Por Andrés Gil.
El Diario.es,
06/02/2019.
Gobiernos cautivos: los estados de la UE como canal para los
intereses empresariales. Así se llama el último informe de la entidad sin ánimo
de lucro Corporate Europe Observatory, que se centra en revelar cómo los
Estados miembros "se dejan capturar, permitiendo a los intereses
empresariales ejercer una influencia perversa" en las decisiones que toman
en cuestiones comunitarias. "En lugar de velar por el interés general de
la ciudadanía y del bien común de toda la UE, a menudo actúan como canales
para los intereses privados", afirma la entidad.
Los Estados miembros de la Unión Europea desempeñan un
papel fundamental. Es más, todo lo que proponen el Parlamento Europeo y la
Comisión necesita el visto bueno del Consejo que reúne a los países para que se
haga realidad. Marcan la dirección estratégica, participan en el diseño y
desarrollo de las regulaciones, y deben aprobar toda la legislación comunitaria.
El informe llega una semana después de que el Parlamento
Europeo votara a favor de aumentar la transparencia en relación a la actividad
de los lobbys dentro del Parlamento, y en este caso se pone el acento en la
opacidad del proceso de toma de decisiones en el Consejo de la UE, que
"beneficia más a menudo a las empresas y no a los ciudadanos", afirma
el eurodiputado verde Ernest Urtasun (Catalunya en Comú).
El informe destaca varios ejemplos relacionados con España.
Por ejemplo, cómo los lobbistas presionaron en 2017 en el asunto de la
itinerancia –hoy en día no hay roaming en la UE–: las empresas de
telecomunicaciones se quejaban de que sus beneficios se verían recortados.
Cuando el debate sobre las tarifas llegó al Consejo de la
UE, relata el informe, "el Grupo de Trabajo sobre Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información propuso un enfoque mucho más favorable a los
intereses de estas empresas que lo que había propuesto tanto la Comisión como
el Parlamento. El Gobierno español propuso una enmienda que fue conocida como
la claúsula Telefónica , que intentaba
proteger a la empresa y evitar que tuviera que realizar una bajada importante
de sus tarifas mayoristas. El acuerdo final estableció unas tarifas menores
que las que habían propuesto Consejo y Comisión, pero mayores de lo que
había querido el Parlamento, lo que supuso una victoria parcial para el lobby
de las telecomunicaciones".
El informe sostiene que "Telefónica mantiene estrechos
vínculos y una puerta giratoria muy activa con la clase política dirigente.
Telefónica fue uno de los primeros miembros de la Mesa Redonda Europea de
Industriales (ERT por sus siglas en inglés), y de muchos otros grupos de
presión españoles, como el Consejo Empresarial de la Competitividad".
El informe también critica que "desde 2010 España y
otros países se han resistido a los intentos de reformar el régimen de
acuerdos bilaterales de inversión (BITs por sus siglas en inglés) con el
resto del mundo". Dicho régimen, según el informe "concede a los
inversores derechos extraordinarios y establece un sistema de justicia paralelo
para las empresas conocido como ISdS (mecanismo de resolución de conflictos
inversor-estado)".
"En los últimos años", dice el estudio,
"España y otros estados miembros han intentado incluir cláusulas incluso
más favorables a los intereses empresariales que las propuestas por la
Comisión cuando la UE ha negociado con sus socios comerciales ISdS como parte
de tratados comerciales más amplios, como el CETA, el tratado con Canadá. Les
preocupaba sobre todo que Canadá intentara proteger de forma parcial las
regulaciones bancarias limitando el ISdS en el sector financiero".
"España ha adoptado una postura bastante
antidemocrática y extrema en favor de los inversores en temas de ISdS. Esto a
pesar de ser el país de la UE que más juicios abiertos tiene por ISdS, más
de 40 hasta ahora, y ya ha tenido que pagar millones de euros de los
contribuyentes a fondos de inversión y similares". sostiene el texto.
¿Y por qué España parece no querer poner límites a los
arbitrajes? "Una explicación", afirma el informe, "puede ser
los vínculos entre el gobierno español y los despachos de abogados que se
dedican al arbitraje. Estos abogados, pueden cobrar unos 1.000 euros la hora en
estos juicios. Muchos abogados del Estado han cruzado la puerta giratoria a la
industria del arbitraje".
El caso de Miguel Arias Cañete
El informe dedica un apartado especial al comisario español.
"La trayectoria del Comisario de Clima y Energía, Miguel Arias Cañete,
en la industria petrolera de España le convierte en un objetivo fácil para
las empresas energéticas españolas. Entre los lobistas con los que se ha
reunido más a menudo están Iberdrola (nueve veces) y Naturgy (11 encuentros)
de un total de 269 reuniones con lobistas empresariales (de diciembre de 2014 a
octubre de 2018), 100 fueron con lobbies españoles (37%), entre los que se
encontraron Telefónica y Banco Santander".
Desde noviembre de 2014, las reuniones que los Comisarios y
altos funcionarios celebran con los lobbies se publican en el registro de
transparencia. Pero no se aplican normas similares a las representaciones
permanentes de los Gobiernos nacionales ante la UE, y tampoco hay transparencia
acerca de las reuniones del Consejo.
"Tal y como concluye el informe elaborado por Corporate
Europe Observatory", afirma Urtasun, "demasiados Estados miembros
permiten a los intereses empresariales ejercer una influencia perversa en las
decisiones que toman en cuestiones comunitarias. Es escandaloso que los
gobiernos adopten posturas antidemocráticas con tal de favorecer intereses
privados, y que a día de hoy todavía siga existiendo esta opacidad y falta de
transparencia en torno a sus actividades".
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