobierno que teníamos que cumplir. Desde 2013 hemos dejado 50 pueblos sin ninguna oficina, pero les atendemos con el ofibus, la sucursal móvil que acude a los pueblos algún día a la semana. También tenemos oficinas con una persona desplazada que abre uno o dos días a la semana”. Uno de los cierres más polémicos de Bankia fue el de la isla canaria de La Graciosa. A los habitantes no les quedaba más remedio que coger un barco a Lanzarote para ir al banco. “Ese anuncio de cierre fue un error y hemos rectificado”, admiten en Bankia.

Esta es la teoría, pero Joan Lostado (PSOE), alcalde de la localidad valenciana de Algar del Palancia, tiene una experiencia peor. “El 22 de marzo de 2012 la oficina que era de Bancaja, luego de Bankia, cerró y no dejó ni el cajero automático. Sin previo aviso. Teníamos que llevar a los ancianos a por la pensión a Estivella, a 10 kilómetros. Los comercios no sabían qué hacer con el dinero. Fue un desastre. Hablamos con Bankia y le pedimos el ofibus, incluso a través de la Diputación, pero todavía no sabemos nada”. La solución llegó por una joven del pueblo que se hizo corresponsal bancaria de Banesto, ahora Santander: abre dos tardes a la semana. “Los vecinos, que además tienen preferentes, comentan la situación: se ha ido Bankia y ha llegado el Santander. Por supuesto, las cuentas del Ayuntamiento se han ido al Santander”, apostilla.

En Madrid, en la Sierra Pobre, la situación es parecida. Miguel Méndez, (PP), alcalde de Navalafuente, ha vivido cómo La Caixa abrió su oficina en 2008 para financiar una promoción de viviendas. Tres años después, acabado el negocio, la clausuró. “El cierre llegó con los de las localidades vecinas de Bankia en Lozoyuela y Canencia, que eran las únicas que había. Ahora no podemos admitir efectivo en el Ayuntamiento y para los mayores la banca por Internet es difícil de manejar. El hotel, los supermercados y los bares tienen que llevar todo el dinero a diario hasta Guadalix, a cuatro kilómetros”, apunta Méndez. Este pueblo, con 1.200 habitantes, que llegan a 4.000 en verano, ha pedido a Bankia que abra un cajero automático. No hay respuesta.

En Titulcia, cerca de Toledo, Fuencisla Molinero (PP), también ha visto cómo Bankia cerraba su oficina y la sustituía por un autobús: “Una chica del pueblo que tenía una gestoría se ha hecho colaboradora del Santander y abre una pequeña oficina. Se está llevando todo el negocio. El del Ayuntamiento pronto le llegará”. Es la pequeña venganza ante el éxodo bancario que provocará más éxodo rural.

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sábado, 9 de noviembre de 2013

Malditas hipotecas... y malditos bancos


La culpa es de la banca


Por Anxel Vence
Diario Levante-EMV, 17/10/2013.

Decían los indignados del efímero movimiento 15-M que la banca es la culpable de todos o casi todos los males que afligen a España. Ahora acaba de confirmar esa sospecha el expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa, quien atribuye a la imprudencia de los bancos la desdichada situación financiera de esta multinacional de los peces con sede en Galicia. La culpa de los actuales agobios de la firma no ha de cargarse, en opinión de Fernández de Sousa, a la buena o mala gestión de sus directivos, por más que un juez los acuse de hacer trampas con las cuentas anuales y usar indebidamente la información privilegiada de la que disponían. Los verdaderos responsables de la situación serían más bien los bancos y cajas que, sin encomendarse a Dios ni al demonio, le concedían a Pescanova créditos temerarios.
 
El resultado de tales audacias financieras lo están pagando al final todos los contribuyentes, tras la quiebra de muchas de las cajas que incurrían en esas prácticas. También a ellos les corresponde sufragar con sus impuestos la carga de los parados que dejó o pueda dejar aún la desaparición de tantas empresas así financiadas. Razón no le falta al mentado Fernández, por más que la utilice como argumento para defenderse de otro tipo de acusaciones. Lo mismo ocurrió con los españoles del común que durante la reciente fiebre especulativa de la vivienda acudían a la sucursal bancaria más próxima para pedir un crédito destinado a la compra de un piso. Fueron muchos los que, tentados por ese dinero aparentemente fácil, acabarían por aprovechar los flecos de la hipoteca para comprar coches de alta cilindrada y pagarse viajes a los más exóticos destinos del mundo. Luego vendría la inesperada crisis y, con ella, el llanto y el crujir de dientes.

Sorprende un poco si acaso que también las empresas cayesen en el mismo error de cálculo que los ciudadanos del común. Más o menos eso es lo que viene a decir, sin embargo, el expresidente de Pescanova, cuando culpa a los bancos de concederle créditos sin las garantías que, al parecer, no podría aportar. Hasta en sus excesos de generosidad, la banca es culpable.

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viernes, 8 de noviembre de 2013

La crisis del sistema bancario


Falta crédito


Editorial del diario El País, 05/11/2013.

El descenso de la deuda de empresas y familias hasta los niveles previos al estallido de la crisis, en 2007, constituye al mismo tiempo un requisito para la salida del estancamiento económico y un síntoma de lo costoso que va a resultar. Es un requisito inexcusable porque el grado de endeudamiento privado, cercano al 200% del PIB, es el principal cuello de botella para la recuperación. Sin reducirlo, la reactivación será mucho más difícil; mientras que la deuda pública, aunque triplica la de los mejores años –en buena medida porque el sector público ha tenido que acudir en auxilio del privado–, todavía no llega al 100% del PIB.

Habiendo un exceso de deuda empresarial apenas crecerá la demanda de crédito, al menos hasta que se digiera ese exceso. Y si no hay demanda solvente de crédito nuevo es que la economía carece de proyectos de inversión fiable en cuantía suficiente, o bien de un sistema financiero capaz de proveerles apoyo. El caso es que un descenso del crédito en nueve puntos se erige en preocupante señal de alarma. ¿Cómo puede afianzarse el crecimiento sin que circule el crédito, verdadero sistema de irrigación sanguínea para el cuerpo económico?

