sábado, 23 de marzo de 2013
viernes, 22 de marzo de 2013
Rehn: “El cuello de botella de España es el crédito caro y escaso”
Por Íñigo de Barrón
Diario El
País, 28/1/12013. (Extracto).
Madrid fue el lunes una plaza muy
europea. Y otra vez se volvió a hablar de bancos, crédito y rescate. La
coincidencia de la llegada de los inspectores de la troika —Comisión Europea,
Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)— para
revisar si España cumple las condiciones del rescate (mientras se espera la
llegada de los 1.865 millones de la segunda parte de las ayudas
financieras), y la visita de Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión y
responsable de Asuntos Económicos, acapararon la agenda política del día.
Quizá imbuido por este ambiente
financiero, Rehn destacó ante los periodistas: “Para el crecimiento de la
economía española es esencial el acceso de las pymes a la financiación, sobre
todo las exportadoras, que son las que están creciendo. Pero el cuello de
botella de España es que el crédito es excesivamente restrictivo y a un precio
elevado, lo que hace que sea de escasa disponibilidad”. El comisario de
Bruselas reclamó reformas para “complementar” esta situación.
“No se ayuda al sistema
financiero para rescatar a los banqueros sino para impulsar el crédito”,
repitió en varias ocasiones durante su comparecencia en el Ministerio de
Economía, donde compareció junto con Luis de Guindos. Este coincidió en que el
gran objetivo de la reforma bancaria es “la disponibilidad de crédito. No para
el sector promotor y constructor, sino para otros que tienen niveles bajos de
crédito, como pymes y familias”.
<http://economia.elpais.com/economia/2013/01/28/actualidad/1359395170_763761.html>
jueves, 21 de marzo de 2013
El derecho a la vivienda es posible
Comunicado de la Plataforma
por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro y por una Banca Pública
Han hecho falta la expulsión de cientos de miles de familias de sus
hogares, desde que empezó la crisis, para que el Gobierno decrete una moratoria
de dos años en los desahucios. La medida es resultado exclusivo de la gravedad
de la situación y de la lucha ejemplar de muchas personas, afectadas e
indignadas por lo que está sucediendo, con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas
(PAH) a la cabeza, que demuestran que la lucha merece la pena aunque se esté
lejos de haber solucionado el problema. Pero debemos denunciar que no es una
solución sino un parche mínimo que no resuelve el problema de fondo, pues
seguirá habiendo miles de desahucios y miles de familias atrapadas por deudas
impagables y sin derecho a una vivienda digna. Nuestra Plataforma quiere
manifestar su condolencia a los familiares de los fallecidos y sumarse al gran
número de movilizaciones y protestas expresadas desde muchos sectores de la
sociedad.
En realidad, el Gobierno está aplicando la medida que la propia banca
anunció hace unos días. Y no nos sorprende, pues el PP es el representante
directo de la propia banca y de las grandes empresas, no en balde su ministro
de Economía proviene de los consejos de administración de las entidades
financieras.
Por su parte, la actual dirección socialista demostró
durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero que carece de una alternativa real
porque defiende una política económica muy similar, y que ahora les ata de pies
y manos a la hora de plantear medidas efectivas para resolver los problemas que
hay planteados. En este tema, como en los demás, el PSOE va a tener que elegir:
o con los banqueros o con los desahuciados.
El derecho a la vivienda, a pesar de estar recogido en la Constitución,
nunca se ha cumplido. Siempre se la ha considerado una mercancía, un negocio;
nunca un bien de primera necesidad y un derecho. Antes de la crisis, muchas
personas no podían acceder a una vivienda y otras sólo podían hacerlo
comprándolas a unos precios muy por encima de su valor real, lo que les obligó
a contraer unas deudas enormes. Con esas operaciones, constructoras,
inmobiliarias y, en última instancia, las entidades bancarias, ganaron enormes
sumas de dinero.
La crisis ha puesto sobre la mesa que las viviendas no valían lo que
nos pedían por ellas, pero quieren exprimirnos hasta la última gota. Cuando
empezó la crisis, todas esas deudas se convirtieron en una auténtica trampa
para cientos de miles de familias, que han tenido que hacer enormes sacrificios
para seguir pagando su hipoteca o se han visto abocadas a perder sus casas. Y,
en muchas ocasiones, no sólo pierden su hogar, sino que arrastran una deuda que
lastrará el resto de sus vidas.
Sin embargo, mientras a las familias se las desahucia, el Estado y el
Banco Central Europeo han puesto a disposición de las entidades bancarias
cientos de miles de millones de euros. El Estado está avalando a las entidades
financieras, les presta dinero, les inyecta capital y, finalmente, va a
comprarles las viviendas y suelos que no pueden vender a un precio suficiente
para recuperar sus pérdidas. Precisamente el mismo Consejo de Ministros que ha
aprobado esas escasas medidas contra los desahucios, ha dado luz verde a la
creación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como banco malo, que se
encargará de comprar los activos inmobiliarios de los bancos con dinero
público.
El resultado es que el Estado se hace cargo de la deuda privada
incobrable de los bancos, aumentando la deuda pública, y haciendo más recortes
en el gasto social. No es ninguna casualidad que el plan de rescate al sistema
financiero español venga vinculado a medidas de “reforma”, que, en realidad,
son ajustes y recortes en los servicios públicos y en los derechos sociales.
Quienes defienden esta política económica, jamás podrán resolver el
problema de los desahucios dado que son los primeros responsables, porque están
gobernando en beneficio de los grandes accionistas de las entidades
financieras, y no de la mayoría de la sociedad. Cientos de miles de familias
carecen de vivienda, no porque la sociedad carezca de ellas, sino porque se
tratan como una mercancía más que se utilizan para hacer negocio. Hay millones
de viviendas vacías, y buena parte de ellas son propiedad de los bancos.
Medidas y reivindicaciones de la Plataforma
Ante esta situación, conscientes de la necesidad de tomar medidas
urgentes y no meras reformas cosméticas que no solucionen el problema de fondo,
la Plataforma por la Nacionalización de
las Cajas de Ahorros y por una Banca Pública reclama que:
a) Todas las viviendas propiedad de los bancos y de las antiguas cajas, que reúnan las condiciones adecuadas, deben
incorporarse a un parque público de viviendas en régimen de alquiler, lo
que permitiría tomar medidas rápidas para atender a las familias desahuciadas.
Las enormes sumas de dinero público destinadas a los bancos bastarían para
justificar esa medida.
b) Ninguna familia debe ser desahuciada por carecer de recursos para hacer frente a
su hipoteca, sino que, en última instancia, se le debe de aplicar la dación en
pago e incorporar su vivienda al parque público y que pueda seguir viviendo en
ella con un alquiler al que pueda hacer frente.
c) Debe aplicarse la dación en pago con carácter
retroactivo a todas aquellas personas que han sido desahuciadas.
Estas medidas colisionan con los intereses de los grandes accionistas
de las entidades bancarias y sus representantes políticos. Los banqueros ya han
alertado sobre el riesgo de cambiar “las garantías crediticias”, pues muchas de
las hipotecas ya han sido vendidas a terceros en el mercado, y el gobierno no
tiene ninguna intención de tomar medidas que les perjudiquen; por el contrario,
les va a hacer una nueva entrega de dinero público.
Esta situación, con una banca pública controlada democráticamente jamás
se hubiera producido. Es imprescindible unir las anteriores reivindicaciones a
las siguientes:
- Nacionalizar de forma integral y definitiva todas las cajas de
ahorros y sus bancos participados, a fin de convertirlos en el pilar
central de una banca pública. Todas las ayudas públicas que puedan necesitar
el resto de entidades bancarias (incluidos los préstamos del BCE) se
transformarán en acciones públicas, con entrada de representantes públicos
en los consejos de administración de las mismas.
- No se transferirá ni un solo euro público más a ninguna entidad hasta
que se complete una auditoría pública y transparente de las cuentas de
todas las entidades financieras españolas que permita establecer un plan de
saneamiento efectivo.
- Hasta que no esté terminada la auditoría se decretará una moratoria
en el pago de la deuda pública, la cual también tendrá que ser sometida a
una auditoría por el mismo procedimiento y con los mismos criterios que la
realizada a las entidades financieras.
