Por Carlos Sánchez Mato y Jordi
Escuer
Rebelión, 10/02/2014.
Los grupos parlamentarios de
Izquierda Unida y del PSOE en el Parlamento de Andalucía están trabajando en el
anteproyecto de ley de banca pública que esta comunidad autónoma pretende
desarrollar en la segunda parte de esta legislatura. Hay que felicitar a IU,
promotora de la iniciativa, por poner sobre la mesa la necesidad de la banca
pública. Es fundamental que esta fuerza política, la única que hoy puede hacerlo,
aproveche su posición institucional para defender una alternativa que vaya al
fondo del problema y promueva entre la clase trabajadora y la mayoría de la
sociedad, la necesidad de poner el sector financiero en manos públicas,
garantizando una gestión pública, democrática y guiada por el interés social de
los ahorros de toda la sociedad. Sin embargo, más allá de las buenas
intenciones de sus defensores, lo que no podemos permitirnos es poner en marcha
una iniciativa que pueda suponer de facto el abandono de la defensa de esta
propuesta, y, aún menos, que pueda llevar a la frustración y al desprestigio de
la misma.
El objetivo declarado por estos
grupos parlamentarios y por personas que han participado en la redacción de un
documento, es la creación de una banca pública que apoye a pequeñas y medianas
empresas, cooperativas y familias a las que el expolio de las cajas de ahorro
andaluzas ha dejado huérfanas a la hora de acceder a la financiación de
actividades productivas. IU ha manifestado que además, aspira a que dicho banco
tenga depósitos de clientes y actúe como un banco más, mientras que el PSOE ha
dejado claro que, al menos en una primera fase, sólo quiere un banco de
inversión [2], es decir, que actúe como prestamista para empresas, en línea con
lo aprobado en la Conferencia estatal, que celebró el año pasado [3]. Pero
incluso IU, en su propio informe, acepta que la prioridad sería actuar como
banco de inversión para ayudar a recuperar la actividad productiva [4].
No ha sido la única iniciativa que
se ha iniciado en los últimos meses ya que en el mes de octubre de 2013 el
parlamento de Cataluña dio los primeros pasos para convertir al Instituto
Catalán de Finanzas (ICF) en un banco público con su correspondiente ficha
bancaria que le permitiera acceder a mercados de capitales internacionales e,
incluso, a las subastas de liquidez del Banco Central Europeo [5]. Aunque ambas
iniciativas tienen orígenes claramente diferenciados, comparten básicamente los
elementos de insuficiencia a la hora de abordar el reto que tenemos por
delante.
Una gota en el mar financiero
El problema de partida es la
hipertrofia del sector financiero, su enorme tamaño, que ha agudizado el
problema del endeudamiento excesivo de los agentes económicos. Sin las inmensas
cantidades de dinero público puestas a su disposición, la inmensa mayoría de
las entidades bancarias estarían en quiebra [6]. La pretendida auto-regulación
de los mercados financieros ha generado burbujas especulativas que, como en el
caso español, han concentrado las inversiones de capital en sectores como el
inmobiliario, las grandes infraestructuras y la internacionalización de las
grandes compañías, con una deficiente asignación de recursos en otros ámbitos. Se
impone una decidida actuación que evite en el futuro estos desequilibrios ya
que los pequeños parches no van a resolver el problema grave al que nos
enfrentamos.
Pero abordar el problema de la
banca pública excede la capacidad financiera y normativa que tienen las
comunidades autónomas en el Estado español. Cuando IUCA-LV afirma que “ una
banca pública andaluza permitiría que los ahorros, ingresos y recursos
públicos de los ciudadanos puedan ser destinados al interés general de la
mayoría social y no al interés individual de una minoría que busca su propio
interés privado” [7], debemos tener muy claro que la propuesta que se nos hace
no implica poner los ahorros de Andalucía al servicio del interés general. El
proyecto que se ha debatido en fase preliminar en Andalucía, supondría crear
una entidad de crédito con un tamaño 50 veces inferior a Unicaja. En este tema,
el tamaño importa y mucho, y la capacidad de incidir en la economía real
dependerá del alcance de la entidad creada y el volumen de fondos que pueda
movilizar.
