martes, 19 de febrero de 2019
El fin de una aventura
Siento comunicaros que he tenido que clausurar este BLOG por razones estrictamente personales. En los casi 6 años de andadura de este BLOG, he publicado 4286 entradas y se han recibido 78.415 visitas.
Nunca han faltado noticias interesantes acerca de las fechoría de los banqueros y sus cómplices en la judicatura, la política y los medios de comunicación... Y segurán apareciendo. Por ello es necesario que la lucha ideológica a favor de la BANCA PÜBLICA continúe, y que otros más capaces o con más posibilidades que yo recojan el testigo. A quien emprenda esta tarea le deseo mucha suerte - y le aconsejo que lo haga con humor.
Se despide de vosotros/as,
Carlos Javier Bugallo Salomón
domingo, 17 de febrero de 2019
Arriaga Asociados: "La banca ha engañado hasta a catedráticos de Derecho"
Entrevista realizada por Miguel Gómez
El Día.es, 17/02/2019.
En 2011, cuando España atravesaba lo peor de la crisis,
Jesús Ruiz de Arriaga fundó Arriaga Asociados, un despacho de abogados
consagrado a recuperar el dinero perdido por los usuarios de la banca como
consecuencia de las prácticas opacas o abusivas de las entidades financieras.
Su rostro -asociado al de su cliente más famoso, el exportero de la Selección
Española de Fútbol Iker Casillas- se ha hecho popular a través de las pantallas
de televisión y las páginas de los periódicos. El pasado viernes, mediante las
gestiones realizadas por la empresa Mbestcare, ofreció una masterclass a los
estudiantes MBA de la Universidad Europea de Canarias.
¿Cuántas sentencias
ha ganado Arriaga Asociados y cuánto dinero ha devuelto a los clientes?
En números redondos ya hemos ganado 60.000 casos, con un
éxito del 99%, y hemos recuperado cerca de mil millones de euros.
Es un porcentaje muy
alto.
Sí, pero tiene su lógica. Analizamos aquellos casos en los
que tenemos muchas posibilidades. De hecho, nuestro modelo de negocio es no
cobrar al cliente si no recupera su dinero. Es todo coherente.
¿Tienen más
incidencia estos casos en regiones que, como Canarias, presentan peores
resultados educativos que la media y menores niveles de ingresos?
Los engaños que se han producido en estos años han afectado
hasta a catedráticos de Derecho. En Canarias tenemos unos 4.000 casos, sobre
todo en Tenerife y Gran Canaria, y el mismo porcentaje de éxito. Realmente el
engaño es imposible de evitar. Todo el mundo tenía cláusulas suelo, pero nadie
tenía idea de que los bancos sabían que los tipos de interés iban a subir. Yo,
por ser economista y abogado y dedicarme a esto, sé algo que nadie conoce: que
existen unas curvas SWAP de futuros de intercambio de tipos de interés que
marcaban que los tipos de interés iban a subir en el futuro. Ellos ponían una
cláusula suelo, y si bajaban los tipos cobraban igual. Ha afectado a todos. Era
un negocio redondo. Otro ejemplo: a nuestro cliente, e imagen de Arriaga, Iker
Casillas, le quitó Bankia casi medio millón. Se lo recuperamos, evidentemente,
porque él no podía saber que le estaban engañando con sus cuentas en la salida
a bolsa. Por eso el exministro Rodrigo Rato ha sido procesado, por manipulación
de esas cuentas. El mensaje que yo daría es que todos estamos engañados. Si no
podemos confiar, no podemos vivir. Si yo no confiara en el piloto que me va a
llevar a Tenerife Norte no volaría. Los bancos se aprovechan de que tenemos que
fiarnos y de que no podemos saber cuándo nos quitan un poquito o bastante.
¿Y podemos confiar
ahora más en la banca? ¿Ha cambiado tras la crisis, que también fue una crisis
de reputación para el sector?
