viernes, 31 de agosto de 2018
Diez años después de la crisis financiera, la tímida izquierda tiene mucho que reprocharse
Por Larry Elliott
El Diario.es,
30/08/2018.
Ya están preparando los carteles. Las photo-opportunities
están siendo organizadas. Una coalición de grupos de presión, sindicatos y ONG
redactan una lista de demandas. Los preparativos están en marcha para ocuparse
el próximo mes del 10º aniversario del colapso de Lehman Brothers, el momento
decisivo en la crisis financiera global.
No se equivoquen. El hecho de que se vayan a celebrar actos
en todos los centros financieros del mundo no es motivo de celebración. Por el
contrario, es un símbolo del fracaso. Los bancos no vieron reducido su tamaño.
Los planes para una tasa de las transacciones financieras sólo acumulan polvo.
Los políticos especularon con la idea de un New Deal ecologista y luego la
olvidaron rápidamente. Nunca hubo un cambio radical desde la ortodoxia
dirigente, sólo un breve impulso que fue anulado de inmediato. El hecho brutal
es que la izquierda tuvo una oportunidad y la desperdició.
Diez años después, las finanzas internacionales son tan
poderosas como antes. Sólo ha habido una reforma cosmética de la industria
bancaria. El poder empresarial está aún más concentrado. Los beneficios de la
recuperación global más débil que se recuerda tras la recesión han sido
acaparados por una pequeña minoría. Los salarios y el nivel de vida en la
mayoría de los países desarrollados han crecido sólo de forma modesta, y eso
los que lo han hecho.
Septiembre de 2008 fue una experiencia casi mortal para el
capitalismo global. En un momento, hubo un serio temor por todo el sistema
bancario occidental. Cuando la recesión estaba en su momento más grave, la
producción industrial sufrió un colapso más intenso que la que había padecido
en los primeras etapas de la Gran Depresión.
Fue así de grave. El momento era perfecto para los políticos
lo bastante valientes como para anunciar algo obvio: que la crisis era el
resultado de eliminar todos los obstáculos colocados al capitalismo financiero
global con buenas razones en los años 30.
Pero los partidos socialdemócratas fracasaron de forma
vergonzante a la hora de plantear una respuesta progresista a la crisis que
hubiera supuesto afrontar el desequilibrio entre capital y trabajo. Fueron
tímidos cuando debían haber sido valientes y pagaron un duro precio por ello.
Los partidos tradicionales aplicaron algunos parches en el sistema y prestaron
escasa atención a la furia de aquellos que se sentían ignorados. El malestar se
dispersó y terminó encontrando otras formas de manifestarse.
En el invierno de 2008-2009, existió una presunción inocente
en la izquierda de que el shock de Lehman había sido tan profundo que el cambio
era inevitable. Si las crisis del petróleo de los años 70 habían sido el
catalizador de la imposición de un programa derechista, la crisis de las
hipotecas subprime haría lo mismo por la izquierda. Pero no fue tan sencillo,
porque los que habían prosperado en las décadas posteriores a la revolución de
Thatcher-Reagan utilizaron todo su poder, influencia y capacidad de engaño para
resistirse al cambio. Se llevaron a cabo algunos repliegues tácticos para
asegurar la permanencia del statu quo.
El contraste entre Franklin Roosevelt en los años 30 y
Barack Obama es revelador. Ambos llegaron a la Casa Blanca en tiempos
desesperados. Ambos contaban con un mandato para el cambio. Roosevelt pensaba
que las reformas eran necesarias para salvar al capitalismo de sí mismo. Fue el
marco intelectual que provocó la Ley
Glass-Steagall para separar la banca de inversiones de la banca comercial, las
inversiones en infraestructuras para dar empleo a los parados, y las leyes que
facilitaban la implantación de los sindicatos.
Obama, como muchos de los políticos de centroizquierda de
hace diez años, era un tecnócrata que aceptaba el statu quo en sus principios
generales y que nunca contempló seriamente hacer frente al sistema financiero.
Wall Street detestaba a Roosevelt. A Obama lo veía como alguien mucho más
dócil.
Obama merece algo de comprensión. Cada periodo radical
necesita tener un rey filósofo que ayude a presentar un marco legal para la
acción. Para la primera generación de liberales de la economía de mercado, los
gurúes eran Adam Smith y David Ricardo. Para Lenin, fue Karl Marx. En los años
30, fue John Maynard Keynes. Y en los 70, lo fueron Milton Friedman y Friedrich
Hayek. Hace diez años, no había nadie.
El proceso de desafiar el estado de las cosas careció de un análisis
completo sobre lo que había causado la crisis. Había un discurso ecologista, un
discurso keynesiano y un discurso marxista, y todos tenían sus méritos y sus
partidarios. El problema es que los progresistas fueron cada uno por su lado.