El Presupuesto de 2014 que el
Parlamento de Andalucía ha aprobado no recoge ninguna partida presupuestaria
para poner en marcha el Instituto de Crédito Público andaluz. Lo que sí está
contemplado en el documento de propuestas elaborado por el grupo parlamentario
de IULV-CA es la remisión al Parlamento, entre febrero y junio de 2014, de un
proyecto de Ley que incluya los futuros estatutos de la entidad para su
tramitación urgente, de forma que pueda ser aprobado entre septiembre y
diciembre de este año. Como mucho se puede esperar que se incluya una partida
de 3,6 millones de euros “correspondiente al desembolso inicial del capital
social” previsto en la normativa, y una provisión de 400.000 euros dedicada a
“la definición de los primeros productos y procedimientos y el diseño del sistema
de control interno”. En todo caso, estaríamos hablando de 2015 para poner en
marcha este Instituto de Crédito Público, que no de depósitos. Mientras, el
actual organismo de la Junta que está haciendo este papel, la Agencia IDEA, le
traspasaría los fondos reembolsables que está gestionando. En 2014, IDEA tiene
un presupuesto de unos 600 millones de euros, incluidos los fondos europeos que
gestiona.
Por tanto, no habría un
crecimiento sustancial con el nuevo Banco público andaluz sobre los recursos que
ahora gestiona la Agencia IDEA.
Para que el Instituto de Crédito
Público andaluz pudiera abordar el siguiente paso, es decir, captar depósitos,
habría que esperar al menos a 2016, según la posición de IU. Pero no podemos
perder de vista que el PSOE considera que ese objetivo sólo a medio y largo
plazo, condicionado a la evolución de dicha entidad y con el fin de crear un
banco público que complemente y colabore con la banca privada [8]. De hecho,
una medida que mostraría una voluntad política inmediata de caminar hacia la
banca de depósitos sería la obtención de una ficha bancaria para operar, pero
el Grupo Socialista tampoco tiene prisa al respecto [9].
La propuesta IUCA-LV
Entrando en la propuesta de IU,
que es la que presiona en la dirección de crear un banco público de carácter
universal, es decir, que capte depósitos de los ahorradores, ésta cifra el
capital social que debería desembolsar la Junta en torno a 200 millones de
euros. Estamos hablando de una cantidad que supone el 0’67% del presupuesto
andaluz para 2014 o el 0,14% del PIB regional. Con esa cantidad no es posible
crear un embrión transformador de banca.
El planteamiento que hace IU es
que se “inicien negociaciones bilaterales con el Gobierno de España para la
aportación del FROB de 1.500 millones de euros a la financiación de la entidad
explorando diversas formas para su materialización como bonos convertibles
contingentes o aval a una emisión de títulos” [10]. Es decir, la obtención de
recursos para poder hacer operaciones de préstamo, que sería objetivo de este
Instituto de Crédito, quedaría circunscrita al capital social de la Junta (200
millones de euros) más una emisión de deuda suscrita por el FROB (1.500
millones de euros). Es decir, la capacidad máxima de préstamo estaría en torno
a 1.500 millones de euros con las mínimas reservas de fondos regulatorios y de
puesta en marcha que queramos considerar, no llegaría a ser más que el 0,03%
del sistema financiero español.
Hemos de tener presente que una
propuesta de banca pública de esas características no supondría ningún cambio
en las condiciones de vida los trabajadores y sus familias, y corremos el
riesgo de propiciar la sensación de que se ha puesto en marcha nueva
institución inútil, que detrae recursos en un momento en que se está recortando
en todos los capítulos sociales.
Para captar recursos en forma de
depósitos y “garantizar el crédito a pymes y microempresas para relanzar la
economía” en Andalucía sería imprescindible una considerable inversión en red
de oficinas que no se contempla. Aunque en el desarrollo legislativo se
modificara esa premisa, no podemos soslayar lo absurdo que resultaría detraer
fondos públicos para generar algo que existe, al mismo tiempo que se reducen
los presupuestos en educación, sanidad o gasto social. Seguramente un proyecto
de este tipo suscitaría un rechazo social generalizado.