Un segmento del necesario desapalancamiento, el de las familias, representa también una cierta rémora para el despegue, aunque de nuevo sea ineludible: por un lado, lo que se dedica a quitar mochilas (sobre todo en crédito hipotecario, que supone tres cuartas partes del total) no se destina al incremento del consumo interno. Y sin que este se recupere no se completará el excelente, pero insuficiente, aumento de la exportación, por ahora único tractor del crecimiento. Por otra parte, mientras no disminuya la deuda no habrá suficiente ahorro neto para financiar una expansión: solo el ahorro privado puede sustituir, de forma sostenible, la oferta pública de liquidez o la entrada de capitales exteriores.

La oferta pública de liquidez al sistema productivo no funciona como debiera. Una cifra lo resume: el ICO ha prestado hasta septiembre 7.941 millones, un 21% menos que en el mismo periodo del año anterior. Y el severo descenso del crédito a empresas por parte del sistema bancario reafirma que el mensaje con que se presentó su rescate —recuperar el crédito al sistema productivo para generar empleo— ha sido incumplido.

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Que paguen por las preferentes, caiga quien caiga


Por Vicente Clavero
Diario Público.es, 08/11/2013.

El tiempo está dando la razón a quienes barrutaban que el arbitraje de las preferentes y de otros productos de altísimo riesgo, como la deuda subordinada, no iba a ser un camino de rosas. El proceso se desarrolla con una lentitud mayor de la anunciada y —lo que es peor si cabe— buena parte de los damnificados se están quedando fuera, sin otra alternativa que acudir a los tribunales.

Las cifras recogidas anteayer por este periódico son apabullantes: hay 30.000 titulares de preferentes de Bankia y 44.000 de Novagalicia que no han pasado el filtro previo al arbitraje. Y a ellos se tendrán que sumar, más bien pronto que tarde, los que no reúnan las condiciones exigidas en el caso de la tercera entidad nacionalizada, Catalunya Banc, sobre la que no existen datos recientes.

Teniendo en cuenta que en Bankia quedan casi 30.000 solicitudes por resolver, el potencial de demandas ronda las cien mil, lo supone todo un reto para la justicia española, ya de por sí bastante colapsada. En consecuencia, quienes opten por esa vía no sólo tendrán que hacer acopio de dinero, sino también de paciencia, porque la solución definitiva tardará en llegar.

Lo único positivo es que los tribunales están fallando abrumadoramente a favor de los clientes: de las 625 sentencias dictadas hasta el pasado mes de julio, son favorables a ellos nada menos que 596. Lo que corrobora la sensación de que las preferentes fueron comercializadas con un desprecio absoluto a las buenas prácticas, cuando no con procedimientos que entraban de lleno en el engaño.

Por ello resulta cada vez más inconcebible que ninguna persona física haya tenido que responder todavía por este masivo fraude, que ha comprometido los ahorros de más de medio millón de familias en las tres entidades nacionalizadas. Y no me refieron sólo a los altos ejecutivos que lo planificaron y a los reguladores que lo consintieron, sino también a los directivos que desde las oficinas se convirtieron en cooperadores necesarios.

Lo que no puede ser es que, en el mejor de los casos, se devuelva el dinero defraudado y aquí paz y después gloria. Si hubo alguna infracción penal —y es muy probable que la hubiera—, debe caer sobre los culpables todo el peso de la ley; desde el primero hasta el último; caiga quien caiga. Porque si no es muy posible que esta lamentable historia se repita.

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jueves, 7 de noviembre de 2013

RTVV no es tanca


El PP amordaza a los valencianos: RTVV o la profecía autocumplida


Héctor Illueca y Adoración Guamán
Diario Público.es, 07/11/2013.

Decía Pierre Bourdieu que los servicios públicos son la mano izquierda del Estado, una especie de huella que las luchas sociales del pasado han ido dejando en la cosa pública, promoviendo su intervención en esferas cada vez más amplias de la sociedad: la educación pública, la sanidad pública, la vivienda social, la televisión pública y un largo etcétera. Frente a ella se alza, con una violencia creciente, la mano derecha, dispuesta a destruir todas las estructuras de solidaridad y de intereses colectivos que pueden obstaculizar la lógica del mercado puro. El avance imparable de esta mano derecha acompaña hace tiempo nuestro día a día y tiene sin duda ejemplos especialmente cualificados. El Gobierno del Partido Popular, decidido a liquidar las conquistas del Estado del bienestar y a expoliar sin piedad alguna la riqueza colectiva de los ciudadanos, es uno de ellos. El cierre de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), última gota en el ataque directo a los intereses generales de la sociedad, pone en cuestión de una forma clara la ya endeble salud democrática del País Valenciano. En efecto, la fulminante reacción del Gobierno anunciando la desaparición de RTVV, tras conocer la Sentencia anulatoria del expediente de regulación de empleo presentado en 2012, no sólo implica una vulneración de los derechos laborales de miles de trabajadores sino que evidencia la voluntad del Partido Popular de amordazar de cara al futuro a una sociedad que anhela y necesita dejar atrás las décadas de dominio de la derecha.

Pero no adelantemos acontecimientos. Todo comenzó en 1995, tras el triunfo de los populares en las elecciones autonómicas celebradas el día 28 de mayo. Exhibiendo tempranamente los rasgos que definirían su carrera política, Eduardo Zaplana convirtió la televisión pública en un instrumento de propaganda personal, degradando la calidad de la misma hasta límites inconcebibles. Mundialmente conocida por la obra de Blasco Ibáñez, las pinturas de Sorolla o los poemas de Estellés, Valencia empezó a ser famosa por la emisión de programas como “Tómbola”, la triste pionera de la televisión basura, y por la grosera manipulación de sus informativos, ejemplo de tergiversación y censura rayanas en la estupidez. Los valencianos todavía recordamos con vergüenza la cobertura informativa del accidente de metro acaecido el 3 de julio de 2006, que no alteró la programación de una cadena volcada con la visita del Papa a Valencia. La audiencia se alejó rápida y mayoritariamente de una línea editorial sesgada, de una información amordazada y de una parrilla salpicada de telebasura.