- Los primeros en asumir las consecuencias de su situación deben ser los
accionistas. Los siguientes, los acreedores. A partir de la
información suministrada por la auditoría se establecerá qué deuda devolver y
qué deuda se considera ilegítima y, por tanto, no se devolverá, forzando una quita
de la misma. La devolución del resto se reestructurará de forma que no
impida el desarrollo de la sociedad. Sólo después de dar los anteriores pasos,
se inyectará dinero público a fin de garantizar los depósitos de los
impositores.
Disponible en: <
http://bancapublica.info/el-derecho-la-vivienda-es-posible>
miércoles, 20 de marzo de 2013
Los desahuciados sufren estrés postraumático, según un estudio
Diario Público.es, 19/3/2013.
Los afectados por un proceso de
desahucio sufren un colapso emocional y desarrollan estrés postraumático.
"En esta situación, los afectados son incapaces de tomar decisiones y
de encontrar salidas a su situación, lo que agrava más la crisis", ha
explicado el profesor de ESADE y director del estudio, Juan Ramis-Pujol, quien
ha destacado que la recuperación del estrés postraumático es larga y difícil.
El estudio, realizado a petición
de Cáritas, se ha basado en entrevistas en profundidad a ocho afectados por un
desahucio para determinar los sentimientos más habituales en estos casos y las
situaciones que desencadenan las crisis emocionales.
Ramis-Pujol ha señalado que tener
identificados estos eventos debe servir para hacer diagnósticos precoces y que
las personas afectadas acudan antes a pedir ayuda. De esta forma, un aumento de
las cuotas hipotecarias, el anuncio de recortes en la empresa en la que
trabajan, la primera baja laboral, una disminución de la facturación del
negocio y una separación matrimonial con impacto económico son, según el estudio,
"eventos emocionales críticos desencadenantes" de la situación
de estrés.
Estas señales deberían servir,
según Ramis-Pujol, para hacer un diagnóstico temprano que permita tomar medidas
paliativas a tiempo, que eviten que se agrave el problema. En un segundo nivel,
de mayor gravedad, se enmarcan situaciones como tener un accidente laboral,
padecer una enfermedad grave, perder el trabajo, tener cláusulas abusivas en la
hipoteca, no recibir ninguna ayuda y sufrir una precariedad laboral continuada.
Ante estas circunstancias, los
afectados entran en un periodo de gran inestabilidad y empiezan a reaccionar
sin tener objetivos claros, según el estudio. Sin embargo, los eventos
emocionales que paralizan a los afectados y los llevan al colapso emocional
son: no poder pagar la cuota de la hipoteca, la presión del banco, las cartas
del juzgado, la acumulación de enfermedades, la imposibilidad de encontrar
trabajo y no tener domicilio fijo.Ramis-Pujol ha descrito estas etapas como
"una montaña rusa a oscuras", en la que las emociones se van
sucediendo de forma intensa e inesperada.
Ha señalado también que los
afectados suelen pedir ayuda demasiado tarde, cuando ya están en colapso
emocional, y que las organizaciones sociales a las que más acuden son Cáritas y
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca .
En cambio, según el estudio, las
administraciones públicas y las empresas de suministros -como la electricidad o
el teléfono- suponen un "estorbo", ya que "la lentitud e
ineficacia con la que funcionan suponen una gran barrera y pérdida de tiempo
para los afectados".
El informe también señala como
elementos que perjudican la situación emocional de los afectados a los bancos,
al entorno empresarial en el que trabajan si es hostil y a la familia cuando no
ayuda. Según el estudio, hay un doble fallo del sistema ya que falla el
mercado, por la posición dominante de la banca y por un entorno empresarial
hostil, y falla también la administración pública, que es incapaz de corregir
estos defectos.
Por su parte, la responsable del
servicio de mediación de la vivienda de Cáritas, Joana Suñer, ha destacado la
importancia de asesorarse desde el momento en que se firma un contrato de
hipoteca.
Disponible en:
Arden las fallas más críticas
Por Moisés
Domínguez
Diario Levante-EMV,
20/3/2013 (Extracto)
Como si de un gran alivio de
tratara, las fallas de 2013 ya son historia tras una larga noche en la que los
monumentos, casi como fichas de dominó, fueron cayendo en un ritual, el de la
«cremà», al que el corcho blanco ha hecho perder la brillantez de antaño, a cambio
de muchas otras virtudes.
Las fallas de 2013 pasarán a la
historia como las más críticas de la historia moderna de la fiesta. Sin ningún
género de dudas. Durante la dictadura se podía criticar lo que se podía: poco y
con segundas y las crisis económicas de la Transición nunca llegaron a los niveles
actuales, en los que se ha pasado, en tiempo récord, de unos reproches suaves,
blanditos, acompasándose con la bonanza económica, a una virulencia inusitada
dentro de los políticamente correcto. Esto es, atacar con más o menos saña pero
sin llegar a hacer apología de la violencia. De hecho, los artistas se han
vuelto más «bordes» cuanto más se han visto afectados, especialmente tras la
subida al 21 por ciento del IVA.
Lo visto en las escenas descoloca
buena parte de las tesis de los estudiosos, tan amigos de establecer
paralelismos entre el mundo actual y el franquismo. Dicho de otra forma, al PP
se le ha atizado sin piedad. Especialmente, al Gobierno de España. De forma más
contundente que en los últimos años de Rodríguez Zapatero, en que ya se empezaba
a pasar hambre. Europa, personificada en Angela Merkel, también ha tenido una
buena dosis de reproche, mientras que el ayuntamiento de la ciudad y el
gobierno autonómico han acabado menos revolcados.
Unas críticas que, seguro,
habrían sido mayores si los inspectores de Hacienda no llegan con los
monumentos ya finiquitados. Han sido las fallas del malestar, de la sensación
de sentirse perseguidos por parte de una ciudadanía, la fallera, que se
pregunta repetidamente qué han hecho para merecerlo.
En la «cremà» de ayer ardieron
más de 700 monumentos grandes e infantiles estos últimos fueron los primeros en
ser pasto de las llamas„ de la ciudad de Valencia, su área metropolitana y
otras muchas localidades en que se celebran estas fiestas. La falla grande de
Convento Jerusalén-Matemático Marzal, titulada «Qui paga mana», ganadora de la
Sección Especial de este año, ardió a las 00.30 horas y a la una de la
madrugada lo hizo, como manda la tradición, la falla grande de la plaza del
Ayuntamiento, la última a la que se prende fuego ante los ojos llenos de
lágrimas de la fallera mayor, Begoña Jiménez, en un balcón en el que también
estaban la alcaldesa Rita Barberá, el presidente Alberto Fabra, el máximo
responsable del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, y otros invitados
oficiales.
Disponible en:
martes, 19 de marzo de 2013
El español Lucio Vallejo es el ‘número dos’ de la economía de la Santa Sede
Por Luis Gómez
Diario El
País, 17/3/2013.
No especularás no es un
mandamiento, por lo que las finanzas de la Iglesia pueden tener orígenes muy
diversos. El número dos de la economía del Vaticano es un español,
monseñor Lucio Vallejo, un religioso de 51 años, procedente de Astorga (León), en cuya
diócesis ejerció de ecónomo durante 20 años. Miembro del Opus Dei y
protagonista de una carrera tan eficaz como discreta, algunos analistas se
preguntan si su perfil será del agrado del nuevo papa
Francisco, un jesuita. Porque si en algún punto un jesuita tiene
poco que ver con un miembro del Opus Dei es en su forma de
interpretar el mundo a través de la economía. Y, dado el caso, las operaciones
en Bolsa y la especulación (inmobiliaria) han sido dos de los ejes capitales de
la gestión de monseñor Vallejo.
Cuando en el verano de 2001 se
supo que algo más de 300.000 euros confiados al ecónomo de Astorga habían caído
en Gescartera, alguien pudo pensar que la sólida trayectoria del padre Lucio
Vallejo estaba a punto de tocar a su fin. Gescartera
era un chiringuito financiero de dudosa honradez que resultó ser el
primer escándalo del Gobierno de Aznar. Varias diócesis
españolas fueron sorprendidas jugando a la renta variable, con fondos propios o
confiados por los feligreses, en un asunto que la Iglesia resolvió sin
explicaciones, como viene siendo habitual. Vallejo tampoco se vio obligado a
dar alguna respuesta en público.