Como decíamos anteriormente, esas
redes, infraestructuras, tecnología y personal no es necesario crearlas porque
ya existen. Están en manos del Estado aunque, desgraciadamente no existe
voluntad política de convertirlas en el embrión de una auténtica banca pública
controlada socialmente. ¿Para qué vale lanzar una idea de "banca
pública" a nivel local o autonómico si la capacidad normativa y los fondos
(FROB) los tiene el Estado? En el caso de que fuera posible obtener un acuerdo
con la administración central, lo óptimo sería que, en primera instancia se
paralizara la privatización de parte de la banca que sí es pública y universal
y que tiene un tamaño actualmente de 300 veces lo que se quiere crear.
Una Banca Pública no puede ser
únicamente un instrumento de inversión, una herramienta de apoyo al sector
privado similar a organismos e instrumentos que han tenido y tienen las
comunidades autónomas [11]. El nuevo banco público no tendría capacidad de
prestar si no capta depósitos de los ciudadanos. No tiene sentido por lo tanto,
una banca específica sin una visión generalista porque no tendría ni tamaño
suficiente, ni solucionaría el riesgo sistémico de las entidades privadas que
los ciudadanos seguiríamos sosteniendo.
No parece lógico que
contribuyamos a poner en marcha una herramienta al servicio de intereses
empresariales privados gestionada desde el ámbito público. La experiencia nos
dice que este tipo de instrumentos acaban siendo una fuente de financiación de
las grandes empresas, las únicas con capacidad de inversión para “cambiar el
modelo productivo”, uno objetivo al que se ha apuntado el propio PSOE. Este
proyecto de Banco Público andaluz implicará pedir prestado al FROB a un tipo de
interés muy superior del que reciben los bancos privados que están recurriendo
al BCE.
Ni tampoco esta medida resolvería
el riesgo para la sociedad del resto de la banca, que seguiría teniendo
"secuestrado" el ahorro y seguiría absorbiendo enormes cantidades de
dinero público en todo tipo de ayudas.
La banca debe ser un servicio
público
Y aquí está el debate esencial
desde nuestro punto de vista: ¿debe ser pública o privada la gestión del ahorro
de la sociedad? Es fácil comprender que la sanidad, el agua o la energía, entre
otros sectores, no pueden dejarse en manos privadas porque eso implica que su
gestión no se guiará nunca por el interés general, sino por el máximo beneficio
privado. La experiencia nos ha enseñado que lo público funciona mejor que lo
privado, es mejor socialmente y, además, más barato. Y el mejor ejemplo lo
tenemos en la Sanidad: la española es mucho más barata y eficaz que la
norteamericana que es privada. Y el caso del Canal de Isabel II en Madrid,
también nos demuestra como la gestión pública del agua es mejor, más barata y
da beneficios. Y eso que tanto el Canal como la Sanidad pública han sido
gestionados por representantes de partidos empeñados en privatizarlos, que sólo
ha sido compensada, en la medida de lo posible, por los enormes esfuerzos de la
mayoría de sus trabajadores. Imaginémonos lo que podría suponer una gestión con
vocación real de servicio público, democrática y transparente.
Igualmente sucede con el sistema
financiero, que es un servicio esencial para la economía y la sociedad. Esta
crisis nos ha enseñado en nuestras propias carnes lo que supone su gestión
privada, un desastre social que está exigiendo enormes ayudas públicas para
evitar su quiebra. Un esfuerzo económico que está suponiendo esquilmar el
erario público y recortes sociales y laborales, pero que no evitará nuevas
crisis porque las ayudas están dirigidas a salvar a los bancos privados y
transformar en entidades privadas, los que antes eran semi públicos, las cajas
de ahorros.