Como no podía ser de otra forma, las pérdidas económicas se multiplicaron, pasando de 28 millones de euros en 1996 a 47 millones en 1998. El Gobierno de la Generalitat intentó una huída hacia adelante por la vía del endeudamiento de RTVV y la contratación externa de productos audiovisuales, cuyo importe en 2006 alcanzó los 57 millones de euros. Entretanto, la corrupción se había adueñado de la vida pública en nuestro territorio y muy especialmente de RTVV, que ese mismo año abonó 7,4 millones de euros a empresas de la trama Gürtel por la sonorización de los actos realizados durante la visita del Papa, provocando la ulterior imputación de varios directivos de la Corporación pública. No acababa la cosa ahí, en el interno, vergonzosos episodios contra los derechos de los trabajadores, como las amenazas, el acoso y el abuso sexual de un alto directivo, fueron impunes durante años.

Finalmente, la deriva de RTVV condujo a la presentación de un expediente de regulación de empleo que afectaba a 1.198 trabajadores y que, como ha quedado demostrado, no reunía los requisitos mínimos de transparencia y seguridad jurídica exigibles en estos procedimientos. Como reconoce la Sentencia 2338/2013 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, los criterios de selección de los trabajadores que iban a ser despedidos fueron cambiando a medida que se extinguían los contratos de trabajo. En palabras del Tribunal: “hubo una evidente y clara alteración de los listados y de los propios criterios de designación precedentemente delimitados y aprobados, pasando a aplicarse otros distintos. Además, en la fecha en la que tales acuerdos se adoptaron, ya se había producido un considerable número de ceses efectivos de otros empleados públicos que podrían haber formado parte de esos nuevos criterios posteriormente aplicados”. Esto supone una flagrante vulneración del principio de igualdad en perjuicio de los trabajadores despedidos con anterioridad, un principio que debe aplicarse al conjunto de las relaciones de empleo público, junto con los de mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional, sometimiento pleno a la ley y al Derecho, eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos, transparencia y evaluación y responsabilidad en la gestión, entre otros. En la historia de RTVV, la mayoría de estos principios normativos han caído en el olvido.

Por si ello fuera poco, la actuación de la Generalitat en el curso del procedimiento de despido colectivo se ha caracterizado por una agresiva hostilidad hacia los sindicatos, ocultando información y obstaculizando las funciones de control legalmente atribuidas a los representantes de los trabajadores. Entre las irregularidades que determinan la anulación del despido, el Tribunal destaca de un modo especial este asunto, concluyendo que la empresa omitió información relevante durante del procedimiento: “siempre permaneció al margen y excluida la representación legal de los trabajadores a la que ni siquiera se le suministró los listados de afectados, una vez ya confeccionados, teniéndose que acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para reclamar información al respecto”. En definitiva, para cualquier conocedor de la normativa laboral, la Sentencia era tan previsible como premeditada parece la decisión de cerrar RTVV.

Pero todo tiene límites, en primer lugar jurídicos, en segundo lugar, y más importantes en estos momentos, político-sociales. A priori no podemos olvidar que la creación de la entidad pública de Radiotelevisión Valenciana supuso el cumplimiento de un precepto del Estatuto de Autonomía, artículo 56, según el cual “la Generalidad Valenciana podrá regular, crear y mantener su propia televisión, radio y prensa”. Asumiendo esta competencia, mediante Ley 7/1984, de 4 de julio, la creación de la radiotelevisión autonómica pública supuso “un hito significativo en el desarrollo y vertebración de la realidad cultural, económica y social de la Comunitat Valenciana, así como un motor de desarrollo de la industria audiovisual valenciana”. No lo decimos nosotros, lo estable el primer párrafo del preámbulo de la Ley 3/2012 de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana, aprobada por el Partido Popular hace quince meses. La pregunta es evidente ¿hemos dejado de necesitar los valencianos un ente público que permita la vertebración de nuestra realidad cultural, económica y social? ¿Ya no necesita la industria audiovisual valenciana un motor público que la impulse?

Pero el cierre de RTVV va mucho más allá. Es la gota que colma el vaso de los últimos años de gobierno del Partido Popular, representados por los casos de corrupción, el endeudamiento debocado para financiar obras faraónicas, la destrucción de los servicios públicos y de las ayudas a los sectores más vulnerables, los grandes eventos ruinosos, el expolio del territorio, los aeropuertos sin aviones y un vergonzoso goteo de cargos políticos imputados. Todo ello ha agotado el aguante del pueblo valenciano y las generalizadas reacciones de solidaridad frente al cierre de nuestra televisión pública, de esa televisión respecto de la cual muchos de valencianos ya no sentíamos una especial vinculación emocional, así lo demuestran. En el seno de la sociedad valenciana lleva años gestándose el germen de la solidaridad que permite que los recortes sucesivos se interpreten como una expropiación de nuestra riqueza colectiva, lo cual está provocando una profunda transformación política. Las encuestas y sondeos presagian el declive del bipartidismo y revelan una tendencia de cambio que es prácticamente irreversible. El PP sabe que su final está próximo y pretende amordazar a la futura nueva Generalitat desmantelando la televisión pública. Desprovista de un importante medio de comunicación, la sociedad valenciana estará inerme ante la hostilidad de los sectores más poderosos cuando afronte la dramática situación económica que previsiblemente se producirá. Desde este punto de vista, el cierre de Canal 9 constituye un zarpazo derechista que apunta directamente a la calidad de nuestra democracia.

La propiedad pública de RTVV es fundamental para la salud democrática de una sociedad que carece de otros medios para reflejar la pluralidad y la riqueza colectiva del País Valenciano. Los valencianos lo saben y no perdonarán el cierre de su televisión pública. La decisión del Partido Popular ha desencadenado un terremoto político, retroalimentando la indignación contra los desmanes del Partido Popular. La derecha ha laminado el bienestar de las personas dependientes y discapacitadas; ha desmantelado la educación y la sanidad públicas y ha destrozado todo lo que ha estado en su ámbito de competencias, incluyendo nuestras ciudades, nuestro territorio, nuestra lengua y nuestra cultura. Un sentimiento de unidad e indignación frente a tales abusos recorre nuestro pueblo de manera transversal y se extiende con velocidad. El Gobierno debería tener un último gesto de dignidad y convocar elecciones, abriendo la puerta a la transformación que necesita la sociedad valenciana.

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miércoles, 6 de noviembre de 2013

Criminalidad financiera


El juez ordena la detención de cinco exdirectivos de la CAM


Diario Público.es, 06/11/2013.

