jueves, 31 de mayo de 2018
El coste del rescate de la banca valenciana sigue creciendo y se acerca a 39.700 millones
Por Á. Mohorte
Las Provincias,
01/06/2018.
Para cobrar el rescate de la banca que tiene sede en la
Comunitat habrá que esperar. La Memoria de actividades del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) confirma que, después de siete años
del inicio de la ronda de intervenciones de entidades financieras, el organismo
sigue sin haber recuperado los 28.588 que destinó al rescate de Banco de
Valencia y Bankia, ahora con BMN añadida, ni lo inyectado en la CAM, cuyas
pérdidas son cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos en un 80% desde su
venta al Sabadell.
En rigor, no se puede decir que no se haya recuperado nada,
ya que tanto Caixabank como Sabadell pagaron un euro cada una a cambio de Banco
de Valencia y la CAM, respectivamente. Sin embargo, sólo en el caso de la
entidad de la calle de las Barcas, el 2017 el Frob pagó otros 10 millones en
concepto de garantías, hasta los 666 millones, y en 2018 tiene previsto abonar
otros 37 millones de euros por créditos deteriorados, según recoge la memora de
actividades del Frob hecha pública ayer. Al cómputo que figura en la
documentación de la entidad hay que sumarle el cálculo que hizo el Tribunal de
Cuentas sobre el coste público del rescate de la CAM, cifrado en 11.065
millones de euros. En total: 39.690 millones de euros.
Teniendo en cuenta todas las ayudas a la banca, el Estado ha
recuperado a través del Frob unos 5.900 millones hasta finales de 2017, apenas
el 10 % de los más de 59.000 millones aportados a través de inyecciones de
capital y garantías concedidas a los compradores.
El dinero que ha vuelto suma exactamente 5.911 millones,
pero no incluye más de 2.122 millones obtenidos con la venta de acciones de
Bankia ni 535 millones abonados por la entidad en dividendos, ya que ese dinero
se mantiene en BFA, la cabecera del grupo controlada íntegramente por el
Estado. El grueso del dinero retornado procede de intereses cobrados por las
ayudas, 1.434 millones, pero también destacan 977 millones por la venta de
Banca Cívica, 800 millones por CajaSur, 783 millones por Novacaixagalicia y 782
millones por CatalunyaCaixa.
Completan la partida del dinero recuperado por el FROB los
604 millones devueltos por Unicaja de las ayudas a Ceiss; 407 millones
reintegrados por Ibercaja de los «cocos» de Caja3 y 124 millones devueltos por
Liberbank. En el caso de las garantías, cuya factura suma ya 2.491 millones, el
esquema de protección de activos (Epa) concedido a CaixaBank en la compra del
Banco de Valencia es el que tiene mayor coste hasta el momento, seguido del
otorgado principalmente a BBVA en la adquisición de Catalunya Banc, de 526
millones.
Por otro lado, la memoria recuerda que Bankia ha devuelto
1.847 millones a los accionistas por su salida a bolsa y 170 millones al 3 % de
los clientes que tenían hipotecas con cláusulas suelo. Y añade que Bankia
cuenta con una provisión de 2.910 millones de euros, de la que ha consumido
2.719 millones para compensar a quienes adquirieron participaciones preferentes
o deuda subordinada.
Disponible en:
miércoles, 30 de mayo de 2018
Deuda pública y banca: la explosiva conexión que vuelve a asustar al mercado
Por Agustín Monzón
El Independiente,
30/05/2018.
Una búsqueda rápida en Google arroja cientos de trabajos
académicos sobre la materia. La conexión entre riesgo soberano y riesgo
bancario ha sido uno de los temas más debatidos en el mundo financiero en los
últimos años. La crisis europea de la deuda puso de manifiesto la perversa
conexión entre los problemas de los distintos países y las debilidades de su
sistema bancario y viceversa y establecer cortafuegos capaces de mantener
aislados los peligros surgidos en cada uno de los vértices de este binomio pasó
a ser una prioridad.
Sin embargo, seis años después de que las tensiones
estuvieran a punto de desgarrar la eurozona, situando al borde del abismo al
sector financiero de los países más golpeados -entre ellos, España-, las
incertidumbres despertadas por la situación política italiana han evidenciado
que entre Estados y bancos los problemas siguen circulando sin cortapisas.
En la última semana, el súbito repunte de la prima de riesgo
italiana, conforme el mercado ha empezado a vislumbrar el riesgo de que el país
se encamine hacia la ruptura con Europa, ha hecho estragos sobre la cotización
bursátil y la deuda de los bancos trasalpinos. Y en España, que al contagio
italiano suma las inestabilidades derivadas de su propio lío político, el
escenario ha sido equivalente. Hasta este martes y en las últimas cinco
sesiones, los bancos del Ibex acumularon tropiezos superiores al 8%. “A pesar
de los esfuerzos, el sector sufre mucho cuando se dispara el riesgo soberano. Y
no veo que eso vaya a cambiar en el corto plazo”, indica Ángel Talavera,
economista principal de Oxford Economics para la Eurozona, quien advierte de
que “cuando las tormentas financieras se desatan casi no existen cortafuegos
que puedan frenar la tensión”.