Diez años después de ese episodio
negro en su rampante carrera (fue nombrado ecónomo con 29 años en 1991, el más
joven en su momento), Vallejo era reclamado por Roma para ocupar la secretaría
de la Prefectura de Asuntos Económicos, que controla los bienes que dependen de
la Santa Sede. Por entonces, monseñor presidía una Sicav (Vayomer, ahora
Naujirdam), un producto financiero que tributa al 1%, donde gestionaba más de 7
millones de euros en Bolsa, generalmente en empresas españolas.
¿Eran fondos de la Iglesia?
¿Ahorros de feligreses confiados al padre? El actual ecónomo de Astorga, Víctor
Manuel Muría Borrajo, sentado ante una mesa pulcra y sin un solo papel,
responde muy tajante a la pregunta: “En nuestra diócesis no hay ninguna Sicav
en estos momentos”.
El currículo del Vaticano sobre
Lucio Vallejo ofrece este dato (su presidencia de la Sicav, que abandona en
2012) así como su pertenencia al Consejo de Administración de la Mutualidad del
Clero español, la mutua de los sacerdotes, algún cargo de administrador de
colegios diocesanos y el puesto de ecónomo de Astorga. Pero nada más. Es poco
equipaje para ascender a Roma y encargarse de sus finanzas: una licenciatura en
Teología, unos cursos inacabados de Derecho por la Universidad a Distancia, una
actividad como profesor, consultor religioso en colegios y párroco en 13
pueblos limítrofes de Astorga. De su labor pastoral no hay documentación que
pueda aportar el servicio de prensa del Obispado: monseñor no tiene obra
escrita sobre asuntos entre el cielo y la tierra. Además de su pertenencia al
Opus Dei, no hay más indicios sobre sus cualidades para gestionar una economía
del tamaño del Vaticano (con un presupuesto de 750 millones entre Santa Sede, Curia y obras
misionales).
¿Cuál ha sido el mérito que ha
conducido a Vallejo a Roma? Si nos atenemos al testimonio popular, muchos son
los elogios y muchos los silencios en Astorga y alrededores sobre su buen
juicio para los asuntos del dinero, pero no hay detalles al respecto. Entre sus
admiradores se encuentran hasta los gestores municipales socialistas, que profesan
respeto y admiración por el ecónomo. Vallejo es un sacerdote de buena planta
(casi 1,80), bien parecido, agradable en el trato y con las dosis suficientes
de seducción para conseguir sus propósitos.
A Vallejo se le atribuye, por
encima del propio obispo, la modernización de la diócesis, una de las más
grandes de España (ocupa parte de León, Zamora y Ourense) con sus 960
parroquias y cerca de 250 sacerdotes para realizar tareas pastorales y más de
1.500 lugares de culto. Gracias a su impulso, hay un ordenador en cada despacho
del Obispado (remozado hace unos años) y museos (el Palacio de Gaudí) que se gestionan
con criterios de empresa. Su carisma y sus modales de hombre de este tiempo
(usa tableta y teléfono inteligente) han sido ampliamente divulgados, pero no
otros detalles de su conducta. Como cuando mostraba un bello retablo a unas
visitas y manifestaba: “Está hecho para rezar frente a él, no frente a las
cuatro viejas de costumbre”.
No demasiada gente conocía sus
gustos refinados. Así que sorprendió en la comarca algún detalle de monseñor
difundido en sendos artículos publicados por el Diario de León (“un
bróker con sotana” y “galáctico monseñor”). No eran los habituales textos de un
periódico local, generalmente conservador y cuidadoso con las cosas de la
Iglesia. A través de este diario se conoció que era el propietario de una
vivienda de diseño en Celada de la Vega, merecedora del Premio de Arquitectura
de Castilla y León en 2007.
Conocida como Casa de Descanso había costado apenas 41.480 euros. “El encargo
lo hizo un cliente especial”, comentaba en una revista la autora, la arquitecta
Virginia González Rebollo, “que llegó con un libro debajo del brazo, un libro
de Le Corbusier donde aparece una casa en el lago de Ginebra, que él mismo
realizó para sus padres”. Ese cliente especial era monseñor.
En otros puntos de la comarca se
interpretó la casa de descanso como un ejemplo significativo de los
equilibrios de Vallejo con los principales constructores de la región. No pasó
desapercibido que la vivienda fuera diseñada por la hija de Victoriano González,
propietario de la constructora La Cepedana y expresidente de Caja España, además de
socio de José Luis Ulibarri, otro constructor, propietario del Diario de
León. La habilidad de monseñor Vallejo para repartir obras ha sido
manifiesta (alguna de ellas de gran calado, como la imponente iglesia del Buen
Pastor, en Ponferrada, que costó 2,5 millones de euros). Basta conocer el
balance de la diócesis de Astorga para advertir que, probablemente, sea la
primera empresa de la comarca. En 2011, el Obispado tuvo unos gastos de
7.656.000 euros, de los cuales casi la mitad (3,5 millones) se destinaron a
obras en templos y centros de atención pastoral, una partida muy superior a la
de “sustentación del clero” (2,2 millones).
Vallejo supo mover ese
presupuesto, pero fue eficaz para el Obispado en otro punto: contrató una
aparejadora y montó un eficaz servicio que fue poniendo a nombre del Obispado
todas cuantas ermitas, casas del cura, fincas y un sinfín de bienes inmuebles
sin escriturar abundaban por la extensa geografía de la diócesis. Algún testigo
habla de 300 carpetas. Esa labor de patrimonialización permitió algunas jugosas
operaciones urbanísticas, al vender las casas del cura o sus terrenos para edificar
viviendas a pesar de la oposición de los vecinos afectados. Por ejemplo, en San
Andrés de Montejo, donde no se olvidan de él.
Sus parroquianos, sin embargo, le
adoran, porque a sus pueblos no les falta de nada. Sirva como ejemplo la
restauración de la iglesia de San Juan Bautista, en Magaz de Cepeda, gracias a
125.000 euros invertidos en una población de 400 habitantes.
La sabiduría para dar y recibir
(por ejemplo, unos espaciosos estudios que regaló a la Cope en Ponferrada en un
edificio anexo a una iglesia) ha sido la clave de su gestión como ecónomo. La
burbuja inmobiliaria hizo el resto y elevó, de alguna manera, a monseñor a las
alturas.
Disponible en:
Rescates bancarios, deuda pública y corralitos financieros. Un asunto de trileros
Por Carlos Javier Bugallo Salomón
Licenciado en Geografía e Historia
Diplomado en Estudios Avanzados en Economía
Muchos comentaristas a propósito de lo ocurrido estos días
en Chipre, destacan la ‘torpeza’ con la que las autoridades europeas y el FMI
han llevado este asunto, tratando de hacer recaer sobre todos los
ciudadanos chipriotas el peso económico del rescate bancario necesario para
reflotar el sistema bancario de su país. Con este fin se ha querido imponer una
tasa sobre los depósitos bancarios y, hasta que se aplicase la misma, la
imposibilidad de retirar el dinero de los bancos a partir de una modesta
cuantía. Un corralito financiero, en definitiva.
Pero estos comentaristas no
mencionan que desde que estalló la actual crisis financiera mundial en 2008,
los Estados han venido ayudando a sus respectivos sistemas bancarios con
generosas sumas económicas que, en última instancia, han pagado igualmente los
contribuyentes. La diferencia con respecto al caso chipriota es que aquí ha
sido posible disfrazar estas ayudas mediante la emisión de deuda
pública.
Creemos que si en los países en
los que se ha echado mano de la deuda pública para resolver esta cuestión no se
ha suscitado una respuesta tan airada es porque, como apuntan algunos
economistas, la ciudadanía padece de lo que se ha venido en denominar ‘ilusión
fiscal’: no tiene en cuenta la restricción intertemporal del Gobierno, es
decir, el hecho de que cualquier déficit que se corra hoy debe devolverse en el
futuro; más gastos en el presente debe traducirse en menos gasto o más
impuestos en el futuro.