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado la detención de cinco exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) a los que el magistrado imputa la presunta comisión de irregularidades en la gestión de la caja alicantina que condujeron a su intervención por parte del Banco de España en julio de 2011. Entre ellos se encuentran el exdirector general de la caja Roberto López Abad y el exdirector de empresas Daniel Gil, que ya han sido detenidos, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

El magistrado investiga las irregularidades de la Caja y mantenía hasta el momento imputados en la causa a López Abad, la también exdirectora general María Dolores Amorós, el expresidente Modesto Crespo y los exdirectores de recursos y planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb.

Amorós reclamó en su día una indemnización de 10 millones de euros por su despido y una pensión de 369.497 euros anuales que ella misma se había fijado en su contrato. Reclamación que desestimó el Tribunal Supremo, que además reprochó a la exdirectora general que su actitud había sido "muy reprochable" en términos jurídico laborales, "pues prevaliéndose de su condición y abusando de la confianza" depositada en ella por la entidad, se asignó" la citada jubilación.

Y entendía acreditado que Amorós junto con el resto de miembros del comité de dirección, "a espaldas de los órganos de gobierno y, por ende, sin su fiscalización, se asignaron una prestación adicional asegurada, conforme a unos parámetros distintos a los que habían sido acordados en las diferentes comisiones de retribuciones". 

Gómez Bermúdez les impuso el pasado mes de junio una fianza solidaria de 35 millones de euros al considerar que todos ellos "al menos conocían o debían, pudieron y no quisieron conocer la situación patrimonial de la CAM". A pesar de ello y "en el mejor de los supuestos", no pusieron "objeción alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad, provocando perjuicio a accionistas, acreedores y clientes".

La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y se sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB. Los inspectores del Banco de España elaboraron un informe en el mes de enero en el que denunciaban graves deficiencias en la gestión de la caja, que iban desde pérdidas millonarias en inversiones inmobiliarias arriesgadas hasta el cobro de onerosas prejubilaciones tramitadas de manera irregular.

En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell, que se la adjudicó por un euro, comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

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Las preferentes amenazan con colapsar los tribunales


Por Vicente Clavero
Diario Público.es, 06/11/2013.

Casi 30.000 titulares de productos híbridos (preferentes y deuda subordinada) comercializados por las cajas de ahorros que hoy forman parte de Bankia no podrán recuperar su dinero mediante el procedimiento arbitral abierto por el Gobierno. Esa cifra, además, puede verse sustancialmente incrementada en las próximas semanas, porque hay otras 30.000 solicitudes sobre las que todavía debe pronunciarse KPMG, la entidad encargada de realizar la criba previa.

A los titulares de productos híbridos excluidos del arbitraje sólo les queda la opción de recurrir a los tribunales, donde apenan han llegado de momento 6.500 demandas, un volumen ridículo si se compara con la avalancha que se puede producir ahora. Las sentencias están siendo abrumadoramente contrarias a las entidades que comercializaron las preferentes y la deuda subordinada, pues hasta julio (última fecha de la que existen datos oficiales) sólo habían ganado 29 de los 625 casos resueltos.

Novagalicia y Catalunya Banc

A los 30.000 de Bankia hay que sumar 44.000 afectados de Novacaixagalicia que también han quedado fuera del procedimiento arbitral y, en consecuencia, tienen la posibilidad de acogerse a la vía judicial. De la tercera entidad nacionalizada, Catalunya Banc, no ha información reciente, aunque sí se sabe que el número de solicitudes presentadas ronda las 120.000, prácticamente igual que Novacaixagalicia, por lo que es bastante alta la probabilidad estadística de que también empate con ella en solicitudes desestimadas.

Si así fuera, en un espacio relativamente corto de tiempo, los tribunales podrían verse ante el reto de asumir no menos de 100.000 demandas de preferentistas a los que se les ha cerrado la puerta del arbitraje. Para hacerse una idea del colapso que eso puede provocar, basta un dato muy esclarecedor: durante 2012, todos los órganos jurisdiccionales de la Comunidad de Madrid produjeron poco más de 150.000 sentencias.

Lento y caro

Aunque los fallos resultan casi siempre favorables a los demandantes, la vía judicial es lenta (no se ha resuelto ni un 10% de los casos) y cara, cosa importante teniendo en cuenta el perfil de los damnificados. Según datos facilitados a la Audiencia Nacional por la CNMV, un 98% de los suscriptores de la emisión de preferentes que Caja Madrid realizó en 2009, por ejemplo, eran familias, no inversores profesionales. Y en el resto de las entidades integradas en Bankia que lanzaron productos híbridos para capitalizarse el porcentaje no baja del 80%.

Según la comisión gubernamental encargada del seguimiento de este problema, hay cerca medio millón de personas inmersas de una u otra forma en el procedimiento de arbitraje, incluyendo aquellos que han cobrado ya (38.000 en el caso de Bankia). El importe total de sus reclamaciones sobrepasa los 6.500 millones de euros; es decir, más del 6% del PIB español.

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lunes, 4 de noviembre de 2013

¿Para quién trabaja el Banco de España?


Por Juan Torres López
Diario Público.es, 04/11/2013.

El nombramiento como presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), que es algo así como la gran patronal bancaria, de José María Roldán, hasta el pasado 14 de septiembre Director General de Regulación del Banco de España, muestra una vez más para quién trabaja éste último.

No es la primera vez que un alto cargo del Banco de España pasa sin solución de continuidad a prestar sus servicios en la banca privada. El todavía presidente de la AEB fue subgobernador y el afamado gobernador Luis Angel Rojo pasó enseguida a formar parte del Consejo de Administración del Banco de Santander, por citar solo los casos más relevantes.

Son trasvases que en teoría no sería lógico que se produjeran pues se supone que las autoridades del Banco de España son las encargadas de poner en su sitio a los bancos privados, de controlarlos y limitar su poder y, por tanto, quienes en principio deberían estar en la otra orilla de los intereses de la banca privada, es decir, más bien enfrentada a ella.

Pero no es así. El reciente nombramiento es una prueba más de que los bancos centrales actuales son una pieza más de las que utiliza el poder bancario para defender sus intereses e imponer sus preferencias sobre el resto de la sociedad.