Los lazos que unen la estabilidad soberana y la solidez
bancaria son evidentes. Como escribiera el por entonces director general de
Regulación del Banco de España y actual presidente de la patronal bancaria AEB,
“no hay nada nuevo en el hecho de que problemas extremos en el soberano (esto
es, no ya la aplicación de políticas fiscales inadecuadas, sino de otras que
resultan claramente insostenibles) afectan de manera ineludible (y severa) al
sistema financiero de cualquier país. Al fin y al cabo, las entidades
financieras no pueden diversificar el riesgo que representa el volumen de su
exposición con el sector público de su propio país, ya sea esta exposición
materializada en la forma de préstamos a las AAPP, o bien se concrete mediante
la tenencia de títulos de deuda pública que dichas AAPP emiten en los mercados
primarios”.
Pero la situación actual lleva a cuestionarse si se ha hecho
algo en los últimos años por minimizar estos riesgos. Natalia Aguirre,
directora de Análisis de Renta 4, no tiene dudas de que, al menos en el caso
español, tras la crisis, se ha hecho un importante esfuerzo para limitar los
riesgos de la banca y reforzar sus balances. Pero, advierte, su exposición a la
deuda soberana les sigue haciendo sensibles al llamado riesgo país.
Se calcula que los bancos españoles cuentan en sus balances
con cerca de 200.000 millones de euros en títulos de deuda española o italiana
(un 80% nacional y el resto trasalpina). Las entidades aumentaron de forma
ostensible los bonos nacionales en cartera a lo largo de la crisis, cuando
salieron al rescate de la solvencia pública -lo que también les acabó
reportando notables ganancias- y, según datos del Tesoro, en 2014 contaban con
casi 225.000 millones de euros en deuda pública, casi un 30% del total.
Desde entonces, sin embargo, esta cifra se ha ido reduciendo
de forma notoria y, a cierre de febrero, la cuota de deuda española en manos de
la banca nacional se situaba por debajo del 18%, en los 166.486 millones de
euros, de los que casi un tercio se encuentran en el balance de Banco Santander
(precisamente, el banco español más golpeado por las caídas de la última semana
en bolsa).
Fernando Rojas, consultor de Servicios Financieros de
Analistas Financieros Internacionales (AFI), sostiene que la tendencia a la
reducción proseguirá en los próximos trimestres, conforme vaya venciendo la
deuda que actualmente mantienen las entidades en cartera. “En plena
recuperación económica, lo normal es que los bancos vayan enfocando sus
recursos a la concesión de crédito, que es su negocio básico, y no tanto a la
tenencia de deuda en balance, que además ofrece actualmente una rentabilidad
escasa”, observa.
La reducción de la exposición de la banca a la deuda
soberana encaja con los deseos de los reguladores. El pasado diciembre el BIS,
considerado como el banco central de los bancos centrales, publicaba las
consideraciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea sobre la exposición
de la banca a la deuda pública, donde se reconocía “que las exposiciones
soberanas conllevan riesgos multidimensionales y que las exposiciones soberanas
juegan un papel importante en el sistema bancario, los mercados financieros y
la economía en general”.
Una regulación en
suspenso
Esta visión es la que justifica que desde los organismos
reguladores se haya luchado por desincentivar el atractivo para los bancos de
mantener deuda en cartera, mediante propuestas como la que implicaría dejar de
considerar los bonos soberanos como un activo libre de riesgo y que, por ende,
consuma capital. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible conseguir el
consenso necesario para ponerla en marcha. “Hace más de cinco años, los
gobiernos se comprometieron a cortar este nudo gordiano, que agravó la crisis
financiera de la que Europa se está aún recuperando. No obstante, los progresos
han sido limitados”, lamentaba recientemente el gobernador del Banco Central de
Irlanda, Philip Lane.
Lo cierto es que esta medida no resulta nada sencilla en un
entorno como el europeo. Sobre todo, en un momento en que el mercado se prepara
para que el Banco Central Europeo (BCE) ponga próximo fin a su programa de
compra de deuda (QE), que le ha llevado a controlar, en el caso de España, uno
de cada cuatro euros de deuda.
Cuando el banco central inicie su retirada, los Estados
necesitarán atraer inversores que suplan la demanda del banco central y, para
muchos, contar con el interés de sus entidades nacionales puede ser vital para
que los costes de la deuda no se disparen de forma significativa. “En la
Eurozona una propuesta de este tipo realimentaría la fragmentación de los
mercados financieros que tanto ha costado revertir, y que llegó a poner en
peligro la propia pervivencia del euro”, advertía hace unos años el responsable
de de Sistemas Financieros y Regulación de BBVA Research, Santiago Fernández de
Lis, en un artículo en Cinco Días.
Como observa Fernando Rojas, una de las claves para superar
el problema de la fragmentación de los mercados sería completar la unión
bancaria, a través de mecanismos que permitan cierta mutualización de los
riesgos. Pero esta opción ha encallado hasta la fecha en la negativa de países
como Alemania “y la crisis de Italia no va a hacer sino frenar cualquier avance
que se pudiera esperar en este sentido”, apunta el consultor de AFI.