La banca no ha cambiado. Siguen los mismos. En ningún país
del mundo la banca tiene tanta fuerza. Un ejemplo es la decisión del Tribunal
Supremo sobre los impuestos de las hipotecas, en la que ha mostrado signos de
no independencia. Dicen que lo tienen que pagar los bancos y luego se apelan a
sí mismos porque a los demás no les gusta. El Supremo, con una sentencia que no
comparto en absoluto, porque no responde a lo que dice la ley, volvió a darle
la razón a los bancos. Luego el Gobierno tuvo que aclarar mediante una ley que
correspondía a los bancos pagar. El Supremo también modificó la decisión sobre
cláusulas suelo, sin dar retroactividad, y sin embargo el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea (TJUE) lo revocó. Ahora tenemos otro caso, las cláusulas
IRPH. Ni Dios sabe lo que son y cómo se forman, solo los bancos. Ese caso
también está en el TJUE. La Comisión Europea ya ha dirigido su informe al
tribunal, diciendo que es una cláusula abusiva y poco transparente. Eso podría
suponer unos 40.000 millones que tendrían que pagar los bancos, si finalmente
el tribunal determinase que deben pagar la diferencia.
¿Habrá, entonces,
otro varapalo de la Justicia europea a los bancos españoles?
Estamos seguros. ¿Sabe por qué? Porque al final lo que dice
la ley tampoco es tan difícil de entender. Las interpretaciones tienen un
margen de error. Pero, desde mi punto de vista, no tiene sentido la sentencia
del Supremo, porque llega a la conclusión de que cualquiera sabe lo que es una
cláusula IRPH. Yo he hecho esa pregunta a muchísima gente, incluidos
economistas y abogados, y nadie sabe lo que es. El mismo mecanismo de cómo se
forma esa cifra la hacen entre ellos, entre las cajas de ahorros. Dicen que es
la media y a eso le añaden un diferencial. Es decir, lo que han cobrado de hipotecas
el mes pasado ahora le incrementan el IRPH más uno; en el siguiente mes se le
incrementa de nuevo, a la base y al incremento previo.
¿Es diferente la
banca española de la de otros países de nuestro entorno? ¿Pasan estas cosas?
No tengo ningún estudio, pero sí la sensación de que pasan
algo menos. La tentación que tiene el banco de cobrarte cosas sin que tú sepas
por qué es muy alta. En ningún país del mundo democrático, que yo sepa, tienen
los bancos tanta influencia política y en los tribunales. No digo que el
Supremo no tome las decisiones según cree, pero tengo sospechas de poca
independencia, como se evidenció con el escándalo que se montó cuando una sala
sentenció que los gastos de impuestos tenía que pagarlos el banco. Se montó
otro pleno, se hizo otro pleno, para mí ilegal, y estuvieron varios días
deliberando hasta que, por un voto, salió que tenía que pagarlos el hipotecado.
Es difícil imaginar un país democrático en el que los bancos estén tan
favorecidos y protegidos. Sin embargo, en los tribunales de primera instancia
lo estamos ganando todo. Pero el Supremo trata de marcar jurisprudencia. El
Consejo General del Poder Judicial ha creado para este tipo de casos unos
tribunales especializados en los que se duplica el tiempo para tener una sentencia,
generando un desamparo constitucional. Si reclamas a un banco vas a tardar más
en ganar que si reclamas a una empresa o a otro acreedor. Son un montón de
señales en las que percibo -aunque no lo puedo afirmar de forma rotunda- que
tantas cosas que favorecen a los bancos no pueden ser casualidad.
¿Necesita más
supervisión el sistema bancario?
No es solo un problema de supervisión. Habrá que hacer leyes
más claras para que el Supremo, ante la duda, no incline la balanza hacia los
bancos. Es verdad que ha faltado supervisión. El caso Bankia es descarado:
salió a bolsa con cuentas falsas, no lo controlaron ni la Comisión Nacional de
Mercado de Valores ni el Banco de España, y seguramente el poder político
presionó, pensando que quizás no pasaría nada, y salvar la imagen de un banco
que podía caer. Cientos de miles de personas se quedaron sin su dinero, aunque
lo recuperaran en vía judicial.