El recién nombrado presidente de la Asociación Española de la Banca fue uno de los más estrechos colaboradores del ex gobernador Jaime Caruana, la mano derecha en el Banco de España, un cómplice directo y material de los grandes bancos y empresas que provocaron la crisis en España. Durante su mandato, el Banco de España permitió que nuestras entidades financieras multiplicaran irresponsablemente el crédito asumiendo riesgos muy por encima de lo deseable y que disimularan sus efectos en balances distorsionando el mercado que tanto defiende en sus escritos, dejó crecer la burbuja inmobiliaria permitiendo que las tasadoras de los bancos subieran artificialmente el precio de las viviendas para así aumentar el volúmen del crédito, y no hizo nada para evitar que las entidades financieras engañaran a docenas de miles de clientes con contratos leoninos y tramposos que han costado miles de millones de euros a las familias y las pequeñas y medianas empresas españolas. Y bajo el mandato de Caruana y su colaborador ahora nombrado presidente de la AEB se permitió igualmente que la gestión bancaria en España fuese de las más caras de Europa, la más opaca, la más asimétrica y la más onerosa para los clientes. Un buen curriculum para pasar ahora a ser presidente de la patronal bancaria.

Tanto fue así, que hasta los propios inspectores del Banco de España escribieron una carta en mayo de 2006 al entonces Ministro de Economía y Hacienda en la que denunciaban la “complaciente lectura sobre la situación económica española que hace en sus última declaraciones el actual Gobernador, el señor don Jaime Caruana” (como digo, el protector del nuevo presidente de la AEB), su “falta de voluntad para adoptar las medidas necesarias para hacer posible la reconducción de la delicada situación actual”, así como la “pasiva actitud adoptada por los órganos rectores del Banco de España —con su Gobernador a la cabeza— ante el insostenible crecimiento del crédito bancario en España durante los años del mandato del señor Caruana” (la carta entera puede leerse aquí).

No se podía decir de una forma más clara y rotunda que éste último y su equipo de colaboradores en la dirección del Banco de España trabajaron simplemente para permitir que el negocio de la banca privada (dar crédito) creciera sin parar de la manera que fuese, haciendo la vista gorda ante los problemas que ello iba generando.

En cualquier país democrático solo esas denuncias hubieran bastado para que se abriese una investigación y se depurasen responsabilidades que con seguridad habrían llevado a la cárcel a quienes con esas conductas permitieron y coadyuvaron a que la economía española se hundiera solo para que bancos y grandes promotores hicieran el negocio del siglo. En España, y eso lo dice todo sobre el alcance real de nuestra democracia, el entonces gobernador fue promocionado al Fondo Monetario Internacional y uno de sus más directos colaboradores, después de ejercer nada más y nada menos que de responsable de regulación del banco central, es aupado ahora a la presidencia de la patronal de la banca privada.

Es lógico que la ésta última trate de tener a su servicio al Banco de España, como tiene también a los medios de comunicación y a una gran parte de la clase política a base de financiación privilegiada, pero lo que no se puede admitir es que eso se dé por bueno sin ningún tipo de resistencia.

El actual régimen de los bancos centrales es uno de los grandes factores de riesgo y perturbación que más afecta a las economías. Nunca han tenido más poder y autonomía y nunca ha habido más crisis financieras ni mayor inestabilidad bancaria. Y si eso es así no es solo porque en su seno se actúe con una ceguera ideológica sin par que les impide ver la realidad, como demuestran sus constantes fallos de previsión y que el tiempo siempre termine por confirmar que las medidas que proponen son erradas. El problema, además de eso, y como demuestran documentos como el mencionado de los inspectores, es la connivencia entre sus directivos y los intereses de la banca privada, una auténtica asociación de malhechores que debería ser perseguida urgentemente y castigada de una manera ejemplar si de verdad queremos salir de donde estamos y que no se vuelvan a dar problemas como los que vivimos.

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Fusiones y oligopolio bancario


Marga Sanz: "Estamos a favor de una banca pública y una agencia tributaria propias"


Diario Valencia Plaza.com. (Extracto)

La coordinadora general de Esquerra Unida y portavoz de esta formación en Les Corts, Marga Sanz, compartió mesa días atrás con la redacción de ValenciaPlaza.com para analizar la situación económica y política que vive la Comunitat así como las perspectivas que su partido tiene de cara a las elecciones autonómicas y locales de 2015. 

En este encuentro, bajo el formato de desayuno, la responsable de Esquerra Unida definió las líneas generales de su formación, especialmente en materia económica, con el horizonte puesto en las opciones de EUPV de llegar a formar parte del Gobierno tras los próximos comicios.

En este sentido, Sanz defendió la creación de una banca pública y una agencia tributaria propias, además de un instituto tecnológico valenciano que coordine y oriente a estos entes de cara a optimizar la ayuda a las pequeñas y medianas empresas.

La portavoz parlamentaria lamentó la situación de la Generalitat, que a su juicio funciona "con respiración asistida" por los préstamos del Gobierno central bajo la figura del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el plan de pago a proveedores. Además, Sanz insistió en la necesidad renegociar la deuda e imponer un impuesto a las entidades financieras. 

SISTEMA FINANCIERO Y BANCA PÚBLICA

“Lo que ha pasado no tiene calificativo. Lo que ha matado el sistema financiero valenciano es que el que ha gobernado con mayoría en el Consell lo ha utilizado para determinadas políticas.

Hemos perdido las cajas donde guardábamos desde que nacíamos nuestros ahorros o entidades como el Banco de Valencia que era un referente para los empresarios de aquí. Esquerra Unida aboga por una banca pública valenciana, un instrumento con capacidad de intervenir. No somos partidarios de dejar que el mercado lo resuelva todo porque se crea una economía del ‘sálvese quien pueda' y los que se salvan los más poderosos.

Preferiríamos que esta banca pública se creara a través de las entidades nacionalizadas. En Bankia hay dinero de los valencianos y debería estar en esta perspectiva de banca pública, porque el ente privado actúa en función de sus intereses y opera alejada de las necesidades valencianas. ¿Quién puede ayudar con una visión social al impulso del tejido productivo de las cooperativas? ¿quién puede ayudar a la modernización del textil, de la competitividad del calzado en el exterior...? Una banca pública orientada por unos intereses generales".

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domingo, 3 de noviembre de 2013

¡Gana la banca!


Guindos expresa a la banca su “malestar”con su nuevo presidente


Por Iñigo de Barrón
Diario El País, 03/11/2013.
                       