Desde la Banca privada, y desde
el PP, se ha difundido hasta la saciedad que el problema del sector financiero
estaba en las cajas, que han sido mal gestionadas por los políticos. Y es
cierto que, en general, han sido muy mal gestionadas. Pero no sustancialmente
peor que los bancos privados: en todos ellos se ha especulado, se ha favorecido
a las grandes empresas, y en todos ellos se han pagado salarios millonarios. El
problema es que las cajas actuaron como bancos. La búsqueda del máximo
beneficio es consustancial en una economía de mercado, en una economía
capitalista. En la medida que las Cajas actuaban en un mercado financiero
privado, actuaban igual que el resto de entidades bancarias. En las propias
consideraciones de IU, en el Informe del Grupo de Trabajo, se reconoce: “La
lógica imperante se impuso en todas las entidades financieras de nuestro país
de forma obligada ya que aquella entidad que obtuviera menores rendimientos
para sus accionistas y para los mercados quedaría expulsada” [12]. Y, el hecho,
es que mientras el conjunto de la economía crece, siguiendo los ciclos
habituales del capitalismo, esa forma de actuar es extraordinariamente
rentable: cuanto más crédito se da, mayores ganancias, que a su vez estimulan
más el crecimiento. Como los bancos, las Cajas tuvieron unos enormes ingresos
durante esos años, una parte de los cuales emplearon en Obra Social, pero la
mayoría de los mismos fue a parar a financiar grandes empresas y el auge del
ladrillo, también igual que los bancos.
La idea de una banca pública
complementaria de la privada, que compense las carencias del mercado y propicie
la competencia, tal y como propone el PSOE en sus consideraciones en el
Informe, es un camino que conduce a una nueva repetición de los errores de las
Cajas. En este caso, como hablamos de una institución bancaria extremadamente
pequeña, no llegaría ni a eso.
El sistema bancario contemporáneo
es un auténtico mentís a todos los cínicos que hablan del “libre mercado”,
puesto que el negocio consiste en que los beneficios son privados mientras hay
auge, y cuando vienen las crisis, las pérdidas se pagan con dinero público. Por
tanto, no se trata de arreglar el sistema, de gestionarlo mejor, sino de
aprovechar la crisis para cambiar de sistema.
Por eso, es conveniente
aprovechar todos los foros a nuestro alcance para defender y argumentar la
necesidad de que las principales entidades financieras sean públicas. Y el
Parlamento andaluz sería un altavoz de muchísima importancia. Al Estado le
bastaría con hacer valer la enorme cantidad de fondos públicos que tiene
comprometidos (préstamos y avales incluidos) en el salvamento de las entidades
financieras. Cualquiera puede entender que si dependen del respaldo público
para poder funcionar, lo razonable es que sean públicos.
Desde ese punto de vista, la
propuesta de la banca pública es crucial para que se pueda poner en marcha una
política alternativa real. Pero la titularidad pública de las acciones de los
bancos no es suficiente para que tengamos una Banca Pública de verdad. ¿Acaso
alguien ha notado que el 20% del sector ha sido nacionalizado?
Para que eso ocurra, la gestión
de los ahorros de la sociedad depositados en las entidades bancarias debe estar
dirigida a la atención de las necesidades sociales, el desarrollo de unos
servicios públicos de calidad y suficientes, y la erradicación del desempleo.
Una banca pública fuerte permitiría impulsar otra política económica centrada
en la creación de una estructura económica sostenible a medio plazo, con ramas
empresariales e industriales tradicionales y nuevas, que permita erradicar el
paro estructural y los desequilibrios territoriales, junto con la dependencia
del monocultivo del turismo y la construcción.
Una verdadera banca pública
financiada fundamentalmente con los ahorros, tendrá que ser controlada
democráticamente y tener como objetivo la finalidad social. Debe conllevar la
más absoluta transparencia en sus políticas y debe estar caracterizada por el
rendimiento público y transparente de sus cuentas anuales en un lenguaje
asequible para el conjunto de la ciudadanía. Eso implica definir un modelo de
gestión distinto al visto en las cajas de ahorro que tenga en cuenta criterios
sociales y de financiación de la economía productiva eficaces. Solo así podrá
ponerse en marcha un plan estratégico de salida social a la crisis,
redimensionando el sistema financiero hasta cotas que no amenacen a los
ciudadanos como hasta ahora.