¿Qué supondrá la
nueva ley hipotecaria que se está tramitando?
Será más ajustada a la directiva comunitaria, que protege
más a los consumidores. Se ha estado a punto de sancionar a España por no
adaptarse a ella. Ahora se está tramitando, a regañadientes. La anterior iba en
contra de la directiva comunitaria, por lo que era ilegal.
Hay quien pronostica
que esa ley podría reducir la actividad de despachos como el suyo.
No exactamente. Están los millones de hipotecas firmadas
antes de esa ley. Los derechos de los consumidores no prescriben nunca. Si no
vamos a tener trabajo porque las hipotecas que se hagan a partir de ahora se
hacen de acuerdo a la ley, encantados. Tenemos ocho millones de hipotecas
anteriores que resolver. Los bancos solo solucionarían el problema si
devolvieran los entre 50.000 y 80.000 clientes que se han quedado de sus
clientes.
Disponible en:
sábado, 16 de febrero de 2019
La hora más temida de la banca: toca decir a cada cliente cuánto le cobra por los fondos
Por Óscar Giménez
El Confidencial, 15/02/2019.
Mal momento para que los bancos eleven la transparencia
sobre los fondos vendidos a sus clientes. Los distribuidores deberán informar
ya a los inversores sobre costes y gastos incurridos. La normativa mete prisa
al sector, que deberá enviar la documentación cuanto antes.
La transposición de la directiva europea MiFID II ha llegado
a España por fascículos y con retraso. El último real decreto entró en vigor el
17 de enero. La norma persigue elevar la transparencia y mejorar la combinación
entre gestión y asesoramiento en la industria, lo que para muchos será una
revolución.
Entre las novedades, estará la obligación de enviar al
cliente información sobre costes y gastos 'expost' al menos una vez al año.
Dicho de otra manera, cuánto dinero en euros ha soportado el inversor por
comisión para la gestora, para el distribuidor (retrocesión), por costes de
brokeraje o de análisis (‘research’), en el caso de las gestoras que hayan
decidido no asumirlo, como ocurre en la mayoría.
Los exbanqueros que se han lanzado en los últimos años a
montar proyectos independientes de la banca tradicional (gestoras, EAF,
agencias o sociedades de valores y 'robo advisors') siempre han señalado que
esta información será clave, ya que varios de los fondos más vendidos hacen
ganar más dinero al banco que al cliente de forma consistente.
El retraso en el desarrollo del texto normativo, acelerado
con la llegada de Nadia Calviño al Ministerio de Economía junto con una decena
de directivas europeas pendientes, dejó dudas en la industria sobre si la
información 'expost' de costes y gastos debe enviarse ya con los datos de 2018.
Incluso algunos creían —o tenían la esperanza— que habría un año de gracia, al
hilo del silencio en Economía al respecto.
Pero no será así. Fuentes de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) confirman que la información que debe entregar el
distribuidor al cliente será ya con los datos de 2018 y deberá remitirse “lo
antes posible en 2019”.
El organismo presidido por Sebastián Albella se remite a los
cuestionarios publicados sobre MiFID II, en los que ya ha abordado el tema. “A
partir de 2018 se debería informar de los costes incurridos por cada año
natural”, aseguró la Comisión en un documento publicado en diciembre de 2017, y
asegura que mantiene su vigencia.
Precisamente, en el sector hay quejas sobre la falta de
concreción de los reguladores, ya que no hay plantillas o instrucciones
precisas para elaborar la información, recuerda Jorge Ferrer, socio de FinReg y
profesor del IEB: "Los datos de las entidades no son fácilmente
comparables. De esta manera, el objetivo fundamental de esta normativa no
podría alcanzarse, puesto que el inversor no podrá comparar fácilmente los
costes y rentabilidades de sus inversiones en distintas entidades. En este
ámbito queda mucho trabajo, empezando por la fijación de criterios claros y
precisos por parte de la CNMV".