Las prisas, los errores de protocolo o una firme revindicación de lo privado han provocado un choque de trenes entre la gran banca y el Gobierno. De poder a poder y con difícil solución. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha hecho llegar a la Asociación Española de Banca (AEB) su “profundo malestar” por la elección de José María Roldán (Teruel, 1964), como candidato a la presidencia de esta organización, según fuentes del entorno del Gobierno.

Roldán fue, hasta el 27 de septiembre pasado, director general de Regulación y Estabilidad Financiera del Banco de España. El ministro no tiene ninguna objeción profesional, pero considera que “no es estético, que una persona que hasta hace tan poco tiempo ha participado en la elaboración de las normas financieras que han dado lugar a una crisis y un rescate de 40.000 millones que ha sido sufragado por la sociedad, se mantenga en altos cargos de responsabilidad en el sector”.

El 29 de octubre pasado, en un comunicado oficial de la AEB se dijo que “tras aceptar la renuncia de Miguel Martín a optar a un tercer mandato, los primeros bancos representados en el consejo general” [Santander, BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell y Bankinter] “han acordado presentar la candidatura de José María Roldán ante la Asamblea General de la Asociación que se celebrará el 3 de abril de 2014”.

La noticia cayó como una bomba en el despacho del ministro Guindos. Según fuentes del Gobierno, los dos grandes bancos no se pusieron en contacto con ningún alto cargo de Economía. No existe ninguna obligación oficial de hacerlo, pero entienden en el Ejecutivo que el presidente de la AEB debe ser un ejecutivo que esté en sintonía con el Gobierno para facilitar la obligada interlocución cuando se negocien leyes y normas, tanto en España como en la Unión Europea.

Los banqueros recuerdan que la asociación es privada y que el gobernador del Banco de España sabía la propuesta del nombramiento

Sin embargo, fuentes bancarias que piden el anonimato recuerdan que esta es una asociación privada y que la elección de Roldán cuenta con la unanimidad absoluta de los presidentes de los cinco bancos, que representan al 90% del sector. Además, comentan que se mantuvo informado al gobernador del Banco de España, Luis Linde, de todo el proceso de elección como consta en el comunicado oficial. “¿No informó Linde al Ministerio de Economía?”, se preguntan algunos con sorpresa.

Otros recuerdan que Guindos ya vetó a uno de los candidatos, José Manuel Campa, por haber sido secretario de Estado de Economía con Zapatero. “Una cosa es que se le consulte y se permita que aparte a algunos candidatos y otra muy distinta que sea el ministro el que escoja al presidente”, apunta un ejecutivo bancario que reclama el anonimato.

¿Cómo se puede deshacer este entuerto? La situación es muy compleja porque aunque el candidato no ha sido elegido formalmente, la AEB dijo que Roldán “ha manifestado su agradecimiento, interés y disponibilidad para el puesto”. Los bancos hicieron públicas las condiciones que lo avalaban como presidente. “Su gran experiencia internacional será clave para garantizar el éxito de esta asociación en un entorno de profundos cambios regulatorios, entre los que destaca la futura supervisión única europea. Además, el nuevo presidente continuará con el reto de poner en valor la gestión diferencial que las entidades que forman parte de la AEB han hecho durante la crisis, sin necesidad de ayudas públicas”.

Las entidades insisten en la valía de Roldán por su experiencia europea. “El partido se juega en Fráncfort. Todo ha cambiado y no sabemos si todos lo tienen claro”.

Ante esta tensa situación, solo caben dos posiciones: mantener a Roldán, lo que le aboca a un difícil mandato por su áspera capacidad de relación con el Gobierno o cambiar de candidato. Esta segunda opción hoy no está sobre la mesa de los bancos.

Desde el Gobierno insisten en el mal ejemplo social que supone “la puerta giratoria. Entras a trabajar al Banco de España donde tienes que mantener a raya a las entidades y sales con un puesto al servicio de ellas. ¿Por qué?”. Las críticas no solo llegan del Gobierno. También algunos ejecutivos del sector consultados apuntan que “se podría pensar que se están pagando favores anteriores con los cargos actuales, lo que podría condicionar incluso a los que ahora están en el Banco de España”. Algunos recuerdan que Martín también es de la cantera del supervisor, aunque llegó a la AEB seis años después de ser subgobernador. También está el caso de Pedro Pablo Villasante, que pasó de jefe de supervisión a secretario general de la banca. En el Gobierno insisten en que la sociedad no entenderá “que alguien que dictó una regulación laxa con la banca, con los resultados que todos conocemos, no puede seguir en puestos de responsabilidad”.

El Gobierno critica que en seis meses Roldán pase de vigilar a defender bancos

Otro asunto clave es la rapidez con la que cambiará de trabajo. Roldán, como todos los directores generales del Banco de España, solo tiene seis meses de incompatibilidad para ir al sector privado. En el Gobierno recuerdan que “cualquier director general de la Administración tiene dos años de incompatibilidad. ¿Por qué solo seis meses en el Banco de España?”. En manos del ministerio está cambiar este plazo, pero como no podría ser retroactivo, es difícil que afecte a Roldán. Los bancos solo añaden que “se está cumpliendo lo que dice la ley”.

¿Qué banco propuso a Roldán? Según las normas de la AEB, es la entidad más grande —el Santander— la que debe abrir la propuesta de nombres, que consensúa con el segundo, el BBVA, y posteriormente con el resto. En este caso, se hizo siguiendo este protocolo.

También hay quien piensa que existe una leyenda política alrededor de Roldán que lo distancia de Guindos. Fue director del Gabinete de Rodrigo Rato, cuando era ministro de Economía y Hacienda entre 1996 y 1997, y es cuñado de Manuel Pizarro, una persona considerada del círculo próximo a Francisco González, presidente del BBVA. Tanto Rato como González no parecen de la máxima cercanía al ministro. Sin embargo, ejecutivos que han trabajado con Roldán aseguran que no es un profesional que se guíe por cuestiones políticas ni afinidades personales. Y añaden que “no fue la regulación lo que hundió al sector. Sino unas alocadas cajas sin capital y con mucho ladrillo”.

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sábado, 2 de noviembre de 2013

ContrATTACando por una banca pública

Acto de ATTAC en defensa de una banca pública, celebrado el 23 de octubre de 2013 en Madrid (Vídeos). 