Eso abrió la puerta a un discurso que pocos pensaron que saldría victorioso en
septiembre de 2008: el que decía que la crisis se originó porque los gobiernos
habían gastado demasiado.
Hay muchas lecciones que aprender. Una es que los
progresistas tienen que ganar la batalla de las ideas, y que eso significa
recuperar el control de la enseñanza de la economía. Se han dado algunos pasos
sobre este asunto desde la crisis financiera, como la financiación por George
Soros del Institute for New Economic Thinking, un foro para el pensamiento
heterodoxo. Pero incluso aunque el colapso de 2008 fue el resultado del fracaso
de unas ideas económicas, los responsables de esas teorías inútiles continúan
estando bien colocados en los campus universitarios. El progreso ha sido lento.
Una segunda lección es que un programa político progresista
empieza desde arriba, con una crítica panorámica general, y de ahí baja a las
políticas específicas. Eso fue lo que funcionó en los años 40, cuando el
consenso de posguerra se basaba en un simple concepto: nunca más. El control de
la economía y la gestión de la demanda partieron de ahí.
La tercera lección es que los progresistas deben tener claro
qué es lo que quieren. La izquierda permanece dividida entre los que piensan
que la única opción es trabajar dentro del capitalismo global –como hicieron
Bill Clinton y Tony Blair–, los que como Roosevelt pensaban que se necesita un
enfoque más radical, y aquellos que creen que el capitalismo está tan podrido
que ya no puede salvarse.
La cuarta es que se necesita algo de humildad. No hay duda
de que la naturaleza del debate ha cambiado desde la crisis, en parte a causa
de la austeridad, en parte por la actitud indulgente ante los bancos. Pero hay
cosas sobre la vida moderna que gustan a la gente: la facilidad para
comunicarse y para viajar; el hecho de que por el mismo dinero de hace diez
años se puede conseguir un teléfono móvil más sofisticado o una mejor comida en
el restaurante. Cuando la izquierda radical ha llegado al poder, no se ha
cubierto siempre de gloria.
"Hubo un corto periodo de tiempo en que los grandes
poderes estuvieron a la defensiva", dice David Hillman, director de Stamp out Poverty y uno de los organizadores
de las protestas en la City de Londres del próximo mes. "Las fuerzas progresistas
no pudieron aprovecharlo. No ha cambiado nada sustancial y vamos como
sonámbulos hacia otra crisis".
Eso lo resume todo. En realidad, los progresistas no se
merecen una segunda oportunidad, pero es posible que la tengan. La duda es si
esta vez estarán mejor preparados.
Disponible en:
jueves, 30 de agosto de 2018
España afronta ya hasta 90 millones de multa por demorar la reforma hipotecaria
Por Juande Portillo
Cinco Días, 29/08/2018.
En septiembre se cumplirá un año desde que el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TJUE) tramitara la denuncia de la Comisión
Europea contra España por demorarse en aprobar una reforma hipotecaria que debe
equiparar la protección del consumidor bancario español a la del resto de
vecinos comunitarios. Sin embargo, la parálisis parlamentaria en que se ha
sumido el país entre la moción de censura que propició la sustitución de
Mariano Rajoy por Pedro Sánchez al frente del Gobierno y la concentración de
esfuerzos ahora en torno al impulso de unos nuevos Presupuestos Generales para
2019 han impedido avances en la tramitación de la norma. Mientras tanto, España
se juega ya unos 90 millones de euros de multa.
Esto es así dado que la sanción propuesta asciende a
105.991,6 euros diarios por cada jornada de retraso en la aplicación de la
norma desde el límite impuesto por Bruselas. España debía haber aprobado la
reforma antes del 21 de marzo de 2016. Antes de eso, tuvo dos años para
hacerlo. Pero no solo no le bastaron sino que han pasado otros dos años y medio
sin aprobar esta regulación.
Inicialmente, la Comisión Europea fue comprensiva con España
en vista de que el país tuvo que repetir la convocatoria de elecciones
generales para poder formar Gobierno en 2016. Un año después, sin embargo, la
paciencia de Bruselas se agotó y denunció al país ante el TJUE. Alegó que la demora
en la trasposición de la directiva deja desprotegido al consumidor español,
“dificulta la competencia, limita las posibilidades de elección y lleva a unos
precios más altos” del crédito.
La reforma hipotecaria, dos veces esbozada por el Gobierno
de Mariano Rajoy antes de comenzar su tramitación el pasado otoño, debía
atender exigencias comunitarias como una mejora de la evaluación de solvencia
del cliente por parte de la banca; la posibilidad de cambiar a euros las
hipotecas en divisa extranjera; la limitación de venta cruzada de productos
bancarios junto al crédito para la compra del hogar; o el requerimiento de
conocimientos básicos del producto a los empleados que los comercializan, entre
otros aspectos. En paralelo, el objetivo era atajar la enorme litigiosidad que
generan los créditos hipotecarios españoles regulando algunas de las cláusulas
más controvertidas, como las de intereses de demora o las que permiten activar
el desahucio (vencimiento anticipado); desincentivando la venta masiva de créditos
al desligar los salarios de los banqueros del volumen de préstamos concedidos;
o elevando las advertencias de riesgo que debe aceptar el cliente antes de
firmar.