El peor año posible
para empezar
La cuestión no es baladí, porque este requisito se inicia
con los resultados de 2018, en que el 94% de los fondos españoles acabó en
pérdidas sin que ninguna categoría se haya salvado del desastre. No en vano,
según estimaciones de Bank of America Merrill Lynch, fue el tercer peor
ejercicio desde 1990 en los mercados, computando el conjunto de activos
disponibles.
Los dos fondos más vendidos en 2018 fueron el Quality
Inversión Conservadora de BBVA y el CaixaBank Ahorro Cartera, con suscripciones
netas por 2.488 millones y 1.676 millones respectivamente, según estadísticas
de VDOS. En estos casos, BBVA y CaixaBank tendrán que contar a sus clientes el
dinero ganado, con comisiones de más 1%, frente a pérdidas del 2,7% en el
primer caso y del 1,2% en el segundo.
Para un inversor minorista con 5.000 euros invertidos al
terminar 2017, la información que recibirá este año reflejará costes y gastos
de más de 50 euros en favor de los bancos en un año en el que ha perdido entre
60 y 135 euros con estos fondos. Y con la mayoría de productos de la industria.
De hecho, entre los fondos de renta variable hay pérdidas de más del 30%, como
ocurre con los fondos de Cobas (Francisco García Paramés), si bien en los
bancos admiten que los clientes de las gestoras independientes son más
sofisticados y por lo tanto tienen más paciencia pensando en el largo plazo.
Los distribuidores trabajan también contrarreloj para
actualizar el servicio que dan a los inversores a los que vendieron fondos en
el pasado y siguen cobrando retrocesiones por ellos. En este caso, tienen dos
meses —hasta el 17 de abril— para informar del aumento de calidad del servicio
que justifique que se retrocedan comisiones, ya sea con más asesoramiento o con
la oferta de vehículos de terceros.
En el sector también había dudas sobre la agresividad de
esta exigencia. Es decir, si valdría con informar de forma pasiva, como están
haciendo los bancos con el envío de cartas, o necesitaban una actitud más
activa para contactar con el cliente. La CNMV, en este caso, se contenta con la
primera opción. Fuentes del regulador señalan que “el servicio debe prestarse
de forma continuada y el cliente debe recibir también la nueva información
'expost' sobre incentivos. Otra cosa es que el cliente haga o no uso de él”.
Disponible en:
viernes, 15 de febrero de 2019
Los bancos, obligados por la ley catalana a ceder a la administración sus viviendas vacías
Por María Rubio
Público.es, 14/02/2019.
La ley más ambiciosa que ha existido nunca en Catalunya para
luchar contra la pobreza energética y la emergencia habitacional vuelve a estar
plenamente vigente. La razón es que el Tribunal Constitucional (TC) ha
archivado definitivamente el recurso contra la normativa que presentó el
Gobierno español durante la presidencia de Mariano Rajoy. La sentencia, que se
produjo el 31 de enero pero trascendió el lunes, llega tras la decisión del
Gobierno de Sánchez de retirar el recurso de su antecesor. ¿Y qué supone el
cambio? Básicamente que dos artículos claves de la ley pasan a tener validez.
Son el número 5, que prohíbe a los grandes tenedores de vivienda desahuciar a
las familias en situación vulnerable que no pueden pagar la hipoteca o el
alquiler; y el número 7, que obliga a los bancos a ceder durante tres años sus
pisos vacíos a los ayuntamientos para aumentar la bolsa de vivienda social.