Intervenciones de Carlos Sánchez Mato, Juan Sotres, José Antonio García Rubio y Jordi Escuer.  

Carlos Sánchez Mato. Economista. ATTAC. Plataforma por una Banca Pública: “Estamos en una situación considerablemente peor que hace cinco años. Y lo dice el Banco de España. (…) El dinero de la ciudadanía que se ha derivado a la banca privada asciende ya a 1,4 billones de euros. (…) El problema de la banca es de solvencia, no de liquidez”. 

Juan Sotres. Exmiembro de la comisión ejecutiva de Caja Madrid por los impositores. Plataforma por una Banca Pública: “Lo que querían que fuera un tango ha terminado siendo un tongo. (…) Jaime Terceiro, Miguel Blesa, Rodrigo Rato... (…). Ha habido una dejación de los representantes de las fuerzas políticas”.   

José Antonio García Rubio. Responsable de la secretaría de Economía y Empleo de IU: “La banca es la que crea las empresas en España. Por eso su gran vinculación: 1.420 personas controlan el equivalente al 80 por ciento del PIB. (...) Ahora más que nunca, existe la necesidad de que la banca pública sea capaz de ordenar otro modelo productivo”.   

Jordi Escuer. Miembro de la presidencia regional de IU-Comunidad de Madrid. Plataforma por una Banca Pública: “Durante 15 años la dirección de IU no ha sido capaz de denunciar lo que ha pasado en Caja Madrid. (…) Y todo, para mantener a José Antonio Moral Santín como vicepresidente. (…) El rescate bancario está apuntillando las finanzas públicas para las próximas décadas”. 

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Por qué denunciamos al Santander


Por Carlos Huerga
Diario Público.es, 01/11/2013.

Los banqueros no están pasando por su mejor momento, al menos en lo que a popularidad se refiere, claro. Sin embargo, quizás haya gente que considere excesivo que un grupo de varias decenas de afectados y afectadas por la empresa financiera Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), con el apoyo de la PAH, denuncie por estafa continuada a los responsables de esta entidad, al Banco Santander y al grupo BNP Paribas.

Este grupo de afectados denuncia a estas tres entidades por un delito de estafa continuada a través de la comercialización sistemática de productos financieros tóxicos, es decir, hipotecas basura. Las familias (cerca de 40 de Madrid, Cataluña y Murcia) denunciantes piden que se abra una investigación judicial sobre estos hechos con protección específica a los denunciantes, la reparación del daño causado y la depuración de responsabilidades de quienes diseñaron y ordenaron la puesta en práctica del sistema de comercialización de productos tóxicos, entre los que destacan Emilio Botín, Patricia Botín y Alfredo Sáenz.

Para entender el por qué de esta denuncia, primero hay que comprender quién forma cada una de estas entidades y qué papel han jugado durante estos años.

La conocida como UCI es la clave de esta denuncia. Se trata de una entidad financiera cuyo objetivo es financiar la compra de viviendas. Es decir, se dedica a vender hipotecas. Según su página web “ofrece las mejores soluciones para financiar su vivienda”; también se declara “líder en la comercialización de préstamos hipotecarios”.

Esta entidad, durante los años de burbuja inmobiliaria, se ha dedicado a la concesión de hipotecas con condiciones muy por encima de las del mercado, en forma de diferenciales de tipos de interés superiores a la media, plazos más prolongados, tasaciones claramente infladas, etc. Además de esto, ha usado como práctica habitual la inclusión de clausulas abusivas en sus hipotecas, así como la presión para conseguir  firma de avales que llevan a los y las afectadas a situaciones económicas extremas.

¿Qué pintan el Banco Santander y BNP Paribas en este asunto? Muy sencillo: el Grupo Santander tiene el 50% de acciones de la financiera UCI, además de haber sido socio fundador, junto con BNP Paribas, en el año 1996.

Este hecho, como la obligatoriedad para aquellos que han adquirido una hipoteca de UCI de abrir una cuenta en el Banco Santander, dejan clara la implicación activa del Banco Santander en el negocio de UCI. De hecho, la querella presentada por los afectados pretende demostrar que UCI no ha sido más que la línea de hipotecas basura del Banco Santander, que ha estado derivando a esta entidad los préstamos de mayor riesgo debido a las precarias condiciones económicas de las personas que piden la hipoteca. De esta forma conseguían no ensuciar el nombre del “banco padre” con créditos basura (de alto riesgo).

Ahora bien, ¿por qué una denuncia penal?

Ante casos como estos, mucha gente piensa  que “nadie ha obligado a los hipotecados a firmar esas hipotecas”, o que “si no tenían dinero, que no se hubieran metido en una hipoteca”. Conviene no olvidar que, la vivienda es un derecho recogido por la constitución española. Igual que la comida o la asistencia sanitaria, es un bien de primera necesidad.  Resulta evidente que las entidades denunciadas se han aprovechado de esta necesidad, así como de la nula protección efectiva de este derecho para lucrarse, cometiendo así delitos de estafa y usura.

UCI, ha concedido hipotecas que eran auténticas estafas. Casos evidentes de gestión temeraria de riesgo financiero en perjuicio de los deudores y del orden socioeconómico del país. Por ello, la asesoría legal de las personas afectadas denunciantes consideran que se encuentran ante hechos de apariencia delictiva que pudieran ser constitutivos de estafa continuada (artículos 282 y 282 bis del vigente Código Penal).

Para hacernos una idea, el volumen de cotización de los fondos de UCI, pensemos que entre los años 1999 a 2009 alcanzó los 14.365,8 millones de euros, con un total de 133.701 hipotecas y 22.831 préstamos personales no hipotecarios. La venta de estos productos hipotecarios se realizaba a través de una compleja red de sociedades mercantiles y profesionales del ámbito inmobiliario, como la tasadora asociada a UCI (Valtecnic), y la asesoría financiera, que cumplían los planes de UCI de colocación de hipotecas tóxicas. 40 son las familias que han quedado en una situación extrema por culpa de las malas artes de UCI, Santander y BNP que se han decidido a denunciar; y probablemente aumente el número de denunciantes.

¿Para qué esta denuncia?