¿Por qué no se ha querido hacer
lo mismo con Chipre? La respuesta hay que encontrarla en el documento de Jesús
Albarracín publicado recientemente, que nos dice lo siguiente sobre Chipre: “El
peso de la deuda pública sobre el PIB ascendió al 140% del PIB tras aquel
primer rescate bancario del año pasado, pero ya alcanza ahora el 150%, lo que
supone un riesgo de impago muy serio de la deuda chipriota.” Es decir, que
era materialmente imposible acordar un aumento de la deuda pues de otro modo se
convertía en impagable.
De uno u otro modo, ya sea
mediante la emisión de deuda pública o mediante la imposición fiscal y el
corralito financiero, se ha tratado de evitar la única solución justa y eficaz
al problema de la quiebra de los sistemas bancarios: la nacionalización de los
bancos y su funcionamiento como empresas de propiedad pública.
¡Si Keynes levantara la cabeza y
viera que la deuda pública, que él concibió como un instrumento para el
desarrollo de los pueblos, se ha convertido en un asunto de trileros!
lunes, 18 de marzo de 2013
¿España no es Chipre?
Por Carlos Sánchez Mato
Attac Madrid, 16/3/2013.
En la madrugada del sábado los
ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea acordaron proporcionar un
préstamo de 10 mil millones de euros a Chipre para que el país rescate a su
sistema bancario. A cambio, se obliga a este gobierno conservador a establecer
un impuesto del 6,75% sobre los depósitos de hasta 100.000 euros y del
9,9% en los depósitos por encima de esa cantidad. Con esta medida, el
estado chipriota recaudará 5.800 millones de euros. Para evitar la huida masiva
de los depositantes, las entidades han retenido ya esa cantidad, y se han
limitado las transferencias para impedir una retirada masiva de fondos.
En definitiva, el
corralito en plena Unión Europea.
El camino que se ha iniciado en
Chipre no tiene vuelta atrás. Se ha cruzado una línea que era el único
obstáculo que impedía en estos últimos años la quiebra del sistema bancario de
la mayoría de los países europeos.
Según se han apresurado a
declarar fuentes del Ministerio de Economía, el rescate que la Unión Europeaha
realizado a Chipre y que incorpora por primera vez la realización de
quitas a los ahorradores “no es extrapolable a ningún otro país”.
El argumento es que Chipre tiene un sector bancario sobredimensionado, una
situación muy compleja y una profunda crisis inmobiliaria. La verdad es que no
parecen argumentos muy tranquilizadores para los depositantes españoles…
Y no lo son porque el sistema
bancario estaba y está en quiebra. El único motivo por el que los ciudadanos
españoles no retiran de forma masiva sus ahorros de las insolventes entidades
bancarias es la confianza en que el Estado protege sus depósitos hasta un
importe de 100 mil euros por titular. Saben que el Fondo de Garantía de
Depósitos no dispone de patrimonio para responder ni a la quiebra de una
pequeña entidad como el Banco de Valencia por lo que su utilidad en caso de una
crisis global como la actual es nula.
Si el Gobierno español
adoptara una decisión similar, se recaudarían más de 148 mil millones de euros
según las estimaciones que podemos realizar con los datos de depósitos de las
entidades bancarias publicados en junio de 2012. De esa cantidad, más de 53 mil
millones de euros corresponderían a los titulares de depósitos de importe
inferior a los 100 mil euros. Desde el miope punto de vista del Gobierno puede
ser muy tentador “meter la mano” en los ahorros de la ciudadanía para
recapitalizar a bancos y cajas de ahorros. Sin embargo, esa actuación
no conseguiría en ningún caso el objetivo perseguido. Los depósitos de la
clientela suponen aproximadamente el 44% de la financiación de los activos del
sistema bancario español. Con toda seguridad se produciría una contracción
brutal de la confianza en la seguridad de los particulares y el efecto sería
demoledor para las entidades.
Hasta ahora, mi opinión había
sido que las élites en el poder no se atreverían a resolver la falta de capital
de las entidades financieras expoliando a los depositantes por la enorme
repercusión política que esas medidas supondrían. Sin embargo, no contaba con
la torpeza de los reunidos esta semana en Bruselas. Solamente una
nacionalización inmediata y permanente de todo el sector bancario puede salvar
los ahorros de los europeos pero no parece que esto forme parte de la agenda de
la Comisión Europea.
El plan diseñado para Chipre es
una experiencia piloto y las consecuencias de esa actuación serán analizadas
con todo detalle por los jefes de Estado y de Gobierno de los países
pertenecientes ala Unión Europea.Silogran atajar las consecuencias de esta
decisión, es decir, si no se produce una huida desesperada de los depositantes
(no solamente de los chipriotas) y una protesta social equivalente a la
magnitud de la tropelía, actuarán de igual forma en la siguiente fase del
rescate bancario que tendrá lugar en los próximos años en los países del Sur de
Europa.
La parte positiva es que,
por fin, se producirá el estallido social.
Disponible en: <http://www.attacmadrid.org/?p=8971>
El ‘experimento Chipre’: depósitos acorralados por rescates bancarios
Por Daniel Albarracín
Economista y sociólogo
Los chipriotas sacan hoy
desesperados los no más de 1.000 euros que les permiten los cajeros
automáticos. Saben que pronto se les aplicará, para más sarcasmo, una “tasa
financiera solidaria”, que les mermará los ahorros y que se destinará a
rescatar al sistema bancario privado. Para proteger también, por tanto, a todos
aquellos acreedores internacionales que podrán seguir recibiendo su dinero por
las deudas contraídas por los bancos chipriotas.
Hace poco se acordó un modelo de
unión bancaria en el marco europeo que reafirmaba a las instituciones
financieras de la UE como mecanismos de socialización de las deudas financieras
privadas y de su conversión en deudas soberanas, creando fondos que
garantizaban el capital bancario, pero no los depósitos de la gente que tiene
su dinero en bancos. El caso de la pequeña Chipre, apenas el 0,17% del PIB
europeo, y el corralito impuesto a su población, es un experimento que puede
que tengamos que recordar más adelante como un aviso a las economías
periféricas.
El anterior presidente, el
comunista Demetris Christofias, hostil a los requerimientos de la Troika, no
buscó la reelección, y la reciente victoria electoral del conservador Nicos
Anastasiades abrió la puerta a un programa que supone la solicitud inmediata
del rescate a la Troika.
Las raíces de la quiebra
económica chipriota responden a diferentes factores. Se ha mencionado su
relación estrecha con la economía griega, pero lo fundamental en este caso es
la formidable y particular quiebra de su sector bancario privado. Las
necesidades de recapitalización bancaria se estimaban hace pocos meses en el 55%
de su PIB (en el Estado fallido irlandés alcanzaban, en su peor momento, el 40%
del PIB). El Estado chipriota ya tuvo que pedir ayuda financiera en junio de
2012, por este motivo, por un total de 1,8 miles de millones de euros. Tras
haber perdido el acceso a los mercados internacionales, el Estado se encontró
incapaz de financiar por sí mismo este proceso. A partir de ese momento se
proyectó un Memorándum de Entendimiento con la Troika, hasta noviembre, que
incluía un ajuste fiscal por un total de 7,25% del PIB (en euros, 1,3 mil
millones) hasta 2016. El peso de la deuda pública sobre el PIB ascendió al 140%
del PIB tras aquel primer rescate bancario del año pasado, pero ya alcanza
ahora el 150%, lo que supone un riesgo de impago muy serio de la deuda chipriota.
El sistema bancario funciona con
cierta opacidad, en una economía con un modelo fiscal comparable a un paraíso
fiscal —casi como el de Irlanda—, lo que es sumamente atractivo para captar el
ahorro de fortunas extranjeras, que cuentan allí con un total de 24 mil
millones de euros, gran parte procedentes de Rusia. Por este motivo el sector
bancario alcanza un tamaño inapropiado para la reducida economía chipriota,
cinco veces mayor que su PIB, con lo que su insolvencia arrastra a la quiebra
del país.
