Por Manel García Biel
Nueva Tribuna, 04/08/2018.
Nadie puede dudar que la crisis
bancaria en España está detrás de la crisis económica y social que ha sufrido
la ciudadanía.
No tenemos que olvidar nunca que las políticas de
austeridad derivadas del rescate europeo de las entidades financieras españolas
son el resultado de la transformación de la deuda privada de las entidades
bancarias en deuda pública, la cual hemos tenido que pagar el conjunto de la
sociedad española especialmente las clases trabajadoras y los sectores más
desfavorecidos.
La solución a la crisis de las entidades
bancarias españolas, derivada de la necesidad de devolver créditos a la banca
europea, ha sido hacer pagar al conjunto de la ciudadanía esta deuda mediante
recortes sociales en sanidad, educación, etc. Es decir recortando las partidas
presupuestarias destinadas al estado de bienestar cerca de 77.000 millones de
euros inyectados en el rescate y de los cuales se dan por irrecuperables más de
60.000, . Dicho de forma clara mientras habían beneficios estos eran privados y
beneficiaban a las entidades financieras, cuando han tenido pérdidas impagables
se han socializado entre toda la población. Este es el mejor ejemplo del
capitalismo especulativo que nos ha estado y nos está dominando.
La sociedad en su conjunto ha perdido y es hoy
más pobre y desigual. Muchos de los pequeños ahorradores y accionistas han
perdido dinero directamente o por productos bancarios opacos o por
participaciones preferentes. Los trabajadores del sector bancario han estado
directamente afectados, desde el 2008 al 2017 se han perdido más de 83.000
puestos de trabajo, más del 31% del conjunto de las plantillas, que también han
sufrido como el conjunto de los asalariados una fuerte pérdida de su poder
adquisitivo.
A la vez se ha producido la aparición de un
proceso doble. Por un lado la creación de un oligopolio bancario alrededor de
tres entidades, Santander, BBVA y Caixabank, y de otra la creación de procesos
de exclusión financiera, tanto por el hecho del cierre de oficinas, más del 40%
de las existentes en 2008, lo cual ha provocado que muchas zonas geográficas
especialmente rurales se queden sin oficinas de referencia, como por la propia
política de las entidades financieras que se dedican de forma muy preferente a
los clientes más rentables, dejando fuera o con una peor atención a los
sectores de población menos rentable.
Ante esta situación no puede extrañar que salgan
voces que empiecen a defender de forma clara y contundente la necesidad de la
existencia de una banca pública y de que Bankia, hoy con una mayoría de capital
estatal sea la entidad de referencia. Así recientemente Unai Sordo, Secretario
General de CCOO ha manifestado “Hay que quitarse el miedo a que una parte
del sistema bancario sea público” “Mantener herramientas públicas o
semipúblicas en el sistema financiero es una cuestión de responsabilidad”.
Esta declaración contrasta con las posiciones
contrarias respecto a la posibilidad de la existencia de una banca
pública por parte de los dirigentes del oligopolio bancario y del propio
Gobernador del Banco de España. Posiciones contrarias que contrastan con el
informe del Banco Mundial que reconoce “el positivo papel jugado por los
banco públicos de varios países durante la crisis financiera para mantener el
flujo del crédito... compensando en parte la reducción del crédito ofrecido por
los bancos privados” “es evidente el papel contracíclico que han jugado varios
bancos públicos durante la crisis”.
Habría que tener en cuenta por parte de quien se
oponen a la existencia de una banca pública que esta no es extraña en nuestro
entorno europeo. La existencia de una banca pública con peso es incuestionable
en Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, e incluso Suiza y los Países
Nórdicos.
Por ello que no es ningún planteamiento absurdo
ni estrafalario proponer que Bankia se pueda transformar en una entidad
semipública que ayude a compensar el peso del monopolio bancario privado
existente y que se destine a salvaguardar aspectos básicos cómo son evitar la
exclusión financiera y hacer una política de salvaguarda de los intereses
sociales básicos como el acceso social al crédito para la vivienda social
público entre otros.
Haría falta en este punto valorar que el conjunto
del coste de la salvación de Bankia por parte del estado, contando el rescate
directo y el indirecto a través de la compra de activos por parte de la SAREB,
que según avalan los peritos del Banco de España sería de 46.000 millones de
euros. De los cuales según calcula el propio Banco de España la cantidad
recuperable por la venta de la participación pública mayoritaria del Estado
sería de unos 9.800 euros.
A la vista de estos datos y del coste que toda la
ciudadanía hemos pagado por el rescate bancario en general y de Bankia en
particular, sería más lógico que la sociedad se beneficiara con la creación de
un banco público gestionado de forma clara y transparente y al servicio de la
sociedad antes de que hacer una nueva venta a la baja que perjudicaría
económicamente a la sociedad y previsiblemente nuevamente sólo beneficiaría al
oligopolio especulador que domina nuestra economía.
Hay que
recordar que España ha sido un país donde funcionaron con éxito y durante mucho
tiempo toda una serie de entidades financieras públicas (Banco Exterior, Banco
Hipotecario, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Agrícola, Banco de
Crédito Industrial y Caja Postal) que se fusionaron durante el gobierno de
Felipe González en Argentaria que aglutinaba toda la banca pública. Fue bajo el
Gobierno del PP de José María Aznar que, como en otros muchos sectores, se
impulsó su privatización bajo la dirección de su “amigo” Francisco González.
Este dirigió su privatización que se produjo totalmente al 1998 y su posterior
fusión en 1999 con el Banco Bilbao Vizcaya del cual el propio Francisco
González continúa siendo a estas alturas Presidente de su Consejo.
Por lo tanto sólo desde opciones políticas e ideológicas neoliberales se puede entender la oposición a convertir Bankia en banca pública. Ninguna otra razón lleva a la lógica de su total privatización con un coste todavía más negativo para el conjunto de la sociedad.
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