Nuestra propuesta sobre el debate
en Andalucía
En consecuencia, no compartimos
el proyecto en los términos en los que se plantea ahora, pero creemos que sería
posible transformarlo durante su tramitación parlamentaria en el sentido en el
que acabamos de exponer. La primera medida que el Gobierno andaluz debería
plantear en el proyecto de Ley para la creación de un Banco público sería
negociar con el Gobierno central la consolidación como banca pública integrada
de todas las entidades nacionalizadas por el Estado, de tal forma que la
gestión de la misma en Andalucía pase a ser dirigida democráticamente por la
Junta, transformándose en un pilar central de la política económica en todo el
territorio, priorizando el desarrollo económico y social.
Además, debería aprovecharse la
tramitación de la ley para exponer la necesidad de que todas las cajas de
ahorros y sus bancos participados sean nacionalizadas y se incorporen a esa
banca pública. Y de que todas las ayudas públicas al resto de bancos privados
den pie a la entrada de representantes públicos en sus consejos de
administración. Y, finalmente, plantear la necesidad de una auditoría pública y
fidedigna de cual es la situación financiera real de dichas entidades y que se
saneen prioritariamente a costa de sus accionistas y acreedores, y no del
erario público.
Evidentemente no podemos esperar
que semejante medida cuente con el apoyo del PP, pero tampoco es probable que
brinde fondos del FROB para dicha iniciativa. Sin embargo, si debería ponerse
sobre la mesa un acuerdo entre el PSOE e IU de aplicar esa medida en caso de
que gane las generales sí debe ser puesto sobre la mesa, puesto que en menos de
dos años va a haber elecciones generales y el PP podría perder la mayoría
absoluta. Algo a lo que, sin duda, contribuiría la defensa de una alternativa
real en el terreno económico, con medidas como ésta.
Esa sería la única forma de
conformar una banca pública en Andalucía, realmente capaz de jugar un papel
útil para empezar a poner una parte significativa de los ahorros de la sociedad
bajo control público y al servicio de políticas de desarrollo económico y social.
Cuando menos, y sería mérito de la fuerza que lo defienda, popularizar una
alternativa real en el terreno financiero.
Nuestra propuesta implicaría la
posibilidad real de que todas las viviendas y suelo de esta entidad —y del
SAREB—, en Andalucía, pasasen a engrosar el parque público de vivienda.
Permitiría poner en marcha la dación en pago con carácter retroactivo y detener
la política de desahucios de antemano, tomando medidas que permitan a las
familias trabajadoras seguir viviendo en su casa.
Por supuesto, la tramitación de
esta ley debería ir acompañada de una propuesta moratoria en el pago de la
deuda de la Junta de Andalucía y una reforma fiscal que aumentara los impuestos
a las grandes empresas y rentas más altas, en la medida que lo permite sus
competencias. La moratoria, combinada con la reforma fiscal, permitiría
disponer de unos recursos suficientes a corto plazo para evitar recortes e,
incluso, aumentar el gasto social, mientras se ponía en marcha una auditoría
pública de dicha deuda y se establecía una quita forzosa de la misma. Esta
medida debería ponerla IU sobre la mesa de forma inmediata, pues continuar con
el pago de la deuda actual conlleva la continuación de los recortes sociales.
Es necesario demostrar que no es inevitable elegir entre recortes mayores o
menores, que hay otra política distinta a la del “mal menor”, que hay
alternativa.
En definitiva, se trata de poner sobre la mesa medidas audaces, acordes
con la gravedad de la situación social y económica que vivimos. No podemos pretender
arreglar el capitalismo, sino que hemos de explicar la necesidad de superarlo,
pues en él está la raíz de nuestros problemas. Cada medida parcial que
planteemos, cobrará fuerza si somos capaces de ponerla en esa perspectiva
transformadora.
Notas
[1] Carlos Sánchez Mato es presidente de ATTAC
Madrid, y Jordi Escuer es miembro de la Presidencia Regional de IU-Comunidad de
Madrid.