Ante las reticencias
centroeuropeas, la Troika aportará un total de 10.000 millones de euros en
forma de rescate, el quinto programa de rescate en la Eurozona, de una cuantía
inferior a lo solicitado por Nicosia. Los chipriotas podrían haber solicitado una
ampliación del préstamo de 2,5 mil millones de euros de forma bilateral a
Rusia, que planteará coordinarse con la Troika para completar el programa.
Los rescates en esta UE, cuyo
objetivo central es estabilizar el sistema financiero privado, vienen acompañados
de fuertes condiciones para los Estados, lo que implica una fuerte disciplina
para las clases productivas. En este caso, el primer damnificado es el
depositante que verá detraído sus ahorros, y se verá afectado por restricciones
para mover su dinero, para evitar la fuga de capitales. Se aplicará una tasa
del 6,75% sobre los depósitos de hasta 100.000 euros y del 9,9% a partir de esa
cifra, una medida (exigida sobre todo por el FMI y el gobierno de Alemania) con
la que se recaudarán 5.800 millones de euros. Golpeará duramente a los
ahorradores, y en especial a la clase asalariada y personas jubiladas del país,
que no han podido prever esta situación (que los expertos indicaban desde hace
meses) o que no están en condiciones de mover su dinero a otro país, porque lo
necesitan a diario. Como medida compensatoria para los depositantes, recibirán
acciones equivalentes a la tasa que se les reste, ¡de un sector bancario en
quiebra!. ¡Y esas acciones, de valer algo, se concentrarán en los grandes
ahorradores, que serán los únicos que podrán aprovechar, si acaso, la recapitalización
procedente del rescate!
El resto de condiciones buscan el
ajuste fiscal, recortando seguramente las políticas de inversión y políticas
sociales necesarias; privatizaciones por unos 3 mil millones de euros y
“acuerdos” para aprovechar el futuro negocio de las nuevas reservas de gas
encontradas en la zona de Chipre a finales de 2011. Todas estas medidas
representan la garantía de que las deudas (antes del sistema bancario
chipriota, ahora del sector público) se seguirán pagando. El gas se empezará a
extraer y exportar en 2018-2019, tras una inversión en infraestructuras con un
coste de unos 10 mil millones de euros, que supondrían un alto
rendimiento a largo plazo y fuertes ingresos para el erario público que, ahora,
se desviarían en gran proporción a pagar la deuda y a formar un fondo soberano
en vistas a los planes de consolidación fiscal del Memorándum de Entendimiento.
Mientras se es generoso con el capital bancario acreedor y rentista, el Estado
sigue expoliando la naturaleza y recortando a los trabajadores sus derechos.
Como contrapunto menor se
aumentará del 10 al 12,5% el impuesto de sociedades. Es una fórmula con visos
recaudadores, pero hay que indicar que el incremento debe haber sido mucho más
intenso, dado el dumping fiscal del país en este capítulo y el agravio
comparativo con el tratamiento a las rentas del trabajo. Al mismo tiempo, está
claro que esa recaudación tendrá un destino completamente injusto e ineficaz.
En suma, el “experimento Chipre”
es un aviso a navegantes del que tenemos que sentirnos aludidos. Ha llegado el
momento de que los pueblos del Sur de Europa se alíen para desobedecer estas
condiciones injustas de los Memoranda de Entendimiento y los Tratados europeos
de austeridad y empiecen a caminar juntos para construir una estrategia
económica supranacional solidaria.
Fuente: diario Público.es,
17/3/2013.
Disponible en:
domingo, 17 de marzo de 2013
El monumento "Qui paga mana" del artista Pedro Santaeulalia gana el primer premio de la sección Especial tras dos años esperando el triunfo
Por Mónica Ros
Diario Levante-EMV,
17/3/2013.
Es monumental, cuidada al
detalle, graciosa, irónica y con una crítica que se entiende a simple vista: el
poder del dinero. Y es que la figura central ya deja ver que «Qui paga mana» ya
que bajo el remate, que está marcado por tres figuras clave que simbolizan la
seguridad (representada por la figura del guardia real), los placeres de la
vida (la bailarina) y la gastronomía y el buen comer (que simboliza un tigre
que no tiene pudor en tomar el manjar que desee), se encuentra un sultán con
todas las comodidades a su alcance que, para más «inri», está repantingado
sobre un cómodo sofá: su propio pueblo. ¿Por qué? Porque «quien paga manda».
Alrededor de esta figura central
se van sucediendo las escenas, todas ellas relacionadas con el dinero y el
poder que ostenta quien lo controla. Sin embargo, la falla se divide en
temáticas. De frente a la falla se encuentra la situación económica mundial
dividida en dos escenas. La primera muestra a un cachorro de tigre (que
simboliza el sistema económico mundial) que se intenta comerse a un ciudadano
(un mono) que no se sofoca ya que está aturdido mientras fuma en una cachimba.
A su izquierda se encuentra la única escena con personajes políticos donde, si
hablamos de economía europea, preside Angela Merkel, mientras Mariano Rajoy se
intenta defender con una espada de madera.
El segundo bloque está dedicado a la tiranía de aquellos que tiene el dinero, con varias escenas. Por último, destaca el bloque dedicado al dinero en el mundo de las fallas, con «ninot» de Jesús Barrachina, incluido.
Disponible en:
Unidad ciudadana
Por Juan Torres López
Catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad de Sevilla
Hace ya cinco años que la crisis
empezó a mostrarse con todo su vigor y que los economistas más críticos
comenzamos a advertir de lo que se venía encima. Desde entonces hemos venido
analizándola, haciendo propuestas constantes y señalando sus peligros y las
circunstancias más favorables que había que tratar de crear para poder hacerle
frente mejorando en la mayor medida de lo posible el bienestar de las personas.
En un artículo que publiqué el 10 de septiembre de 2007 exponía la que me parecía que la
verdadera naturaleza de la crisis y decía que había alternativas pero que no
podrían llevarse a cabo "si los ciudadanos no son capaces de negar el
estado de cosas actual, de imponer su voluntad sobre la de los mercados en
donde gobiernan los poderosos y para ello es preciso no solo que sean
conscientes de la naturaleza real de estos problemas económicos sino que tengan
el poder suficiente para convertir sus intereses en voluntades sociales
y éstas en decisiones políticas". Mensajes parecidos, si no idénticos,
divulgaron otros economistas, asociaciones, sindicatos y organizaciones de todo
tipo.
Pero a pesar de saber desde el
principio lo que iba a suceder y de disponer de suficiente información y de
conocer las alternativas, lo cierto es que no se ha conseguido articular la
fuerza social y política suficiente para frenar los recortes sociales y el
desmantelamiento de la democracia.
Es cierto que se han llevado a
cabo experiencias novedosas y rompedoras, como el 15-M o los movimientos de
indignados en otros lugares del mundo, que ha habido más unidad de acción que
nunca, que el número de personas que acude a actos, conferencias, seminarios,
reuniones en plazas, manifestaciones, etc. es mucho más elevado que antes de la
crisis. Y creo que igualmente es cierto (o al menos yo lo percibo) que hay un
"deseo" de que la respuesta social vaya a más, de involucrarse y de
ayudar a que cuajen alternativas que pongan fin a lo que está pasando.
Hemos avanzado, es verdad pero no
lo suficiente. No podemos olvidar que vivimos en situación de emergencia, que
muchos de los cambios que está llevando a cabo el Partido Popular (y que empezó
a aplicar antes el Partido Socialista) pueden ser irreversibles durante muchos
años, y que no hemos sido capaces de evitar casi ni una sola de las
grandes agresiones a los trabajadores, a los sectores sociales más
débiles o a la ya de por sí débil democracia que tenemos. Que ni siquiera han
cesado los desahucios, que la pobreza sigue aumentando, que cierran miles de
pequeñas y medianas empresas perdiéndose con ellas miles de puestos de
trabajo,... y que, muy posiblemente, todo eso no ha terminado, ni muchísimo
menos.
¿Por qué no avanzamos?
Por eso que creo que es
fundamental preguntarse por la razón de la impotencia, de la incapacidad para
movilizar a toda la gente necesaria y sobre lo que se debería hacer para ser
más efectivos frente a la agresión que tanta gente sufre y rechaza.