No en vano, desde Julius Baer consideran que, “con el riesgo
de una desviación fiscal en Italia en aumento, la resistencia de Alemania
contra el proyecto de valores respaldados por bonos soberanos (SBBS) será
insuperable”. Este proyecto -que consiste, grosso modo, en agrupar bonos de
distintos países en un activo que establecería diversos tramos de riesgo- ha
sido defendido en los últimos días, entre otros, por el actual gobernador del
Banco de España, Luis María Linde, quien considera que podrían ser eficaces a
la hora de reducir el sesgo doméstico actual en las tenencias soberanas de los
bancos. Pero las últimas turbulencias políticas en Europa podrían dejar en
papel mojado ésta y otras medidas similares que pudieran coadyuvar a limitar el
flujo de riesgos entre los países y sus bancos.
La tormenta italiana no solo ha vuelto a poner de relieve la
perversa conexión entre el riesgo soberano y la banca, sino que amenaza con
perpetuarlo. Al menos, hasta que la próxima crisis vuelva a recordar con sus
dramas a reguladores y políticos los peligros de mantener ligadas dos cargas
tan explosivas.
Disponible en:
martes, 29 de mayo de 2018
La industria, motor de la economía y del empleo
Por Pepe Álvarez.
Secretario General de UGT.
Nueva Tribuna,
27/05/2018.
Desde la Unión General de Trabajadores hace tiempo que venimos
considerando la industria un motor del cambio en la economía y un elemento
clave para la creación de empleo digno y de calidad. Por esta razón, hace
aproximadamente un año, en las jornadas de Industria realizadas por nuestra
Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA) en Burgos, propusimos
al Gobierno, con el fin de generar debate político y social, una subcomisión en
el Senado sobre industria. Este pasado lunes inauguramos esa comisión.
La crisis ha puesto en evidencia el papel que la industria
puede llegar a desempeñar. Los países con una industria más desarrollada han
conseguido salir de forma rápida, mientras que esta misma crisis se ha
prolongado en las economías más débiles, con efectos devastadores sobre el
desarrollo de empresas y del empleo.
Por ello, reindustrializar Europa es una necesidad que lleva
años en la agenda europea, y esta propuesta no viene de ahora. Desde muchos
años antes de la crisis, UGT ha defendido la necesidad de un cambio de modelo
productivo que permitiera un patrón de crecimiento más sólido y estable, un
proyecto definido y con vocación de permanencia en el tiempo. Para ello es
necesario un verdadero plan estratégico, con una política integral dirigida a
modificar nuestro modelo de crecimiento, incrementando el peso de los sectores
industriales.
El Gobierno debe actuar
Una de las actuaciones imprescindibles pasa por la
estabilidad del empleo y la formación. La denominada cuarta revolución ha hecho
más importante, si cabe, la necesidad de actuar de forma decidida en la
formación y la capacitación profesional. Todos los trabajadores y trabajadoras
deben poder tener acceso a la formación profesional para contar así con las
capacidades y cualificaciones apropiadas a todos los niveles. Esta formación
pivota sobre dos ejes: la recualificación, dirigida a las plantillas afectadas
y enfocado a la adquisición de nuevas competencias de alto valor; y la
Formación Dual, con el objetivo que parte de la formación de los trabajadores
se realice en las propias empresas y esté conectada a la realidad, reforzando
el peso de las prácticas dentro de los planes de estudio y garantizando que no
sea una vía de contratación temporal a bajo coste.
Debemos, también, apostar por la inversión en investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i), aumentando la inversión pública directa y, por
supuesto, mejorando las condiciones laborales de los investigadores de
organismos públicos.
Es necesaria también una política energética que asegure el
suministro, la eficiencia económica y el respeto al medio ambiente,
configurando un pacto de estado sobre el modelo energético. Los recursos
autóctonos y las energías renovables de las que disponemos en nuestro país
deben convertirse en un elemento importante, permitiendo un mix energético
equilibrado y diversificado.
Y creemos fundamental favorecer la financiación, evitando la
paralización de proyectos y estrategias industriales. La financiación bancaria
en España se ha situado en los mismos niveles que antes de la crisis y, por
esta razón, precisamos de un banco público que atienda la necesidad de las
empresas. El ICO, pese a su importancia, es insuficiente para realizar esta
labor. Debemos aprovechar la reestructuración que se está llevando a cabo en el
sistema financiero para la creación de esta banca pública que se dedique a la inversión en sectores
estratégicos, contribuyendo a la inversión productiva y garantizando el
mantenimiento del empleo
Para UGT es imprescindible que el diálogo social presida
toda la estrategia en materia de política industrial, concienciando e
implicando a todos los partidos políticos, interlocutores sociales y al
conjunto de la sociedad en el objetivo de reindustrializar España. Si queremos
tener un papel en la política industrial europea, necesitamos tener una
política industrial española transversal y con consenso político y social.
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