[2] “El citado Ente deberá evolucionar para
convertirse en una banca pública especializada de apoyo al tejido productivo,
con una intervención en la economía de carácter
anticíclico”,consideraciones del PSOE página 76, INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO
9-12/CC-000007, CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR Y FORMALIZAR LA CREACIÓN DE UN
INSTITUTO PÚBLICO DE CRÉDITO ANDALUZ.
[3] En la Conferencia celebrada el mes de noviembre del
año pasado, dentro de las 130 medidas que se aprobaron, se plantea: “Crear una
Banca Pública de Inversión mediante la transformación del ICO y otras
entidades existentes, con capacidad y medios adecuados para facilitar líneas
de crédito destinadas a la financiación de circulante, inversión y procesos
de crecimiento e internacionalización de las empresas españolas”.
[4] “…Existe un acuerdo generalizado (que se
desprende de las distintas comparecencias) de que la necesidad más urgente es
la de conceder crédito a la economía social, pymes y autónomos, incluso
antes que al sector público o las familias; pues se entiende que es
prioritaria la recuperación de la actividad productiva”, consideraciones
iniciales de IUCA-LV, dentro del informe del Grupo de Trabajo, página 31.
[5] La ventanilla del BCE no es ninguna panacea para
la financiación de una entidad bancaria si no se controlan los ahorros de la
ciudadanía. Para acceder a las facilidades de crédito que otorga el BCE hay que
poner como garantía activos colaterales. Las entidades bancarias privadas están
utilizando títulos de deuda pública y carteras de crédito previamente
otorgados. Es decir, concede la capacidad a los bancos de “hacer líquidos” los
activos que posee. Una entidad de nueva creación no tendría ninguna ventaja por
el hecho de tener la capacidad de acudir a las subastas del BCE ya que no
tendría ni títulos de deuda ni carteras de créditos para poner como colateral.
Para eso previamente tendría que contar con capital para iniciar la actividad.
[6] No es solo el enorme rescate proporcionado a las
entidades bancarias nacionalizadas. Sin los avales, garantías y préstamos
concedidos al conjunto del sistema, éste habría quebrado. Entre ayudas en
capital y medidas para facilitar la liquidez de las entidades, el sector
público ha entregado 1,3 billones de euros (Diciembre 2013).
[7] Página 21 de las consideraciones de IUCA-LV, en
el Informe del Grupo de Trabajo.
[8] “ El Grupo Parlamentario Socialista” plantea
“una tercera alternativa consistente en un modelo de carácter evolutivo que
partiendo de una Instituto de Crédito Público, se encamine en su diseño,
modelo de gestión, recursos, sistemas, etc. hacia un Banco Público que complemente
a la Banca Privada y que lo haga con los recursos, la experiencia, madurez y el
prestigio suficientes como para adquirir el necesario peso en el sistema
financiero andaluz. Si se consigue ese resultado, la Institución podría
llegar a emitir deuda sin necesidad del aval de la Junta de Andalucía y por
tanto sin afectar a su endeudamiento, gozando de condiciones financieras
propias”. Página 70, del Informe del Grupo de Trabajo.
[9] “Los requerimientos tanto de tamaño crítico
como de un necesario periodo de maduración, hacen que en un primer momento no
sea un elemento esencial la disponibilidad de una ficha bancaria. No obstante
en el medio plazo si sería un elemento muy importante para acceder al ahorro,
mediante la constitución de depósitos y también para tener acceso a la
financiación del Banco Central Europeo”. Informe del Grupo de Trabajo, página
69.
[10] Informe del Grupo de Trabajo, páginas 52 y 53.
[11] Ese tipo de banca pública ha existido y existe.
Además del ICO, han proliferado sociedades de desarrollo industrial, algunas
dependientes de SEPI y otras de las comunidades autónomas. Prestan o participan
en el capital de pequeñas o medianas empresas (aunque también lo hacen en
proyectos estratégicos de mayor tamaño) ligando su inversión a la creación de
empleo.
[12] Página 12.
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