Porque todo esto ha ocurrido mientras que los grandes bancos obtenían grandes beneficios, incluso en plena crisis. En el tercer trimestre de 2013 el Banco Santander ganó un 77% más que el año pasadoel BBVA el 85,8%, CaixaBank un 164,5% y el Sabadell el doble. Mientras, batíamos récords de desahucios.

Nadie es intocable. Es necesario que aquellos bancos que se han lucrado estafando con la venta de hipotecas, siendo esta la única vía para que mucha gente accediera a una vivienda, sean juzgados. Es necesario porque no ha habido ningún tipo de regulación o protección a las personas afectadas por parte de las administraciones públicas. Es necesario porque la otra cara de los beneficios de la banca es la expulsión a la marginalidad social de miles de personas. Es necesario porque ellos han provocado esta crisis, y ha llegado el momento de exigir responsabilidades.

Si cualquier ciudadano tiene indicios de la comisión de un delito, tiene obligación de ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial. Por eso denunciamos a Emilio Botín, Patricia Botín y Alfredo Sáenz. Es necesario juicio, castigo y reparación.

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viernes, 1 de noviembre de 2013

Goleada


Las antiguas cajas recortan el crédito el doble que la banca, que también les quita depósitos


Por Julio Pérez
Diaro Faro de Vigo, 11/10/2013.

El crédito no está. Ni, lo que es peor, se le espera a corto plazo. La "contracción" en la financiación al tejido productivo, según el reciente diagnóstico del gobernador del Banco de España, "todavía es importante", y pese a que las "tasas negativas" son cada vez menores, el país debe "purgar" una "enorme burbuja inmobiliaria". Luis María Linde insistía en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso que el sector privado necesita seguir con el desapalancamiento. Eso, y "la desfavorable evolución de las rentas" -o, lo que es lo mismo, la relevante caída de los ingresos en los hogares- provoca que el camino hacia la "estabilidad" sea largo y que el supervisor y el sistema financiero coincidan en advertir que si el grifo permanece cerrado es porque falta "demanda solvente". Ninguna de las principales entidades españolas es una excepción en esa evolución negativísima de los préstamos concedidos, que, por mucho que se achaque al temor a la morosidad, no puede desligarse de la reestructuración financiera, a la vista de que son las antiguas cajas, protagonistas del ajuste histórico, las que concentran el mayor peso del descenso en la inversión crediticia. El doble que la banca convencional en el último año.

El volumen de crédito a la clientela en las antes llamadas entidades de ahorro acabó agosto en 592.682 millones de euros, un 19,7% menos que un año antes -exactamente, 145.700 millones-, cuando se superaban los 738.300. En la diferencia tiene mucho que ver la segregación del lastre inmobiliario a la Sareb, que absorbió, a precio de transferencia, unos 50.500 millones de euros en activos, la inmensa mayoría de las excajas. Por eso también son las nacionalizadas -que, además, tienen orden de aligerar el peso de los créditos en su balance a cambio del rescate europeo- y los grupos con ayudas públicas los que registran los descensos más destacados.

Hasta un 42% en Banco Mare Nostrum, por las consecuenciass tanto del banco malo como de la venta a Sabadell de su red en Cataluña, heredada de Penedés. La caída en Novagalicia, según se desprende de las estadísticas publicadas ayer por la patronal CECA, alcanza el 34% respecto a agosto del ejercicio anterior. Unos 14.400 millones de euros en números absolutos, que la entidad matiza, más allá de lo traspasado a la Sareb, con su estrategia, también marcada desde Bruselas, para centrarse en su territorio natural y salir de préstamos y sectores de riesgo. De hecho, en NCG sostienen que en el primer semestre de este año concedieron 2.159 millones de euros en nuevos créditos para familias, pymes y autónomos, con el alza incluso de dos puntos en su cuota de mercado en la comunidad. En CatalunyaBanc, que le seguirá en la subasta, la tijera en el capítulo asciende al 33,3%; y un 24,9% en la tercera nacionalizada, Bankia.

El recorte anual en la financiación entre los bancos tradicionales se situó en el 11,1%, según los datos de su organización, la AEB. Son 94.289 millones de euros menos, una caída del 11,1%. El efecto Sareb en esta parte del sector es muy residual, con la intervención solo en los pequeños Banco Gallego y Banco de Valencia, aunque lo que sí se nota mucho entre ellos es el impacto de las operaciones corporativas de los últimos meses. Santander, con un 15,6% menos de préstamos, integró sus filiales Banesto y Banif. BBVA, en el que la inversión crediticia cae un 11,1%, absorbió Unnim. Sabadell -que sumó a CAM y parte de la red de BMN- experimenta un descenso del 2,8%, el porcentaje más bajo en todo el sector, junto con el Popular, del 2,8%.

Absorciones y dudas

Los movimientos corporativos explican a la vez lo que está ocurriendo en la otra partida de referencia en el negocio. Por la incorporación de entidades compradas o adjudicadas en pujas del FROB y por la sombra de dudas que arreció durante mucho tiempo a las antiguas cajas, los bancos consiguen sacar tajada en los depósitos, que crecen en su caso desde agosto de 2012 un 11,9%. En más de 74.700 millones de euros. Las entidades agrupadas bajo CECA, en cambio, sufren un descenso de alrededor de 3.300 millones de euros, un 0,54%.

La peor parte está de nuevo en las que son propiedad del FROB. Aunque con muchas diferencias. La disminución en Bankia fue del 4,4%. CatalunyaBanc se anota una llamativa alza del 16,6%. Y NCG redujo el capítulo un 15,1%, sobre todo, según sus propias explicaciones, por el descenso mayorista. De los más de 6.300 millones de caída en lo que va de 2013, hay 5.939 millones ligados en la operativa de los mercados y que el ahorro minorista está estabilizado. Mayo y junio fueron meses de crecimiento, de ligeros descensos en julio (-0,3%) y agosto (-0,49%), aunque el detalle en concreto de los depósitos a plazo de familias y empresas en este último mes aumentaron un 0,1%. Caixabank (1,9%) y Unicaja (8,8%) rompen con la regla general en las viejas cajas.

La pérdida de depósitos en los bancos, en cambio, es una excepción. En Barclays (8,1%) y el Gallego (0,4%). El resto acumula importantes subidas, de hasta un 23% en el Popular; un 21,4% en Sabadell; un 16,6% en Santander; y un 7,6% en BBVA.

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