A mi juicio, la primera razón es
que el neoliberalismo ha creado condiciones muy idóneas para multiplicar el
número de personas que no se defienden a sí mismas porque el paro, la deuda, el
trabajo precario, la pobreza, la doble jornada de las mujeres o la exclusión
amedrentan a quienes los sufren. Ha creado seres humanos individualistas, que
se aíslan, que actúan ensimismados, sin apenas capacidad para mirarse en los
demás para descubrir que cada uno de nosotros es también el otro o la otra de
alguien. Han destruido los lazos solidarios y, por tanto, se hace muy difícil
que se den la coalición y el compañerismo.
En mi opinión, las corrientes
progresistas, o simplemente opuestas a todos estos fenómenos de explotación y
de deshumanización, no han sabido hacer frente a este nuevo tipo de sociedad y
de seres humanos.
Por eso creo prioritario que
todos estos sectores opuestos a lo que está pasando hablen y se dirijan de otro
modo a la gente, con pedagogía y no desde la abstracción ideológica, para que
puedan entender su discurso alternativo no solo los convencidos sino la gente
humilde, la inmensa mayoría de la sociedad, enseñándole cómo le roban los
bancos, las eléctricas, los políticos corruptos, cómo le mienten los grandes
medios de comunicación, por qué le quieren quitar el médico del seguro para
ponerle otro de pago o por qué dicen que hay que hacer recortes en aras de una
falsa austeridad. Y llevando eso a un programa de acción política alternativa
muy elemental, de justicia económica, de auténtica democracia, de independencia
frente a potencias extranjeras y de castigo de los culpables.
La segunda causa de nuestra
impotencia es la desunión. Es inconcebible que los sectores
que están enfrentándose a la agresión neoliberal no logran ponerse acuerdo.
¿Cómo es posible que ahora mismo estén funcionando en España, cada uno por un
lado, los sindicatos, las mesas de convergencia, las asambleas constituyentes,
el Foro Cívico de Anguita, la cumbre social, los socialistas de izquierda, la
convocatoria social de Izquierda Unida y otros partidos progresistas, el 15-M,
las Mareas, el Partido X, más alguna otra plataforma que quizá no conozca,
cuando en realidad todas proponen prácticamente lo mismo, es decir, frenar las
agresiones que se están produciendo, evitar los recortes de derechos sociales y
hacer que la crisis la paguen quienes la han provocado?
Es imprescindible que dejemos de
lado lo que nos diferencia para hacer frente a un enemigo común,
sobre todo, cuando también es un hecho que todos contemplamos al mismo enemigo:
el capital financiero, los bancos, las grandes corporaciones empresariales, los
grupos políticos, mediáticos, judiciales, etc. que los apoyan, y algo a lo que
llaman democracia pero que no lo es.
Es impostergable promover ya la
más amplia unidad ciudadana, de las plataformas, sindicatos, partidos,
movimientos, organizaciones y personas que están en contra de la agresión que
se viene realizando contra "los de abajo" para apoyar un acción
unitaria de respuesta y de cambio.
Finalmente, no avanzamos porque
quienes se enfrentan a las agresiones y recortes de derechos no terminan de
articular una respuesta política efectiva capaz de frenarlas. Para conseguirlo
no basta con organizar respuestas fuera de las instituciones. El poder
"de la calle" es insustituible pero también insuficiente.
Los poderes que hoy día nos oprimen se quedan tan anchos si salen millones de
personas a la calle un domingo y el lunes pueden seguir en el parlamento y el
gobierno elaborando y aplicando sus leyes.
Tenemos que salir a la calle pero
también tenemos que llevar la voluntad de la gente a los parlamentos y llegar
al gobierno. Tenemos que ocupar el Congreso pero de verdad, haciendo que entren
en él docenas de parlamentarias y parlamentarios de nuevo tipo
para denunciar el poder oculto de banqueros y patronales que no se presentan
nunca a las elecciones, para bloquear las agresiones legales que hacen desde
allí y para promover y asegurar que se hagan otras más favorables para los
trabajadores, para las gentes humildes, para la naturaleza, y para los pueblos
más pobres del planeta.
Hay que meter al menos a 150 o
200 diputados y diputadas en el Congreso como auténticos representantes
de la calle y de una nueva mayoría ciudadana. La inmensa mayoría de
los que están allí no nos representan y se pueden echar fuera si nace un sujeto
político que sea "otra cosa", de nuevo tipo, participativo, sometido
a la voluntad colectiva y ajeno a los vicios de las viejas burocracias
partidistas, si se organizan candidaturas ciudadanas con elecciones primarias
de candidatos, con estatuto del diputado o diputada que contenga sus derechos
económicos, políticos, los periodos de mandatos, el procedimiento de
revocación, etc. y si no se forman como una simple sopas de letras sino como
expresión de la movilización y del empoderamiento de la gente en la calle.
Propuestas
Los promotores de todas las
plataformas que se han ido creado en estos últimos tiempos para hacer frente
(estoy seguro de que con la mejor voluntad) a esta agresión deben acordar su
disolución para promover la creación desde las bases de un nuevo
espacio unitario de encuentro y movilización que recoja las
actividades de todas las anteriores, que se abra en la mayor medida de lo
posible a toda las sociedad y que obligue a que dimita un gobierno que incumple
su programa y que es incapaz de solucionar los problemas de España.
Se debe elaborar y proponer un
programa de mínimos que plantee la desobediencia civil ante tanta
injusticia, que señale todo aquello por donde no estamos dispuestos a pasar y ofrezca
alternativas.
Y hay que llamar y al mismo
tiempo autoconvocarse para que la gente se organice desde la base para generar
una auténtica red de ciudadanía comprometida y activa, protagonista de la vida
política, que culmine en la preparación de nuevos modelos de
candidaturas en todas las provincias con el objetivo de estar
preparados para participar en las próximas elecciones con protocolos de
actuación que salvaguarden la democracia deliberativa (que no tiene por qué
entenderse como galimatías asambleario), la participación efectiva, elecciones
primarias y que garanticen un nuevo modo de ejercer la representación
ciudadana.
Finalmente, es muy importante que
quienes promuevan estas acciones sean conscientes de que sus propuestas no
deben hacerse pensando solo en las mujeres y hombres de izquierdas o de su
misma sensibilidad ideológica o política sino para toda la sociedad.
De hecho, es materialmente
imposible que las reformas urgentes que hoy día necesita España se puedan
llevar a cabo solo por lo que tradicionalmente se sitúa en el campo de
la izquierda. Hay sectores sociales y miles de personas que no tienen
por qué sentirse ideológicamente identificados con los planteamientos
filosóficos o políticos de quienes somos de izquierdas, pero que coinciden
totalmente con las propuestas de regeneración y reconquista de los derechos que
planteamos: que quieren que se pidan responsabilidades, que no se permita
robar, que se combata la corrupción, que se garantice la financiación a la
economía antes que los privilegios de la banca privada, que se facilite la
creación de empresas y de empleo eliminando nuestra dependencia de las grandes
multinacionales y grupos bancarios, que las instituciones se corresponsabilicen
con el cuidado de los dependientes a través del gasto social o que se respete
el medio natural por encima de todo.
Por eso es igualmente fundamental
que ese nuevo sujeto político se abra a otras opciones que desean salir del
régimen caduco de una transición que mantuvo prácticamente intacto el poder de
los grupos oligárquicos y que ha ido degenerando la vida política y la
democracia poco a poco. Hay que buscar y conformar alianzas amplias para
regenerar nuestra sociedad y para avanzar hacia una institucionalidad diferente
y plena y realmente democrática.
Me parece que todo esto es
urgente y que para ponerlo en marcha solo hace falta que las personas normales
y corrientes quieran comprometerse y actuar como lo que son, dueñas de sus
destinos. En Sevilla y en otros puntos de España nos hemos empezado a auto
convocar personas de diversas procedencia y sensibilidades que queremos cambiar
y fomentar la unidad ciudadana. ¿Por qué no intentarlo cada vez con más
gente y en más lugares?