La falta de progresos desde que la denuncia fuera tramitada
hace un año hace que el riesgo de multa sea ya inminente. De momento, España se
juega ya el resultado de multiplicar los 106.000 euros diarios de sanción por
las 900 jornadas de retraso que acumula, explican desde el tribunal europeo.
Cabe la posibilidad, eso sí, de que la sanción se imponga solo desde el día
posterior al fallo o, incluso, de que Bruselas retire la denuncia si España
aprueba la norma antes.
Sin embargo, aunque el Congreso de los Diputados retomara
inmediatamente la tramitación de la norma, su aprobación llevaría tiempo. El
texto aún está pendiente del debate de las enmiendas parciales de los grupos,
el voto del Pleno, su envío al Senado y la votación final del Congreso. Desde
el Ministerio de Economía aseveran que aprobar esta norma es una prioridad
pero, aunque el PSOE habilitó los trabajos de la comisión económica en julio y
ha ultimado las enmiendas transaccionales en agosto para agilizar la
negociación con el resto de fuerzas, los tiempos dependen ahora del Parlamento.
E incluso si la norma se aprueba antes del fallo del TJUE,
la amenaza de sanción persiste. “Normalmente, aunque el incumplimiento haya
cesado, el procedimiento se sigue sustanciando respecto del período en que
persistió el incumplimiento. El hecho de que se haya cumplido supone meramente
una atenuante”, explican desde la Corte de Luxemburgo, argumentando que “el
recurso no queda sin objeto por el hecho de que el incumplimiento cese en un
momento dado, puesto que la fecha que se tiene en cuenta para valorar la
situación de incumplimiento” es marzo de 2016. A partir de ahí, cada día de
retraso eleva el riesgo de multa y su coste.
Otras medidas
pendientes
Mifid II. La posible sanción comunitaria a España por su
demora en el cumplimiento de la directiva europea de protección del deudor
hipotecario no es la única que pende sobre el país. La Comisión Europea ha
vuelto a recurrir este verano al Tribunal de Justicia de la UE para denunciar
el retraso de España a la hora de trasponer la regulación del mercado conocida
como Mifid 2, que continúa pendiente de aprobar pese a que debía estar en vigor
desde el pasado 3 de enero.
Reclamar al banco. La ministra de Economía, Nadia Calviño,
también heredó de su antecesor, Román Escolano, el compromiso de reformar el
modelo de reclamaciones de consumidores bancarios, que actualmente gestiona el
Banco de España. En concreto, en virtud de la directiva europea 2013/11 que fue
traspuesta el pasado noviembre con la Ley 7/2017 de Resolución Alternativa de
Conflictos de Consumo, el Gobierno debía haber presentado al Congreso un nuevo
sistema de quejas ante el sector financiero antes del mes de julio. El cambio
de Gobierno y el frenazo en la agenda parlamentaria, sin embargo, han impedido
cumplir los plazos. A falta de ver el diseño final de la medida, Economía
deberá decidir si encarga a una nueva oficina independiente la valoración de
las reclamaciones contra la banca y si sus dictámenes pasan a ser vinculantes,
frente a las meras recomendaciones que hace hoy el supervisor bancario.
Disponible en:
miércoles, 29 de agosto de 2018
El Banco de España multa a Santander por incumplir sus obligaciones con deudores hipotecarios sin recursos
Público.es, 28/08/2018.
El Banco de España ha sancionado con 485.000 euros a Banco
Santander por incumplir sus obligaciones de protección de deudores hipotecarios
sin recursos, según ha informado el organismo.
Se trata de una multa dictaminada por el Consejo de Gobierno
del Banco de España en octubre de 2017, después de aprobar el expediente
disciplinario incoado por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del organismo en
diciembre de 2016.
La multa, que entonces fue recurrida por la entidad, se ha
hecho ahora firme al resolverse el recurso en la vía administrativa, si bien se
encuentra recurrida en vía judicial.
El Banco de España impuso esta multa al Banco Santander por
incumplimiento de las obligaciones legales establecidas en la normativa de
protección de deudores hipotecarios sin recursos, en lo relativo a la
obligatoriedad de aplicar las medidas del Código de Buenas Prácticas desde que
el cliente acredita encontrarse en una determinada situación económica de
dificultad.
Según el supervisor, el banco presidido por Ana Botín habría
incurrido en una infracción grave tipificada en el artículo 15 del Real
Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios sin recursos, que consiste en incumplir las obligaciones de la
entidad de aplicar las previsiones del Código de Buenas Prácticas desde que el
deudor acredita que se encuentra dentro del umbral de exclusión.
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