Por Eduardo Bayona
Público.es, 05/09/2017.
Banco Santander está ultimando su oferta de compensación a
los accionistas minoristas de Popular, a los que propondrá un sistema de “bonos
de fidelización” para paliar las pérdidas que les provocó la compra del segundo
por el primero, mientras ambas entidades y el Gobierno se enfrentan por esa
operación a decenas de recursos, querellas y demandas, en una guerra judicial a
la que va a seguir sumándosele frentes en todas las jurisdicciones.
“Pronto”, explicaron fuentes de Santander, se conocerá el
“detalle” de la oferta, que conlleva para quienes se sumen desistir de
eventuales acciones judiciales contra los actuales o los anteriores gestores de
Popular.
Santander, que se dirige a los minoristas que acudieron a la
ampliación de capital de mayo de 2016, en la que participaron más de 47.000
ahorradores, y a dos emisiones de deuda subordinada de 2011, prevé destinar a
la operación 980 millones. El capital nominal de Popular duplicaba esa cifra
(2.098, aunque su valoración bursátil había caído a 778 el día de la
intervención), la ampliación alcanzó los 2.505 y la primera cotización de esas
acciones estuvo cerca de triplicar el precio de salida (1,43 euros por 50
céntimos).
En principio, el bono de fidelización tendría un valor nominal
de cien euros, generaría un interés anual del 1% a cobrar por trimestres y
sería amortizable a los siete años de su entrega gratuita al cliente. En
principio, los accionistas que compraron menos de 100.000 euros recibirían
bonos por el 100% de lo invertido, porcentaje que baja a la mitad que a partir
de medio millón y que se sitúa en el 75% entre ambas cifras.
Cuatro amplios
frentes judiciales
El abanico de acciones judiciales que esa oferta pretende
reducir, cuando menos, incluye 51 demandas ante el Tribunal General de la UE,
varias de ellas ya admitidas a trámite, contra la decisión de la Junta Única de
Resolución (JUR) que llevó a que el banco cántabro se quedara por un euro la
sexta entidad financiera española; varias querellas en la Audiencia Nacional
contra los gestores de Popular (ninguna admitida todavía y dos rechazadas por
defectos formales), mientras algunos despachos y asociaciones estudian
presentar otras e incluir en ellas a ejecutivos del comprador y responsables
económicos del Gobierno; al menos una demanda civil, en una vía abierta por un
empresario barcelonés que reclama 10.000 euros, y, también, recursos en la vía
contencioso administrativa contra la actuación del FROB (Fondo de
Reestructuración y Ordenada Bancaria), algunas de ellas de organizaciones de
consumidores.
La actividad de estas últimas apunta a que las reclamaciones
aumentarán. Más de 20.000 pequeños accionistas de Popular han contactado con
OCU, cuya querella tiene el respaldo de 10.000 de ellos. Otros 8.000 se han
dirigido a Adicae, cuyos servicios jurídicos preparan una querella contra los
miembros de varios consejos de administración de esa entidad. Y entidades como
UCA, federada en Facua, prepara acciones por algunos centenares que reclaman
pérdidas por varios millones.
Las acciones judiciales se resumen en dos bloques. Uno de
ellos pretende, en la vía contencioso administrativa y ante la UE, la nulidad
de las resoluciones del FROB y la JUR que llevaron a que el Santander se
quedara el Popular por un euro, aunque acumulaba pérdidas que distintas fuentes
sitúan entre los 7.000 y los 8.000 milones, y cuando su capital social era de
2.098. Las demandas y las querellas tienen como objetivo que los accionistas
recuperen el valor de sus acciones, adquiridas en ampliaciones de capital y
reducidas a la insignificancia con la operación, y, eventualmente, la condena
de los responsables del proceso. Las denuncias sostienen que los clientes
fueron engañados en esa emisión, en la que el banco se habría atribuido una
solvencia de la que, en realidad, carecía.
La cifra de perjudicados por la operación se acerca a los
300.000, la mayoría de ellos pequeños ahorradores y también trabajadores de
Popular, cuya venta decretó el Gobierno mientras la empresa tramitaba un ERE
para 2.592 de los 14.935 miembros de la plantilla.
Bendiciones
comunitarias
No hay a la vista a corto plazo nuevos ajustes de personal
para la plantilla, aunque tampoco parece que Santander vaya a oponerse a las
eventuales propuestas de jubilación anticipada, ni cierres de oficinas en
bloque. No obstante, los nuevos gestores si han comunicado a los sindicatos su
intención de acometer este trimestre una reestructuración de los servicios
centrales.
“No han planteado nada todavía”, señalan fuentes de CCOO,
que apuntan que, en cualquier caso, procesos como la eventual integración
operativa de ambas entidades no sería técnicamente viable en menos de un año.
De hecho, a Santander no le interesa, como le ocurrió con
Banesto, una absorción rápida por el riesgo que entraña de ahuyentar clientes.
Y tampoco va a poner trabas Europa, que ya ha bendecido la compra y ha
dictaminado que el hecho de que un banco dirija las políticas comerciales de
ambos no vulnera la normativa sobre competencia.
Operaciones por
18.200 millones
Mientras tanto, Santander, que cerró en mes y medio sin
problemas una ampliación de capital de 7.702 millones de euros (recibió
peticiones por 58.000) para financiar la operación del Popular, ha comenzado a
rentabilizar su compra por un euro.
Por una parte, ha colocado en una sociedad con el fondo
Blackstone, que controlará este, activos inmobiliarios tóxicos del Popular
provisionados por 10.000 millones y que estaban anotados por 30.000 millones.
Y, por otra, ha comenzado con una devolución de 500 millones
de Hacienda a materializar el botín de 5.200 millones en descuentos fiscales
que se llevó con la operación.
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