Las entidades promotoras de la ley -la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza por la Pobreza Energética (APE) y
el Observatorio DESC- han celebrado el anuncio: "Recuperamos así
herramientas tan imprescindibles y demostradamente efectivas como la obligación
de hacer una oferta de alquiler social por parte de grandes tenedores",
dicen en un comunicado. Recuerdan que las mesas de emergencia que gestionan los
casos más vulnerables necesitan "con urgencia" este tipo de medidas
para ofrecer una vivienda a aquellos que se encuentran "en situación de
exclusión residencial".
Lo explica Irene Escorihuela, directora del Observatorio
DESC: "Esta medida va a quitarle trabajo a los ayuntamientos, ya que no
tendrán que realojar a gente sino que serán los grandes propietarios los que tendrán
que asumir esta responsabilidad, parando desahucios y ofreciendo alquileres
sociales", explica. Escorihuela denuncia el largo tiempo que se ha tomado
el TC para hacer efectiva una decisión que el Gobierno tomó en noviembre. Según
dice, la espera posterior ha dependido exclusivamente de los tribunales:
"No entendemos por qué se ha tardado tanto si la decisión política ya
estaba tomada". Aunque los artículos 5 y 7 ya no son objeto del recurso y,
por lo tanto, son legales, el TC sí que ha suspendido los primeros artículos de
la ley, que seguían pendientes de la suspensión.
Con la legislación en la mano, las entidades piden ahora que
se paren todos los desahucios que afecten a aquellas personas sin alternativas
habitacionales. Así mismo, piden a la Generalitat que se activen inmediatamente
los mecanismos necesarios para que los grandes tenedores cedan las viviendas
vacías: "La falta de vivienda ya no puede ser una excusa", dicen.
También interpelan a los ayuntamientos y les piden que
inicien los contactos necesarios con el poder judicial para identificar los
pisos vacíos, así como para aplicar las sanciones a aquellas entidades que no
cumplan con la ley por cortes en los suministros básicos a familias vulnerables
o no ofrecer alquiler social en peligro de desahucio. Tal como recuerda
Escorihuela, la ley estuvo vigente durante nueve meses antes del recurso:
"Nos costó que se aplicara realmente. Hicieron falta muchas formaciones y
charlas. Se debe supervisar el cumplimiento de la ley y se deben poner recursos
públicos".
Una de tantas leyes
suspendidas por el PP
La impugnación de la Ley 24/2015 formaba parte de la acción
judicial del PP en contra de un paquete de leyes catalanas aprobadas durante
los años más agitados del procés. Entre ellas, no solo había aquellas que
hacían referencia a la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017,
sino también una larga lista de iniciativas de contenido social ampliamente
aceptadas por la ciudadanía, como la ley contra el calentamiento climático o la
de igualdad de género, entre otras.
Los populares llevaron al Constitucional esta medida en mayo
de 2016, a pesar de que el mismo PP catalán la apoyó en el Parlament. En ese
momento, las entidades consiguieron un compromiso firmado por parte del grupo
socialista en el Congreso con el que se comprometían a revocar el recurso en
caso de que llegaran al poder, hecho que ha facilitado la negociación
posterior. A finales de 2018, las entidades convocaron diversas protestas para
pedir la recuperación de la ley con el apoyo de diversos ayuntamientos de
diferente signo y otras muchas entidades del mundo municipal, como la
Asociación Catalana de Municipios (ACM); el independentismo, como l'ANC o
Òmnium Cultural; sindicatos tales como CCOO y la UGT y otras organizaciones de
carácter social.
El gobierno de Pedro Sánchez anunció la retirada del recurso
en el marco de las negociaciones entre el Estado y la Generalitat. Así lo
anunció la ministra de Política Territorial Meritxell Batet después de firmar
un acuerdo con la Generalitat, que también fue celebrado por el entonces
conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia,
Ernest Maragall, actual alcaldable de ERC por Barcelona. Quien también celebró
la marcha atrás del ejecutivo español fue la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau,
quien siempre se ha mostrado favorable a la medida.
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