Fuente: diario Público.es, 16/3/2013. Disponible en:
sábado, 16 de marzo de 2013
Un primer revés para la oligarquía financiera
Por Joaquim Sempere
Profesor emérito de
Sociología de la Universidad de Barcelona
La ILP presentada al Congreso y
avalada por más de 1.400.000 firmas pedía que se legislara la dación en pago
para saldar hipotecas en caso de no poder pagarlas y la opción del deudor a
conservar la vivienda durante cinco años pagando un alquiler, evitando así el
desahucio. Mereció el desprecio de la mayoría parlamentaria y del gobierno del
PP, que tuvo la desfachatez de alegar que generaría “inseguridad jurídica”. Al
gobierno le preocupa que los inversores gocen de seguridad jurídica para ir
engrosando sus beneficios y le importa un bledo la inseguridad jurídica,
económica, familiar y vital de la gente corriente.
Pero el PSOE quitó también
importancia a la ILP cuando se opuso, con el PP, a la comparecencia ante la
Comisión del Congreso del magistrado José Mª Fernández Seijo, el mismo que, al
elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha sido el
desencadenante del dictamen de este organismo que establece que con la actual
legislación española sobre hipotecas no se garantiza suficientemente la
protección de los deudores frente a cláusulas abusivas de los bancos. Según el
dictamen de este alto tribunal los jueces pueden paralizar un desahucio antes
de que se haga efectivo, incluso sin denuncia de la víctima, actuando de
oficio.
La conducta autoritaria es servil
con los de arriba y prepotente con los de abajo: ésta ha sido la reacción
inmediata tanto de la patronal bancaria como del gobierno de España. Uno y otra
se habían opuesto con ahínco, ferocidad y desprecio a las propuestas de la ILP,
avalada por una insignificante y despreciable ciudadanía. Al conocerse el
dictamen del TSUE, en cambio, no han tardado en reaccionar diciendo la patronal
que considera el dictamen “constructivo y razonable” y el gobierno que va a
incorporar su contenido a una nueva ley hipotecaria. Tratándose de quien se
trata haremos bien en observar con lupa cuáles son los pasos que vayan a dar y
no darles respiro hasta que se logre una solución humana aceptable a la
situación, sin olvidar a quienes ya han sido desahuciados y arrastran deudas
insoportables, además de haber vivido un infierno durante meses o años.
Un logro importante de este
dictamen –suponiendo que se aplique como se debe— es que da a los jueces la
oportunidad de detener la ejecución de los desahucios cuando se detecten cláusulas
abusivas. No obstante, me quedan varias dudas: ¿todos los jueces implicados
actuarán con el criterio de dar preferencia a una necesidad humana básica –el
acceso a una vivienda digna— sobre los privilegios del dinero? ¿Cómo se
interpretará si una cláusula es o no abusiva?
En cualquier caso, es evidente
que este dictamen va a evitar muchas situaciones trágicas y seguramente a
salvar unas cuantas vidas. En sí mismo es ya una victoria de las Plataformas de
Afectados por Hipotecas y un revés para la banca y su gobierno títere.
Hay quien dice que esto empeorará
la situación de quienes pidan hipotecas porque los bancos van a endurecer los
requisitos para concederlas y a aumentar los intereses. A este argumento se
puede replicar que si esto ocurre –como es probable tratándose no de una banca
pública, sino de una banca privada orientada a hacer negocio— seguramente no es
malo en sí mismo, pues una solución más razonable al problema del acceso a la
vivienda es el alquiler. Las autoridades debieron priorizar la construcción de
un parque suficiente de vivienda de alquiler –“social” o no— en vez de ceder a
la alianza de dos de los sectores más poderosos del gran capital español: las
grandes constructoras y la gran banca. Ambos sectores tienen un enorme interés
en promocionar la vivienda de propiedad y la consiguiente necesidad de crédito
para financiar su adquisición. Esta alianza ha sido, sin duda, el origen de la
burbuja inmobiliaria y los males consiguientes a su estallido.
La Europa que tenemos no es
atractiva ni recomendable por la inspiración claramente neoliberal de sus
esquemas de funcionamiento. Pero en algunas cosas aún nos puede ser útil; la
razón es que nuestra oligarquía financiera y sus servidores políticos son tan
prepotentes, tan faltos de una mínima sensibilidad democrática, que sus modales
chocan con los criterios de respeto a la ciudadanía que en otros países
europeos se dan por descontados.
Se han ganado posiciones. Pero
sigue la guerra para lograr que las personas, sus necesidades y su dignidad
estén incondicionalmente por encima del poder del dinero.
Fuente: diario Público.es,
15/3/2013. Disponible en:
viernes, 15 de marzo de 2013
Falla ¡Gana la banca!
Falla General Barroso - Litogr. Pascual y Abad
Sección 1ªA
La idea central de la falla es cómo el hombre ha
evolucionado de homo erectus a homo jodidus. La evolución nos ha llevado a una
sociedad en la que el hombre y su bienestar están sometidos a la economía. La
figura central es el personaje del monopoly como símbolo de la economía sin
escrúpulos que domina este mundo. De una de las manos del sr. Monopoly cuelgan
los poderes sociales: iglesia, monarquía, ejercito y políticos. Marionetas que
se mueven al son de la economía. La figura principal emerge de la caja del
monopoly. Símbolo de esa partida en la que parecía que todos jugábamos. Del
especulador lehman brothers a las hipotecas basura se representan algunas
escenas. La crisis es un problema a nivel global. Desde la hambruna en áfrica a
los recortes sociales. Personajes que salen del planeta aplastados bajo el pie
de la avaricia financiera: medicina, educación, paro, ecología...
Artista: Fede Ferrer. Diseñador: Paco Roca (Premio Nacional de Cómic, Goya al mejor guión adaptado por "Arrugas"...)
Fuente:
jueves, 14 de marzo de 2013
El Defensor del Pueblo culpa al Banco de España de amparar las preferentes
Diario El
País, 14/3/2013.
La oficina del Defensor del Pueblo ha
hecho público este jueves su informe sobre las participaciones
preferentes, esos controvertidos productos financieros donde se han
quedado atrapados miles de pequeños ahorradores que ahora no pueden recuperar
su dinero. En el documento, la institución acusa al Banco de España de amparar
"una imagen de solvencia y solidez" de las entidades que
comercializaron las preferentes para generar confianza entre los clientes. El
problema estriba en que luego, esta imagen resultó no ser cierta y las
preferentes perdieron gran parte de su valor.
Según cálculos del Gobierno,
todavía quedan unos 5.600 millones de euros atrapados en las preferentes. La
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), responsable del control del
mercado de valores, ha abierto una docena de expedientes por mala
comercialización de estos productos, ya que aunque por su complejidad y
tipología estaban orientadas a inversores especializados, se colocaron entre
pequeños ahorradores aprovechando la confianza que tenían en su banco o caja de
toda la vida. De hecho, las preferentes multiplicaron
por cinco las reclamaciones ante la CNMV.
En las entidades nacionalizadas o
en las que han recibido ayudas públicas, el Gobierno ha abierto
procesos de arbitraje para solucionar los casos más flagrantes de
mala comercialización, como aquellos en los que se colocaron preferentes a
analfabetos o ancianos enfermos de alzhéimer. Sin embargo, la institución que
dirige Soledad Becerril ha reclamado la apertura de un arbitraje universal que
permita a todos los que afectados poder acudir a un proceso de mediación. Así,
ha propuesto que sea una comisión lo más independiente posible y que no esté
ligada a las instituciones financieras la que decida qué casos son susceptibles
de pasar por el arbitraje y cuáles no.
Además, con vistas al futuro y para evitar que se
vuelvan a repetir escándalos como el de las preferentes, la Defensora del
Pueblo ha presentado un decálogo de recomendaciones. Entre ellas, ha solicitado
dar más competencias a la CNMV y aumentar su independencia. El objetivo es que
el regulador pueda tomar medidas cautelares contra los productos financieros
presuntamente abusivos, algo que no entra dentro de sus actuales funciones.
