Por Nuria Salobral
El País,
20/08/2018.
Hacienda sigue buscando la fórmula con la que sacar adelante
el impuesto a la banca, la vía con la que hacer que la banca contribuya a
reducir el déficit de la Seguridad Social después de haber recibido ayudas
millonarias durante la crisis. Ese es el ánimo que mueve el diseño de una tasa
al sector que ha despertado airadas críticas entre los bancos y que encuentra
además no pocas dificultades para su puesta en marcha. Tanto técnicas como
políticas, ante la fragilidad de los apoyos con los que cuenta el Gobierno en
el Parlamento.
El PSOE avanzó en su programa electoral un impuesto a la
banca con el que recaudar 1.000 millones de euros y que, en su llegada al
poder, el Gobierno aspira a implementar. Tales ingresos adicionales para
Hacienda pueden verse sin embargo neutralizados por el efecto de la petición
que ha realizado Santander para activar créditos fiscales, por una cuantía
total próxima a los 1.500 millones de euros.
La banca española ha generado activos fiscales diferidos
(conocidos como DTA por sus siglas en inglés), que resultan de cuando una
entidad no puede desgravarse por gastos que reducen sus beneficios. Es lo que
sucedió con las provisiones por insolvencias, de cuantía multimillonaria tras
el pinchazo del ladrillo, y con las dotaciones para las prejubilaciones de la
plantilla, también cuantiosas en los distintos procesos de reestructuración por
los que atravesó el sector.
Con estos créditos fiscales, que además computan como
capital al contar con la garantía del Estado, los bancos tienen la posibilidad
de hacer valer en el futuro la opción de desgravarse por esos gastos pasados. Y
esa opción es la que desea ejercitar banco Santander a cuenta de las pérdidas
sufridas por Banco Popular. Así, los DTA pueden convertirse en un crédito exigible
ante la Agencia Tributaria en el caso de que el contribuyente registre pérdidas
en sus cuentas anuales o de que la entidad sea objeto de liquidación o
insolvencia, como fue el caso de Popular.
La entidad que preside Ana Patricia Botín se adjudicó
Popular por un euro en junio del año pasado tras su resolución. Ya en 2017,
Santander solicitó a la Agencia Tributaria la devolución de 485 millones de
euros en créditos fiscales por las pérdidas sufridas por Popular en el
ejercicio de 2016. Y en julio de este año, el banco anunció la petición de
activar créditos fiscales por 1.000 millones de euros por los números rojos de
Popular en 2017.
Fuentes de la entidad señalan que han hecho la solicitud
formal ante la Agencia Tributaria de la citada petición de 1.000 millones de
euros y que aún están a la espera de recibir respuesta a la solicitud
presentada el año pasado por 485 millones de euros. Fuentes de Hacienda
replican que la solicitud está sobre la mesa de la Agencia Tributaria, que por
ley ha de proteger la confidencialidad de la información sobre los
contribuyentes.
Ante la solicitud de Santander, la Agencia Tributaria tiene
ahora dos opciones. O entregar al banco en metálico el importe del crédito
fiscal, lo que supondría por tanto un desembolso de casi 1.500 millones de
euros. O bien compensar esos créditos con otros impuestos, de modo que se
reduzca la factura fiscal de Banco Santander, lo que podría lastrar la
recaudación para Hacienda durante varios ejercicios. En definitiva, un
perjuicio para el ministerio que dirige María Jesús Montero de casi 1.500
millones de euros, aunque esté por clarificarse el período temporal de su
impacto.
Santander es por el momento el único banco que ha reclamado
la activación de créditos fiscales, una solicitud que fuentes del banco
desvinculan en todo caso de la pretensión del Gobierno de establecer una tasa
impositiva para el sector, común a toda la banca. Fuentes financieras apuntan
no obstante que la activación de estos créditos fiscales no deja de ser un
elemento de presión sobre el Gobierno a la hora de establecer un impuesto
bancario. Santander ha sido una de las entidades más críticas, apuntando incluso
la posibilidad de un cambio de sede en caso de penalización fiscal.
Las vías del Gobierno
para elevar la recaudación
Batería de impuestos. El Gobierno tiene el propósito de
establecer una batería de impuestos con los que elevar la recaudación. Sus
medidas, aún en proceso de elaboración, contemplan un impuesto al diésel, que
lo equipare a la gasolina, una tasa a las compañías tecnológicas, y un impuesto
de sociedades del 15%, que permita elevar la tributación efectiva de las
compañías, además de la tasa a la banca. También estudia el destope de las
cotizaciones máximas a la Seguridad Social.
Obstáculos políticos. El Gobierno ha de superar sin embargo
su debilidad en el Parlamento para sacar adelante su política económica. Ya
sufrió en julio el revés del Congreso a su senda de déficit hasta 2020, lo que
va a obligar a elaborar los Presupuestos de 2019 con un objetivo de déficit más
restrictivo, el marcado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y que sí
logró la necesaria aprobación de ambas Cámaras. Así, el déficit público para
2019 deberá ser del 1,3% y no el 1,8% previsto por Sánchez.
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