La institución también aboga por
aumentar la transparencia, que no se vendan productos que no encajen con el
perfil del ahorrador y por reforzar la preparación financiera de los que venden
este tipo de productos para que los puedan explicar correctamente. Junto a
ello, reclama que se controlen los incentivos que reciben los empleados de la
banca para que su remuneración variable no entre en conflicto con los intereses
de los clientes. Esto fue lo que sucedió con las preferentes, cuya venta,
además de ser alentada por la propia dirección de las entidades, reportaba
comisiones a los trabajadores de las sucursales.
En cuanto a las medidas que ya se
han puesto en marcha desde el Ejecutivo y el supervisor tras el fiasco de
preferentes, Becerril opina que “serán eficientes”, pero “siempre y cuando los
órganos de control desplieguen sus funciones”. Esto es, que se cambien algunas
cosas porque, si siguen como hasta ahora, no funcionarán.
Disponible en:
<http://economia.elpais.com/economia/2013/03/14/actualidad/1363262885_747840.html>
Nota: el diario El País ha cambiado en el mismo día el titular de la noticia por este otro:
"La Defensora del Pueblo reclama un arbitraje universal para las preferentes"
Nota: el diario El País ha cambiado en el mismo día el titular de la noticia por este otro:
"La Defensora del Pueblo reclama un arbitraje universal para las preferentes"
miércoles, 13 de marzo de 2013
Las condiciones para aprobar préstamos se endurecerán aún más, según el Banco de España
Fuente: EUROPA PRESS, 27/2/2013
Las entidades españolas y
europeas esperan que los criterios para aprobar préstamos se endurezcan este
trimestre, del mismo modo que sucedió a finales de 2012 debido a los
requerimientos de capital y las tensiones en los mercados de deuda soberana.
Ésta es una de las conclusiones a
las que llegan los expertos del Banco de España tras realizar la Encuesta sobre
préstamos bancarios en España de enero de este año, incluida en el Boletín
mensual de la institución.
La encuesta señala que para este
trimestre las entidades españolas prevén un leve recorte en la oferta de
préstamos al sector privado no financiero, "aunque dentro de los
concedidos a las sociedades, solo en los otorgados a grandes empresas y en las
operaciones a largo plazo".
Mientras tanto, en la Unión Europea, las entidades
esperaban también pequeños endurecimientos en los criterios de aprobación.
"La demanda de financiación de las compañías y de las familias para
consumo y otros fines disminuiría ligeramente en ambas áreas, sin grandes
cambios con respecto a lo ocurrido en los meses finales de 2012", agregan.
Por el contrario, se prevé que
las peticiones de fondos de los hogares para la adquisición de vivienda se
reducirán notablemente, particularmente en España, una vez eliminado el efecto
transitorio de los cambios en la fiscalidad de la vivienda.
Según las contestaciones ofrecidas
a las preguntas de la encuesta, durante el último trimestre de 2012 las
entidades del conjunto del área del euro percibieron una mejora en el acceso a
todos los mercados de financiación mayorista y en la disponibilidad de recursos
minoristas. En España, esta recuperación fue menos generalizada, aunque se
observó una recuperación con respecto al trimestre anterior.
La encuesta también deja ver que
en España se produjo un pequeña reducción de la oferta a sociedades, que afectó
a los distintos plazos de operaciones y tamaños del prestatario.
Entre los factores que han
influido en esta situación, los expertos destacan el empeoramiento de las
expectativas sobre la actividad económica, el deterioro de las perspectivas
sobre factores específico y las dificultades de acceso a la financiación de los
mercados.
En este periodo de tiempo, las
condiciones de los préstamos también se hicieron menos favorables, destacando
la ampliación de los márgenes aplicados a las operaciones ordinarias y, sobre
todo, a las de mayor riesgo.
Los expertos apuntan que, al
igual que en España, el endurecimiento de los criterios de aprobación de
préstamos en la Unión Europea estaría vinculado al empeoramiento de las
expectativas económicas, aunque también al aumento de costes relacionados con
el nivel de capital.
"Las condiciones se hicieron
más onerosas, en línea con el trimestre anterior, y particularmente en el caso
de los márgenes aplicados, el endurecimiento fue significativamente menor que
en nuestro país", agregan.
Disponible en:
<http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-condiciones-aprobar-prestamos-endureceran-aun-mas-banco-espana-20130227115950.h>
martes, 12 de marzo de 2013
La huella de las preferentes
Fuente: diario El País,
30/12/2012
Hace años realicé un reportaje en
una escuela de adultos. En la clase había una veintena de personas mayores, la
mayoría jubiladas o amas de casas que habían logrado arrancarle unas horas al
día para ir a un sitio donde apenas habían estado nunca: la escuela, como les
gustaba decir a ellos. Me acerqué a una de las alumnas y le pregunté por qué
había decidido matricularse en el centro y su respuesta fue inmediata: “Tengo
60 años y nunca he podido firmar con mi nombre ningún documento. Cada vez que
me ponen un papel por delante, alguien me lo tiene que leer y luego me ponen
tinta en el dedo para que firme con la huella dactilar. Todos los documentos
los tengo manchados, de las lágrimas que se me caen de los ojos por no saber
leer ni escribir”.
En este país, con una larga
tradición de pícaros, ha habido mucho aprovechado de la ignorancia ajena. Hasta
no hace mucho tiempo, en las colas para realizar trámites ante cualquier
administración se apostaban algunas personas que, a cambio de una cierta
cantidad de dinero, se ofrecían para rellenar los formularios a aquellos que no
sabían leer ni escribir. Y lo hacían con el beneplácito de los funcionarios,
que cobraban sus salarios de esas mismas personas a las que no ayudaban a
rellenarlos. La historia está llena de espabilados que hicieron grandes
negocios arrancándole el dedo lleno de tinta a una pobre persona en un
documento público. El mundo de los engaños siempre ha estado lleno de letra
pequeña, imagínense hasta donde se pueda llegar defraudando a aquellos que no
saben leer ni la letra grande.
De todas las prácticas vergonzosas
realizadas por la banca en España en los últimos años, posiblemente la venta de
preferentes sea la más asquerosa. Asquerosa es una palabra que se puede
escribir en un periódico sin que parezca ordinario el texto. En su tercera
acepción, es quizás la mejor definición de lo ocurrido. Asqueroso, dice la RAE,
es algo que causa repulsión moral. No creo que exista un calificativo mejor
para censurar una práctica que llevó a las entidades bancarias a vender
productos de alto riesgo y que exigían un gran conocimiento financiero a
personas que estamparon su firma con una huella dactilar porque no sabían ni
leer ni escribir.
La política comercial de los
bancos y las cajas de ahorro para extender al máximo posible la venta de
productos de alto riesgo entre pequeños ahorradores sin conocimiento alguno de
los mercados financieros quedará en los anales de la historia como uno de los
fraudes consentidos más vergonzosos de la historia crediticia de España. El
engaño fue gestionado abusando de la confianza de los clientes en su caja de
toda la vida y partió de la avaricia de unas entidades que intentaban maquillar
sus cuentas de resultados con consecuencias dramáticas para los ahorradores.
Las preferentes firmadas con el dedo engordaron las indemnizaciones millonarias
de los consejeros de las entidades que han tenido que ser salvadas luego con
ayudas públicas.
En todo resumen del año 2012
debería figurar el engaño masivo de las preferentes en letras mayúsculas. Justo
al lado de los desahucios, la otra gran respuesta de las entidades bancarias a
la crisis económica que ellos mismos provocaron y que tanto dinero público está
consumiendo. Antes de que se pudiera secuenciar el ADN, el estudio de la huella
dactilar era el procedimiento más fiable para certificar la identidad de una
persona. La señal que deja un dedo al presionar o al posarlo sobre un objeto o
un individuo ha servido durante toda la historia reciente para resolver los
crímenes más increíbles.
La huella digital en un documento
bancario es el signo inequívoco de que el firmante es una persona que no sabe
leer ni escribir. Cualquier engaño en ese folio es también un increíble crimen
a la decencia, a la honestidad y a unos mínimos valores. Por eso, la mayoría de
los contratos de las preferentes están manchados, de las mismas lágrimas que se
le caían de los ojos a esa señora que con 60 años iba a la escuela para poder
garabatear su nombre.
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